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PROCESO 2011
INDICE NARCOTRÁFICO General Sánchez León: el antihéroe
/Jorge Carrasco Araizaga
El CJNG, alumno de la guerrilla colombiana
/J. Jesús Esquivel Ayotzinapa Prefabricada, la “verdad histórica” de la PGR
/Anabel Hernández y Steve Fisher Elecciones 2015 Guerrero: Entre el terror y el desencanto de votar /Gloria Leticia Díaz Sonora, lucha de rudos contra... rudos
/José Gil Olmos y Milton Martínez Estados Morelos: Con sus megaproyectos, Graco unificó... en su contra /Arturo Rodríguez García Chiapas: Los mató la miseria /Isaín Mandujano Corrupción Otra de OHL: el Viaducto Bicentenario, en peligro de colapso /Rodrigo Vera Los extraños enjuagues del empresario Alcántara Rojas /Jorge Carrasco Araizaga ANÁLISIS Gobierno sin fusibles /John M. Ackerman Megafosa /Naranjo Desfachatez electoral /Héctor Tajonar Las únicas razones para anular /Jesús Cantú El cine y el tratado de Marrakesh /J. Ramón
Obón León Medios El caso Aristegui-MVS Radio se enfila a la Suprema Corte /Jenaro Villamil Internacional
ONU: Cascos azules: La impunidad como norma /Mathieu Tourliere Israel: “La orden era disparar y disparar” /Beatriz Lecumberri España: Un colegio que alimenta al poder /Alejandro Gutiérrez
Cultura “El Oro de los Tigres”, tributo al Reyes traductor /Luciano Campos Garza Estro Armónico /Samuel Máynez Champion Páginas de crítica Arte: Sobre Negro /Blanca González Rosas Música I: Concurso de canto de Sinaloa
/Mauricio Rábago Palafox
MÚSICA II: Viaje musical a Grecia /Raúl Díaz Teatro: El teatro comunitario del Cedram
/Estela Leñero Franco
Cine: Jauja /Javier Betancourt Radio: Cambio en Radio UNAM
/Florence Toussaint Espectáculos México, por Latinoamérica en la Palma de Oro
/Columba Vértiz de la Fuente DEPORTES Costosa pugna en la Conade por el seguro
para atletas /Beatriz Pereyra
Los derechos de TV dividen al futbol español
/Alejandro Gutiérrez Palabra de lector
General Sánchez León el antihéroe Jorge Carrasco Araizaga Tras el fracaso de la ofensiva lanzada desde la Presidencia y el alto mando militar para capturar al capo Nemesio Oseguera Cervantes, salieron a la luz las deficiencias de planeación y tácticas. Entre los responsables de éstas destaca un militar asignado a la lucha contra el narcotráfico y que parece dejar sólo dudas y sombras por donde pasa: es el general José Luis Sánchez León. Alguien en la Sedena lo sacó de Tlatlaya cuando las indagatorias por las ejecuciones extrajudiciales del 30 de junio de 2014 casi lo alcanzaban. Alguien en la Sedena le encargó a él que apoyara desde tierra a los helicópteros militares en la Operación Jalisco. El desastre con que se inició la Operación Jalisco, incluida la pérdida del helicóptero Cougar EC725 de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), tuvo un actor central: el general de brigada José Luis Sánchez León, jefe de Estado Mayor de la 5ª Región Militar, el mismo mando que está bajo escrutinio por la masacre de Tlatlaya, Estado de México, cometida por soldados el 30 de junio del año pasado. Sánchez León llegó a Guadalajara a principios de octubre pasado, tras ser removido como comandante de la 22ª Zona Militar, en medio de las investigaciones por la ejecución sumaria de 22 personas a manos de efectivos del 102 Batallón de Infantería bajo su mando. Como jefe de Estado Mayor de la 5ª Región Militar, el pasado viernes 1 tenía la función de dar apoyo táctico en tierra durante la fallida operación puesta en marcha desde el Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN), en la Ciudad de México, para detener a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, jefe del Cártel de Jalisco Nueva Generación. El general Sánchez León es quien le pidió a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México que retrasara la llegada de su personal a la bodega de San Pedro Limón, Tlatlaya, después de la matanza de civiles perpetrada por soldados bajo su mando. No son los únicos hechos graves en la carrera del general. En 2005 estuvo cerca del escándalo cuando la Presidencia de la República dio a conocer que la organización delictiva de los hermanos Beltrán Leyva, entonces integrante del Cártel de Sinaloa, había cooptado a personal de la casa presidencial. General brigadier entonces, Sánchez León era uno de los jefes militares del Estado Mayor Presidencial (EMP) encargados de la seguridad del presidente Vicente Fox y su familia. Después de ese sexenio, en el que encabezó las secciones III, IV y V del EMP, se reincorporó al Ejército. Una década después, el general egresado de la Escuela Superior de Guerra está en el centro de un caso que tiene de fondo a la delincuencia organizada. El día de la ofensiva militar inicial de la Operación Jalisco le correspondían los movimientos en tierra para la persecución de Oseguera, considerado por este gobierno como el narcotraficante más peligroso del momento. Ni la tarea ni los terrenos le eran ajenos. Hace apenas tres años había dejado de ser jefe de Estado Mayor de la misma 5ª Región Militar, con sede en La Mojonera, en el municipio jalisciense de Zapopan, a donde regresó en octubre pasado para ocupar
igual cargo. Por tierra, ese cuartel se encuentra a más de tres horas de donde ocurrió el ataque a la tropa de élite del Ejército, en la ruta Casimiro Castillo–Villa Purificación. Son territorios del CJNG, que llevó hasta ellos a las cuatro unidades aéreas del Ejército y la Policía Federal que perseguían al Mencho. Bajo el mando del comandante de la 5ª Región, el general de División Miguel Gustavo González Cruz, la misión de Sánchez León era proteger a los efectivos enviados desde la Ciudad de México en una operación mixta, aérea y terrestre, planeada por el EMDN, a cargo del general Roble Arturo Granados Gallardo, el jefe operativo del Ejército Mexicano. “Era una operación delicada, para la que era fundamental el apoyo táctico. Con las tropas destacadas en Jalisco tenía que darse cobertura terrestre a las fuerzas que salieron desde México”, explican fuentes castrenses consultadas. Pero El Mencho respondió con un ataque que derribó un helicóptero y causó ocho bajas a lo más selecto del Ejército: la Fuerza Especial del Alto Mando, que es el núcleo del Cuerpo de Fuerzas Especiales, la unidad de élite del Ejército Mexicano. El Alto Mando es el secretario de la Defensa Nacional, el general de división Salvador Cienfuegos Zepeda. En el diseño de la operación también participó el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, el general de ala piloto aviador Víctor Manuel Ruesga Ramírez, quien responde al comandante de la FAM, el general de división piloto aviador Carlos Antonio Rodríguez Munguía. El escenario de la operación planteado desde la Ciudad de México estaba lejos de lo que verdaderamente ocurrió: el ataque al helicóptero Cougar EC705, de fabricación francesa y matrícula de la FAM 1009, con un lanzacohetes RPG 7, el mismo tipo de arma que derribó dos helicópteros Black-hawk de la Fuerza Aérea estadunidense en Mogadiscio, Somalia, en 1993. Licenciado por la Escuela Superior de Guerra, donde también hizo la maestría en Estudios de Seguridad y Defensa Nacionales y ha dado clases de Diplomado de Estado Mayor, el general Sánchez León quedó, como los otros generales, en medio del desastre que la persecución del capo significó para la FAM, el Cuerpo de Fuerzas Especiales, el Ejército en general y el gobierno de Enrique Peña Nieto. Protegido por la Sedena Durante la guerra declarada por Felipe Calderón al narcotráfico, el general de brigada Sánchez León participó en el Operativo Conjunto Chihuahua, donde fue comandante de la Guarnición Militar en Ciudad Juárez. Estuvo entre 2008 y 2010 en el Operativo Conjunto Juárez y luego en el Operativo Conjunto Chihuahua. Perteneciente al arma de caballería, en noviembre de 2008 fue ascendido a general de brigada.Después de Chihuahua, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) lo envió a la 5ª Región como jefe del Estado Mayor, cargo que en menos de cinco años ocupa de nuevo. En un paréntesis de operación militar, en 2011 fue enviado a Nueva York como asesor del mismo ramo en la misión permanente de México ante la ONU. A finales del sexenio pasado, en mayo de 2012, fue designado comandante de la 22ª Zona Militar, con sede en Toluca, Estado de México. Su principal misión de entonces era el combate a las
organizaciones del narcotráfico tras la escisión de la banda de los hermanos Beltrán Leyva. Con ese propósito expreso se creó el 102 Batallón de Infantería el 30 de mayo de 2010, en la localidad de San Miguel Ixtapan, municipio de Tejupilco, en terrenos donados por Peña Nieto, entonces gobernador del Estado de México. Ese batallón tenía la encomienda de combatir a los narcotraficantes en el corredor comprendido entre Guerrero y el Estado de México, y el cual abarca al municipio de Tlatlaya (Proceso 1974). El general Sánchez León fue comandante de la 22ª Zona Militar entre mayo de 2012 y el 30 de junio de 2014, cuando el general secretario Salvador Cienfuegos lo alejó de la crisis generada por la ejecución de civiles presuntamente miembros de los grupos de delincuencia organizada que operan en la zona. Según la Sedena, fueron ocho los civiles asesinados. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que al menos son entre 12 y 15, pero cuando la Sedena presentó los hechos como un enfrentamiento durante un patrullaje militar dio cuenta de 22 víctimas. Después de conocerse que se trató de una ejecución sumaria, fueron consignados siete elementos de tropa y un teniente, aunque sólo tres por homicidio. La Sedena se ha negado a dar a conocer la cadena de mando implicada en la acción y las órdenes que fueron emitidas a la partida militar (Proceso 2004). De acuerdo con una versión pública de la investigación de la CNDH consultada por este semanario (edición 1995), Sánchez León fue prácticamente exonerado por la Sedena. Sólo fue citado a declarar en el Juzgado Sexto Militar para dar su versión de los hechos y saber “si hubo omisiones” en el patrullaje militar que la Sedena asegura que realizaba en Tlatlaya. La Cámara de Diputados creó un Grupo de Trabajo para investigar lo ocurrido en ese municipio del Edomex, pero la Sedena, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría General de Justicia (PGJ) mexiquense se negaron a darle información. Así lo asentó el grupo legislativo en su informe final, que dio a conocer el 16 de abril pasado. Ese mismo día, el secretario general de Gobierno del Estado de México, José Manzur, declaró ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados que fue el general Sánchez León quien pidió a la PGJ que demorara su arribo al lugar (los peritos judiciales llegaron a la escena seis horas después). Pero ni para la CNDH ni para el Grupo de Trabajo de la Cámara de Diputados quedó claro que en ese lapso se hubiera mantenido intacto el lugar de los hechos. Manzur reveló que fue el jefe castrense quien “nos pidió que no fuera muy rápido el personal de la procuraduría porque todavía estaba más o menos oscuro” y podía ser atacado por grupos delictivos (Proceso 1995). En otro argumento para desvincular al general Sánchez León, la Sedena informó a la CNDH que el entonces jefe de la 22ª Zona Militar llegó al lugar a las 13:00 horas, es decir, ocho horas después de la ejecución sumaria. A diferencia de la falta de apoyo que tuvo el grupo de trabajo legislativo, el martes 5 la Comisión Permanente del Congreso de la Unión salió en respaldo de la Operación Jalisco y guardó un minuto de silencio por los militares caídos. Una semana después, la comisión dio a conocer que el general secretario Cienfuegos envío una carta de agradecimiento al presidente de la Comisión Permanente del
Congreso. En la misiva, el divisionario advirtió que las Fuerzas Armadas mexicanas “continuarán sin titubeos” apoyando a los tres niveles de gobierno en materia de seguridad. La Sedena, sin embargo, también decidió cerrar aún más su información. Determinó eliminar los nombres de todos los funcionarios y comandantes del Ejército y la FAM de su sitio oficial. Ocultó también la distribución geográfica de las regiones, zonas y guarniciones militares, regresando a la opacidad previa a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Puede ser una medida de seguridad porque esa información abierta les permite a los delincuentes saber a quién dirigirse, aunque también tienen otras maneras de hacerlo, como las deserciones y las infiltraciones, dicen fuentes castrenses. “Creciente insurgencia criminal” Según publicó el diario La Jornada el miércoles 6, la PGR investiga si expolicías y exmilitares capacitados en el manejo de armamento forman parte de las filas del CJNG. La investigación apunta a lo ocurrido con Los Zetas, formado por desertores del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE), antecedente del actual Cuerpo de Fuerzas Especiales. Reclutados por el Cártel del Golfo, Los Zetas iniciaron como la guardia armada de esa organización delictiva, pero más tarde se volvieron autónomos, hasta disputar el liderazgo al Cártel de Sinaloa durante el sexenio- pasado. El periódico, que cita a funcionarios del gabinete de Seguridad Nacional, refiere que el CJNG, además de contar con posible entrenamiento militar, como lo indicaría el ataque con el lanzacohetes, se estaría abasteciendo de armas desde Estados Unidos y Centroamérica. Considerado por el gobierno de Peña Nieto como la organización delictiva más poderosa por ahora, el CJNG surgió como un brazo del Cártel de Sinaloa tras la ejecución del cabecilla Ignacio Coronel a manos del Ejército en julio de 2010, en Zapopan. De acuerdo con un reporte solicitado por el sector empresarial de Jalisco y elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, el CJNG mantiene colaboración con Martín Beltrán Coronel, El Águila, sobrino de Nacho Coronel. El Águila había sido detenido en mayo de 2011, pero fue liberado por orden judicial el 24 de septiembre último. Los Coroneles o La Corona, como se conoce a su organización, mantiene una relación, aunque tensa, con el cártel de Nemesio Oseguera. “Están en el mismo negocio, pero los primeros son los que se encargan de la producción, trasiego y lavado de dinero, mientras que los segundos son la fuerza de choque”, dice el reporte citado. Añade: “La tarea del Águila es prepararse para dar continuidad al narcotráfico cuando Nemesio Oseguera finalmente sea detenido o muerto. El estilo del Águila es de menos violencia y más bajo perfil, como el de su tío”. Titulado Jalisco: la amenaza del crimen organizado y las políticas públicas para conjurarla, fechado el 20 de abril y entregado a autoridades civiles y militares, el documento dice que Los Coroneles consideran irascible e irreflexivo al Mencho, pero con gran fuerza, como lo demostró al abatir el helicóptero Cougar de la FAM. Robert Bunker, profesor investigador adjunto del Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra de Estados Unidos, dice que el derribamiento del aparato militar por
“soldados de a pie” del CJNG puede ser considerado como el cruce de un “apagafuegos sicológico” en la guerra contra el narco en México. Consultado por Proceso, el académico explica que, precedido por las emboscadas y masacres de fuerzas estatales, los bloqueos de carreteras y la campaña masiva de incendios en Jalisco, el ataque claramente significa un reto directo a la autoridad federal y demuestra públicamente “la creciente impunidad de los cárteles y su voluntad de ir y derrotar a las fuerzas armadas”. Miembro adjunto de facultad de la Claremont Graduate University, Bunker añade: “Los Zetas y otros elementos de otros cárteles han demostrado desde hace tiempo su voluntad de atacar directamente a la Sedena y a otras fuerzas federales. Sin embargo, el alto perfil del ataque (en Jalisco) también hizo añicos el mito de la administración de Peña Nieto de que las guerras con los cárteles desaparecerán simplemente si son ignoradas en el discurso de las políticas públicas del gobierno federal”. Con experiencia como instructor en el Programa Contra-narcoinsurgencia en Los Ángeles, California, y como asesor en contraterrorismo, afirma que en medio de un clima de inseguridad y corrupción institucional promovida por los grupos de narcotráfico, de facto “hay una creciente insurgencia criminal en México”. l
El CJNG, alumno de la guerrilla colombiana J. Jesús Esquivel Tiene acumuladas varias décadas de experiencia en su lucha contra las fuerzas del Estado y ahora se dedica a transmitir ese conocimiento. Es la guerrilla colombiana de las FARC. Según fuentes estadunidenses de inteligencia, los narcos jaliscienses –el Cártel de Jalisco Nueva Generación y Los Cuinis, que además tienen capacidad económica para adquirir armamento de punta– recibieron entrenamiento en las selvas de Colombia. La muestra de que resultaron buenos alumnos fue el derribo de un helicóptero militar el primer día de este mes en Villa Purificación. WASHINGTON.- El derribo de un helicóptero del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales el pasado viernes 1 en Jalisco no fue un golpe de suerte de los sicarios ni puede atribuirse automáticamente a una posible impreparación de los militares; el ataque estuvo perfectamente coordinado y ejecutado por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) gracias, según agencias federales estadunidenses, al adiestramiento que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) les han dado. El CJNG y Los Cuinis, aseguran fuentes de inteligencia de Estados Unidos, tienen sicarios entrenados por las FARC específicamente para contrarrestar los embates militares. “Nuestros sistemas de inteligencia en Colombia detectaron desde hace varios meses que algunos integrantes del narcotráfico mexicano habían recibido adiestramiento en ese país por parte de las FARC”, comenta a Proceso un alto funcionario de una de las agencias estadunidenses de inteligencia.“Los informes que obtuvimos en Colombia señalan que jefes de grupo (sicarios) y varios jefes del escalafón de mando del Cártel de Jalisco Nueva Generación y de Los Cuinis fueron adiestrados por las FARC en tácticas de asalto a militares”, agrega la fuente, que aceptó hablar a condición de no revelar su identidad ni la de la dependencia federal para la cual trabaja. “Hay varios informes de inteligencia que han registrado el entrenamiento de elementos del narcotráfico mexicano por parte de las FARC”, explica un funcionario de otra instancia estadunidense de inteligencia, quien también pide el anonimato para él y para la dependencia federal en la que presta sus servicios. “Es un tema delicado, de seguridad nacional; por ello cuando nuestros sistemas de inteligencia registraron esto, inmediatamente se lo comunicamos al gobierno mexicano”, apunta. Ninguno de los dos agentes consultados tiene elementos para decir cuántos sicarios del CJNG o de Los Cuinis han sido adiestrados por las FARC en tácticas paramilitares y de guerra de guerrillas. Sin embargo, aseguran que no son muchos. “Algunas decenas. No más de 50 individuos, tal vez”, aventura una de las dos fuentes, que fueron entrevistadas por separado. Consultadas sobre el asunto, fuentes gubernamentales mexicanas de alto nivel expresaron puntualmente que se siguen a fondo “todas las líneas de investigación sobre ese grupo delincuencial”. Según la tesis de las agencias de inteligencia de Estados Unidos dedicadas a combatir
a las mafias trasnacionales, en esa relación narcos-insurgentes, los sicarios del CJNG y de Los Cuinis han aprovechado sus viajes a Colombia para “amarrar” la compra de cocaína que les proveen las FARC, y se quedan varias semanas en los campamentos de esa guerrilla para recibir adiestramiento a fin de repeler los ataques de las fuerzas armadas. El mundo, su mercado De acuerdo con la administración antidrogas de Estados Unidos (DEA), Los Cuinis son la agrupación del narcotráfico mexicano más rica del mundo, y junto al CJNG “son los dueños casi absolutos del mercado europeo y asiático de las drogas”, especialmente en lo que se refiere al trasiego de la cocaína colombiana (Proceso 2006). La DEA sostiene que Abigael González Valencia, El Cuini (detenido el pasado 28 de febrero en Puerto Vallarta), y su cuñado Nemesio Oseguera Cárdenas, El Mencho –líderes de Los Cuinis y del CJNG, respectivamente–, desde hace años diseñaron una estrategia de cooperación con narcotraficantes y narcoguerrilleros de Colombia. El Cuini y El Mencho establecieron sólidas relaciones con narcotraficantes colombianos y las FARC, siempre según la DEA, para comprarles cocaína y venderla en Europa, África y Asia, menospreciando el mercado de Estados Unidos debido a la competencia con otros cárteles mexicanos y para evitar la constante confiscación de cargamentos. Esto los convirtió en las mafias del trasiego de narcóticos con más recursos y ganancias en el mundo. Durante casi una década Los Cuinis y el CJNG dejaron que otros cárteles, como los de Sinaloa, del Golfo, de Juárez, de Tijuana, Los Zetas, La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios, se disputaran el mercado de las drogas de Estados Unidos, mientras ellos –en colaboración con los narcos y la guerrilla de Colombia–, con poca competencia, se adueñaron sin dificultad de los mercados europeo, asiático y africano. Los dos funcionarios de las agencias de inteligencia de Estados Unidos entrevistados por el corresponsal coinciden: “Aunque sí es preocupante” el tipo de relación de las FARC y los cárteles mexicanos, no hay que sobredimensionar el asunto del adiestramiento. “Las FARC no son un grupo verdaderamente exitoso en tácticas insurgentes. Están diezmados desde hace varios años, por lo que a los narcos a los cuales han entrenado no se les podría calificar de altamente peligrosos en técnicas de enfrentamiento contra el Ejército o la Marina de México”, matiza uno de los dos entrevistados. Los dos funcionarios consultados se niegan a afirmar tajantemente si lo ocurrido en Jalisco el viernes 1 es resultado del adiestramiento de las FARC al CJNG y Los Cuinis. “Tienen el dinero suficiente para comprar cualquier tipo de armamento”, dice uno de ellos. Y agrega: “Está muy claro que saben utilizar ese armamento, que seguramente llegó a México procedente de Estados Unidos, de Europa o de Asia y que metieron al país vía Centroamérica, gracias a sus relaciones con narcotraficantes y grupos guerrilleros de Colombia”. El otro funcionario anota: “Lo que ocurrió (el viernes 1) en Jalisco obligará al Ejército Mexicano y a la Marina a modificar sus tácticas de enfrentamiento con ese grupo criminal. Tienen que combatirlos con armas más sofisticadas y efectivas”. Ante el estrepitoso fracaso de ese día –y según las agencias de inteligencia de Estados
Unidos–, el Ejército y la Marina dieron luz verde a sus grupos de élite dedicados a combatir al narcotráfico para usar el equipo militar recientemente comprado a Estados Unidos. Entre abril de 2014 y el pasado marzo, el gobierno de Enrique Peña Nieto gastó más de mil 300 millones de dólares en equipo militar que le vendió el Pentágono (Proceso 2004). Tras el derribo de su helicóptero Cougar matrícula 1009 –evento en el cual hubo 18 bajas–, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desplazó a Jalisco varios de los helicópteros UH-60M Black Hawk, provistos de motores 40T700-GE-701D y armas automáticas de alto poder, de la clase 36 M134, calibre 7.62 milímetros, que forman parte de ese paquete recientemente adquirido. Las agencias de inteligencia de Estados Unidos sostienen que para la persecución y destrucción del CJNG y Los Cuinis, la Sedena desplazó también varias decenas de vehículos terrestres de movilidad para propósitos múltiples de la clase M1152, del lote de 3 mil 355 que hace poco el Pentágono le entregó al gobierno de Peña Nieto. “Los militares mexicanos tienen que estar muy bien preparados y armados para enfrentar al CJNG, porque estos criminales ya demostraron que pueden hacer un daño importante con sus estrategias de combate”, subraya uno de los funcionarios entrevistados, quien tiene amplio conocimiento del tema. La mayoría de los integrantes de los cuerpos de élite del Ejército y la Marina que combaten al narcotráfico han sido entrenados por el Pentágono en varios de sus fuertes en Estados Unidos. Relación antigua La relación entre la guerrilla colombiana y el narcotráfico mexicano no es nueva. En noviembre de 2013 el Centro de Operaciones contra el Narcoterrorismo (CNOC) de la División de Operaciones Especiales de la DEA entregó al Congreso estadunidense un reporte confidencial en el cual detallaba los lazos entre las FARC y el Cártel de Sinaloa. “Los nexos entre el tráfico de drogas y el terrorismo (narcoterrorismo) siguen creciendo y no es una tendencia nueva. El narcoterrorismo puede ser ampliamente definido como el solapamiento de las actividades del tráfico de drogas y el terrorismo”, indicaba el reporte de la DEA (Proceso- 1989). Aunque la investigación especial no menciona ningún plan de entrenamiento de las FARC para el Cártel de Sinaloa en tácticas paramilitares, sí sostiene la existencia de una relación estratégica entre el grupo criminal que dirige Ismael El Mayo Zambada y el narco colombiano para adueñarse del mercado europeo, asiático y africano (en confrontación con Los Cuinis y el CJNG). Las conclusiones del CNOC indican que el Cártel de Sinaloa y sus socios colombianos, entre éstos las FARC, venden cocaína y otras drogas a grupos terroristas que han diversificado sus actividades criminales para obtener más ganancias. “Las franquicias del terrorismo dedicadas al narcotráfico llevan a cabo actividades criminales alternativas para obtener más recursos: lavan dinero, secuestran, extorsionan y contrabandean”, afirma el reporte de la DEA entregado al Capitolio. Tras los informes recolectados en Colombia por el gobierno de Obama –sobre el entrenamiento de las FARC a Los Cuinis y el CJNG–, las agencias de inteligencia elaboraron un informe confidencial que fue compartido por Washington con el gobierno
de Peña Nieto. Los dos funcionarios entrevistados aseguran desconocer la redacción final de ese documento. No obstante, afirman que como parte del intercambio de información de inteligencia entre los dos países, la recientemente transmitida no fue catalogada como una alerta o una advertencia. “Son informes concretos que explican la información recopilada por nuestras agencias de inteligencia y nada más. Al gobierno de México es al que le corresponde actuar en consecuencia si considera que la información es relevante para la preservación de su seguridad nacional o en beneficio de su lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado”, concluye una de las fuentes. l
Caso Ayotzinapa Prefabricada, la “verdad histórica” de la PGR Anabel Hernández y Steve Fisher En enero el procurador Murillo Karam dio la “verdad histórica” de la PGR sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa: fueron incinerados en el basurero de Cocula hasta dejarlos irreconocibles. Un trabajo de Proceso con el apoyo del Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley permite afirmar que esa “verdad histórica” se sustentó en declaraciones contradictorias –presumiblemente obtenidas mediante tortura–, que se dieron por buenas sólo para apuntalar una versión prefigurada por la SEIDO desde octubre. El 8 de octubre del año pasado los hermanos Miguel Ángel y Osvaldo Ríos Sánchez viajaron a Cuernavaca; fueron a comprar ropa barata para surtir su pequeña tienda, en Iguala. El dueño del comercio era Osvaldo; Miguel Ángel lo ayudaba para ganar más dinero pues su esposa, Viridiana, estaba embarazada. Pero ese día fueron detenidos por agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) con el apoyo de la Marina. Confundieron a Osvaldo con Salomón Pineda Villa, cuñado del alcalde de Iguala. En helicóptero se llevaron a los hermanos a Iguala y en el trayecto amenazaron a Miguel Ángel con lanzarlo desde el aire; después les ordenaron asumir la responsabilidad por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre. Luego –como consta en los expedientes de la PGR que los reporteros consultaron– los marinos llevaron a los hermanos al paraje La Parota, en Iguala. Los obligaron a cavar una fosa en la cual “iban a quedar”, les dijeron. Después vino la tortura para ambos: asfixia con bolsas de plástico en la cabeza, toques eléctricos, golpes y más golpes. Así se lo contó Miguel Ángel –preso en el penal federal de Tepic– a su esposa. “Los federales”, dice Viridiana en entrevista, querían que firmaran una declaración que ya llevaban hecha. “Firmaron, pero fue a base de tortura”, señala. El caso de los hermanos Ríos Sánchez es muestra de cómo la Procuraduría General de la República (PGR) investigó la desaparición de los 43 normalistas. Declaraciones contradictorias A casi ocho meses de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa el caso es un rompecabezas donde las piezas no encajan. Después del ataque de Iguala la PGR detuvo a 99 personas. Los reporteros revisaron las declaraciones de 27 de ellas (incluidas en el expediente de la causa penal 100/2014), rendidas entre octubre de 2014 y el pasado enero: en ellas hay numerosas versiones e incluso narraciones completamente distintas de quienes confesaron haber participado en los hechos. Al menos 17 de esas 27 personas, según los dictámenes médicos de la PGR, estaban golpeadas. Pero al margen de esas declaraciones, desde mediados de octubre la procuraduría ya sabía cómo iba a acabar la historia: a los estudiantes los encontrarían “totalmente calcinados” y sería “imposible identificarlos”. En la foja 293 del tomo XIII de la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDMS/439/2014,
la SEIDO asentó: “Al parecer fueron quemados hasta su total calcinación, por lo que posiblemente si se llegaran a encontrar dichos restos, sea imposible identificarlos”. Esta afirmación surgió de testimonios y declaraciones rendidas ante la PGR hasta el 17 de octubre. De entre esas, sólo la de Sidronio Casarrubias insinuaba que 17 de los normalistas “ya se habían ido al agua”; es decir, los habían quemado y las cenizas habían sido tiradas al río. En una revisión del expediente destaca que las primeras declaraciones de algunos de los presuntos culpables fueron cambiando hasta decir que en vez de haber matado a los estudiantes en Pueblo Viejo, Iguala, fueron llevados a “un lugar” de Cocula. Es decir que los testimonios se ajustaron al desenlace que la PGR tenía previsto. Versión Pueblo Viejo De presuntos miembros de Guerreros Unidos que confesaron su participación o dijeron tener conocimiento de lo que pasó la noche del 26 de septiembre en Iguala, se revisaron las declaraciones ministeriales de Marco Antonio Ríos Berber, Martín Alejandro Macedo Barrera, Luis Alberto José Gaspar, Osvaldo Ríos Sánchez, Miguel Ángel Ríos Sánchez, Ramiro Ocampo Pineda, Raúl Núñez Salgado y Sidronio Casarrubias Salgado. También las de Patricio Reyes Landa, Agustín García Reyes, Jonathan Osorio Gómez y Felipe Rodríguez Salgado, recogidas de conferencias de prensa de la PGR y notas periodísticas. Once policías de Cocula declararon haber participado en los eventos del 26 de septiembre: Ignacio Aceves Rosales, Nelson Román Rodríguez, Jesús Parra Arroyo, José Antonio Flores Train, Juan de la Fuente, Roberto Pedrote Nava, Arturo Reyes Barrera, Alberto Aceves Serrano, Joaquín Lagunas Franco, Óscar Veleros Segura y Julio César Mateos Rosales. De Iguala declararon David Cruz Hernández –identificado por el exprocurador Jesús Murillo Karam como operador de radio de la policía de Iguala, pero que en realidad es bombero– y los policías Honorio Antúnez, Verónica Bahena y Alejandro Mota Román. De sus dichos se desprenden historias totalmente distintas... y en vez de que la PGR deseche algunas de las declaraciones por sus contradicciones con la “verdad histórica” –la dada el 27 de enero por Murillo Karam–, se siguen tomando todas como ciertas, aunque la verdad de una excluya automáticamente la de las otras. Ríos Berber, Macedo Barrera, José Gaspar y Antúnez fueron detenidos entre el 3 y el 4 de octubre de 2014. Rindieron su primera declaración ministerial en la procuraduría guerrerense el 5 de octubre y ese día fueron puestos a disposición de la SEIDO. Inmediatamente todos confesaron pertenecer al crimen organizado. Antúnez dio el nombre de varios de sus compañeros que supuestamente trabajaban para Guerreros Unidos y fue el primero en implicar al entonces alcalde igualteco, José Luis Abarca, con ese grupo criminal, pero no aportó pruebas de ello. Ríos Berber y Macedo Barrera detallaron su participaron en el ataque. El segundo dijo que trabajaba para El Choky, de Guerreros Unidos. Aseguró que el 26 de septiembre dispararon contra los normalistas, de los cuales afirma que estaban armados. Agregó que unos estudiantes murieron ahí y que a 17 se los llevaron a una casa de seguridad en “la Loma”, donde a unos los mataron a tiros y a otros, a golpes.
Ríos Berber también dijo que su jefe era El Choky y dio varios nombres y apodos de otros miembros de Guerreros Unidos: Vero, El Gaby, Chaky, El Chino y La Mente. Afirmó que cuando los estudiantes llegaron al centro de Iguala iban armados y dispararon; agregó que en la calle Juan Álvarez la Policía Municipal detuvo a 20 normalistas y los llevaron a la “comandancia”, sin especificar a cuál. Luego declaró que la policía los había liberado en Chilpancingo. Aseguró que El Choky se llevó a tres estudiantes. Según su dicho, entre la medianoche y las 01:00 horas del 27 de septiembre trasladaron a los normalistas “al cerro arriba de la colonia Pueblo Viejo”. Le ordenaron llevar diésel a ese punto y, cuando llegó, vio que ya habían matado a los tres. “Al rato llegaron también al cerro El Gaby (…) y llevaba a 10 de los ayotzinapos. (…) La Mente los estaba esperando abajo y bajaron a los 10. (…)El Choky ordenó que matáramos a los 10, yo le disparé a dos en la cabeza”, dijo Ríos Berber. Ramiro Ocampo fue detenido el 9 de octubre. Dos días después dijo ser “encargado de halcones” de Guerreros Unidos. Aseguró que un sujeto apodado El Capu, de Guerreros Unidos, le dijo el 27 de septiembre que “había estado muy cabrona la noche” porque de la terminal de autobuses de Iguala se habían robado dos camiones. “Que el día de la balacera de Ayotzinapa El Choky, El Chaky y La Mente habían sido los que habían efectuado los levantones”. Que había entre 20 y 30 jóvenes en un autobús robado de la central camionera y les había reportado que eran estudiantes, pero venían con gente armada del grupo contrario: Los Rojos. “Me enteré (…) que se los llevaron por el camino que va por la brecha que va para la comunidad de Pueblo Viejo (…) y tengo conocimiento que fueron ellos (la gente del Choky) quienes privaron de la vida a los estudiantes de la normal de Ayotzinapa y quienes inclusive los rociaron con diésel y les prendieron fuego”, señaló. Se le hicieron tres exámenes médicos a Ocampo en la PGR: uno el día de la detención, en Iguala, y otros dos en la sede de la PGR en la Ciudad de México. En los dos primeros no presentaba lesiones; en el último, fechado el 10 de octubre, presentaba muchas. El 16 de octubre, en una nueva declaración ante la PGR, Ríos Berber cambió su versión. Ya no dijo que hubiera participado en los hechos. David Cruz Hernández, detenido el 10 de octubre, cambió radicalmente sus declaraciones. Ese día dijo que mediante amenazas fue obligado a trabajar como halcón para un sujeto al cual identificó como Berlín, quien fue sustituido por El Choky. No dijo nada sobre los hechos del 26 de septiembre ni contra Abarca. Un día después –muy golpeado, según el dictamen médico– declaró que fue testigo de lo ocurrido esa noche. La Parota o Cocula Según el oficio PGR/AIC/PFM/UAIOR/DF/CHIMAL/1610/2014, firmado por tres suboficiales de la PFM y tres efectivos de la Marina, el 8 de octubre detuvieron en Cuernavaca a los hermanos Ríos Sánchez porque a la distancia vieron que de la mochila de uno de ellos se asomaba la punta de un arma larga. Según el oficio, ambos declararon inmediatamente ser miembros de Guerreros Unidos y saber dónde habían sido asesinados y enterrados los estudiantes: en el paraje La Parota. Nada se
menciona de que marinos y policías habrían confundido a Osvaldo Ríos con Salomón Pineda Villa. Por supuestas fallas mecánicas en los vehículos no fueron presentados ante la SEIDO sino hasta un día después. De acuerdo con los dictámenes médicos realizados por la PGR ese 9 de octubre, Miguel Ángel presentaba al menos 10 lesiones y Osvaldo 14. El 13 de octubre 24 policías de Cocula fueron detenidos por federales ministeriales y rindieron su declaración ante la PGR el 14 y el 15 de octubre. Según el dictamen médico, 16 presentaban golpes y lesiones. Once declararon haber ido a Iguala la noche del 26 de septiembre en tres pick up para apoyar a la policía en una balacera; los comandaba Ignacio Aceves Rosales. Los testimonios coinciden en que llegaron a Periférico y Juan Álvarez donde estaban tres de los cinco camiones en los cuales viajaban los normalistas. De ahí en adelante los testimonios son contradictorios. Algunos aseguran que de ahí se fueron directamente a Metlapa y luego a Cocula; los más, que fueron a la base de la policía de Iguala. Algunos, como Aceves Rosales, refieren que cuando llegaron había 13 estudiantes en el patio; otros dicen que, cuando ellos estaban en la comandancia, llegaron patrullas igualtecas con 30 estudiantes, a quienes bajaron en la calle. Aceves Rosales dijo también que en dos patrullas de Cocula se llevaron a jóvenes, seis en cada una, a Loma de los Coyotes y ahí los entregaron a policías igualtecos, quienes a su vez se los dieron a un sujeto apodado El Pato, que se los llevó en un camión de redilas. Aceves Rosales era uno de los declarantes más golpeados, según los dictámenes. Mateos Rosales afirmó que cuando llegaron a la base de Iguala entró una patrulla de Cocula y salió con ocho o 10 personas a bordo, y que otra patrulla de la misma corporación que estaba en la calle metió otro tanto de normalistas. Dice que los llevaron a Loma de los Coyotes, donde los entregaron a policías igualtecos. La esposa de Mateos Rosales, Minerva Ochoa, afirma en entrevista que no es posible que su marido haya participado en los hechos, pues ese 26 de septiembre no trabajó y hay testigos de eso. Informa además que desde principios de abril a todos los policías de Cocula les retiraron el derecho a un defensor de oficio. El gobierno federal detuvo a finales de octubre a Patricio Reyes Landa (a quien la PGR adjudica el apodo de El Pato), Agustín García Reyes y Jonathan Osorio Gómez, supuestos miembros de Guerreros Unidos. Sus testimonios fueron mostrados por la PGR en una conferencia de prensa el 7 de noviembre. El rostro de Reyes Landa mostraba las huellas de una golpiza. García Reyes declaró que quemaron a 44 personas. “Dicen que eran 44, yo oí; así que los haya contado uno por uno, no”, dijo en un video presentado por la PGR. “Las declaraciones vertidas por los detenidos y que fueron corroboradas por los elementos materiales, dictámenes científicos, pruebas periciales, testimonios y confesiones… dejan clara la dimensión y profundidad de la investigación”, dijo Murillo Karam el pasado 27 de enero en la conferencia de prensa durante la cual dejó asentada la “verdad histórica” de la institución. Pero desde mediados de octubre de 2014 la PGR ya sabía cómo iba a concluir su investigación. Finalmente, en abril, el equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que investiga el caso Ayotzinapa, recomendó a la PGR abrir nuevas líneas de investigación y completar la información oficial sobre los escenarios en los cuales se
dio el ataque en Iguala.
