No. 1 Certificación De Abogados - Instituto De La Judicatura Federal

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CERTIFICACIÓN DE ABOGADOS: CONDICIÓN PARA EL E.JERCICIO DE LA ADECUADA DEFENSA PENAL CERTIFICACIÓN DE ABOGADOS: CONDICIÓN PARA EL EJERCICIO DE LA ADECUADA DEFENSA PENAL Constancia Carrasco Daza Magistrado de Circuito, Consejero de la Judicatura Federal Yairsinio D. García Ortiz Secretario Técnico en la ponencia del Consejero Constancio Carrasco Daza. Colección: Estudios de la Magistratura, 1 Consejo de la Judicatura Federal Instituto de la Judicatura Federal El contenido de esta obra es responsabilidad exclusiva de sus autores, por lo que las opiniones vertidas no son de carácter oficial. ® Derechos reservados por esta edición al Poder Judicial de la Federación. Consejo de la Judicatura Federal Primera edición: 2005 ISBN 968-5976-05-8 Impreso en México Printed in México_ Presentación Con el objeto de difundir las investigaciones y reflexiones de los funcionarios del Poder Judicial de la Federación, el Instituto de la Judicatura Federal ha decidido publicarlas bajo tres rubros que formarán sendas colecciones: Estudios de la Magistratura, Estudios de la Judicatura y Estudios de los Secretarios Judiciales. La primera de ellas, Estudios de la Magistratura, será un espacio reservado a ensayos, monografías y trabajos varios de los magistrados de circuito y altos funcionarios del Poder Judicial de la Federación. El libro del Consejero Magistrado Constancio Carrasco Daza, escrito en colaboración del licenciado Yairsinio D. García Ortiz, abre este espacio. En Estudios de la Judicatura, se publicarán los trabajos académicos de los jueces de distrito, relacionados con la función jurisdiccional. En Estudios de los Secretarios Judiciales, se destinará por vez primera un espacio dedicado, exclusivamente, a dichos colaboradores de los titulares de los órganos jurisdiccionales federales. Se inician estas colecciones con el ánimo de crear cauces en los que fluyan y se encuentren las ideas de los miembros del Poder Judicial de la Federación, que 7 enriquezcan sus conocimientos y propicien un mejor desarrollo de sus funciones. Esperamos que estos espacios alberguen nuevos y fructíferos contenidos, que sean un punto de encuentro del pensamiento judicial mexicano en los albores del siglo XXI. Magdo. Jaime Manuel Marroquín Zaleta, Director General del Instituto de la Judicatura Federal 8 E1 dieciocho de diciembre de mil novecientos dieciséis, durante la Junta Inaugural del Congreso Constitµyente, en la discusión del texto que conformaría el artículo 4° de nuestra Carta Magna, se levantó la voz del diputado Paulino Machorro Narváez, 1 para convocar: Señores diputados: ... quiero tratar un punto que exactamente cabe en el artículo 4° y en ningún otro lugar más ... La adición que yo propongo es en un sentido enteramente distinto: el artículo 4° al referirse a las profesiones establece lo siguiente: "La ley determinará en cada estado cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deben llenarse para obtenerlo, y las autoridades que han de expedirlo" ' Paulino Machorro Narváez. Licenciado en derecho por Ja Escuela de Jurisprudencia de Guadalajara, Jalisco; desempeñó diversos cargos en el Poder Judicial en Jos estados de .Jalisco y Aguascalientes, así como en el Poder Ejecutivo de su estado natal y de Ja Federación, durante el periodo pre y posrevolucionario; fue diputado constituyente al Congreso de Querétaro en 1916 en el que figuró como presidente de Ja segunda comisión de Constitución y dictamen sobre el artículo 39 constitucional; ocupó los cargos de secretario de Hacienda y Ministro de Ja Suprema Corte de Justicia de la Nación; falleció el 11 de marzo de 1957. 9 Yo propongo a la Comisión la conveniencia de agregar la siguiente idea: "La ley reglamentará también el ejercicio de las profesiones". Señores diputado~=;, en México hemos entendido hasta la fecha, en mi concepto, el ejercicio de las profesiones llamadas liberales, precisamente o casi exclusivamente de la medicina y la abogacía, desde la expedición de la Constitución de 57, cuyo criterio es exclusivamente liberalista, porque representa la escuela liberal francesa de i830, según la cual el hombre era libre de hacer todo lo que quisiera: la ciencia no era nada frente al individuo; la sociedad quedaba atomizada por aquella escuela, cuyo dogma era la libertad individual. ... Desde entonces el ejercicio de las profesiones, principiando por las de abogado y doctor en medicina, han sido vistas como el ejercicio de una industria o de un trabajo enteramente particular. ... Yo soy abogado, señores, he sido abogado postulante durante más de diez años en la ciudad de Guadalajara y creo saber lo que es esta profesión y no lo que debiera ser, sino lo que es, existiendo entre nosotros un criterio erróneo, del cual se ha abusado al amparo del artículo 4° de la Constitución de 57 .... Señores diputados, la revolución ha enarbolado entre otros principios, el de la justicia; yo tengo la íntima convicción de que mientras no limitemos la prof~sión de la abogacía, no podremos dar al pueblo lajusticia de que tiene hambre y sed. Si nosotros queremos jueces honrados, magistrados que no se inclinen a un lado ni a otro y que todo marche perfectamente, esto, señores no lo tendremos nunca 10 mientras los abogados postulantes no vean de alguna manera reglamentado el ejercicio de su profesión .... No voy a proponer un sistema, porque entiendo que no se encuentran facilidades para llevarlo a la práctica; hago presente a ustedes que en los países europeos, aunque no son un modelo de virtud, allí existe, una reglamentación, allí existe un colegio que tiene el poder de imponer penas disciplinarias a los abogados postulantes. Se impone la pena no solamente cuando han robado. al cliente; sino se les vigila en sus costumbres y se les encamina por el sendero del bien .... Yo por este motivo, señores diputados, propongo que al decretar nosotros la Constitución ahora, en el artículo 4 ° no vamos a establecer una ley, no vamos a establecer un principio, sino que úni.camente vamos a dejar la puerta abierta para cuando el remedio se presente, cuando se haga literatura sobre eso, se escriban los artículos, se discuta sobre ellos y se haga el reglamento; por ahora no lo haremos; pero sí dejaremos la puerta abierta. Yo, señores diputados, quisiera que al pueblo, que tiene hambre y sed de justicia, no le cerremos las puertas .... La sugerida adición al precepto constitucional no fue aprobada; sin embargo, ese día, el tiempo vaticinado por el diputado Machorro, ha llegado. Muchas y bien conocidas, son las circunstancias que hoy en México, han llevado a la justicia penal y a las instituciones encargadas de administrarla, al centro de la crítica y del debate, despertando la atención de las auto11 ridades obligadas a encontrar una fórmula para solventar la innegable crisis que atraviesa. En medio del intenso proceso de recomposición del derecho sustantivo y adjetivo penal, se presentan un sinnúmero de propuestas, en su mayoría, apoyadas en la experiencia internacional, dirigidas por la opinión de la comunidad jurídica nacional, recogidas en distintos foros abiertos como manifestación de la voluntad de erigir una reforma democráticamente consensuada. En cualquier tenor que éstas se viertan, lo valioso es, hay que enmarcarlo, el avance que significa la apertura a la participación de la cultura legislativa, otrora lejana. De las propuestas dadas a conocer, destaca la presentada al Congreso en marzo del año dos mil cuatro por el Presidente de la República, colocada en el plano de la discusión, incluso, de la polémica, al proponer la oralidad de los procesos penales federales. A ese respecto, el Foro, con buena dosis de acierto, cuestiona la novedad con la que se le examina, la efectividad que premonitoriamente se atribuye a la iniciativa, cuando, como han expresado, la situación actual del sistema penal no es un problema de normas; por ello, por el debate que en torno al tema se ha colocado sobre la mesa en el escenario jurídico nacional, representa un avance que, como en pocas ocasiones en la historia reformadora del Derecho procesal mexicano, se coloque la vista -a nivel casi de presupuesto para alcanzar la pretendida efectividad de los juicios penales- en la profesionalización, regulación y control del ejercicio de la abogacía, reconociendo por fin a los defensores como corresponsables de su conducción. 