Informe De Gestión - Ministerio Del Interior

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Informe de Gestión Al Congreso de la República 2010 - 2011 MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA, 2011 Derechos exclusivos de publicación y distribución de la obra Carrera 9a. No. 14-10, Bogotá, D. C. PBX. 4443100 www.mij.gov.co Edición Institucional Diseño de carátula, edición y composición Imprenta Nacional de Colombia Corrección de Texto Imprenta Nacional de Colombia Diagramación e impresión Imprenta Nacional de Colombia Carrera 66 No. 24-09, PBX. 4578000. Fax. 4578037 www.imprenta.gov.co Impreso en Colombia Printed in Colombia EQUIPO DIRECTIVO MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA OFICINAS ASESORAS VICEMINISTERIO DE JUSTICIA María Alexandra Pérez Alvarado Alba Lucía Rivera Pineda Jefe de Oficina de Planeación Directora de Acceso a la Justicia Marcelo Mejía Giraldo Darío Garzón Garzón Jefe de Cooperación Internacional Adriana Barragán López Jefe de Agenda Legislativa Luz Helena Arango Cardona Jefe de Control Interno VICEMINISTERIO DEL INTERIOR María Carolina Castillo Aguilar Directora para la Democracia y la Participación Ciudadana Pedro Posada Arango Director de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom Vanessa Palomeque Bohórquez Directora de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras Sandra Devia Ruíz Directora de Gobernabilidad Territorial María Paulina Riveros Dueñas Directora de Derechos Humanos Director de Justicia Formal y del Derecho Ramiro Vargas Díaz Director de Ordenamiento Jurídico Miguel Samper Strouss Director de Justicia Transicional John Jairo Camargo Motta Director de Defensa Jurídica del Estado Giovanna Vanessa Prieto Cubillos Directora de Política Criminal y Penitenciaria Gloria Gómez de Varón Directora de Lucha contra las Drogas y Actividades Relacionadas Ana María Uribe Proyecto Unión Europea ENTIDADES ADSCRITAS Jorge Enrique Vélez García Superintentedente de Notariado y Registro Brigadier General Gustavo Adolfo Ricaurte Tapia Carlos Iván Márquez Pérez Director del Instituto Nacional, Penitenciario y Carcelario (INPEC) Director de Gestión del Riesgo Juan Carlos Restrepo Piedrahíta Director Nacional de Estupefacientes SECRETARÍA GENERAL Juan Carlos Monroy Rodríguez Alfonso Cajiao Cabrera John Diego Parra Tovar Director Jurídico Director de Derechos de Autor Director de Nasa Kiwi María Fernanda Álvarez Carreño Directora de Infraestructura Ricardo Munévar Molano Jefe de la Oficina de Sistemas ENTIDAD VINCULADA Carmen María Isabel Restrepo Correa Directora de la Imprenta Nacional de Colombia República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia GERMÁN VARGAS LLERAS Ministro del Interior y de Justicia AURELIO IRAGORRI VALENCIA Viceministro del Interior PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO Viceministro de Justicia LUIS FELIPE HENAO CARDONA Secretario General Contenido Presentación.................................................................................................................. 11 Capítulo 1 Fundamentos legales de la prosperidad democrática 1.1. Leyes para garantizar la verdad, la justicia y la reparación........................... 15 1.2. Leyes para la consolidación de la seguridad y el orden público.................. 23 1.3. Leyes para el aumento de la transparencia en la gestión pública ............... 30 1.4. Leyes para la renovación y modernización de la Administración Pública. 42 1.5. Leyes para la Eficiencia en la Justicia............................................................... 63 1.6. Leyes de Adaptación institucional ante los retos que impone el cambio climático............................................................................................................... 68 1.7. Leyes para la garantía de la propiedad intelectual ........................................ 71 1.8. Ley para el Deporte Profesional...................................................................... 79 Capítulo 2 Fortalecer las alcaldías y gobernaciones y crear canales de comunicación con el Gobierno Nacional 2.1. Fortalecer la Gobernabilidad Territorial y Afianzar la Relación Nación-Territorio........................................................................... 82 2.2. La Casa del Alcalde y del Gobernador como un centro integrado de gestión territorial........................................................................................... 84 2.3. Implementar las políticas de seguridad y convivencia ciudadana con departamentos y municipios............................................................................. 86 2.4. Coordinación Territorial en materia de desplazamiento forzado............... 97 2.5. Estrategia de lucha contra la trata de personas.............................................. 113 5 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia Capítulo 3 Respeto y garantía de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario 3.1. Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario........................................................................................................ 122 3.2. Prevención de la violación de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario...................................................... 132 3.3. Programas de Protección.................................................................................. 151 Capítulo 4 Definición y aplicación de una política diferencial para las comunidades étnicas y minorías 4.1. Fortalecer la Consulta Previa para garantizar la participación e integridad de los grupos étnicos, contribuir a la competitividad y el desarrollo del país..................................................... 160 4.2. Reducir el tiempo de la expedición de la certificación de presencia de comunidades de 6 meses a 15 días ................................................................. 162 4.3. Reducción del tiempo del proceso de la consulta previa de 36 meses a 6 meses ...................................................................................... 163 4.4. Recursos asignados para el fortalecimiento de la Consulta Previa............. 164 4.5. Creación de la Dirección de Consulta Previa................................................. 167 4.6. Diálogo político y social con grupos étnico y minorías del país................. 169 4.7. Institucionalizar los espacios de diálogo y de política .pública: Comisión Nacional de DDHH, mesa permanente de concertación y regional amazónica............................................................................................................ 170 4.8. Programa de garantías para 102 pueblos........................................................ 173 4.9. Un Programa de Protección para la Mujer Indígena.................................... 176 4.10. 63 estudios etnológicos indígenas.................................................................... 181 4.11. 12 Kumpanias fortalecidas en sus valores culturales.................................... 181 4.12. Promover y fortalecer las formas propias de Gobierno de las Comunidades Negras.............................................................................. 188 6 4.13. Programa especial para Curvaradó y Jiguamiandó........................................ 189 Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 Capítulo 5 Partidos Políticos y Participación Ciudadana 5.1. 35.000 Comunales fortalecidos en su capacidad de gestión, organización, liderazgo y emprendimiento ................................................... 207 5.2. Consolidación de los sistemas electoral y de partidos políticos.................. 212 Capítulo 6 Fortalecer el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres y Gestión del Riesgo 6.1. Gestión del Riesgo y sostenibilidad financiera del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres (SNPAD)................................ 218 6.2. Apoyar técnicamente en gestión del riesgo a municipios y Departamentos... 221 6.3. Atención y Rehabilitación de Emergencias en el territorio nacional.......... 228 6.4. Otros programas de apoyo a las comunidades.............................................. 231 6.5. Normatividad sobre la Emergencia presentada por el Fenómeno de La Niña 2010-2011........................................................................................ 239 Capítulo 7 Ofrecer una justicia eficaz y eficiente en el marco de una atención integral 7.1. Componente normativo y legal para la descongestión judicial:.................. 241 7.2. Fortalecimiento del uso de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos en reclamaciones contra el Estado............................................... 242 7.3. Fortalecimiento institucional del sector justicia............................................. 248 Capítulo 8 Focalizar los esfuerzos del Estado para la prevención, persecución del delito y resocialización del delincuente 8.1. Diseñar e implementar una Política Criminal y Penitenciaria coherente y eficaz.................................................................................................................. 249 8.2. Mejoramiento de la infraestructura carcelaria y penitenciaria..................... 259 8.3. Trato seguro, justo y humano a las personas privadas de la libertad.......... 269 8.4. Otras gestiones en materia de Política Criminal y Penitenciaria.................... 273 7 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia Capítulo 9 Diseñar y coordinar mecanismos de justicia transicional para contribuir a la reconciliación nacional 9.1. Establecer un modelo de Justicia Transicional coherente y articulado...... 277 9.2. Fortalecer los espacios y mecanismos de coordinación interinstitucional en todo el país..................................................................................................... 284 Capítulo 10 Garantizar el derecho a la propiedad y a la información inmobiliaria en Colombia 10.1. Modernizar el servicio público registral.......................................................... 289 10.2. Registro Inmobiliario para la Política de Tierras............................................ 291 Capítulo 11 Coordinar, formular e implementar una política integral y eficaz para enfrentar el problema mundial de las drogas 11.1. Formular la Política Nacional Antidrogas y coordinar su implementación interinstitucional................................................................................................. 295 11.2. Manejo centralizado de los bienes incautados en manos del Estado......... 306 Capítulo 12 Ofrecer una justicia eficaz y eficiente en el marco de una atención integral 12.1. Leyes y Proyecto que impactan de manera favorable la eficiencia y la eficiencia de la justicia................................................................................. 315 12.2. Coordinación de medidas de descongestión con la Rama Judicial . .......... 316 12.3. Defensa jurídica del Estado fortalecida.......................................................... 317 12.4. Fortalecer los mecanismos alternativos de acceso a la justicia ................... 324 Capítulo 13 Fortalecer el conocimiento sobre el Sector Justicia para liderar la agenda del Sector 13.1. Creación de Centro de Estudios Jurídicos...................................................... 353 13.2. Estrategia para implementar política anticorrupción.................................... 353 8 13.3. Tecnologías de la información para una Justicia eficiente............................ 354 Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 Capítulo 14 Fortalecimiento institucional del Sector Justicia 14.1. Creación de la Agencia para la Defensa Jurídica de la Nación.................... 371 14.2. . ........... Ampliación del ámbito de competencia de la Imprenta Nacional para la prestación de servicios a particulares. ............................................... 368 Capítulo 15 Focalizar los esfuerzos del Estado para la prevención, persecución del delito y resocialización del delincuente 15.1. Diseñar e implementar una política criminal y penitenciaria coherente y eficaz ................................................................................................................ 375 Capítulo 16 Informe de gestión de la Secretaría General del Ministerio del Interior y de Justicia 16.1. La planeación y sistematización de la información....................................... 378 Capítulo 17 Planeación y rendición de cuentas Capítulo 18 Informe de entidades adscritas y vinculadas al Ministerio del Interior y de Justicia 18.1. Imprenta Nacional............................................................................................. 397 18.2. Dirección Nacional de Derecho de Autor...................................................... 399 18.3. Corporación nacional para la reconstrucción de la cuencia .. del Río Páz y zonas aledañas - Nasa Kiwe........................................................................... 400 9 Presentación Es muy grato para el Ministerio del Interior y de Justicia presentar al Congreso de la República el informe correspondiente a la legislatura 2010-2011, sobre el avance de la atención integral del Estado a los asuntos políticos para el fortalecimiento de nuestra democracia y de la Justicia. En este informe podrán conocer la ejecución de las acciones para alcanzar la prosperidad democrática a través de los sectores de Interior y de Justicia. Desde esta Cartera hemos construido de la mano con el Congreso de la República el marco institucional para cumplirles a los ciudadanos. Es histórica la agenda legislativa de este primer año de Gobierno con la promulgación de leyes y reformas constitucionales, dirigidas a solventar la situación de orden público, a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en el país y la coordinación de mecanismos de justicia transicional, como lo son la ley de prórroga de la Ley 418 de 1997, la Ley de Víctimas, la Ley de Seguridad Ciudadana y la aprobación de la convención contra la desaparición forzada. Frente al fortalecimiento de las entidades territoriales, se aprobó después de 20 años la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, y se encuentran en trámite otras iniciativas para modernizar la organización y funcionamiento de los municipios y departamentos. Se establecieron medidas relativas a la transparencia en el ejercicio de la política como la Ley Estatutaria de Partidos y Movimientos Políticos y la eliminación de las inhabilidades en el trámite de las reformas constitucionales. Además, fue exitosa la expedición de un nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, así como el trámite que están surtiendo los proyectos de ley del Código General del Proceso, Régimen de Jueces de Paz, Penitenciario y Carcelario y el Nuevo Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos. Estas reformas han venido acompañadas de la definición de una oferta institucional que afianza la relación Nación-Territorio. Así, se formuló y gestionó 11 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia la implementación del Centro Integral de Atención al Alcalde y al Gobernador, como un espacio de integración, apoyo y acercamiento entre el Estado central y las entidades territoriales y se puso en marcha el Observatorio de Seguridad Ciudadana y Orden Público. En materia de justicia, se desarrolló la implementación del Mapa de Justicia para brindar a los ciudadanos información en línea sobre la oferta de justicia formal y alternativas existente en el país y se pondrán en marcha las salas virtuales de justicia, con las cuales se superarán las barreras geoespaciales para lograr ofrecer a las poblaciones más lejanas, la posibilidad de acceder virtualmente a mecanismos alternativos de solución de conflictos (MASC). La labor de este Ministerio enmarcada en el Plan Nacional de Desarrollo 20102014 ha sido dirigida a fortalecer la gobernabilidad territorial, la promoción del respeto y la garantía de los DD. HH. y el DIH, la aplicación de una política diferencial para las comunidades étnicas y minorías, la oferta de participación ciudadana, así como al fortalecimiento de la justicia mediante herramientas legales e institucionales enfocadas a contribuir con su descongestión, transparencia y eficiencia. Con el fin de lograr la identificación de personas fallecidas y cruzar las identificaciones positivas con los reportes de personas desaparecidas ingresados al Registro Nacional de Desaparecidos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses se suscribió el Convenio de Cooperación No. 001, que tiene por objeto aunar esfuerzos para el procesamiento de las 35.000 necrodactilias existentes en la Registraduría Nacional del Estado Civil, mediante la comparación de las huellas dactilares almacenadas en el sistema AFIS. También, se diseñó el programa especial para Curvaradó y Jiguamiandó con el objeto de avanzar en la revisión y ajuste de la metodología para adelantar el proceso censal y la caracterización de estas poblaciones. En el tema de la Consulta Previa realizada al Plan Nacional de Desarrollo con las comunidades indígenas y negras del país, se convirtió en un hecho sin precedentes porque logró protocolizar tras un proceso de negociación, acuerdos para atender a estas comunidades en temas como vivienda y educación. En cuanto a la participación ciudadana tenemos dos logros importantes para destacar: en primer lugar, y también en un hecho sin precedentes, la reunión de más de cinco mil comunales con el Gobierno Nacional para definir las líneas de acción orientadas a hacer efectivo el documento Conpes 3661 de 2010 –Conpes Comunal–. En segundo lugar, se creó el programa para aumentar la participación política de las mujeres a través de una cuota de participación de 30% de cada género en las listas de los partidos para Corporaciones de elección popular. 12 Otra acción importante de esta Cartera fue la respuesta pronta y eficiente frente a la emergencia invernal, para lo cual el Ministerio dispuso de mecanismos de asistencia y atención que permitieron que la totalidad de las ayudas se llevaran a los damnificados. Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 En el trabajo para promover el respeto y garantía de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DD. HH. y del DIH) se formuló el proyecto de Decreto de creación del Sistema Nacional de Derechos Humanos, elaborado en conjunto con el Programa Presidencial. También se garantizó un capítulo específico de DD. HH. y DIH incorporado en el Plan Nacional de Desarrollo. Se formularon Planes integrales de prevención de violaciones a DD. HH. De otro lado, encontrarán los logros del Ministerio enfocados a ofrecer una justicia eficaz y eficiente, mejorar la infraestructura carcelaria y penitenciaria para garantizar un trato seguro y humano a las personas privadas de la libertad. De esta manera, de la mano del Ministerio de Educación, estamos apoyando la implementación del Modelo Educativo propuesto por el INPEC en todos los establecimientos penitenciarios y carcelarios y en el seguimiento a la salud penitenciaria. Creamos un modelo de justicia transicional, consecuente con el deseo de reconciliación nacional, para la materialización de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, gracias a la Ley de Víctimas. Además, se llevó a cabo la formulación, diseño, implementación y seguimiento de políticas públicas para incentivar la desmovilización. Así mismo, trabajamos en el fortalecimiento de la actual política de lucha contra las drogas, diseñando por primera vez un documento de política pública en esta materia, el cual contiene cuatro(4) estrategias definitivas, para enfrentar el problema mundial de las drogas. Otros importantes avances son el proyecto de Ley de Estatuto Nacional de Drogas y sustancias sicoactivas, que será presentado este 20 de julio ante el congreso de la República y la introducción de nuevas normas ue imprimen celeridad a los procesos de extinción de dominio y permiten la monetización de los bienes que han sido objeto del ejercicio de dicha acción. Por otra parte, se ha fortalecido la agenda que contribuye a garantizar un mayor acceso a la justicia, logrando la aprobación de normativa en este sentido y robusteciendo los programas nacionales de Conciliación Extrajudicial en Derecho, de Arbitraje, de Centros de Convivencia Ciudadana y de Casas de Justicia. Finalmente, es preciso señalar que una de las motivaciones de solicitar al Legislativo facultades extraordinarias al señor Presidente de la República, para modificar la estructura de la Administración Pública Nacional, es la de recuperar la institucionalidad de la Justicia y el Derecho. Precisamente, una de las disposiciones más novedosas es la creación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica de la Nación como una Unidad Administrativa Especial para proteger de manera efectiva los intereses litigiosos de la Nación. Improtante también, resulta destacar la puesta en marcha del Ministerio de Justicia y del derecho con una novedosa función jurisdiccional para administrar justicia en temas específicos regulados por la ley. 13 Como podrán observar, este informe además de poner en su conocimiento la gestión del Ministerio del Interior y de Justicia, permite entrever la relación de la anhelada prosperidad democrática con la justicia y la gobernabilidad. Precisamente, de la materialización de condiciones objetivas en la justicia, los ciudadanos obtendrán las garantías necesarias para que el Estado, la sociedad civil y el sector privado construyan acuerdos dirigidos a la búsqueda de la libertad, la estabilidad política y la efectividad del Gobierno. GERMÁN VARGAS LLERAS Ministro del Interior y de Justicia 14 Capítulo 1 Fundamentos Legales de la Prosperidad Democrática La culminación de la legislatura 2010-2011 no podría recibir un calificativo más preciso que el de histórica. El éxito de la ambiciosa agenda legislativa del Gobierno Nacional no tiene precedentes en la medida en que logró en un año importantes transformaciones institucionales que permitirán a los ciudadanos un mejor ejercicio de sus derechos y darán al Ejecutivo los elementos necesarios para gobernar con prosperidad democrática. El Congreso de la República estuvo dispuesto de forma permanente a enriquecer las discusiones de los proyectos y a cumplir a cabalidad con el trámite de la agenda propuesta. El momento histórico en el cual nos encontramos se debe a la voluntad de transformación del Legislativo y a la demostración de la eficacia cuando se realizan esfuerzos conjuntos entre el Gobierno y el Congreso. La aprobación de proyectos de ley y de acto legislativo en temas relacionados con derechos humanos, reformas a la administración pública, seguridad, transparencia y cambio climático, garantiza las condiciones para dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. 