Sedena proveyó de fusiles prohibidos a la policía de Iguala Anabel Hernández Tres kilos 630 gramos de muerte. Eso pesa el rifle de asalto G36V fabricado por la empresa alemana Heckler & Koch (HK), capaz de disparar 750 tiros por minuto. Fue usado en las guerras de Kosovo, Afganistán, Irak y Libia. La Policía Municipal de Iguala tenía 37 de esos fusiles, aunque el gobierno alemán había prohibido a HK que los vendiera si se iban a distribuir en Guerrero. En total –y para toda esa entidad federativa– la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) proporcionó 56 rifles de dicha marca. Su uso estaba avalado por la revalidación de la Licencia Oficial Colectiva 101, proporcionada por la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos de la Sedena, expedida el 8 de noviembre de 2013. Según documentos cuya copia tiene Proceso, la revalidación estuvo vigente del 21 de junio de 2013 al 20 de junio de 2015, y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el entonces subsecretario de Planeación y Protección Institucional, Manuel Mondragón y Kalb, supieron de la posesión de ese armamento y del permiso para usarlo. La semana pasada HK fue acusada por la Oficina Criminal de Aduanas de la ciudad de Colonia, Alemania, de haber exportado ilegalmente más de 4 mil 767 fusiles G36V que llegaron a Guerrero, Chiapas, Jalisco y Chihuahua. La razón es que desde 2005 el gobierno alemán prohibió el suministro de armas germanas a esas zonas por los niveles de violencia y el constante quebrantamiento a los derechos humanos. De acuerdo con reportes publicados por el periódico Suddeutsche Zeitung, entre 2003 y 2011 HK exportó a México 9 mil 472 fusiles G36V, pero más de la mitad fueron distruibuidos en las cuatro entidades federativas vetadas. La investigación hecha por las autoridades de ese país señala a cinco exdirectivos y empleados de HK como presuntos responsables, y propone una sanción económica de 3 millones de euros. Los documentos muestran que, con el pretexto de la guerra contra las drogas de Felipe Calderón, a partir de 2008 y amparada en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, la Sedena dotó a las policías estatales de todo el país de armas automáticas y de alto calibre, incluyendo Guerrero. Posteriormente, la permanencia del arsenal en ese estado fue permitida por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Cada G36V registrado en la lista del armamento en poder de la Policía Municipal de Iguala el 26 de septiembre de 2014 –cuando se perpetró el ataque contra estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, 43 de los cuales desaparecieron– está grabado con la leyenda “S.N.D. México DF”, según el dictamen practicado por la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJEG), del que también se tiene copia. De acuerdo con la información obtenida de fuentes del Ejército mexicano, la Sedena, por ley, es la única institución autorizada para importar armas y cartuchos a México. Es, además, el único puente legal para abastecer de armamento a las policías estatales y municipales del país y aprobar sus licencias colectivas. Los pretextos
Este semanario posee una copia de la revalidación de la Licencia Oficial Colectiva 110, proporcionada a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil de Guerrero (SSP-G). Está fechada el 8 de noviembre de 2013 en el Campo Militar No. 1-J, en la Ciudad de México. El documento fue emitido por la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, Subsección “Licencias (Procuradurías)”, y está firmado por el general Saúl Luna Jaimes. Información oficial de la Secretaría de la Función Pública refiere que Luna Jaimes asumió ese cargo el 1 de marzo de 2013 y lo dejó el 1 de noviembre de 2014, después de los hechos en Iguala, sin que haya registro de qué puesto ocupa actualmente. La licencia revalidada abarca 12 mil 99 armas de fuego (4 mil 550 cortas y 7 mil 549 largas) para un “efectivo” de “7 mil 682 individuos autorizados”. Es decir, para policías estatales y municipales. Según el texto de la autorización, en agosto de 2008 y en el marco de la guerra contra las drogas, el gobierno federal –a través del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad– autorizó equipar a las corporaciones locales de seguridad pública con armas automáticas y de gran calibre, que hasta ese momento eran catalogadas como “de uso exclusivo del Ejército” por su poder destructivo. Eso significa que la licencia fue emitida después de que el gobierno alemán prohibiera que sus armas llegaran a Guerrero, Chihuahua, Jalisco y Chiapas. “Hoy más que nunca se debe consolidar la seguridad pública como una política de Estado, que convoque a todos –autoridades y sociedad– y los vincule en un frente común contra la violencia y la criminalidad. (...) Todos los actores deben ser capaces de subordinar sus intereses particulares a la necesidad urgente de la nación por recuperar las condiciones de seguridad”, se señala en uno de los párrafos del acuerdo citado, impreso en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 25 de agosto de 2008. En el punto XI de dicho acuerdo quedó especificado que, a partir de agosto de 2008, “en un tiempo de ejecución de tres meses”, la Sedena “se compromete a autorizar el equipamiento de las instituciones de seguridad pública con armas automáticas y de calibre superior a los cuerpos de seguridad que cumplan con los compromi-sos establecidos en este acuerdo”. El pacto fue firmado por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna; de Gobernación, Juan Camilo Mouriño; de Marina, Mariano Francisco Saynez; de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora-Icaza, y de la Sedena, Guillermo Galván Galván, entre otros funcionarios federales. Se adhirieron también los presidentes de las mesas directivas de la Cámara de Diputados y de senadores, Ruth Zavaleta y Santiago Creel, respectivamente, así como los 31 gobernadores y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard. Entre los mandatarios estaban Miguel Ángel Osorio Chong, de Hidalgo, y Enrique Peña Nieto, del Estado de México. También firmaron dirigentes sindicales como Elba Esther Gordillo (del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación) y Carlos Romero Deschamps (de los trabajadores petroleros), empresarios, directivos de medios de comunicación como El Universal y Grupo Multimedios, y presidentes de organizaciones civiles. El “testigo de honor” fue Felipe Calderón.
Aunque también se acordó crear un modelo nacional de evaluación y control de confianza, la corrupción y el abuso de poder siguieron siendo una constante no sólo en las corporaciones municipales y estatales, sino también en la Policía Federal, el Ejército y la Marina –como lo prueban los eventos de los últimos meses en Tlatlaya, Iguala y Apatzingán. En 2010 el crítico del armamentismo Jürgen Grässlin demandó a HK por vender ilegalmente fusiles a México. Su denuncia fue el origen de la investigación dada a conocer la semana pasada, que confirma la exportación ilegal de arsenales a instancias vetadas. Grässlin declaró que un funcionario dentro de la compañía le filtró la información de que, presuntamente, se pagaron sobornos a integrantes de la Sedena para que se hiciera la compra (Proceso 1884). “Estas armas fueron enviadas a la Sedena, que a su vez las distribuyó en esos cuatro estados, donde se había prohibido su repartición. Este empleado me detalló lo ocurrido, estuvo varias veces en México y fue el encargado de entregar los suministros”, explicó Grässlin la semana pasada a la radiodifusora internacional Deutsche Welle. Los fusiles De todas las armas proveídas a Guerrero merced a la Licencia 101, la SSP-G mandó 551 a Iguala, según los documentos entregados a la Procuraduría guerrerense el 27 de septiembre de 2014 por Felipe Flores Velázquez, entonces secretario de Seguridad Pública de Iguala. Estos papeles hoy forman parte de la averiguación previa HID/SC/02/0993/2014. En ese listado, cada arma aparece con su modelo y matrícula. Ahí se ve que no sólo se registraron 54 fusiles HK calibre 5.56 y 45 mm en Iguala, sino que también hay 74 fusiles de asalto de la marca italiana Beretta, 29 escopetas Winchester, 19 fusiles automáticos Colt de fabricación estadunidense, 14 revólveres Smith & Wesson y 351 pistolas Beretta, entre otros. Para entregar las armas se firmó un convenio entre la SSP-G y el entonces presidente municipal José Luis Abarca, donde se especificó que el arsenal estaba amparado por la Licencia 110. Esto implicó que, si había cambio de alcalde, la responsabilidad del resguardo y uso de las armas recaería en el sucesor. En los documentos presentados por Flores Vázquez se señala que dos fusiles Beretta estaban asegurados en la 35 Zona Militar, ubicada en Chilpancingo, y que dos rifles G36V se encontraban en el Cuartel Regional de la SSP-G, al igual que todas las escopetas Winchester, ocho pistolas Beretta y todos los revólveres Smith & Wesson. De acuerdo con fotos y videos, las armas alemanas fueron usadas en un ataque de la Policía Federal y la Policía Estatal de Guerrero contra una manifestación de normalistas de Ayotzinapa ocurrida en diciembre de 2011, en la autopista México-Acapulco. Ese día fueron asesinados a tiros dos estudiantes. El 27 de septiembre de 2014, cuando los primeros 22 policías municipales de Iguala fueron arrestados por su presunta participación en los hechos del 26 de septiembre, también fueron asegurados 97 fusiles, de los cuales 37 eran de HK. Tenían culata plegable, empuñadura y caja de baquelita negra y mira con aumento. También fueron requisadas 131 pistolas Beretta. El 29 de septiembre de 2014, el armamento confiscado se entregó al 56 Batallón de
Infantería, ubicado en Acapulco, para su custodia. Se desconoce el paradero de las 323 armas restantes que tenía dicha agrupación. Desde el 27 de septiembre, la Policía de Iguala está prácticamente disuelta. Las instituciones que asumieron las tareas de tránsito y seguridad pública fueron la Policía Federal y la Gendarmería. Se preguntó al ayuntamiento de Iguala dónde se encontraban estas armas, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. l
Guerrero: Entre el terror y el desencanto de votar Gloria Leticia Díaz Dos terceras partes de la geografía guerrerense presentan “focos rojos” para las elecciones del próximo 7 de junio. No es de extrañar, porque el panorama es desolador: dos candidatos y 433 civiles han sido asesinados en lo que va del año; las organizaciones indignadas por Ayotzinapa se movilizan; se enquistan los grupos oportunistas; el narcotráfico y la corrupción son las verdaderas autoridades… Así, crece la demanda de que las elecciones se cancelen, y hay aspirantes que ven las manos de los gobiernos federal y estatal detrás de esta exigencia. ACAPULCO, GRO.- Marcado por la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el proceso electoral en esta entidad transita entre la violencia sin límites atribuida al crimen organizado y una campaña contra los comicios en la que participan decenas de agrupaciones sociales, aglutinadas en el Movimiento Popular Guerrerense (MPG). Desde que se iniciaron las campañas proselitistas en marzo, los grupos que integran el MPG –de manera prominente la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y normalistas– han pasado de la descalificación del proceso electoral a la destrucción de propaganda y al boicoteo de actos políticos. El movimiento antielectoral, concentrado en Chilpancingo, Tixtla y Tlapa, tensó aún más el ambiente, tocado ya por el crimen organizado y una violencia galopante pese a la presencia de fuerzas federales de seguridad desplegadas en todo el estado. En 2014, y de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Guerrero –con 3.4 millones de habitantes– registró mil 514 homicidios dolosos. En el primer trimestre de este año ocurrieron 433. En este rubro, de hecho, la entidad sólo es superada por el Estado de México, que con 15.5 millones de habitantes cerró 2014 con mil 994 ejecuciones y lleva 498 en los primeros tres meses de 2015. Comicios entre sangre En este proceso para elegir gobernador, 81 alcaldes, 28 diputados locales y nueve federales, la violencia política ha sido la constante. La lista comienza con el asesinato de Aidé Nava González, precandidata del PRD a la alcaldía de Ahuacotzingo, en la región de la Montaña, el pasado 10 de marzo. Otro hecho: Sobre la carretera Chilpancingo-Chilapa, a las 6:00 horas del 25 de abril, un grupo de al menos 20 personas armadas con fusiles de asalto y lanzagranadas impidieron el tránsito del candidato a gobernador por Movimiento Ciudadano, Luis Walton Aburto, y de su comitiva mientras se dirigían a Tlapa. Seis días después fue ejecutado el aspirante del PRI a la alcaldía de Chilapa, Ulises Fabián Quiroz. Justo en Tlapa, en la parte alta de la Montaña, Valentina Rosendo Cantú, quien litigó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado mexicano como víctima de abuso sexual por parte de miembros del Ejército, sufrió un atentado automovilístico el lunes 11, luego de haber sido registrada como representante de Morena en la contienda por la alcaldía de Acatepec y de recibir amenazas telefónicas para que no participara, según denunció el martes 12 en el Congreso local el diputado
perredista Iván Galíndrez. Y sigue. En la región de Tierra Caliente, el aspirante del PRD a la alcaldía de San Miguel Totolapan, Juan Mendoza, fue retenido por hombres armados durante algunas horas del martes 5. Seis días después, la candidata a diputada plurinominal del PRD Silvia Romero Suárez y tres de sus colaboradores fueron interceptados por un comando cuando transitaban por la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano. Fueron privados de su libertad durante 24 horas. Romero Suárez se desempeñó como secretaria de Educación durante el gobierno del defenestrado Ángel Aguirre (PRD), y mientras militó en el PRI formó parte del grupo de Rubén Figueroa Alcocer. A este ambiente de inseguridad se sumó la acción concertada de al menos 300 personas fuertemente pertrechadas, que durante seis días mantuvieron tomado el ayuntamiento de Chilapa en busca de Zenén Nava, líder de la banda criminal Los Rojos. Abandonaron la localidad el jueves 14, tras emplazar al Ejército a detener al cabecilla en una semana. En el filito Durante una comparecencia en el Congreso local, el lunes 11, el secretario general de Gobierno de Guerrero, David Cienfuegos Salgado, ubicó como “focos rojos” los municipios de Tixtla, Chilapa, Ayutla, y “partes de Chilpancingo y Acapulco”, debido a la operación del MPG y de grupos criminales. Un síntoma que pinta bien el ambiente es que en los dos distritos electorales de Acapulco 783 funcionarios de casilla renunciaron presuntamente por temor. El consejero electoral local Silvestre Pacheco León, presidente de la Comisión de Promoción del Voto, sostiene que más allá del movimiento social contra el sufragio, la auténtica amenaza para el proceso electoral es el crimen organizado, “y no de ahora, de hace mucho tiempo”. Tras afirmar que para el MPG será “prácticamente imposible” parar la jornada del 7 de junio, Pacheco admite que hay “focos rojos” en dos terceras partes del territorio guerrerense. “Los temores tienen orígenes distintos en Tlapa, Chilpancingo y Ayutla, donde las alertas son por lo social; en tanto que en Chilapa, Iguala y Ciudad Altamirano son por el narcotráfico y el crimen organizado”, continúa. Aún es peor, lamenta, que “la sociedad está aceptando todo eso como un hecho inevitable”. Para el proceso electoral que culmina el 7 de junio, “hubo un acuerdo de no poner en riesgo ni a los funcionarios ni a los ciudadanos; no estamos pensando en que se resguarden (las elecciones) con militares porque la ley prohíbe que cerca de las casillas haya gente armada, sólo hay que recordar que evitar la instalación de una casilla es un delito penado con cárcel”. Analista político, desestimó que prospere la movilización contra el voto en Guerrero. “Las fuerzas más radicalizadas en torno al dolor de los padres (de los 43 desaparecidos) se agarraron de esa demanda para plantear su catálogo de demandas gremiales. Han negociado desde los maestros de la CETEG hasta los transportistas que quieren concesiones”. Perspectivas
En entrevistas por separado, los candidatos a gobernador por el PRD-PT, PRI-PVEM, y Morena, Beatriz Mojica, Héctor Astudillo y Pablo Sandoval, respectivamente, así como el coordinador general de campaña de Luis Walton, Ricardo Mejía, coincidieron en solicitar garantías de seguridad para la realización del proceso. Astudillo, Sandoval y Mejía coincidieron en que no existen las condiciones idóneas para realizar la elección. Exdiputado local y federal, exsenador, dos veces alcalde de Chilpancingo, Astudillo Flores compite por segunda ocasión por la gubernatura. La anterior fue en 2005, frente a Zeferino Torreblanca. Si algo distingue a la actual contienda de la de hace 10 años, apunta, “es la presencia de la delincuencia organizada y su traducción en violencia. (…) Es una elección histórica por el ambiente, que no es normal, es de mucha crispación, que parte o se infla a partir de lo de Iguala. A nosotros ya nos costó un candidato”, recuerda, aludiendo a Ulises Quiroz, de Chilapa. El priista, que dice no formar parte de ninguna de las corrientes internas del PRI, califica de inédita la “indisposición ante los candidatos en la zona de la Montaña. (Los inconformes) son los de la CETEG, a quienes el asunto de Iguala-Ayotzinapa les dio un elemento por el cual manifestarse, en ocasiones violentamente”. Astudillo Flores reconoce que ante esa violencia, su estrategia se ha enfocado en evitar viajar de noche y no acudir a zonas controladas por el MPG, como Tlapa y Chilpancingo, para que su presencia no se tome como una provocación. El exalcalde sostiene que después de casi ocho meses de movilizaciones por la desaparición de los estudiantes, “hay un hartazgo social, sobre todo en Chilpancingo y Acapulco. A la capital (cuyo Zócalo está tomado desde octubre) la destruyeron; la población tiene un sentimiento de impotencia y desesperación”. Ahora bien, para el aspirante el “sentimiento de agravio” de esas dos ciudades operará a favor de la participación ciudadana. Entrevistada el martes 12, Mojica Morga, secretaria de Desarrollo Social en la administración de Ángel Aguirre e integrante de la corriente perredista Nueva Izquierda, conocida popularmente como Los Chuchos, advierte que en materia de seguridad la entidad vive “una circunstancia difícil desde hace mucho tiempo, pero la gente en su vida cotidiana sale a trabajar”. Para ella, los riesgos electorales “tienen más que ver con movimientos sociales que llaman a no salir a votar. Desde luego que nosotros estamos en el convencimiento de que la gente sí salga a las urnas”. Asevera que hasta el 12 de mayo había visitado 55 de los 81 ayuntamientos, y que en ningún lugar ha tenido “incidentes” ni se ha visto obligada a suspender mítines. En contraparte, integrantes del MPG en Tlapa denunciaron el decomiso de propaganda electoral y despensas que supuestamente serían repartidas en actos de campaña de Mojica, el 7 de mayo, así como una pistola escuadra de nueve milímetros y un rifle de asalto R-15, cartuchos útiles y la identificación del portador del armamento, Humebro Martínez Celestino, supuesto policía federal que presuntamente pertenece al cuerpo de seguridad de la candidata. Mojica ha negado cualquier irregularidad. Consultados por separado, Mejía Berdeja y Sandoval Ballesteros ven con sospechas el movimiento contra las elecciones. Coinciden también en que un escenario de miedo sólo beneficia a los partidos con estructuras electoreras: el PRI y al PRD.
Descendiente de dirigentes del Partido Comunista Mexicano y fundadores del PRD, Sandoval Ballesteros identifica a Morena como el partido al que más afecta el movimiento contra los comicios: “A partidos como el PRI y el PRD les conviene que en algunos distritos y municipios no haya elecciones, sobre todo donde hay votación alta. Vemos una utilización de la campaña contra el voto y del descontento social en la Montaña, que es donde hubo más votos a favor de Andrés Manuel López Obrador en 2012.” Sandoval teme que el movimiento social “sea utilizado por los partidos para decir que no hay condiciones para la elección en municipios y distritos específicos”. Para el aspirante, detrás de esa estrategia estaría “la mano del gobierno federal en temas como la suspensión de los salarios a los maestros, lo que generó severas protestas, y ahora los últimos eventos de inseguridad, siendo que es responsabilidad del gobierno federal combatir al crimen organizado y ha sido totalmente omiso”. La negligencia federal, apunta, es evidente: “No se trata sólo de dos o tres candidatos. De enero para acá han muerto más de 300 personas en actos violentos, y a esas personas nadie les hace caso. El problema es que el pueblo de Guerrero no tiene seguridad, se están generando condiciones de normalidad antidemocrática, y creen que así se puede hacer una elección, con los muertos, las desapariciones… y pretenden que Guerrero se acostumbre a ello”. Mejía Berdeja, estratega de las campañas de Convergencia –ahora Movimiento Ciudadano–, asevera que las campañas de miedo ya se han ensayado en Guerrero. Hace ocho años, en la jornada para elegir alcalde de Acapulco en 2008, se documentó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) un operativo en el que participaron “hombres de negro”. En la sentencia de revisión constitucional 165/2008, prosigue, “el TEPJF nos dio la razón: hubo una operativo paraelectoral con el fin de generar miedo en las casillas. Hubo gente vestida de negro que, aparentando ser de una corporación policiaca o algún grupo delictivo, asustaba a quienes iban a votar. A unos los amedrentaban y a otros los agredían directamente”. Pese a que el TEPJF logró vincular a los “hombres de negro” con integrantes de la planilla del PRI encabezada por Manuel Añorve Baños, actual vicecoordinador de la bancada priista en la Cámara de Diputados, el tribunal no invalidó la elección como lo demandaban los representantes de Luis Walton, que quedó en segundo lugar por estrecho margen. Un año más tarde, apunta Mejía, en los comicios intermedios de 2009, también en Acapulco “hubo hechos de violencia, donde gente vinculada a la delincuencia llegaba armada a diferentes casillas a asustar a los ciudadanos. Eso fue denunciado ante el Consejo General del IFE”. Con estos antecedentes, puntualiza, “lo que estamos viviendo es un coctel en el que se mezclan movimientos sociales en contra del voto, el crimen organizado y estrategias de inhibición de la participación ciudadana”. A diferencia de Sandoval Ballesteros, que identifica al gobierno federal como responsable de la ingobernabilidad, para Mejía “no sólo la mano, sino el cuerpo del gobernador sustituto (Rogelio Ortega) está metida, está operando para Los Chuchos como parte de una estrategia: por un lado asustas, inhibes, generas miedo, y por otro lado movilizas las estructuras clientelares, que son producto de la manipulación de programas sociales”. l
En Sonora, lucha de rudos contra... rudos José Gil Olmos y Milton Martínez En Sonora, los priistas se lanzan contra los panistas, hablan de corrupción y acusan al gobernador Guillermo Padrés de querer reelegirse a través de su candidato: Javier Gándara Magaña. Y aseguran que el mandatario y sus seguidores no quedarán sin castigo. Los panistas, a su vez, responden con denuestos para embarrar a sus rivales. Para algunos investigadores locales, lo que está detrás de las campañas es una pelea entre el mandatario estatal y Manlio Fabio Beltrones, de cara a los comicios presidenciales de 2018. HERMOSILLO, SON.- De acuerdo con las encuestas, los candidatos del PRI y del PAN a la gubernatura, Claudia Pavlovich y Javier Gándara Magaña, están técnicamente empatados en la intención del voto, de ahí sus afanes por convencer al 10% de los indecisos en la recta final de sus campañas. Durante semanas Pavlovich y Gándara desplegaron su estrategia de guerra sucia que incluyó de todo: filtraciones, espionaje, corrupción, acusaciones de enriquecimiento inexplicable y tráfico de influencias de familiares de los candidatos. Detrás de esta elección, observan algunos sonorenses, el gobernador Guillermo Padrés Elías y el líder del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones Rivera, mueven sus piezas para apuntalar su proyecto político con miras a los comicios presidenciales de 2018. “¿Por qué en Nuevo León, Jalisco o el Distrito Federal, que son entidades política y económicamente fuertes, no se ha dado esto?”, se pregunta el expresidente del Consejo Electoral sonorense, Francisco Javier Zavala Segura. Y responde: “En el caso de Padrés, si gana su candidato –Gándara Magaña–, estaría en condiciones de disputar la candidatura presidencial a Gustavo Madero y Rafael Moreno Valle, quien también la está buscando. Así como están las cosas, Padrés ya no aspiraría sólo a la dirigencia del PAN, que actualmente ostenta Madero, sino a la candidatura presidencial”. En cuanto al PRI, añade, el proyecto presidencial de Beltrones se apuntalará si gana Pavlovich; también está su hija, Silvana Beltrones, quien quiere una dipu-tación. “Es posible que después busque la senaduría y, como se estila en Sonora, más adelante, la gubernatura”, sostiene Zavala. El miércoles 13 Beltrones admitió que al término de su encomienda legislativa buscará la dirigencia nacional del PRI, toda vez que César Camacho Quiroz ocupará un escaño en San Lázaro. Si consigue esa posición, Beltrones no tendría problemas para ser candidato presidencial en 2018, comenta el expresidente del consejo electoral. Por el momento, advierte, es posible que el tono subido de la guerra sucia entre el PRI y el PAN se deba a la ruptura de algún acuerdo entre Padrés y Beltrones, quienes se reunieron en la Ciudad de México el 26 de enero, horas antes de que Pavlovich fuera elegida candidata del PRI. “Algo se rompió después de aquel café travieso; incluso se publicó la foto en redes sociales. Era un mensaje de ciertos compromisos entre Padrés y Beltrones de que ya no iba como candidato del PRI Ernesto Gándara Camou”, indica Zavala Segura. Supone que el presunto rompimiento se debe a las cinco intervenciones telefónicas
sobre Pavlovich realizadas hace dos años y publicadas en algunos medios, como Reforma, en marzo pasado. Al parecer, en 2014 ella gestionó ante el subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Raúl Murrieta, modificar bases de una licitación para favorecer a Samuel Fraijo, dueño de la constructora Exploraciones Mineras del Desierto-San Luis Río Colorado. Al parecer, dice, Fraijo le “prestó” en ese tiempo la avioneta Cessna N233JH para que fuera de compras a Las Vegas cuando era senadora; ya como candidata, Pavlovich usó esa misma aeronave para trasladarse a un acto proselitista en San Luis Río Colorado. Zavala insiste: “Yo digo que (la presunta ruptura) fue por ese espionaje telefónico. Es a partir de entonces que se agrava la campaña; a partir de entonces el tema de Sonora se volvió nacional”. Leopoldo Gómez, investigador de El Colegio de Sonora, advierte que todo se resume en ver quién es más corrupto. En el caso de Padrés, su imagen queda tan deteriorada que poco ayuda a su candidato, mientras Pavlovich presenta una mala imagen porque, siendo regidora, apoyó a los responsables de la tragedia de la guardería ABC. Corrupción envolvente La guerra sucia embarra a todos, según la documentación consultada por Proceso. Un ejemplo: el 2 de agosto de 2011, Roberto Romero López, secretario de Gobierno y cercano al gobernador Padrés, adquirió a nombre de sus progenitores el predio Temporal de Pascual Díaz, de 24 hectáreas, en San Juanico-El Tazajal, municipio de Hermosillo, según la escritura pública 2038 volumen 23, y lo hizo ante el notario 80, Horacio Sobarzo Morales. Mes y medio después, el 23 de septiembre de 2011, mediante la escritura 2130 volumen 24 otorgada por el mismo notario, sus padres le donaron a Romero López esa superficie valuada en 3 millones de pesos. Romero López fue coordinador de campaña de Padrés y al inicio de la administración fue nombrado secretario técnico del gabinete. Luego, a la salida de Héctor Larios Gaxiola, se convirtió en secretario de Gobierno. Pavlovich sostiene que Romero es uno de los principales operadores electorales de su contrincante, Gándara Magaña. Del lado del PRI las cosas también son turbias: Claudia Pavlovich se adelantó a la filtración de documentos sobre la compra de un departamento en el exclusivo fraccionamiento Scottsdale en Arizona, por medio de su esposo, Sergio Torres, en diciembre de 2013. Su costo: 340 mil dólares. Según el sitio web de la empresa de bienes raíces Zillow, el inmueble se ubica en la calle North Grayhawk Drive 19475, una zona exclusiva que cuenta con piscina, spa, gimnasio y casa club. Tiene dos recámaras, dos baños completos, cochera techada, patio y 155 metros cuadrados de construcción. El jueves 14 por la tarde, ella presentó ante el Instituto Mexicano para la Competitividad y Transparencia Mexicana tres declaraciones: la patrimonial, una de intereses y una fiscal en la cual incluyó ese inmueble, aunque no proporcionó más detalles. Javier Gándara Magaña no presentó la patrimonial “por cuestiones de seguridad para su familia”, explicó. Sin embargo, el lunes 11 el periódico Milenio publicó una lista de propiedades del panista y su familia en Estados Unidos, cuyo valor estimado asciendea 117 millones de pesos. Finalmente, el jueves 14, Gándara acudió a la Notaría Pública 107 y presentó sólo sus
declaraciones de intereses y fiscal, pero no las dio a conocer públicamente. Según algunos empresarios sonorenses, en 2011 Padrés “le perdonó” el pago de 708 millones de pesos en impuestos. Y aunque él lo niega, cuando se trató de consultar su portal, javiergandara.mx, estaba caído, por lo que no se sabe si pagó esa cantidad. Asimismo, a principios de diciembre pasado los regidores priistas del cabildo hermosillense denunciaron a Gándara ante la Procuraduría General de la República por el presunto desvío de 140 millones de pesos en 2011, cuando era presidente municipal de la capital, según la revisión de la cuenta pública de ese año. Proceso solicitó una entrevista con Gándara, pero el vocero de su equipo de campaña, Carlos Díaz Ayub, respondió que no era posible, “por problemas de agenda”. Elección de estado Claudia Pavlovich, la primera candidata del PRI a la gubernatura de Sonora, va con Nueva Alianza y el Partido Verde Ecologista. En 2000 compitió, sin éxito, por la alcaldía de Hermosillo. Su compañero de fórmula fue el entonces priista Javier Gándara, quien hoy le disputa la gubernatura arropado por el PAN. Pavlovich acusa al gobernador Padrés del golpeteo en su contra porque, dice, quiere imponer a Gándara: “¿Qué se puede esperar de alguien que te espía durante dos años? Él y su gente graban las llamadas y las editan; está haciendo un juego perverso”. En 2013, dice, el senador priista Ernesto Gándara Camou, primo de Javier Gándara, compitió por la candidatura para gobernador. También fue víctima de espionaje telefónico. –¿Usted acusa al gobernador de meter la mano en todo esto? –¡Totalmente! Es una elección de Estado y todo mundo lo sabemos. Todos lo dicen, a todos amenazan. –¿Por qué cree que hay tanto interés del gobernador en esta elección? –Porque está de por medio su permanencia. Él y su gente saben que la forma en que pueden tener inmunidad e impunidad es por medio de la reelección… a través de su candidato. –¿El gobernador Padrés quedaría impune si gana Gándara? –Sin duda. Claudia Pavlovich acusa a Roberto Romero de ser uno de los operadores electorales de Gándara desde Navojoa. “Él opera desde allá. Habla por teléfono a los medios y uno se pregunta quién está gobernando”, señala. Sobre la presencia de Beltrones en su campaña, ella afirma que “es un amigo de los sonorenses” y admite que la está apoyando. Sin embargo, asegura que su carrera política empezó en 2000, con el gobernador Armando López Nogales. Desde entonces, comenta, ha remado a contracorriente. –¿Cómo la apoya Beltrones? –Básicamente me da consejos, como me los da mi madre, que es muy sabia. –¿No observa esta guerra de proyectos presidenciales entre Beltrones y Padrés? –No. Más bien observo un gobierno que se quiere perpetuar en la impunidad y la corrupción. l
La herencia corrupta de Padrés José Gil Olmos Guillermo Padrés Elías, descendiente del general Plutarco Elías Calles, considerado el fundador del PRI, es hoy, por paradojas de la historia, el primer gobernador de Sonora emanado del PAN. Se le conoce por su bigote bien recortado, cabellos perfectamente peinados y su impecable vestimenta. Con ese singular perfil llegó al gobierno de Sonora en 2009 tras derrotar a su primo priista Alfonso Elías Serrano. Desde el principio prometió un “Nuevo Sonora”, alejado de la sombra de corrupción, nepotismo, narcotráfico, violencia y sobornos de sus antecesores. Pero a la postre resultó igual que sus opositores. En cuatro años de gestión, la entidad alcanzó niveles históricos de corrupción y nepotismo. Además, la deuda pública se incrementó 53% sólo en 2014. Hoy llega a 14 mil millones de pesos, según un informe de la Secretaría de Hacienda. En la entidad son famosos los apellidos Padrés, Bours, Rivera, Gándara, Elías, Castello, Durazo, cuyos portadores se disputan el gobierno y los negocios. Desde su llegada al gobierno, Padrés Elías fue uno de los favoritos de Felipe Calderón, quien lo apoyó con un préstamo de 3 mil millones de pesos para la construcción del polémico acueducto, pese a la negativa del Congreso local. Uno de sus hermanos, Miguel Padrés Elías, es conocido por cobrar cuotas de 30% a quienes buscan ganar una licitación o emprender un negocio en Sonora. Por eso le llaman El 30. Otro beneficiado es Francisco Padrés, tío del mandatario, director del Instituto Catastral y Registral de Sonora (Icreson), desde donde es fácil hacer negocios con inmuebles y terrenos en toda la entidad. Padrés repite lo que criticó a su predecesor Eduardo Bours Castello, quien benefició a su familia con el centro turístico de Puerto Peñasco e infinidad de permisos de obra, adquisición de terrenos y venta de automóviles. Sus detractores lo acusan de lucrar con la construcción de una presa en su rancho Pozo Nuevo, de 3 mil 670 hectáreas, ubicado a cinco kilómetros del pueblo de Bacanuchi. Según los pobladores, entre finales de 2011 y principios de 2012 se construyó ahí la presa El Titanic, sin tener el título de concesión de la Comisión Nacional del Agua ni la Manifestación de Impacto Ambiental por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y aunque Padrés alega que El Titanic existe desde hace 60 años y es para beneficio del pueblo, los habitantes de la región precisan que la construcción de la presa data de hace tres años y sólo sirve para Guillermo Padrés Dagnino y Miguel Padrés Molina, hijo y sobrino del gobernador, respectivamente. Otros beneficiados por Padrés son Héctor Herminio Ortiz Ciscomani, titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura, a quien se acusa de un desvío de fondos públicos superior a los 36 millones de pesos para empresas de sus hijas, cuñada y hermanos. Existen múltiples cuestionamientos a Padrés por su falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos. Nadie sabe dónde están los 600 millones de pesos autorizados por el Congreso estatal para fortalecer el transporte, o los remanentes de
la reducción de 2 mil millones a 200 millones de pesos al fondo de pensiones del ISSSTESON, Nadie se explica tampoco por qué 20% de niños de cuatro a 10 años se están quedando sin vacunar por falta de presupuesto ni por qué se han duplicado las muertes de mujeres al momento de dar a luz. El mandatario tampoco ha aclarado en qué usó los 630 millones de pesos anuales que ingresaron a las arcas del estado por el impuesto supletorio de 35 centavos por litro de gasolina vendido, gravamen que estableció Felipe Calderón durante su sexenio. Muchos se quejan por los tributos que aplica a su libre arbitrio, entre ellos el cobro de 3% a vehículos con una antigüedad no mayor de 10 años sobre el valor de la factura menos el IVA; o el 15% por cambio de placas, impuesto sobre nómina, licencia de conducir, expedición de actas de nacimiento y carta de antecedentes no penales, entre otros. Malas compañías Después de asumir como gobernador, Guillermo Padrés Elías tenía un nivel de simpatía superior a 50% entre sus representados. Su capital político se derrumbó al poco tiempo, pues se empecinó en mantener como procurador a Abel Murrieta, a quien los padres de los 49 niños muertos en la guardería ABC durante un incendio ocurrido el 5 de junio de 2009 acusaron de negligencia. Los sonorenses consideraron la ratificación de Murrieta como un pacto con Eduardo Bours, a quien responsabilizan de la tragedia, pues al lado de la guardería estaba un almacén de la Secretaría de Hacienda estatal en la que se quemó papelería oficial. De hecho, una de las líneas de investigación señala que el incendio fue provocado para desaparecer evidencia sobre presuntas deudas. Murrieta fue procurador hasta 2012, cuando se lanzó como diputado local por el PRI. Con ello obtuvo fuero legislativo y evitó ser investigado. A Murrieta se le señala también en el caso del reportero Alfredo Jiménez, quien desapareció en 2005 cuando investigaba las relaciones del gobierno de Bours con el narco. El fiscal también apareció como el negociador del gobierno de Padrés con el narcotráfico, según uno de los expedientes de Wikileaks publicados por el reportero Jesús Barraza en su portal de San Luis Río Colorado. Otro personaje cercano a Padrés es Alfredo Vergara Álvarez, El Licenciado, quien participa en despojo de tierras y acapara negocios públicos bajo el amparo del gobierno panista; también se le ha involucrado en el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. El escándalo del derrame de productos tóxicos de una empresa minera del Grupo México sobre el río Sonora, ocurrido el 6 de agosto del año pasado y en el cual resultaron afectadas 24 mil personas, fue mal manejado por el mandatario, quien se extralimitó al querer expulsar a los delegados de Profepa y Semarnat, una facultad que sólo compete al presidente de la República. Por ese desatino, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, le canceló una reunión, además de que le reclamó su actitud ante la crisis política generada por su decisión de expulsar a los delegados en vez de ayudar a resolver la crisis ecológica. De acuerdo con la encuesta Evaluación ciudadana sobre desempeño e imagen institucional, gobierno del estado de Sonora 2014, de la Coordinación Universitaria de Estudios de Opinión de la Universidad de Sonora, 47.9% de la población tiene una percepción muy negativa sobre la situación que guarda la entidad, y 48.8% siente que
el mandatario no está haciendo nada para resolverla. Al término de su gestión, Padrés se va con los peores índices de aceptación social, al igual que sus correligionarios Vicente Fox y Felipe Calderón. l
Con sus megaproyectos, Graco unificó... en su contra Arturo Rodríguez García La represión, el acarreo y el clientelismo practicados por el gobernador Graco Ramírez para imponer varios megaproyectos energéticos, extractivos e industriales agrupados en Proyecto Integral Morelos (PIM) han motivado una serie de movilizaciones campesinas. Aunque varias han sido disipadas por fuerzas estatales y federales, crece la oposición a esas obras “de destrucción y muerte”, como las llama un nieto de Emiliano Zapata, Jorge, quien, luego de que un hijo suyo fue baleado, advierte: “Aquí vivimos y aquí nos vamos a morir, pero no a lo tonto...”. PLAN DE AYALA, Mor.- La noche del 2 de abril, el abogado Uri Olivares Adame transitaba en su vehículo por la ampliación del camino a Jiutepec. Iba acompañado por un bisnieto del caudillo revolucionario Emiliano Zapata cuando, desde dos camionetas tipo todoterreno, los atacaron a tiros. Eran como las 20:30 horas, y Olivares distinguió que desde los vehículos se alistaban a disparar, por lo que aumentó la velocidad mientras destrozaban la parte trasera de su Jetta. No frenó ni cuando una bala lo impactó muy cerca de la nuca. Su acompañante resultó ileso. Hasta el 10 de abril, Olivares Adame, quien es abogado de Jorge Zapata González –nieto del caudillo y padre del joven que libró el ataque, a quien pidió no identificar–, permaneció hospitalizado y las semanas siguientes estuvo en recuperación. La bala entró y salió, perforándole el músculo del cuello, muy cerca de puntos vitales. Para Jorge Zapata, “el pleito está declarado” por el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu contra los pueblos que en varias zonas de Morelos se oponen a megaproyectos energéticos, extractivos e industriales. “Son megaproyectos de destrucción, de muerte”, sentencia. Organizaciones campesinas y líderes comunitarios responsabilizan al mandatario de imponer esas obras para favorecer a grandes trasnacionales practicando clientelismo y represión. Desde 2014, la resistencia a los megaproyectos se unió a la Asamblea Permanente de Pueblos de Morelos (APPM) para mantener su lucha. Ya el 23 de octubre de 2012, tres semanas después de que Graco asumió la gubernatura, un contingente de 300 policías arribó a las inmediaciones de Huexca, comunidad nahua de Yecapixtla, para desalojar a las campesinas que desde hacía meses impedían el paso de maquinaria con que la empresa española Abengoa quería iniciar la edificación de una termoeléctrica. La obra forma parte del Proyecto Integral Morelos (PIM) de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ideado en el gobierno de Felipe Calderón, quien esperaba inaugurarla en su sexenio. La movilización en Huexca lo frenó. El PIM se propone construir dos termoeléctricas de ciclo combinado en Huexca dentro de un predio de 50 hectáreas. La primera planta está por terminarse. Para alimentar las termoeléctricas se planeó construir un gasoducto (de 30 pulgadas de diámetro por 150 kilómetros de largo) a partir de la refinería de San Martín Texmelucan, Puebla, atravesando unas 60 comunidades de Tlaxcala, Puebla y Morelos, además de rodear el Popocatépetl por la zona de alta peligrosidad. Del mismo modo, se proyecta una línea eléctrica para conducir la energía a una
subestación ubicada en Yautepec, Morelos. También se requiere un acueducto de 20 pulgadas de diámetro y 20 kilómetros de longitud que iría de Plan de Ayala a Huexca. En la segunda etapa se prevé una línea de transmisión que rodearía Toluca para llegar a Querétaro (Proceso 1870). Todavía en 2014, los campesinos que dependen del río Cuautla dudaban que el gobierno pudiera entregar el agua. Inclusive, Zapata aceptó una mesa de diálogo con el gobierno estatal en febrero de ese año. En entrevista con Proceso, Zapata afirma que aceptaron la mesa porque les preocupaba el agua del río Cuautla. Mas cuando conocieron los estudios de impacto ambiental y la experiencia de otros lugares del mundo decidieron resistir todo el PIM, “la madre de todos los megaproyectos” en la entidad. Según Zapata, el acueducto se basó en un cálculo falso, que contempló un caudal de 8 mil litros de agua por segundo, aunque el río lleva únicamente 630 litros por segundo. La primera termoeléctrica requeriría 580 litros, dejando sólo 50 litros para abasto y riego de 19 ejidos y siete pequeñas propiedades, equivalentes a 10 mil 800 hectáreas de tierra productiva, con mil 200 usuarios. Lo anterior, sumado a un alto grado de contaminación. Sus datos están basados en el propio Manifiesto de Impacto Ambiental de la CFE. Ahí, en el Capítulo II, se enlistan las sustancias químicas a emplear en el tratamiento de agua, como hipoclorito de sodio, ácido sulfúrico, biodispersantes y antiespumantes. La consecuencia, dice Zapata, serán cosechas pobres con hojas amarillentas y plantas débiles, por desmineralización; gas cloro que producirá lluvia ácida y que, en una explosión, dañaría al menos 14 kilómetros a la redonda. En agosto de 2013 el Juzgado Séptimo de Distrito, con sede en Morelos, concedió la suspensión provisional que demandaron los ejidatarios de Anenecuilco, a través del juicio de amparo 1248/2013. No obstante, el pasado 18 de marzo policías estatales y federales, al igual que soldados, llegaron a San Pedro Apatlaco con el fin de proteger a trabajadores y la maquinaria de la empresa Tubomex, subcontratada por Abengoa para terminar el acueducto. Desde esa fecha, habitantes de la comunidad de Anenecuilco tienen un campamento para evitar el avance. En los días siguientes, el abogado Uri Olivares tramitaba el incidente de inejecución de sentencia por la violación del amparo cometida por la CFE, el gobierno municipal y el estatal, que intentaron continuar la obra. En las 48 horas previas al 2 de abril –fecha en que tirotearon al abogado y al hijo de Jorge Zapata– se habían girado las órdenes judiciales para requerir los informes a las diferentes autoridades y cuerpos de seguridad implicados en los hechos del 18 de marzo. Presiones y represiones de Graco Las sanciones por inejecución del amparo de Anenecuilco afectan, entre otros, al ayuntamiento de Ayala, donde era alcalde el panista Manuel Tablas Pimentel. –¿Tienen hostigamiento del crimen organizado? –se pregunta a Zapata. –No. Y si lo hubiera, sería por el mismo gobierno –ataja. Para Samantha César, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTAMPT), hay una estrategia generalizada en la que participan funcionarios públicos y grupos cooptados por el gobierno estatal para