12 / f Con modificaciones substanciales al artículo 20 constitucional, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con la propuesta de una nueva Ley Federal de Defensoría, la iniciativa tiene por objeto hacer realmente efectiva la garantía de defensa adecuada, incorporando a las facultades del Consejo de la Judicatura Federal, la certificación de los abogados litigantes en la materia. El texto propuesto por la iniciativa es de la literalidad siguiente: Al artículo 20 de la Constitución Política. "Artículo 20.- En todo proceso de orden penal, el imputado, la víctima o el ofendido, tendrán los siguientes derechos. A. Del imputado: l. ... II. A una defensa adecuada a cargo de abogado certificado en términos de la ley. desde el momento en que el imputado comparezca ante el Fiscal del Ministerio Público y dentro de las veinticuatro horas siguientes a que quede a disposición del juez. Si no quiere o no puede nombrar un defensor, o éste no comparece el Fiscal del Ministerio Público o, en su caso, el juez le designará un defensor público gratuito, el cual podrá ser sustituido en todo momento a petición del imputado. También tiene derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera; así como tener acceso a los registros, después de aceptar expresamente el cargo; ... " 13 A la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. "Artículo 81.- Son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal: l. a la XLI. ... XLII. Certificar a los defensores en los términos de la Ley Federal de Defensoría, y XLIII. Las demás que le confieran otros ordenamientos legales". "Artículo 96 bis. El Instituto impartirá cursos de capacitación y actualización a que se refiere el artículo 49, segundo párrafo, de la Ley Federal de Defensoría". En la nueva Ley Federal de Defensoría. "Artículo 43. El Consejo de la Judicatura Federal será el órgano encargado de otorgar la certificación a la que se refiere el artículo 1 bis de esta Ley". "Artículo 44. El Consejo de la Judicatura Federal llevará un registro de la certificación de los defensores y de sus refrendos". "Artículo 45. Para obtener la certificación de defensor, el interesado deberá satisfacer los siguientes requisitos: l. Ser licenciado en derecho, con la correspondiente cédula profesional expedida por la autoridad competente; II. Gozar de buena fama y solvencia moral; III. Aprobar las evaluaciones de conocimientos jurídicos y habilidades en litigación penal correspondientes, y IV. No haber sido condenado en sentencia ejecutoriada, por delito doloso". "Artículo 46. El Consejo de la Judicatura Federal publicará en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos respectivos para establecer las bases en que 14 se desarrollará la convocatoria al examen de certificación de defensor". "Artículo 47. El examen para obtener la certificación de defensor, versará en una prueba teórica y en una prueba práctica, las cuales se realizarán el día, hora y lugar que oportunamente señale el Consejo de la ,Judicatura Federal. Los interesados deberán cubrir la cuota que por concepto de examen se fije. La prueba práctica consistirá en el desarrollo o en la solución de un caso penal, cuyo tema será sorteado. La prueba teórica consistirá en preguntas sobre litigación penal. El sustentante que obtenga una calificación no aprobatoria no podrá volver a presentar examen, sino después de haber transcurrido tres meses. La puntuación mínima para aprobar el examen de certificación será de 80 puntos en una escala numérica de o a 100". "Artículo 48. La certificación de defensor se refrendará cada cinco años, cumpliendo los requisitos a que se refiere el artículo siguiente". "Artículo 49. El refrendo a que se refiere el artículo anterior podrá realizarse únicamente si el abogado certificado comprueba que está actualizado teórica y prácticamente en el dominio de la litigación penal y sigue cumpliendo con los requisitos a que se refiere al artículo 45 de esta Ley, para lo cual se tomarán en cuenta las sanciones administrativas que, en su caso, le hayan sido impuestas en el ejercicio de sus funciones como defensor. El Instituto de la Judicatura Federal impartirá los cursos de capacitación y actualización para los abogados 15 para contradecir o desvirtuar la acción del demandante; abogado defensor del litigante o del reo. En tanto, adecuada, conforme al texto consultado, es sinónimo de apropiado, palabra que a su vez, se entiende como acomodado o proporcionado para el.fin a que se destina. Es oportuno observar que en este tema, el Pleno de la Corte, al interpretar el artículo 20 constitucional, respecto de la designación de defensor contempla la posibilidad de que tal nombramiento se realice a favor de personas de confianza, aunque no sean letradas en derecho. Así se advierte del criterio que derivó la tesis aislada P. L/2000, consultable a página 69, Tomo XI, Abril de 2000, también de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: DEFENSOR EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. EL INDICIADO TIENE LIBERTAD PARA DESIGNARLO AUNQUE CAREZCA DE TÍTULO PROFESIONAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 20, FRACCIÓN IX, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL). De acuerdo con lo dispuesto en el precepto constitucional mencionado, el acusado tiene una facultad amplísima para designar a la persona o personas que se encarguen de los actos de su defensa. pues ésta puede ser llevada por el propio sujeto o por otra persona que libremente designe, sin más limitación que la de ser de su confianza porque el Constituyente consideró necesaria la concesión de una plena libertad a los indiciados para decidir por quién desean ser defendidos dentro de un procedimiento penal, sin exigir que se trate de un profesional del derecho, pues una defensa adecuada no sólo la pueden ejercitar los profesionales del derecho, sino tam- 18 bién diversos ciudadanos, que sin tener la calidad de abogados, debido a sus nexos de amistad o de parentesco con el inculpado, poseen mayor interés personal para ayudarlo y protegerlo o en el caso en que la defensa la ejerza por sí mismo, por tratarse precisamente del interesado, es notorio su interés en defenderse. Al respecto no existe contradicción entre los criterios sostenidos por la Primera Sala y el Pleno del Máximo Tribunal del País, pues en principio, cabe recordar que la facultad jurisprudencia! se limita a la interpretación del texto legal y, siendo esa la intención del legislador en cuanto a la defensa privada, es en tal sentido que la Corte esbozó la ilimitada libertad del reo de designar en carácter de defensor a un profesionista o bien a cualquier persona, siempre que goce de su confianza; supuesto este último que en modo alguno riñe con la exigencia de profesionalización de los abogados, porque incluso de subsistir la actual redacción del artículo 20 constitucional, las personas de confianza designadas podrán actuar en carácter de defensores, y, como previenen los ordenamientos adjetivos de la materia, para el cumplimiento de tal encomienda, recibir asesoría de un defensor público; o bien, como se busca con la iniciativa presidencial, proporcionar a los acusados asistencia legal por conducto de abogado privado certificado, con los conocimientos jurídicos necesarios para dirigir en los cauces legales el destino del inodado y, a falta de éste, por un defensor público. Con independencia de lo anterior, juzgo que de facto, la exigencia de profesionalismo, centrada hasta hoy en la defensoría públicq., debe también dirigirse, en materia 19 penal, a los defensores particulares, en virtud de que ambos tienen similar encomienda, la eficaz defensa del detenido, que lógicamente sólo puede alcanzarse con la . profesionalización. Donde hay la misma razón, debe existir la misma disposición. Esa es la motivación de la iniciativa, garantizar, en su real connotación, el derecho a una adecuada defensa. tanto pública como privada, mediante la regulación del ejercicio de la abogacía, a través de una innovadora figura en el ámbito del ejercicio del derecho en México: la certificación. El proceso de certificación presupone la práctica de exámenes periódicos, en que se califiquen los conocimientos de los abogados que pretendan ser