1.1. Leyes para garantizar la verdad, la justicia y la reparación 1.1.1. Ley de Desmovilizados Ley 1424 de 2010. “Por la cual se dictan disposiciones de justicia transicional que garanticen verdad, justicia y reparación a las víctimas de desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley, se conceden beneficios jurídicos y se dictan otras disposiciones”. Síntesis: Una de las bondades de la Ley 418 de 1997, cuya prórroga fue recientemente tramitada y aprobada mediante la Ley 1421 de 2010, se concentró en reconocer y dignificar, por primera vez, a las víctimas de los grupos armados al margen de la ley. 15 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia Contenido. Con posterioridad, mediante la aprobación de la Ley de Justicia y Paz en el año 2005, se estableció un proceso judicial extraordinario, que incluyó la concesión de penas alternativas a los desmovilizados que entraron en un proceso de negociación con el Gobierno Nacional. Como condición indispensable para acceder a esas prerrogativas, la Ley impuso la obligación en cabeza de los victimarios, de materializar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Las Altas Cortes, para garantizar estos derechos, han modulado la aplicación del modelo de Justicia Transicional a través de distintos pronunciamientos, determinaron que a los desmovilizados rasos, a los que no intervinieron en la planificación o dirección de los grupos paramilitares, se les hacía acreedores de grandes beneficios sin que las víctimas recibieran nada a cambio. En respuesta a esta modulación, a los derechos de las víctimas y también a la situación de los desmovilizados, el Gobierno Nacional presentó un Proyecto de Ley que el Congreso de la República, con mucha responsabilidad, tramitó en tiempo récord. La Ley solo cobija a los desmovilizados que tengan en su haber el delito de concierto para delinquir, simple o agravado, delito que se cometió por el hecho de pertenecer al grupo paramilitar, así como aquellos hechos delictivos conexos a esa pertenencia, como por ejemplo, porte de insignias y uniformes de las Fuerzas Armadas, porte de armas, entre otros de similar naturaleza. Este universo definido de desmovilizados, que lo conformarían alrededor de 19.000 exintegrantes de las AUC, deben contribuir a la materialización de los derechos de las víctimas de la siguiente forma: • En primer lugar, deben suscribir un Acuerdo con el Presidente de la República mediante el cual se comprometan a esclarecer la verdad sobre la conformación de los grupos a los que pertenecieron, la estructura de los mismos y los hechos sobre los que tengan conocimiento. • Este esclarecimiento de la verdad deberá realizarse por y ante el Centro de Memoria Histórica creado en la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras), de conformidad con el recientemente aprobado Decreto-Ley 2244 de 2011, el cual fue expedido en virtud de las facultades extraordinarias conferidas al Gobierno Nacional por la Ley 1424. Con ello se busca materializar el derecho a la verdad de las víctimas. • En segundo lugar, la Fiscalía debe iniciar los procesos que correspondan por 16 los delitos que fueron mencionados anteriormente. Para poder llevar a cabo esta tarea, la planta de la Fiscalía General de la Nación fue adicionada en virtud del Decreto-Ley 2248 de 2011 con 182 Fiscales y los correspondientes Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 profesionales de apoyo, lo cual se realizó también en virtud de las facultades extraordinarias conferidas en la Ley 1424. • De similar forma, obrando en ejercicio de las facultades excepcionales conferidas por la Ley 1424 de 2010, se modificó y adicionó la planta de la Procuraduría General de la Nación, en virtud de los Decretos-Ley 2246 y 2247 de 2011. • Estos procesos se llevarán posteriormente a juicio y culminarán en una condena penal. Así se materializa el derecho a la Justicia. • En tercer lugar, los desmovilizados deberán reparar a las víctimas con los bienes que hayan sido objeto de su accionar delictual. De no contar con dichos bienes, toda vez que se trata de los exmiembros rasos de los grupos paramilitares, deberán realizar trabajo comunitario en el marco de su proceso de reintegración. Así se materializa el derecho de las víctimas a obtener medidas de satisfacción y reparación inmaterial. • En cuarto lugar, los que accedan a este mecanismo de Justicia Transicional, no podrán cometer delitos ni haber sido condenados penalmente por hechos ocurridos con posterioridad a su desmovilización. Así mismo, deberán continuar y participar activamente en su proceso de reintegración. Así se materializan las garantías de no repetición. • Solo los individuos que cumplan con los anteriores requisitos, podrán acceder a los beneficios consagrados en la Ley, beneficios que se refieren a que no sean dictadas órdenes de captura en su contra o a que se revoquen aquellas que ya han sido decretadas por la Fiscalía. Igualmente, tendrán derecho a que se suspenda la ejecución de la pena que sea ordenada por la autoridad judicial correspondiente. Estos beneficios implican, por ende, que los desmovilizados que se comprometan con los derechos de las víctimas, no pagarán un solo día de cárcel. • Con la Ley 1424, con este aporte que tanto el Gobierno Nacional como el Congreso de la República hacen al modelo de Justicia Transicional, modelo que fue complementado con la Ley 1448 de Víctimas y Restitución de Tierras, se les cumple a las víctimas; a los desmovilizados que quieran en verdad reintegrarse a la legalidad; y al país que clama por un proceso duradero y estable de reconciliación nacional. 1.1.2. Ley de defensores de derechos humanos y periodistas Ley 1426 de 2010. “Por la cual se modifica la ley 599 de 2010, relativas punibles que atentan contra los bienes jurídicamente protegidos de los defensores de Derechos Humanos”. Síntesis: En busca de articular la legislación nacional con el derecho internacional, para proteger la vida, honra y bienes de los Defensores de Derechos Humanos, el 17 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia Gobierno Nacional sancionó la ley que agrava la conducta punible de homicidio contra dicha población. Contenido Con la Ley 1309 de 2009 el Gobierno Nacional adoptó medidas para contrarrestar la comisión de conductas punibles contra quien atente o intente atentar contra la vida, la integridad personal y los derechos de reunión y asociación de los miembros de una organización sindical legalmente reconocida en Colombia, y agravó las penas para estos delitos. A través de la oferta institucional de seguridad y protección el Gobierno Nacional viene haciendo un esfuerzo sin precedentes en la protección a la vida e integridad de los defensores de Derechos Humanos, estos afrontan situaciones de riesgo que hacen necesario incluirlos en esta normatividad, pues con su invaluable trabajo coadyuvan con el Estado en el cumplimiento de sus obligaciones de garantía, promoción y protección de los derechos fundamentales. Como es de conocimiento público, los defensores de Derechos Humanos se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad, debido al tipo de actividades que desempeñan, lo cual los hace objeto de especial atención y protección por las autoridades competentes. El Estado está obligado a otorgar y desplegar acciones positivas para asegurar la protección especial de los defensores de Derechos Humanos, por cuanto las relaciones entre el Estado y los defensores de Derechos Humanos deben desarrollarse dentro de un marco pacífico de respeto y deferencia, que permita lograr un mayor grado de entendimiento y el reconocimiento del pluralismo y la tolerancia, a fin de garantizar al máximo la protección y promoción de los Derechos Humanos, evitando cualquier tipo de actividad que pueda ampliar su grado de exposición a riesgos extraordinarios, para cuyo fin las autoridades contribuimos a garantizar su seguridad contrarrestando a toda costa las amenazas que puedan aumentar el campo de exposición al riesgo. No se puede desconocer que la amenaza constituye un medio de coacción e intimidación al libre ejercicio de la profesión, en detrimento de la loable labor de defender y promover los Derechos Humanos, por cuanto la interlocución entre las personas que defienden esta categoría de derechos y el Estado es fundamental dentro del proceso de construcción del debate democrático, y ciertamente permite aumentar la capacidad de los ciudadanos para participar en los procesos de toma de decisiones en materia de políticas públicas. 18 • La ley amplió el término de prescripción de la acción a treinta (30) años para los delitos de genocidio, desaparición forzada, tortura, homicidio de los Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 miembros de una organización sindical legalmente reconocida, homicidio de defensor de Derechos Humanos, homicidio de periodista y desplazamiento forzado. • La ley además, crea un agravante punitivo en el caso de que la amenaza o intimidación recaiga sobre un miembro de una organización sindical legalmente reconocida, un defensor de Derechos Humanos, periodista o en un servidor público perteneciente a la Rama Judicial o al Ministerio Público o sus familiares. 1.1.3. Ley de Víctimas y Restitución de Tierras Ley 1448 de 2011. “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”. Síntesis: La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras reglamenta lo concerniente a la asistencia y reparación integral de las víctimas del conflicto armado interno ofreciendo herramientas para que estas reivindiquen su dignidad y puedan ejercer libremente todos sus derechos. Ámbito de aplicación de la ley • La norma cobija los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado interno, acaecidos con posterioridad al 1o de enero de 1985. La restitución cobijará despojos posteriores al 1 de enero de 1991. Los hechos anteriores a 1985, accederán a la reparación simbólica y a las garantías de no repetición. Principios • La Ley se estructura sobre la base de los estándares y principios internacionales, tales como: • Buena Fe: Está encaminado a liberar a las víctimas de la carga de probar su condición. Se dará especial peso a la declaración de la víctima, y se presumirá que lo que esta aduce es verdad, de forma que en caso de duda será el Estado quien tendrá la obligación de demostrar lo contrario. • Enfoque diferencial: Se debe atender a las necesidades particulares de los grupos más vulnerables dentro de las víctimas, como lo son las mujeres, niños, niñas y jóvenes, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, sindicalistas y desplazados. • Dignidad: Propende por redignificar la condición de ciudadanos de las personas víctimas del conflicto armado. • Gradualidad y sostenibilidad: Tienen por objeto garantizar que las medidas adoptadas a favor de las víctimas sean sostenibles fiscalmente y aplicadas gradual y progresivamente. Con ello se garantiza que los esfuerzos 19 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia estatales van a ser financiables en el mediano y largo plazo, y que serán implementados en todo el país en un lapso determinado, respetando el principio de igualdad. Concepto de víctima y derechos de las mismas • Se consideran víctimas aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido perjuicios frente a sus derechos fundamentales o hayan sufrido lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial, sufrimiento emocional, pérdida de la libertad, reclutamiento forzado de menores, pérdida financiera, desplazamiento forzado, como consecuencia de violaciones manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario. • Las víctimas tendrán los siguientes derechos: • Derecho a ser beneficiario de las acciones afirmativas adelantadas por el Estado para proteger y garantizar el derecho a la vida en condiciones de dignidad. • Derecho a solicitar y recibir atención humanitaria. • Derecho a participar en la formulación, implementación y seguimiento de la política pública de prevención, atención integral y reparación. • Derecho a que la política pública tenga enfoque diferencial. 20 • Derecho a la reunificación familiar cuando por razón de su tipo de victimización se halla dividido el núcleo familiar. Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 • Derecho a retornar a su lugar de origen o reubicarse en condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad. Ayuda humanitaria, atención y asistencia • Medidas de asistencia: Se establecen especiales y preferentes medidas de asistencia en materia de salud, educación y acceso a un subsidio para cubrir los gastos funerarios de las personas que mueran como consecuencia del conflicto. • Ayuda humanitaria: Si bien se pretende reducir el número de víctimas que año a año deja el conflicto, se prevé la entrega de una ayuda humanitaria para que las víctimas puedan sobrellevar las necesidades básicas e inmediatas que surgen tras una victimización. • Medidas de reparación: la Ley establece 5 componentes de la reparación integral, a los cuales tendrán acceso las víctimas: • Restitución de tierras: Se crea un proceso judicial expedito, con la intervención de una Unidad Administrativa, para restituir la tierra a los despojados. • Indemnización administrativa: Incorpora la creación de un programa masivo de indemnizaciones administrativas. Se establece que las víctimas podrán acceder a un monto superior de indemnización a la establecida en el Decreto 1290, si suscriben un contrato de transacción para no demandar al Estado. • Rehabilitación: Se trata de la creación de un Programa de Atención Psicosocial para atender las secuelas psicológicas que el conflicto ha dejado en las víctimas. Además, se prevé la rehabilitación física. • Satisfacción: Son medidas que propenden por la búsqueda de la verdad, la recopilación y publicación de la memoria histórica, y la implementación de medidas de reparación inmaterial como exención de prestar el servicio militar, creación del día nacional de las víctimas, entre otras. • Garantías de No Repetición: Se trata de una serie de medidas que buscan evitar que las violaciones de los derechos humanos vuelvan a ocurrir. Entre estas se encuentran: la implementación de programas de educación en derechos humanos, la derogatoria de las leyes o normas que permitan o faciliten su violación, programas de reconciliación, participación del sector privado en generación de proyectos productivos, y muchas otras más. • En materia de créditos y pasivos, la Ley crea una categoría de riesgo especial para los créditos de las víctimas que, como consecuencia de los hechos victimizantes, hayan entrado en mora o hayan sido objeto de refinanciación o reestructuración de sus deudas. Adicionalmente, crea líneas de redescuento en 21 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia condiciones preferenciales dirigidas a financiar los créditos para actividades tendientes a la recuperación de la capacidad productiva. Institucionalidad • La Ley establece una nueva institucionalidad, así: • Comité Ejecutivo: máximo órgano director de la Política de Reparación y Atención a Víctimas. Estará compuesto por: el Presidente de la República, el Ministerio del Interior y de Justicia, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación, la Unidad Administrativa que se creará para ejecutar la Ley y el Departamento Administrativo que se creará para ejecutar la política de inclusión social y de reintegración. • Este Comité estará a cargo de Reglamentar toda la Ley, diseñar y adoptar el Plan Nacional de Atención y Reparación, así como supervisar su ejecución. • Departamento Administrativo: La iniciativa compromete la creación de un Departamento Administrativo, que se encargará de la coordinación y ejecución de la política de inclusión social y de reintegración. Además, deberá coordinar sus actividades con el Comité Ejecutivo, en materia de reparación y atención a víctimas. • Unidad Administrativa de Atención y Reparación: Será la encargada de ejecutar la política de reparación cuya competencia recaiga en el Gobierno Nacional, así como coordinar la ejecución de la Ley. Estará adscrita al Departamento Administrativo. • Unidad Administrativa de Tierras Despojadas: Se encargará de sustanciar los casos de restitución ante los Jueces y Tribunales, así como coordinar la política de restitución de tierras. • Centro de Memoria Histórica: Tiene como objetivo centralizar todas las funciones de recolección y preservación de la memoria histórica en una sola entidad. Estará adscrita al Departamento Administrativo. Herramientas del Sistema • La Red Nacional de Información para la Atención y Reparación a las Víctimas es el instrumento que garantiza al Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas una rápida y eficaz información nacional y regional sobre las violaciones de que trata el artículo 3° de la Ley y la identificación y el diagnóstico de las circunstancias que ocasionaron y ocasionan el daño a las víctimas. 22 Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 1.2. Leyes para la consolidación de la seguridad y el orden público 1.2.1. Ley de Orden Público Ley 1421 de 2010. “Por la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997 prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002 y 1106 de 2006, se modifican algunas disposiciones y se adicionan otras”. Síntesis: La ley permite la creación de instrumentos necesarios para avanzar en la búsqueda de la convivencia ciudadana, tanto en el orden nacional como en el territorial, en especial en los programas de protección en Derechos Humanos, la atención a las víctimas del terrorismo, los fondos territoriales de seguridad y Fonsecon, el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Contenido Ante el incremento de las acciones terroristas de la subversión y de los grupos narcotraficantes, en el año de 1992 se declaró el Estado de Conmoción Interior con el Decreto 1793 y con base en las facultades conferidas al señor Presidente de la República se adoptaron medidas para el otorgamiento de funciones de Policía Judicial a las Fuerzas Militares, se fortaleció la primacía de las directrices que impartió el Presidente de la República para el manejo del orden público, la creación del programa de protección a testigos, los controles sobre el uso de recursos de las entidades territoriales, la protección a vehículos automotores contra hechos terroristas, la creación de una contribución especial para financiar gastos de seguridad, el control sobre porte de armas, municiones y explosivos, las restricciones al uso de sistemas de radiocomunicación, la atención a víctimas de actos terroristas, la concesión de beneficios por colaboración con la justicia, entre otras. • La vigencia de la gran mayoría de estas medidas se extendió en el tiempo hasta la expedición de la Ley 104 de 1993, conocida como Ley de Orden Público. Al finalizar su vigencia, fue expedida la Ley 241 de 1995, que la prorroga por un término igual e incorpora algunos instrumentos jurídicos que facilitan el acercamiento y la negociación con grupos armados al margen de la ley. • La vigencia de esta ley es de nuevo ampliada por las Leyes 418 de 1997, 548 de 1999 y 782 de 2002 y 1106 de 2006. En esta última se creó la póliza de seguros para el transporte, se amplió el ámbito de aplicación del Programa de Protección de Testigos de la Fiscalía General de la Nación y se vinculó a los entes territoriales en la atención de las alertas tempranas para conjurar las situaciones de riesgo que alteren el orden público y las posibles violaciones a los Derechos Humanos o el Derecho Internacional Humanitario. 