dividir a las comunidades mediante ayudantías municipales, comisariados ejidales y una figura de consejos ciudadanos, a los que describe como grupos de choque. Ese tipo de consejos ciudadanos son los que aprueban y firman autorizaciones comunales sin dar parte a los habitantes de los diversos pueblos que, cuando generan movilizaciones, se ven hostigados. Entonces deviene el enfrentamiento, y así se legitima el uso de las policías y el Ejército. Luego del mencionado desalojo de 2012, el FPDTAMPT ha denunciado agresiones, torturas, secuestros y amenazas, aparte de que varios de sus dirigentes fueron encarcelados en Morelos y Puebla. El 4 de diciembre de 2012 se desalojó el plantón en Jantetelco, Morelos, que protestaba contra el ayuntamiento por autorizar el gasoducto sin acuerdo de la asamblea. Detuvieron a Jaime Domínguez y a dos personas más. En San Gabriel Tepepa los colonos se reunieron para impedir el avance del acueducto, pero el 19 de septiembre de 2013 la Policía Estatal desalojó y detuvo otra vez a Domínguez, quien fue torturado; dos días después consiguió su libertad. En Puebla, el gobernador Rafael Moreno Valle incurría en las mismas prácticas. Igualmente opositora al PIM, Enedina Vélez, presidenta del comisariado ejidal de San Felipe Xonacayucan –a quien se le imputó el delito de robo aunque no había denunciantes–, fue encarcelada el 6 de abril de 2014, y el día 9 se detuvo en la capital poblana a Juan Carlos Flores Solís, cuando salía de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, luego de interponer una queja por la detención de Enedina. Integrante del FPDTAMPT, con influencia en la zona cholulteca, Flores Solís asesoró al movimiento contra el PIM y, para agosto de 2012, tenía numerosos documentos técnicos. Asimismo, invitó a investigadores de universidades de México y el extranjero que reprobaban el PIM. Mientras tanto, la empresa italiana Bonatti avanzó en el gasoducto, que hasta ahora sigue seccionado pues sólo atraviesa las comunidades que no opusieron resistencia; en las otras sigue el hostigamiento. La escalada de Puebla parecía coordinada con Morelos. El 13 de abril de 2014, a Amilcingo, Morelos, comunidad limítrofe con Puebla, arribaron contingentes policiales disparando al aire y lanzando gases lacrimógenos. Días antes Aarón Aguilar había sido secuestrado por unas horas. En esa fecha Aarón fue uno de los cinco detenidos, pero sólo a él lo retuvieron tres días “por haber dado hospedaje” en fechas anteriores a Juan Carlos Flores, según la versión oficial. A las 14:00 horas, los policías intentaron entrar a la comunidad, donde hubo dos choques. Los habitantes, armados con herramientas de cultivo y piedras, oían resonar los tiros de la policía. El gobierno de Morelos aseguró ese día que no empleó armas, pero Julio Solís Barranco recibió tres balazos en una pierna. El 28 de abril siguiente, funcionarios estatales, custodiados por 40 patrullas y una sección militar, llegaron a Amilcingo para supervisar obras. Iban acompañados de Humberto Sandoval, dirigente de la Central Campesina Cardenista, identificada por la APPM como corporativo perredista que integra asambleas con acarreados en las comunidades y genera confrontaciones. Según Samantha César, ese día les quedó claro que la oferta de obras pretende convencer a las poblaciones de aceptar los megaproyectos. Detrás de las tácticas de clientelismo y represión, siempre estuvo Jorge Messeguer, el secretario de Gobierno y
el subsecretario, Ricardo Robledo, acusa. Zapata recuerda que el gobernador Graco Ramírez ofreció mil millones de pesos para el campo, incluyendo presas y canales, para los que no habrá agua si persisten en imponer el PIM. Como el ayuntamiento de Ayala autorizó el acueducto, Jorge Zapata y un grupo de campesinos tomaron la Presidencia Municipal el martes 12 con la exigencia de que se revierta la autorización. Ahí permanecían hasta el cierre de esta edición, pese a la promesa del alcalde interino de oponerse al PIM. Respecto al alcalde Tablas, hoy es candidato del PAN a diputado, mientras que Messeguer es postulado por el PRD a la alcaldía de Cuernavaca. La raíz de todo Desde el desalojo de Huexca en 2012, la autopista La Pera-Cuautla y la Siglo XXI tienen patrullaje permanente. Entre la maleza del bosque suelen ocultarse patrullas en vigilancia, mientras caravanas policiacas recorren las vías, pasando frente a los pueblos con oposición al PIM y a proyectos carreteros. El 23 de julio de 2013, policías estatales y federales atacaron un campamento ciudadano que quería evitar la ampliación de la autopista La Pera-Cuautla. La zona está protegida por dos decretos presidenciales. El 26 de mayo de 2014 los trabajos quedaron suspendidos por orden del Tercer Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito, ya que los ejidatarios presentaron el recurso de revisión 17/2014. En respuesta, la PGR abrió una averiguación previa contra Humberto Ayala, Uriel Garrido, Fulgencio Medina, Lino Palacios, Lázaro Rodríguez Castañeda, Lilia Villamil Ayala y Manuel José Contreras, integrantes del Frente en Defensa de Tepoztlán. En Tepoztlán, la consulta ciudadana se realizó igual que en otras partes: prácticas clientelares, compra de votos y acarreo de otras comunidades. Luego, uso de policías contra inconformes. En todos los proyectos prevalece la falta de información y de consulta, afirma Saúl Roque, comunero de Xoxocotla, pueblo del suroriente de Morelos, donde encabezó la resistencia contra la instalación de la minera canadiense Esperanza Silver. En las comunidades nunca se realizó consulta, y aunque la concesión se otorgó 10 años atrás, ahí se enteraron apenas en 2013. La concesión es para explorar 15 mil hectáreas, en cuyo perímetro se ubica la zona arqueológica de Xochicalco, que es Patrimonio Cultural de la Humanidad. La minera se vio obligada a desistir ante las movilizaciones, pero transfirió su concesión a la también canadiense Álamos Gold. Mediante la compra de comisariados y dádivas en las poblaciones, Álamos Gold intenta implementar un proceso extractivo a cielo abierto y lixiviación que, por contaminante, es rechazado por expertos (Proceso 1915). Saúl Roque afirma que ese megaproyecto minero impactaría Temixco, Xochitepec y Miacatlán; provocaría un daño irreversible a los lagos de Coacatelco, el Rodeo y Tequesquitengo, destruyendo tanto el cultivo como la actividad turística de bajo impacto de la zona, repleta de balnearios. Por si fuera poco, dañaría las cuencas hidrológicas que abastecen al estado. Para Roque, el fondo de todo es el PIM, pues sostiene que de ahí abastecerán a las
mineras y conformarán el anunciado nuevo parque industrial de Yecapixtla, para lo cual necesitan las autopistas y un basurero en Anenecuilco. –Si el PIM, las minas y las carreteras son federales, ¿por qué acusan a Graco Ramírez? –se les pregunta. –Son todos, por corruptos y alcahuetes. El gobierno de Peña Nieto sabe lo que sucede y nos manda a la Policía Federal. Pero el que opera todo es Graco. A nosotros nos han dicho que su hijo (se refiere a Rodrigo Gayosso Cepeda, hijo de la primera dama Helena Cepeda y líder del PRD en la entidad) tiene intereses en Abengoa, pero no lo podemos comprobar –responde Zapata. “Todos los que están al frente de ese megaproyecto van a agarrar talegas de dinero y se van a ir a otro país, pero nosotros aquí nacimos, aquí vivimos y aquí nos vamos a morir, pero no a lo tonto; y si nos va la vida en el intento, lo tenemos que hacer”, concluye. l
Su nieto revive la lucha de Zapata Arturo Rodríguez García Jorge Zapata González se declara dispuesto a morir. Lo dice en voz alta, con el tono seco del campesino suriano. Y reivindica lo dicho por su abuelo, el general Emiliano Zapata: mejor morir luchando que vivir arrodillado. Jorge Zapata lucha contra los megaproyectos energéticos, mineros, hidráulicos; contra el despojo de tierras y aguas; contra los políticos, a quienes califica de peones de las trasnacionales: “No quiero que mis descendientes sean esclavos de esos cabrones. Ya se hicieron dos luchas (Independencia y Revolución) y fueron contra los mismos españoles. Ésta es la tercera que tendremos, por la alcahuetería de los gobiernos entreguistas. “Ésta es la tercera y la vencida. Es la definitiva y tiene que ganar el pueblo. Ni modo que… pos… y si no, ¿para qué servimos?” Toma el sombrero al estilo texano, por la copa, y lo deja en una silla antes de sentarse a fumar y hablar de la lucha que de la defensa del río Cuautla pasó a hermanar causas de pueblos distantes. El miércoles 20 será anfitrión de la Caravana por la Defensa del Agua, el Territorio, el Trabajo y la Vida, que el pueblo yaqui realiza por las zonas del país afectadas por los megaproyectos. Se proponían llegar a Anenecuilco y relanzar el Plan de Ayala, además de solidarizarse con los pueblos morelenses que rechazan el Proyecto Integral Morelos (PIM), la minería a cielo abierto y la industrialización de tierras y aguas de cultivo. Jorge Zapata no está de acuerdo con ese relanzamiento. Intransigente con la historia del Plan de Ayala, acepta, eso sí, una “reivindicación”, una “ratificación” o el lanzamiento de otro plan que puede ser de Anenecuilco, de Apatlaco, pero que no se toque el Plan de 1911, el de su abuelo. Zapata González consiguió un amparo en 2013 contra el acueducto que se construía para enfriar una termoeléctrica. Pero a mediados de marzo, trabajadores subcontratados por la empresa española Abengoa avanzaron con custodia policiaca hasta que en San Pedro Apatlaco se instaló un campamento de campesinos que impiden la construcción. A ese campamento llegarán la caravana yaqui y otra que partirá de Chiapas. Éstas tendrán un momento político importante cuando se reúnan en Xochimilco un día antes, y ya en Anenecuilco se espera que hagan un pronunciamiento. Hasta ahí llegarán estudiantes y maestros de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) e integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, además de una comisión de la Normal de Ayotzinapa. “Mejor sin puesto” Hace unos años a Zapata González se le identificaba con el PRI. Pero, a diferencia de muchos descendientes de caudillos, no ocupó cargos públicos. En 2008 contendió por la dirigencia de la Confederación Nacional Campesina en la entidad –sólo “porque se lo pidieron los campesinos”–, pero no lo dejaron llegar “porque uniría al campesinado”. Se quedó en Anenecuilco para cultivar sus tierras, y aunque asegura que le han ofrecido diputaciones, la alcaldía y otros puestos, prefiere su independencia: “Luego
quedo atado de manos y así no, así sin carteras, las chingaderas que yo les quiera decir se las digo en su cara. De otro modo me van a callar la boca con un ‘cállese, cabrón, que de ahí está tragando’. Mejor sin puesto”. Por las calles de Ciudad Ayala, en los pueblos y comunidades morelenses o en la UAEM –donde habló con Proceso el viernes 8– la gente se acerca para fotografiarse con él. Accede, muy amable. Cuatro días después, el jueves 12, salió con un contingente del campamento de Apatlaco para tomar la Presidencia Municipal de Ayala, donde permanecía hasta el cierre de esta edición. Ante el PIM y una concesión minera en el suroriente de Morelos, cuestiona: “¿Cómo va a ser posible que vayan a crear electricidad a costa de los recursos de los campesinos para que se hinchen de dinero unos cuantos, la mayoría extranjeros?”. Él mismo responde que de Ayala salen entre 30 y 35 camiones diarios a la Central de Abasto de la Ciudad de México, los cuales dejarán de salir. Los campos estarán muertos, los campesinos beberán y respirarán contaminación, se perderán las tradiciones, la cultura. Son proyectos, dice, de destrucción. Nuevos latifundios En sus intervenciones de los últimos años, Jorge Zapata suele condenar el uso del nombre de su abuelo por los políticos. Denuncia al gobernador Graco Ramírez por generar división, por la represión policiaca y por el ataque contra uno de sus hijos el pasado 2 de abril. Cuando habla de los megaproyectos energéticos, de las tiendas de autoservicio o de los desarrollos inmobiliarios, lo hace con datos duros: “Son los nuevos latifundistas”. Recuerda que en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón le entregaron 51 millones de hectáreas a la minería, en 26 mil permisos de explotación, con un costo por hectárea de cinco a 111 pesos. “Nos van a acabar, porque también las mineras utilizan agua, contaminan mucho y lo que extraigan se lo van a llevar. ¿Y nosotros qué? Si somos de los pueblos originarios que debemos disfrutar los recursos naturales que Dios nos dio, ¿por qué van a venir extranjeros a privarnos de ello?” Lo mismo con los especuladores de bienes raíces, que compran tierras para sus desarrollos y luego mandan a secuestrar a los campesinos que vendieron para recuperar su dinero; con las grandes cadenas de tiendas que proliferan en pequeñas ciudades, aniquilando sus economías. “De las reformas que se aceptaron el año pasado no hay una sola que beneficie al pueblo. Ahorita nada más les falta la privatización del agua, que afortunadamente está congelada en el Congreso, pero el día que le den luz verde, ¿qué va a ser de toda la nación?” Se muestra convencido de que las reformas impulsadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto se aprobaron a base de dinero para los congresistas. “Esto no es proyecto nuevo, lo vienen maquinando desde el pelón de Salinas de Gortari, que todavía tuvo el cinismo de ponerle Emiliano a uno de sus hijos, según él en honor de mi abuelo. ¡El pinche hipócrita!”. “La lucha ya no es por nosotros, es por las siguientes generaciones. Así como nuestros abuelos lucharon por que nosotros tuviéramos una vida mejor, ahora tenemos que hacerlo nosotros. Un día me pueden reclamar mis nietos: ‘Tú pudiste hacer algo y no
hiciste nada. ¿Para qué serviste?’ ¿Con qué valor los voy a ver a los ojos?... Aunque vayamos a caer en el intento, que se sientan orgullosos de nosotros, así como yo me siento orgulloso de mi abuelo.” l
Simojovel Los mató la miseria Isaín Mandujano El fallecimiento de dos infantes y la hospitalización de otros 29 en Simojovel, Chiapas, a raíz de que los vacunaron el viernes 8, apresuró a la burocracia del IMSS a establecer que las vacunas estaban certificadas y vigentes. Cualquiera que sea el dictamen sobre las causas directas de la tragedia, los padres afectados denuncian que en esa región se muere de parto y de infecciones intestinales, es decir, por falta de servicios médicos, por miseria. LA PIMIENTA, SIMOJOVEL, Chis.- Yadira y Emmanuel Francisco sólo vivieron 30 y 28 días, respectivamente. Pero oficialmente no existieron porque fueron sepultados sin acta de nacimiento ni acta de defunción, víctimas del fallido sistema de salud pública que prevalece en las comunidades rurales indígenas de Chiapas. En las montañas del norte del estado, que antes eran de selva baja y ahora son una vasta región deforestada, agujereada por minas rústicas de ámbar, se encuentra enclavada esta comunidad: La Pimienta. Se trata de una localidad de alrededor de 2 mil 500 habitantes y 800 casas amontonadas, sin calles; es una de 123 poblaciones que rodean la cabecera municipal de Simojovel. La demarcación padece alta marginación y pobreza, con los más bajos índices de desarrollo humano. Toda la población es indígena tzotzil. Según el más reciente informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 68.6% de los habitantes de este municipio vive en pobreza extrema y 24.5% en pobreza moderada. Los más de 40 mil 300 habitantes cuentan sólo con seis unidades de salud. El personal médico es de tan sólo 11 personas. En Chiapas existen 557 unidades médicas rurales del programa IMSS-Prospera, y una de ellas constituye la única presencia médica en esta comunidad. Además, debe atender a otros cuatro poblados cercanos. El pasado viernes 8, La Pimienta salió del anonimato a la notoriedad mediática, como muchas otras localidades marginadas, por una tragedia: la muerte de dos bebés y la hospitalización de 29 tras recibir las vacunas contra hepatitis B, tuberculosis y rotavirus. Ese día el médico Roberto Calvo León y su enfermero Brígido Hernández Pérez convocaron al primer grupo de mujeres para que llevara a sus hijos a vacunar, como requisito para recibir otros beneficios de programas asistenciales de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Aunque los directivos del IMSS dicen que fueron 52, los lugareños afirman que fueron sólo 31 los vacunados entre las 12:00 y las 14:00 horas. Muchas madres no escucharon el llamado y se quedaron sin vacunar a sus pequeños, por lo que se salvaron de la crisis sanitaria. En cambio, las 31 familias tuvieron que pagar el transporte en camionetas de redilas para salir por ese camino lleno de pendientes, barrancos y piedras, a lo largo de cinco tortuosos kilómetros, más otros cuatro que sí están pavimentados. Vicente López Gómez, de 33 años, y Amalia Hernández, de 30, vieron morir en sus brazos a Emmanuel Francisco, de 28 días de nacido, el quinto de sus hijos.
Berlaín González Penagos, de 22 años, y Teresa González Gómez, de 18, perdieron a Yadira, de 30 días. Los bebés no paraban de llorar, se les entiesaron sus manitas y sus pies, sudaban, se les enrojecía el rostro. No comieron hasta que la muerte los sorprendió en el camino, narran sus padres. Al detectar los graves síntomas que afectaban a los bebés, los adultos no se acercaron al alcalde de Simojovel, Javier Guzmán Hernández, sino al párroco Marcelo Pérez Pérez, quien al frente de la organización Pueblo Creyente, formada por sus feligreses, mantiene una actitud crítica y de denuncia a las autoridades municipales señaladas por corrupción y abusos de poder, concretamente una familia de caciques priistas: Ramiro Gómez y sus hijos Ramiro Gómez Jr. y Juan Gómez. En el Centro de Salud del municipio, que no se da abasto con los pacientes y carece de los medicamentos y el equipo necesario, ni siquiera dejaron llegar a los afectados: los remitieron al hospital de Bochil, a una hora de camino por la carretera a la capital del estado. Pero tampoco ahí pudieron atenderlos, y como las ambulancias no estaban operando porque no había gasolina ni chofer, los pacientes y sus familiares tuvieron que pasar dos horas más en las camionetas de redilas para llegar al hospital Dr. Gilberto Gómez Maza, de Tuxtla Gutiérrez. Aunque el caso sucedió en una unidad médica rural del IMSS, los bebés fueron internados en un hospital del sector salud estatal, donde seis fueron valorados como “graves” y 23 como “estables”. A fin de investigar las causas, las autoridades mandaron recoger los residuos de la sesión de vacunas en la unidad médica rural. Con base en ello, las autoridades descartaron que la vigencia de los medicamentos hubiera vencido: la de rotavirus caduca en febrero de 2017; la de tuberculosis (BCG), el 31 de enero de 2016 –el diluyente para esta vacuna, el 31 de agosto próximo–, y la de Hepatitis B, el 15 de junio de 2017. Según el director general del IMSS, José Antonio González Anaya, de los 52 menores vacunados, 21 no tuvieron “reacciones adversas”. Añadió que la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) analizó los lotes de la vacuna y los liberó en octubre del año pasado, así que las vacunas están debidamente certificadas. Por ello, el martes 12 atribuyó las rea-cciones adversas a una posible “contaminación externa” en el momento de la aplicación. Hasta el jueves 14 se había dado de alta a 20 recién nacidos. Y seguían hospitalizados cinco en calidad de “estables” y cuatro más como “graves”, en el área de cuidados intensivos. Indígenas, relegados El reportero comprobó en dónde fueron vacunados los pequeños: no en la microclínica, sino en la pequeña bodega de enfrente. La gente esperó su turno en el sol o a la tenue sombra de los pocos árboles. El médico y su enfermero instalaron su módulo de vacunación junto a decenas de cajas polvorientas con material de curación, cajas con bebidas y alimentos nutricionales enviadas por el IMSS. Al lado estaban unos 10 costales de “insecticida-acaricida-larvicida/granulado”.
En su etiqueta se informa que este químico es provisto al instituto por la empresa Helio Salud, y que se trata de un material muy peligroso al contacto con la piel y los ojos, al inhalarlo o ingerirlo. Al cierre de esta edición todavía no se determinaban las causas de todo, y lo cierto es que la citada bodega no es un espacio óptimo para montar un módulo de vacunación. De forma extraoficial, una doctora del hospital donde actualmente se atiende a los bebés afectados indica que no se cumplieron detalles de la norma. Por ejemplo, dice, la vacuna de la tuberculosis se aplica en el brazo derecho, pero los bebés la muestran en el izquierdo. Añade que algunos bebés ya habían rebasado su primera semana de vida, y algunas vacunas se deben poner en los primeros siete días o esperar a que cumplan 60 días. La Pimienta tenía ya un registro importante de muertes, muchas de ellas por enfermedades curables o prevenibles, dice don Isidro Hernández, vocero del grupo de padres de familia afectados, quien especifica que en los últimos cuatro años han fallecido siete mujeres durante el parto, 16 personas de ambos sexos por tuberculosis y 16 más de cáncer, entre éstos algunos niños. Según Hernández, no puede considerarse la muerte de dos recién nacidos como casos aislados. En 2014, un niño de cinco años se enfermó y lo llevaron al hospital, pero murió en el camino. A las mujeres embarazadas las envían a Simojovel o a Bochil; algunas han parido antes de llegar. Señala que esas muertes y la falta de atención son consecuencias de las pésimas condiciones del servicio de salud en La Pimienta, el municipio de Simojovel y en las comunidades y ejidos de todo el estado. “Chiapas es muy rico en recursos naturales, pero existen muchísimos pobres; es una vergüenza para las autoridades. Las personas que llegan a tener un puesto en el ayuntamiento no se han preocupado por gestionar estos servicios básicos: buen hospital, agua potable, mejoramiento del camino. Solamente terminan en sus puestos con mucho dinero para ellos”, dice. En su opinión, el gobierno federal y el estatal tienen una gran deuda con el pueblo indígena, y la Cruzada Nacional Contra el Hambre es una farsa. Argumenta que hasta ahora el resultado de ese programa son los muertos, las miserables condiciones de vida de los indígenas y campesinos. “En este sistema no tenemos cabida como pueblos indígenas; si el gobierno hace proyectos (que nos incluyan), lo hace desde el escritorio y para controlar”. El martes 12, tres médicos y tres abogados de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llegaron hasta La Pimienta. El agente municipal, Higinio Pérez López, y el comisariado ejidal, Marcos Hernández Gutiérrez, narraron a los enviados del ómbudsman nacional el cotidiano viacrucis para acceder a los servicios médicos en las comunidades rurales de Chiapas. “No sólo no hay médicos; tampoco hay medicamentos ni material de curación. Y cuando hay médicos, no hablan nuestra lengua y se nos dificulta explicar nuestras dolencias en castilla. Y en muchas ocasiones sufrimos maltrato físico y verbal del personal médico por ser indígenas”, denunció el primero en el encuentro. Frágil salud pública La Pimienta exhibió la fragilidad del sistema estatal de salud pública de Chiapas. Al conocerse la muerte de los recién nacidos, algunos pobladores indignados querían
incendiar la unidad médica rural del IMSS y el Centro de Salud de Simojovel, pero el párroco Marcelo Pérez los frenó y prometió ayudarles a denunciarlo en todo el país y en instancias internacionales. Tuvo eco. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, SweFor –organización no gubernamental sueca de observación internacional en la materia–, la CNDH y media docena de organismos civiles defensores de los derechos humanos de las niñas y niños se movilizaron para indagar el caso. En las siete regiones en las que el IMSS divide su actividad, existen 557 Unidades Médicas Rurales, 10 hospitales rurales, 12 Unidades Médicas Urbanas, ocho Centros de Atención Rural Obstétrica, dos Unidades Médicas Móviles, y despliega frecuentemente 18 Brigadas de Salud. Según el más reciente informe del IMSS, de 11 millones de 664 mil 723 beneficiarios de IMSS-Prospera, unos 2 millones 194 mil 936 radican en Chiapas. El Diario Oficial de la Federación indica que en ese programa se invirtieron 3 mil 507 millones 695 mil 370 pesos para 2015. Aunque el gobierno federal también ha señalado que se está incrementando el número de beneficiarios del IMSS-Prospera, para Jennifer Haza –integrante del organismo civil Melel Xojobal, defensor de los derechos de los niños y las niñas–, el hecho de que se les afilie o enliste en programas de salud no garantiza su acceso real a tales servicios. Le preocupa que las estadísticas oficiales presenten “cifras alegres”, pues los niños siguen muriendo de males curables. Las que provocan mayor mortandad infantil en Chiapas son las infecciones en las vías respiratorias y enfermedades diarreicas. A decir de la entrevistada, construir infraestructura del tamaño que sea tampoco asegura nada si no llegan médicos ni hay abasto de medicinas. “Sólo vemos por todos lados elefantes blancos”, dice Haza. Su ONG, Melel Xojobal, se alió con otras –como la Red por los Derechos de la Infancia en México, la Red por los Derechos de la Infancia y Adolescencia en Chiapas (Redias), Save the Children-Chiapas, Desarrollo Educativo Sueniños, Chantiik Taj Tajinkutik, Skolta’e Yu’un Jlumaltic (SYJAC)– para exigir que se investigue el caso de La Pimienta. Haza retoma datos del Coneval: en 2012 el 74.7% de los menores se hallaba en situación de pobreza y 24.9% reportaba carencias en el acceso a los servicios de salud.
Otra de OHL: el Viaducto Bicentenario, en peligro de colapso Rodrigo Vera Inaugurado a finales de 2010 y utilizado como trampolín electoral del entonces gobernador del Estado de México Enrique Peña Nieto, el Viaducto Bicentenario se levantó sobre un terreno inestable, con oquedades, que puede colapsar la enorme estructura. Aunque los vecinos y un equipo de ingenieros del IPN advirtieron acerca del riesgo a las autoridades, Peña Nieto y la constructora española OHL acallaron las protestas y realizaron el proyecto a través de zonas residenciales. CUAUTITLÁN IZCALLI, EDOMEX.- El Viaducto Bicentenario, la costosa vialidad elevada construida por la empresa española OHL para lucimiento político de Enrique Peña Nieto, está en riesgo de desplomarse en un tramo de más de tres kilómetros que atraviesa el municipio mexiquense de Cuautitlán Izcalli, debido a que se levantó sobre un frágil terreno movedizo plagado de minas y cavernas subterráneas. En varias denuncias hechas por los vecinos de la zona, y después en un amplio peritaje realizado por científicos del subsuelo del Instituto Politécnico Nacional (IPN), quedó asentado lo peligroso que resulta el Viaducto Bicentenario en esta “zona minada”, como la llaman. Sin embargo, OHL y Peña Nieto, entonces gobernador del Estado de México, hicieron oídos sordos a todas las llamadas de alerta y no modificaron el trazo de la obra, inaugurada el 24 de noviembre de 2010 y considerada como la “cereza del pastel” que sirvió para impulsar a Peña a la Presidencia de la República. Actualmente, las pesadas columnas de concreto que sostienen al Viaducto Bicentenario han agrietado aún más al frágil suelo de la zona, donde se ubica el Fraccionamiento La Quebrada, cuyas calles y viviendas también han sufrido mayores cuarteaduras. Arturo Chavarría Sánchez, presidente del Colegio de Arquitectos y Urbanistas del Estado de México, lanza la siguiente advertencia: “Los especialistas del Politécnico no andaban mal en sus cálculos; el viaducto elevado puede desplomarse en ese tramo. Sería una catástrofe no sólo para los habitantes que viven al lado y saben el peligro que corren, sino también para los automovilistas que circulan por los dos niveles de esa importante autopista, la México-Querétaro, que comunica al Distrito Federal con el norte del país. “Aparte de pérdida en vidas humanas, ese colapso provocaría un gran daño económico al país, pues por esta vialidad se transporta mucha mercancía y además conecta con la importante zona industrial de Cuautitlán y Lechería. Sobre estos riesgos les estuvimos advirtiendo a Peña Nieto y a OHL. “No nos hicieron caso. Sólo les importó el negocio. Y continuaron con la construcción del Viaducto Bicentenario, al que siempre publicitaron como la gran obra de Peña Nieto durante su gobierno en el Estado de México. Fue la cereza del pastel. La utilizaron para ganar la Presidencia de la República”. Cuenta Chavarría que, desde varios años atrás, los habitantes del fraccionamiento La Quebrada ya sabían de las oquedades del subsuelo. Por eso se alarmaron al saber que el Viaducto Bicentenario pasaría por ahí. A inicios de 2009, dice, empezaron a pedir audiencias con funcionarios municipales y
estatales para advertirles del riesgo. Pero se topaban con el ninguneo. Los colonos acudieron entonces –dice– al Colegio de Arquitectos y Urbanistas en busca de asesoría técnica y apoyo a sus gestiones. Prosigue Chavarría: “En ese momento intervenimos nosotros. Logramos concertar reuniones con la entonces alcaldesa de Cuautitlán Izcalli, Alejandra del Moral Vela, lo mismo que con el ingeniero Ortiz García, entonces director de autopistas del estado, entre otros funcionarios. Sobre el problema también estuvo muy al tanto Gerardo Ruiz Esparza, entonces secretario de Comunicaciones de la entidad y actual encargado del ramo a nivel nacional. Ruiz Esparza jamás quiso reunirse con nosotros. Siempre se escondió. Fue muy esquivo”. –¿También lograron reunirse con funcionarios de OHL? –Por supuesto. Y en esas reuniones con funcionarios de la empresa y del gobierno hubo mucha discusión. OHL argumentaba que no tenía responsabilidad y el gobierno le daba largas al asunto. Ganaban tiempo para seguir construyendo la obra. Ya hasta que estaba por terminarse, a mediados de 2010, y ante los crecientes daños que les estaba ocasionando a los vecinos de La Quebrada, sobre todo a un enorme muro de contención que los protege de la autopista, se acordó realizar un peritaje profesional para tener la plena certeza si el suelo estaba o no minado. –¿Y cómo se eligió al IPN para que lo hiciera? –Ahí hubo más discusiones. Los funcionarios proponían a despachos privados para hacer la investigación. Pero los colonos y nosotros nos negamos porque podían estar coludidos con el gobierno. Finalmente escogimos al Politécnico por ser una institución académica independiente y con especialistas muy competentes. Fue así como un grupo de peritos de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, especializados en ciencias de la tierra, realizó el Estudio de geotecnia, topografía y geofísica para identificación de los daños físicos que presenta el muro de contención de la autopista México-Querétaro en el cadenamiento 30-200 al 30-440, con la finalidad de emitir un dictamen y también para determinar la situación del subsuelo de la zona habitacional del fraccionamiento La Quebrada. La investigación detectó, como aseguraban los vecinos, una red de cavernas y minas en el subsuelo, incluso algunas a muy corta distancia de la superficie –a 1.50 metros, por ejemplo–. Determinó sus longitudes y alturas, la calidad de la tierra, las filtraciones de agua, entre otras especificaciones. Hizo la siguiente recomendación: “Es importante tomar medidas de prevención antes de la construcción de la obra civil debido a que en la exploración geofísica, geológica y geotécnica se detectó que el subsuelo presenta baja compactación y posible saturación, lo cual aunado a los rasgos de la estructura geológica son factores que generan grietas de tensión y asentamientos -diferenciales”. También advirtió sobre el riesgo de más fracturas subterráneas: “Estas anomalías pueden generar fracturas en el subsuelo sin verse reflejadas en superficie; además de ser aceleradas por las fugas de agua potable a residual, por lo que se recomienda la revisión de las tuberías de abastecimiento de agua y alcantarillado y una constante supervisión para llevar a cabo un control de estas posibles fracturas y así tomar medidas correctivas antes de que se presenten asentamientos diferenciales en otra zona”. El estudio analizó las grietas y la peligrosa inclinación del alto y largo muro de concreto que divide al fraccionamiento de la autopista. Determinó que su inclinación ya tiene
siete centímetros más de lo “permisible” debido a las “minas” del subsuelo, por lo que puede caerse. También detectó peligrosos “escurrimientos” de aguas que “se pueden atribuir a que las tuberías se encuentran rotas”, roturas ocasionadas muy probablemente por las mismas fallas subterráneas. De 84 páginas, más anexos de gráficas, mapas y fotografías, el peritaje concluye señalando que –por todos estos “resultados geofísicos” – el tramo analizado es una “zona minada”. Y recomienda por último que “para definir un tratamiento a estas minas es necesario realizar un levantamiento topográfico a detalle de cada una de ellas”, así como “complementar con más sondeos directos, con los cuales se determinarán los lineamientos más convenientes a seguir en el diseño de la obra civil por ejecutar”. Voces acalladas En lenguaje llano, Arturo Chavarría y el ingeniero Adolfo Nicolás Bastida, vicepresidente del mismo Colegio de Arquitectos y Urbanistas, explican el alance de los llamados “asentamientos diferenciales” sobre los que tanto advierte el peritaje: “Son peligrosos hundimientos del suelo que pueden tener el efecto de un terremoto. Y en este caso sería el cobro de la naturaleza por construir una obra tan pesada sobre un frágil terreno hueco. No es que seamos alarmistas, pero la naturaleza tarde o temprano se las cobra”. –Ante tantas advertencias y riesgos, resulta increíble que OHL no haya hecho nada. –Sí, hizo una simulación de medio resolver el problema poniendo costales de arena en algunas minas y cavernas. Quiso dar la impresión de que había rellenado esos huecos para aplacar las protestas vecinales. Aunque parezca increíble, estamos ante una voracidad empresarial que llegó a estos extremos criminales. Indican que antes de ponerse a construir el Viaducto Bicentenario, el gobierno de Peña Nieto ni siquiera realizó –como lo marca la ley– el dictamen de impacto regional, el cual incluye los dictámenes de protección civil, vial y ambiental. Incluso los vecinos afectados estuvieron requiriéndole al gobierno, de manera formal, ese dictamen de impacto regional. Y en una carta fechada el 14 de septiembre de 2010, el director de autopistas, Ortiz García, les dijo sin tapujos que ese dictamen jamás se realizó porque “no fue requerido” en las “bases de licitación que se establecieron”. La autopista México-Querétaro atraviesa el fraccionamiento La Quebrada haciendo una larga curva de tres kilómetros de longitud, sobre el mismo trazo se levantó arriba el Viaducto-Bicentenario, sostenido con sus altas patas de concreto. A toda hora los colonos de La Quebrada ven pasar los automóviles sobre los techos de sus casas, escuchando el ruido de los motores y los cláxones. La señora María Regina Palacio, quien vive a pocos pasos de la vialidad, comenta angustiada: “Los 12 mil habitantes de La Quebrada siempre estamos con los nervios de punta. El viaducto es una bomba de tiempo, en cualquier momento puede venirse abajo. Por más que les dijimos a las autoridades que estaban construyendo sobre terreno minado, nunca nos hicieron caso. “En septiembre de 2009, por ejemplo, un grupo de colonos esperamos a que Ruiz
Esparza terminara una reunión con su equipo de funcionarios, que se realizaba en el hotel del Rey, en Toluca, para plantearle nuestras quejas. Lo abordamos al salir. Yo le planteé brevemente el problema de las minas. Él me contestó molesto: ‘Por favor, señora, en La Quebrada siempre ha habido minas. Todo mundo lo sabe. Y eso no me corresponde tratarlo con ustedes, sino con sus autoridades municipales’. Y se alejó desdeñoso.” –¿Aproximadamente qué tramo del viaducto tiene el suelo minado? –Los más de tres kilómetros que abarca la curva de La Quebrada. Lo tenemos muy comprobado. Conocemos bien la zona. Las cavernas del subsuelo son formaciones naturales. Pero las minas las escarbaron compañías cementeras que estuvieron extrayendo de ahí dióxido de silicio para elaborar sus productos. Nunca las taparon. “En 2001, al ampliarse la autopista México-Querétaro, aparecieron algunas minas y cavernas. Fueron apuntaladas con muros de tabique y vigas de madera. Pero aun así ese tramo de la autopista siguió con hundimientos. Mientras que en la zona habitacional, Protección Civil del gobierno del estado prohibió el tráfico pesado para que nuestras viviendas no siguieran agrietándose. Pero OHL no tomó en cuenta todos estos antecedentes al construir el Viaducto Bicentenario.” –¿Y ahora qué está pasando? –El peso del viaducto agravó más nuestros problemas. La red subterránea de agua potable y drenaje se está colapsando. Aparte, cada vez aparecen más grietas. ¡Véalo! Y muestra las grietas estampadas en el piso de la calle. Semejan una enorme telaraña que va escalando las bardas y los muros de las casas, ya levemente inclinadas. Otro vecino, don Fermín Muñoz, que habita frente a una columna del viaducto, relata: “Una madrugada regresaba yo a la casa. Venía de un velorio. Estacionaba el auto cuando de pronto escuché un trueno muy fuerte. Era la columna que había tenido un asentamiento. Cimbró a mi casa y agrietó una pared. Desde entonces ando muy espantado”. Don Federico Portilla Vázquez, por su parte, enseña una resquebrajadura en el suelo del primer piso de la autopista, y explica: “Esa grieta aparece y la tapan con asfalto. Vuelve a surgir y la vuelven a tapar… ¡Mírela!... ahora está ahí de nuevo, en el piso cada vez más hundido”. Para protegerse de los embates gubernamentales, los vecinos crearon la asociación civil Colonos Unión Anáhuac. A través de ella, el 5 de noviembre de 2010 interpusieron un amparo contra Peña Nieto, Ruiz Esparza y OHL, por los daños que les está ocasionando el viaducto. El amparo pedía claramente “que paren las obras que se están construyendo respecto al viaducto elevado… en virtud de que nuestro derecho a la vida está en grave riesgo”. Señala que la obra “en cualquier momento puede venirse abajo”, provocando también “la muerte” de “los transeúntes y usuarios de dicha vialidad”. El amparo interpuesto ante el juez de distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, expone a detalle las peligrosas condiciones del suelo, así como los actos “omisos” de Peña Nieto y de los funcionarios estatales y municipales que no cumplieron con la ley al permitir la obra, violando las más elementales garantías individuales, como el derecho a la vida y a la vivienda. El abogado de los colonos, Juvenal Solares, indica que después “se emitió una sentencia de sobreseimiento, la cual fue impugnada mediante el recurso de revisión”. Ahora, con el viaducto ya concluido, María Regina Palacio indica que una solución al
problema podría ser que a los vecinos se les compren sus casas a un precio justo para salirse inmediatamente de esa zona de alto riesgo, aunque analizan otras opciones. Comenta: “Aparte de la vía legal, organizamos marchas de protesta en la autopista México-Querétaro, aunque la policía nos tiene bien vigilados. El día de la inauguración del viaducto, por ejemplo, la Policía Estatal nos impidió manifestarnos contra el Grupo Atlacomulco, que implementa este urbanismo salvaje a costa nuestra”. Ese día, en un rojo autobús sin techo, Peña Nieto, Ruiz Esparza y José Andrés Oteyza, representante en México de OHL, saludaban y recorrían sonrientes la obra elevada que impulsaría al primero a Los Pinos. Abajo, la policía reprimía a los afectados. l
Los extraños enjuagues del empresario Alcántara Rojas Jorge Carrasco Araizaga El empresario Roberto Alcántara se dijo víctima de una extorsión, en la cual algunas personas se hicieron pasar por funcionarios priistas y le pidieron fuertes cantidades, que él entregó. Cuando aparentemente se dio cuenta del engaño, denunció a “quien resulte responsable”, luego de que el PRI hiciera lo propio. Pero inexplicablemente ambos se retractaron de sus demandas y el asunto quedó en el limbo, aunque poco después el magnate del transporte se benefició con un contrato para encargarse del cobro de peaje en las carreteras de Capufe. El empresario transportista Roberto Alcántara Rojas entregó al menos 20 millones de pesos para supuestas actividades propagandísticas del PRI en 2013, meses antes de que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, en una cuestionada licitación, le entregara el cobro de peaje de la red carretera de Caminos y Puentes Federales (Capufe) para lo que resta del sexenio. A través de una de sus empresas, Alcántara empezó a entregar el dinero en junio de 2013, durante la campaña priista por el gobierno de Baja California, y siguió enviando recursos aun después de que el candidato del PRI, Fernando Castro Trenti, perdiera las elecciones un mes después. El dinero fue gestionado por Felipe Jesús Silva Magaña, quien se ostentó como apoderado legal de Asesoría Profesional de Autotransporte (APASA), propiedad de Alcántara, luego de que los recursos fueran solicitados a nombre del presidente del PRI, César Camacho Quiroz. Según el PRI, desde marzo de ese año, tres meses y medio antes de las elecciones en Baja California, ya había detectado que distintos empresarios estaban siendo extorsionados en su nombre y el 21 de ese mes presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR). APASA hizo lo mismo pero el 23 de octubre siguiente; es decir, siete meses después. La PGR integró la denuncia y luego delegó el caso en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) con el argumento de que era del fuero común, a pesar del delito electoral que supone la entrega de recursos de una empresa mercantil a un partido político o de una posible extorsión de la delincuencia organizada. La PGR, entonces a cargo de Jesús Murillo Karam, detuvo a tres personas, pese a que el expediente ya estaba en la PGJDF. Quienes se presentaron como agraviados, el PRI y APASA, no fueron más allá de interponer sus respectivas denuncias. Los directivos priistas presentaron una querella “contra quien resulte responsable”, deslindándose de cualquier pedido de dinero a empresarios o particulares; cuando fueron llamados a declarar por la denuncia de la empresa de Alcántara sólo dijeron que hubo usurpación de los nombres del presidente y el de su secretario particular. En el caso de APASA, sus ejecutivos de plano evitaron seguir el proceso penal abierto por ellos mismos, también “contra quien resulte responsable”. Sin embargo, se ampararon contra las multas, apercibimientos y arrestos por no presentarse a declarar. Más aún, el propio Ministerio Público se desistió para que Roberto Salcedo Robles, representante legal de APASA y quien firmó la querella, fuera a declarar.