defensores en los procesos criminales; creación de un registro actualizado de quienes cumplan con tal exigencia; y, a la par, un régimen disciplinario encargado del control y vigilancia del desempeño frente a sus defensos y ante los propios tribunales. Es plausible que con ánimo transformador, para garantizar un efectivo acceso a la justicia, se proponga la profesionalización de los litigantes, bajo estándares similares a los exigidos de los jueces, que en unión de la representación social con el inodado y su defensor, integran la trilogía procesal, por ser precisamente los defensores quienes, en primer orden, tienen en sus manos.la enorme responsabilidad de velar por los intereses de los inculpados. Las leyes, por sí, no logr~ nada, son letra muerta si no existen personas que las hagan valer con responsabilidad, en el sentido de su verdadera razón; el deber al que nos 20 referimos no radica únicamente en quienes tienen la tarea de administrar justicia, también corresponde, y así debe reconocerse, a quienes plantean la defensa del reo. El personaje del Juez, en el diálogo hipotético escrito por Piero Calamandrei,2 dijo: Un momento, amigos. Antes de que el Profesor se ponga a explicarnos las maravillas del nuevo Código, será conveniente, si queremos ser sinceros, quitarnos de la cabeza la ilusión de que los defectos del procedimiento se pueden remediar de hoy a mañana con sólo cambiar la ley. Yo me inclino ante la ciencia de los profesores; pero os aseguro, basándome en la práctica, que también el viejo Código de i865, con todos sus formalismos y todas sus dilaciones, habría sido un instrumento de justicia no peor que tantos otros, si sus defectos no hubieran sido aprovechados y aumentados por aquellos que tienen interés en demorar considerablemente los procesos, y, por consiguiente, en especular sobre aquellas normas que se prestan a las dilaciones y a los enredos. Aquí, queridos amigos, podemos hablar claro: nosotros los jueces, en lo que nos afecta, tendríamos interés en que todos los procesos se desarrollaran con gran velocidad; al alargarlos y complicarlos crece nuestro trabajo, pero nuestra ganancia no crece ... No se puede decir, desgraciadamente, lo mismo de los abogados: cuanto más se dilata el proceso tanto mayor es la ganancia: dum pendet, rendet. 2 Piero Calamandrei. De las buenas relaciones entre los jueces y los abogados en el nuevo proceso civil. 2ª edición. Buenos Aires, Argentina, Ed. Depalma, 1983, pág. 21. 21 Ahora bien, es oportuno puntualizar, la propuesta de certificación, bajo las condiciones que se presenta, pudiese enfrentar contrariedades jurídicas y prácticas en su implementación, sobre las que es menester la reflexión. La primera, la figura de la persona de confianza que en términos del artículo 20 constitucional, puede tener el carácter de defensor del detenido. Es una realidad, el riesgo que representa que el ejercicio del derecho de defensa se delegue en quienes no son abogados; la comisión de graves desatinos, con las consecuencias jurídicas inherentes, coloca en serio peligro bienes y valores fundamentales del reo, de la víctima y en general de la sociedad, que de igual modo resiente irreparablemente las consecuencias de la detención injusta y prolongada de algunos de sus miembros, ocasionada por una defensa inadecuada, como las libertades que a resultas de una acusación deficiente se les conceden sin derecho. Sin embargo, para entender el porqué de la incorporación de la figura de la persona de confianza y su permanencia en el texto fundamental, es conveniente reparar en sus antecedentes. Entre otras razones, la necesidad de que en lugares distantes, en los que no era posible el asesoramiento inmediato de un letrado en la abogacía, la autoridad encontrara una limitante a su actuar arbitrario, exigió del sistema legal la prevención de que en asistencia del detenido, cualquier persona que contara con su confianza, atestiguara el proceder de la autoridad, y, de ser necesario, se opusiera a cualquier abuso. 22 Desafortunadamente, en la actualidad, en muchos lugares de la República, el acceso a un defensor, incluso público, resulta complejo. La ratio expuesta explica la facultad amplísima del acusado de defenderse por sí, por persona de su confianza o por defensor designado por él, pero, conforme a los tiempos y a las exigencias propias del litigio, es innegable que en salvaguarda del derecho a una defensa adecuada, consagrado en la norma fundamental, el marco jurídico penal adjetivo es el que ha permitido mantener a flote la efectividad de la previsión, al contemplar la posibilidad de que la persona de confianza designada por el detenido, sea asesorada por defensor público, de quien expresamente se exige preparación profesional. En distinto enfoque, entre las complicaciones jurídicas a sopesarse, es obligado hablar del principio de equidad y de su relación con el libre ejercicio de la profesión, en particular de la abogacía. En esos temas surge una interrogante, existirá iniquidad para quienes en el ejercicio libre de la abogacía deciden litigar en materia penal, frente a quienes lo hacen en otras ramas del Derecho, al verse comp,elidos, por virtud del proceso de certificación, a cumplir requisitos especiales de calificación, cuando en contraposición, para sus homólogos que litigan en las restantes materias, basta contar con título legalmente expedido y, en su caso, con cédula profesional. Aun cuando el ejercicio de la abogacía en materia penal y sus condiciones se eleven a rango constitucional, como propone la pretendida reforma, la desigualdad 23 destacada, que a final de cuentas se traduce en iniquidad, subsistiría, quizá, sin justificación bastante, pues desde un punto de vista objetivo, real, la pretendida tutela que se pretende brindar a los sujetos de Derecho penal, puede guardar equivalencia y, en ocasiones, en opinión de algunos, considerarse de menor entidad a la que merecen, por ejemplo, los menores en el Derecho de familia; los núcleos de población en materia agraria o bien los trabajadores en el área laboral. Cuestiono entonces ¿bajo qué argumentos se sostendría la diferencia de exigencias para los abogados en materia penal, con relación a quienes litiguen en distintas materias? ¿con sustento en qué se excluye de la hipótesis de certificación a quienes defienden intereses del orden familiar, los de un trabajador o de un núcleo agrario? La respuesta en el plano social puede resultar poco alentadora para los fines de la propuesta, amén de la crítica que seguramente despertará, a la vista de los constitucionalistas, una reforma excluyente. Un tercer punto a discusión, se relaciona con la viabilidad de que sea el Consejo la Judicatura Federal -por mandato constitucional, titular de la administración, vigilancia y disciplina de los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito- el órgano encargado del proceso de certificación. En principio, se pondría en contienda el equilibrio de la relación procesal tripartita, conformada por el órgano jurisdiccional, la fiscalía y la defensa, regido, entre otros principios, por el de equidad e imparcialidad, elementos fundamentales de cualquier sistema judicial. 