23 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia • Los contenidos de esta ley a través de sus múltiples vigencias han sido una indiscutible herramienta para superar los acontecimientos que ha afrontado el país durante los últimos 13 años. • De manera especial y en los últimos cuatro con temas prioritarios en el desarrollo y consolidación de la política de seguridad, como son el sistema de alertas tempranas, para prevenir, mitigar y atender situaciones de desplazamiento forzado, homicidios de configuración múltiple, así como los programas de desminado y de atención a las víctimas de las minas antipersona. • Esta importante ley permite que el gobierno cuente con herramientas para la consolidación de la prosperidad democrática en las ciudades y en las áreas rurales. • La Ley 418 de 1997 tiene dos ejes fundamentales: por un lado, establece los mecanismos que permiten adelantar una política de diálogo y reconciliación y, por otro, brinda instrumentos para el fortalecimiento institucional en diversas áreas como la seguridad ciudadana y la preservación del orden público. • Las principales novedades que presenta a esta ley, consisten en: • Los Fondos Cuenta de Seguridad Territoriales: Se regulan de manera clara las actividades en las cuales se pueden invertir estos recursos por parte de las entidades territoriales, evitando así las diferentes interpretaciones que se han efectuado con la aplicación del artículo 122 de la Ley 418 de 1997, que solo han servido para la desviación de los recursos a gastos de funcionamiento no acordes con los objetivos de estos fondos por lo que se pretende que los recursos se ejecuten en inversiones que permitan a las autoridades territoriales obtener resultados en la mejora de la problemática que en materia de seguridad y convivencia ciudadana afrontan dichos territorios. • Dentro de la línea de seguridad ciudadana, la ley propone ampliar la cobertura del seguro de protección de vehículos de transporte público y privado, urbano e intermunicipal al sector fluvial ya que es otro medio de transporte de gran utilización en el país; el beneficio será posible en la medida en que los afectados tengan registrada su embarcación ante las Capitanías de Puerto o su similar en el municipio, esto en razón a que las embarcaciones no tienen identificaciones puntuales como los vehículos automotores terrestres. 1.2.2. Ley de Seguridad y Convivencia Ciudadana Ley 1453 de 2011. “Por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad”. 24 Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 Síntesis. La Ley de Seguridad Ciudadana, uno de los pilares de la Política de Seguridad Ciudadana que ha formulado el Gobierno Nacional, reforma varios códigos y leyes para la prevención y control del crimen y la violencia, la protección del ciudadano y la efectividad de la justicia. Reformas al Código Penal • La Policía Nacional tendrá acceso a la información de las personas que tienen detención domiciliaria con el fin de facilitar sus labores de control policial en el marco del Plan Cuadrantes. • Los requisitos para ser beneficiado con brazalete de vigilancia electrónica aumentan: con la Ley de Seguridad Ciudadana no podrán ser beneficiados con el brazalete quienes hayan cometido delitos de porte ilegal de armas, tráfico de menores de edad, uso de menores de edad para la comisión de delitos o usurpación de funciones públicas con fines terroristas. Siguen excluidos de este beneficio quienes hayan cometido delitos de genocidio, secuestro, extorsión, tráfico de personas, lavado de activos, tráfico de estupefacientes, entre otros. • Todas las autoridades interesadas tendrán acceso a los sistemas de información, en tiempo real, de órdenes de captura y de permisos relacionados con armas de fuego. • Se crea el delito autónomo de tráfico de menores de edad con la pena máxima permitida por el Código Penal: de 30 a 60 años. • Para proteger a los menores de edad de quienes se aprovechan de ellos para cometer delitos, escudándose en lo bajas que son las sanciones penales para los adolescentes, se crea también el delito de uso de menor de edad para la comisión de delitos, con una pena de 10 a 20 años. • También se crea el delito de disparo sin necesidad, para castigar a quienes disparen al aire sin que esté en peligro alguna persona, se penaliza con cárcel de 1 a 5 años. No más impunidad en los tiros al aire. • Se amplía el delito de porte ilegal de armas para que incluya las armas caseras, artesanales, hechizas y las partes esenciales de las armas de fuego. • Se crea el delito de enajenación ilegal de medicamentos, para castigar a quienes, siendo beneficiarios del sistema de salud, vendan o comercialicen los medicamentos que se les entregan para su uso. • Se crea el delito de comercialización de autopartes hurtadas y de los papeles de los carros declarados pérdida total, con el fin de prevenir el ‘gemeleo’ de vehículos. 25 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia • Se penaliza con prisión la violación a los derechos sindicales, para luchar contra las violaciones a los derechos fundamentales en Colombia. • No se penaliza la protesta social, pero sí se penaliza con cárcel de 2 a 4 años a quienes obstaculicen las vías perjudicando la vida, la salud, la seguridad alimentaria, entre otros. También se penaliza con cárcel, de 4 a 8 años, la obstrucción y daño de transporte público. • Para luchar contra la violencia en los estadios, se castiga con mayor fuerza el lanzamiento de objeto contundente o peligroso dentro de los mismos, incluyendo la prohibición de ir al escenario con sanción de 6 meses a 3 años. • En Colombia, cualquier pena menor de 4 años es excarcelable. Existen muchos delitos, como interceptación ilegal de llamadas, usurpación de inmuebles, abuso y usurpación de funciones públicas con fines terroristas y porte ilegal de armas los cuales, antes de la Ley de Seguridad Ciudadana eran excarcelables. Hoy hemos aumentado las penas para que estos delitos no sigan sirviendo como sustento de los grupos armados ilegales. Reformas al Código de Procedimiento Penal. • Se crean jueces de control de garantías –legalizan los procedimientos– ambulantes para que lleguen a lugares de difícil acceso y a lugares donde se ponen en peligro la vida o integridad de las partes en el proceso penal. • Se establece que todo juez penal municipal puede ser juez de control de garantías, eliminándose así el factor territorial que limitaba su competencia. • Se aumentan los plazos que tiene la Fiscalía para formular la imputación (la formulación de la imputación le atribuye a una persona la participación en el delito), para hacer la audiencia preparatoria (en la que las partes se ponen de acuerdo sobre el debate y el imputado establece si acepta o no los cargos) y para la audiencia de juicio oral (la audiencia más importante en la que el juez decide sobre el asunto). De esta manera, la Fiscalía tendrá más tiempo para llevar las investigaciones y se reducirá la impunidad en Colombia, evitándose que las personas privadas de su libertad la recuperen fácilmente por el vencimiento de términos. • Antes de la Ley de Seguridad Ciudadana, por regla general, no se permitían los allanamientos en las horas de la noche, dándole a la delincuencia libertad para actuar de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Con la entrada en vigencia de la ley, se permiten los allanamientos y registros en la noche con la presencia de 26 Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 la Procuraduría General de la Nación, para no darle un segundo de descanso al delito. • Se amplía la vigencia de la orden de interceptación de comunicaciones a seis meses, la de las órdenes de captura y vigilancia a un año, todo con el fin de darle continuidad a las investigaciones y ahorrarle recursos al Estado. • Se dice que hay flagrancia cuando alguien es sorprendido en la comisión de delito y aprehendido en el momento o inmediatamente después por persecución o voces de auxilio. También se dice que hay flagrancia cuando la persona es sorprendida y capturada con objetos, instrumentos o huellas que estén relacionados con el delito. En la Ley de Seguridad Ciudadana, además, se considera como flagrancia que alguien sea grabado por un video en la comisión de un delito, así como sorprendido dentro de un vehículo utilizado para los mismos fines. Cuando una persona es sorprendida cometiendo un delito en flagrancia, se puede capturar y judicializar inmediatamente, sin orden de captura. • Se le da al director del INPEC la posibilidad de ordenar el traslado de presos por razones de seguridad nacional, orden público, seguridad penitenciaria, descongestión carcelaria, prevención de actividades delincuenciales, intentos de fuga, o seguridad del detenido o de cualquier otro interno. • Se les permite a las víctimas solicitar la imposición de una medida de aseguramiento (detención en establecimiento carcelario, detención domiciliaria, vigilancia electrónica, presentación periódica ante autoridad, prohibición de salir del país, entre otras) cuando el Fiscal no lo haga. Esto con el fin de que las mismas víctimas puedan protegerse de sus victimarios. • Se introducen otras medidas de protección a testigos tales como la protección de su domicilio, su profesión u oficio. También protección a su cónyuge o parientes. Se prohíbe fotografiarlos para, de esta manera, promover la cooperación y evitar ponerlos en riesgo frente al delincuente. • Se permite al Gobierno Nacional solicitar el cambio de radicación por razones de orden público, de interés general, de seguridad nacional o de seguridad de los intervinientes, en especial de las víctimas, o de los servidores públicos y testigos, así como por directrices de política criminal. Por ejemplo, en un caso contra un delincuente peligroso en un municipio pequeño, se podrá trasladar el expediente a Bogotá para continuar el proceso y evitar peligros para las autoridades judiciales en lo territorial. Reformas a la Ley de Extinción de Dominio 27 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia • Se adicionan como actividades ilícitas que derivan en la extinción de dominio sobre bienes, la trata de personas y el tráfico de inmigrantes. • Se hace referencia a que los vacíos se llenan con el Código de Procedimiento Civil, por tratarse de una acción real. • Se radica la competencia para la declaratoria de extinción de dominio, únicamente, en los jueces penales del circuito especializados de extinción de dominio de Bogotá, sin importar el lugar de ubicación de los bienes y la segunda instancia ante la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. • Se modifica el régimen de notificación a las personas que aparecen como propietarias de los bienes objeto de extinción, quienes serán notificados de acuerdo con las reglas del Código de Procedimiento Civil, evitando la designación innecesaria de curadores ad litem para quienes no concurran al proceso. • Se fortalece el régimen de medidas cautelares en estos procesos, así como el momento a partir del cual pueden decretarse. • Se elimina la posibilidad de apelar ciertas decisiones, evitándose dilaciones injustificadas en estos procesos. Reformas al Código de la Infancia y la Adolescencia • Se amplían las funciones de la Policía Nacional para que, excepcionalmente, pueda realizar el control interno de los Centros de Atención Especializada, prestar el recurso humano para el traslado de los adolescentes privados de la libertad y ordenar el cierre de los establecimientos que violen los principios y lineamientos del Código de la Infancia. • Se amplía la sanción de privación de la libertad, que ahora será de 2 a 8 años para los mayores de 14 años y los menores de 18 años que hayan cometido delitos de homicidio doloso, secuestro, extorsión en todas sus formas y delitos agravados contra la libertad, la integridad y la formación sexual. • Con la Ley de Seguridad Ciudadana se obliga a los menores que han cometido delitos a cumplir la sanción completa. Antes, los menores de edad podían salir libres una vez cumplidos los 21 años, aun sin haber cumplido la sanción completa. • Se incluye dentro del concepto de privación de la libertad las condiciones de seguridad que deben tener los Centros de Atención Especializada para evitar la evasión de los adolescentes. • Además de los delitos mencionados anteriormente, se incluye en la Ley de 28 Seguridad Ciudadana el delito de explotación de menores de edad, con una pena de 3 a 7 años. Estos delitos fueron tipificados con el fin de proteger a los menores de edad de quienes los explotan, trafican o utilizan para la comisión de delitos. Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 Disposiciones en materia de fútbol profesional • Se sanciona con multa y exclusión de estadios a quienes pretendan ingresar a los eventos deportivos estupefacientes, causen violencia a miembros de la fuerza pública, invadan el terreno de juego, no atiendan las sugerencias del grupo de logística y pretendan ingresar o consumir bebidas alcohólicas en partidos del fútbol profesional. • Se sanciona con multa y exclusión de estadios a quienes cometan agresión física o daño a infraestructura deportiva. • Se sanciona con trabajo comunitario a quienes cometan agresión verbal. • Como se mencionó anteriormente, se sanciona con cárcel, multa y exclusión de estadios, el lanzamiento de objeto contundente o peligroso. Otras disposiciones en materia de seguridad ciudadana • La Comisión de Regulación de Comunicaciones establecerá listas positivas y negativas de los terminales móviles activados en las empresas de telefonía celular, esto con el fin de prevenir la activación de celulares robados. • Se penaliza la manipulación de celulares con el fin de evadir las listas positivas o negativas que se pretenden implementar para prevenir la activación de celulares hurtados. 29 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia • Se penaliza a las empresas que activen los celulares de manera ilegal, en violación de las listas establecidas por la CRC. • Se obliga a todas las personas que tengan armas a comprar un seguro de responsabilidad civil, similar al seguro obligatorio vehicular. 1.3. Leyes para el aumento de la transparencia en la gestión pública 1.3.1. Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2011. “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”. Síntesis: Esta Ley atiende a la necesidad de reducir los niveles de corrupción, introducir medidas que incentiven actuaciones honestas por parte de los servidores públicos y los particulares y castigar a quienes incurran en ilícitos para desfalcar al Estado. Medidas administrativas para luchar contra la corrupción La administración pública es el ámbito natural para la adopción de medidas para la lucha contra la corrupción; por ello en el primer capítulo se consagra una serie de mecanismos administrativos para reducir determinados fenómenos que afectan la gestión estatal. • Las personas naturales, jurídicas, sus matrices y subordinadas, no podrán volver a contratar con el Estado cuando hayan sido responsables de la comisión de un delito contra la Administración Pública o contra el patrimonio público; un delito de corrupción. La inhabilidad será de 20 años. • Se acoge el texto aprobado en la Cámara, estableciendo la inhabilidad para contratar de las personas naturales o jurídicas que financien campañas políticas a alcaldías, gobernaciones y presidencia. Quienes hayan financiado 2.5% de los topes de campaña en la respectiva jurisdicción electoral, están inhabilitados para contratar con la entidad territorial de que se trate durante el periodo del elegido. • Los ex servidores públicos no podrán gestionar ante las entidades públicas intereses privados durante los 2 años siguientes a su retiro. Es lo que llamamos la puerta giratoria (queda prohibida). • Los ex empleados públicos del Nivel Directivo no podrán ser contratistas del 30 Estado en el mismo sector en el cual prestaron sus servicios, durante los dos (2) años siguientes al retiro del cargo. Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 • El Ministerio del Interior será responsable del ejercicio de la acción de repetición cuando a ello haya lugar, porque muchas de las entidades no están ejerciéndola. • No procederá el secreto profesional y se cancelará la inscripción de la matrícula de cualquier contador o revisor fiscal que, detectando un acto de corrupción, se abstenga de denunciar. • En todas las entidades del sector central, los jefes de control interno dependerán directamente de la Presidencia de la República. Será la manera en que el propio Presidente podrá ejercer un control en cada una de las entidades del Estado de manera directa. Medidas anticorrupción en el sector salud Una sección completa que tiene que ver con el sector de la seguridad social en los temas de salud, con nuevas obligaciones, mecanismos de control, sistemas de información, sistemas de administración del riesgo, maneras de detectar eventos sospechosos o actos de corrupción o fraude. El Gobierno Nacional ha logrado identificar prácticas nocivas contra el sistema de seguridad social, como por ejemplo, en algunos medicamentos el valor del recobro al Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA) excede notablemente el precio de venta del laboratorio, en otros, el número de medicamentos recobrados es superior al número de unidades oficialmente reportadas como vendidas por los laboratorios. Además se evidenció por parte de los organismos de control, que en algunos casos los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y del sector salud se han destinado a fines diferentes a los mismos. Estas circunstancias atentan contra la sostenibilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud y ponen en peligro el goce efectivo del derecho a la salud de los colombianos. Es necesario señalar además, que la capacidad actual y los mecanismos preventivos, sancionatorios o de naturaleza jurisdiccional de los que dispone el Sistema de Inspección, Vigilancia y Control (SIVC) del sector salud, no son suficientes para responder de manera adecuada ante los graves hechos que afectan el sistema. Por ello el Gobierno Nacional incorporó en el Estatuto Anticorrupción un grupo de medidas orientadas a conjurar esta situación: • Se adopta un nuevo sistema de Control y Vigilancia del Sector Salud. En este se obliga a las entidades sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud a adoptar manuales de control para evitar fraudes; estos manuales deben contar con un capítulo especial orientado a regular la 31 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia conducta de los directores, representantes legales o administradores de las mismas. • Se prohíbe que las entidades prestadoras del servicio de salud realicen donaciones a campañas políticas. • Los empleados o directores de entidades sometidas a la vigilancia de la Supersalud que omitan el cumplimiento de los mecanismos de control para ocultar actos de corrupción incurrirán en prisión de 38 a 128 meses. • Se crea el Sistema preventivo de prácticas riesgosas al sector salud, a través del cual se hará seguimiento a las conductas identificadas como corruptas, el cual emitirá alertas tempranas para actuar a tiempo. • Se establecen como causales de agravación punitiva que las conductas tengan relación con el sistema de seguridad social integral. • Se tipifican la especulación y el agiotaje sobre medicamentos o dispositivos médicos, lo cual tendrá una pena entre 5 y 10 años de prisión y multa hasta de mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. • Se establece como agravante punitivo el hecho de que el peculado se cometa frente a recursos de la salud. Esperamos con estas medidas prevenir y corregir conductas desarrolladas por servidores públicos, particulares que administran recursos públicos y profesionales de la salud, que no se corresponden con los principios y normas que orientan la prestación del servicio público de salud y ponen en riesgo la vida de las personas. Medidas penales en la lucha contra la corrupción pública y privada La corrupción constituye en la mayoría de sus eventos un fenómeno criminal, el cual puede estar descrito no solamente como un delito contra la administración pública, sino también como un crimen que afecta el patrimonio del Estado, en aquellas situaciones en las cuales afecte a una empresa por un acto de desviación de recursos o soborno. En este sentido, el Estatuto plantea una política de cero tolerancia a la corrupción a través de diversas medidas que permiten al Estado no solamente ejercer represión del fenómeno, sino también hacer un llamado preventivo general para que las personas que piensan incurrir en un acto de corrupción desistan de tal finalidad. • Se acaban los subrogados penales: no habrá mecanismos alternativos de la 32 pena privativa de la libertad, no habrá suspensión condicional de la misma y tampoco libertad condicional, menos prisión domiciliaria; ningún beneficio o subrogado cuando se cometan delitos contra la Administración Pública, estafa y abuso de confianza que recaigan sobre los bienes del Estado, Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 utilización indebida de información privilegiada, lavado de activos y soborno transnacional. • Se amplían los términos de prescripción para las investigaciones de los delitos de corrupción, así como en los procesos fiscales y disciplinarios. • Se tipifica el delito de estafa en el sector de la salud, el delito de corrupción privada, la administración desleal; se reenfoca el uso de información privilegiada, especulación, agiotaje en medicamentos, omisión de control en el sector de la salud, así como una nueva modalidad de peculado por aplicación oficial diferente culposo y también en el sector de la salud. • En igual forma, se sanciona el tráfico de influencia de particulares. Se sancionan también los acuerdos entre quienes participan en un mismo proceso