Proceso solicitó la versión de APASA, pero la empresa evitó hacer declaraciones. Sin embargo, dos días después de la petición, el PRI publicó un desplegado sobre el tema en el diario La Jornada. El pasado sábado 11 de abril el CEN del PRI publicó un mensaje “a la opinión pública” para prevenir a sus militantes, simpatizantes y ciudadanía en general de ser sorprendidos en el actual contexto electoral “por personas inescrupulosas que, usando falsamente el nombre de esta institución o de alguno de sus dirigentes, les pidan o exijan recursos para supuestas actividades políticas”. El PRI no utiliza estas prácticas para obtener recursos, dice, y refiere la demanda que puso en 2013. En lo que da como cosa juzgada, asegura que como resultado hay “personas que hoy ya se encuentran privadas de su libertad”. Querella inconclusa Pero el caso está lejos de estar aclarado. Siguen libres quienes intervinieron en la transferencia de recursos de una de las empresas de Alcántara al PRI y quienes se alegan como estafados ni siquiera siguieron el juicio. La denuncia de APASA fue interpuesta por Salcedo Robles, uno de los principales hombres de confianza de Alcántara. Además de representante legal de esa empresa, es presidente de Telepeaje Dinámico, la firma creada el año pasado luego de que un consorcio encabezado por otra empresa de Alcántara, Inversionistas en Autotransportes Mexicanos, obtuviera del gobierno de Peña Nieto tres contratos por 4 mil millones de pesos. Los contratos, vigentes hasta el fin de la actual administración, son para mejorar y ampliar el cobro de peaje que hace Capufe (Proceso 1974). Descendiente del grupo político-empresarial Atlacomulco, al igual que Peña Nieto, Alcántara también es dueño de la empresa VivaAerobús; y de nueva cuenta quedó atrapado en su relación con el PRI, del cual en 2003 fue responsable de la comisión de Administración y Programación Económica del CEN, entonces presidido por Roberto Madrazo, candidato presidencial en 2006. Ni la PGR ni la PGJDF profundizaron en las investigaciones de la alegada extorsión. La primera evitó investigar si se violó el artículo 54 de la Ley General de Partidos Políticos, que prohíbe expresamente las aportaciones o donativos a los partidos políticos por parte de las empresas. La ley dice que “bajo ninguna circunstancia” los partidos, aspirantes, precandidatos o candidatos pueden recibir aportaciones o donativos en dinero o en especie. La disposición se refiere en específico a las personas morales, que tampoco podrán ocultar sus contribuciones a través de terceros. El Ministerio Público también limitó sus actuaciones y sólo procedió contra las tres personas detenidas por la PGR: dos de los operadores del supuesto fraude, Gabriel Valenzuela Tirado y Benito Juárez Pacheco, así como una empresaria de Tijuana, Lucila Rodríguez Franco, quien también fue víctima de la trama. Propietaria de la agencia Viajes Olas Altas, en Tijuana, Baja California, Rodríguez Franco, de 67 años, fue condenada el martes 13 a nueve años y dos meses de prisión. Fue detenida en la ciudad fronteriza por 10 agentes federales ministeriales de la PGR, pese a que ésta ya había cedido el caso a la PGJDF. Los federales la detuvieron el 13 de febrero de 2014, un día después de que se liberara
la orden de aprehensión, aunque ésta fue emitida por un juez del Distrito Federal y pese a que los agentes estaban en Tijuana desde una semana antes. La agencia de viajes fue contactada por Felipe Jesús Silva Magaña en su supuesta condición de apoderado legal de APASA y al mismo tiempo como promotor artístico y dueño de la empresa Show en Vivo. Implicado en el escándalo del llamado clan Trevi-Andrade –caso de corrupción de menores y prostitución a fines de los noventa–, Silva Magaña gestionó los recursos de APASA para la compra de boletos de avión y hospedaje a la agencia Viajes Olas Altas a favor de cantantes y comediantes populares que se presentaron en Tijuana en 2013. Durante la integración de la causa penal abierta por la denuncia de APASA, la agencia de viajes ha demostrado que de los 20 millones 566 mil 800 pesos desembolsados por la empresa para supuestas actividades del PRI, sólo recibió dos millones y medio de pesos. Viajes Olas Altas ha comprobado que ese dinero se usó para comprar boletos de avión de varios artistas, entre ellos el bailador español Joaquín Cortés, el grupo argentino Enanitos Verdes, el grupo español Jarabe de Palo y el cantante Cristian Castro. Además, de las ocho transferencias hechas por APASA supuestamente a favor del PRI que son mencionadas en la causa penal 21/2014, sólo dos –que representan la tercera parte de los recursos– fueron señaladas por la empresa de Alcántara como resultado de una extorsión. Según la denuncia de Salcedo Robles, en junio de 2013 recibió la indicación de Alcántara, presidente del Consejo de Administración de APASA, de depositar 522 mil pesos de los fondos de la empresa a la agencia de viajes, luego de decirle que había hablado con Camacho Quiroz. Ese dinero estaba destinado a los pasajes y el hotel del equipo de Joaquín Cortés. Pasadas las elecciones, durante septiembre se hicieron distintos depósitos para supuesta “publicidad diversa” del PRI. El primero fue el día 3. En la causa penal se señala que ese día Salcedo Robles “recibió la instrucción por parte del testigo Roberto Alcántara Rojas de atender una llamada de Camacho Quiroz y atender sus requerimientos”. Ese mismo día, añade, el ahora director de Telepeaje Dinámico “recibió una llamada de quien se identificó como César Camacho Quiroz, comunicación en la que le manifestó que había obtenido la autorización del testigo Roberto Alcántara Rojas para practicar diversos depósitos a diversas empresas, para gastos internos del partido, por lo que le indicó que le enviara vía correo electrónico los datos de las referencias bancarias correspondientes”. Precisa que a las 12:55 horas de ese día llegó a la cuenta personal de Salcedo un correo electrónico de José Alberto Gomezmit Arce, “coordinador general de asuntos internos del CEN del PRI”, con copia a César Camacho, y que por supuestas instrucciones de éste se hiciera un depósito por 986 mil pesos a Viajes Olas Altas. Para cumplir con el requerimiento, “el denunciante Roberto Salcedo Robles le indicó al contador de APASA, Arturo Simón Morgado, que vía internet procediera a realizar la transferencia bancaria”, la que se hizo minutos después. Lo mismo se hizo otras seis veces hasta alcanzar la cantidad de 20 millones 566 mil 800 pesos. Sin embargo, en la causa penal el entonces juez de lo 55 penal en el DF, Luis Alberto Rocha Priego, acreditó que sólo en las dos últimas transferencias Salcedo fue obligado a hacerlo, aunque evitó indicar la manera en que habría ocurrido la extorsión. Sólo
menciona que Salcedo había sido engañado. El eslabón más débil En febrero de 2014, Rocha Priego dictó auto de formal prisión contra los tres detenidos porque aseguró haber verificado “la artimaña de la que fue objeto el denunciante Roberto Salcedo Robles, así como el testigo Roberto Alcántara Rojas, presidente del consejo de la empresa con razón social Asesoría Profesional al Transporte, Sociedad Anónima de Capital Variable, en la que uno de los agentes de la conducta penalmente relevante se hizo pasar por el presidente del Partido Revolucionario Institucional, doctor César Camacho Quiroz, lo que derivó en la merma patrimonial” de APASA. La mayor parte del dinero se transfirió a las cuentas personales de Gabriel Valenzuela Tirado y de Benito Juárez Pacheco, quienes también están detenidos y cuya defensa inicial fue pagada por Silva Magaña. Ambos han declarado que no conocían a la dueña de la agencia de viajes. Para contratar los servicios de Viajes Olas Altas, Silva Magaña se presentó con un supuesto poder legal de APASA. Silva operó la compra de boletos con la vendedora de la agencia de viajes Leticia Salinas, quien después de la detención de su jefa renunció a la empresa. De acuerdo con el documento que presentó Silva Magaña a la agencia de viajes, y que era resguardado por Leticia Salinas, fue acreditado el 11 de julio de 2012, ante el notario público 66 del Distrito Federal, como uno de los apoderados de APASA por el administrador único de la empresa, Isidro Escudero Martínez. Según esa constancia, identificada con el número 42579, del libro 623, Silva Magaña recibió poder para representar judicial y extrajudicialmente a la empresa de Roberto Alcántara. Sin embargo, Silva Magaña ni siquiera ha sido detenido porque el Ministerio Público asegura no haberlo localizado. Tampoco ha sido detenido quien se identificó como José Alberto Gomezmit Arce ni ninguna otra persona que se ostentó como funcionaria del PRI. Iniciada la demanda, Roberto Salcedo no siguió más el caso y ante los requerimientos judiciales para aportar más pruebas y responder a los cuestionamientos de la defensa de la dueña de la agencia de viajes, interpuso diversos amparos incluso contra las multas y una orden de arresto que se le impusieron. Finalmente, se desistió como representante legal de APASA y recibió la gracia del Ministerio Público para no presentarse a declarar. Ante ello, la defensa de Rodríguez Franco tuvo que renunciar a la declaración ministerial de Alcántara. “No tenía caso porque lo único que iba a pasar era que se retrasara el proceso contra mi defendida”, dice en entrevista el abogado litigante Moisés Segovia. El único que declaró fue el contador de APASA y responsable de las transferencias, Antonio Simón Morgado, quien después de numerosos citatorios sólo repitió ante el Ministerio Público los términos de la denuncia de Salcedo y que sólo hasta la última entrega del dinero fue informado por éste que habían sido engañados. Según su declaración, no supo quiénes se beneficiaron con los montos porque no tiene facultades para cuestionar las órdenes que le dan, además de que la empresa “borra los correos internos”. El PRI tampoco aportó nada. Para dictar la formal prisión de los acusados, el juez sólo
retomó, como “apoyo circunstancial”, la querella que el partido presentó ante la PGR en marzo de 2013, siete meses antes de la denuncia de APASA. La querella del PRI fue presentada por la entonces consejera jurídica del CEN, Martha Sofía Tamayo Morales. Exsenadora y actual candidata a diputada federal por Sinaloa, Tamayo aseguró que varias personas se estaban haciendo pasar como funcionarios del PRI para pedir dinero a empresas. Identificó a Alberto Zuriana Cano, supuesto coordinador general de asuntos internos del PRI, como uno de los que pedían dinero usando el nombre de César Camacho, para pagar al proveedor Pro Multimedios por la supuesta campaña “XXI Transformando a México”. También señaló a José Antonio Lira, quien se presentaba como “secretario general del XXI PRI”. Ninguno de esos dos cargos ni la campaña son ciertos, aseguró Tamayo. El PRI también presentó, a través de su secretario de Comunicación Institucional, Alfonso Camacho Martínez, un escrito de Felipe Chao, vicepresidente de Relaciones Institucionales y Comunicación Corporativa de MVS Comunicaciones, en la cual el presidente del Consejo de Administración de esa empresa, Ernesto Vargas Guajardo, hacía ver que él también recibió una llamada de Zuriana Cano en la que le pidió dos millones y medio de pesos para el pago a Pro Multimedios por esa misma supuesta campaña. Moisés Segovia considera que si el Ministerio Público de la PGR hubiera hecho una verdadera investigación se sabría quiénes cometieron el alegado fraude o si en efecto se trató de una extorsión. En lugar de ello, se fueron contra mi defendida, la señora Lucila Rodríguez Franco, de casi 70 años y a quien le han negado la prisión domiciliaria a pesar de padecer problemas de columna.
Gobierno sin fusibles John M. Ackerman Libertad inmediata para Nestora Salgado, presa política. Ni Chile ni Guatemala son ejemplos en materia democrática, pero los gobernantes de ambos países han demostrado mayor sensibilidad a la voluntad de sus respectivos pueblos que el caduco sistema autoritario mexicano. Incluso una empresa española como OHL, dirigida por un cuestionado marqués íntimo del rey Juan Carlos I, ha tenido más valentía que el pusilánime gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto. En los tres casos, importantes escándalos relacionados con supuestos actos de corrupción generaron la renuncia de altos mandos. Michelle Bachelet, Otto Pérez Molina y los directivos de OHL han removido de sus cargos a importantes aliados con el fin de demostrar su supuesto compromiso con la honestidad y la justicia. Bachelet pidió renunciar a todos los integrantes de su gabinete. Pérez Molina aceptó la dimisión de su vicepresidente. Y OHL le enseñó la puerta de salida a su director de Relaciones Institucionales. En contraste, en México absolutamente nadie paga los platos rotos por la serie de escándalos de conflictos de interés, corrupción, censura y violación a los derechos humanos protagonizada por el gobierno en turno. Con todo cinismo, Peña Nieto y los integrantes de su gabinete siguen reprimiendo y vendiendo el país a pedazos desde Los Pinos sin consecuencia alguna. Si el pueblo mexicano no acude en masa a las urnas el próximo 7 de junio para expresar su repudio al régimen de oprobio votando por los pocos candidatos honestos, los políticos corruptos utilizarán la segunda mitad del sexenio para desaparecernos a todos. La Constitución Política de la República de Chile vigente fue redactada por el dictador Augusto Pinochet en 1980. Si bien ha sido reformada en numerosas ocasiones, mantiene cláusulas profundamente autoritarias, como el sistema electoral “binominal”. Este sistema garantiza la continuidad de la influencia política de los cercanos a Pinochet y de la ultraderecha en general, al obligar a las fuerzas democráticas a duplicar la cantidad de votos emitidos por sus adversarios para poder contar con mayor representación en el Congreso Nacional. Esa es una de las principales razones por las cuales Chile continúa firme dentro de la órbita de las políticas económicas neoliberales. Es también la causa de que el país haya esperado hasta el año 2004 para legalizar el divorcio, y de que sostenga la prohibición absoluta del aborto. Pero a pesar de las evidentes debilidades del sistema “democrático” chileno, Bachelet se vio obligada a actuar para frenar el derrumbe de legitimidad de su gobierno a raíz de una serie de escándalos de alto impacto. Su ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, ha sido vinculado con la empresa Soquimich, una corporación bajo investigación de la justicia chilena por presunto financiamiento irregular de campañas electorales. Asimismo, recientemente la prensa dio a conocer información sobre un negocio inmobiliario multimillonario en que el hijo de Bachelet, Sebastián Dávalos, habría utilizado sus influencias para conseguir un préstamo de 10 millones de pesos con el propósito de que su esposa pudiera comprar terrenos. En los últimos meses la tasa de aprobación ciudadana para Bachelet ha caído a 31%, cuando antes había llegado hasta 80%. Tanto las similitudes como las diferencias con
el caso mexicano son evidentes. El actual presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, fue uno de los principales mandos de la fuerza de “élite” de los kaibiles del ejército guatemalteco durante el genocidio y guerra civil que dejó más de 200 mil muertos en Guatemala en los años 70 y 80. Existen importantes paralelos entre la llegada de Pérez Molina a la presidencia por la vía electoral en 2011 y el retorno de los “dinosaurios” del PRI en México con Peña Nieto en 2012. En ambos países, la “transición democrática” ha funcionado principalmente para traer de regreso a los representantes de los peores atropellos del pasado. Sin embargo, Guatemala da la impresión de ser una utopía democrática en comparación con los enormes retrocesos que hemos vivido en México. El exdictador Efraín Ríos Montt se encuentra procesado por crímenes de lesa humanidad. Y apenas la semana pasada el brazo derecho de Pérez Molina, la vicepresidenta Roxana Baldetti, renunció a su cargo como resultado de una investigación que la vincula con una red de sobornos de empresas importadoras a funcionarios públicos para evadir el pago de impuestos de aduana. Mientras tanto, en México todo es peor que nunca. Peña Nieto no ha pedido la renuncia de absolutamente nadie a raíz de las masacres de Tlatlaya, Ayotzinapa o Apatzingán; de las casas de Videgaray, Angélica Rivera y Osorio Chong, o de los escándalos revelados por The New York Times, El Mundo y Le Monde. La semana pasada, Osorio Chong confrontó directamente a la Comisión de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, siguiendo la pauta ya establecida por José Antonio Meade en su cuestionamiento hace unas semanas del informe de la ONU sobre la tortura en México. Además, la “justicia” de Baja California ha fijado la fianza para los humildes jornaleros presos políticos de San Quintín en la exorbitante cantidad de 7 millones de pesos. La buena noticia, sin embargo, es que al negarse a sacrificar un solo “fusible”, Peña Nieto ha permitido que aumente y se concentre aún más la ira popular hacia su persona y el régimen despótico. El siguiente estallido social se encuentra sin duda a la vuelta de la esquina. Sigamos estrechando lazos de confianza y de trabajo conjunto en preparación para nuestra próxima oportunidad de hacer historia. l www.johnackerman.blogspot.com Twitter: @JohnMAckerman
Desfachatez electoral Héctor Tajonar La manipulación de las autoridades electorales por parte del gobierno actual es una de las formas más nocivas de corromper los procesos comiciales, propia de regímenes autoritarios que supuestamente han transitado a la democracia. Se trata de una estrategia diseñada por las llamadas autocracias electorales con el fin de distorsionar el resultado de los comicios vulnerando la imparcialidad, independencia y transparencia que debe normar a dichas instituciones. En una rigurosa investigación acerca de la corrupción electoral en el mundo, Sarah Birch identifica sin ambages el origen de esta manipulación: “Las violaciones a la imparcialidad de una o más de las instituciones electorales revelan claramente el control o la presión proveniente del gobierno en turno”. (Electoral Malpractice, Oxford University Press, 2011, p. 45.) Eso es lo que parece estar ocurriendo en México. El 6 de mayo pasado, la Sala Superior del Tribunal aprobó por unanimidad una propuesta del magistrado Flavio Galván donde se establece que los incumplimientos de medidas cautelares deben ser resueltos por el TEPJF, no por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (Reforma, 7 mayo de 2015). Así pretenden anular las facultades sancionadoras del INE, algo contrario a la Constitución y a la ley electoral vigente, en la que se hace una distinción un tanto confusa entre el “Procedimiento Especial Sancionador” y el “Procedimiento Ordinario Sancionador”. En el primer caso, el tribunal es el que mantiene la facultad sancionadora; en el segundo, el instituto puede sancionar de manera directa. Esta última atribución ha sido ejercida por el INE al aplicar al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) multas que suman 522.5 millones de pesos. En contraste, el TEPJF revocó a ese negocio disfrazado de partido una multa por 2.9 millones, así como la decisión del INE de que las multas se hicieran efectivas de inmediato. Basado en ello, al analista Jorge Alcocer calificó a la máxima autoridad jurisdiccional en la materia como “tribunal verde” (Reforma, 8 de mayo de 2014). Lo más relevante es que el TEPJF intentó anular las facultades sancionadoras del instituto al enterarse de que el Consejo General del INE iba a discutir y aprobar una sanción contra el PVEM que realmente afectaría la intención de voto a favor de esa franquicia partidaria: cancelar la propaganda del Tucán en todos los medios de comunicación durante el resto de la campaña. Tal medida, que hasta el momento no ha sido adoptada por el INE, seguramente también cancelaría la posibilidad de que el PRI obtenga la mayoría en la Cámara de Diputados. He ahí el fondo del asunto. El apoyo del tribunal al PVEM revela una intrincada maniobra –presumiblemente elaborada desde la Presidencia de la República– para asegurar que el PRI consiga la mayoría en la Cámara de Diputados en alianza con el Verde durante los comicios de junio. Se trata de reforzar el poder de Enrique Peña Nieto y su partido en el Congreso para restaurar un presidencialismo similar al existente antes de 1997, con miras a las elecciones de 2018. En las actuales circunstancias, la recuperación del control en la Cámara de Diputados sólo es posible con la ayuda del Partido Verde, lo cual explica los amplios apoyos que ha recibido, avalados por Los Pinos: financiero (provenga de donde provenga), mediático (Televisa y TV Azteca) y jurisdiccional (TEPJF). La campaña multimillonaria que viola la ley de manera flagrante, reiterada y cínica es la
parte visible de una estrategia gubernamental que incluye el propósito de manipular a la autoridad electoral, tanto administrativa (INE) como jurisdiccional (TEPJF). En un principio, el INE dudó en sancionar al PVEM, intimidado ante el poder del presidente, su partido y las televisoras. La presión de un sector importante de la opinión pública en demanda de la cancelación del registro a la franquicia verde indujo a los consejeros electorales a aplicarle multas que –a pesar de su monto, sólo comparable al del Pemexgate y Amigos de Fox– no parecían afectar al cinismo de ese negocio partidista, ni a la estrategia comandada por el Gran Jefe. Lo que sí habría derrumbado la maniobra gubernamental hubiera sido la cancelación del registro del Partido Verde, que fue frenada radicalmente en el INE por la tríada Peña-PRI-Duopolio Televisivo, así como la cancelación de los anuncios en radio y televisión del engendro esmeralda por lo que resta de la campaña. La politóloga británica Sarah Birch resume en cinco puntos las consecuencias que suele tener la corrupción electoral: “a) Reduce la calidad de la representación política; b) afecta la evaluación de la calidad de la democracia y corroe la legitimidad del régimen; c) conduce a otras formas de corrupción; d) produce diversos costos directos e indirectos para el Estado y la sociedad en su conjunto; e) bajo determinadas circunstancias, puede conducir a la violencia e incluso a la guerra civil”. (ibid., p. 3.) Los cuatro primeros son efectos conocidos de la baja calidad de las elecciones y la democracia mexicanas; el quinto es un riesgo latente –dentro de un ambiente de narcoviolencia e inseguridad crecientes– que los protagonistas y beneficiarios de la corrupción electoral del país debieran tomar en serio para evitar a toda costa que se haga realidad. La realización de elecciones es una condición necesaria pero no suficiente de la democracia. Más aún, no está claro si los comicios en las autocracias electorales promueven el advenimiento de la democracia o, por el contrario, refuerzan el gobierno autoritario. Ello depende de la probidad electoral, cualidad ausente o muy escasa en los partidos políticos, el gobierno, el duopolio televisivo y, como lo vemos ahora, en las autoridades electorales. Que el 50% de los ciudadanos no confíe en la limpieza de los procesos comiciales no es gratuito, pero sí altamente preocupante. Por algo el INE intentó ocultar los resultados de la encuesta que ellos mismos encargaron, publicados el 27 de abril en el diario Reforma. De entonces a la fecha la situación se ha agravado. El respaldo del TEPJF al PVEM nuevamente ha puesto en duda la imparcialidad, honradez e independencia de los magistrados que conforman la máxima autoridad jurisdiccional en la materia. Ello cancela la equidad y certeza del proceso comicial en curso, y corroe la legitimidad de la vapuleada democracia mexicana, además de poner en riesgo la gobernabilidad del país. Si, como parece, el gobierno, su partido y los patrocinadores de la telebancada son capaces de intimidar o cooptar al tribunal y al instituto electorales, la aparentemente sólida institucionalidad democrática del país estaría en peligro de colapsarse. Ya que no se atrevieron a cancelar el registro al Partido Verde, como procedía jurídicamente, lo único que podría frenar esa descarada corrupción electoral sería suprimir toda la publicidad de dicha franquicia en todos los medios durante lo que resta de la campaña. Es improbable que el INE sea capaz de hacerlo, porque ello supondría enfrentarse al TEPJF y a quienes lo han sometido. Si, como es previsible, triunfa nuevamente la impunidad sobre la integridad electoral, avanzará la restauración del autoritarismo, crecerá la indignación ciudadana y el país tendrá que enfrentar las
indeseables consecuencias que pudiera producir la desfachatez reinante. l
Las únicas razones para anular Jesús Cantú Las causales de nulidad de una elección están clara y explícitamente establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entre ellas, la única vinculada al origen de los recursos es recibir o utilizar “recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas”, lo cual no incluye el rebase de los máximos de financiamiento privado o el límite anual de donativos por persona, como infieren quienes pretenden establecer el tope de gastos de campaña de los candidatos independientes en el doble de su financiamiento público. El tope de gastos de una determinada elección es el establecido por la autoridad electoral, y es el mismo para todos los candidatos participantes, pues el principio que lleva a su establecimiento es garantizar la equidad en la contienda. Por esto, fijar límites diferenciados para los distintos candidatos sería una aberración, toda vez que se garantizaría justo lo contrario: inequidad. Hay quienes alegan que Jaime Rodríguez El Bronco, candidato independiente a la gubernatura de Nuevo León, sólo puede gastar 766 mil 657 pesos en su proselitismo porque es poco menos del doble del financiamiento público que le autorizaron. Esos detractores ignoran que la Ley General de Partidos Políticos (LGPP) y la Ley Electoral del Estado de Nuevo León (LEENL) contemplan el autofinanciamiento como una modalidad distinta a las aportaciones de militantes y simpatizantes. La LGPP no especifica qué entiende por autofinanciamiento pero lo incluye dentro del capítulo II, “Del Financiamiento Privado”, por lo que podría argumentarse que se debe contabilizar dentro de dicho criterio general. No obstante, la LEENL sí explica claramente qué comprende el autofinanciamiento. Esta ley abarca además ciertas disposiciones de las que se deduce que el autofinanciamiento no se incluye dentro del financiamiento privado. El inciso “c” del párrafo II (que se refiere a los tipos de ingresos que reciben los partidos políticos fuera del erario) del artículo 45 de la LEENL marca que esta modalidad “se integra por los ingresos obtenidos de la organización de actividades con fines promocionales, tales como congresos, conferencias, espectáculos, rifas y sorteos, eventos de tipo cultural o académico, ventas editoriales, venta de bienes y de propaganda utilitaria, así como cualquiera otra similar que se realice con el fin de reunir fondos”. Y el párrafo IV del artículo 217 señala que, entre las prerrogativas y derechos de los candidatos independientes registrados, se encuentran éstas: “Obtener financiamiento privado y autofinanciamiento para la etapa de la obtención de respaldo ciudadano, así como para el sostenimiento de sus campañas, los cuales no deberán rebasar el que corresponda a un partido político de reciente registro ni provenir de fuentes de financiamiento ilícito”. La disposición merece dos reflexiones: una, esta norma diferencia el autofinanciamiento del financiamiento privado, pues de lo contrario no hay razón para enunciarlos separadamente; y dos, en toda la legislación estatal no existe un límite al autofinanciamiento y ni siquiera al financiamiento privado en su conjunto. De hecho, Nuevo León es una de las entidades que no señalan explícitamente que el financiamiento público debe prevalecer sobre el privado. Los únicos límites
establecidos son a las aportaciones de los precandidatos, candidatos y simpatizantes, que es 10% del tope de gastos establecidos para la última campaña de gobernador. Pero suponiendo que el autofinanciamiento se considere dentro del financiamiento privado y que el monto total del mismo no debe rebasar el financiamiento público que recibirá el candidato independiente, como interpreta la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León (CEENL), superar los límites establecidos para las aportaciones por partido político y el límite anual por persona establecido en el acuerdo CEE/CG/08/2015, del 1 de febrero de este año, conduce a la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 351 de la LEEGNL, que van desde el apercibimiento y la amonestación hasta la eventual cancelación del registro como partido político. El artículo 353 de la misma legislación todavía es más explícito al respecto: “Al partido político que infrinja las disposiciones de esta Ley sobre restricciones para recibir aportaciones de financiamiento que no provengan del erario, se le sancionará con multa de hasta el doble del monto recibido indebidamente. Si reincide en la falta, el monto de la multa será aumentada hasta en dos tantos más”. Así, no hay lugar a dudas de cuál sería la sanción: multa, pero no nulidad de la elección, salvo que el dinero fuera de procedencia ilícita o recursos públicos. En contraparte, se presume que la violación a los topes de gastos de campaña por más de 5% sí sería determinante para el resultado de la elección “cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento”. Ello, por tanto, conduciría a la nulidad de la elección. Infringir las restricciones al financiamiento privado, siempre que no provenga de actividades ilícitas o de recursos públicos, no reviste la misma gravedad, y por ello la legislación federal y la estatal no contemplan que esta falta pueda conducir a la nulidad de la elección. En el peor de los casos podría llevar a la pérdida del registro de un partido político, “lo cual sólo podrá decretarse cuando el partido político reincida en violaciones graves a la presente ley”. El término destacado es definido en el artículo 353 de la LEENL: “La repetición de una conducta contraria a las disposiciones de la Constitución del Estado en materia electoral o de esta Ley, cuando sea realizada por exactamente la misma asociación política, partido, coalición o persona física, así como que se encuentre previamente determinada, probada y sancionada, y que haya causado ejecutoria ante autoridad correspondiente”. Por lo tanto, Jaime Rodríguez, candidato independiente a gobernador de Nuevo León, pondría en riesgo la elección si excede en 5% el gasto de campaña establecido (49 millones 929 mil 949 pesos); si rebasa el tope consignado en el acuerdo CEE/CG/08/2014, del 30 de octubre de 2014; si compra o adquiere cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley, o si recibe o utiliza recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas. Si viola las restricciones al financiamiento privado se hará acreedor a multas que pueden alcanzar un monto hasta del doble de la cantidad con la que se haya excedido, pero no se le anulará la elección y, por lo tanto, de resultar ganador se le tendría que respetar su triunfo, tal como sucedió en su momento con Vicente Fox, candidato de la Alianza por el Cambio, en el año 2000. l
El cine y el Tratado de Marrakech J. Ramón Obón León* En el ensayo publicado en la edición 2009 de Proceso hemos comentado que las reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor publicadas el pasado 17 de marzo en el Diario Oficial de la Federación, que consistieron en una adición al artículo 148, no han sido afortunadas, al apartarse de los principios que se originaron en las respectivas cámaras de Senadores y Diputados, durante los años de 2013 y 2014, las que se circunscribían a las personas con discapacidad visual. Ahora bien, con fecha 25 de junio de este año, México firmó ad referéndum el Tratado de Marrakech “para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso” (Tratado de Marrakech), y actualmente se ha pasado al Poder Ejecutivo luego de haber sido aprobado el dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales y de Atención a Grupos Vulnerables. Así, ante la inminente publicación del tratado, nos encontramos con una situación legal bastante curiosa: Como es sabido, el artículo 133 de nuestra Carta Magna, que consagra el principio de jerarquización de las leyes, determina con claridad que la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido la tesis de jurisprudencia consistente en que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales, y en segundo plano respecto de la Constitución federal. (Véase Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9ª. época, instancia: pleno, tomo X, noviembre de 1999, tesis: P.LXXVII/99, página 46.) Siguiendo con ese orden de ideas, al publicarse el Tratado de Marrakech, y siendo éste ley que está por encima de la legislación federal, bajo un principio de Derecho, el tratado viene a derogar la fracción VIII del artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, puesto que una ley posterior deroga a la anterior, máxime si se toma en cuenta que esa fracción VIII tiene como fuente de interpretación los argumentos emitidos en los dictámenes que le dieran origen y donde se concreta su aplicación para los minusválidos visuales. Lo paradójico de esta situación es que la reglamentación de tal limitación a favor de los invidentes ya se encuentra en nuestra legislación en el artículo 44 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor, el cual, desde su vigencia en el año de 1998, no se ha aplicado una sola vez. Sin embargo, esto no es suficiente, puesto que los mecanismos para consumar las restricciones que impone el tratado deben regularse con mayor precisión a fin de que los legítimos intereses de los editores de libros y de los autores no se vean afectados. En otras palabras, habrá que tomar en cuenta la regla de los tres pasos consignada en el artículo 9.2 del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas en su texto de París de 1971, así como el correlativo en nuestra legislación consignado en el primer párrafo del artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor. Es decir, que se aplique sobre obra publicada y que no se afecte la explotación normal de la obra, ni los legítimos intereses de los autores.
Otra cuestión a considerar es que el Tratado de Marrakech no ha entrado en vigor en el plano internacional, pues aún no se han cumplido las 20 adhesiones o ratificaciones al mismo, como lo establece su artículo 18. Consecuentemente, dicho instrumento internacional no tiene en este momento carácter vinculatorio a ese nivel. Por último, la publicación de la reforma consignada en la fracción VIII del artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor ha causado paranoia entre los titulares de los derechos de autor, y principalmente entre los productores cinematográficos, quienes han supuesto que las mismas afectarán sus intereses. Nada más alejado de la realidad, puesto que en el Tratado de Marrakech se excluyen las películas. Así claramente queda asentado en el resumen de los artículos relevantes que se contienen en el Dictamen de las Comisiones respectivas, al mencionar el artículo 2 (a) que se refiere a las obras amparadas en este sentido: “Son obras literarias y artísticas (…) en forma de texto, notación y/o ilustraciones relacionadas, que se hayan publicado o que se hayan hecho públicas por otros medios”. Por lo tanto, la definición cubre libros, periódicos y otros textos similares, así como partituras musicales. No abarca películas. El tratado no permite que se cambie el contenido de una obra (por ejemplo, para facilitar la interpretación), sino sólo la transcripción de su contenido en un formato accesible”. De esta forma, queda claro cuál es el objetivo del tratado y cuál el alcance de la limitación a los derechos de autor, que, debemos insistir, ha de reglamentarse en debida forma para no afectar los legítimos intereses de los editores de libros y de los autores. En consecuencia, el Tratado de Marrakech no afecta a la industria cinematográfica. No la afecta en ningún sentido. l * Abogado por la UNAM, especializado en derecho de autor. Entre sus libros se cuentan Los derechos de autor en México, La publicidad y el derecho de autor y Derecho de autor y cine.
El caso Aristegui-MVS Radio se enfila a la Suprema Corte Jenaro Villamil Todo indica que, una vez que Carmen Aristegui logró un amparo a su favor en el litigio con MVS Radio, el caso llegará hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante la inminencia de que en éste intervenga un tribunal colegiado. Hasta el cierre de edición, los abogados de la empresa no habían dado a conocer su posición respecto al fallo del juez Fernando Silva Garza, pero extraoficialmente adelantaron que el juzgador se “excedió en sus facultades” al dictar medidas cautelares en favor de la periodista, por lo que interpondrán un recurso de queja. En una decisión sin precedentes en el ámbito de los medios de comunicación masiva y de sus relaciones con los periodistas y la libertad de expresión, el juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, Fernando Silva Garza, le otorgó la suspensión definitiva a Carmen Aristegui en su demanda de amparo contra MVS Radio, y perfiló una sentencia a favor de la conductora de la Primera Emisión, al tiempo que abrió la posibilidad de que el caso llegue a la Suprema Corte de Justicia ante la inminencia de que intervenga un tribunal colegiado, según especialistas consultados por Proceso. La suspensión definitiva a favor de Aristegui dejó pendiente el tema de fondo del amparo 672/2015, que es la reinstalación de la periodista, quien fue despedida unilateralmente por la emisora, pero ordenó medidas cautelares que incluyen la vigencia del contrato asociativo entre ambas partes; la reintegración del pago de salarios hasta que se dicte la sentencia; que se dejen sin efecto los “lineamientos editoriales” que ordenó la empresa el 13 de marzo y que se acuda a la figura del árbitro designado por las dos partes. Sobre el tema de la reinstalación de Aristegui –demanda que han expresado más de 200 mil radioescuchas a través de una petición en la plataforma Change.org y en varios amparos interpuestos por la violación a los derechos de audiencia– el juez Silva Garza argumentó así en su resolución: “En el entendido que el tema de si es o no es posible, y en qué medida, una reparación a efecto de que la parte quejosa (Aristegui) continúe con las transmisiones del noticiero denominado ‘Noticias MVS Primera Emisión’, será un tema de fondo que deberá reservarse para su análisis en la sentencia que se dicte en el juicio de amparo –y no en el presente incidente de suspensión– considerando que dicho estudio requiere un examen pormenorizado del alcance de la libertad de empresa (que si bien se ve limitada no desaparece en su contenido esencial dentro de una concesión administrativa) frente a la libertad de expresión e independencia periodística de la parte quejosa, momento en el cual dicho estudio será viable porque las partes ya habrán presentado las pruebas y formulado integralmente sus planteamientos de constitucionalidad, máxime que la sentencia de amparo, en su caso, sí hace posible constituir derechos con independencia de la vigencia estipulada en el contrato marco”. Bajo esta misma argumentación, el juez octavo reiteró el valor del arbitraje determinado por ambas partes en el contrato entre Aristegui y MVS y consideró que una de las medidas cautelares más importantes será la reunión que sostendrán en las instalaciones de MVS los directivos, la periodista y José Woldenberg Karakowski.