24 En materia penal, ese equilibrio se ha mantenido a través de la separación y respeto institucional de los sujetos participantes de esa relación., La Reforma Integral plantea precisamente la necesidad de conservar y consolidar esa distinción como garantía de imparcialidad, impulsando la plena autonomía del Ministerio Público, con la creación de la Fiscalía General de la Federación, pero, por otro lado, en aparente contradicción, sugiere la actuación del Consejo en el proceso de certificación. Estas consideraciones nos llevan a estimar que someter el ejercicio de la abogacía en materia penal a un proceso de certificación, conducido en forma exclusiva por un ente estrechamente vinculado a uno de los sujetos intervinientes en esa relación procesal (la Judicatura), aun cuando se trate del órgano de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, que por disposición constitucional tiene la encomienda de respetar la independencia judicial, pudiera resultar adverso a los propósitos del equilibrio entre los sujetos del proceso. Por último, un factor no menos importante a considerar en la labor de certificación de postulantes en materia penal, propuesta a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, son sus actuales condiciones de infraestructura. La implementación de tal procedimiento, bajo estrictos criterios de excelencia y profesionalismo, involucraría certificar a un elevado número de abogados que en toda la República litigan en la materia, esto, visto frente a los deberes consubstanciales de este cuerpo colegiado, de proveer a las necesidades de la Judicatura, entre otras, 25 en materia de administración, disciplina, vigilancia y carrera judicial, aunado al recorte presupuesta! experimentado año con año, probablemente, lejos de asegurar un resultado óptimo, podría comprometer el cumplimiento de los retos, que a Ja fecha, enfrenta el Consejo para solventar las necesidades exclusivas de los tribunales y juzgados federales. Las reflexiones vertidas conducen a la conclusión, de que si bien con la certificación de abogados se garantizaría una defensa efectivamente profesional para los inculpados, el mecanismo, como se plantea en la reforma, puede llevarla a un escenario ajeno a los propósitos que con ella se pretenden materializar. Bajo esa perspectiva, ante un laberinto de posibilidades, bien valdría explorar las enseñanzas que revelan figuras símiles, como la colegiación obligatoria, que en otras latitudes, y aunque sólo con destellos en la nuestra, han demostrado efectividad en la profesionalización de la abogacía. Sobre el tema, acorde a definiciones recogidas en disposiciones normativas de otros países, ha de entenderse la colegiación como la asociación de profesiones afines en entidades gremiales. Si a este concepto agregamos el carácter obligatorio, podemos construir, para efectos de este texto, la acepción del término. La colegiación obligatoria se definiría entonces como: la condición necesaria para los profesionales del Derecho, de sujetarse a las reglas de una asociación gremial, que certifique su capacidad y aptitud para ejercer la abogacía; controle y vigile su desempeño; garantizando al acu- 26 sado, víctima y en general a la sociedad, el eficaz ejercicio de las garantías de acceso a la justicia y defensa adecuada. El tema de la colegiación de la abogacía es, en el ámbito internacional, un tópico de avanzada que no hemos examinado en México con la debida profundidad. Sin duda una de sus aplicaciones que destaca en el espacio internacional, la representan los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, aprobados en el Octavo Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana, Cuba, del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990. Estos principios, que datan de hace quince años, en su parte medular rezan: Acceso a la asistencia letrada y a los servicios jurídicos l. 2. Toda persona está facultada para recurrir a la asistencia de un abogado de su elección para que proteja y demuestre sus derechos y lo defienda en todas las fases del procedimiento penal. Los gobiernos procurarán que se establezcan procedimientos eficientes y mecanismos adecuados para hacer posible el acceso efectivo y en condiciones de igualdad a la asistencia letrada de todas las personas que se encuentren en su territorio y estén sometidas a su jurisdicción, sin ningún tipo de distinción, como discriminaciones por motivos de raza, color, origen étnico, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento, situación económica u otra condición. 27 3. Los gobiernos velarán por que se faciliten fondos y otros recursos suficientes para asistencia jurídica a las personas pobres, y, en caso necesario, a otras personas desfavorecidas. Las asociaciones profesionales de abogados colaborarán en la organización y prestación de servicios. medios materiales y otros recursos. 4. Los gobiernos y las asociaciones profesionales de abo. gados promoverán programas para informar al público acerca de sus derechos y obligaciones en virtud de la ley y de la importante función que desempeñan los abogados en la protección de sus libertades fundamentales. Debe prestarse especial atención a la asistencia de las personas pobres y de otras personas menos favorecidas a fin de que puedan probar sus derechos y, cuando sea necesario, recurrir a la asistencia de un abogado. Salvaguardias especiales en asuntos penales 5. Los gobiernos velarán por que la autoridad competente informe inmediatamente a todas las personas acusadas de haber cometido un delito, o arrestadas, o detenidas, de su derecho a estar asistidas por un abogado de su elección. 6. Todas esas personas, cuando no dispongan de abogado, tendrán derecho, siempre que el interés de la justicia así lo demande, a que se les asignen abogados con la experiencia y competencia que requiera el tipo de delito de que se trate a fin de que les presten asistencia jurídica eficaz y gratuita, si carecen de medios suficientes para pagar sus servicios. 7. Los gobiernos garantizarán además que todas las personas arrestadas, o detenidas, con una acusación penal 28 o no, tengan acceso a un abogado inmediatamente, y en cualquier caso dentro de las 48 horas siguientes al arresto o a la detención. 8. A toda persona arrestada, detenida, o presa, se le facilitarán oportunidades, tiempo e instalaciones adecuadas para recibir visitas de un abogado, entrevistarse con él y consultarle, sin demora, interferencia ni censura y en forma plenamente confidencial. Estas consultas podrán ser vigiladas visualmente por un funcionario encargado de hacer cumplir la ley, pero no se escuchará la conversación. Competencia y preparación 9. Los gobiernos, las asociaciones profesionales de abogados y las instituciones de enseñanza velarán por que los abogados tengan la debida formación y preparación, y se les inculque la conciencia de los ideales y obligaciones éticas del abogado y de los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos por el ordenamiento jurídico nacional e internacional. Obligaciones y responsabilidades 10. Los abogados mantendrán en todo momento el honor y la dignidad de su profesión en su calidad de agentes fundamentales de la administración de justicia. 11. Las obligaciones de los abogados para con sus clientes son las siguientes: a) Prestarles asesoramiento con respecto a sus derechos y obligaciones, así como con respecto al funcionamiento del ordenamiento jurídico, en tanto sea 29 pertinente a los derechos y obligaciones de los clientes; b) Prestarles asistencia en todas las formas adecuadas, y adoptar medidas jurídicas para protegerlos o defender sus intereses; c)Prestarles asistencia ante los tribunales judiciales, otros tribunales u organismos administrativos, cuando corresponda. Libertad de expresión y asociación 12. Los abogados, como los demás ciudadanos, tienen derecho a la libertad de expresión, creencias. asociación y reunión. En particular, tendrán derecho a participar en el debate público de asuntos relativos a la legislación, la administración de justicia y la promoción y la protección de los derechos humanos, así como a unirse o participar en organizaciones locales, nacionales o internacionales y asistir a sus reuniones, sin sufrir restricciones profesionales a raíz de sus actividades lícitas o de su carácter de miembro de una organización lícita. En el ejercicio de estos derechos, los abogados siempre obrarán de conformidad con la ley y con las reglas y normas éticas que se reconocen a su profesión. Asociaciones profesionales de abogados 13. Los abogados estarán facultados a constituir asociaciones profesionales autónomas e incorporarse a estas asociaciones, con el propósito de representar sus intereses, promover su constante formación y capacitación, y proteger su integridad profesional. El órgano ejecutivo 30 de las asociaciones profesionales será elegido por sus miembros y ejercerá sus funciones sin injerencias externas. 14. Las asociaciones profesionales de abogados cooperarán con los gobiernos para garantizar que todas las personas tengan acceso efectivo y en condiciones de igualdad a los servicios jurídicos y que los abogados estén en condiciones de asesorar a sus clientes sin injerencias indebidas, de conformidad con la ley y con las reglas y normas éticas que se reconoce a su profesión. Actuaciones disciplinarias 15. La legislación o la profesión jurídica por conducto de sus correspondientes órganos, establecerán códigos de conducta profesional para los abogados, de conformidad con la legislación y las costumbres del país y las reglas y normas internacionales reconocidas. 