de contratación para alterarlo. Así mismo, se le da un enfoque al enriquecimiento ilícito, al fraude de subvenciones, que será un nuevo tipo penal, y al soborno transnacional. • Se extiende la responsabilidad penal a las personas jurídicas. Se fortalecen las operaciones encubiertas. Se extiende el principio de oportunidad al cohecho para romperlo. • El cohecho es considerado como un fenómeno ampliamente difundido en las transacciones comerciales internacionales, incluyendo el comercio y la inversión, su práctica hace surgir serias complicaciones que minan el buen gobierno y el desarrollo económico, así como distorsionan las condiciones competitivas internacionales. En este marco de problemática internacional, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) ha formulado una serie de recomendaciones para todos los países dentro de su responsabilidad de combatir el cohecho internacional. Las medidas propuestas están orientadas a incorporar en la legislación mecanismos eficaces para disuadir, prevenir y combatir el cohecho de funcionarios públicos extranjeros en relación con las transacciones comerciales itnernacionales, especialmente para la penalización de esta práctica. El Estatuto recoge estas recomendaciones en los artículos 30 y 34 de la ley, los cuales tipifican el soborno transnacional sobre servidor público extranjero y le establece una pena privativa de la libertad de nueve (9) a quince (15) años, lo que lo hace que no sea excarcelable, además se prevé que quien incurra en este delito no será objeto de beneficios como la detención domiciliaria. Medidas disciplinarias para la lucha contra la corrupción De acuerdo con lo analizado en la práctica diaria por la Procuraduría General de la Nación se tiene que existe una serie de obstáculos para llevar a cabo su labor en 33 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia forma oportuna. Entre tales obstáculos se observa que el inicio de las actuaciones disciplinarias no es coetáneo con la comisión de los hechos, dada la dilación existente en el nivel territorial y/o municipal para dar traslado de su conocimiento a los órganos de control, o porque no hay un seguimiento preventivo de la labor de las autoridades públicas sino posterior y reactivo, que dificulta cumplir a cabalidad los términos de investigación y juzgamiento, aunado a que tales términos son muy cortos dadas las dificultades anotadas. • Es por ello que el Estatuto reforma los términos de investigación disciplinaria; de prescripción de la acción disciplinaria y actualiza el Código Disciplinario frente a los institutos de la revocatoria directa, el traslado de alegatos de conclusión, incorporación de medios materiales de prueba y formas de notificación de las decisiones de cierre de investigación y alegatos previos al fallo. • Se fortalece toda la acción de la Procuraduría General de la Nación en materia disciplinaria, facilitándose los procesos verbales, que son más expeditos. • En ese mismo orden de ideas, se fortalece la capacidad disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, otorgándole la facultad disciplinaria sobre los auxiliares de justicia. Además, se prevé el control preferente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de los procesos que se desarrollen en las seccionales en aquellos casos en que haya mora. Disposiciones para prevenir y combatir la corrupción en la contratación pública La contratación pública es el sector en el cual se vienen presentando los casos más graves de corrupción pública; por ello se proponen medidas orientadas a garantizar la transparencia y la sanción a la corrupción o fraude en esta actividad estatal. • El Estatuto es especialmente cuidadoso en castigar a aquellos contratistas que reiteradamente le incumplen el Estado. Por eso se ha dispuesto que quedará inhabilitado por un término de 3 años el contratista que haya sido objeto de imposición de 5 o más multas durante la ejecución de uno o varios contratos en una misma vigencia fiscal; o que haya sido objeto de 2 declaratorias de incumplimiento en un mismo año; o que haya recibido al menos 2 multas y un incumplimiento en el mismo año con una o varias entidades estatales. • Los interventores responderán de manera solidaria, civil, penal y disciplinariamente por el incumplimiento de las obligaciones que se derivan de la ejecución de los contratos en los cuales son interventores por el daño causado por su omisión. En igual forma, se extiende la responsabilidad a consultores y asesores. • Los anticipos que el Estado otorga solo podrán ser manejados por fiduciarias 34 irrevocables o patrimonios autónomos irrevocables que garantizarán el uso de esos mismos recursos exclusivamente en la ejecución del contrato. Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 • Otra innovación interesante que trae el Estatuto en materia contractual es la regulación de las contrataciones de mínima cuantía. Se dispone de un procedimiento que es bastante ágil y garantiza la pluralidad de oferentes, con innovaciones tan importantes como que la entidad pública pueda realizar adquisiciones en grandes almacenes, lo que garantiza que el precio al que compre la entidad sea el precio de mercado más conveniente. • Se exige que todas las obras públicas tengan diseños en una fase clara antes de que se puedan abrir las licitaciones o suscribir los contratos. Contratar sin estudios se traduce en sobrecostos y toda clase de problemas que se vuelven fuente de millonarias controversias entre el Estado y el contratista. • Una norma muy importante para garantizar la transparencia es la que tiene que ver con las adendas que en la práctica contractual se han dado para que se generen toda clase de suspicacias y se empañen no pocos procesos contractuales. En ese sentido, el Estatuto dispone que quedan prohibidas durante los 3 días anteriores al cierre previsto de un proceso de selección y que solo podrán efectuarse en días y horarios hábiles. En últimas, lo que se busca es que cuando se aproxima el cierre del proceso no se les cambien las reglas de juego a los participantes para favorecer a algunos y perjudicar a otros. • Cabe también señalar que el Estatuto dispone que las normas de la Ley 80 de 1993, le serán aplicables a todas las entidades públicas, salvo cuando la entidad ejecutora desarrolle sus actividades en competencia con el sector privado. De esta forma, los principios rectores de la contratación pública se extenderán a campos que hoy no cubren. Organismos especiales para la lucha contra la corrupción La lucha contra la corrupción debe realizarse de manera conjunta entre las entidades del Estado y la sociedad, finalidad para cuyo cumplimiento no es suficiente la intervención de los entes de control, sino que también es necesario contar con el apoyo de organismos o comisiones que coordinen acciones unificadas, sistematicen información y elaboren informes generales de seguimiento al cumplimiento de las políticas formuladas. En el Estatuto se hace especial énfasis en dos entidades: la Comisión para la Moralización y la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción, las cuales tienen su antecedente en la Ley 190 de 1995, pero que exigen ser revigorizadas bajo el entendido de que una efectiva lucha contra la corrupción solo es posible si es una política de Estado con una activa participación de la sociedad. Por ello, el Estatuto incorpora funciones y mecanismos concretos de intervención de estos organismos para que realicen acciones conjuntas que tengan resultados 35 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia inmediatos en acciones contra casos existentes y mediatos de cara a la elaboración de políticas en materia de lucha contra la corrupción. • Se crea la Comisión Nacional para la Moralización, que será presidida por el propio Presidente de la República, y la Comisión Nacional Ciudadana de Lucha contra la Corrupción, para hacer de esta lucha una política de Estado con presencia de la sociedad civil. • Se fortalecen y definen funciones del Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción. Se señala el plan y los lineamientos de acción. Políticas institucionales y pedagógicas Se adoptan una serie de medidas cuya finalidad es lograr una gestión pública más eficiente bajo el entendido de que solo con una administración pública moderna y con control social es posible enfrentar la corrupción y establecer disposiciones pedagógicas para generar en el país una cultura permanente de la legalidad en todos los ámbitos de la sociedad. • Desde esa perspectiva se implementa el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, en el cual cada entidad del orden nacional deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano. Dicha estrategia debe contemplar el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias antitrámites y los medios para mejorar la atención ciudadana. • Así mismo, dispone que todas las entidades del Estado, a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto con los indicadores de gestión. • Dentro de la política de reducción de trámites y mejora de las condiciones de competitividad del país, una serie de medidas orientadas a dismunir los trámites innecesarios y a evitar que se creen nuevos. En este cometido el Estatuto consagra que para la creación de un nuevo trámite en las entidades del orden nacional, estas deberán elaborar un documento que justifique su creación y necesidad, el cual será evaluado técnicamente por el Departamento Administrativo de la Función, concepto que de ser desfavorable impide la creación del mismo y la entidad solicitante no podrá implementar la medida. • Se faculta al Gobierno para continuar reduciendo todos los trámites burocráticos 36 que dificultan las relaciones de los ciudadanos y del sector productivo con la Administración. Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 Medidas para la eficiencia y eficacia del control fiscal en la lucha contra la corrupción El Estatuto contempla medidas para mejorar la eficiencia y la eficacia en el Control Fiscal en la lucha contra la corrupción. Esta reforma pretende aumentar los índices de eficacia y con ello lograr la legitimidad del control fiscal frente a la ciudadanía, en los estudios que ha realizado la Auditoría General de la República, se ha evidenciado que los resultados del control fiscal en el orden nacional no son los esperados. Se crea el procedimiento verbal para los procesos de responsabilidad fiscal con el objeto de dar celeridad a los procesos cuya cuantía sea inferior a ciento cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes, cuando se determine que están dados todos los elementos para proferir imputación y si existe flagrancia en la generación del daño, de esta forma se reducen los términos. Así mismo, se consagra el proceso verbal de única instancia y se facilitan los medios de notificación en todos los procesos. Con fundamento en el principio de coordinación, se establece un mecanismo para que las Contralorías de todo el país y la Auditoría General de la República efectúen auditorías coordinadas concurrentes y planes nacionales de auditoría para dar cobertura nacional al control fiscal. 1.3.2. Reforma Política Ley 1475 de 2011. “Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones”. Síntesis: El objetivo de la Ley Estatutaria, cuya constitucionalidad fue avalada por la Corte Constitucional, es desarrollar el nuevo marco constitucional de los partidos y movimientos políticos, especialmente en lo que se refiere a su organización, responsabilidad y financiamiento, mediante el desarrollo de varios aspectos del Acto Legislativo 1 de 2009 (Reforma Política). Contenido La Ley Estatutaria de Partidos y Movimientos Políticos (LEMP) introduce disposiciones que desarrollan el nuevo marco constitucional de los partidos y movimientos políticos, especialmente en lo que se refiere a su organización, responsabilidad y financiamiento, mediante la reglamentación de varios aspectos del Acto Legislativo 1 de 2009 y del Acto Legislativo 1 de 2003. Medidas para la organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos El fortalecimiento de los partidos y movimientos políticos depende del desarrollo de procesos de democratización interna, donde los militantes participen e incidan en 37 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia las decisiones de los órganos directivos de las colectividades para garantizar que estas representen las demandas de la ciudadanía. • La LEMP establece que los partidos y movimientos políticos deberán desarrollar entre sus estatutos seis principios de organización y funcionamiento, que si bien ya eran de rango constitucional carecían de desarrollo normativo, tales como la participación, la igualdad, el pluralismo, la equidad e igualdad de género, la transparencia y la moralidad. • Los afiliados tendrán el derecho a intervenir en las decisiones del máximo órgano de dirección, administración y control de la organización, y se abre la posibilidad de elegir y ser elegido en los procesos de selección de directivos y candidatos según los respectivos estatutos. • Los candidatos que resulten electos deberán pertenecer al partido que los inscribió mientras ostenten la investidura o cargo. Si deciden presentarse a la siguiente elección por un partido distinto, deberán renunciar al menos 12 meses antes del primer día de inscripciones. Esta medida también aplicará a los directivos en caso de postularse o aceptar una nueva designación o ser inscritos como candidatos a cargos o corporaciones de elección popular. • Se dispone la implementación del Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos, donde los representantes legales registrarán ante el Consejo Nacional Electoral el registro de afiliados así como otros documentos relacionados con la plataforma ideológica y programática de los partidos. Esta medida facilitará la administración de los órganos y de las actividades del partido y permitirá imponer las sanciones pertinentes en el caso de la doble militancia. • Señala que las consultas podrán ser internas o populares así como interpartidistas o de coalición. Para incentivarlas, propone que el Estado contribuirá a su financiamiento mediante el sistema de reposición de gastos por votos obtenidos. • Dispone que los resultados de las consultas sean obligatorios, y que los precandidatos que participen en ellas y no ganen, quedarán inhabilitados para inscribirse como candidatos a cualquier cargo de la misma circunscripción dentro del mismo proceso electoral por partidos, movimientos o coaliciones distintas. • La suscripción del acuerdo de coalición tendrá carácter vinculante y su inobservancia será causal de nulidad o revocatoria de la inscripción del candidato que se apoye, diferente al designado en la coalición. Régimen sancionatorio de los partidos, movimientos políticos y sus directivos 38 • La LEMP estructura un régimen sancionatorio para partidos y movimientos políticos por toda violación o contravención a las normas que rigen su Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 organización, funcionamiento o financiación, así como por las conductas de sus directivos, incorporando el concepto de responsabilidad política. • En el caso de los directivos, estarán sujetos a sanciones que incluyen amonestación escrita y pública, suspensión de cargo directivo hasta por tres meses, destitución del mismo, expulsión de la colectividad y las demás que consideren los estatutos de cada partido. • Las organizaciones partidistas también responderán por avalar candidatos que hubieran sido o fueren condenados durante el periodo del cargo público al cual se candidatizaron, relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales y actividades del narcotráfico, cometidos previamente al otorgamiento del aval, aunque dichos candidatos no hayan sido elegidos. • El régimen sancionatorio establece sanciones ejemplarizantes, las cuales serán impuestas por el Consejo Nacional Electoral, con el fin de incentivar un ejercicio de la política más honesto y transparente. Financiación del funcionamiento de los partidos y movimientos políticos • Las prácticas irregulares que se han presentado en la financiación para el funcionamiento de los partidos políticos así como de las campañas electorales, motivó la incorporación de un título dedicado a regular este aspecto. • Se establecen las fuentes autorizadas de financiación de los partidos y movimientos políticos, entre las que se incluyen las cuotas de sus afiliados, los ingresos originados en actividades lucrativas del partidos, así como donaciones y créditos, en dinero o en especie, de sus afiliados o particulares, entre otros. • Se modificaron las reglas de distribución de la financiación estatal para el funcionamiento de los partidos y movimientos con personería jurídica, de acuerdo a los resultados obtenidos por las colectividades en los procesos electorales, que entre otros, incentivarán la participación de los jóvenes y las mujeres. • En cumplimiento del principio de la transparencia, se dispone que dentro de los primeros cuatro meses de cada año las organizaciones partidistas con personería jurídica realizarán una rendición pública de cuentas ante el Consejo Nacional Electoral, donde declararán su patrimonio, ingresos y gastos. Financiación y reglas de las campañas electorales • Con el fin de lograr un ejercicio de la política más equitativo y transparente en las campañas electorales, la Ley Estatutaria dispone que los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos, en el caso de 39 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia las elecciones para corporaciones públicas, tendrán derecho a financiación estatal mediante el sistema de reposición de gastos por votos válidos obtenidos, cuando la lista obtenga el 50% o más del umbral determinado para la respectiva corporación; y en el caso de las elecciones para alcaldes y gobernadores, cuando el candidato obtenga el 4% o más del total de votos válidos depositados en la elección. • Los anticipos serán hasta de 80% para las consultas o campañas electorales que realicen las colectividades, para el caso de listas con voto preferente y de las listas cerradas. Además, se reglamentan las figuras de la pérdida del cargo y de la investidura por violación de los topes máximos de gastos establecidos para su financiación. Estas medidas son necesarias para darle legitimidad al proceso electoral en la medida en que los participantes en la contienda tendrán incentivos para no violar las normas de financiación de campañas. • Con el objetivo de reducir los excesivos costos de las campañas, se determinó que la propaganda a través de los medios de comunicación social podrá realizarse dentro de los 60 días anteriores a la fecha de la respectiva votación y la que se realice utilizando el espacio público dentro de los 3 meses anteriores a la fecha de la respectiva votación. • Se estableció que dentro de los dos meses anteriores a la fecha de toda votación y hasta 48 horas antes de la misma, los partidos y movimientos políticos tendrán derecho a espacios gratuitos en los medios de comunicación social que hacen uso del espectro electromagnético, y así garantizar condiciones equitativas para los candidatos para realizar campañas en radio y televisión. • Ningún partido, movimiento, grupo significativo de ciudadanos, candidato o campaña, podrá recaudar recursos originados en fuentes de financiación privada, superiores al 10% del límite de gastos de la campaña. La consecuencia del incumplimiento a los límites al monto de gastos de las campañas electorales, será la pérdida del cargo. • Para garantizar condiciones iguales para los participantes de la campaña electoral los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, y grupos significativos de ciudadanos que promuevan el voto en blanco en las campañas para cargos o corporaciones de elección popular, podrán realizar propaganda electoral en las mismas condiciones fijadas para las demás opciones a elegir respecto del mismo cargo o corporación, en la respectiva circunscripción. Medidas para la transparencia de los procesos electorales • Para aumentar los niveles de transparencia en los procesos electorales se establecieron medidas que modificarán el procedimiento de los escrutinios y la implementación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. 