El juez determinó en la página 54 de su resolución el papel central del árbitro: “Si bien el arbitraje es materia de los aspectos civiles del contrato, este juzgador considera que resulta adecuado para tutelar cautelarmente los derechos fundamentales de la quejosa que se hallan en riesgo como medida cautelar en el presente juicio constitucional considerando la singularidad de la litis del presente incidente, en el que es necesario establecer un balance adecuado entre la libertad contractual, de empresa, la libertad de expresión e independencia periodística de la parte quejosa. “Toda vez que las partes se obligan al arbitraje en caso de conflicto y considerando el tiempo transcurrido desde la terminación reclamada dicho diálogo deberá iniciar y llevarse a cabo dentro del plazo de tres días hábiles en las instalaciones de MVS Radio, con la persona que han designado las partes en sus convenios modificatorios (José Woldenberg Karakowski) según su disponibilidad y en caso de desacuerdo o falta de disponibilidad el que señale la parte quejosa (dada la apariencia de buen derecho de su demanda)”. El plazo de los tres días hábiles se cumple este lunes 18 de mayo. Al enterarse de la resolución, Woldenberg notificó a los abogados de ambas partes su disponibilidad a partir del sábado 16 de mayo, aun cuando se encuentra en Uruguay. El exconsejero presidente del IFE se convertirá, así, en el árbitro clave antes de que el juez resuelva el fondo del amparo. “Desvío de poder” De acuerdo con los abogados Javier Quijano y Xavier Cortina, defensores de Aristegui, el valor de esta suspensión definitiva es que el juez “reitera el carácter de autoridad de MVS en un litigio de este tipo” donde está en juego la defensa de la libertad de expresión y la independencia editorial de la periodista; que MVS “violó dos condiciones fundamentales en el despido de la periodista: tiempo y forma”, y que la empresa incumplió, sobre todo, la cláusula XIII del contrato con Aristegui. En la página 43 de su resolución, el juez Silva García argumentó en el numeral 6 la “existencia de causas genéricas y ausencia de circunstancias de modo, tiempo y lugar para sustentar el aviso de terminación anticipada del contrato entre la quejosa periodista y MVS Radio”. “Este juzgador constitucional advierte que el aviso de terminación anticipada del contrato de la quejosa con MVS Radio pone en riesgo los derechos de defensa, así como de fundamentación y motivación, de la quejosa, puesto que en el acto reclamado no se expresaron consideraciones sustantivas, objetivas y razonables, de modo, tiempo y lugar para dar por terminado el contrato, sino que únicamente se enuncian las causas de terminación en forma genérica cuya falta de transparencia genera duda en la sociedad de si existió un desvío de poder, es decir, generan incertidumbre respecto a la motivación del aviso de terminación del contrato”. En el numeral 8 de su resolución, el juez subrayó que Aristegui debió gozar de un debido proceso y derecho de audiencia “previo” ante el aviso de terminación anticipada del contrato. Citó la cláusula XIII del Contrato Marco, donde ambas partes estipularon un procedimiento que no se respetó. Además, “el carácter intempestivo del aviso de terminación” constituye una “desconsideración por parte de la concesionaria MVS Radio del interés público y los derechos humanos que se ponen en riesgo con una decisión de dar por terminado anticipadamente un contrato periodístico de relevancia social”.
Para otros abogados consultados por Proceso, en este párrafo el mismo juez está anticipando el sentido del amparo a favor de Aristegui, el cual será litigado y rechazado por MVS. Las quejas de MVS y el juez Hasta el cierre de edición, los abogados de MVS, encabezados por Luis Capín López, no habían dado a conocer públicamente su posición frente a la suspensión definitiva a favor de Aristegui. Sin embargo, de manera extraoficial adelantaron a distintos medios que el juez Silva Garza se “excedió en sus facultades” al dictar las medidas cautelares y que interpondrán un recurso de queja ante el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, el mismo que ya antes había revocado la suspensión provisional previa del juez Silva Garza. No será la primera vez que Silva Garza adopte una decisión polémica que incomoda a los magistrados de un tribunal colegiado y, sobre todo, a intereses muy poderosos. Se trata del mismo juez que declaró inconstitucionales los artículos 212, 213 y 214 del reglamento de la Ley de Movilidad del jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, por considerar que vulneraban los derechos a la libertad de expresión y libre manifestación de los ciudadanos capitalinos. A finales de enero de 2014, Silva Garza admitió el amparo promovido por el senador Manuel Bartlett contra la reforma energética por vicios en el procedimiento legislativo. Bartlett argumentó que en menos de 12 horas los senadores leyeron más de 300 cuartillas de una iniciativa muy compleja que fue dictaminada fast track. En mayo del mismo año, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa revocó el auto de admisión dictado por Silva García y desechó la demanda por “notoriamente improcedente” al declarar fundada una queja de la Conserjería Jurídica de la Presidencia de la República. “Es evidente que ahí hubo una presión política del primer mandatario y se movilizaron los coordinadores de las bancadas que aprobaron la reforma energética”, recordó Bartlett, al rememorar este episodio con el mismo juez. En cuanto al caso Aristegui, Silva Garza, hijo del exministro de la Suprema Corte Juan Silva Meza, negó también que tuviera “amistad estrecha, enemistad manifiesta u otra causal análoga de impedimento para conocer el juicio de amparo 672/2015”. “El carácter público de las partes y sus abogados no genera datos objetivos y menos subjetivos de imparcialidad que actualicen un impedimento a cargo de este juzgador. No existe amistas y menos amistad estrecha entre Javier Quijano y este juzgador constitucional”, sentenció Silva Garza en las primeras páginas de su resolución. El juez hacía referencia a la queja interpuesta por MVS ante el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa para desacreditar a Silva Garza por su supuesta amistad con Javier Quijano. Las “pruebas” que presentaron los abogados de MVS fueron las columnas periodísticas de Ricardo Alemán publicadas el 15 y 16 de abril en El Universal (Proceso 2008). Alemán publicó el 14 de mayo en su columna Itinerario Político que “un comensal frecuente de la exclusiva Taberna del León, que le pareció ver en amena charla, el pasado martes, al juez Fernando Silva García y a la señora Carmen Aristegui. ¿Será? En el lugar, propiedad de Mónica Patiño –amiga de la conductora–, se negaron a
responder preguntas”. Aristegui negó a Proceso por completo esta versión del columnista de El Universal utilizado por MVS en su queja ante el Quinto Tribunal Colegiado. La atracción de la Suprema Corte En su columna de trascendidos Bajo Reserva, El Universal afirmó que “los escenarios legales y la experiencia de largos litigios indican que el pleito entre la periodista Carmen Aristegui y la empresa MVS es un asunto que tendrá que ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nos explican que dentro de algunos meses, cuando se haya pasado por todas las instancias, los ministros tendrán en sus manos un caso en el que la conductora alega violaciones a la libertad de expresión y la extinción unilateral del contrato firmado entre las partes. Desde luego, nos aseguran, el combate en tribunales será a morir y ninguno de los actores está dispuesto a tirar la toalla. Lo que se verá dentro de algunos meses es si alguno de los dos contendientes, doña Carmen o MVS, gana por nocaut”. La posibilidad de que el caso sea atraído por la Suprema Corte de Justicia no es lejana, confirmaron a Proceso otros abogados y constitucionalistas consultados. Puede ser que un ministro o el pleno de la Corte soliciten la atracción ante el inminente conflicto entre el juez y los tribunales colegiados. De ser así, la Suprema Corte dirimirá, por primera vez, si existen violaciones a los derechos humanos, especialmente a la libertad de expresión y a la libre investigación periodística, cuando una empresa concesionaria de un medio de comunicación masiva decide rescindir unilateralmente un contrato como el que MVS tenía con Aristegui, donde se garantizaba la autonomía editorial de la periodista. En su resolución, el juez Silva Garza recordó que “la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las empresas concesionarias deben respetar y promover los intereses sociales y públicos a los que está condicionada la concesión administrativa”. Además, advirtió el juez, el máximo tribunal también estableció que “las concesiones administrativas en medios de comunicación deben respetar los derechos humanos” y que la nueva Ley de Amparo aprobada por el Congreso de la Unión “prevé el juicio de amparo para la defensa de los derechos humanos contra particulares cuando actúan en funciones de derecho público”. Desde la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) están observando con lupa el litigio entre MVS y Aristegui porque también traería consecuencias para las futuras relaciones entre concesionarios y conductores. Javier Tejado Dondé, abogado de Grupo Televisa y asesor jurídico de la CIRT, advirtió desde el 21 de abril en un artículo publicado en El Universal que “lo relevante de este caso es que la periodista –que alega censura del gobierno en su despido– para regresar está pidiendo estatizar toda la industria de radio y televisión”. Y lanzó su advertencia: “La CIRT le dijo a todos los partidos políticos y dependencias gubernamentales que la radiodifusión era una actividad de interés público, y no de servicio público. Pero PRI y PRD insistieron. Ahí están las consecuencias”. l
Cascos azules: La impunidad Mathieu Tourliere El sueco Anders Kompass, funcionario de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, filtró a la justicia francesa un documento “confidencial” que informa sobre violaciones cometidas por cascos azules franceses contra niños de un campo de desplazados de la República Centroafricana. Por esa filtración, los superiores de Kompass lo presionaron para dimitir; como éste se negó, lo suspendieron. Les importaba más castigarlo por “su mala conducta” que actuar para detener los abusos cometidos por los militares desplegados en una “misión de paz”. El pasado 15 de julio, el jefe de la Sección de Respuesta Rápida y de Misiones de Paz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Roberto Ricci, acudió a la oficina en Ginebra del director de la División de Operaciones de Campo y de Cooperación Técnica de ese organismo, el sueco Anders Kompass, y le entregó el reporte Abusos sexuales sobre niños por fuerzas armadas internacionales. En cada una de sus páginas aparecía el sello de “confidencial”. Kompass tenía tres décadas de navegar en el entorno de la ONU. De hecho, en septiembre de 2002 inauguró en México la oficina de la ACNUDH, de la cual fue primer titular. El reporte que recibió, elaborado por un funcionario del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, consiste en una recopilación de testimonios de niños y ocupantes del campo de desplazados de Mpoko, en Bangui, capital de la República Centroafricana, recogidos entre el 19 de mayo y el 24 de junio de 2014, uno de los periodos más violentos de la tercera guerra civil que sacudió al país africano. Los niños describieron cómo soldados de Francia, Chad y Guinea, encargados de vigilar el inmenso campo –llegaron a refugiarse en él hasta 100 mil personas–, obligaron al menos a diez menores a realizar actos sexuales a cambio de alimentos, bienes básicos o dinero. Dos de ellos ni siquiera habían cumplido nueve años cuando los violaron. “Uno de ellos era chaparro y fumaba mucho, el otro era delgado y no fumaba. Nos preguntaron qué queríamos. Contestamos que teníamos hambre. El chaparro nos dijo que primero sacáramos su bangala (pene) de sus pantalones. El bangala del delgado era para mi amigo. Sus bangalas estaban frente a nosotros, a nivel de nuestras bocas”, narró uno de los niños, al describir con más detalles tanto el abuso sexual como sus perpetradores. Al menos 14 soldados franceses participaban en la Operación Sangaris, desplegada por París para apoyar a la Misión de Mantenimiento de la Paz en la República Centroafricana, aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU el 5 de diciembre de 2013 a fin de evitar un “genocidio” a raíz de los enfrentamientos entre milicias cristianas y musulmanas. El 23 de julio siguiente Kompass aprovechó que el Consejo de Derechos Humanos sostenía en Ginebra una reunión sobre los territorios palestinos ocupados para acercarse al embajador francés ante la ONU, Nicolas Niemtchinow, y le platicó del reporte. Luego informó de esta charla a Flavia Pansieri, directora adjunta del ACNUDH.
A finales de ese mes, la misión permanente de Francia en Ginebra le pidió el reporte. Le aseguró que mantendría la confidencialidad del documento y protegería a las personas involucradas. El sueco sacó fotocopias del reporte y las entregó a la misión francesa. El 7 de agosto siguiente las envió por correo electrónico a Pansieri, cuya asistente las transfirió a la oficina del secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon. Así pareció cerrarse el caso. Sin embargo, a finales de octubre de 2014 las autoridades francesas contactaron al ACNUDH y le pidieron que levantara la inmunidad a la empleada que había recogido los testimonios, con el fin de entrevistarla. El organismo se negó, pero aceptó que las autoridades francesas enviaran un cuestionario por escrito. Según el diario Le Monde, no fue sino hasta el 29 de abril de este año cuando la justicia francesa recibió la respuesta. Ya antes, en noviembre de 2014, ésta había pedido a la ACNUDH compartir con ella los avances de la indagación. La intromisión de la justicia francesa en los secretos militares de la ONU no complació al secretario adjunto del Departamento de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz, el francés Hervé Ladsous, quién solicitó al titular de la ACNUDH, Zeid bin Ra’ad, forzar al sueco a presentar su dimisión. En marzo pasado, Pansieri explicó la situación a Kompass. Sorprendido, éste se negó a renunciar. Práctica sistemática A posteriori, Kompass explicó que entregó el reporte a la justicia francesa para presionar al gobierno de este país y acelerar la investigación sobre los abusos cometidos por sus soldados. Un informe elaborado por expertos en noviembre de 2013 a petición de las Naciones Unidas hace pensar que Kompass tuvo razón en recurrir de manera directa a las autoridades francesas en vez de confiar en los mecanismos internos de la ONU para investigar y castigar a los violadores. En el documento –elaborado a raíz de visitas a las misiones de mantenimiento de paz de la ONU en Congo, Haití, Liberia y Sudán del Sur– los expertos sostuvieron que los abusos sexuales se cometen de manera sistemática durante las misiones y sus responsables gozan de total impunidad debido a la protección que les proporciona el silencio cómplice de los funcionarios de la ACNUDH, cuya sede está en Nueva York. Según el informe, al ser desplegados en zonas de conflicto y en situaciones de emergencia humanitaria, donde ya suelen ocurrir violaciones y abusos sexuales, ciertos soldados, provenientes de distintos países, aprovechan las necesidades de las poblaciones más vulnerables para abusar de ellas. Los expertos subrayaron que las violaciones se agravan cuando los militares se sienten superiores a las habitantes del país al cual acuden, ya sea por un asunto de género, por condiciones socioeconómicas o por mero racismo. Los expertos aseveraron que prácticamente no se reportan los casos de abusos sexuales debido, entre otros factores, a debilidades estructurales y falta de voluntad de las instituciones castrenses, las cuales suelen ser reacias a investigar a sus integrantes y en cuyo seno existe el consenso tácito de que “la sexualidad masculina es extremadamente difícil de controlar”. Denunciaron, por ejemplo, la ausencia de una capacitación de calidad para evitar
abusos sexuales, la falta de comunicación entre las agencias que participan en las misiones, el rechazo por parte de los militares a entregar información respecto del mal uso de la fuerza y de manera más general, repudiaron la “cultura del silencio” alimentada por “el cuidado extremo” para los derechos del acusado en contraste con la escasa atención que les merecen los derechos de las víctimas. Asimismo subrayaron “los largos plazos, así como los estándares de pruebas poco realistas” que exigen las oficinas de Nueva York para efectivamente atraer los casos e investigarlos. Los expertos concluyeron que “la impunidad es más la norma que la excepción” en los casos de abusos sexuales perpetrados por cascos azules. “Mala conducta” El pasado 24 de marzo, Bin Ra’ad y Pansieri se reunieron con los jefes de las oficinas de Control Interno y la de Ética de la ACNUDH. Al terminar dicha reunión, Pansieri pidió a Kompass que redactara una carta para detallar la forma en la cual manejó el reporte. Preocupado, éste preguntó al jefe de la Oficina de Ética, Joan Dubinsky, la razón de esta solicitud. Un asistente le contestó que no existía investigación en su contra ni razón alguna por la cual preocuparse. Sin embargo, apenas tres semanas después, el pasado 17 de abril, Kompass recibió un memorando de la División Administrativa de la ONU en Ginebra que le informó que “la ACNUDH requirió una investigación por alegatos de mala conducta contra usted y recomendó su licencia administrativa con pago entero durante el tiempo de la investigación”. En el memorando, la ACNUDH justificó la suspensión al aseverar que así “se preservarán todas las evidencias y se evitará cualquier interferencia con la investigación”. Kompass apeló la decisión ante el tribunal de las Naciones Unidas. La calificó de “una medida disciplinaria disfrazada, o un castigo impuesto por la ACNUDH” a raíz de su rechazo a renunciar. La historia del reporte y de la sanción contra Kompass se mantuvieron en secreto hasta que el 19 de abril, dos días después de la suspensión del sueco, el periódico británico The Guardian reveló partes del reporte –el cual “detalla la violación y la sodomía de niños hambrientos y sin hogar por parte de soldados franceses de mantenimiento de la paz, quienes supuestamente los protegían en un centro de desplazados internos en Bangui”– e informó sobre las sanciones contra Kompass. La publicación del reportaje provocó un escándalo en Francia, donde ese mismo día el presidente Francois Hollande aumentó en 3 mil 800 millones de euros (unos 64 mil millones de pesos) el presupuesto del Ministerio de la Defensa para el periodo 2016-2019. Los medios galos expresaron su indignación por el hecho de que un periódico británico revelara las malas conductas del ejército francés, pese a que la justicia de Francia sabía del caso desde julio de 2014. Sin embargo, manejaron con cierta reserva el tema de las violaciones, otorgando la presunción de inocencia a los soldados. El 30 de abril Hollande se mostró firme ante las cámaras de televisión y declaró que “si algunos soldados se han portado mal, no tendré piedad”.
Los voceros de la institución castrense, por su parte, multiplicaron las conferencias de prensa para insistir en que el gobierno “no escondió nada” y que aplicarán una política de “cero tolerancia”. A escala internacional el caso de la sanción disciplinaria contra Kompass atrajo más atención que las violaciones sexuales, sobre todo cuando el vocero adjunto de Ban Ki-Moon, Farhan Haq, afirmó que Kompass no se podía definir como un “lanzador de alertas”. A través de su representante en Ginebra, la diplomacia sueca envió una notificación a la ACNUDH para exigir la reincorporación de Kompass a su empleo y aseveró que “no sería bueno que la ACNUDH lo obligara a renunciar”. Distintas organizaciones de la sociedad civil, como Aids Free World –la cual supuestamente entregó una copia del reporte a The Guardian–, hicieron llamados en el mismo sentido, denunciando que la supuesta intención de la ONU había sido “enterrar el informe”, como ha ocurrido en casos anteriores. Preguntado sobre el caso durante una sesión de la ACNUDH el viernes 8, Bin Ra’ad aseveró que el organismo “se enfocó de manera exclusiva en cuestiones de procedimiento” para sancionar a Kompass, pero expresó en distintas ocasiones su “sorpresa” ante la decisión de Ladsous de castigar al sueco. Asimismo insistió en que en realidad los soldados franceses se encontraban en el campo como integrantes de la Operación Sangaris –“bajo sus propias cadenas de mando militar”– y no bajo la administración directa de la ONU. “No entiendo, no tiene sentido: ¿Por qué el titular del mantenimiento de la paz (Ladsous) elevó un problema que no involucraba a una operación de mantenimiento de la paz? No sé, de verdad no sé. Me sorprendió”, abundó Bin Ra’ad. El día anterior a la sesión, un reportero de Inter City Press preguntó a Ladsous, quien caminaba a paso acelerado, por qué había solicitado el despido de Kompass. Visiblemente enojado, éste se dio la vuelta y contestó: “Lo niego”. Juicio interno A partir del 29 de abril los miembros del tribunal de la ONU analizaron la sanción disciplinaria contra Kompass. Lo anterior quedó plasmado en un documento, cuya copia obtuvo Proceso. La ACNUDH acusó a Kompass de “filtrar notas preliminares” de la investigación, las cuales eran “confidenciales” y donde hay “nombres y otras informaciones que permiten identificar a los niños que alegaron ser víctimas de violaciones sexuales, así como a los integrantes del equipo que condujo las entrevistas y quienes resultan ser testigos visuales claves para la investigación”. Por su parte, el sueco afirmó que “nunca negó haber compartido una copia del reporte con las autoridades francesas” y siempre fue “muy transparente respecto de sus acciones”. Asimismo esgrimió el argumento de sus 30 años al servicio de la ONU, la cual lo describe como un empleado “reconocido por sus competencias y su integridad”. El martes 5 el juez Thomas Laker afirmó que “no existe ninguna evidencia según la cual (Kompass) tuvo la intención de destruir pruebas” y concluyó que “existen dudas serias sobre la legalidad de la decisión (de suspenderlo)”, por lo cual obligó a su oficina en Ginebra a levantar la sanción. l
“La orden era disparar y disparar” Beatriz Lecumberri Un informe de la organización civil israelí Breaking the Silence, compuesta por exsoldados, recoge los demoledores testimonios de más de 60 militares que participaron en la guerra de Gaza de julio y agosto de 2014. En sus relatos detallan los excesos cometidos y el comportamiento “contrario a la ética militar” que imperó durante la operación Margen Protector, en la que murieron cerca de 2 mil 200 palestinos y 73 israelíes. JERUSALÉN.- “Recuerdo que era nuestro primer ‘shabbat’ (sábado) de la guerra. De repente apareció aquel anciano y creo que todos pensamos que podría ocultar explosivos. El soldado que estaba en la torre de control vio al civil y le disparó, pero no logró matarlo. El hombre, malherido, aullaba de dolor, pero los médicos no querían acercarse por miedo a que fuera un kamikaze. Teníamos dos opciones: dejarlo morir lentamente o aliviar su agonía. Decidimos lo segundo. Un tanque fue y lo enterró bajo una montaña de escombros y así acabó todo.” El crudo testimonio de este sargento que participó en la guerra de Gaza forma parte del extenso y desolador informe publicado el lunes 4 por Breaking the Silence. Ocho meses después de la entrada en vigor de la tregua que puso fin a siete semanas de guerra, varias decenas de soldados y oficiales de diferentes unidades decidieron “romper su silencio” y explicar cómo lucharon realmente en Gaza. De forma anónima –con el fin de no pagar un “precio social demasiado alto”– estos militares describen sus dudas, su angustia a la hora de apretar el gatillo, su desconcierto ante las órdenes de los comandantes, su zozobra al sospechar que muchos blancos eran civiles y el sentimiento extraño de estar en una especie de siniestro videojuego en el que los muertos eran de verdad, pero nadie les pediría cuentas por ellos. Durante semanas, la mayoría de los soldados actuó, tomó decisiones u obedeció mecánicamente, sin compasión, en silencio y sin hacerse demasiadas preguntas. “La idea era: ‘Si divisas a alguien cerca, dispara’. Sin autorización. ‘¿Por qué debemos disparar?’, preguntamos. ‘Porque nadie que no sea un terrorista y que esté en su sano juicio se acerca a un tanque’, respondieron. No interesaba si la persona a la que disparábamos representaba una amenaza, y en el fondo aquello me parecía bien. Cuando disparas a alguien en Gaza no le importa a nadie, primero porque es Gaza y segundo porque la guerra es así”, resume uno de los soldados. “Al principio había cosas que me molestaban, pero después de tres semanas en Gaza, disparando contra todo lo que se mueve, ya no sentía nada. Las nociones del bien y del mal se diluyen, se pierden los principios morales y todo se convierte en una especie de juego. Aquello no parecía real”, narra un sargento de artillería. Al regresar a sus casas, aquellos militares comprobaron que sus familias, amigos o vecinos no tenían la menor idea de cómo se había librado la guerra en Gaza y tampoco querían saber qué había pasado realmente. A algunos de ellos, esta indiferencia –sumada al empeño en idealizar al ejército– comenzó a resultarles insoportable. “En Israel no hay debate público sobre la actuación del ejército o los daños colaterales de una guerra. Cada dos o tres años realizamos una incursión en Gaza y los límites se
empujan un poco más allá, se causa más daño a civiles y se destruyen más casas. Ahora, con este informe, los hechos están sobre la mesa y los ciudadanos no pueden decir que no saben”, declara a Proceso Avihai Stollar, exmilitar y director de investigación de Breaking the Silence. “La noción del deber” La guerra de Gaza dejó un saldo de casi 2 mil 200 muertos palestinos y 73 israelíes. La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) calcula que 10 mil viviendas de la Franja fueron totalmente destruidas y más de 100 mil sufrieron daños. Barrios como Shuyaiyah, al norte de Gaza, siguen arrasados hasta la fecha y dan testimonio de la crueldad de esta guerra. Según cifras de la UNRWA, el número de personas desplazadas por los enfrentamientos rondó las 300 mil; es decir, uno de cada seis habitantes de la Franja tuvo que abandonar su casa. Además, más de 80 escuelas e infraestructura vital, como la central eléctrica o el sistema de depuración y distribución de agua potable, fueron objetivos de la artillería israelí. Para desconsuelo de todos, las circunstancias que provocaron la guerra siguen presentes: Israel no ha aliviado su bloqueo contra la Franja, las milicias palestinas siguen activas, el movimiento de resistencia islámico Hamas controla Gaza y hay túneles que siguen usándose para hacer entrar mercancías y armas. Breaking the Silence, que denuncia desde hace más de una década los abusos y comportamientos reprochables del ejército israelí, cree que durante la operación Margen Protector se violaron las principales leyes de la guerra, comenzando por la preservación de la vida de los civiles enemigos. “Se batió un récord en el uso de la fuerza y en la magnitud de la destrucción. El fuego fue tan indiscriminado que no se podía distinguir entre civiles y combatientes, lo cual multiplicó el balance de muertos palestinos”, explica Stollar. Las cifras hablan por sí solas. Según datos de la organización no gubernamental, en 2008-2009, durante la operación israelí Plomo Fundido contra Gaza se dispararon 8 mil proyectiles de artillería mientras que en 2014 se superaron los 35 mil. Experto legal de Breaking the Silence, Michael Sfard considera que apenas hubo restricciones para disparar y la noción de “deber” se vio claramente “distorsionada”. “En 2014, los testimonios demuestran claramente que todo aquel que no perteneciera al ejército israelí y se encontrara en una zona de combate se convertía de forma automática en ‘sospechoso’”, afirma. “Al principio no se recibía autorización para disparar si había riesgo de herir civiles. Pero el tiempo pasó y nos llegaban muchas más autorizaciones para bombardear. La orden era disparar y disparar. Si había gente en aquellas casas, no deberían estar ahí porque habían recibido nuestra orden de evacuar. Por lo tanto, si permanecían allá es porque eran terroristas”, resume un combatiente. Pero Sfard recuerda que “hubo civiles que habían recibido una advertencia del ejército israelí, pero se quedaron en la zona porque eran ancianos, estaban enfermos, eran amenazados por milicias o simplemente no tenían otro lugar adonde ir. (…) Y eso no los convertía en un blanco legítimo ni eximía a nuestros soldados de diferenciar entre civiles y combatientes palestinos”, añade. “Aquello era una porquería”
Julio de 2014. Ciudad de Rafah, al sur de la Franja de Gaza. Una unidad de infantería del ejército israelí ve a dos chicas palestinas caminando a una distancia de 800 metros. “No debían estar allí”, por lo tanto, son sospechosas y mueren acribilladas. Un tanque se acerca a los cadáveres y ve que sólo llevaban encima un teléfono celular. Es claramente un error, pero los responsables militares deciden incluirlas en la lista de terroristas muertos durante la operación. “Sentí que todo aquello era una porquería”, dice el soldado israelí que narra el episodio. Avihai Stollar fue sargento de infantería durante la Segunda Intifada (segundo “levantamiento” de palestinos contra israelíes, entre 2000 y 2005). Estuvo destacado cerca de Hebrón, una de las zonas más complicadas de Cisjordania. Recuerda que, en aquellos momentos en los que había atentados suicidas y enfrentamientos frecuentes el código de conducta era “muy claro” y sólo se podía disparar “si el supuesto enemigo tenía un arma, mostraba intenciones de usarla y si, por la distancia a la que se encontraba, tenía la capacidad de hacer daño”. “Pero en 2014, estas reglas parecen hacer desaparecido”, lamenta este exmilitar de 32 años. “No sé cómo se habría comportado otro ejército durante la última guerra en Gaza. En el fondo me da igual: Soy israelí y sirvo a este ejército. Mucha gente dice que Hamas disparaba desde hospitales y usaba a civiles como escudos sin importarles su suerte, pero a mí lo que me aterra es que nos parezcamos a ellos. Decimos con orgullo que tenemos el ejército con más ética del mundo, pero aquí hay soldados diciendo otra cosa”, abunda Stollar. ¿Cómo se explica este cambio drástico en el código de conducta militar? Para Breaking the Silence hay un factor de peso: “La opinión pública israelí no quiere ver más funerales de soldados”. Por ello y pese a que los Convenios de Ginebra que regulan los conflictos armados insisten en la necesidad de proteger a los civiles durante una guerra, en Gaza la vida de los soldados israelíes era prioritaria. “Y eso lo justificaba todo”, asevera un soldado en su testimonio. Aun así, en Gaza fallecieron 67 militares israelíes. En un artículo publicado a finales de 2014 en la revista Jewish Review of Books, el filósofo Asa Kasher, autor del código de ética de las fuerzas armadas israelíes, defendió la actuación del ejército en Palestina y consideró que las acusaciones emitidas contra la institución castrense eran “injustas”, ya que las fuerzas armadas habían dado prueba de “mesura” durante esta guerra. “¿La presencia de un número importante de civiles cerca de un edificio que es el punto de origen de ataques terroristas contra Israel torna este edificio intocable? La respuesta es no. Israel no puede dejar de proteger a sus ciudadanos simplemente porque terroristas usen a civiles como escudos”, escribió. El informe de Breaking the Silence se publicó días después de que la ONU denunció los bombardeos israelíes de varias de sus instalaciones en Gaza –en los que murieron 44 civiles– y en un momento en que la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya estudia abrir una investigación sobre posibles crímenes de guerra en Gaza. En los testimonios de los soldados o las declaraciones de los miembros de la ONG no es usado en ningún momento el término “crímenes de guerra”. El objetivo de Breaking the Silence es sobre todo abrir los ojos de la opinión pública israelí e impulsar una investigación independiente sobre la actuación de ejército para corregir sus “excesos
morales” de cara al futuro. “Pero todo el mundo puede utilizar este informe. Lo que hacemos nosotros es exponer los hechos y si parte de este informe es usado en la CPI no será porque nosotros hayamos publicado estos testimonios, sino porque lo que estamos contando ocurrió”, matiza Stollar. El lunes 4, horas después de que se hizo público el informe de Breaking the Silence, un portavoz militar israelí subrayó que se investigará “con seriedad cualquier denuncia creíble” sobre la operación en Gaza. Portavoces militares israelíes siempre subrayaron que el ejército hizo todo lo posible para reducir al mínimo la cantidad de víctimas civiles palestinas en Gaza y culparon a Hamas de usarlos como escudos humanos. Además, en este momento, la policía militar investiga 19 denuncias sobre presuntos delitos cometidos por el ejército durante la operación Margen Protector. Los casos van desde el robo de dinero en casas hasta la muerte de cuatro niños que correteaban en una playa en Gaza cuando fueron bombardeados. Pero basándose en casos precedentes –que revelaron el escaso poder de sanción del ejército israelí hacia los suyos–, los responsables de Breaking the Silence dudan que estas investigaciones consigan el efecto deseado. “Si no logramos ahora abrir los ojos de la opinión pública israelí, nuestra pregunta es qué pasará en Gaza durante la próxima operación militar”, concluye Stollar. l
La rebelión de los judíos negros Lucía Luna Son negros. Son judíos. Y son ciudadanos israelíes. Son los llamados Beta Israel, más conocidos como falashas o falashmoras, palabras que significan exiliado o emigrado. Desde hace 40 años han ido llegando de Etiopía a Tierra Santa con apoyo del gobierno de Tel Aviv y hoy suman unos 140 mil. Pese a su reconocimiento oficial estos inmigrantes se dicen discriminados. Muchos datos así lo avalan. El 70% se concentra en guetos distribuidos en el norte de Israel, entre poblaciones musulmanas y cristianas; según Naciones Unidas, 50% de ellos vive por debajo del umbral de la pobreza, cuando sólo 16% del resto de los israelíes cruza esa línea. Según el Proyecto Nacional Etiope, organización no gubernamental que asiste a esta comunidad, sus miembros sufren las tasas de desempleo más altas, realizan los trabajos más precarios y perciben los salarios más bajos. Menos de la mitad de sus jóvenes logra concluir la secundaria y, en cambio, hasta 40% engrosa las filas de la delincuencia juvenil en las cárceles israelíes, además de ser el grupo más castigado por la represión policial. Uno de estos episodios fue grabado y difundido por internet el 26 de abril: se puede ver a dos policías israelíes de piel blanca golpear y detener, sin motivo aparente, a un soldado de piel oscura con el uniforme de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Más tarde se sabría que se trataba de Damas Fekade, joven falasha cuyo delito habría sido querer cruzar con su bicicleta un improvisado retén en la ciudad de Holón. Las imágenes causaron indignación entre la comunidad etiope, reviviendo añejas acusaciones de discriminación y racismo institucional. Y aunque los dos oficiales captados en la agresión fueron suspendidos y se abrió una investigación sobre el incidente, esto no fue suficiente para calmar los ánimos frente a lo que se percibe como una recurrente brutalidad policiaca contra los jóvenes falashas. Fentahum Assefa Dawit, director ejecutivo de Tebeka, organización que defiende el trato igualitario y justo para los israelíes etiopes, dijo a The Jerusalem Post que la única diferencia en este incidente es que fue captado en video, pues “el que un joven falasha sea atacado por la policía y acusado falsamente de crímenes es un escenario bastante común”. Así lo expresaron miles de manifestantes de diversos sectores sociales que salieron los días siguientes a las calles de Tel Aviv y Jerusalén coreando consignas como “¡Basta de racismo!”, “¡Policías violentos, a la cárcel!” o “¡Ni negros ni blancos! ¡Todos somos israelíes!”. Las manifestaciones, que empezaron de forma pacífica, desembocaron en violencia. Al tiempo que algunos participantes lanzaban piedras, botellas y petardos a la policía, ésta respondía con granadas aturdidoras, gas lacrimógeno y cañones de agua. El resultado fue de unos 40 heridos, entre agentes y manifestantes; un número indeterminado de detenidos, vehículos incendiados y comercios dañados. Dani Adino Abeba, periodista y miembro de la comunidad etiope, escribió en el diario Yediot Aharonot que la explosión se debía a “un hartazgo acumulado durante los últimos 30 años” en los que, según afirmó, “el resto de los israelíes nunca nos ha visto como iguales”.