16. Las acusaciones o reclamaciones contra los abogados en relación con su actuación profesional se tramitarán rápida e imparciah!1ente mediante procedimientos apropiados. Los abogados tendrán derecho a una audiencia justa, incluido el derecho a recibir la asistencia de un abogado de su elección .... En síntesis, dichos principios adoptados por los estados miembros de Naciones Unidas, entre ellos México, establecen la obligación de garantizar a los abogados el desempeño libre, completo e independiente de su profesión; así como el ineludible deber del gremio, de avalar, a través de los colegios, que su ejercicio se ciña a normas específicas de conducta y ética. 31 De esa forma, el documento reconoce en el ejercicio profesional de la abogacía, un elemento vital para equilibrar el óptimo desarrollo de la administración de justicia. Siguiendo el pensamiento del diputado y ex Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación don Paulino Machorro Narváez, además de alabar el gran avance plasmado en los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, reconozco ejemplaridad en la vanguardista experiencia europea, de la que se toma como ejemplo el sistema adoptado en la Gran Bretaña. El ejercicio de la abogacía én el Sistema Jurídico Inglés, muestra, en mi percepción, un prototipo de organización colegiada, garantizador para los justiciables que la defensa de sus intereses se realice de manera profesional. En el Reino Unido, la preparación y experiencia son los criterios básicos de clasificación del ejercicio de la abogacía, que además determinan el tipo de servicios que los profesionales del Derecho pueden ofrecer. Siguiendo tales principios, en el ámbito del ejercicio profesional los abogados confo~man dos grandes grupos, los Solicitors y los Barristers. La función esencial de los Solicitors es aconsejar a los clientes y preparar casos, mediante la recopilación de evidencias; su asesoría comprende, incluso, la selección del Barrister que presentará su caso ante la Corte. Tomando en cuenta esas actividades, se puede afirmar que su ámbito de actuación directa se centra en las Cortes Bajas del Reino Unido, aunque tienen intervención indirecta, en asuntos sometidos al conocimiento de las Cortes Superiores, actuando como auxiliares del trabajo de los Barristers, de quienes más adelante hablaremos. 32 Los Solicitors son representados por The Society Law o Sociedad Legal, que agrupa aproximadamente a 116,000 miembros y se rige por las Actas de los Solicitors aprobadas en 1843y1974. Entre las funciones de ese cuerpo representativo y regulador están: - La representación de sus miembros. - La regularización y establecimiento de estándares que aseguren un servicio adecuado y ético. - Soporte e implementación de acciones tendientes a mantener un nivel de excelencia. - Influir en las reformas legales para optimizar el sistema de justicia. La Sociedad Legal, además de las listadas tareas, también ejerce sobre sus miembros facultades disciplinarias a través de un sistema de quejas del que se ocupan, en su orden, la Oficina de Estándares del Servicio; el Servicio de Quejas del Consumidor y el Tribunal Disciplinario de los Solicitors. Es a través de ese mecanismo de quejas, que se da lugar, en principio, a una audiencia conciliatoria. De no arribar a un acuerdo entre el quejoso y el Solicitar implicado, se inicia un verdadero procedimiento ante las mencionadas instancias, el cual, en beneficio de la sociedad inglesa, garantiza un alto estándar de calidad de los servicios legales a cargo de los Solicitors, toda vez que de acreditarse que no cumplen eficazmente su encomienda, el involucrado puede ser removido de la lista de Solicitors y, en caso extremo, acorde a la gravedad de la infracción o deficiencia de su servicio, negarle o retirarle el certificado práctico. 33 La función disciplinaria de que se trata, se desarrolla de manera gradual: el primer plano lo ocupa la inspección y monitoreo del servicio, ambas acciones a cargo de un Comisionado Independiente (Independent Commissioner); el segundo corresponde precisamente al sistema de quejas en la prestación del servicio. En cuanto a la percepción de la sociedad respecto de la labor de los Solicitors, el grueso de la sociedad tiene una impresión satisfactoria, de ahí que el número de quejas en su contra sea reducido. Entre los principales motivos de inconformidad a que se contraen los escasos procedimientos de quejas instruidos en su contra se encuentran: Inobservar las instrucciones recibidas del cliente; Incurrir en injustificado retraso; Brindar información incorrecta o incompleta sobre la consecución del proceso; No mantener contacto telefónico o escrito con el cliente; y, Omitir información suficiente respecto· de los costos del servicio, antes de iniciar la atención del asunto, o bien, previo a expedir el recibo final de honorarios. De resultar en las investigaciones que el servicio prestado por el Solicitar no responde a la calidad esperada, los beneficios a obtener por el quejoso son: La reducción del cobro de los servicios; Requerir el pago de una compensación de hasta 5,000 libras; o bien, Instruir al involucrado corrija el error y pague el costo ocasionado por éste. 34 Cuando de las imputaciones se desprenda la posibilidad de que el Solicitar incurra en un acto deshonesto, la co-. misión de un ilícito o en mal manejo de los recursos del cliente, el servicio de quejas del consumidor comunica al quejoso esa circunstancia, para que de decidirlo así, emprenda las acciones legales conducentes ante los tribunales. En el ejercicio de la abogacía en Gran Bretaña, además de los Solicitors se identifica un grupo fundamental de profesionales, los Barristers, quienes tienen potestad para argumentar casos en las Cortes Superiores. La actividad de los Barristers es regulada por el Consejo General de la Barra y cuatro Gremios de la Corte o Inns of Court: Gray's Inn, Inner Temple, Lincoln's Inn y Middle Temple. El Consejo General de la Barra, fundado en 1894, para representar los intereses de los Barristers, como órgano de Gobierno, tiene a su cargo crear y ejecutar políticas de formación y capacitación, sustentándose en las reglas de conducta contenidas en las Actas de Servicios Jurídicos y el Acta de Acceso a la Justicia. De igual manera, es el órgano facultado para conocer de las quejas que se presenten respecto del trabajo profesional de sus miembros, por conductas inadecuadas o prestación de un servicio profesional deficiente. Dentro de las conductas que se califican como inadecuadas, por involucrar aspectos de deshonestidad o grave incompetencia, se ubican: engañar a la Corte; no mantener la confidencialidad de un asunto; abandonar sin razón suficiente ni aviso previo el caso; y, actuar en forma contraria a los intereses e instrucciones del cliente. 35 En contraposición, la deficiencia del servicio profesional se refleja en otro tipo de acciones o conductas, como son, entre otras: retardar el trámite de un asunto y realizar un deficiente o inadecuado planteamiento del caso. Entre los mecanismos que tienen al alcance los justiciables para dar a conocer a la Barra su insatisfacción o desagrado con el servicio de sus miembros, se encuentran: la presentación de un simple reporte o la intemosición formal de gueja. En el primero de los casos, los reportes se anexan al expediente personal delBarrister de que se trate, y, en un momento dado, la acumulación de éstos puede dar lugar a una sanción que va desde la simple amonestación hasta la restricción temporal del ejercicio profesional. En el restante supuesto, si el Consejo de la Barra decide que la queja presentada se funda en razón suficiente, iniciará el procedimiento, en caso contrario, desechará el escrito respectivo, exponiendo las razones por las cuales, en su criterio, no se surte una conducta inadecuada ni se está frente a una deficiencia del servicio. Dependiendo de la gravedad de la causa, en procedimientos de queja el Consejo de la Barra tiene potestad para sancionar al involucrado con mí simple apercibimiento, suspensión, orden de reintegrar lo pagado por sus servicios, o bien, con destitución. Como es notorio, tanto la Sociedad Legal, como el Consejo General de la Barra, juegan un papel preponderante en la formación y eficacia del ejercicio profesional de