40 • Para disminuir la posibilidad de que los resultados sean adulterados, las Comisiones Escrutadoras comenzarán su labor el mismo día de la elección, a Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 partir del momento de cierre de la votación. Al concluir el escrutinio de mesa y luego de leídos en voz alta los resultados, se escanearán las correspondientes actas a efectos de ser publicadas inmediatamente en la página web de la Registraduría. • Se estableció la creación de la Unidad Nacional de Delitos contra los mecanismos de participación democrática en la Fiscalía General de la Nación, con el fin de investigar estas conductas. • La Ley incorpora medidas novedosas en cuanto a las votaciones en el exterior. Dispone que los periodos de votación en este caso deberán estar abiertos durante una semana, con el fin de que los colombianos tengan tiempo de trasladarse a los respectivos consulados. • Para responder a la obligación de consolidar una democracia honesta y legítima, se incluyeron medidas de carácter técnico como la implementación del voto electrónico y de medios tecnológicos o sistemas de identificación biométricos para permitir la plena identificación del elector. • Se creó una Comisión asesora para que acompañe la implementación de las tecnologías en las elecciones. De esta Comisión harán parte el Registrador Nacional, los Ministros del Interior y de Justicia, de Hacienda y de Comunicaciones, el Director del Departamento Nacional de Planeación, dos miembros del Consejo Nacional Electoral y un delegado de cada partido o movimiento político con personería jurídica. Disposiciones en materia de género y participación política de las mujeres. • Los partidos y movimientos políticos conformarán sus listas garantizando la participación de uno de los dos géneros, al menos en un 30% de las listas a las corporaciones públicas. Con esta norma, se reitera el propósito del Gobierno nacional de incrementar por encima del 20% la participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público. • Uno de los principios de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, es el de equidad de género para que hombres y mujeres gocen de igualdad real de derechos y oportunidades para participar en las actividades políticas, dirigir las organizaciones partidistas, acceder a los debates electorales y obtener representación política. • Se dispuso que los estatutos de los partidos y movimientos políticos deben contener entre sus cláusulas o disposiciones la postulación, selección e inscripción de candidatos a cargos y corporaciones de elección popular mediante mecanismos democráticos teniendo en cuenta el deber de garantizar la equidad de género. • Como medida para incentivar la inclusión de mujeres en las listas con el fin de que obtengan mayor participación, se definió que el 5% en proporción al 41 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia número de mujeres elegidas en las corporaciones públicas hará parte de las reglas de distribución de la correspondiente apropiación presupuestal para la financiación del funcionamiento permanente de los partidos y movimientos políticos por parte del Estado. • Una proporción de la destinación de los recursos provenientes de la financiación estatal será para invertir en planes, programas y proyectos “para la inclusión efectiva de mujeres”. 1.4. Leyes para la renovación y modernización de la Administración Pública 1.4.1. Eliminación Incentivo Económico en Acciones Populares Ley 1425 de 2010. “Por medio de la cual se derogan artículos de la Ley 472 de 1998 Acciones Populares y de Grupo”. Síntesis: Esta Ley deroga los artículos 39 y 40 de la Ley 472 de 1998, a través de los cuales el legislador había consagrado los incentivos económicos a los actores populares, ya que, paradójicamente, la buena fe con que el legislador lo previó, fue asaltada por el desmedido e inescrupuloso individualismo y afán de lucro de muchos accionantes que encontraron en el falso interés por la defensa de los derechos e intereses colectivos la excusa y el parapeto perfecto para desangrar las arcas estatales sin que realmente les importase mucho más que el dinero e instaurar innumerables acciones con la esperanza de lograr obtener al menos unas cuantas sentencias favorables. Esta eliminación de los incentivos económicos no afectará la efectividad y agilidad de esta acción pública, que permanece plenamente vigente en el ordenamiento jurídico a disposición de los ciudadanos que, en ejercicio del principio de solidaridad, consideren que deben hacer uso de ella en defensa de los derechos e intereses colectivos. • Se proscribe el ánimo de lucro como móvil subyacente al ejercicio de las Acciones Populares. • Potencialmente coadyuvará a la descongestión de la administración de justicia que se había visto abrumada por ingentes volúmenes de acciones populares, que en muchos casos solo eran interpuestas de manera temeraria. • Se evita que el mecanismo de defensa de los derechos e intereses colectivos, 42 por la acción perversa de personas cegadas por un desbordado ánimo de lucro, se siga usando, como venía sucediendo, como mecanismo para atacar el derecho colectivo a la defensa del patrimonio público. Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 • El Estado, acorde con el espíritu de la Constitución Política, deposita su confianza en que la digna condición humana de sus ciudadanos se imponga y el cumplimiento de los deberes y obligaciones constitucionales pese más para estos, al momento de interponer acciones populares, que la desaparición de un premio monetario. • Esta derogatoria nos lleva a una nueva etapa en la historia de las Acciones Populares, en la cual quien instaure una acción popular lo hará por convicción, por principios, en desarrollo real y no artificial del principio de solidaridad. 1.4.2. Ley de Facultades Extraordinarias para la Escisión de Ministerios Ley 1444 de 2011. “Por medio de la cual se escinden unos Ministerios y se otorgan precisas facultades al Presidente de la República para modificar la estructura de la Administración Pública Nacional”. Síntesis. Uno de los compromisos de campaña del Presidente Santos, fue la Escisión de Ministerios cuya finalidad es mejorar la capacidad reguladora del Estado en ámbitos fundamentales de la actividad económica, política y social, por ello el Ministerio del Interior y de Justicia radicó la ley por la cual se escinden unos Ministerios y se otorgan facultades extraordinarias al Presidente de la República para que regule su estructura. La ley 1444 de 2011, ordena la escisión de los actuales Ministerios del Interior y de la Justicia; Protección Social; Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y la consecuente creación de los Ministerios separados de Interior, de Justicia, de Salud, de Trabajo, del Medio Ambiente y Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial. Contenido Los Ministerios objeto de fusión con base en la autorización de la Ley 790 de 2002 fueron los siguientes: Ministerios del Interior y de Justicia, en el Ministerio de Interior y el de Justicia y el derecho; Ministerios de Salud y de Trabajo, en el Ministerio de la Protección Social; Ministerios de Desarrollo Económico y de Comercio Exterior, en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Adicionalmente y con el propósito de concentrar las funciones de regulación del uso del suelo y del ordenamiento territorial, así como la regulación y manejo del agua desde su generación hasta su uso, el Ministerio de Ambiente recibió las funciones de vivienda, agua potable y saneamiento básico y desarrollo territorial del Ministerio de Desarrollo Económico, transformándose en el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 43 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia Los objetivos puntuales de las fusiones, en el caso de los Ministerios del Interior y de Justicia y del Derecho fueron: concentrar el orden público y el orden jurídico de la Nación en un único Ministerio fortalecido, eficiente y eficaz; eliminar duplicidad de funciones y competencias. Para el caso de la fusión de los Ministerios de Salud y Trabajo, se buscaba garantizar la seguridad económica y social de los ciudadanos; mejorar el manejo del riesgo social para proteger los grupos vulnerables a impactos súbitos (económicos, naturales); crear un Ministerio capaz de formular políticas integrales de protección social y dirigir y controlar su ejecución. Finalmente, en el caso de las nuevas funciones asignadas al Ministerio de Ambiente que lo transformaron en el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial los objetivos eran concentrar las funciones de regulación de uso del suelo y el ordenamiento territorial; desarrollar las políticas y la regulación del manejo integral del agua desde su generación hasta su uso; promover la vivienda y el desarrollo urbano proveyendo un hábitat adecuado para la población. En cuanto a la eficacia en el cumplimiento de los objetivos que se plantearon al momento de la intervención, podría decirse que si bien en los documentos del Gobierno se incorporaron otros objetivos, en la práctica el propósito fundamental de las fusiones fue generar ahorro fiscal y evaluadas desde la perspectiva de la reducción del gasto, las fusiones no parecen haber cumplido su cometido, en la medida en que los gastos de personal de los Ministerios, que fue el rubro que concentró la mayor atención, tienden en la actualidad a volver al nivel que presentaban antes de tales medidas. Respecto de los efectos de la fusión sobre el Estado como organización, en particular sobre su efectividad para definir, asignar, ejecutar y controlar sus políticas públicas puede decirse, que la reforma dejó de lado el rol central de los Ministerios dentro de la estructura del Estado y en consecuencia no incluyó el análisis de la forma como la fusión de algunos sectores podía afectar su funcionamiento. Objeto de la Ley • La ley 1444 de 2011, tiene por objeto ordenar la escisión de tres de los Ministerios actuales y la consecuente creación de tres carteras adicionales y otorgar facultades extraordinarias con el propósito de garantizar la eficiencia en la prestación del servicio público; hacer coherente la organización y funcionamiento de la Administración Pública y con el objeto de lograr la mayor rentabilidad social en el uso de los recursos públicos. 44 • En consecuencia, la ley ordena revertir las fusiones realizadas por medio de la Ley 790 de 2002, esto es, las que corresponden a los actuales Ministerio Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 del Interior y de Justicia y Ministerio de la Protección Social y la consecuente creación de los Ministerios separados de Interior, Justicia, Salud y Trabajo. • Además prevé la escisión del actual Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial que resultó del traslado de las funciones del antiguo Ministerio de Desarrollo relativas a vivienda, agua potable y saneamiento básico y desarrollo territorial al antiguo Ministerio del Medio Ambiente. En este caso, la escisión supone la creación del Ministerio del Medio Ambiente y del Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial. • En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 206 de la Constitución Política señala el número y orden de precedencia de los Ministerios. • La ley confiere facultades extraordinarias al Presidente de la República por el término de seis (6) meses, para la definición de la estructura orgánica y objetivos de los Ministerios que se crean, así como para la supresión de Departamentos Administrativos, reasignación de funciones, integración de sectores administrativos y en general la toma de todas aquellas decisiones que se consideren necesarias en relación con la estructura de la Administración Pública Nacional en el propósito de propender por la eficiencia y eficacia del uso de los recursos públicos y hacer coherente la organización y funcionamiento de la Administración. • La integración de los sectores administrativos respectivos se hará posteriormente, teniendo en cuenta que dentro de las facultades solicitadas, está la creación, 45 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia fusión, escisión, etc., de Superintendencias, establecimientos públicos y otras entidades públicas del orden nacional. Así, será la ley o el Gobierno Nacional quienes definan las entidades adscritas o vinculadas a cada sector. Protección laboral • Por su parte, mantiene vigente la protección señalada desde la Ley 790 de 2002, reiterada por la Ley 812 de 2003 que cuenta con amplio soporte jurisprudencial a las madres y padres cabeza de familia sin alternativa económica, las personas con limitación física, mental, visual o auditiva, y los servidores que estén a tres años o menos de cumplir con los requisitos, edad y tiempo de servicio, para disfrutar de su pensión de jubilación o de vejez, al momento de las intervenciones de rediseño, reestructuración o liquidación de entidades. • Se aclara que los artículos 8°, 9°, 10, 11 y 13 de la Ley 790 de 2002 no serán aplicables a los empleados que hagan parte de las entidades que se supriman o reestructuren como consecuencia del ejercicio de las facultades extraordinarias a que hace referencia la presente ley; es decir, que se mantienen vigentes para quienes hayan sido afectados como consecuencia del Programa de Renovación de la Administración Pública. 1.4.3. Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial Ley 1454 de 2011. “Por la cual se dictan normas orgánicas de ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones”. Síntesis: Se trata de una normativa que propicia la integración territorial para generar mayor competitividad e inversión estratégica de los recursos públicos en el nivel más próximo al ciudadano, promueve la participación ciudadana y defiende la unidad nacional, a la vez que mantiene la integralidad y autonomía territorial, facilitando el crecimiento socioeconómico equitativo en lo local, entre otros aspectos, gracias a la creación del Fondo de Compensación Regional y del Fondo de Desarrollo Territorial que la Ley prevé en concordancia con el Acto Legislativo por el cual se constituye el Sistema General de Regalías. Contenido Después de 20 años de expedida la Constitución de 1991, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial ha sido por fin aprobada por el Congreso de la República. Varios proyectos, más de 19, habían fracasado en el intento. 46 La legislación en materia de descentralización en los últimos años en Colombia ha sido esencialmente de corte fiscalista y muy precaria en cuanto a fortalecimiento de la institucionalidad territorial. La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial será Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 el parámetro legal para afianzar la descentralización con un modelo de gobierno local que facilite el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. La Ley se divide en 5 títulos que contienen 40 artículos, producto de un ejercicio amplio, juicioso y respetuoso del debate ciudadano, en foros, audiencias públicas y escenarios académicos en todo el territorio nacional: desde Leticia hasta Barranquilla, de Cúcuta a Cartago, pasando por Bucaramanga, Manizales, Cartagena, Medellín y Bogotá, entre otros: • Uno de los temas que quizá generó mayor debate y que resultó ampliamente discutido en todo el territorio nacional fue el de la región. Podemos afirmar que tenemos un marco legal específico para desarrollar, en primera instancia, la Región Administrativa y de Planificación y la Región de Planificación y Gestión, como nuevos modelos de burocracia cero; regiones que serán espacios para la inversión, el desarrollo y la competitividad. • Las regiones que deseen convertirse en entidades territoriales, previamente deberán transitar, de conformidad con el espíritu de la Constitución, una etapa de preparación y ensayo como Regiones Administrativas y de Planificación. • En este orden de ideas, se debe destacar la creación de la Región Administrativa y de Planificación Bogotá– Cundinamarca, que se desarrolla en virtud de lo estipulado en el artículo 325 de la Constitución y que generará mayor integración y productividad en la región para proyectos de mitigación de riesgo medioambiental, el tren de cercanías, el metro y vías metropolitanas. • También se puede afirmar que gracias a esta Ley habrá provincias. Las Provincias Administrativas y de Planificación serán la base de la gestión municipal dentro de los departamentos, con el fin de armonizar el disperso desarrollo municipal en torno de una planeación estratégica definida sobre intereses comunes de carácter macro. • Muy novedosa resulta igualmente la creación de las Zonas de Inversión para la superación de la pobreza y la marginalidad. En virtud del artículo 285 de la Constitución, se definen estas zonas como un nuevo instrumento de apoyo a la gestión territorial para aplicación de los criterios de compensación y subsidiariedad en los lugares que más lo necesitan, lo que permitirá una mejor distribución de los recursos de los Fondos de Inversión de la Nación, de manera proporcional. • En la Ley se regula la delegación de competencias de la Nación a las entidades territoriales, mediante contratos plan. Se trata de una nueva figura para la distribución flexible de competencias entre la Nación y las entidades territoriales, establecida en los términos del artículo 8° de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, según capacidad fiscal, técnica o administrativa, mediante alianzas estratégicas que permitan desarrollar proyectos de inversión entre los distintos niveles de gobierno. 47 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia • Así mismo, se fortalecerán las áreas metropolitanas y los distritos. En la normativa, se define el régimen fiscal especial de las áreas metropolitanas por ser tema con reserva especial consagrada en el artículo 319 de la Constitución. • De otra parte, la Ley promueve alianzas estratégicas de entidades territoriales que generen economías de escala y proyectos productivos, eviten duplicidad de tareas y esfuerzos aislados de territorios muy próximos en sus condiciones, al tiempo que, en desarrollo del principio constitucional de diversificación de competencias, consagrado en los artículos 302 y 320 de la Constitución, permite asignar a cada tipo de departamento o municipio competencias especiales, diferenciadas y que potencien sus ventajas comparativas (turismo, agroindustria, minería, etc.). • Esta Ley es el marco general del nuevo modelo de desarrollo territorial, que persigue el crecimiento socioeconómico equitativo de las regiones del país para beneficio de todas sus entidades territoriales, en los términos del Buen Gobierno, que implica equidad a la hora de distribuir los recursos, la más absoluta transparencia, concurrencia del nivel nacional con las entidades territoriales, esfuerzo fiscal, más inversión y menos gasto. • Es una Ley general de principios, y por ello será la base para posteriores regulaciones especiales, como el Régimen Municipal y el Régimen Departamental, que cursan ya en el Congreso de la República, y una Ley sobre entidades territoriales indígenas. 48 • Define los conceptos generales marco del ordenamiento territorial. Se promoverán y pondrán en marcha las Zonas de Inversión para la superación Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 de la pobreza y la marginalidad, a fin de ligar el desarrollo de la Nación a la inversión en lo local, especialmente en aquellas zonas que más lo necesitan. • Contempla los criterios de aplicación de recursos de los Fondos de Compensación Territorial y de Desarrollo Regional, que se regulan en el Acto Legislativo de regalías, y define los principios mínimos que orientan su ejecución a proyectos de inversión de impacto regional, obras como el Tren del Caribe, grandes autopistas, zonas portuarias, premiando la asociatividad en la inversión, con burocracia cero. • Habrá región, pero sin más estructuras burocráticas. Región para la inversión y el desarrollo, a través de las Regiones de Planeación y Gestión y de las Regiones Administrativas y de Planificación. • También se podrán conformar provincias como instancias administrativas y de planificación al interior de los departamentos, para organizar el desarrollo municipal armónicamente. • Tendremos modelo de integración regional que promueve las alianzas estratégicas, para generar economías de escala, proyectos productivos y competitividad para el desarrollo y la prosperidad. • Se crean formas flexibles y novedosas de integración territorial, como las Regiones de Planeación y Gestión, premiando la inversión y la competitividad. • Se fortalecerán las áreas metropolitanas, se define su régimen fiscal y se desarrollan criterios para facilitar su conformación. • Regula la delegación de competencias vía contrato plan entre la Nación y las entidades territoriales, lo que permite un escenario flexible de negociación de competencias, según capacidad fiscal, técnica o administrativa entre la Nación y las entidades territoriales. No traza un marco rígido o un catálogo inflexible de competencias. 1.4.4. Supresión del conflicto de interés para la discusión y aprobación de Reformas Constitucionales Acto Legislativo 01 de 2011. “Por el cual se adiciona el numeral 1 del artículo 183 de la Constitución Política de Colombia”. Síntesis. El Acto Legislativo incorpora un numeral al artículo 183 de la Constitución Política en virtud del cual se recoge la jurisprudencia de la Corte Constitucional en el sentido de eliminar la configuración del Conflicto de Interés para los Congresistas en la discusión y aprobación de las reformas constitucionales. 49 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia Contenido La Constitución Política, señala en el artículo 182 el concepto de conflicto de intereses de lo congresistas al prever que: “Los congresistas deberán poner en conocimiento de la respectiva Cámara las situaciones de carácter moral o económico que los inhiban para participar en el trámite de los asuntos sometidos a su consideración (…)”. Y a continuación el artículo 183, señala como causal para la pérdida de investidura de los Congresistas, la violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, o del régimen de conflicto de intereses. Dentro de los elementos que se exigen para que se configure el conflicto de intereses se excluye la discusión y votación de Actos Legislativos, bajo el argumento de que las disposiciones de rango constitucional se limitan a declarar valores, principios y derechos y establecer regulaciones fundamentales sobre la organización y funcionamiento del Estado. La Reforma Constitucional reconoce que el régimen de conflictos de intereses de los congresistas es un tema específico que forma parte de toda una arquitectura constitucional establecida con la finalidad expresa de garantizar que la actuación de los miembros del poder legislativo propugnará por el interés general, sin prejuicio de que tomen posiciones de partido, ideológicas o políticas, que es lo propio de la función legislativa, pero es ajeno a la función judicial. 