Los disturbios fueron de tal magnitud y tuvieron tal resonancia nacional e internacional, que las máximas autoridades de Israel salieron a dar la cara. Aunque censuró la violencia, el presidente Reuven Rivlin sostuvo que los reclamos de los Beta Israel “dejan al descubierto una herida abierta y sangrante en el corazón de la sociedad israelí y deben ser atendidos”. También el primer ministro, Benjamín Netanyahu, llamó a los israelíes a la unión y a combatir el racismo, luego de reunirse con el soldado Fekade y ofrecerle una disculpa pública. A pesar de ello los ánimos no se calmaron del todo y continuó habiendo protestas aisladas. Además, el gobierno de Adis Abeba anunció que seguía con atención los acontecimientos, y pidió a su par israelí explicaciones sobre las recurrentes quejas de sus ciudadanos de origen etiope en materia de discriminación institucional y represión policiaca. Y es que si bien los falashas ya son ciudadanos de Israel y no de Etiopía, los etiopes los siguen considerando parte de su historia. El derecho a la aliyá Aunque el origen de estos judíos negros se pierde en el tiempo y en el mito, la versión más socorrida es que se trata de los descendientes de Menelik I, el hijo que supuestamente habría tenido el bíblico rey Salomón con la reina de Saba alrededor del siglo X antes de nuestra era. Tanto así que al emperador Haile Selassie I le gustaba ostentarse como el monarca número 2 mil 250 de esa dinastía. Otra línea sugiere que provienen de los matrimonios entre nativos y miembros de la tribu israelita de Dan –hijo de Jacob y Bil-kha, una de sus siervas– que en épocas de la destrucción del Primer Templo se asentaron en el Kush, hoy Etiopía. Y fuentes históricas más actualizadas plantean que simplemente se trata de la mezcla entre locales y judíos que llegaron a esas tierras en diferentes épocas y circunstancias como exiliados, comerciantes, soldados, etcétera; más otros que pudieran haberse convertido. Como fuera, tras la creación del moderno Estado de Israel (1948), éste los reconoció como judíos de la diáspora y les confirió el derecho a la aliyá o retorno a la patria ancestral. Los contactos empezaron tan pronto como en 1953, cuando la Agencia Judía para Israel (AJI), encargada de los retornos, envió al rabino Shmuel Beeri como el primer emisario a Etiopía. Éste estableció la primera escuela hebrea para judíos etiopes en Asmara, y entre 1955 y 1965 un grupo de jóvenes nativos, conocido como Kfar Batya, fue entrenado en Israel para luego volver con una doctrina actualizada a sus comunidades (ello debido a las diferencias culturales en la práctica del judaísmo, que en parte son causa de los choques con los judíos israelíes hasta la fecha). Enmendada la Ley del Retorno para los Beta Israel en 1970, a partir de ese año los judíos etiopes pudieron emigrar libre y voluntariamente a Israel hasta 1977, cuando después de un periodo de revueltas populares que derrocaron al Negus, como se llamaba al emperador, un golpe militar instauró un gobierno de corte marxista. Encabezado por Mengistu Haile Mariam, el nuevo régimen prohibió las prácticas religiosas judías y el adoctrinamiento sionista, y cerró las fronteras a la emigración. Muy pronto, miles de los llamados fala-shas empezaron a huir a pie a Israel o a refugiarse en países vecinos. Comprendiendo el apremio de la situación, dice la AJI en
su página web, “el Mossad y las FDI se unieron para establecer procedimientos más efectivos y mejorar las condiciones de la aliyá”. Primero por goteo y luego de manera masiva, los judíos etiopes fueron rescatados por agentes y soldados israelíes. Hubo dos grandes operativos. Entre 1984 y 1985 la Operación Moisés sacó a casi 6 mil 400 refugiados de Sudán; y en 1991, con la mediación de Estados Unidos, la Operación Salomón logró sacar en apenas 34 horas a 14 mil 400 judíos negros de Etiopía, mediante un puente aéreo ininterrumpido de aviones militares y civiles de la línea El Al. A partir de entonces, aunque de forma más fragmentaria, el régimen de Tel Aviv siguió propiciando la inmigración de los judíos etiopes a Israel, que, según algunas fuentes, eran de 150 a 200 por mes. Hasta 2013, cuando la AJI envió una carta a su representante en Etiopía, Asher Seyum, en la que le notificaba que el 28 de agosto de ese año saldrían los dos últimos vuelos colectivos de “retorno” para los Beta Israel. La AJI informó que se trataba del fin de la Operación Kanfei Ioná, iniciada el 20 de octubre de 2012, y que constituía “el punto culminante del proceso de aliyá para aquellos elegibles en Etiopía y el Cuerno de África para la inmigración, de acuerdo con la Ley del Retorno y su enmienda de 1970”. De esa fecha en adelante, “únicamente las solicitudes de inmigración individuales serán examinadas cuidadosamente caso por caso”. Analistas de la prensa israelí habían observado ya en 2010, cuando Netanyahu anunció una serie de medidas para reforzar el control de la inmigración, que el gobierno temía un arribo masivo de migrantres económicos de África. Pero también apuntaban a la dificil integración de los judíos extranjeros, particularmente los etiopes, a la sociedad israelí. Discriminación Aunque no tan multitudinarias ni violentas, en 2012 ya habían estallado protestas de colectivos falashas en respuesta a casos de discriminación revelados por los medios. En uno se informó que algunos propietarios se estaban rehusando a rentar sus inmuebles a judíos etiopes. En otro, que alcaldes se negaban a aceptarlos en sus municipios, por temor “a un descenso en el nivel escolar y un aumento de la delincuencia”. Ya antes, The Jerusalem Post había publicado un sondeo según el cual 43% de los israelíes no deseaba que alguno de sus familiares se desposara con un miembro de la comunidad falasha. Pero sin duda el escándalo mayor lo destapó el diario Haaretz, al revelar que el gobierno de Tel Aviv había obligado a las falashas a tomar anticonceptivos regularmente para otorgarles el permiso de establecerse en territorio israelí. En lo que algunos han calificado como “un crimen”, la natalidad dentro de la comunidad falasha en Israel disminuyó 50% en 10 años. Aun así, el colectivo judío etiope ha crecido hasta 140 mil miembros, 80 mil de los cuales se calcula que ya han nacido en Israel. La mayoría de ellos son jóvenes y ya no quieren seguir marginados. Según un despacho de la BBC londinense, uno de los manifestantes le dijo al Canal 10 de la televisión israelí: “Nuestros padres han sido humillados durante años. Nosotros no estamos dispuestos a esperar más para que se nos reconozca como ciudadanos igualitarios. Quizá todavía nos tome unos meses, pero ocurrirá”. l
Un colegio que alimenta al poder Alejandro Gutiérrez El ultraconservador colegio de Nuestra Señora del Pilar, con más de un siglo de existencia, es considerado una especie de Harvard a la española. Por sus aulas han desfilado los personajes que durante la dictadura franquista detentaron los poderes políticos y económicos de España... y lo siguen haciendo en la democracia. Un expresidente (Aznar), un exsecretario general de la OTAN, ministros, diplomáticos, empresarios exitosos y miembros de la realeza forman parte de esa comunidad, la pilarista, que ha tejido una “enorme red de amistad, negocios y cargos públicos”, y separa a los “ciudadanos de verdad” de los “pecadores y fracasados”. Madrid.- El colegio de Nuestra Señora del Pilar, dirigido por la orden religiosa Compañía de María (marianistas), es un referente para las élites del poder en España. Ningún otro centro de enseñanza reúne tanto poder por metro cuadrado. Entre sus antiguos alumnos hay un expresidente de España, un exsecretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y alto comisionado de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, hay varios ministros de la dictadura de Francisco Franco y también de los distintos gobiernos de la democracia. La lista de diplomáticos que salieron de sus aulas es nutrida, lo mismo que dirigentes del Partido Popular (PP) y del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), quienes en su niñez y adolescencia corrieron en su patio. De este colegio egresaron otros cuyos apellidos (Garrigues y Uría) dan nombre a los dos despachos más poderosos del país; viejos alumnos pilaristas son o han sido ejecutivos de los tres diarios más influyentes de esta nación, El País, ABC y La Razón. Varios dirigieron la Radio Televisión Española (RTVE) o la agencia de noticias EFE. También son pilaristas algunos de los principales ejecutivos o accionistas de las grandes empresas españolas, presentes en México y Latinoamérica, que cotizan en la Bolsa de Valores de Madrid, el Ibex-35. En toda esa élite de viejos alumnos se cruzan títulos nobiliarios y vínculos con la monarquía, pero sobre todo una “enorme red de amistad, negocios y cargos públicos”, afirma la periodista Eva Belmonte. “El Colegio del Pilar es una suerte del Harvard español y por sus aulas han pasado buena parte de los VIP de este país”, dice en entrevista la autora de Españopoly. Cómo hacerse con el poder en España (o, al menos, entenderlo) (Ariel/Planeta, 2015), quien desde la Fundación Civio –especializada en temas de transparencia– es responsable de iniciativas como El Indultómetro –seguimiento a los indultos que otorga el gobierno a quienes cumplen penas judiciales– y Quién manda, que analiza las redes del poder en España. Belmonte es la autora del blog El BOE nuestro de cada día, que traduce y contextualiza las decisiones gubernamentales publicadas en cada edición del Boletín Oficial del Estado. “Había escuchado hablar de la importancia de este centro de enseñanza”, dice Belmonte en entrevista, “pero cuando me planteo investigar para el libro cuál o cuáles son los colegios donde estudiaron los hombres que toman las decisiones en España, me doy cuenta que El Pilar es el que tenía mayor concentración de poder; en su
imponente edificio de estilo gótico, que parece una iglesia, vi que en los pasillos están todas las fotos de las distintas promociones y hay muchas caras conocidas”. “En sus aulas y en su patio se tejieron redes de amistad desde la infancia que hoy cruzan en la toma de decisiones de lo público y lo privado.” La “elite bienpensante” Con más de un siglo de existencia –lo cumplió en 2007– la educación en El Pilar tiene profundas raíces religiosas, con un alto nivel educativo, cuya primaria se gestiona como un “colegio concertado” que recibe subvenciones gubernamentales pese a ser colegio privado y cobrar colegiaturas. Hasta 1980 fue exclusivamente para hombres. Uno de sus antiguos alumnos es Juan Miguel Villar Mir, presidente del Grupo Villar Mir y del Grupo OHL, un viejo conocido de México –por ser el constructor consentido del presidente Enrique Peña Nieto–, quien definió en una entrevista para la revista del colegio que el perfil de sus exitosos egresados se debe a que tienen esa “levadura pilarista”: compañerismo y disciplina. En esa entrevista, al conde de Villar Mir “le preguntan qué diferencia a la saga pilarista del resto de los mortales”, a lo que el viejo cargo franquista y hoy exitoso constructor responde: “Somos ciudadanos de verdad”. Belmonte acota que esa llamativa respuesta “tiene un punto de vista muy católico, es una expresión muy religiosa que separa a los que somos ciudadanos de verdad, los bien pensantes como yo, practicante, y el resto que son pecadores y fracasados”. Sin embargo la periodista también recoge testimonios de exalumnos que no tuvieron buena experiencia en El Pilar; en la época del dictador Franco prevalecía la educación basada en la doctrina del nacional-catolicismo, muy machista y “que se ensañaba con lo diferente”. Es el caso del escritor Luis Antonio Villena, quien evoca humillaciones e insultos dentro del colegio y relata que el expresidente José María Aznar se le acercó en una comida para “coleguear” sobre su infancia común en el colegio, lo cual lo horrorizó: “Aquello me pareció muy típico. Era volver a la idea de que los antiguos alumnos formamos una hermandad y yo, desde que me fui del colegio, ni he sabido nada ni lo quiero saber”. La entrevistada sostiene que el colegio tuvo una educación apegada al nacional-catolicismo, aunque con un corte mucho más evolucionado. –Este colegio pasó con una cierta naturalidad de la dictadura a la monarquía, según se desprende de su investigación –se le señala. –Sí, fue un paso muy terso, pero además los antiguos alumnos se han adaptado de una manera muy natural, porque entre los egresados hay muchos que fueron altos cargos franquistas, como Villar Mir o Juan Abelló, que luego se convirtieron en los superempresarios durante la democracia y que siguen teniendo sus cuotas de poder. Y la mejor muestra de ese paso terso de la dictadura a la transición lo representa el propio colegio El Pilar. Sostiene en su libro que esta escuela tuvo un peso importante en actos de homenaje al régimen franquista, porque “El Pilar siempre ha estado cerca de los que dominan”. Uno de esos homenajes es citado en el libro: “El 13 de junio de 1943 el colegio acogió un gran acto de homenaje a los caídos, pero del bando ganador. Presidía la ceremonia Agustín Muñoz Grandes, uno de los hombres fuertes entre los militares franquistas, llegado sólo hacía unos meses de luchar en
Stalingrado junto al ejército alemán. Estaba al mando de la División Azul, las tropas de voluntarios españoles enviadas a colaborar con Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Gracias a su apoyo a la causa, Muñoz Grandes es uno de los pocos españoles que fue condecorado por el propio führer con la Cruz de Caballero con Hojas de Roble de la Cruz de Hierro, máximo símbolo nazi. Entre los alumnos en esa ceremonia estaba Antonio Muñoz-Grandes Galilea, hijo del homenajeado”. También fue alumno Agustín de Foxa, amigo de José Antonio Primo de Rivera, fundador del partido fascista la Falange Española de las JONS (Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista) y promotor del himno de dicho partido, “Cara al sol”. De Foxa, escritor y diplomático, en sus años de colegio fue autor de unos sentidos versos para su compañero de clase Carlos de Borbón y Orleans, tío de Juan Carlos I. También pilaristas fueron Alberto Ullastres, ministro de Comercio de Franco, los hijos de Luis Carrero Blanco (presidente de España en la etapa final de la dictadura) y José Antonio Vaca de Osma, gobernador civil de Ávila y jefe provincial de Falange. Redes VIP Belmonte considera que el éxito en las carreras de “tanto VIP en un solo patio”, es la confluencia de que el colegio crea y aglutina a esos personajes, con una “educación excelente encaminada al éxito profesional (que) puede ayudar a forjar altos cargos. Sin olvidar que la lista de contactos establecidos en el colegio puede allanar el camino a muchos de esos pilaristas a lo largo de su vida. ‘Si el chiquillo no se hace ministro, que al menos vaya a clase con uno que lo vaya a ser, a ver si eso le ayuda a pegar el empujón’”, apunta Por ello “Rafael Arias-Salgado (ministro con los presidentes Adolfo Suárez, Adolfo Calvo Sotelo y José María Aznar) compartió promoción con Guillermo de la Dehesa (vicepresidente del Banco Santander), Jaime Lamo de Espinosa (marqués, barón y exministro), Juan Abelló (empresario y cazador), Javier Rupérez (diplomático y político) y Rodrigo Uría (abogado). Durante sus años de “pantalón corto en el colegio se cruzaban en el patio con los jóvenes hermanos Solana, Rubalcaba, (el escritor) Fernando Savater y Miguel Ángel Fernández Ordóñez, exgobernador del Banco de España. “Forman parte de la ‘élite bienpensante’ del siglo XX, educados tras los muros de piedra del prestigioso colegio situado en la calle Castelló del madrileño barrio de Salamanca”, apunta, según la descripción que hizo Juan Luis Cebrián (Prisa y El País) de esa generación, “que los conoce bien porque él es uno de ellos”. En otra promoción estuvo el expresidente Aznar, quien a su llegada a la Moncloa en 1996 nombró a un compañero de pupitre, Juan Villalonga, director de Telefónica, de 1996 a 2000. Este último después se casó con Adriana Abascal, viuda de Emilio El Tigre Azcárraga, presidente de Televisa. “En los salones y patios de El Pilar, en la promoción de 1968 había un joven atleta, Alfredo Pérez Rubalcaba”, que fue delegado de clase, y con el tiempo un reputado político, primero como ministro de Educación y Ciencia y luego ministro de la Presidencia del gobierno de Felipe González. En 2006, en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, fue ministro del Interior, vicepresidente primero y portavoz del gobierno de 2010 hasta el fin de esa administración, en diciembre de 2011. De 2012 a julio de 2014 fue secretario general del PSOE y líder de la oposición.
En su época escolar su mejor amigo era “Jaime Lissavetzky –presidente del Consejo Superior de Deporte durante siete años y candidato derrotado del PSOE a las municipales madrileñas de 2011”, sostiene en su libro. Y añade: “Les llamaban ‘los ángeles’. Ambos formaron parte de la generación del 68 junto al poeta Luis Antonio de Villena y el político Mikel Buesa (del partido de ultraderecha Vox)”. Belmonte destaca que años antes habían pasado por este colegio “dos hermanos, los Solana, que acabarían jugando sendos papeles fundamentales, y casi simultáneos, en la historia del socialismo español. Ambos arrancaron su carrera política como diputados en las primeras elecciones, las de 1977. Con Felipe (González) en el poder, su ascenso se empinó: Javier ocupó la casilla del Ministerio de Cultura, y Luis, la de la presidencia de Telefónica”. “En 1988, Javier saltó a la de Educación y Ciencia y, un año después, Luis ocupó la de la dirección general de RTVE, en la que se mantuvo hasta 1990, cuando eligió continuar jugando su partida en la empresa privada. Mientras tanto, Javier pasaba a Exteriores y a la Secretaría General de la OTAN, la misma organización de la que el PSOE nos prometió sacar en la campaña electoral del 82”. Bajo la dirección de Javier Solana la Alianza Atlántica emprendió los bombardeos en la guerra de Kosovo contra objetivos militares y civiles de Yugoslavia, con el argumento que eran para evitar la “limpieza étnica”. Después, de 1999 a 2009, fue secretario general del Consejo de Europa, fungió como Alto Representante del Consejo para la Política Exterior y la Seguridad Común de la Unión Europea y también como comandante en jefe de la Eurofor, el Estado Mayor para misiones humanitarias y de paz. Su hermano Luis preside desde 2013 “una aceleradora de startups de Telefónica, Wayra. Y Javier Solana es patrono del Museo del Prado. Ambos se han reconvertido, además, en columnistas de solera”. El PP también se nutrió de pilaristas “como Pío García Escudero, presidente del Senado desde 2011 y conde de Badarán”, y Luis Peral, senador y exconsejero de la Comunidad de Madrid. Aunque con menos caché que el colegio original, la congregación abrió otro colegio llamado Santa María del Pilar, en el barrio del Niño Jesús de Madrid, de donde egresaron dos de los ministros del presidente Mariano Rajoy: José Ignacio Wert (Educación y Cultura) y Luis de Guindos (de Economía y Competitividad, exrepresentante en España de Lehman Brothers). La revista de esta escuela, Soy Pilarista, fue dirigida por Cebrián y antes por Luis María Anson, quien presidió la agencia EFE, dirigió el diario ABC, fundó el periódico La Razón y es miembro de la Real Academia Española. Otro egresado vinculado con la prensa y forjado en El Pilar es Juan Ignacio Luca de Tena, hijo del fundador de ABC, y fue primer presidente de la asociación de exalumnos del colegio. Torcuato, su hijo, siguió la tradición familiar: fue al Pilar, dirigió ABC y heredó el marquesado.
“El Oro de los Tigres”, tributo al Reyes traductor Luciano Campos Garza La singularísima colección de la Universidad Autónoma de Nuevo León El Oro de los Tigres, cuya última entrega fue presentada el Día Internacional del Libro por el poeta Marco Antonio Campos, contiene traducciones de obras emblemáticas de autores de renombre mundial en homenaje a Alfonso Reyes, en ese ámbito que poco se le reconoce. Lo explica a detalle la directora de la Capilla Alfonsina regiomontana, Minerva Villarreal. MONTERREY.- La colección literaria se llama El Oro de los Tigres. Es un compendio de 26 tomos de poesía internacional editado por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), en el que se le rinde tributo a Alfonso Reyes en su faceta como traductor de textos al español. El compendio está conformado por 27 obras de autores consagrados de países tan distantes como Brasil, Canadá, Estados Unidos, Japón, Polonia, Rumania y Rusia, que son traducidos de su idioma original al castellano. Minerva Margarita Villarreal, directora de la Capilla Alfonsina Biblioteca Universitaria, señala que el regiomontano de alcance universal es admirado como ensayista, pensador y diplomático, pero poco se destacada esa labor como intérprete de textos de otras lenguas. “Era importante privilegiar la tarea de traductor de Reyes, porque no se había explorado en las instituciones que le rendimos homenaje permanente, como es la UANL, y otras en las que estuvo vinculado. Fue un excelente traductor”, menciona al referirse al más renombrado escritor mexicano de la primera mitad del siglo XX. Recuerda que, en la vertiente filológica de la obra de Reyes, están los primeros cantos de La Ilíada, por él decodificados al español, que generan la ilusión de que es Homero mismo quien se expresa en nuestro idioma. Sobre este esfuerzo dijo alguna vez el escritor: “Aunque entiendo poco griego, un poco más entiendo a Grecia”. Cuatro tomos de sus Obras completas los dedicó a los estudios helénicos. Tradujo también, entre otros prosistas e historiadores, a Laurence Sterne, Gilbert K. Chesterton, Robert Louis Stevenson, Joules Romains, Stéphane Mallarmé y Antón Chejov. El ensayista y poeta mexicano Adolfo Castañón escribe que al final de Huellas, su primer libro de poemas, Reyes incluye traducciones de poesía medieval y lírica inglesa. Dice con sobre la obra del regio: “En el fondo del baúl alfonsino se guardaba el germen de la torre de Babel.” Los casi 25 años de diplomático –orillado por el destierro voluntario tras el asesinato de su padre, el general Bernardo Reyes–, dieron al narrador, poeta y dramaturgo una visión global y una cualidad políglota notables. Consagrados traducidos El Oro de los Tigres se divide en cinco entregas. Cada una contiene varios tomos, que se enlistan a continuación (consignándose, entre paréntesis, los traductores). La primera, impresa en 2009, contiene: Lepanto, del británico G. K. Chesterton (Luis
Alberto de Cuenca, Julio Martínez Mesanza, Aurora Rice y Enrique García-Máiquez). La alcoba cerrada, de la canadiense Anne Hébert (Françoise Roy). Cantos de abajo, del suizo Philippe Jacottet (Juan Manuel Rodríguez Tobal). También están en el primer volumen: Muere mi madre, del japonés Saito Mokichi (José Kozer). Rey de los vientos, del árabe Adonis (Jorge Esquinca). Cuatro poemas, del estadunidense Wallace Stevens (Tedi López Mills). Y Un libro de cosas luminosas, del polaco Czeslaw Milosz (José Javier Villarreal y Martha Fabela). La segunda parte (2010), se integra con los siguientes tomos: Poemas a Lesbia, del romano Catulo (Aurora Luque. Morgue), y Otros poemas expresionistas, del alemán Gottfried Benn (Jesús Munárriz). Ella, del galo Eugène Guillevic (Francisco Segovia). Además Orión, del rumano Geo Bogza (Omar Lara). Poema sucio, del brasileño Ferreira Gullar (Paula Abramo). El rumor del aire, del francés Bernard Noël (Sara Cohen). Y El misterio de la belleza, del luso Nuno Júdice (Blanca Luz Pulido). En la tercera (2011) hay seis libros: Poesía erótica, del londinense John Donne (José Luis Rivas). Una noche, del griego Constantinos Cavafis (José Emilio Pacheco). Poemas sueltos, de la moscovita Marina Tsvietáieva (Selma Ancira y Francisco Segovia). Una antología de una antología personal, del brasileño Lédo Ivo (José Javier Villarreal). Tulipanes, de la estadunidense Silvia Plath (Paulina Vinderman). Y Aquí compartido, del francés Franc Ducros (Gabriel Magaña). El Oro de los Tigres, en su cuarta entrega (2013) contiene un solo tomo: Dios, del francés Víctor Hugo (Tomás Segovia, con presentación de Minerva Margarita Villarreal y prólogo de Rafael Argullol). De 2015, el quinto paquete contiene: La canción de amor de J. Alfred Prufrock, del estadunidense) T.S. Eliot (Hernán Bravo Varela). La invención de Orfeo, del brasileño Jorge de Lima (Antonio Cisneros). Plegaria, del siciliano Salvatore Quasimodo (Antonio Colinas). Contrafábulas y otros poemas, del húngaro György Somlyó (Francisco Segovia). Y El instante después, del italiano Massimo Gezzi (Juan Carlos Abril). La directora de la Capilla Alfonsina precisa que la labor compilatoria y su presentación al público fue un trabajo fino y arduo, dedicado al arte de la traducción y, en particular, a esa faceta de Reyes, que merece ser más difundida. Villarreal recuerda que en 2009 propuso al entonces rector José Antonio González Treviño crear este homenaje literario, por la oportunidad que ella tenía de conseguir que traductores convirtieran al español poemas de autores reconocidos, pero sin cobrar. González respaldó la iniciativa, secundada por su sucesor en la rectoría, Jesús Ancer. Minerva Margarita Villarreal personalmente convocó a sus amigos poetas con los que está unida a través de la amistad y el gusto por las letras. Ellos obsequiaron las traducciones de textos elegidos por ellos mismos, que la UANL luego publicó, de acuerdo con los propios recursos. A los poetas vivos se les solicitó permiso para la traducción y todos los invitados accedieron, sin demandar remuneración. En ese año, para conmemorar 120 años del nacimiento de Reyes y 50 de su deceso, la Universidad de Nuevo León publicó el primer compendio de los cinco de los que consta la colección. Y desde entonces fluyeron los volúmenes, editados por la misma Minerva Margarita, junto con el departamento editorial de la Capilla Alfonsina, integrado por Carlos Lejain Gómez, Martha Ramos, Nancy Cárdenas, Diana Garza Islas y Rodrigo Alvarado.
Varios de estos trabajos ya habían sido trasladados al español, aunque en esta nueva edición se aportan voces nuevas. “Algunos ya habían sido traducidos, porque son clásicos, como Silvia Plath, traducida por Silvina Ocampo, pero Vinderman, que es poeta argentina, por vez primera la traduce. El tiempo aporta cosas diferentes, hace que se nombren cosas de manera distinta. “Pero otros, como Guillevic y Bogza, son por primera vez leídos en español. Ferreira Gullar tiene aquí su trabajo inicial en México. El Poema sucio es el gran poema social brasileño”, señala Villarreal Rodríguez. El título de la colección es tomado de un poema del escritor argentino Jorge Luis Borges, con quien Alfonso Reyes Ochoa sostuvo una prolongada amistad intelectual y personal. Además, el animal representativo de la UANL es el tigre. La fiera también le da nombre al equipo de futbol profesional que defiende los colores universitarios. Como hacían los griegos, en esta colección literaria se enlazan el deporte y la cultura. El desaparecido José Emilio Pacheco, al presentar el volumen inicial, hizo un encomio a la UANL por enlazar las letras con el balón a través de estos textos, evoca Villaseñor: “Para nuestra sociedad nuevoleonesa el futbol es muy importante, y para nuestra universidad, también. ¿Por qué no enlazar al equipo de Tigres con el oro de Borges? Es un homenaje a Alfonso Reyes. Cuando José Emilio Pacheco vino a presentar la primera colección dijo que le parecía interesante que la universidad fuera la primera que hiciera una colección de poesía para rendir un homenaje a su equipo de futbol.” Con motivo del Día Internacional del Libro, el pasado 23 de abril, el poeta Marco Antonio Campos presentó el quinto volumen de la colección, a la que destacó por su singularidad como compendio poético dentro de las letras del español. “Después de cinco tomos y 27 títulos, la colección se abre como estrella en el cielo poético de los países de lengua hispana y es un modelo a imitar. El Oro de los Tigres es, por la calidad de la gran mayoría de los autores y traductores, única aquí en México. “Es difícil encontrar en esa unidad otra parecida en los países de lengua española. Y la colección no la hace una empresa privada, ni el dinero viene de un filántropo, sino que la lleva a cabo la más importante universidad pública del norte de México. Es el dinero mejor empleado, aunque la poesía no dé dinero”, reflexionó. Los cinco paquetes de El Oro de los Tigres se adquieren por separado en la Librería Universitaria de la UANL. La Capilla Alfonsina busca que sean distribuidos a nivel nacional con el respaldo de la Dirección de Publicaciones de la institución, encabezada por José Garza. l
Las “suaves” teclas del poder Samuel Máynez Champion Para iniciar nuestro relato es menester trasladarnos a Florencia, en los últimos años donde reinan los Medici. El miembro de esta ilustre familia que nos interesa es Ferdinando III, también conocido como el Gran Príncipe del Ducado de Toscana, quien fuera hijo de Cosme III y de Margarita de Orleáns y naciera en el imponente Palazzo Pitti en 1663. Pues bien, Ferdinando sigue la norma familiar y, además de convertirse en músico, se proclama como uno de los mecenas del arte sonoro con mayor apego por él (también fue un célebre libertino, mas eso no es relevante para nuestros fines). Y esto nos incumbe porque al amparo de sus mecenazgos surge el advenimiento del instrumento musical que mayor impacto ha ejercido en la cultura de Occidente y por ende en nuestras sociedades: el entonces llamado “arpicimbalo del piano e forte instrumento”, ancestro directo del piano. Ferdinando III de Medici tiene una especial predilección por toda suerte de mecanismos y ha reunido una fastuosa colección, tanto de relojes y de autómatas como de instrumentos musicales. Es tan notable y conspicua –se inventariarían más de 75– que los visitantes de la corte están obligados a recorrer las habitaciones del palacio en donde, a manera de museo, se exponen los artefactos y demás artilugios mecánicos. Son muy llamativos los relojes –sobrevivirían más de 40–, que emiten las horas con tonadas musicales, y los pequeños muebles hermosamente barnizados, que albergan clavijas, teclas y plectros. Podemos suponer que el príncipe requiere de adeptos a la manutención, afinación y custodia de sus regias colecciones. La corte los contrata con regularidad –hay nóminas de más de un centenar de empleados simultáneamente– y son preferidos quienes posean conocimientos musicales y sean diestros en el arte de la liuteria u oficio de la fabricación de instrumentos. Sucede así que, durante una escapada de Ferdinando al carnaval de Venecia en 1688 –donde contrae la sífilis que lo llevará a la tumba en 1713–, hace una escala obligada en Padua, la ciudad del famoso San Antonio. Ahí se entera de la existencia de un constructor de instrumentos de tecla cuya pericia parece no tener límites. Se dice que la entrevista tiene lugar en el propio taller del artesano, y con ello se fragua el futuro. De especial atractivo para Ferdinando son las espinetas o clavicordios de reciente invención que él mismo somete a prueba. Uno de ellos, el extinto spinettone, lo deja estupefacto, puesto que incorpora ingeniosamente las cuerdas de manera vertical con el fin de que el mueble ocupe un mínimo de espacio. Ideal para utilizarlo en esos montajes teatrales donde su orquesta a menudo ha de apiñarse en fosos pequeños. En este punto del relato debemos aclarar que hasta ese momento, después de largas experimentaciones, nadie había logrado flexibilizar tan bien la dinámica de aquellos sonidos, es decir, lo que salía de los instrumentos de tecla, a diferencia de los de cuerda y aliento, era de una monotonía tremebunda. Ante la destreza del artesano, Ferdinando dispone que se le contrate sin dilación. Aquel, mentado por la historia como Bartolomeo Cristofori (1655-1731), deberá abandonar su terruño para irse a residir a Florencia y esto no lo ilusiona mucho. Viene entonces un estira y afloja en el que el Príncipe sale airoso, y con ello se definen los
derroteros de la posteridad. El contrato prevé un salario de 12 escudos mensuales, más comida, hospedaje y un laboratorio con todas las herramientas y ayudantes que pudieran hacer falta. A cambio, el constructor se compromete a darle servicio a los instrumentos, muchas veces de restauración, y, lo más importante para nuestro cometido, se obliga a esmerarse, en aras de la gloria medicea, en sus inventos. Cuando Cristofori llega a Florencia se encuentra con que el Príncipe ha convertido a la urbe en un verdadero polo de atracción para los cultivadores del arte sonoro. (Obviamente ya era, a partir del reinado de los Medici, una meca para pintores y escultores). Hemos de señalar aquí la magna acogida que Ferdinando le dispensa al joven Händel, a los Scarlatti y a Vivaldi,1 entre muchos otros. Las puestas en escena de óperas son frecuentes y no es raro ver al príncipe involucrarse en las diversas facetas creativas, puesto que sabe de pintura, de arquitectura y en cuanto músico es diestro tocando varios instrumentos, canta con una bella voz de tenor y domina a tal grado el contrapunto que es capaz de componer con soltura2 –hay registro de que tenía un talento excepcional, bastándole la primera lectura de una obra para poder repetirla de memoria–, amén de sólidas nociones de acústica. No en balde manda construir un teatro dentro de uno de sus palacios de descanso y se ocupa en mejorar las propiedades acústicas del mítico Alla Pergola, primero del orbe en incorporar el sistema de palcos, para nuestra sorpresa aún en pie. Con esa atmósfera en torno, el constructor se da vuelo y en poco tiempo crea un sistema revolucionario con el que, finalmente, se conquista la ansiada dinámica sonora. En el nombre primitivo, ya lo dijimos, se cita después de “arpicimbalo” la particularidad de poder tocar “suave” y “fuerte”. Como podemos adelantar, el invento demuda a quien lo atestigua y casi por arte de magia el escenario de la proliferación se establece. (Ciertamente, Cristofori no fue el único que se abocó a diseñar un mecanismo de tales características: En Prusia trabajó en la misma dirección Silbermann y también en Francia hubo creaciones similares, mas sí fue el pionero, hablándose de los albores del siglo XVIII.) Huelga anotar que el predestinado inventor forma alumnos y que éstos le darán continuidad a la revolución musical en acto. Para 1732 se publica, también en Florencia, la primera sonata pensada para darle vida a la creación de Cristofori. Aunque nos resulte desconocido, el nombre de su autor es nuevamente relevante: Lodovico Giustini (1685-1743), quien ve la luz, ya lo leímos, en el año más fecundo para la música de todos los tiempos. (Bach, Händel y Domenico Scarlatti le son coetáneos).3 Más pronto que tarde los compositores se entusiasman con las posibilidades del nuevo instrumento, logrando que su literatura se expanda geométricamente. Tendremos una lista inagotable de publicaciones y una supremacía absoluta que acrecienta el interés de los aspirantes a músicos. Los nombres nos lo confirman: Haydn y Mozart crecen tocando el violín pero acaban escribiendo más para el “fortepiano”, precisamente por la creciente demanda. En todos los conservatorios del planeta la carrera consentida comienza a volverse aquella del pianista de concierto. Al llegar la era de Beethoven y Schubert el auge es total, al punto que sólo en Viena se instalan cinco fábricas,4 entre ellas la Bössendorfer, que abre sus puertas en 1828. Pleyel hace lo propio en París, y en Londres destacan los fabricantes Broadwood y Backers. En las generaciones inmediatas de enamorados del instrumento sobresalen personajes como Mendelssohn, Liszt, Chopin, Schumann, Brahms, Tschaikovsky, Saint-Saëns, Grieg y Debussy. No
sobra que citemos a sucesivas luminarias: Rachmaninoff, Albeniz, Ravel, Granados, Bartok, Prokofiev, Scriabin, Poulenc, Satie, Paderewsky y Gershwin.5 En lo que concierne al aposentamiento americano debemos apuntar que es bastante temprano, y aquí nuestro país puede enorgullecerse, ya que un cierto Manuel Pérez funda en la calle de Monterillo número 8 de la Ciudad de México la primera fábrica de Hispanoamérica. Posterior es la fundación de otra renombrada compañía a cargo de un emigrante alemán que funda en 1853 la Steinway de Nueva York. Por lo demás, podemos acreditar que nuestros compositores tampoco son inmunes a la invención de Cristofori. Bástenos con apuntar a Ricardo Castro, Felipe Villanueva, Manuel M. Ponce, José F. Vásquez, José Rolón, Blas Galindo y José Pablo Moncayo para hacernos una idea nítida de lo que puede suceder cuando un mandatario tiene el tino para pulsar las teclas de su poder con la diestra suavidad de la que hizo gala Ferdinando de Medici. Valga su ejemplo para invocar otras realidades y otras formas de gobernar… l __________________________ 1 En agradecimiento, el ínclito veneciano le dedica su colección de conciertos del op. III denominada L´estro armonico. 2 Subsisten algunas composiciones suyas para clavicordio. 3 Se recomienda visitar el sitio: www.youtube.com/watch?v=H3JJjCTetHY para escuchar una de sus 12 sonatas para “cimbalo di piano e forte”, “dicho vulgarmente de martinetes”. 4 Son las de los fabricantes Graf, Stein, Streicher y Walter. 5 Se sugiere la audición de algunas obras emblemáticas de la literatura pianística. Encuéntrelas en el sitio: proceso.com.mx.
“Sobre Negro” Blanca González Rosas Dedicado no sólo a conservar las 19 esculturas urbanas que conforman la Ruta de La Amistad, sino también a detonar proyectos que las vinculen con el público y la creación contemporánea, Luis Javier de la Torre, presidente del Patronato Ruta de la Amistad, inició en febrero de este año el nuevo ciclo de Intervenciones de la misma Ruta con un programa curatorial a cargo de Michel Blancsubé. Centradas principalmente en la fascinante escultura inmersiva que realizó el uruguayo Gonzalo Fonseca para la Olimpiada de 1968 en la Ciudad de México, las Intervenciones, por la importancia y resonancia internacional que ha adquirido el creador conceptual de la Ruta –el escultor Mathias Goeritz (1915, Alemania-1990, México)–, se han convertido en una eficaz plataforma de legitimación artística que exige una rigurosa evaluación de los proyectos, firmas y galerías vinculadas con la ella. Conocido por su desempeño profesional como curador de la Colección Jumex, Michel Blancsubé (Francia, 1958) inicia Intervenciones con una propuesta curatorial de concepto difuso y estética efectista. Sustentado en un discurso que ofrece abordar tanto el desarrollo de conciencia que provoca una muerte cercana como la evocación del infierno que se vive en la tierra, su proyecto no cumple lo prometido, limitándose al protagonismo de una detonación de pólvora cubierta por grafito. Titulado Sobre Negro, y basado en un discurso que afirma: “Recibir un sobre negro no suele ser, en principio, una buena señal. Generalmente trae consigo el anuncio de un deceso”, el proyecto se ubica en la escultura de Fonseca –conocida también como Torre de los Vientos, frente al Centro Comercial Perisur– y está integrado por el residuo visual de tres acciones realizadas por sus correspondientes creadores, entre las cuales sobresale por su invasivo y simplista protagonismo la de Mario de Vega. Responsable de la idea de provocar una explosión para expandir polvo de grafito al interior de la Torre, De Vega (México, 1979) lo intervino dibujísticamente con el apoyo de un profesional en juegos pirotécnicos. Por las diferentes intensidades de la detonación, el grafito estampó manchas y enfatizó campos que evidencian los accidentes y dimensiones de las paredes. Convertida en un híbrido entre la realidad y la ficción, la escultura de Fonseca alberga, también, las marcas realizadas sobre un volumen geométrico por Juan Pablo Macías (México, 1974) que transcriben fragmentos de El sacerdote y el diablo de Dostoyevsky, y el testimonio casi imperceptible de cobre líquido esparcido en el piso por Arturo Hernández (México, 1978). Abierta al público todos los sábados de 12 a 18 hrs., La Torre merece, por su beneficio legitimatorio, una explicación curatorial que justifique la mediocridad de las acciones. l
Concurso de canto de Sinaloa Mauricio Rábago Palafox CULIACÁN, SIN.-El 8 de mayo se celebró la final del VII Concurso Internacional de Canto de Sinaloa’15 en el Teatro de Villavicencio, con la Orquesta Sinfónica de Sinaloa bajo la dirección de Enrique Patrón de Rueda –como en las versiones anteriores–, excelente concertador operístico, conocedor profundo del canto y la ópera. Los participantes llegaron a Culiacán una semana antes y tomaron un curso-taller con pianistas especializados. Quienes pasan a la final ensayan con la orquesta. En ese sentido este concurso es único en la república mexicana; los jóvenes participantes quedan muy agradecidos pues además de los tres premios tradicionales hay otros especiales, de manera que todos los finalistas obtienen al menos uno. Se había rumorado que ese era un concurso a modo para que ganen los cantantes de Sinaloa, lo cual quedó desmentido al asignarse el primer lugar al joven Omar Lara, barítono de 25 años originario del Distrito Federal quien cantó como los grandes “Hai giá vinta la causa” de Las bodas de Fígaro de Mozart, y “Ah per sempre io ti perdei” de Los puritanos de Bellini. Un poco sobreactuado en la primera (nada que no se pueda corregir). El segundo lugar fue Andrés Carrillo, de Mexicali, tenor con 29 años que ha mejorado notablemente, como lo demostró con dos tour de forcé, “Salut demere chast e pure” de Fausto de Gounod y “Una furtiva lagrima” de Elixir de amor de Donizetti. Recibió también el premio de Bellas Artes. El tercero fue para al tenor Rodrigo Petata Aragón, de 25 años, originario de Oaxaca, quien compitió también con “Una furtiva lágrima” y “La donna ée mobile” de Rigoletto de Verdi. La final estuvo muy reñida, 10 finalistas; cinco mujeres y cinco hombres. Merecido el premio a la revelación juvenil para la soprano mazatleca Eimy Sánchez Osuna, de 22 años. El público otorgó, mediante su voto, uno especial a la soprano Jessica Loaiza Pérez, 33 años, de Culiacán, a quien habíamos visto como protagonista de la estupenda ópera de Roger Bourland La paloma y el ruiseñor. También fue destacada Karen Yazmín López, soprano de gran futuro, poseedora de una voz de gran volumen y belleza. El ISIC (Instituto Sinaloene de Cultura), que organiza este certamen, cubre todos los gastos de los concursantes y jurados. Comentó Patrón de Rueda para Proceso: “Tuvimos un jurado conocedor, generoso y congruente. Hubo una gran comunicación y armonía entre ellos. Además,- todos ofrecieron premios y ayudar a la promoción internacional y nacional del concurso.” El jurado estuvo integrado por Gerardo Kleinburg, Fernando Lozano, Christhian Gohmer, Alfredo Portilla, Ignacio Clapés y Aigul Kulova. A todos los finalistas los invitó el maestro Lozano a hacer en noviembre una Gala con la Orquesta de Puebla que dirige, en esa ciudad y en el Distrito Federal. l
“Viaje musical a Grecia” Raúl Díaz En un programa que merecería mucho más promoción, al igual que otros similares, todos los domingos al medio día se presentan, de manera totalmente gratuita, conciertos de buena música pero de diferente tipo en el Museo Nacional de Arte (Munal). Allí se efectuó el Viaje musical a través de Grecia a cargo de la mezzosoprano greco-alemana Alexandra Gravas, acompañada al piano por el polaco-mexicano Jósef Olechowski, quien auténticamente nos llevó a sentir las brisas del Adriático, el olor recio del pescado, lo ardiente de su suelo y, también, la belleza de sus flores y la rítmica delicadeza de su poesía emanada de Kavafis y Constantinidis, sin olvidar a Theodorakis, a Hadjidakis y a Mitropoulus, cuyo nombre lleva uno de los concursos de dirección musical más prestigiados del mundo. Todos ellos, y otros, aunque evocan sus raíces milenarias, son hombres del siglo XX, y uno, Theodorakis, puede aún otear el nuevo amanecer junto a Syriza. Oteando siempre el horizonte es como estos compositores pudieron (pueden, porque obras como estás son perennes)- cantarle así a la vida. Y así lo entendió Alexandra Gravas, quien ofreció un recital igualmente sencillo, sin pretensiones de Gran Concierto, y por lo tanto “alivianado”, rico, disfrutable, uno de esos que rompen la solemnidad y permiten la interacción real, espontánea y no esa forzada que se induce a través de la chabacanería o los “paleros” que, aunque parezca increíble, aún existen y se dejan sentir en uno que otro recital o función de ópera. Alegres pues, acompañamos a la joven que ansiosa espera el regreso de Ulises y que Constantinidis, a más de ponerle música, tradujo del original de Rabindranath Tagore. Proseguimos el viaje, cruzamos el Ponto, aunque sin olvidar que para llegar hasta ahí y hoy poder cantar en griego –a través de la educada voz de Alexandra–, Nikos Skalkottas (1909-1949), al igual que muchos, tuvo que escapar de la Alemania hitleriana para alcanzar su particular Ítaca, Grecia en su caso. Relajante espacio en verdad, donde Olechowski estuvo así de bien, también. l
El teatro comunitario del Cedram Estela Leñero Franco CHERÁN, Michoacán.- Ir a los poblados más lejanos, incomunicados o que no tienen acceso al teatro es una de las principales actividades del Centro Dramático de Michoacán (Cedram), y compartirla es toda una aventura. A finales de abril sus integrantes fueron al pueblo de Cherán a presentar dos obras, y a principios de mayo lo hicieron en el pueblo de Nahuatzen. Para estos recorridos llevaron el camión Xanharati –que significa “caminante” en purépecha–, del que se despliega un escenario, junto con su compañero Uaxaka, del que se desprenden las gradas. En la plaza de Cherán se instalaron para dar funciones de Paka/cuando sea grande NO quiero ser como tú y Valentina y la sombra del Diablo, escritas por Verónica Maldonado y dirigidas por David Hurtado y Mauricio Pimentel, respectivamente. Niños y adultos pueden ser los espectadores, a los que a través de símbolos y analogías les hablan de una sociedad hostil o de la violencia sexual que se ejerce sobre una niña. El entusiasmo por la experiencia es la lluvia para sembrar conciencia y el gusto por la cultura. En la bitácora y las conversaciones así se vislumbra, aunque los actores y el director tengan que superar un sinfín de dificultades para lograr su propósito. En estas funciones de Cherán y Nahuatzen, los actores Diana Becerril, Frida Hernández, Diego Montero, Víctor Vargas y el director David Hurtado, junto con los técnicos, sortearon los obstáculos del clima y las actividades del pueblo. Todos juntos y sin distinción hicieron posible que el milagro del teatro sucediera. El Cedram nació en 2003 bajo la dirección de Luis de Tavira, y en 2008 Miguel Ángel Cárdenas, Chamaco, tomó la dirección para continuar con las actividades de teatro comunitario y los diplomados de formación que se realizan dos veces al año junto con la Casa del Teatro, la cual él coordina. El teatro itinerante se inició con el camión Rocinante y el mes pasado cumplió 10 años dando funciones. Ahora son cinco camiones con los que trabajan y han recorrido más de 100 mil kilómetros. También tienen el programa Vamos al Teatro, donde un camión es destinado para llevar al público. En el Cedram, ubicado en la entrada de Pátzcuaro, cuentan con un teatro donde se dan funciones y a donde muchas veces llevan y traen gente de distintos pueblos para facilitar su presencia. El teatro es gratis y está al alcance de muchos. Por lo pronto, en estos 10 años 400 mil personas de 500 comunidades han asistido. Teatro para niños y para adultos. Obras múltiples y variadas entre las que encontramos Salir al mundo de Berta Hiriart, Martina y los hombres pájaro de Mónica Hoth, Juanete y Picadillo de Hugo Salcedo, y Alegría la lotería de Tere Valenzuela, para mencionar unas cuantas de carácter infantil. Para adultos, que no excluye a los niños, y viceversa, han retomado obras clásicas como Bodas de sangre de García Lorca, El inspector de Gogol, La malquerida de Jacinto de Benavente o Los pasos de Lope de Rueda. Son más de 500 espectáculos en su haber, que pueden tener un mensaje directo o la intención de provocar el placer de ver teatro y presenciar una historia. Pero eso sí, el teatro mantiene su principio fundamental de acto colectivo, que une, propicia el encuentro y crea lazos.