los postulantes; los miembros de ambas ramas de la profesión jurídica están constreñidos a mantener prestigio académico, aprobar los exámenes regulados por sus propios organismos y emprender una continua educación profesional post-calificada. pues cabe mencionar, los abogados que pretendan ser inscritos en la lista de Solicitors, habitualmente cuentan con posgrado en derecho o diplomados. Para ejemplificar el arduo camino de preparación para acceder a esas categorías, debemos mencionar que para los Solicitors es obligatorio presentar el examen profesional común identificado con las siglas CPE; completar un curso práctico de derecho o LPC, que imparten las Universidades más prestigiadas del Reino Unido, y, aprobar el examen profesional regulado por la Sociedad Jurídica, conocido como Examen Final de la Sociedad Jurídica. Desde 1993, el LPC o Curso Práctico de Derecho, ha sido monopolizado por las Universidades de Derecho de las Sociedades Jurídicas en Guildford, Chester, Store Street en Londres y York, su objetivo es garantizar que el Solicitar pueda litigar profesionalmente tanto en materia civil como penal, que sea un abogado competente, con capacidad para asesorar, negociar y redactar documentos, y además conozca los lineamientos que rigen su conducta profesional y ética. En forma similar, el aspirante barrister debe concluir estudios de abogado o su equivalente, ser miembro de uno de los cuatro Gremios de la Corte, y haber completado el Curso de la Barra Vocacional. Al igual que ocurrió con la impartición del Curso Práctico de Derecho que deben aprobar los Solicitors (LPC), respecto del Curso de la Barra Vocacional, desde 1997 se buscó descentralizar su impartición; hoy en día, universidades como la de Northumbria en Newcastle, 37 la Universidad del Oeste de Inglaterra, el Centro Oxford para Estudios Jurídicos y la Universidad Metropolitana de Manchester, lo ofrecen. La profesionalización del ejercicio de la abogacía en el Reino Unido, lograda a través de estos métodos de asociación y calificación, se proyecta en el alto grado de confianza en la ética de juzgadores, fiscales y defensores, entre los que, fuera de estrados, no existe barrera de distinción. A propósito del tema, es oportuno traer a colación la oportunidad brindada en la última quincena del mes de mayo de 2004, por el Gobierno Británico a través de su Embajada en México, a un distinguido grupo de funcionarios judiciales federales, conformado por los Magistrados Miguel Ángel Aguilar López, Alejandro Sergio González Bernabé, Emma Meza Fonseca, Ricardo Ojeda Bohórquez, Jorge Pardo Rebolledo, el Director General de Relaciones Internacionales del Consejo de la Judicatura Federal, licenciado Joaquín González Casanova, y por un servidor, para conocer los detalles del Sistema Jurídico Inglés, en concreto el estudio in situ de la justicia pública oral. En esa experiencia testificamos el alto grado de confianza social de que gozan los jueces, fiscales y litigantes en su desempeño profesional y en consecuencia las bondades de la colegiación. Días previos a concluir la visita, nuestros anfitriones nos invitaron a comer al edificio histórico que ocupa la Barra de Abogados en Londres. En un fastuoso salón, en que destacan muros ataviados con blasones, al azar fuimos acomodados entre más de un centenar de abogados que amenamente charlaban, ocupando largas mesas simétricamente distribuidas. Mayúsculo fue nuestro asombro, cuando al presentarse los comensales, unos decían ser jueces de la Corte de Apelación, otros defensores y fiscales. De inmediato, por reacción automática, volteamos a los extremos del precioso salón, pretendiendo identificar a los representantes de los medios que, indudablemente, al día siguiente condenarían semejante reunión. Podemos afirmar, sin temor a errar, lo evidente que resultó para nuestros anfitriones la sorpresa provocada al ver a quienes nosotros estimamos contendientes, muchas veces enemigos, sujetos insolubles, compartiendo con familiaridad el vino y el pan, que no dudaron en preguntar el motivo de nuestro azoro. Al explicar, o tratar de justificar nu~stra preocupación, el estupor se apoderó de sus rostros, reflejando perplejidad ante la posición que guardábamos frente a lo que, para ellos, se traduce en una cotidiana y transparente relación. Los Directivos del Consejo de la Barra de Abogados, nuestros anfitriones, al conducir al Magistrado Ojeda y a un servidor a una de las mesas, distinguidamente nos presentaron a una Jueza de la Corte Civil de Apelación, quien con relación a lo comentado, respetuosa, flemática, solicitó emitir su opinión, a lo que presumo asentimos, correspondiendo a la libertad brindada en un centro de reclusión que visitamos, para externar nuestro punto de vista sobre algunos aspectos de su sistema penitenciario, específicamente respecto del vedado derecho de los internos a las visitas conyugales. Retomando, palabras más, palabras menos, la juzgadora dijo que seguramente por derivar nuestro sistema 39 judicial del latino, venían a nuestra mente las muy variadas causas de impedimento, consagradas en forma extensa en distintas codificaciones, y con ello, en el caso, la inconveniencia del trato cotidiano, fuera de los tribunales, entre el Juez y las partes; cuando en Inglaterra, tal interrelación no es más que una muestra de sana convivencia, desprovista de toda influencia de criterio o intromisión en las posturas de las partes en el proceso, las que sin reticencias, más que en una limitación legal, ubican en el fuero interno del juzgador, en el campo ético, en las convicciones personales, asumidas por cada uno en el camino de su formación. Aseguró que, en su experiencia como juzgadora, no recordaba el planteamiento de las partes de algún impedimento; situación que obedecía a una eficaz medida para vigilar que las cosas se mantuvieran en el justo sitio, lograda a través de su consolidado sistema de colegiación, pues desde sus primeros pasos como profesionistas, hasta alcanzar el cargo que actualmente ocupaban: de juez, magistrado, fiscal, barrister o solicitar; pertenecieron siempre a una agrupación que los formó; se conocían, respetaban y contendían, en la Corte, en la audiencia, empero, fuera de ahí podían convivir sin restricción, sabedores del límite propio impuesto por la ética profesional. Con esa visión, tan claramente expuesta por nuestra interlocutora, es sin duda que la sociedad inglesa ha refrendado el voto de confianza conferido durante centurias a su sistema legal. La experiencia inglesa, cimentada en dos vertientes, la permanente preparación y regulación disciplinaria del 40 actuar profesional de quienes ejercen la abogacía, da razón de ser a las propuestas de colegiación en nuestro país, donde hasta ahora la colegiación obligatoria de abogados, amplia y reiteradamente debatida, ha tenido incipientes destellos. En México, el ejercicio de la profesión se reglamentó en las Ordenanzas de Abogados vigentes en Castilla, más tarde asimiladas en la Nueva Recopilación de 1567 y posteriormente, en la Recopilación de las Leyes de Indias; per.o fue hasta 1760 que se estableció el Ilustre y Real Colegio de Abogados de México, que constituyó el primer colegio de profesionistas de esta nación, de Iberoamérica y del Nuevo Mundo. Al establecerse el Colegio, se exigió que sólo los matriculados en él podían abogar ante los tribunales superiores y la Real Audiencia. Después de la Independencia, la colegiación sólo fue forzosa entre 1853 y 1876, pero la discusión sobre la obligatoriedad, se ha dado reiteradamente; en forma destacada en los años inmediatos a la Revolución de 1910; en el año 1944, al promulgarse la Ley de Profesiones; en 1963, con motivo de la Tercera Convención Nacional de la Barra Mexicana. En este sentido, después de esas experiencias que merecen calificarse como históricas, en la actualidad un caso notable de colegiación lo encontramos en el Colegio de Notarios del Distrito Federal. En el ejercicio de esa profesión, la pertenencia al Colegio es obligatoria y la coadyuvancia de ese organismo a las funciones disciplinarias de vigilancia y sanción, están perfectamente reguladas. 41 La Ley del Notariado del Distrito Federal, reconoce la figura de colegiación obligatoria, en los principios regulatorios, que recoge el artículo 70.: Artículo 7.