1.4.5. Desconstitucionalización de la Comisión Nacional de Televisión Acto Legislativo 02 de 2011. “Por el cual se deroga el artículo 76 y se modifica el artículo 77 de la Constitución Política de Colombia”. Síntesis. Provee al Congreso de la República de la flexibilidad requerida para que expida un marco legal acorde con la realidad convergente de los contenidos audiovisuales y el acceso a los mismos por parte de los ciudadanos, y que se ajuste a las realidades tecnológicas y de mercado con el propósito de que estas tecnologías contribuyan a cerrar las brechas sociales y a mejorar la competitividad y la productividad del país. Contenido • La Ley 1341 de 2009, por la cual se definen principios y conceptos sobre 50 la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, ha constituido un avance significativo para la adaptación del marco legal a la realidad tecnológica y de mercado señalada anteriormente. Sin embargo, es indispensable que la nueva realidad Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 tecnológica y de mercado en lo que compete a los contenidos audiovisuales se incorpore a este nuevo marco normativo convergente de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). • De otra parte, el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) trasciende hoy en día mucho más allá de su concepción inicial dispersa y estática, constituyéndose en un medio para el bienestar de la sociedad, al poner a disposición de los ciudadanos, las empresas y los Gobiernos, herramientas que facilitan la interacción entre los mismos, así como la prestación de servicios en forma más oportuna y con mayores niveles de cobertura. • La realidad tecnológica antes descrita muestra que el escenario a través del cual el usuario utiliza hoy las TIC ha cambiado sustancialmente. Es así como el mercado muestra también una transición, en la que se ha pasado de un usuario con posibilidades restringidas de interacción y con una tendencia a ser exclusivamente receptor de información proveniente de los medios disponibles, a un usuario que, por tener un mayor nivel de conocimiento y herramientas (como Internet, las redes sociales, Youtube, etc.), se convierte en la fuente de la información y tiene el poder de transmitirla a grandes audiencias. • Por lo anterior, debe tenerse en cuenta que los usuarios en un ambiente de convergencia demandan, entre otros aspectos, dispositivos multipropósito (convergentes) a través de los cuales puedan acceder a todos sus servicios con un manejo cada vez más natural e intuitivo, y ante todo, contenidos y aplicaciones con información pertinente y rápida. Sobre estos últimos, se asocian otras características a ser tenidas en cuenta, tales como la personalización de los servicios a la medida del usuario, la simplicidad de las transacciones y operaciones, así como la seguridad y la privacidad. • Así las cosas, dentro del contexto expuesto, los contenidos y las aplicaciones que se valen de las TIC constituyen una pieza fundamental de las posibilidades que plantea el desarrollo de dichas tecnologías en un ambiente de convergencia. Estos conceptos que se han constituido en uno de los principales generadores de valor de los últimos años y son un factor determinante para repensar el futuro del sector, intensificando la innovación tecnológica en el mercado de las telecomunicaciones y la promoción de la competencia. • En este sentido, es necesario que el Congreso de la República también tenga la flexibilidad requerida para analizar la manera como se debe promover la generación de contenidos de carácter público y su transmisión por todos los medios a los colombianos y, además, la necesaria protección de los usuarios frente a los contenidos de Internet, en especial a los menores de edad que tienen libertad para acceder a todo tipo de contenidos audiovisuales de Internet, desde una perspectiva del uso responsable de estas tecnologías en la transmisión y difusión de dichos contenidos audiovisuales. 51 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia • Es importante que el Congreso también tenga el espacio para analizar la forma en la que los contenidos públicos deben llegar a los ciudadanos, el modelo actual de la televisión pública no es sostenible y también debería enmarcarse en este contexto tecnológico y de mercado derivado de la convergencia. • Por lo anterior, es necesario dotar al Congreso de la República de la flexibilidad y agilidad requerida en la adaptación de las normas legales a un sector tan dinámico, como el referido a los contenidos audiovisuales. 1.4.6. Proyecto de Ley de Nuevo Código Penitenciario y Carcelario Proyecto de Ley No. 210 de 2011 Cámara. “Por medio de la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario y se dictan otras disposiciones”. Estado: Aprobado en Primer Debate – Comisión Primera Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes. Síntesis: Este proyecto de ley pretende rediseñar el Sistema Penitenciario y Carcelario colombiano, con disposiciones más claras para regular la vida de los internos, fijando reglas generales y precisas sobre el tratamiento que se debe dar a las personas que han sido privadas de la libertad, siempre con observancia y respeto de los derechos y libertades fundamentales de los internos. • Se establece una nueva sistemática de las disposiciones generales inspirada directamente en los principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de la Resolución 43/173 del 9 de diciembre de 1988, con las particularidades que tiene el régimen penitenciario y carcelario colombiano. • Se hacen más expresos y variados los criterios de separación entre los internos por categorías o caracterización. • Se establece la obligación de hacer estudios individuales para cada interno con miras a adoptar el tratamiento adecuado a cada caso concreto. Solo en la medida en que el régimen penitenciario logre individualizar en sus características a cada recluso, podrá diseñarse con éxito el programa de resocialización idóneo. • Se establecen reglas para dejar registro de las comunicaciones legales de los 52 internos, información que será consignada en reportes especiales, protegiéndose el derecho a la intimidad con regulación de sus comunicaciones con el fin de evitar que se realicen conductas criminales desde los centros penitenciarios y carcelarios. Se pretende no es conocer el contenido de la comunicación sino ejercer un control sobre las comunicaciones que respete los postulados constitucionales. Este registro debe tener la siguiente información (i) qué Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 interno hace la llamada; (ii) a quién se hizo la llamada; (iii) duración; (iv) fecha y hora exacta de inicio; y, (v) canal autorizado. • Se regula de manera particular el derecho de información y de queja de las personas que se encuentran privadas de la libertad en los establecimientos penitenciarios y carcelarios. • Se retoma el Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario, pero se le da una nueva configuración. El Consejo Superior de Política Criminal y Penitenciaria pasa a convertirse en el organismo operativo del Sistema Administrativo Penitenciario y Carcelario y en tal sentido se redefinen sus funciones. • Se permite que la administración u operación total o parcial de los establecimientos de reclusión pueda ser llevada a cabo por particulares, exceptuando las competencias de vigilancia y custodia que sigue siendo del INPEC. • El Estado podrá tercerizar o concesionar cualquier función o servicio que se requiera para el adecuado funcionamiento de los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios, exceptuando la vigilancia interna. • Se fortalece la Escuela Penitenciaria como institución de educación superior, imponiendo la obligatoriedad de cursar sus programadas para los servidores del INPEC. • Se conserva un régimen específico en materia prestacional para el cuerpo de custodia y vigilancia y el personal administrativo del INPEC será considerado en su régimen pensional como funcionarios de alto riesgo. • Se establece un régimen disciplinario dentro de los establecimientos penitenciarios mucho más garantista y que respeta completamente el debido proceso. • Se nutre el listado de faltas y se rediseñan las sanciones a imponer. • Se crea el Consejo de Evaluación y Tratamiento Penitenciario, el cual deberá funcionar al interior de cada establecimiento de reclusión y que tiene por objeto verificar el cumplimiento de la función resocializadora de las penas y buscar la reintegración del interno a la sociedad. • Se modifica el sistema actual en relación con las multas para que en los casos en los cuales la persona no cuente con recursos pueda continuar computando horas de trabajo para el pago de la multa sin la obligación de permanecer recluido en los centros penitenciarios. • Se fortalece el sistema de vigilancia electrónica para favorecer el des- hacinamiento y el cumplimiento del fin de la pena, cual es la reinserción social. Además se emplea como herramienta efectiva para el control de los permisos. • Así mismo, se incluyen medidas cautelares de competencia de funcionarios del INPEC, para aquellos eventos en que los beneficiados con este sistema lo 53 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia infrinjan, sean aprehendidos y puestos a disposición del Juez de Control de Garantías. Además deberá informarse al Juez que otorgó el beneficio para que determine si lo mantiene o no. • Los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país deben tener salas de audiencias y audiencias virtuales dotadas con los medios necesarios para la realización de audiencias virtuales. • Cuando el centro de reclusión en el que se encuentre el interno tenga sala para audiencias virtuales y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) o la entidad que haga sus veces, manifieste al Fiscal, Juez u otra autoridad que requiera al interno, la inconveniencia del traslado por razones de seguridad, orden público, costos o salubridad; el interno comparecerá virtualmente a la audiencia o diligencia, sin perjuicio de que la respectiva autoridad resuelva efectuar la diligencia o audiencia en el centro de reclusión en que se encuentre el interno. • Para el logro de la finalidad propia del tratamiento penitenciario y el desarrollo de las acciones formativas y pedagógicas, la institución Penitenciaria formulará el Modelo Educativo para el Sistema Penitenciario y, a partir de este, cada Establecimiento Penitenciario y Carcelario diseñará su Proyecto Educativo Institucional (PEI). Cada Establecimiento Penitenciario y Carcelario organizará una Institución Educativa responsable de ejecutar, realizar el seguimiento y evaluar la experiencia formativa del interno. • Se establece la necesidad de realizar una evaluación del interno inmediatamente ha ingresado al centro de reclusión y de elaborar un programa de tratamiento el cual debe tener un seguimiento frecuente. • En relación con la redención de penas por trabajo y educación, se crea un sistema de logros para la concesión de beneficios por trabajo y educación. • Se establecen unas fases del tratamiento penitenciario, el cual comprende: valoración humana, diagnóstico, clasificación del interno, su incorporación en Programas de Integración Social y el Seguimiento al Proceso. • Se consagran deberes específicos de las instituciones educativas de presentar programas que puedan implementarse a través de sistemas de educación a distancia, imponiendo cargas de responsabilidad social institucional a estos centros educativos. • Se regula de manera específica el trabajo comunitario como un sistema organizado para la colaboración con la comunidad para que el interno se reconcilie con la sociedad y además redima la pena. • Se radica en cabeza del SENA y del Ministerio de Educación la creación de programas de educación específicos, especialmente en la educación básica y media. 54 • Se establece una redención especial por pena cuando un individuo ha estado vinculado a un programa de educación por al menos dos años y ha aprobado los Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 niveles cursados satisfactoriamente, con el objeto de fomentar la continuidad de los internos en estos procesos. • Se establecen normas relacionadas con los beneficios penitenciarios, como el permiso de hasta setenta y dos (72) horas de salida y el permiso de salida hasta por diez (10) días continuos, los cuales constituyen una parte muy importante del tratamiento, y lo cual también permite que el Juez de Ejecución de Penas pueda tomar decisiones de manera concreta para cada caso. • Los beneficios podrán estar controlados a través de mecanismos de vigilancia electrónica o condiciones especiales como por ejemplo estarse reportando permanentemente ante quien concedió el beneficio, que siempre será el juez de ejecución de penas. 1.4.7. Código de Régimen Municipal Proyecto de Ley No. 212 de 2011 Cámara. “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y funcionamiento de los Municipios”. Estado: Aprobado en Primer Debate – Comisión Primera Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes. Síntesis: Busca dotar a los Municipios de un estatuto administrativo, moderno, ágil y acorde a la realidad nacional, que permitirá a las administraciones municipales autónomamente, cumplir con las funciones y prestar los servicios a su cargo, promoviendo el desarrollo de sus territorios y el mejoramiento sociocultural de sus habitantes, asegurando la participación efectiva de la comunidad y propiciando la integración regional. Contenido • Desde la expedición de nuestra norma superior y a partir de los desarrollos legales de la Ley 136 de 1994, la relación de la Nación con los Municipios ha estado marcada por un enfoque eminentemente sectorial, sin que medie una visión integral y diferenciada del territorio; esta visión excesivamente fiscalista de la descentralización, ha dejado de lado el desarrollo legislativo dirigido a reconocer la diversidad de los municipios del país, sus potencialidades y a fortalecer la gestión pública local. • Este proyecto introduce parámetros que buscan establecer disposiciones diferenciales que reconozcan realmente las particularidades de los distintos municipios del país, considerando factores como: los recursos naturales, medios de subsistencia y la capacidad económica de la población, índices de crecimiento demográfico y proporción en que se encuentran los sectores urbanos y rurales de la población, tasa de desarrollo económico, desarrollo industrial y comercial, situación geográfica y económica, la extensión del territorio y los medios que tenga de comunicación, entre otros. 55 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia • La población colombiana reclama Gobiernos Locales eficientes, no sólo en términos fiscales, sino en condiciones de gobernabilidad, transparencia y participación efectiva de la ciudadanía en la toma de las decisiones públicas, y debemos darle esos instrumentos a municipios que con el transcurrir de los años han evolucionado de manera distinta, según su capacidad fiscal, política y administrativa, para dar respuestas a las necesidades que la comunidad impone, con instrumentos de tipo administrativo, diferenciando sus condiciones y capacidades en la búsqueda de una democracia más efectiva y real desde lo local. • Así, el proyecto que hace tránsito en el Congreso, incluye modificaciones sustanciales al régimen municipal dejando vigentes todas las normas que no le sean contrarias y constituye el producto de un trabajo que contó y consultó el querer e inquietudes de agremiaciones como la Federación Nacional de Municipios y las Confederaciones de Ediles y Concejales, con quienes se socializó ampliamente el articulado propuesto. Con la aprobación de este proyecto tendremos, gobiernos municipales viables en lo fiscal, pero fuertes en su capacidad de responder políticamente, enfocados en su quehacer cotidiano a los temas de gestión que más afectan a la ciudadanía, sobre la base de la diversificación de las competencias locales, la integración y la autonomía responsable. • El Proyecto aprobado en primer debate en la Cámara de Representantes, consta de 11 Capítulos y 54 Artículos; dentro de los aspectos más relevantes contenidos en esta iniciativa encontramos: • Nuevas tipologías de municipios. Con esta iniciativa se crean nuevas tipologías de municipios para asignación de competencias y traslado de recursos, con el fin de diversificar funciones, según su capacidad fiscal, política y administrativa, sin modificar las categorías fiscales de la Ley 617. • Los alcaldes liderarán la política de Seguridad Ciudadana, en concordancia con el Gobierno Nacional. Los Alcaldes asumirán el liderazgo en la formulación de la política de Seguridad Ciudadana, de carácter civil, no solo como jefes de policía, sino que deberán liderar, desarrollar y promover planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana, para garantizar instrumentos efectivos contra la delincuencia urbana. El ministerio del Interior hará seguimiento desde el Observatorio de Seguridad y Convivencia al papel de los alcaldes en esta tarea. • Presupuestos Participativos en los Concejos. Habrá presupuestos participativos en los concejos municipales para apoyar la inversión social en los Corregimientos o Comunas. 56 • Participación Comunitaria- Vinculación al Desarrollo Municipal. Los Departamentos y Municipios podrán celebrar convenios con las organizaciones de Acción Comunal para el cumplimiento o la ejecución de determinadas funciones u obras. Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 • Los Distritos y Municipios de categoría especial y primera, podrán asumir mediante convenio o contrato plan, y previo visto bueno del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la competencia en el manejo y control de la información catastral de su distrito o municipio. Se precisa que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), supervisará y prestará asistencia técnica a los municipios en lo relacionado a las labores que desempeñen en virtud de la facultad otorgada en esta disposición. • Se incluye la garantía a la seguridad social en salud para los ediles de los municipios cuya población sea superior a cien mil un (100.001) habitantes a través de la suscripción de una Póliza de Seguros con una compañía reconocida oficialmente de conformidad con el reglamento que para tal efecto expida el Concejo Municipal; también se establece la suscripción a su favor de una Póliza de vida en los términos del artículo 68 de la Ley 136 de 1994, reconocimiento que busca responder a un clamor reiterado de los ediles del país. • Se incluye un nuevo artículo que busca flexibilizar el tema de incompatibilidades para los ediles, queda excluida la incompatibilidad de celebrar contrato en nombre propio o ajeno, con las entidades públicas del respectivo municipio, o ser apoderados ante las mismas. • Se adicionan a las funciones de los municipios las de celebrar contratos con los organismos de acción comunal para la construcción de obras, consultorías, asesorías y prestación de servicios. • Se incluye dentro de las funciones de los alcaldes las relacionadas a la prosperidad integral de su región; y se busca crear el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, el cual servirá como instancia superior de concertación entre las autoridades locales, las comunidades rurales, organismos de acción comunal y las entidades públicas en materia de desarrollo rural. • Se crea un artículo sobre categorización de Municipios y Distritos que busca incluir la importancia económica como un factor adicional para la categorización, los valores de población e ingresos corrientes de libre destinación no sufren variación, esto pretende crear una herramienta que vaya más allá de la disciplina fiscal. • Los Concejos Municipales actuarán en las sesiones, de conformidad al régimen de bancadas. • Se fortalece la capacitación y formación gratuita a los concejales. • Se establecen nuevas funciones a los ediles en materia de apoyo a la convivencia ciudadana. Los ediles apoyarán las normas de convivencia ciudadana en lo local y apoyarán la aplicación de las normas de convivencia en las comunas y corregimientos actuando como agentes de convivencia. • Municipios de frontera estarán fortalecidos como agentes de integración. Los municipios de frontera podrán celebrar convenios con entidades 57 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia territoriales limítrofes del mismo nivel para adelantar programas de cooperación e integración que fomenten el desarrollo comunitario, la prestación de servicios públicos y la preservación del medio ambiente. • Se modifican los requisitos de creación de municipios. Para garantizar municipios sostenibles y evitar la fracturación de los actuales en torno de temas tales como la mera disputa por las regalías. • Las Asociaciones de áreas metropolitanas podrán convertirse en distritos. Se establecen criterios para la determinación de los hechos metropolitanos que afectan a las áreas urbanas y se fijan elementos procedimentales en lo relacionado a la Conversión de las Áreas Metropolitanas en Distritos. • Se establecen facultades al alcalde para la prevención y atención del riesgo medioambiental permanentes. Los alcaldes podrán celebrar contratos dirigidos a atender situaciones de desastres o riesgos inminentes y seguridad, sin que necesiten para estos casos específicos autorización del Concejo Municipal. • Se faculta a los concejos municipales para invitar a sus sesiones, cuando lo consideren necesario, a los diferentes funcionarios del Orden Departamental, con excepción del gobernador y los representantes legales de los organismos descentralizados y de los establecimientos públicos del orden nacional. • El monto de los salarios para los Contralores y Personeros de los municipios y distritos, será determinado por el concejo municipal conforme lo previsto en el parágrafo del artículo 12 de la Ley 4 de 1992, sin correspondencia alguna con el salario del Alcalde, y en todo caso sin exceder dicho salario. • Se deberá dar prioridad a las propuestas de inversión presentadas por las respectivas organizaciones de la comunidad en que garanticen complemento con trabajo comunitario, dentro del marco de los convenios. 