El teatro comunitario del Cedram tiene gran resonancia a nivel nacional y confirma la capacidad de esa institución para acercar a la gente que pocas veces tiene oportunidad de una experiencia escénica. El hecho teatral adquiere dimensiones sociales inmediatas, forma público y hasta provoca las ganas de hacer teatro. l
“Jauja” Javier Betancourt En la Patagonia de los años 1880, con el fin de civilizar y conquistar el desierto, el gobierno argentino promueve una campaña de exterminio de indígenas para "civilizar" el país. En tal contexto trabaja como ingeniero un capitán danés (Viggo Mortensen) que viaja con Ingebor (Viilbork Malling Agger), una hija de 15 años que despierta el deseo de los militares del campamento. Cuando la chica escapa con un soldado de bajo rango, el padre, armado, sale tras ellos. Jauja (Argentina-México- Francia-Dinamarca; 2014) comienza a la manera de un western clásico. La vastedad de los desiertos de la Patagonia, la avidez de los colonizadores, misteriosos indígenas de las últimas décadas del siglo XIX, suenan y se ven como tierra fértil, con derecho propio, para evocar a John Ford, maestro del género. Pero si alguien pensaba saborear la reinvención del western a la manera latinoamericana, con un Viggo Mortensen como el nuevo John Wayne de este siglo y ecos ya de Historia de la violencia (Cronenberg), quedará atónito con la coreografía de espacios y tiempos que se arma el director argentino Lisandro Alonso. Película literalmente clave en la obra complicada de este director relativamente joven (Buenos Aires, 1975), porque aclara cintas anteriores, como Los muertos, con temas como la lucha entre civilización y barbarie, donde se borran las fronteras borrosas entre lo humano y lo animal. En la primera escena, Ingebor quisiera tener un perro que la acompañe a todas partes; poco después, su progenitor la seguirá por llanos y desiertos de piedras como perro extraviado, y otro perro extraviado lo conducirá hacia la mujer de la caverna que sólo habla con sus perros. En la espiral de tiempo, la extraña anciana es su hija, o una posibilidad del futuro; como si ese horizonte, con diferentes puntos de fuga –donde el director coloca a sus personajes a la manera de rayas y puntos–, perdiera la fuerza de gravedad para mantener anclados a los seres humanos que caminan por ahí. A Lisandro Alonso le gustan las paradojas más que las metáforas; éstas pueden explicarse, pero no las primeras; en Jauja el western se desploma naturalmente con tanto espejismo, empezando por el mito de la abundancia que sugiere el título. La paradoja es que el sueño de grandiosidad del aventurero, vaquero o gaucho, sólo tiene lugar en el mito, y tal es el western. Personajes como el capitán afrancesado, o Pittaluga, el sargento que codicia a la adolescente y se masturba en una poza marina, podrían ser monigotes de un museo de cera, pero el tratamiento naturalista los hace habitar un espacio real. El espectador de Jauja puede aburrirse mortalmente si espera que la acción conduzca a lugares conocidos; se apasiona, sin embargo, si se deja llevar por la belleza de este laberinto borgiano de paradojas, donde hombres del siglo XIX sueñan con el futuro o el futuro sueña con ellos; o donde el deseo inconsciente, en este caso el incesto, desata a los demonios, a la manera de David Lynch. Inútil, también, hablar de minimalismo en una película tan saturada de color como de niveles. l
Cambio en Radio UNAM Florence Toussaint La emisora universitaria cambió de director el 22 de abril. Salió Fernando Chamizo, tras siete años al frente de Radio UNAM. A unos meses de que el actual rector, Narro Robles, deje su cargo, el movimiento es poco explicable. Lo sucede Fernando Escalante Sobrino, quien ha sido director de la estación por dos ocasiones, de 1991 a 1993 y de 2000 a 2004. Ésta es su tercera vez, constituye un caso único. Solamente otro director tuvo dos nombramientos para presidir la emisora, con menos de un año de intermedio: Fernando Curiel. La encabezó de 1973 a 1977 y de 1978 a 1980. Entre los dos períodos se nombró a Abelardo Villegas. En sus dos administraciones anteriores, Escalante, exdirector de la radio de la Universidad Veracruzana, habló de mejorar la emisora a su cargo. Propuso formar un consejo con figuras de la academia. No se dieron a conocer los logros de éste. En el segundo período señaló que la radio universitaria se encontraba “en estado de coma, en terapia intensiva”, de donde había que sacarla. Tampoco se supo si la emisora emergió de tal letargo. Pese a cambios en los contenidos, instalaciones, equipo, la radio sigue sin conseguir a un público fiel. Los jóvenes estudiantes tienen una oferta que hace 40 años no existía. A Fernando Chamizo le tocó celebrar el 75 aniversario. El apoyo de rectoría fue notable. Prosperaron las iniciativas para convertir la Sala Julián Carrillo en un foro de música, de danza, de teatro y de cine. Además de un espacio en donde se transmitían en vivo los conciertos y eventos especiales. Según se desprende de los informes publicados, se intensificó la digitalización de materiales con voz y pensamientos de personajes del arte y la ciencia, mediante el acuerdo con la Fonoteca Nacional. Debido a las novedades traídas por la digitalización, Chamizo propuso separar los contenidos programáticos en AM para los adultos conservadores, FM para quienes buscan algo contemporáneo, y radio en internet para los muy jóvenes que ya nacieron en la época de dispositivos móviles. Entre los convocados a la emisora estuvieron Jis y Trino, los caricaturistas. Realizaban un programa matutino crítico, divertido, fresco, hilarante. La ficción, ausente hoy de casi todas las frecuencias públicas, reapareció con la radionovela Cuando vuelvas del olvido. O los relatos de Pájaros en el alambre. Durante muchos años, el sinónimo de Radio UNAM en el aspecto musical eran las piezas clásicas de todos los tiempos. Eso tuvo una leve variación, un deslizamiento hacia música contemporánea que pudiera interesar también a las nuevas generaciones con Bastidor acústico. Muchos son los obstáculos que evitan que Radio UNAM evolucione. En el interior hay cotos de poder, de escuelas y facultades llegan exigencias para utilizar la frecuencia sin respetar los lineamientos establecidos. Oídos atentos se aprestan a dictar censura cada vez que la libertad se impone. Alrededor de los años ochenta, la relación de los directivos con el sindicato se volvió ríspida. Escaso presupuesto, inexistencia de puestos de trabajo clasificados y bien remunerados llevó a constantes choques entre los de base y los de confianza. Y, como en todos los medios públicos, hay que batirse diariamente para no ver atropellada la autonomía editorial. l
El Centro Dramático, por los caminos de Michoacán Paulina González Villaseñor PÁTZCUARO, Mich.- Si el teatro no va a la montaña, trae la montaña al teatro. Si la montaña no va al teatro, el teatro va a la montaña. La montaña y el teatro van a donde la gasolina alcance. El Centro Dramático de Michoacán (Cedram), fundado por el director escénico Luis de Tavira –actualmente al frente de la Compañía Nacional de Teatro–, es un centro de formación y producción teatral ubicado en Pátzcuaro. Conducido por Miguel Ángel Cárdenas, conocido por todos como Chamaco, está formado con base en un convenio entre el gobierno federal, la Secretaria de Cultura del Distrito Federal y la Casa del Teatro, y se ubica en la antigua vivienda del general Lázaro Cárdenas, por lo cual el teatro, en homenaje, lleva su nombre. En sus habitaciones se hospedan alumnos, hay salones para prácticas, y están mágicamente dispuestos con escenografías de antiguas obras. Nada en el centro se desperdicia y nada es basura. El “espacio Cárdenas” se halla dotado de un gran abastecimiento de vestuario y utilería. En sus butacas caben 103 personas, más sillas agregadas. Para este recinto se ha diseñado un nuevo proyecto, Vamos al Teatro, consistente en acudir a las comunidades con un autobús, recoger a la gente para llevarla al espacio y, al término de la función, regresarla a sus comunidades. Ir a su encuentro tiene como objetivo la formación espiritual de la población por medio del arte, llevar la cultura a aquellas entidades que carecen de acceso a ella. El sistema que el Cedram maneja es intensivo y encuentra su raíz en el retiro. Para ello es fundamental que el artista se separe de su mundo y entre a este lugar donde su trabajo se somete a un proceso de búsqueda ininterrumpida. La idea es fomentar la labor comunitaria y forjar profesionales que, a decir del Chamaco Cárdenas, “se saben ensuciar las manos con el trabajo” y ayudar a la población. Casa del Teatro y Cedram organizan con sus alumnos estancias de seis meses y así generan que los actores encuentren un espacio de reflexión y creación. La convivencia es parte de este proceso que permite a los integrantes laborar en equipo, principal motor del teatro –según entienden los integrantes del centro. El método consiste en priorizar al público antes que ningún otro interés. La presentación de una obra de teatro común suele partir de tres preguntas claves: ¿Qué obra?, ¿qué actor?, ¿para qué público? En el Cedram las mismas preguntas se acomodan de diferente manera: ¿Qué público?, ¿qué obra?, ¿qué actor? El espectador es el que manda. El Centro busca montar obras que en temática y discurso acerquen a su público. Su trabajo está en llegar a él tanto geográfica como espiritualmente. La selección del repertorio se basa en tener algo qué decir a las comunidades. Se trabajan textos que van desde la autoría de Emilio Carballido hasta la de Antón Chejov. Se busca generar conciencia sobre diversos problemas, como la migración, el narcotráfico, la violencia infantil, etcétera. El Cedram cuenta con cuatro teatros itinerantes: Rocinante, Xanharati, Uaxaka Xanh y Rucio. El Rocinante, estrenado en 2005 por De Tavira, fue su primer camión-teatro. Se arma en dos días y en cualquier lugar. En él se han presentado obras como Los perros de
Elena Garro, Yerma de Federico García Lorca, ¡Silencio pollos pelones ya les van a echar su maíz! de Emilio Carballido o Antes del desayuno de Eugene O’Neill, entre otras. El Caminante El Xanharati (“caminante” en purépecha) realizó una gira del 25 al 30 de abril a la comunidad de Cherán, Michoacán. Para la puesta en escena partieron dos camiones que en conjunto armaron un gran teatro en medio de la plaza principal del poblado, al lado de la Casa Comunal de Cherán, cuya entrada dice K’umanchikua Iaminduecheri Cherani k’eri (“La casa de todos los de Cherán”). Es un poblado indígena independiente que se rige por usos y costumbres, presidido por un consejo de 12 personas que busca impulsar la cultura, razón por la cual se acoge y apoya al grupo teatral. Uno de sus principales objetivos es prestarle atención a los niños que, a causa de la migración de sus padres, suelen quedar desprotegidos. El Xanharati es un autobús amarillo que transporta tubos en la parte superior externa, y a un costado, soldada, lleva una estructura metálica desplegable que recubre con paneles de madera para dar forma a un escenario. El otro camión es el Uaxakan (“sentar”), que transporta gradas desdoblables electrónicamente. Armarlo lleva al elenco y a los técnicos 12 horas a la luz del sol. El trabajo va desde cargar tubos y levantar tarimas hasta enfocar las luces, para lo cual hay que subirse a un andamio construido también ahí. La precisión y dedicación de este trabajo deja sorprendido a cualquiera que no espera encontrarse con tanta formalidad y dedicación del teatro itinerante. La preparación junta el trabajo con el “cotorreo”. Pueblo y teatreros se unen en la cotidianidad: la banda recorre las calles mientras el grupo transporta tubos y herramientas al ritmo de la música. La gente pregunta la hora en la que el espectáculo empezará, su tema, cuál es la sede del teatro y la paga de cada actor (por si a algún hijo le interesa dedicarse a ello). Infantes y viejos se sientan en bancas verdes y observan cómo se le va dando forma a toda la bola de palos y lonas… Se ofrecen dos presentaciones por día de dos obras: Paka cuando sea grande NO quiero ser como tú y Valentina y la sombra del Diablo, ambas de Verónica Maldonado. La primera, a las 11 de la mañana, va dirigida a escuelas; la segunda, a las seis de la tarde, está abierta a todo público. Las filas para entrar se empiezan a hacer una hora antes. La cantidad de gente no es precisa porque los pequeños se pegan para que entren más en las butacas, mientras que el consejo del pueblo presta sillas. El promedio es de entre 180 y 200 personas en cada representación. Aunque no faltan los niños que se quedan afuera y levantan las lonas y hasta el telón para poder ver la función. El elenco de toda la temporada está conformado por Diana Becerril, Frida Hernández, Diego Montero, Víctor Vargas, y Faride Ramírez La única, técnica y asistente. La dirección, a cargo de David Hurtado El Doc, de Paka… y asistente en Valentina… El trabajo de este elenco confirma lo que el Cedram busca: impulsar la creación de colectivos, de ahí que al público se le ofrezca una bitácora para que escriba su opinión. El acceso a las obras tiene un costo: ¡Pero se le aclara al público, con una canción, que ya está pagado!: “Todos los ciudadanos pagamos periódicamente una cantidad de dinero llamada:
Impuestos”, se dice a la gente, y se ponen ejemplos: “Incluso cuando compramos cosas de uso cotidiano, como la ropa, las golosinas, los refrescos, etcétera, pagamos un costo adicional…” Se enlista a todos aquellos a quienes los impuestos sostienen: "Los doctores,/ los maestros/ y también los diputados/ porque yo pago impuestos/ ellos son mis empleados./ yo le pago al presidente… “(…) Al igual que este teatro/ esta función ya la pagaron/ con los impuestos que les cobraron.” El Centro Dramático de Michoacán es apoyado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, el Centro Nacional de las Artes y el gobierno del estado. Como parte de este proyecto se ofrece asesoría a grupos teatrales de comunidades aledañas. Otro propósito es formar líderes o gestores culturales que formen alumnos y con esto ampliar las líneas de enseñanza. Los espacios están también abiertos a montar espectáculos diversos, como conciertos, coreografías, danzas y talleres. Estos son los números del Cedram de 2005 al 2014: 503 comunidades visitadas, 2,507 funciones y conciertos, 55 espectáculos, 378 mil 956 espectadores de 10 estados en un recorrido de 106 mil 492 kilómetros. Es decir, dos vueltas a la Tierra… mucha, mucha gasolina. l
México, por Latinoamérica en la Palma de Oro Columba Vértiz de la Fuente Aunque la película Chronic de Michel Franco está filmada en Los Ángeles, California, tiene como protagonista al actor Tim Roth y es coproducción con Francia, representará a México en el Festival de Cannes y luchará por la máxima presea –con ausencia de filmes latinoamericanos–. Mientras, en Una Cierta Mirada va Las enemigas del joven David Pablos, basada en un primer guión del narrador Jorge Volpi sobre la trata de blancas en Tlaxcala. Los realizadores hablan en entrevista. De las 19 películas que compiten por la Palma de Oro en la 68 edición del Festival de Cine de Cannes,- Chronic, dirigida por el mexicano Michel Franco e interpretada por el actor estadunidense Tim Roth, es la única producción latinoamericana en la estrella del encuentro, la Sección Oficial. Franco, quien participa por tercera vez en Cannes, manifiesta a este semanario que “a esta reunión de cine internacional antes que competir se acude a promover el largometraje, a conectar con la prensa internacional y a esperar que la película tenga la mejor y mayor vida posible”. Para él, el premio ya es algo adicional: “¡Claro!, ganar es un sueño y esperamos que pueda darse, pero no voy pensando en eso, realmente voy a Cannes a trabajar, a promover la película.” Hacia 2009, su ópera prima Daniel y Ana se proyectó en la Quincena de Realizadores, sección paralela del festival, y en 2012 el joven director obtuvo el premio a Mejor Película en la prestigiada sección Une Certain Regard (Una Cierta Mirada) con Después de Lucía. Ahora, con Chronic, vuelve a enaltecer el cine mexicano a nivel internacional, ya que en 2012 Carlos Reygadas obtuvo Mejor Director con Post tenebras lux, que un año después repitió Amat Escalante con Heli. Chronic, una coproducción entre México y Francia, quedó en la terna y es la única representación de Latinoamérica. “Especialmente este año se inscribieron directores muy importantes para quedar en la Sección Oficial, entonces hay que valorar más la selección –resalta Franco–. Hay gente que cree que por haber estado allí y ganar un premio la tiene uno ya fácil, y no es así, cada película es otra historia.” Confiesa que para Chronic escribió específicamente pensando en el británico Tim Roth: “Nos hemos vuelto buenos amigos tras conocernos justamente en Cannes. Además de ser un gran actor, protagonista en películas de Quentin Tarantino y otros directores muy importantes, es director de cine. Fue un placer trabajar con él. Tiene mucha más experiencia que yo, entonces dejo que nutra mi trabajo, y entiende mi sensibilidad como director, y colabora para que yo encuentre la mejor versión posible de mi cine.” El cineasta produce la cinta con su compañía Lucía Films, donde sus socios son Gabriel Risptein y Moisés Zonana. La trama se centra en David, un enfermero de gente con males terminales. Eficiente y dedicado a su profesión, desarrolla relaciones sólidas e incluso íntimas con cada persona por la que se preocupa, pero fuera de su trabajo es ineficaz, torpe, y reservado. –¿Cómo surge Chronic?
–Mi abuela quedó en cama tras una embolia y finalmente falleció, pero los últimos seis meses de vida los pasó al lado de una enfermera que la cuidó y la atendió y desarrolló una relación emocional e íntima con ella, y esa fue la inspiración para escribir el guión. “Supongo que el público se verá reflejado en la parte vulnerable que tenemos todos al confrontarnos con la muerte. Es un filme que habla de un tema del que no podemos escapar: el final de la vida.” Franco, nacido en la Ciudad de México en 1979, estudió comunicación en la Universidad Iberoamericana. –¿Cuál es ahora su búsqueda cinematográfica? –Seguir filmando con libertad las cintas que me interesan como director. Es una suerte que no cualquier director tiene porque es un oficio complicado, y también como productor, porque ahora trabajo para otros directores. Filmó Chronic en Los Ángeles, California, y está en inglés. Redondea al explicar por qué escogió esa ciudad estadunidense para el rodaje: “California es un estado soleado y lleno de palmeras, y me interesó el contraste que eso genera con el tema de la película.” El filme, de 93 minutos, se muestra a la prensa el 21 de mayo en el Grand Theatre Lumiere. Y la premier será el 22 de mayo en el mismo lugar. Una segunda función se llevará a cabo el 23 en la Salle du 60éme. El Festival de Cannes, que se inició apenas el día 13 y finalizará el 24 del mes, es sin duda el certamen cinematográfico más importante del mundo. Recibe a casi 35 mil profesionales de todos los países. La primera presencia del cine mexicano en el evento fue en 1946 con María Candelaria (1943), de Emilio El Indio Fernández. Ganó el Grand Prix y el premio a Mejor Fotografía para Gabriel Figueroa. David Pablos En la sección Una Cierta Mirada, la segunda área en importancia del festival, el mexicano David Pablos concursa con Las elegidas, basada en un texto cinematográfico del novelista Jorge Volpi y producida por Canana. Ese trabajo del representante de la llamada generación del crack y actual director del Festival Internacional Cervantino surgió de su preocupación por la prostitución que existe en Tenancingo, Tlaxcala, desde épocas prehispánicas. Instalado ya en Francia, Pablos, egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), platica a Proceso que gracias a su productor Pablo Cruz llegó a sus manos el guión de Volpi: “Se trataba de un primer tratamiento, y pese a que aún faltaba mucho trabajo de escritura, me sentí atraído por el mundo que apenas, muy por debajo del agua, se alcanzaba a esbozar. Ese mundo que es tan crudo y en donde muchas de las reglas o convenciones sociales que nosotros conocemos como ‘normales’ o ‘establecidas’ se rompen por completo. Me interesó acercarme a una familia que se dedica a la trata de mujeres, y a partir de ahí indagar en las dinámicas que se generan. “Yo me centré en los hijos de esa familia, y no en los padres. Me pregunté: ¿Qué pasaría si uno de estos jóvenes, que por herencia debe hacer este trabajo tan terrible, de repente lo cuestiona y tiene dudas sobre si debe hacerlo o no?”
En la trama, Sofía, de 14 años, está enamorada de Ulises. Por él y a pesar de él, se ve obligada a entrar a una red de prostitución en México. Para liberarla, Ulises tendrá que encontrar a otra chica y reemplazarla. Actúan Leidi Gutiérrez, Nancy Talamantes y Óscar Torres, entre otros. ¿Qué puede decir Pablos de este negocio? –Desde hace años es sabido que la situación de trata de las mujeres es muy grave. No sólo en nuestro país, sino a nivel global. Es un tema sobre el cual aún hay muchísimo más que hablar, sigue habiendo mucha desinformación. El que se hable del tema y el que se exponga es esencial. –¿Qué tanto cambió el guión de Volpi? –Cambió muchísimo. Prácticamente podría decir que son dos trabajos completamente distintos. Una vez que yo empecé a escribir por mi cuenta, me separé por completo de la historia de Volpi. Sólo hay tres puntos en común con el guión original: el título de la película, el nombre del personaje principal, y el tema, que es la trata de mujeres. De ahí en fuera es mi historia original, en donde construyo mi propio mundo. –¿No participó siempre Volpi en el proyecto? –En un inicio Volpi y yo trabajamos juntos pero por cuestiones de agenda ya no pudimos juntarnos. Entonces yo rees-cribí por mi cuenta esta historia. Volpi, sin embargo, leyó versiones posteriores del guión, e incluso nos visitó alguna vez durante el rodaje. A partir de su texto original, Volpi escribió una novela en verso, que está próxima a publicarse. Pablos ya participó en Cannes en 2008 con el corto La canción de los niños muertos. Se le inquiere: –¿Cuál es su sentir de que su filme, rodado en Tijuana, compita en Una Cierta Mirada? –Antes que nada, es una enorme gratificación y una alegría inmensa. Por el simple hecho de estar participando en este festival, ya existe una fuerte atención mediática sobre la película, y eso es lo más importante. El primer largometraje de Pablos se titula La vida después. La premier de Las elegidas ocurrirá el 18 de mayo en el Bebussy Theater y la función para la prensa será el mismo día por la mañana. Además, se proyectará en el Mercado de Cine (Marché du Film), donde por cierto, según el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), México fue la nación encargada de realizar la apertura ante 2 mil representantes de empresas productoras, distribuidoras y agentes de ventas internacionales. La idea Volpi cuenta que de una historia original suya derivan tres proyectos distintos: la película Las elegidas, la ópera Cuatro corridos (con libreto suyo y música de Hilda Paredes, Hebert Vázquez, Lei Liang y Arlene Sierra), y su novela en verso Las elegidas, que Alfaguara publicará en septiembre próximo. El escritor verá la película completa en Cannes, acompañando a Pablos. Se le pregunta sobre el tráfico de mujeres. –Es un problema terrible que continúa siendo una lacra en nuestros días, en México y en el mundo. Se calcula que en nuestro país unas 20 mil mujeres son víctimas de tráfico sexual. Y en Estados Unidos, según el Departamento de Estado, entre 50 y 100 mil al año. Es una esclavitud con la que tenemos que terminar. Por otra parte, el documental Allende, mi abuelo Allende (Proceso, 1999), una
coproducción Chile y México dirigida por Marcia Tambutti Allende, forma parte de la Quincena de Realizadores. Se proyectó el día 17. Del Toro y Hayek El realizador mexicano Guillermo del Toro, quien en octubre estrenará su largometraje de misterio sobrenatural La Cumbre Escarlata, forma parte del Jurado de la Competencia Oficial, el cual también incluye a los hermanos Joel y Ethan Coen (son los presidentes), a la actriz española Rossy de Palma, al actor estadunidense Jake Gyllenhaal, al cineasta canadiense Xavier Dolan y a la cantante maliense Rokia Traoré. Además, la actriz Salma Hayek acudió el jueves 14 a Cannes para presentar el filme italiano The tale of tales (El cuento de cuentos), en el que interviene bajo la dirección de Matteo Garrone, que forma parte de la Sección Oficial. l
También los festivales de Guanajuato y Morelia... Columba Vértiz de la Fuente El Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF, por sus siglas en inglés) también participa en Cannes. Exhibe por primera vez ahí los documentales del concurso Identidad y pertenencia, contando historias de Guanajuato con la presencia de sus realizadores. “El objetivo de participar en Cannes es promover la producción nacional y fortalecer las alianzas con instituciones internacionales para brindar oportunidades de coproducción y promoción cinematográfica”, explica Sarah Hoch, directora del GIFF. Los documentales son El noveno horno de Erika Oregel y Emmanuel Vargas Diosdado, Minero fui de Edgar Gutiérrez Neri, De Polonia a Santa Rosa de Alejandro Hurtado de León y Berenice Sánchez, Hombres de barro de Luis Abraham González Rocha, Las miques de Raúl Flores Bernal, Mayo de Diego Iván Andrade y Retando al infierno de Rogelio Sánchez Martínez. –¿Cómo surge la idea de exhibir por primera vez en Cannes estos documentales? –El GIFF ha cultivado una gran relación por más de siete años con el Festival de Cine de Cannes, desde que éramos Expresión en Corto. La presencia siempre ha sido muy benéfica en el Short Film Corner del Marché du Film. Siempre hemos promovido lo mejor del cortometraje mexicano, cada año llevamos muestras especiales, y ahora, dada la calidad de la manufactura y la destacada participación de los documentales producidos en la plataforma Identidad y pertenencia, los documentalistas guanajuatenses tienen la oportunidad de medirse en el más alto nivel. En el Marché Du Film se lleva a cabo el Next pavilion, un espacio para el cine del futuro. Allí el GIFF presentará su plataforma Epicentro que incluye tres proyectos mexicanos que apuestan por la vanguardia en la manera de hacer cine, aprovechando la innovación- tecnológica. “En este sentido, GIFF es pionero en estos proyectos con narrativa en realidad virtual y también en convocarlos a su International Pitching Market”, agrega. El 16 de mayo, el GIFF fue anfitrión del Happy hour, presentado dentro del Short Film Corner, evento al que acuden alrededor de 600 personajes de la industria del cine, tales como realizadores, productores y distribuidores. El día 19, el GIFF invitará al Partners lunch, el cual tiene la finalidad de reforzar alianzas, cerrar convenios de participación y generar oportunidades de trabajo conjunto. Intervendrán más de 15 países: Cannes- Cinéfondation (Francia), Torino Film Lab (Italia), Rotterdam Lab (Holanda), Medienboard (Alemania), Sundance Institute (EUA), Eave--European Audiovisual Entrepreneurs (Luxemburgo),- IFP-Independent Filmmaker Project (EUA), Cinema en Construcción (Francia/España), World Cinema Fund (Alemania), CNC Aides aux Cinemas du Monde (Francia), entre otros. También estará en la edición 8 del Programa MexiCannes. Sobre éste, Hoch explica: “El GIFF recibe a dos cineastas que Cannes Cinéfondation selecciona y a su vez nosotros becamos a dos talentos mexicanos para el intercambio en la residencia. Michel Franco es un ejemplo perfecto de esta relación, nosotros lo becamos para ser parte de Cinefundation, y de ahí, con méritos propios, ha forjado una gran carrera que ahora compite por la Palma de Oro.”
El FICM El Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), dirigido por Daniela Michel, ha tenido una sólida alianza con la Semana de la Crítica, la cual es paralela al Festival de Cannes. Todos los años, desde 2005, esta sección exhibe una selección de películas participantes en el FICM en una función especial fuera de competencia. Ahora presentará cuatro trabajos mexicanos que formaron parte de la Selección Oficial de la 12 edición del evento moreliano: Nunca regreses de Leonardo Díaz (Mejor Trabajo de la Sección Michoacana), Ramona de Giovanna Zacarías (Mejor Cortometraje de Ficción), El palacio de Nicolás Pereda, y ¿Por qué el recuerdo? de Juan Pablo González. La función de los cortometrajes será el 19 de mayo (una selección de estos filmes extranjeros se presentará en la edición 13 del FICM, del 13 de octubre al 1 de noviembre, con la asistencia de algunos de sus realizadores). El propósito de la Semana de la Crítica es descubrir y apoyar talentos emergentes, programando únicamente primeras y segundas obras. De esa manera, les abrió las puertas a directores de la altura de Bernardo Bertolucci, Alejandro González Iñárritu, Wong Kar Wai, Ken Loach, Barbet Schroeder y Guillermo del Toro, entre muchos. El Instituto Mexicano del Cine (Imcine) informó que en el Producers Network Cannes participan cinco profesionales con proyectos para su promoción: Ariel Gordon, de Cinema Máquina; Elsa Reyes, de Zensky Cine; Pablo Zimbrón, de Zoología Fantástica; Rafael Ley, de Tuya Films, y Javier González Rubio, de Invicta Films. En colaboración con el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), de Argentina, se incluyen proyecciones de dos películas mexicanas en la sección Blood Window: Sherzo diabólico (México-EU) de Adrián García Bogliano, y Testigo íntimo (México-Argentina) de Santiago Fernández Calvetes. Y se realizará la Firma del Protocolo Interinstitucional de Apoyo a la Coproducción y Codistribución Cinematográfica entre el INCAA y el Imcine. l
Costosa pugna en la Conade por el seguro para atletas Beatriz Pereyra La cancelación de una licitación reveló la lucha de dos grupos dentro de la Conade, que buscan favorecer a sendas empresas aseguradoras. El procedimiento fue llevado al límite y ya peligran los seguros de vida, de accidentes y de gastos médicos mayores de por lo menos 2 mil 500 personas. La fuga de información, la falta de transparencia y el favoritismo, en cambio, viven tiempos dorados en una dependencia que acaba de estrenar titular pero aún no erradica sus vicios. Una pugna entre dos grupos de funcionarios de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), cada uno empeñado en favorecer a la empresa de su elección (Mapfre Tepeyac S.A. y La Latinoamericana Seguros S.A.) derivó en la cancelación de la Licitación Pública Nacional Electrónica LA-0111L6I001-N15-2015, mediante la cual se contratarían seguros de gastos médicos mayores, de accidentes personales y de vida para deportistas, técnicos, entrenadores, cuerpo multidisciplinario y medallistas olímpicos y paralímpicos para 2015 y 2016. El desaseo con el que los servidores públicos manejaron el procedimiento está a punto de dejar sin seguros a entre 2 mil 500 y 6 mil personas, puesto que el martes 26 se vence la prórroga de la Conade con la empresa que ha prestado este servicio los últimos dos años, es decir, La Latinoamericana Seguros. Para evitar ese escenario caótico, la dependencia que ahora dirige Alfredo Castillo Cervantes deberá adjudicar de forma directa –a esta misma empresa– un contrato por tres meses, mientras se inicia un nuevo proceso de licitación. Sin embargo, a la par, Mapfre Tepeyac ya presentó ante el Órgano Interno de Control (OIC) adscrito a la Conade un recurso de inconformidad, en el que solicita que se decrete la nulidad del Acto de Fallo emitido el 31 de marzo pasado y se le adjudique el contrato. La cancelación, arguye, fue un “acto ilegal dirigido en su contra para no declararla ganadora”. Historia del golpeteo La historia de este embrollo comenzó en diciembre de 2012, cuando Jesús Mena asumió el cargo de director de la Conade. Se encontró con que su antecesor, Bernardo de la Garza, había firmado el 30 de noviembre de ese año –es decir, el último día de su gestión– un contrato con La Latinoamericana Seguros para que durante 2013 y 2014 prestara los servicios mencionados. De la Garza decidió asignarle un contrato de 94 millones de pesos pese a que la empresa tenía antecedentes de que con frecuencia no proporcionaba los servicios requeridos. El entonces director de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte, Juan Manuel Herrera, quien asumió ese encargo en 2009 y fue ratificado en 2012, intentó rescindir el contrato con La Latinoamericana para adjudicárselo de forma directa a Mapfre Tepeyac. En abril de 2013, Herrera se reunió con representantes de Mapfre, a quienes prometió el contrato de los seguros. Durante meses el funcionario insistió en la promesa. Jesús
Mena, por su parte, contrató como asesor-gestor a la empresa Carsa SP Consultores Agente de Seguros y Fianzas, que encabeza Jaime Fernández: entre todos hicieron varios intentos por sacar de la jugada a La Latinoamericana. No pudieron. Ante la imposibilidad de rescindir el contrato, por las implicaciones legales y económicas que acarrearía, no les quedó más remedio que esperar los tiempos de licitación. Junto con Carsa y Mapfre, Herrera diseñó un dictamen técnico que, en los hechos, sólo podría cumplir una aseguradora del tamaño de Mapfre. En octubre de 2014, el entonces subdirector de Calidad para el Deporte, Othón Díaz, se rehusó a dar el aval para que, con ese documento, la Conade lanzara la convocatoria de la licitación. Por si fuera poco, en el presupuesto 2015 de la Conade, ni la Secretaría de Educación Pública ni la de Hacienda y Crédito Público etiquetaron recursos federales para la contratación de seguros. Para que los usuarios no se quedaran sin el servicio, se determinó pedir una prórroga a La Latinoamericana por un monto máximo de 20% de los ya mencionados 94 millones de pesos, con vigencia al 31 de marzo pasado. A finales de enero, el director de Servicios de la Conade, Mario Montesano Villamil, le presentó a Othón Díaz el mismo dictamen técnico que elaboraron Herrera, Carsa y Mapfre. El subdirector de Calidad para el Deporte volvió a rechazarlo y convocó al director del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), Osvaldo Barón, y al nuevo director de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte, Jeshua Ortiz, para ajustar el informe a las necesidades reales de los usuarios. Mientras diseñaban el nuevo dictamen técnico, el entonces subdirector de Administración, Ernesto Mendoza, y Montesano Villamil, por instrucciones de Mena, presionaban todos los días para que dejaran el documento tal como estaba, bajo la amenaza de que se estaba retrasando la convocatoria de la licitación y se corría el riesgo de no tener un nuevo contrato antes de que concluyera la prórroga. Sin embargo, de forma inesperada, el 15 de febrero Mena determinó cambiar a Juan Manuel Herrera a la dirección de Centros del Deporte Escolar y Municipal, área que depende de Cultura Física. Asimismo, por órdenes del secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, Ernesto Mendoza fue cesado y sustituido por Gerardo Lagunes Gallina. Finalmente, después de varios ajustes al dictamen, el 18 de febrero se publicó la convocatoria de la licitación en el portal de compras del gobierno federal, CompraNet, y en el Diario Oficial de la Federación. Con el tiempo en contra, pero con un dictamen técnico “mejorado”, comenzó el concurso. El 25 de febrero las empresas participantes plantearon sus dudas antes de que se realizara la Junta de Aclaraciones, uno de los pasos que se sigue en cualquier licitación. La Conade recibió la cantidad de 774 cuestionamientos, de los cuales 159 los hizo La Latinoamericana; 104, Grupo Nacional Provincial, y 78, Mapfre Tepeyac. Supuestamente para poder contestar a todas las preguntas, la Conade reprogramó para el 11 de marzo la Junta de Aclaraciones, en la que en 69 puntos concentró las respuestas a todas las preguntas. El 19 de marzo, en el acto de presentación de apertura de proposiciones participaron siete grupos: Aseguradora Interacciones, S.A. de C.V., con Aba Seguros, S.A. de C.V.; Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V., con Quálitas Compañía de Seguros, S.A.; La Latinoamericana con Seguros Afirme, S.A. de C.V.; Mapfre Tepeyac, S.A.; Medi Access Seguros de Salud, S.A. de C.V.; Seguros Banorte, S.A. de C.V., y Seguros
Inbursa, S.A. Gerardo Lagunes consideró que el concurso estaba dirigido a que Mapfre lo ganara. Puso todo su empeño para que esto no ocurriera, pero no lo hizo para garantizar la mejor utilización de los recursos federales. Él se inclinó en favor de La Latinoamericana. La refriega De acuerdo con un estudio de mercado que ordenó la Subdirección de Administración, entre los participantes se filtró que el costo del contrato por los dos años rondaba los 110 millones de pesos. Esta información, que en teoría debía ser confidencial, pasó de una mano a otra. Las propuestas tuvieron que evaluarse con base en una tabla de puntos y porcentajes que se otorgan según se cubran o no los requisitos. Al final se suman esos valores y se obtiene una calificación que se promedia con la propuesta económica presentada. La Latinoamericana hizo una oferta de 38.3 millones de pesos; Medi Access, 52 millones; Banorte, 72.9 millones, y Mapfre, 75.9 millones, por citar sólo algunos montos. Si se considera que hace dos años De la Garza pagó 94 millones de pesos, el hecho de que esas compañías ofertaran el servicio por al menos 18 millones de pesos menos lucía aparentemente provechoso para la Conade. No obstante, llama la atención que, si en el estudio de mercado la Subdirección de Administración tasó la contratación de los seguros en 110 millones de pesos, La Latinoamericana y las otras compañías hayan bajado tanto sus propuestas. El acto de lectura del dictamen técnico y fallo de licitación se programó para el 23 de marzo, pero la Conade lo difirió dos veces. La primera lo pasó al 31 de marzo, a las 12:00 horas, y la segunda para ese mismo día a las 17:00 horas, cuando finalmente resolvió cancelar la licitación “porque de continuarse se podría ocasionar un daño en perjuicio de la Conade”. La dependencia acusó a La Latinoamericana de no proporcionar información correcta y completa sobre “la siniestralidad”, o sea, el número de eventos atendidos o siniestros reportados en cierto periodo. Arguyó que eso ocasionó que las propuestas de las concursantes tuvieran diferencias abismales: de los 38.3 millones de La Latinoamericana a los 75.9 millones de Mapfre. A pesar del atractivo monto, la Conade no decretó ganadora a La Latinoamericana porque en la evaluación por puntos quedó muy por debajo de Mapfre, que obtuvo 59.40 en la evaluación técnica y 38.40 en la económica. Gerardo Lagunes fue el funcionario que presuntamente dio la orden de que se cancelara la licitación para evitar que ganara Mapfre, la empresa apoyada por el grupo de funcionarios encabezados por Mena. Ese servidor público instruyó a Mario Montesano Villamil para que no favoreciera a Mapfre. Asimismo, la propia Conade descalificó el dictamen técnico elaborado por el área requirente “porque no se encuentra debidamente fundado y motivado”. “Para asegurar la igualdad de condiciones, transparencia y certeza en el proceso, es menester que los licitantes cuenten con información veraz para garantizar la información correcta de los riesgos a cubrir, así como contar con los términos y condiciones totales a los cuales se comprometerá tanto la aseguradora como la entidad”, se lee en el fallo.