- Esta Ley establece como principios regulatorios e interpretativos de la Función y Documenta- ción Notarial: I. El de la conservación jurídica de fondo y forma del instrumento Notarial y de su efecto adecuado; II. El de la conservación del instrumento Notarial y de la matricidad en todo tiempo del mismo; III. El de la concepción del Notariado como Garantía Institucional; IV. Estar al servicio del bien y la paz jurídicos de la Ciudad y del respeto y cumplimiento del Derecho; V. El ejercicio de la Actividad Notarial, en la justa medida en que se requiera por los prestatarios del servicio, obrando con estricto apego a la legalidad aplicable al caso concreto, de manera imparcial, preventiva, voluntaria y auxiliar de la administración de justicia, respecto de asuntos en que no haya contienda. La uteralteridad es la actitud y procedimiento de asesoría notarial y de conformación del instrumento notarial que va más allá de una simple imparcialidad, llevando al Notario a ser un verdadero consultor o consejero de cada parte, con atención personal y entrega cuidadosa, de forma tal que se cubran los requisitos de asesoría y consejo para cada una de las partes o solicitantes del servicio, sin descuidar los de la contraparte, ni ser parcial contra ella, sino ejerciendo hacia ella la misma actitud, basada en lo justo concreto del caso de que se trate. 42 VI.- El del cuidado del carácter de orden público de la función y su documentación en virtud ~el otorgamiento de la cualidad para dar fe. por el Jefe de Gobierno. a su actividad como Notario por la expedición de la patente respectiva. previos exámenes que merezcan tal reconocimiento público y social por acreditar el saber prudencial y la práctica suficientes para dicha función. con la consecuente pertenencia al Colegio y la coadvuvancia de ~ste a las funciones disciplinarias de vigilancia y sanción por parte de las autoridades, la continuación del archivo del Notario por el Archivo y la calificación y registro de los documentos públicos reconocidos por esta Ley por el Registro Público, tratándose de actos inscribibles. No pasa inadvertido y por ello la necesidad de lamención, que algunos de los aspectos de colegiación aludidos, podrían estimarse en pugna con la garantía de libre asociación, consagrada en nuestra Carta Magna. A ello se refiere la interpretación del artículo 9° constitucional, que realizó nuestro Máximo Tribunal en la ejecutoria de la que derivó la Jurisprudencia 28/95, consultable en la página 5, Tomo II, Octubre de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, al considerar que la libertad de asociación, comprende, entre otros, el derecho a no asociarse. El citado criterio literalmente reza: CÁMARAS DE COMERCIO E INDUSTRIA, AFILIACIÓN OBLIGATORIA. EL ARTÍCULO 50. DE LA LEY DE LA MATERIA VIOLA LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN ESTABLECIDA POR EL ARTÍCULO 90. CONSTITUCIONAL. 43 La iibertad de asociación consagrada por el artículo 90. constitucional es el derecho de que gozan los particulares, tanto personas físicas como personas jurídico-colectivas, para crear un nuevo ente jurídico que tendrá personalidad propia y distinta de la de sus asociados. Tal derecho es violado por el artículo 50. de la Ley de las Cámaras de Comercio y de las de Industria, al imponer a los comerciantes e industriales cuyo capital manifestado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sea de dos mil quinientos pesos en adelante, la obligación de inscribirse en la Cámara correspondiente en el curso del mes siguiente a la iniciación de sus actividades o dentro del mes de enero de cada año, advertidos de que, de no hacerlo, se les sancionará con una multa que en caso de reincidencia será duplicada y que no les liberará del cumplimiento de esa obligación. Ahora bien, si la libertad de asociación establecida por el artículo 90. de la Constitución es un derecho de los gobernados, la esfera de protección derivada de la garantía constitucional de que se trata puede operar en tres posibles direcciones: 1 ° . derecho de asociarse formando una organización o incorporándose a una ya existente; 2° derecho a permanecer en la asociación o a renunciar a ella; y 3° derecho de no asociarse. Correlativamente, la autoridad no podrá prohibir que el particular se asocie; no podrá restringir su derecho a permanecer en la asociación o a renunciar a ella, ni, tampoco, podrá obligarlo a asociarse. Consecuentemente, el artículo 50. de la Ley de las Cámaras de Comercio y de las de Industria al imponer la obligación a los comerciantes e industriales a afiliarse a la Cámara correspondiente, viola la libertad de asociación establecida por el artículo 90. constitucional. 44 Tal intelección no fue compartida por el Ministro Mariano Azuela Güitrón, quien emitió voto disidente, al que se adhirió la Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, en el que se sostiene: ... Doctrinariamente se han delimitado dos ámbitos dentro del derecho dé libre asociación, uno positivo consistente en la actividad desplegada para hacer efectivo el derecho, ya sea asociándose para formar una organización, incorporándose a una ya existente o permaneciendo en la asociación; otro negativo, relativo a la abstención de hacer uso del contenido del derecho, que se traduce en el de no asociación obligatoria y en la facultad de renunciar a una asociación. El artículo 90. constitucional sólo abarca el ámbito positivo del derecho de libre asociación y, por ende, no tiene el alcance que pretende la quejosa, primero, porque del Diario de Debates del Constituyente de 1917 no deriva ningún elemento para sostener el derecho de no asociación como integrante de la garantía constitucional; segundo, porque el derecho ae asociación no afecta ni beneficia únicamente a los individuos sino también tiene repercusiones respecto de intereses comunes y de necesidades de grupo que se verían seriamente afectados con la inclusión del ámbito negativo del derecho de asociación dentro del texto constitucional, pues prácticamente se nulificaría el ejercicio del derecho de asociación al neutralizarse la efectividad de las agrupaciones. Con independencia de la comunión con tales argumentos y sin pretender soslayar el alcance de la jurisprudencia, no se debe perder de vista que ésta, como ejercicio de la 45 facultad interpretativa de que gozan los órganos competentes para crearla, no constituye un pronunciamiento general, de ahí que su contenido y alcance debe establecerse tomando en cuenta el aspecto específico sobre el que versa, en el caso, bajo la perspectiva que la postura adoptada en relación con la libertad de comerciantes e industriales de no asociarse, se estimó un mecanismo de protección a sus intereses personales, frente a la imposición legal de pagar cuotas de registro a una asociación, so pena de ser multados. En contraste al aspecto interpretado en esa tesis jurisprudencial, el tema de la colegiación obligatoria de abogados se sustenta en el interés de tutelar, de manera eficaz, el derecho a una adecuada defensa a favor de quienes se encuentran inmersos en un procedimiento penal, consagrada también a nivel de garantía individual en el artículo 20 del texto fundamental. Desde esta óptica y en cuanto a la disertación contenida en este documento, resulta válida la postura disidente contenida en el inserto voto particular, por cuanto se sostiene que el derecho de asociación no afecta ni beneficia únicamente a los individuos, sino que también tiene repercusiones respecto de intereses comunes y de necesidades de grupo, en la especie, la posibilidad de colegiación y certificación de abogados en materia penal posibilitaría de forma eficaz el ejercicio de una defensa adecuada, y por ende, responde al interés de la sociedad en general, al ser deber inaplazable del Estado, velar por que los gobernados, especialmente quienes están inmersos en un proceso criminal, tengan acceso a una defensa real y oportuna, que únicamente pueden propor- cionar quienes cuentan con sobrada capacidad profesional para ejercer la abogacía. En este contexto, habiéndonos ocupado de la experiencia europea, y, en parte de la vivencia aún incipiente de nuestra Nación, se destaca que en países como Guatemala, en los que la colegiación de profesionistas se reconoce con rango constitucional, sé coincide con nuestra interpretación, al considerarla una excepción del deber de asociación. Sin negar reconocimiento