1.4.8. Código de Régimen Departamental Proyecto de Ley. “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y funcionamiento de los Departamentos”. Síntesis. El proyecto de Ley de reforma al Régimen Departamental, responde a la necesidad de dotar a los Departamentos de importantes funciones y de un régimen normativo acorde con los principios que inspiraron la Constitución de 1991, llenando amplios vacíos normativos sobre el papel del Departamento, de los Gobernadores y los Diputados, con las aspiraciones de autonomía y flexibilidad exigida por las realidades territoriales, por cuanto el estatuto que viene rigiendo en esta materia, ha sido el Decreto 1222 de 1986. 58 Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 Contenido • Es notable, que persisten obstáculos para el desarrollo efectivo de las capacidades institucionales en el ámbito regional y local. En particular, en los Departamentos, los cuales requieren la expedición de una legislación moderna que oriente de manera clara sus competencias y reposicione su utilidad como entidad intermedia entre los municipios y la nación. El Decreto 1222 de 1986 expedido hace más de 20 años requiere ser modificado de modo que se logre adecuar efectivamente el funcionamiento y organización de los departamentos a las nuevas condiciones del país, introduciendo mecanismos que hagan más flexibles y eficientes los modelos de gestión que permitan a estas entidades territoriales prestar mejores servicios y propiciar un mayor desarrollo económico y social. • De igual forma, el país necesita Departamentos competitivos, con un modelo de competencias actualizado, moderno y versátil; que se sustente en principios esenciales como la diversidad, la autonomía territorial, la competitividad, la transparencia y el control político de cara a la comunidad. • En tal contexto, este es un proyecto realmente novedoso y vital para el mejoramiento de la competitividad e integración del nivel territorial, que se inspira en los nuevos conceptos sobre gerencia regional, control político y planificación del desarrollo y, que tiene como propósito el contribuir a dotar a los departamentos de un régimen político y administrativo, basado cada vez más en la autonomía y en la claridad de las reglas para su operación y funcionamiento. • Con esta iniciativa, los gobernadores tendrán la obligación y competencia de promover el desarrollo local, la integración y competitividad económica dentro de su territorio y con otros departamentos. • La Nación podrá delegar en los Departamentos el ejercicio de algunas atribuciones propias de los organismos y entidades públicas nacionales, trasladando los recursos necesarios, mediante la modalidad de contrato plan. • Se aplica la reforma política a las asambleas departamentales. Habrá silla vacía, y sanciones por inasistencia a sesiones y régimen de bancadas. Se refuerza el Control político de asambleas, moción de censura y moción de observaciones. • Se regula el régimen de inhabilidades e incompatibilidades actualizando con las sentencias del Consejo de Estado y la reforma política. Entre otras, se establece como inhabilidad nueva el haber sido condenado por delitos de lesa humanidad. • Los Departamentos y Municipios de frontera podrán celebrar convenios con entidades territoriales de la misma naturaleza para el desarrollo de sus competencias y fortalecer la integración territorial, previo concepto de la Cancillería y en armonía con las políticas nacionales. 59 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia • Se actualiza el régimen prestacional de los diputados, de conformidad con la Ley 617 de 2000 y Art. 11 de la Ley 4ª de 1966. • Se establece la posibilidad de crear provincias administrativas y de planificación al interior de los departamentos con participación en los ingresos y rentas del Departamento para fortalecer la integración y el desarrollo local. • Se crea la competencia para los gobernadores de armonizar los planes de ordenamiento territorial municipales con el fin de coordinar el desarrollo local. • Se crea una junta de coordinación departamental para complementar y apoyar la gestión de los municipios dentro de la respectiva jurisdicción. 1.4.9. Nuevo Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos Proyecto de Ley No. 242 de 2011 Senado. “Por la cual se expide el Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos y se dictan otras disposiciones”. Estado: Aprobado en Primer Debate – Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado de la República. Síntesis: El Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos, consolida la modernización de la prestación del servicio público registral, el acceso a las zonas más apartadas del territorio nacional para garantizar el acceso a la población desplazada y campesina mediante Unidades Móviles. Se prevé una mayor organización dividiendo el territorio nacional en cinco (5) círculos registrales y fortaleciendo la inspección control y vigilancia por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro, así como el desarrollo del mandato constitucional previsto en el artículo 131 para garantizar el acceso a la carrera registral bajo condiciones uniformes en garantía al principio de igualdad. Reformas al Sistema Registral de Folio Real de Matrícula Inmobiliaria y Modernización del Servicio • Se recogen los diferentes sistemas registrales existentes, facultando a la Superintendencia de Notariado y Registro, para la adopción de un único sistema para una mejor funcionalidad e interoperabilidad según lo demande la mejor prestación del servicio. • Se propone la utilización de todos aquellos medios tecnológicos que 60 propendan por la sistematización de las etapas del proceso de registro, en especial, la radicación para el acceso al servicio en cualquier lugar del territorio colombiano a través de las notarías, despachos judiciales y entidades públicas. Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 • El envío electrónico de los documentos o títulos digitalizados sujetos a registro con la utilización de la firma digital, como garantía de seguridad y confiabilidad de la información que debe llegar a las Oficinas de Registro. • Implementación de botones de pago (entidades bancarias) para que se puedan cancelar los impuestos y derechos de registro que se generan por el servicio. También permitirá el acceso de la expedición de los certificados de libertad y tradición, a través de canales alternos por medios electrónicos (Internet). • Se prevé un término perentorio de tres (3) años para la sistematización de los folios de matrícula inmobiliaria del país. • Se fortalece la interrelación registro-catastro, estableciéndose las obligaciones recíprocas para cada una de las entidades (catastro – Instituto Geográfico Agustín Codazzi y Superintendencia de Notariado y Registro). Reformas al Acceso del Registro de Instrumentos Públicos • Se establece el Registro Móvil, con la finalidad de llegar a la cobertura total de la prestación del servicio público registral, extendiendo su función por medio de la creación de estas unidades móviles. • Con la implementación de estas unidades móviles se garantizará la prestación del servicio en zonas apartadas de la geografía nacional, mediante la adopción de jornadas especiales de registro de instrumentos públicos para la regularización de títulos, con prioridad a la población desplazada y campesina. Reformas a la Apertura de Folio de Matrícula Inmobiliaria • Como producto de la iniciativa del Gobierno Nacional y en desarrollo de la Política Nacional de Formalización de Restitución de Tierras y de la Propiedad Rural, se asignará folio de matrícula inmobiliaria a todos los bienes baldíos, con la finalidad de frenar la ilegal apropiación que de estos terrenos hacen algunas en particular y por ende, tener un mayor control por parte del Estado sobre su propiedad inmueble. • Se pretende de igual manera brindar un mayor fortalecimiento a la propiedad inmueble, ya que la informalidad en la tenencia de la tierra ha facilitado el despojo y obstaculización en la reparación y restitución de tierras. Reforma a la Organización del Servicio Público Registral • Con miras a lograr la debida prestación, funcionamiento y control del servicio registral, así como la capacitación de los funcionarios de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, se divide el territorio nacional en cinco (5) círculos registrales regionales, así: (1) Círculo Región Caribe; (2) Círculo Región Pacífica; (3) Círculo Región Orinoquía; (4) Círculo Región Central; y, (5) Círculo Región Andina. 61 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia • Dependiendo de las necesidades, esta división permitirá establecer la categoría de la oficina de registro en principal o seccional, así como la designación de los registradores, permitiendo que dentro de una misma región, por necesidades del servicio se pueda ejercer el cargo en cualquiera de ellas. Disposiciones en Materia de Acceso a la Carrera Registral • Se desarrolla el mandato constitucional consagrado en el artículo 131 de la Constitución Política, que obliga al Gobierno a llamar a concurso para el ingreso a la carrera registral. • Se crea el Consejo Superior de la Carrera Registral, como organismo rector para la convocatoria, administración y realización de los concursos para el acceso y permanencia a la carrera registral. • Se establecen los lineamientos generales para el concurso de méritos, tales como requisitos, valoración de antecedentes, prueba de conocimiento, entrevista y conformación de la lista de elegibles. Los anteriores lineamientos obedecen a condiciones uniformes e iguales, que determinen la idoneidad y capacidad para el ejercicio de la función registral. Disposiciones en materia de responsabilidad e Inspección, Vigilancia y Control del Servicio Público Registral • Se establece de especial relevancia jurídica que los Registradores de Instrumentos Públicos tendrán la responsabilidad frente al proceso de registro, mas no de la inscripción sin justa causa de los instrumentos sujetos a registro. • Se fortalece como mecanismo de control en la prestación del servicio público registral, la facultad de la Superintendencia de Notariado y Registro, de intervenir las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de manera oficiosa o a petición de parte, por quejas de la ciudadanía en general o por cualquiera de los órganos de control. Se distinguen tres (3) clases de intervenciones dependiendo de la gravedad de los hechos, se fija el procedimiento de la intervención, funciones del interventor y el acompañamiento de los órganos de control, independientemente de las acciones a que haya lugar en materia de responsabilidad disciplinaria, fiscal, patrimonial y penal. 62 Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 1.5. Leyes para la Eficiencia en la Justicia 1.5.1. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley No. 1437 de 2011. “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones”. Síntesis: La ley estableció un Código para regular de manera integral los asuntos relacionados con el procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo derogando el anterior estatuto contencioso administrativo previsto en el Decreto 01 de 1984 y sus normas complementarias. Contenido Las principales características de este nuevo estatuto administrativo son: • Se ajusta la normatividad a los fines, funciones y principios de la Constitución de 1991. • Se ajustan las disposiciones a la jurisprudencia de las Altas Cortes, fundamentalmente, a la del H. Consejo de Estado y la Corte Constitucional. • Se recoge en un solo estatuto la gran cantidad de normas que hoy hacen parte del Código Contencioso Administrativo y su legislación complementaria, difusa legislación que lo tiene convertido en una “colcha de retazos”. • Se incorporan, de manera relevante y decidida, las tecnologías de la información y la comunicación al proceso (audiencias virtuales, notificaciones, memoriales a través de la red, comunicación entre el despacho judicial y otras entidades, práctica de pruebas y actuaciones procesales en general). • Se establecen los derechos y obligaciones, tanto de ciudadanos como de autoridades, al igual que las prohibiciones, conflictos y motivos de recusación de estas. • Se establece la obligación para las autoridades de aplicar de manera uniforme las normas y la jurisprudencia al momento de resolver las peticiones de los asociados, estando obligada a extender los efectos de la jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado y garantizar que quienes se encuentren en la misma situación fáctica y jurídica reciban el mismo tratamiento. • Regulación del derecho de petición ante organizaciones e instituciones privadas como sociedades, corporaciones, fundaciones, asociaciones, organizaciones religiosas, cooperativas, instituciones financieras o clubes o 63 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia ante personas naturales, en los términos y bajo las condiciones previstas en el propio Código. • El establecimiento de un procedimiento administrativo general, salvo disposición legal en contrario. • El establecimiento de un procedimiento administrativo sancionatorio general, salvo disposición legal en contrario. • Regulación de las competencias de los distintos órganos de justicia de la jurisdicción de lo contencioso (Consejo de Estado, Tribunales Administrativos y Jueces Administrativos). • Consagración de un procedimiento administrativo mixto con alta injerencia de la oralidad. • Unificación de procedimientos contencioso administrativos y simplificación de trámites. • Fortalecimiento del régimen de medidas cautelares, convirtiendo al juez de lo contencioso en un verdadero director del proceso y permitiéndole otorgar por esta vía, la tutela anticipada de derechos. • La consagración de un procedimiento administrativo para la discusión y decisión de la aplicación o no de la extensión de los efectos de la jurisprudencia. • Robustecimiento de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del H. Consejo de Estado. 1.5.2. Código General del Proceso Proyecto de Ley No. 196 de 2011 Cámara. “Por la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”. Estado: Aprobado en Primer Debate – Comisión Primera Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes. Síntesis: Este proyecto de ley pretende establecer una nueva regulación procesal para los procesos civiles, comerciales, agrarios y de familia bajo un sistema procesal fundamentalmente basado en la oralidad. Contenido 64 • Se ajustan las disposiciones a los postulados de la Constitución de 1991. Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 • Se ajustan las disposiciones procesales a la jurisprudencia de las Altas Cortes, fundamentalmente, a la de la Sala de Casación Civil de la H. Corte Suprema de Justicia. • Se recoge en un solo estatuto la gran cantidad de normas que hoy hacen parte del Código de Procedimiento Civil y su legislación complementaria, difusa legislación que lo tiene convertido en una “colcha de retazos”. • Se incorporan, de manera relevante y decidida, las tecnologías de la información y la comunicación al proceso (audiencias virtuales, notificaciones, memoriales a través de la red, comunicación entre el despacho judicial y otras entidades, práctica de pruebas y actuaciones procesales en general). • Se introduce de manera sistemática la oralidad y el proceso por audiencias. El proceso tendrá tres etapas: (i) una inicial de demanda y contestación esencialmente escrita; (ii) una intermedia de audiencia de conciliación, saneamiento y control de legalidad, interrogatorio de las partes, fijación de hechos y decreto de pruebas; y, (iii) una final de práctica de pruebas, alegaciones y sentencia. • Se establece un término máximo de duración de los procesos, para hacer efectivo el principio de acceso a la justicia a través de un proceso de duración razonable. • Para democratizar el recurso de casación se propone la casación funcional, lo que permitirá a la Corte Suprema de Justicia de cualquier tema y unificar la jurisprudencia de los distintos tribunales en temas en que habitualmente no está dentro de sus competencias. • Se eliminan muchas vías procesales y se reducen al máximo las mismas. • Se fortalece el desistimiento tácito como forma anormal de terminación de los procesos. • Se consagra en Colombia, por primera vez, el proceso monitorio que con tan buenos resultados ha funcionado en otros países del mundo, permitiendo a quien no tiene título ejecutivo pero sí, alguna evidencia importante de una relación de crédito a su favor, que acuda a un proceso diferente del proceso ordinario clásico (un híbrido entre el ordinario y el ejecutivo). • Se establece un procedimiento expedito y especial para los asuntos relacionados con el derecho del consumidor. • Se establecen algunas reglas especiales de procedimiento para el funcionamiento de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica de la Nación. • Se conceden, a prevención, funciones jurisdiccionales a autoridades administrativas en materia de propiedad intelectual. 65 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia • Se hace énfasis en que las pruebas de oficio son un imperativo para el juez, como instrumento procesal indispensable para garantizar la prevalencia del derecho de igualdad de las partes. • Se establece presunción de autenticidad para todos los documentos emanados de las partes y de terceros. • Se establece, por primera vez, en el marco legislativo general, la carga dinámica de la prueba, según la cual le corresponde probar a quien esté en mejor condición o posibilidad de hacerlo. • Se establece que en todo proceso, el juez puede decretar cualquier medida cautelar innominada con el fin de hacer efectiva la protección anticipada de derechos o la tutela judicial efectiva anticipada. • Se establece como regla general la apelación en el efecto devolutivo de las sentencias judiciales. • Se establece, por primera vez en la legislación nacional, la posibilidad de efectuar cambios de radicación en procesos de naturaleza diferente del penal. • Se elimina la caución en el proceso ejecutivo para la práctica de medidas cautelares. 1.5.3. Reforma al Régimen para los Jueces de Paz Proyecto de Ley No. 248 de 2011 Senado “Por la cual se expide el régimen para los jueces de paz”. Estado: Aprobado en Primer Debate – Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado de la República. Síntesis: Se pretende establecer un nuevo régimen para los jueces de paz previstos en el artículo 247 de la Constitución Nacional. Lo anterior, con el fin de solucionar los problemas actuales que tiene dicha jurisdicción, incrementar la participación de la justicia en equidad y buscar mecanismos alternativos de solución de conflictos, además de contribuir a la descongestión judicial. • La principal reforma tiene por objetivo que estos Jueces, además de popularmente, puedan ser elegidos por Concurso de Méritos organizado por el Consejo Superior de la Judicatura. • Los requisitos para ser juez en equidad se aumentan en la medida en que se 66 exige que para ostentar dicha dignidad debe haberse pasado necesariamente por la investidura de Conciliador en Equidad, con el fin de hacer toda una carrera al interior de lo que se ha denominado la justicia en equidad. Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 • Se supera otra gran debilidad que actualmente tiene la Ley 497 de 1999 que es la falta de claridad sobre la responsabilidad institucional en el nivel nacional para impulsar la jurisdicción especial de paz. Se prevé que el Consejo Superior de la Judicatura realice esta tarea con la colaboración del Ministerio del Interior y de Justicia. • Para que los jueces de Paz puedan ejercer cabalmente su función se utilizarán los Centros de Convivencia, las Casas de Justicia y los lugares que provean los municipios para tales efectos. • En concordancia con lo establecido en el artículo 351 del Código de Procedimiento Civil, no se contempla la segunda instancia en las sentencias que se han proferido en equidad. En ese sentido, se eliminan los denominados Jueces de Reconsideración (segunda instancia de los Jueces de Paz). 