El 10 de abril pasado, el apoderado de Mapfre Tepeyac, Mauricio Ramírez Navarro, se quejó ante el Órgano Interno de Control por la cancelación de la licitación. El consorcio expuso seis justificaciones para solicitar que se le adjudique el contrato. Mapfre se inconformó porque el servidor público Mario Montesano Villamil –director de Servicios y quien presidió la lectura del dictamen técnico y fallo– “omitió indicar los datos y condiciones de su nombramiento para ocupar dicho cargo” y, en consecuencia, no tenía facultades para presidir el acto, amén de que “omitió indicar el nombre y cargo de los responsables de la evaluación de las proposiciones”, con lo cual violó la Ley de Adquisiciones y la de Procedimiento Administrativo. En la versión de Mapfre, Montesano también contravino las bases de licitación, que asentaban que “el área requiriente” (sic) –es decir, la Subdirección de Calidad para el Deporte, la Subdirección de Administración y la Subdirección del Deporte de forma colegiada– es la encargada de realizar la evaluación técnica de las proposiciones. “De lo anterior se colige que este servidor no contaba con las facultades para evaluar las proposiciones técnicas”. La empresa que se dice afectada también analizó los cinco puntos con que la Conade sustentó la cancelación, y concluyó que ninguno está debidamente fundamentado. Ni siquiera se explica por qué se hubiera ocasionado un daño si se continuaba con el proceso. Cuestionó, además, que no se realizó una investigación de precios para justificar la no aceptabilidad de las propuestas. Mapfre asegura que la Conade sí publicó en CompraNet la información sobre siniestralidad, por lo cual es falso que los participantes no tuvieran información veraz. “Es importante destacar que si algún participante considera que no hay igualdad en el proceso de licitación que nos ocupa, se encuentra con plena facultad de hacerlo valer a través de los medios legales de impugnación, lo que en la especie no aconteció; de lo que se desprende que la intención de la convocante (Conade) es de cancelar a como dé lugar la Partida 1 (la contratación de los seguros ya mencionados), utilizando argumentos que incluso no le compete formular, denotando únicamente su interés en direccionar la adjudicación de la Partida 1 para favorecer a un solo participante”, dice la queja. Llama la atención que Mapfre asegura que fue la empresa con el mayor puntaje en la evaluación técnica y que, junto con la económica, promedió la mejor calificación, puesto que, en teoría, no debería conocer esos datos: cuando la Conade canceló la licitación, no reveló los puntajes ni precisó los montos ofrecidos. Si la Conade pretende reponer el proceso de licitación, resulta tendencioso que las empresas que concursaron ya conozcan los montos con los cuales éstas u otras compañías podrían volver a concursar. Un especialista consultado por la reportera determinó, con base en la convocatoria de la licitación y las especificaciones solicitadas, que la prestación bianual del servicio de seguros no cuesta más de 50 millones de pesos. Después de la cancelación, Othón Díaz envió un oficio al titular del OIC, Gabriel Arenas, en el que pidió que se le explicara por qué estuvo mal hecho el dictamen técnico. Turnó copia a Mena, a Lagunes y a Carlos Acra, quien fuera subdirector general de la Conade. Diecisiete días después de la polémica resolución, Mena fue destituido. Con él se fueron todos los servidores públicos -involucrados. l
Los derechos de TV dividen al futbol español Alejandro Gutiérrez Un nuevo ordenamiento legal en España, que entre otras cosas busca distribuir más equitativamente los ingresos por transmisión de los juegos de futbol, desató una pelea entre todos los participantes del sector. Mientras los equipos pequeños abogan por su cumplimiento, los dos clubes más poderosos –el Real Madrid y el Barcelona– dejarían de obtener buena parte de los ingresos que actualmente reciben. Incluso los jugadores de élite se movilizaron y emplazaron a una huelga: nadie los tomó en cuenta a la hora de redactar el decreto y, tal vez lo más importante, se verán afectados por la nueva normativa fiscal. MADRID.- El 14 de mayo, en medio de la efervescencia política por las elecciones municipales del domingo 24 en España, la Audiencia Nacional emitió un fallo para impedir cautelarmente la huelga a la que convocó la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), en cuyo anuncio estuvieron las principales figuras del balompié de la llamada liga de las estrellas, quienes rechazan el Real decreto sobre comercialización de derechos de emisión de futbol, que el 1 de mayo aprobó el Consejo de Ministros. Esta noticia calentó el ambiente en España y escaló a las primeras páginas de los diarios y a los principales espacios de los noticiarios de radio y televisión, debido al riesgo de que se diera por terminada la temporada 2014-2015 anticipadamente. Al final, la decisión de la Sala de lo Social, que encabeza el magistrado Ricardo Bodas Martín, permitió que 90 partidos de las dos últimas jornadas de la Liga 2014/2015 se pudieran celebrar, tanto de Primera como de Segunda División, el 16, 17, 23 y 24 de este mes. El objetivo Pero el fallo citado no soluciona el problema de fondo. El gobierno de Mariano Rajoy, a través del Consejo Superior del Deporte (CSD) y el Ministerio de Hacienda, mantiene su decisión de aplicar el decreto, que daría un vuelco total a los mecanismos de transmisión televisiva de los partidos de futbol. Hasta ahora, cada club pacta en forma individual sus propios convenios con las televisoras, pero el nuevo decreto obligará a que haya una negociación centralizada. Lo anterior ayudará a modificar el desequilibrio que enfrenta la liga en este terreno, porque los beneficios por transmisión se repartirían en forma más equilibrada entre los 42 clubes y se rompería el “duopolio” que ejercen el Real Madrid y el Barcelona. También está pendiente de resolverse la “fiscalidad” de las ganancias de los futbolistas, ya que la Agencia Tributaria, que en los últimos meses aumentó su presión contra los jugadores, quiere “cambiar las reglas del juego a mitad del partido”. Desde 1996 los futbolistas tienen un acuerdo para que 85% de su sueldo tribute el Impuesto sobre la Renta (ISR, cuya tasa es de 52%); el 15% restante se canaliza mediante sociedades y tiene una fiscalidad más moderada, pues paga el Impuesto sobre Sociedades, que es de 30%. José María Gay de Liébana, catedrático de economía de la Universidad de Barcelona y autor de estudios anuales sobre las finanzas del futbol europeo, sostiene que “la
regulación para la centralización de los derechos de televisión, tanto en su negociación y su reparto a los clubes, es un paso hacia adelante para el futbol español, porque hasta ahora cada club negociaba por su cuenta. Ahí había un problema, ya que los dos grandes clubes, que son el Barsa y el Real Madrid, se llevan la mayoría, y los otros apenas tienen opción para vender derechos de televisión”. En su opinión, la viabilidad del futbol español sólo se puede asegurar modificando el acuerdo colectivo de los derechos televisivos. “Cuando en México se transmite un partido del futbol de la liga de las estrellas, fundamentalmente son partidos del Real Madrid o del Barsa, aunque tenemos otro núcleo de clubes muy buenos, como un -Atlético de Madrid, un Valencia y un Sevilla, que otra vez está en final de Europa League, pero les falta un poquito de fuelle en términos de comercialización audiovisual.” Por lo tanto, dice Gay de Liébana en entrevista, “a mí me parece bueno que se tramiten los derechos de televisión con una gestión única y un procedimiento de explotación que permita un reparto más equilibrado, y no que la mayor parte del pastel esté en los dos principales clubes”. Este paso adelante, explica, colocaría al futbol español en una dirección similar a la de otras ligas europeas, como la Premier League de Inglaterra, la alemana Bundesliga o las italianas (Liga A) y francesa (Ligue 1). Gay de Liébana puntualiza que esta decisión la tomó el gobierno: “Es un paso que el sector no dio en todo este tiempo”. Uno de los puntos polémicos es el reparto del dinero, que implicaría darle 90% de los ingresos por transmisión a la Primera División y 10% a la Segunda, lo que “es muy inequitativo”, apunta. “A mi juicio, eso se va a tener que revisar, porque otras ligas europeas tienen proporciones de televisión de 80-20% o 70-30%, y ese es el reclamo de los futbolistas que están en la Segunda División, porque hay clubes que tienen dificultades para pagarles a fin de mes o de temporada”. Sostiene que si se aplica la nueva normativa, el futbol español puede conseguir unos mil millones de euros, lo que “permitirá a todos los clubes empezar a tocar dinero y las cosas podrán verse mejor. Incluso podrían alcanzarse cotas de mil 500 millones de euros”. El aparato futbolero Quien controla el futbol tiene bajo su mando un negocio que roza 2% del Producto Interno Bruto español. Las 42 empresas que forman la Liga de Futbol Profesional (LFP) tienen un presupuesto de 2 mil 117 millones de euros y generan 85 mil puestos de trabajo. Sin embargo, el balompié de la península también es uno de los que reparte los recursos de peor manera. En uno de sus estudios presentado en 2013, Gay de Liébana señaló que la liga Premier gana 2 mil 507 millones de euros y gasta 2 mil 849 al año; en Alemania se reciben mil 746 millones y se erogan mil 889; en Italia se embolsan mil 569 millones e invierten 2 mil 212 millones, y en Francia atraen mil 59 millones y gastan mil 308. En el futbol español los haberes anuales suman casi mil 700 millones de euros y las salidas alcanzan los mil 830 millones. Los pagos procedentes de la televisión suponen 38% del total.
Ahora bien, la desproporción que se vive en España resulta evidente si, por ejemplo, se compara con lo que pasa en Inglaterra. En el Reino Unido el Manchester United ingresa 13.1% del total, mientras que en España el Real Madrid acapara 25.2% y el Barcelona 24.1%. El Valencia sólo llega a 6.5%, de acuerdo con los datos de la liga. Por ello el especialista señala que el hecho de que Valencia obtenga menos que el Wigan –que estuvo a punto de bajar de división en Inglaterra– demuestra que “el reparto de los derechos de televisión es tan determinante como absolutamente irracional”. La Liga que preside Javier Tebas, en consonancia con la Real Federación Española de Futbol (RFEF), que dirige Ángel María Villar, pidieron que se aprobara el decreto, que también busca la “solidaridad con el futbol aficionado”. Por el contrario, el Consejo Superior del Deporte, que dirige Miguel Cardenal y que controla la negociación de los derechos televisivos, acusó a la RFEF de buscar un acuerdo “con ciertas condiciones a su gusto”. Ángel María Villar es un personaje singular: aparece muy poco en público pero tiene 26 años controlando el balompié hispano. No sólo la LFP está bajo su férula, sino también la organización de árbitros españoles. Los jugadores, afiliados en la AFE, se aliaron a la RFEF para convocar a su huelga. Los futbolistas han recibido muchas críticas porque se percibe que defienden un trato fiscal “privilegiado”. Y, en contraparte, los deportistas, a través del presidente de la AFE, critican que el gobierno aprobara el decreto sin tomar en cuenta su opinión. Los jugadores advierten que su convocatoria a la huelga tiene que ver con el decreto para la explotación de contenidos audiovisuales más que con la presión fiscal, pero en Hacienda no comparten esa postura. El diario El Confidencial citó una nota de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IEH), en la que expresa su preocupación por el lenguaje empleado por los futbolistas sobre el acoso, dureza, incomprensión y persecución que soporta el mundo del balompié. Muchos de los atletas han recibido visitas de Hacienda, como por ejemplo Iker Casillas, el capitán y portero del Real Madrid, cuya sociedad Ikersa S.L. fue auditada. Los técnicos de IHE sostienen que la discrepancia entre Hacienda y los futbolistas se produce por la tributación de los derechos de imagen y la explotación de los mismos. El estallido El problema escaló cuando los jugadores convocaron a la huelga de la AFE, que preside Luis Rubiales. En la rueda de prensa estuvieron futbolistas como Iker Casillas, Xavi Hernández, Sergio Ramos, Gabi, Piqué y Andrés Iniesta, entre otros. Entonces, Javier Tebas, de la LFP, presentó una demanda ante la sala de lo social de la Audiencia Nacional contra la huelga convocada para el 16 de mayo. El comunicado subido al sitio de internet de la LFP señala: “No estamos ante una huelga normal, estamos ante una huelga política ante una norma jurídica. La huelga es un fraude, porque se ha hecho un montaje con la Federación para intentar que sea un parón total, la denuncia es contra el sindicato porque estamos hablando de una huelga ilegal y la Federación ha hecho un paro, no sabemos muy bien cómo, amparando al sindicato”.
“Futbol rezagado” En entrevista telefónica, Gay de Liébana dice entender que los futbolistas defiendan sus derechos. Explica: Se tenía la idea de que todas las partes involucradas habían sido consultadas por el gobierno de Rajoy, pero al parecer no fue así. “La AFE dice que no se ha contado con ellos y yo creo que los futbolistas evidentemente defienden sus derechos, que por un lado son las garantías de cobro de sus percepciones salariales, y quizá en el trasfondo esté también el tema fiscal… y porque es evidente que la Agencia Tributaria les está cambiando las reglas del juego a mitad del partido, con el 85% como rendimiento y el 15% a través de derecho de imagen”, dice. No obstante, considera que una vez que “las aguas se apacigüen” se entrará a una mejor gestión del futbol, “donde todos los clubes y deportistas puedan ganar más dinero y la explotación televisiva genere una oleada de mayor marketing”. Apunta que “no es sano” para el futbol hispano que un club como el Atlético de Madrid –que la temporada pasada llegó al campeonato de la liga y a la final de la Champions League– cobre poco más de 40 millones de euros por explotación televisiva, cuando el último club de la Premier League tiene ingresos de 55 millones de euros por ese mismo concepto. Gay de Liébana comenta que, oficialmente, la bolsa de televisión del futbol español es de 800 millones de euros, “aunque a mí esa cuenta que hacen las autoridades deportivas no me sale. Lo que sí es un hecho es que con la centralización llegará a mil millones de euros y lo sobrepasará”. La liga italiana tiene ingresos de 950 millones de euros anuales por la televisión; la Premier, de 3 mil millones; la liga francesa, que es más modesta, está en 700 millones, y la Bundesliga no pasa de 600 millones de euros, pero eso ocurre porque el modelo de la liga alemana es distinto, ya que no apuesta por la televisión sino por la presencia de los aficionados en los estadios. “El futbol español está roto por el monopolio del Barsa y el Real Madrid, cada uno de los cuales supera los 500 millones de euros por televisión. En el caso del Valencia, tiene ingresos de 120 millones, haciendo brutal la desproporción.”
Acerca de Otra empresa peñanietista reclama el contrato… Del director general de Mainbit Señor director: Me dirijo a usted en virtud de los juicios, las inferencias y las imputaciones que se hacen a mi persona y a la empresa que dirijo en el texto titulado Otra empresa peñanietista reclama el contrato para elaborar pasaportes, el cual, bajo la firma de Jenaro Villamil, se publicó el 3 de mayo en Proceso 2009. En uso de mi derecho de réplica, le solicito publicar, para el beneficio de sus lectores, las precisiones que estoy obligado a hacer: 1. Mainbit, empresa 100% mexicana, con 25 años de experiencia, líder en integración de tecnologías de la información, siempre ha sido y será respetuosa de los procedimientos legales y administrativos para la adquisición y equipamiento tecnológico de las dependencias gubernamentales que cumplen con el debido proceso y la legislación vigente. 2. Recientemente, Mainbit participó en la licitación de la Secretaría de Relaciones Exteriores para la fabricación de pasaportes mexicanos LPN, No. LA-005000999-T45-2015, en consorcio con otras empresas, una de ellas francesa, siendo Mainbit y Vangent México las únicas firmas mexicanas con experiencia y capacidad técnica para la emisión de pasaportes. Es la segunda ocasión en que Mainbit y Vangent concurren asociadas ante una licitación de esta naturaleza, e inclusive en 2012 ganaron el concurso anterior (00005003-001-12). De esta manera, Mainbit y las empresas del consorcio cuentan con la experiencia necesaria para dar el servicio que actualmente se licita. Por ello, resulta absurdo e insostenible que pretenda asignársenos una calificación técnica menor a la del consorcio ganador. Adicionalmente, la propuesta económica presentada por el consorcio del cual Mainbit forma parte está alrededor de 14.8% por debajo del competidor adjudicado, siendo la propuesta más atractiva en términos económicos. Debido a las irregularidades cometidas en la evaluación de nuestra propuesta técnica, nos reservamos nuestro derecho a ejercer los medios de impugnación correspondientes. 3. Mainbit participó de manera exitosa en la instalación del equipo tecnológico del proyecto Enciclomedia únicamente en los estados de Oaxaca, Guerrero, Zacatecas, Aguascalientes y Yucatán –cuyas aulas no representan ni 15% del total–, cumpliendo todas las disposiciones convenidas en el contrato celebrado con las dependencias federales involucradas. Los resultados de Enciclomedia no dependieron de la instalación de los equipos tecnológicos ni de sus características, sino de los alcances y las implicaciones educativas, políticas y económicas del programa, que derivaron en el recorte presupuestal al mismo desde el Congreso de la Unión y en su consecuente cancelación por parte de la administración de Felipe Calderón en la fase correspondiente a Secundarias. Dicha cancelación provocó pérdidas económicas considerables a todas las empresas concursantes, así como a los fabricantes, nacionales y extranjeros, de los equipos tecnológicos especiales utilizados en el programa. En nuestro caso, fue Dell México,
S.A. de C.V. –firma con la que fuimos en consorcio–, la que facturó y cobró a la SEP los gastos no recuperables derivados de esa cancelación. Todas las penalizaciones detectadas en su momento por la ASF en la revisión de la cuenta pública durante los años que duró el programa fueron pagadas a la Tesorería de la Federación; se tienen las actas de cierre y finiquito, así como la liberación de las fianzas respectivas por parte de la propia SEP al consorcio en donde Mainbit participó. Solamente con un interés malsano se podría atacar el desempeño de nuestra compañía en dicho programa. 4. Mainbit no tiene afinidad por ninguna agrupación o partido político; muestra de ello son los 25 años de experiencia dando servicios al sector gubernamental a nivel federal y en las entidades del país, sin distinción por el origen partidista de los titulares de cada dependencia. Nuestro éxito se basa en el ofrecimiento de la mejor calidad al mejor precio disponible en el mercado. 5. En diciembre de 2007 el Grupo Mainbit fue adjudicado mediante licitación por la entonces Secretaría de Seguridad Pública (SSP) con el contrato del Centro de Atención Tecnológica para los usuarios de la SSP y sus órganos administrativos desconcentrados (OM/DGRMSG/LPN/002/2008), entre los que se encontraban la Policía Federal, y Prevención y Readaptación Social; ese contrato tenía el objeto de proveer a dichas instituciones de equipo de cómputo de última generación, así como de una serie de servicios ligados a éstos, durante cinco años, con niveles de atención y servicio muy demandantes. Es importante señalar que el contrato fue derivado de un proceso de licitación pública donde participaron aproximadamente ocho empresas, y Mainbit resultó adjudicada por presentar el mejor precio y las mejores condiciones durante la evaluación. Inicialmente se contemplaban alrededor de 8 mil equipos a nivel nacional, pero durante la administración del presidente Calderón, y a raíz de la violencia que se enfrentaba, la cifra se incrementó hasta aproximadamente 30 mil equipos, los cuales se encontraban funcionando a lo largo del país. El contrato terminaba el 30 de noviembre de 2012, pero antes de concluir la SSP solicitó una ampliación del 1 de diciembre de 2012 al 31 de enero de 2013, con fundamento en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (artículo 52, segundo párrafo). Cabe advertir que, como parte de los lineamientos que Mainbit tuvo que realizar para atender dicho contrato, y dado que era necesario contar con personal en sitio para satisfacer los niveles de servicio, se certificó aproximadamente a 400 técnicos, ingenieros y empleados administrativos con el examen de control de confianza que era aplicado por la SSP a todos los empleados de la misma. En febrero de 2013, la Secretaría de Gobernación (Segob) otorgó a Mainbit un nuevo contrato, con las mismas características del original, hasta el 31 de agosto de dicho año (OM/UAI/DGRMSG/AD/001/2013), al término del cual, y una vez extinta la SSP, la Comisión Nacional de Seguridad, a cargo de la Segob, asignó a Mainbit un contrato (SG/CNS/56/2013) del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2013. Mainbit ha cumplido de manera integral en tiempo y forma cada uno de los requerimientos especificados en los contratos, preservando la calidad del servicio y manteniendo los mismos precios en moneda nacional que llevaron a la adjudicación del primer contrato en diciembre de 2007, sin importar la inflación ni los movimientos de tipo de cambio que se generaron durante este periodo. Insistimos: Nuestra premisa es el ofrecimiento de los mejores precios y la más alta calidad.
Mainbit ha obtenido tres contratos adicionales: uno, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014; el segundo, del 1 de enero al 31 de marzo de 2015, y, el último al día de hoy, del 1 de abril al 31 de diciembre de 2015. A lo largo de estos años Mainbit ha renovado la base instalada de los equipos de cómputo previstos en dicho contrato, con el fin de garantizar a la Segob los altos niveles de servicio solicitados, así como la prevista eficiencia operativa de los equipos. 6. Mediante la licitación pública LA-006E0001-N68-2012, Mainbit fue adjudicada para prestar la “Administración de puestos de servicio 2” (APS-2), con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), pues fue la empresa con el precio más económico y con las mejores condiciones técnicas para la dependencia, tal y como lo describe el fallo de la misma. En la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el artículo 41 fracción III dice: “Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando: “Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, cuantificados y justificados.” En tanto que el artículo 72 fracción III del Reglamento de la Ley de Adquisiciones puntualiza: “Para los efectos de lo establecido en el artículo 41 de la Ley deberá considerarse, respecto de las fracciones de dicho precepto legal, lo que se cita a continuación: “Será procedente contratar mediante adjudicación directa fundada en la fracción III cuando, entre otros supuestos, la dependencia o entidad acredite, con la investigación de mercado correspondiente, que se obtienen las mejores condiciones para el Estado y, por tanto, se evitan pérdidas o costos adicionales, al contratar con algún proveedor que tenga contrato vigente previamente adjudicado mediante licitación pública y éste acepte otorgar los mismos bienes o servicios en iguales condiciones en cuanto a precio, características y calidad de los bienes o servicios materia del contrato celebrado con la misma u otra dependencia o entidad.” Con el fin de obtener ahorros significativos, algunas dependencias optaron por realizar el proceso de adhesión al contrato del SAT con Mainbit. Como se indica líneas arriba, este es un procedimiento contemplado en la ley que tiene por objeto el ahorro para las dependencias. Y tal es el caso de las dependencias señaladas en el artículo de Proceso, como son: –Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). –Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE). –Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, SNC (Bansefi). –Instituto Nacional de la Economía Social (Inaes). Atentamente Ingeniero José Antonio Sánchez P. Director general de Mainbit,
S.A. de C.V. Respuesta del reportero
Señor director: En su extensa carta, el ingeniero José Antonio Sánchez, director general de Mainbit, confirma y detalla la información sobre los principales contratos obtenidos desde la administración federal de Vicente Fox hasta la de Enrique Peña Nieto, así como el litigio que actualmente afronta por la licitación de los pasaportes mexicanos. Evade mencionar que en la presente administración ha obtenido contratos por 3 mil 379 millones de pesos, 29 de los cuales han sido por adjudicación directa (mil 900 millones de pesos) y 17 por licitaciones (mil 400 millones de pesos). El ingeniero Sánchez considera que hay “juicios, inferencias e imputaciones” hacia su persona. Aclaro que en el reportaje simplemente se especifican los contratos obtenidos por Mainbit, a partir de información conseguida mediante solicitudes al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI). Atentamente Jenaro Villamil Rodríguez
Sobre En el carrusel guerrerense, candidatos sin prestigio Del senador Armando Ríos Piter Señor director: Respecto a la nota titulada En el carrusel guerrerense, candidatos sin prestigio (Proceso 2010), firmada por Ezequiel Flores, en donde señala falsamente que negocié candidaturas con la “cúpula priista”, me permito hacer las siguientes aclaraciones: No he tenido ningún acercamiento con el PRI o el PVEM en una lógica electoral. Nunca les he propuesto candidato alguno. La decisión de aceptar candidaturas de algunos personajes que estuvieron acompañándome en un proyecto político dependió absolutamente de ellos, y respondieron, hasta donde tengo entendido, a invitación de esos partidos. En estos momentos estoy concentrado en mis labores legislativas. Agradezco la atención a la presente, y espero tenga un espacio mi aclaración a los señalamientos sin fundamento que se me imputan. Atentamente Armando Ríos Piter Senador por Guerrero Respuesta del reportero Señor director: Aclaro a nuestros lectores que fuentes priistas consultadas por este reportero aseguraron que el senador Armando Ríos Piter negoció con la dirigencia nacional del PRI los distritos de Acapulco y Chilpancingo, donde postuló a Eduardo Cuevas y María Luisa Vargas por las siglas del PVEM. Tales fuentes agregaron que el único mérito partidista de ambos es formar parte del Grupo Jaguar, que encabeza Ríos Piter, quien, por cierto, mantiene una excelente amistad con el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y se ha caracterizado por impulsar las reformas del presidente Enrique Peña Nieto. Atentamente Ezequiel Flores Contreras
En torno a Mario Rivera: Repaso histórico de la izquierda De José A. Luna Ortiz Señor director: Le solicito publicar en Palabra de Lector la siguiente carta, motivada por el artículo de Judith Amador Tello que se titula Mario Rivera: Repaso histórico de la izquierda (Proceso 2009), con la única intención de ahondar sobre el comunismo y la actuación de Arnoldo Martínez Verdugo. Recuerdo la invitación que el Partido Comunista Rumano hizo al Partido Comunista Mexicano (PCM) para la reunión en Bucarest, que tenía por objeto estrechar los lazos de amistad e intercambiar experiencias. Con tal fin, en febrero de 1968 el comité central del PCM comisionó a Arnoldo Martínez Verdugo, secretario general del partido, y a Antonio Morín, ambos de la comisión política; al escritor Enrique Semo, y al que suscribe, miembros del comité central. A la ciudad de Bucarest llegamos procedentes de la República Mexicana Antonio Morín y el suscrito; Martínez Verdugo arribó procedente de Moscú, porque ya tenía más de tres meses allá; en cuanto al escritor Enrique Semo, no acudió al encuentro. El orden del día, establecido de común acuerdo, fue que los mexicanos informaríamos sobre las actividades que desarrollábamos para transformar las demandas inmediatas del pueblo en lucha política revolucionaria contra el régimen capitalista y ahondar las contradicciones de clase de la burguesía, como táctica para arribar con la clase explotada al poder y establecer el socialismo. A su vez, los rumanos informarían cómo trabajaban para fortalecer su partido y el socialismo en su país. A los mexicanos nos tocó hablar en primer lugar. Martínez Verdugo, por ser el responsable de nuestra delegación, hizo uso de la palabra, pero en lugar de expresar la línea política que habíamos acordado, despotricó atacando duramente a los comunistas y al gobierno rumanos que encabezaba el camarada Nicolae Ceausescu, reclamándoles no haber roto relaciones diplomáticas con Israel, cuando estaba reciente la Guerra de los Seis Días de junio de 1967, cuando las fuerzas imperialistas de Israel conquistaron el desierto del Sinaí en la Franja de Gaza. Los rumanos contestaron drásticamente a Martínez Verdugo. Le reviraron que existían países socialistas que mantenían relaciones diplomáticas con el jefe del imperialismo mundial y no se les criticaba, y que a ellos, en esos momentos, no les convenía romper relaciones con Israel. Además, le reclamaron a Martínez Verdugo que con su actitud política ahí expresada estaba inmiscuyéndose en la vida interna de un partido comunista y de un pueblo socialista. Le reiteraron que ellos eran los únicos responsables de su política ante el pueblo rumano; asimismo, nos criticaron a los comunistas mexicanos porque tampoco nosotros habíamos exigido al gobierno de Díaz Ordaz romper relaciones diplomáticas con Israel. Fue así como Martínez Verdugo quedó callado y avergonzado, porque en lugar de informar, como estaba previsto, sobre la forma en que nosotros luchábamos para tratar de abolir a la burguesía y su sistema, quiso imponer línea política a los rumanos, que no era la del PCM. Por otra parte, en la literatura y discursos de Martínez Verdugo y Valentín Campa, se
mencionan acciones revolucionarias en defensa del pueblo, pero en sus programas y práctica política claramente se observa que nunca figuró la idea y el propósito de abolir el sistema capitalista y establecer la dictadura del proletariado, único camino para emancipar a los explotados y construir el socialismo; en cambio, sí aprovecharon el derrumbe de la Unión Soviética para entregar el registro del PCM a las fuerzas progresistas de la burguesía y abiertamente se pasaron al lado de la clase explotadora. El suscrito, quien en la medida de sus capacidades desarrolla las ideas leninistas en el Organismo Comunista Enrique Flores Magón, se despide con la consigna vigente: ¡Proletarios de todos los países, uníos! Atentamente José A. Luna Ortiz
[email protected] Torreón, Coahuila
Anuncian la organización de una nueva asamblea de enfermeros Señor director: El pasado 4 de enero se publicó una nota titulada Enfermeras en pie de lucha (Proceso 1992), la cual abordó el conflicto del sector contra la Secretaría de Salud (Ssa). Por nuestra parte, queremos agregar las siguientes consideraciones. La contrarreforma neoliberal en el sistema de salud –la llamada reforma número 12 del gobierno de Enrique Peña Nieto– se ha venido implementando desde hace mucho tiempo, pues las administraciones federales han realizado una cada vez más marcada reducción del gasto público en el rubro, lo que se traduce en un deterioro del sistema con menor contratación de personal, infraestructura deficiente, ausencia de material y medicamentos, mala atención médica y detrimento de las condiciones laborales de los trabajadores, entre otras situaciones. Todo ello propiciado por un gobierno que no promueve, respeta, protege y garantiza el derecho a la salud, como lo establecen los artículos 1º y 4º de la Constitución. Los males que conlleva esta perversa política económica han recaído en la población que diariamente acude a los centros, hospitales y demás instalaciones sanitarias del sector público, recibiendo una mala o de plano nula atención médica, y en los mismos trabajadores de la salud, quienes laboran en condiciones precarias y en quienes recae cualquier tipo de responsabilidad administrativa, civil o penal. La Asamblea Intergremial de Enfermería, Trabajo Social, Terapistas y Rehabilitadores Físicos (Aigett) es la organización que trascendió de una lucha económica (expresada en la defensa de un programa de profesionalización que diera cabida a un mayor número de trabajadores) a una lucha en el plano social por la defensa del derecho a la salud de la población, denunciando la pretensión del gobierno de liquidar instituciones sociales como el IMSS y el ISSSTE, con planes como la supuesta “universalidad de la salud”, en la cual se habla de buscar la atención médica para un mayor número de personas, pero con la misma infraestructura y personal médico existente. La Aigett demostró al gobierno federal, tanto en sus asambleas como en sus manifestaciones (3 de diciembre de 2014 y 6 de enero de 2015), su capacidad de convocatoria a nivel nacional, y lo sentó a la mesa de negociaciones aunque, fiel a su autoritarismo, la administración federal, en voz de la Ssa, optó por romper el diálogo. No obstante, hoy nos planteamos otro nivel de lucha con la conformación de una Asamblea Nacional de Enfermeras y Enfermeros de México. La integración de esta asamblea, convocada desde la Aigett, inquieta al gobierno de Peña Nieto, el cual ha optado por intervenir desde diversos frentes para detener sus alcances. Si bien es cierto que a partir de la formación de la Aigett sus miembros comenzaron a ser intimidados por autoridades o por el gremio charro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTSA), también lo es que luego de que el gobierno analizó las acciones que emprendió o emprenderá dicha organización se ha recrudecido la represión hacia sus integrantes al iniciar procedimientos administrativos, echar a andar la maquinaria de golpeadores del sindicato, desempolvar viejos procesos penales o utilizar directamente a los cuerpos policiacos, como sucedió en la marcha de enfermeras y enfermeros del 12 de febrero de 2015. Aunado a ello, el gobierno federal ha emprendido la cooptación de supuestos
dirigentes, como Antonio Vital, quien sin la representación del gremio ha aceptado públicamente que la Ssa lo llamó para continuar con la mesa de negociación que se llevaba con la Aigett, y él acudió a ella, prestándose al juego sucio gubernamental. Además, desde la Secretaría de Gobernación se ha echado a andar una campaña de desprestigio que las grandes televisoras han implementado contra integrantes de la Aigett, señalando que la Asamblea Nacional de Enfermeras y Enfermeros de México buscaría paralizar el sector salud. En esta campaña ha tocado a “académicos” de la Universidad Iberoamericana afines a los planes neoliberales ser los agentes del Estado que dicen estar preocupados por lo que supuestamente haría la nueva organización de enfermeras y enfermeros, sin mencionar que es el mismo gobierno el que ha originado la deplorable situación que vive el sector público de la salud en nuestro país. Ante ello, es necesaria la organización de los trabajadores del gremio de la salud y del pueblo en general con la conformación de la Asamblea Nacional de Enfermeras y Enfermeros de México, convocada para sesionar el 16 de mayo de 2015 en Toluca, así como la denuncia de las prácticas represivas del gobierno y sus agentes para minarla. (Carta resumida.) Atentamente Alberto Juan Castillo, Citlalli Flores García, Yaim Waldo Moreno, José Alfredo Fuentes
Castro, Karina Masiel Hernández Barrero, Josué Palacios Cid, Jorge Ortiz Sánchez, Blanca Margarita González Martínez, Érika Moreno y Felipe Valerio Marín (responsable de la publicación)
Propone no dejar solos al juez Silva García y a Carmen Aristegui Señor director: La plausible determinación del juez Fernando Silva García de conceder la suspensión definitiva en el juicio de amparo 672/2015, promovido por Carmen Aristegui, dignifica en su debida proporción el cuestionable prestigio y credibilidad que para gran parte de la sociedad tiene el Poder Judicial. En tanto que la voluntad de Carmen Aristegui de hacer valer sus derechos confirma lo dicho por el expresidente de Uruguay José Mujica: “La única lucha que se pierde es la que se abandona”. Por lo que toca al juicio referido, aún no ha terminado en el aspecto principal. Sin embargo, hasta este punto del proceso se puede decir que el juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el DF, Fernando Silva García, ha cumplido cabalmente con el muchas veces argumentado ideal del general José María Morelos y Pavón: “Que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario”. Muy probablemente el juez Silva García se ha visto sujeto a las presiones de los más importantes y conservadores poderes reales y fácticos de este país. Sin embargo, se aprecia su conocimiento, valor, justicia y sensibilidad. Por lo tanto, la sociedad que aspira a tener un México democrático debe felicitar, difundir y apoyar lo dictado por él. Más aún cuando la nueva legislación prevé la procedencia del juicio de amparo frente a particulares cuando éstos actúan en funciones de derecho público (o sea, aunque esos particulares no sean autoridades formales), situación que antes de 2011 era imposible. La reforma constitucional de ese año incluso cambió el nombre del Capítulo I, quedando de la siguiente forma: “De los derechos humanos y sus garantías”. Una importante forma de apoyar al juez Silva García sería el que múltiples ONG, académicos, universidades, colegios de abogados, etcétera, presentaran un amicus curiae (amigo de la corte o amigo del tribunal), recurso en el que terceros ajenos al juicio en curso ofrecen respetuosa y voluntariamente su opinión sobre los puntos de derecho expresados por el juzgador para colaborar en su debida proporción con la justa resolución del juicio de amparo. La modesta propuesta está hecha. No dejemos solo al juez Fernando Silva García ni tampoco a Carmen Aristegui. Atentamente Manuel Guerrero Ramos
Reclama no reprimir, presentar desaparecidos y liberar presos Señor director: A 70 años del fin de la sangrienta Segunda Guerra Mundial, muchas son las voces que reconocen que vivimos en una permanente guerra por el control político y económico a nivel internacional. En esta guerra, con Estados Unidos como principal implicado, México juega un papel sumamente relevante ya que, cuando en 1848, por razones de conflicto interno, la potencia del norte decidió no quedarse con todo nuestro territorio, ninguno de los intereses en pugna en ese momento renunció a la colonización por otros medios, que, como se ha observado en momentos posteriores de nuestra historia, contemplan la ocupación militar. Así pues, vivimos la operación abierta o encubierta de miles de agentes estadunidenses en territorio nacional, y solicitaron la portación legal de armas aquí, lo que no han dudado en cumplir quienes hoy detentan el poder. Históricamente, en cada nación conquistada los pueblos originarios han sido sometidos a la esclavitud o, en el peor de los casos, al exterminio. A los mexicanos se nos ha sometido a persecución y explotación permanentes, así como a la constante violación de los derechos humanos. En uno de tantos casos conocidos pero deliberadamente ignorados, en 1996, en la región Loxicha, Oaxaca, comenzó una despiadada guerra de exterminio contra los indígenas zapotecos, que se tradujo en cientos de indígenas torturados y encarcelados; muchos de ellos antes fueron desaparecidos y sometidos a las peores torturas hasta por nueve meses; el desplazamiento forzado de la población y las ejecuciones extrajudiciales a manos de grupos paramilitares fue el siguiente paso, cuando a policías y militares se les acabó el argumento de la guerrilla. De aquellos viejos presos políticos y de conciencia quedan ocho indígenas recluidos desde hace 19 años, y han sido ejecutadas extrajudicialmente más de 250 personas, sobre todo líderes comunitarios, pues la represión ha sido permanente y encabezada por grupos paramilitares, como el de Óscar Valencia García, priista que, acompañado de un grupo de hombres armados, ahora hace campaña para la diputación federal. En 2006, esta guerra descarnada se trasladó a la capital de Oaxaca, cuando la movilización popular pretendió expulsar del poder a Ulises Ruiz Ortiz, gobernante del PRI que, apoyado por el gobierno federal, sofocó las manifestaciones a sangre y fuego. Cientos de personas conocieron la represión, la tortura y la cárcel, además de que se documentó la ejecución extrajudicial de 26 personas afines a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), de junio a diciembre de ese 2006. El 25 de mayo de 2007 fueron desaparecidos en la ciudad de Oaxaca los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez; el 5 de julio de ese mismo año las indígenas triquis Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, de 14 y 20 años, respectivamente, fueron desaparecidas en la región Triqui. El gobierno del estado se burla de organizaciones y familiares que exigen su presentación con vida. La represión que se veía venir al regresar el PRI a la Presidencia de la República se hizo efectiva el 1 de diciembre de 2012. A partir de su llegada al poder, las reformas estructurales comprometidas con el capital trasnacional fueron puestas en marcha, aunque había y sigue habiendo un fuerte movimiento social en su contra. Lo visto en 2006 sólo era una prueba de lo que de manera encubierta estaba por llegar.
El Estado no se hallaba dispuesto a perdonar al pueblo insolente que se había rebelado contra el poder; el pacto con viejos priistas represores trajo como consecuencia ejecuciones selectivas de dirigentes de organizaciones sociales, indígenas y campesinos. Para documentar la gravedad de la situación es necesario señalar que en este sexenio de Gabino Cué Monteagudo se han documentado 372 feminicidios. El magisterio oaxaqueño, más allá de la desaparición forzada del profesor Carlos René Román Salazar y otros en este sexenio, sufrió el 17 y 18 de mayo de 2013 la mayor escalada de violencia con la detención ilegal, tortura y traslado a penales de máxima seguridad fuera del estado de profesores, defensores de derechos humanos e indígenas mediante el viejo mecanismo de la fabricación de expedientes judiciales con el claro objetivo de desacreditar el movimiento magisterial y popular que entonces enfrentaba la reforma educativa. En total, 13 detenidos, entre ellos dos mujeres. Damián Gallardo Martínez, indígena mixe, profesor y defensor de derechos humanos, ha cumplido, junto con las otras 12 personas, dos años de prisión en manos de dicha dictadura priista este 18 de mayo. Las ejecuciones extrajudiciales de tres estudiantes y tres jóvenes más, junto con la desaparición forzada de 43 alumnos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, han evidenciado a nivel internacional el carácter fascista del gobierno de Enrique Peña Nieto y la corrupción institucional con el crimen organizado, utilizando al Ejército federal como punta de lanza de contrainsurgencia social en acciones preventivas que se han salido de control y originado incluso la simulada crítica del mismo gobierno de EU. Ante este panorama de guerra, exijo: 1) Alto a la criminalización y represión de la protesta social; 2) Libertad para los presos políticos y de conciencia en nuestro país; 3) Presentación con vida de todos los desaparecidos en México, incluidos los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, y 4) Alto a la impunidad y castigo a los culpables de la represión y delitos de lesa humanidad en nuestra patria. (Carta resumida.) Atentamente ¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos! ¡Presos políticos y de conciencia, libertad! Juan Sosa Maldonado Defensor de derechos humanos