a las enseñanzas que la propia discusión del tema pudiera brindar, considero que los tiempos actuales son adecuados para implementar, en México, por qué no, pensando ambiciosamente, un sistema híbrido de certificación de defensores en materia penal, conformado por los lineamientos fundamentales que sustentan el sistema inglés y la colegiación de notarios del Distrito Federal, bajo la regulación y control de un órgano de gobierno ecléctico, integrado por representantes de distintos sectores relacionados con la actividad a certificar, esto es, litigantes con experiencia en los tribunales; magistrados y jueces adscritos a órganos especializados en materia penal; académicos, doctores y maestros en esa rama del Derecho, de amplia y reconocida trayectoria. En ese sentido, se hacen dos propuestas: En la primera, el procedimiento de certificación, incluyendo la aplicación de exámenes, podría quedar a cargo de los Colegios y Barras de abogados de toda la República, que dentro de sus afiliados agrupen, por lo menos, un diez por ciento de doctores y maestros, en este caso, especializados en Derecho penal; de miembros de las Judicaturas 47 federal y locales; una cuota similar de docentes con solvencia académica, egresados de Universidades de reconocido prestigio; de litigantes que comprueben cuando menos cinco años de ejercicio profesional; y además el Colegio o Barra cuente con un definido régimen disciplinario. Se sugiere que, de entre los miembros de las Barras y Colegios que cumplan con las condiciones enunciadas, en proporción representativa a cada sector de los que provienen sus afiliados, se elijan de uno a dos integrantes, quienes en su conjunto formarán parte de un Comité, facultado para ocuparse del proceso y examen de los aspirantes a ser certificados. Por lo que hace a los sustentantes, con el objeto de evitar. debates para armonizar la actual interpretación del artículo 90. constitucional, se considera excluir de los requisitos para acceder al proceso de certificación, la pertenencia a un colegio o barra, pues la discusión medular no se centra en el derecho o deber de colegiación, sino en la posibilidad, mediante la certificación, de constatar y avalar la capacidad profesional de los abogados que litigan en materia penal. En cuanto al método de examen, pudiera retomarse lo propuesto en la reforma del Ejecutivo, la presentación de una prueba teórica consistente en preguntas de litigación penal; y otra práctica, desarrollando la solución de un caso penal seleccionado por sorteo; con un promedio mínimo aprobatorio de So puntos en una escala numérica de o a 100; y la posibilidad de refrendo de certificación cada cinco años, tras acreditar actualización teórico-práctica en la materia. El registro de abogados certificados, estaría a cargo de un ente distinto a los Colegios y Barras suministradores de la información, en su caso, podría pensarse, como sugiere la iniciativa del Ejecutivo, en el propio Consejo de la Judicatura Federal, que en tareas afines, emitió el Acuerdo General 24/2005, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil cinco, con motivo del cual se tendrá un banco de datos, vigente, de quienes ante esos órganos han demostrado contar con cédula legalmente expedida. En relación con lo expuesto, las exigencias para considerar viable la facultad de certificación de profesionales del Derecho penal, a favor de Colegios y Barras, que a la vista de algunos sectores podrían considerarse excesivas, persiguen un objetivo claro, desalentar su conformación, ex profeso, con el objetivo de certificar, sin mayor compromiso ético a sus afiliados. Desde otro ángulo,· de no ser factible esta primera opción, la segunda sugerencia pretende aprovechar los lineamientos básicos de la multicitada iniciativa presidencial, que en nuestra opinión presenta algunas lagunas, porque, si bien en ella se establece que el procedimiento de certificación se realizará a partir de la aprobación de los citados exámenes, y que el Consejo de la Judicatura Federal, será el facultado para realizar la certificación, de ponerse en práctica el método actual aplicado para el ingreso y promoción en la carrera judicial, regulado en el Título Séptimo, Capítulo I, de la Ley Orgánica del Poder 49 Judicial de la Federación, deberá discutirse el inconveniente de que el examen de litigantes en materia penal se lleve a cabo, como actualmente señala el artículo 117 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por un Comité o Jurado, conformado en su mayoría por miembros de la Judicatura: un integrante del Consejo; un magistrado de Circuito o juez de Distrito, ratificado; y, uno más del Comité Académico del Instituto de la Judicatura; esto es, que sea precisamente la Judicatura quien examine su desempeño frente a los tribunales. Para materializar el proceso de certificación, se propone desarrollar una fórmula plural e incluyente, en la que participe un cuerpo colegiado mixto, conformado además de funcionarios del Consejo de la Judicatura Federal; doctores y maestros en derecho penal; miembros de las Judicaturas Locales; docentes e investigadores de reconocida solvencia académica, por litigantes con experiencia ante los órganos jurisdiccionales. Conservar a favor del Consejo de la Judicatura Federal, el registro actualizado de los profesionistas certificados; así como la figura de la revalidación periódica, que bien pudiera llevarse a cabo cada cinco años (como se cita en la iniciativa del Ejecutivo), valorando que este período, lejos de convertir la revalidación en un trámite de carácter burocrático (de dos o tres años), es el que razonadamente se estima suficiente para que acorde a la dinámica de la legislación y la dogmática, pudiera requerirse de los profesionales del Derecho un esfuerzo de actualización El establecimiento de un régimen disciplinario, que regule a las Barras y Colegios, al propio comi-1~ '( \ so ~1lfa'\T té o jurado, así como a los profesionistas certificados, garantizando a la ciudadanía que las conductas de quienes se alejen de la ética, profesionalismo o excelencia, sean debidamente detectadas y sancionadas; pues estéril sería, por un lado, exigir de los litigantes en materia penal acreditada capacidad profesional, y por otro, omitir la regulación de su actuar y de los órganos colegiados relacionados con él, mediante lineamientos éticos mínimos, precisando los efectos de su inobservancia. El sistema que en materia de disciplina se sugiere, podría ser similar al que, a partir de la Reforma Constitucional de 1994, se encuentra sujeta la Judicatura Federal, que en cierta medida tampoco resulta ajeno a ótro de los sujetos de la relación procesal, el Ministerio Público; institución en la cual, me permito someramente mencionar, es deseable la instauración de un sistema de carrera que complemente la profesionalización de quienes la conforman. Así las cosas, con independencia de los distintos puntos de vista que pudiesen surgir respecto de los aludidos criterios interpretativos que versan sobre la garantía de libre asociación y, de que éstos se hicieran extensivos al tema de colegiación obligatoria, lo trascendente de la disertación, es identificar que el proceso de certificación de quienes litigan en materia penal, lejos de trastocar ese u otro derecho subjetivo, posibilitaría un eficaz acceso a la justicia mediante el ejercicio de la garantía de adecuada defensa. Finalmente, baste decir que cualquiera de los caminos que se elija para instaurar un sistema de profesionalización del ejercicio de la abogacía, sin duda, encontrará 51 apoyo incondicional en los profesionistas que con miras a la excelencia que demandan los tiempos, participan de una preparación y actualización constante, en este caso, en el área penal, pues desde cualquier arista, ese esfuerzo se traduce en un justo reconocimiento del interés y empeño de quienes buscan garantizar de manera efectiva y a favor de los acusados, una defensa adecuada, mandato constitucional perfectible, deber impostergable en todo Estado de Derecho. 52 Certificación de abogados: condición para el ejercicio de la adecuada defensa penal se terminó de imprimir en Formas e Imágenes S.A. de C.V. en el mes de septiembre de 2005. En su composición se utilizaron tipos Georgia de 9, 8 ,10 y 12 puntos. La edición consta de 1 ooo ejemplares. Formación de interiores: Yael Coronel Navarro.