1.5.4. Desmonopolización del ejercicio de la acción penal y delegación del Fiscal General de la Nación Proyecto de Acto Legislativo No. 020 Senado 2011 - 216 de 2011 – Cámara. “Por el cual se reforma el numeral 4 del artículo 235, el artículo 250 y el numeral 1 del artículo 251 de la Constitución Política”. Estado: Aprobado en Primera Vuelta (iniciativa parlamentaria). Síntesis: Este proyecto de acto legislativo pretende desmonopolizar el ejercicio de la acción penal que de acuerdo con la actual Constitución Nacional ejerce la Fiscalía General de la Nación, permitiéndose que la víctima y otras autoridades distintas a la Fiscalía la ejerzan, en los casos y bajo las condiciones y requisitos que establezca la ley. • Se prevé que atendiendo a la naturaleza del bien jurídico y a la menor lesividad de la conducta punible, el legislador podrá asignarle el ejercicio de la acción penal a la víctima o a otras autoridades distintas a la Fiscalía General de la Nación. En todo caso, la Fiscalía General de la Nación podrá actuar en forma preferente. • Se establece la posibilidad de delegación de funciones en los juicios contra aforados en que el Fiscal General de la Nación tiene la función de acusar (en los juicios contra Ministros del Despacho, Procurador General, Defensor del Pueblo, Agentes del Ministerio Público ante la Corte, ante el Consejo de Estado y ante los Tribunales; Directores de Departamentos Administrativos, Contralor General de la República, Embajadores y Jefe de Misión Diplomática o Consular, Gobernadores, Magistrados de Tribunales y Generales y Almirantes de la Fuerza Pública). • La delegación que se permite es en el Vicefiscal General de la Nación y en sus delegados de la unidad de fiscalías ante la Corte Suprema de Justicia. 67 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia 1.6. Leyes de Adaptación institucional ante los retos que impone el cambio climático 1.6.1. Bomberos Proyecto de Ley No. 202 de 2011 Cámara. “Por la cual se deroga la Ley 322, y se establece la Ley General de Bomberos de Colombia”. Síntesis. Busca fortalecer y modernizar el accionar de los Cuerpos de Bomberos, deroga la Ley 322 de 1996, y fortalece este servicio público frente a la gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos. El Sistema Nacional de Bomberos - Cuerpos de Bomberos • En la actualidad se definen los Cuerpos de Bomberos como las instituciones organizadas para la prevención y atención de incendios y demás calamidades conexas, clasificándolas en Cuerpos de Bomberos Oficiales y Cuerpos de Bomberos Voluntarios. Así mismo estipuló que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas a cargo de las instituciones bomberiles, son un servicio público esencial a cargo del Estado y señaló como obligación de los distritos, municipios y entidades territoriales indígenas, la prestación del servicio por medio de los Cuerpos Oficiales de Bomberos o mediante la celebración de contratos con los Cuerpos de Bomberos Voluntarios. • Los Cuerpos de Bomberos Oficiales son creados por los concejos distritales, municipales y quien haga sus veces en las entidades territoriales indígenas, mientras que los Cuerpos de Bomberos Voluntarios son Asociaciones Cívicas, sin ánimo de lucro, de utilidad común y con personería jurídica, organizadas para la prestación del servicio público de prevención y atención de incendios y calamidades conexas. • Son los responsables de atender los siguientes eventos: 68 Incendios forestales. Incendios estructurales. Rescate Acuático. Rescate Vehicular. Rescate Vertical. Búsqueda y Rescate Urbano USAR. Equipo Ksar (rescate canino). Materiales peligrosos. Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 • Además de lo anterior, los Cuerpos de Bomberos deben atender las emergencias relacionadas con: Incidentes eléctricos. Control de abejas. Accidentes aéreos en zonas urbanas. Atentados terroristas. Reforma • La reforma al sistema pretende que los cuerpos de bomberos cuenten con personal idóneo, altamente calificado, que les permita cumplir a cabalidad el servicio público esencial a su cargo. • Se propone la creación de juntas en los niveles territoriales y en el nivel nacional con el fin de crear estructuras de interlocución entre las autoridades locales y los cuerpos de bomberos, que permitan una eficiente prestación del servicio público. • En lo concerniente al sistema específico de carrera, y teniendo en cuenta las precisiones que ha hecho la Corte Constitucional en este tema, se considera pertinente la creación del sistema específico de carrera para el personal que labora en los Cuerpos Oficiales de Bomberos con los siguientes elementos: • Proceso de selección: Es necesario contar con un sistema de selección que además de garantizar el mérito y la igualdad de oportunidades para el ingreso, ascenso y permanencia, permita a la administración contar con instrumentos complementarios como son el curso-concurso. 69 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia • Requisitos especiales para el ingreso: Teniendo en cuenta las funciones y responsabilidades a cargo de los Cuerpos Oficiales de Bomberos, es importante el establecimiento de requisitos especiales de ingreso, tales como un sistema de competencias, perfil, edad, condiciones físicas y psíquicas, estudios de seguridad, entre otros. • Formación y capacitación: Para el cumplimiento de las funciones asignadas a los Cuerpos de Bomberos, se requiere una formación específica permanente que comprende las diferentes especialidades, así como el manejo de los equipos necesarios para la operación. • Entrenamiento: Por las características de las actividades que deben adelantar los bomberos para el desempeño de sus funciones, requieren permanente entrenamiento técnico y físico, para garantizar una respuesta adecuada en las operaciones de emergencia. • Ascensos: El Ascenso debería estar regulado en función de la formación, capacitación, entrenamiento y evaluación del desempeño, teniendo en cuenta las especialidades que operan en los Cuerpos Oficiales de Bomberos. • Sistema de bienestar y estímulos: Con el fin de garantizar la prestación ininterrumpida del servicio público esencial a cargo de los Cuerpos Oficiales de Bomberos, estos servidores públicos laboran por el sistema turnos, que en la mayoría de los casos superan en mucho la jornada diaria de los demás servidores del Estado. Esta situación hace que se requiera implementar programas especiales de bienestar y sistemas de incentivos acordes con esta realidad. • Retiro del servicio: Teniendo en cuenta que el servicio público a cargo de los Cuerpos Oficiales de Bomberos tiene el carácter de esencial, es importante que se considere establecer reglas que garanticen la permanencia y retiro del personal atendiendo esta condición. Financiación del Fondo Nacional de Bomberos • Se propone que toda entidad aseguradora que haya otorgado la cobertura de riesgos por daños materiales deberá aportar al Fondo Nacional de Bomberos una suma equivalente al 2% sobre el valor pagado de la póliza de seguro. • De igual forma, se regla la manera por la cual los municipios y distritos, previa concertación de unos Planes Anuales Departamentales de Bomberos con las respectivas Juntas Departamentales de Bomberos, pueden acceder a los recursos. 70 Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 1.6.2. Voluntariado Proyecto de Ley No. 204 de 2011 Cámara. “Por medio de la cual se crea el Sistema Nacional de Voluntarios de Primera Respuesta y se otorgan estímulos a los voluntarios de la Defensa Civil, los Cuerpos de Bomberos de Colombia y la Cruz Roja Colombiana y se dictan otras disposiciones en materia de voluntariado”. Síntesis: Otorga estímulos en materia de Seguridad Social, Salud y Riesgos Profesionales, Educación y Vivienda, a los colombianos que por iniciativa particular integran el cuerpo de voluntarios de los Cuerpos de Bomberos, Defensa Civil y Cruz Roja. Contenido • Propone la creación del sistema de primera respuesta. Además, su objeto es estimular en materia educativa a estos voluntarios, para que dada su condición de miembros activos y voluntarios de la Defensa Civil Colombiana, Cruz Roja Colombiana y Cuerpos de Bomberos de Colombia, puedan acceder a programas, obtener descuentos económicos en los derechos pecuniarios que se cobren de acuerdo a la ley, y acceder a becas ofrecidas por las instituciones educativas. • Además, pretende que los voluntarios accedan a la Seguridad Social, en materia de salud, a través del régimen subsidiado, posibilitando al voluntario y a sus familiares, en los términos de la ley, la atención, protección y recuperación. • En términos de derechos fundamentales, el derecho a una vivienda digna, poder acceder a programas de Subsidio Familiar de Vivienda y Vivienda de Interés Social, programas enmarcados dentro de las políticas sociales del Plan Nacional de Desarrollo. • Y por último propone implementar el servicio social obligatorio en los casos en que exista objeción de conciencia, para la utilización de armas de fuego, al momento de ser llamado a prestar el servicio militar obligatorio. 1.7. Leyes para la garantía de la propiedad intelectual 1.7.1. Ley de Protección de Datos Personales Proyecto de Ley Estatutaria No. 184 de 2010 Senado – 046 de 2010 Cámara. “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”. Estado. Control previo de constitucionalidad ante la Corte Constitucional. 71 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia Síntesis. Era necesario que Colombia contara con un sistema robusto de protección que otorgue a los titulares mecanismos precisos para salvaguardar sus derechos ante los Responsables o Encargados del tratamiento, los cuales se concretan en mecanismos para que sus reclamos sean conocidos por aquellos Responsables o Encargados y en caso de que la respuesta no sea satisfactoria para el Titular, la posibilidad de acudir a la autoridad de control. Contenido • Es una realidad mundial que la automatización en los procesos de recolección y tratamiento de datos personales plantean no pocas incertidumbres a quienes los proporcionan sin que muchas veces se conozca la finalidad de tal recolección, si son objeto de un uso adecuado o por el contrario, esos datos entran al mercado negro de la comercialización de información de alta importancia para diversos actores sobre todo empresariales. • Comoquiera que en múltiples actividades cotidianas y en distintos ámbitos, los ciudadanos para acceder a bienes y servicios entregan una gama más o menos amplia de datos personales, y que en la circulación de los mismos no siempre se observa el debido cuidado frente al manejo de esa información, era necesario que el país contara con una legislación integral y transversal que garantice la protección efectiva de los datos personales en todo el proceso de tratamiento. • Esto significa que en su recolección, almacenamiento, registro, uso o divulgación se garantice que desde el otorgamiento del consentimiento por parte del Titular para que sean utilizados con los fines que se le indiquen, hasta el momento en que tal uso se efectúe legítimamente por parte de un tercero, se hayan utilizado altos estándares de calidad en el manejo de la información al tiempo que se le otorguen claras herramientas al Titular para exigir medidas concretas de protección frente a cualquier vulneración de que pudiera ser víctima. • A pesar de que en Colombia existen algunas disposiciones normativas sobre protección de datos, desarrolladas en el ámbito de diferentes normas sectoriales, las mismas nunca han tenido la pretensión de desarrollar integralmente el derecho al hábeas data y por tanto carecen de conexidad entre ellas. • De esta manera, esta ley dota de una verdadera reclamación en vía administrativa a los ciudadanos para ser ejercida ante cualquier vulneración al derecho fundamental del hábeas data y frente a todo tipo de datos reforzando entonces el carácter subsidiario que tiene la acción constitucional de tutela y que hasta el momento se había convertido en la principal y tal vez única herramienta con que contaban las personas para la protección efectiva de sus derechos. 72 • Es importante señalar que esta Ley complementa la Ley 1266 de 2008, que se refiere a un ámbito muy preciso de datos y responde a particulares necesidades Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 de los usuarios del sector financiero que es necesario conservar. Este proyecto se encarga del universo de los demás datos personales que la Ley 1266 de 2008 no cobija. • La ley incorpora en la legislación nacional las mejores prácticas internacionales en materia de protección de datos contempladas en el Convenio 108 de 1981 del Consejo de Europa, la Directiva Europea 95/46 de 1995, la Resolución 45/95 de 1990 de la ONU y la Resolución de Madrid de 2009, con el objetivo de lograr con esta ley la acreditación de Colombia por parte de la Unión Europea como un país seguro en protección de datos y así poder acceder al mercado europeo sin restricciones, atrayendo inversión extranjera y generando nuevos empleos. • En cuanto a las categorías especiales de datos, la ley hace referencia a los datos sensibles los cuales afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, así como los datos relativos a la salud y la vida sexual. • Estos datos en principio no pueden ser objeto de tratamiento; sin embargo, se establecen algunas excepciones en relación con salvaguardar la vida del titular, que sean necesarios para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial o para fines estadísticos, científicos o históricos. Asimismo, cuando el titular lo exprese claramente podrán ser tratados sus datos sensibles. • Se hace referencia explícita a la protección especial que tienen los datos personales de las niñas, niños y adolecentes y que queda proscrito el tratamiento, uso, divulgación, publicación o circulación cuyo fin sea su comercialización, tráfico, venta o cesión a terceros. • Asimismo, se establece la del Estado y las entidades educativas de todo tipo que deberán proveer información y fortalecer a los padres y tutores sobre los eventuales riesgos a los que se enfrentan las niñas, niños y adolescentes respecto del tratamiento indebido de sus datos personales, y proveer de conocimiento acerca del uso responsable y seguro por parte de niños, niñas y adolescentes de sus datos, su derecho a la privacidad y protección de su información personal. • Los derechos de los titulares, se refiere al derecho que tienen los titulares a conocer, actualizar, rectificar y suprimir sus datos personales. Su importancia radica en ser una reafirmación legal del Derecho Fundamental al hábeas data, contemplado en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia. • Además, la Ley reconoce una serie de derechos en cabeza de los titulares de la información, que se derivan del derecho al hábeas data y sirven para complementarlo, fijando su alcance frente a situaciones específicas. Así, vemos cómo contempla los siguientes derechos: 73 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia • Solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del tratamiento. • Ser informado por el responsable del tratamiento o el encargado del tratamiento respecto del uso que le ha dado a sus datos personales. • Presentar ante la autoridad de control quejas por infracciones a lo dispuesto en la presente ley y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen. • Revocar la autorización cuando en el tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales, y • Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de tratamiento. • Vale la pena destacar como novedades normativas, la posibilidad que se le brinda al titular de revocar su autorización y la gratuidad como norma general para la consulta de los datos por parte de sus titulares. • Otro aspecto que incorpora la ley es la manera en que debe suministrarse la información a los titulares que la soliciten en ejercicio de su derecho de hábeas data. El propósito es garantizar la efectividad de las consultas realizadas por estos, exigiendo que la información que se les suministre sea de fácil lectura, sin barreras técnicas que impidan su acceso y corresponder en un todo a aquella que repose en la base de datos. • Como medida para garantizar que el otorgamiento de la autorización previa al tratamiento de sus datos, se realice de manera consentida, se establece en cabeza del responsable del tratamiento, la obligación de suministrar al titular la siguiente información: • El tratamiento al cual serán sometidos sus datos personales y la finalidad. • El carácter facultativo de la respuesta a las preguntas que le sean hechas cuando estas versen sobre datos sensibles. • Los derechos que le asisten como titular. • La identificación, dirección y teléfono del responsable del tratamiento encargado. • Asimismo se define el procedimiento para la atención de los reclamos presentados por titulares o causahabientes para el ejercicio de sus derechos, estableciendo la forma y contenido para documentar su formulación. • Se fijan unos términos precisos para que el responsable o encargado del 74 tratamiento traslade al competente el reclamo para su atención; requiera al interesado para que complete la solicitud; registre en la base de datos la novedad y resuelva finalmente el reclamo, concediendo una prórroga de ocho (8) días hábiles en caso de no ser atendida dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de su recibo. Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 • Las nuevas funciones que ostenta la Superintendencia de Industria y Comercio como autoridad de control comprenden la posibilidad de adelantar investigaciones administrativas, disponer el bloqueo, actualización y corrección de datos personales, la promoción y divulgación de los derechos de los ciudadanos, administrar el Registro Nacional Público de Bases de Datos, impartir instrucciones y pronunciarse con relación a las transferencias internacionales de datos. Igualmente, se establece que las multas que sean impartidas por el incumplimiento de lo estipulado en esta ley serán destinadas a la Superintendencia de Industria y Comercio para financiar su actividad como autoridad de control. • Como resultado de las investigaciones administrativas previstas, la Ley contempla las siguientes sanciones que pueden ser impuestas por la Superintendencia de Industria y Comercio: (a) multas de carácter personal e institucional hasta por dos mil (2.000) salarios mínimos, (b) suspensión de las actividades hasta por seis (6) meses, (c) cierre temporal de las operaciones y (d) cierre definitivo cuando se produzcan tratamientos de datos sensibles. En la graduación de las sanciones la Superintendencia tendrá en cuenta una serie de criterios con el fin de determinar si aplica una sanción más o menos alta. • Se asignan a la Superintendencia plenas facultades para el adecuado cumplimiento de las normas sobre protección de datos, medida que dota a los titulares de información de plenas garantías para el ejercicio de su derecho fundamental de hábeas data, al tiempo que logra la descongestión efectiva de los despachos de tutela quienes, en adelante, verán una disminución en el número de acciones de tutelas presentadas en esta materia. 1.7.2. Proyecto de Ley de Derecho de Autor en Internet Proyecto de Ley No. 241 de 2011 Senado. “Por medio de la cual se regula la responsabilidad al derecho de autor y derechos de propiedad intelectual en Internet”. Estado: Aprobado en Primer Debate – Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado de la República. Síntesis: Este proyecto de ley atiende a la necesidad, señalada en el Plan Nacional de Desarrollo, de actualizar la normatividad en materia de derecho de autor y derechos conexos de cara a los retos de la utilización de obras y prestaciones protegidas en las redes informáticas, siendo también una obligación del Estado colombiano en relación con el cumplimiento de sus distintos compromisos internacionales en implementar mecanismos eficaces de protección y observancia al derecho de autor. Mecanismo de autorregulación • En el marco de unas causales de exoneración de responsabilidad de los proveedores de servicios en Internet por las infracciones contra el derecho de 75 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia autor en que incurran sus usuarios, se consagra un mecanismo extrajudicial o de autorregulación para la detección y retiro de contenidos publicados con infracción a este derecho. • A instancias de este mecanismo, el titular del derecho de autor remite una comunicación escrita informando al proveedor de servicios de Internet sobre un acto presuntamente infractor, solicitando el retiro o inhabilitación de dicho contenido. • El proveedor de servicios de Internet es libre de aceptar o no la medida solicitada. Si lo hace, se beneficia al exonerarse de cualquier responsabilidad por la infracción que haya cometido su usuario en contra del derecho de autor. Si no lo hace, el titular del derecho de autor podrá acudir a la jurisdicción a solicitar una medida cautelar y/o demandar en un proceso de conocimiento el retiro o inhabilitación del material infractor. • El proveedor del contenido, debe ser notificado por el prestador de servicios 76 de Internet de su decisión de retirar o inhabilitar el acceso a dicho contenido. Como garantía de su derecho de defensa y demás derechos involucrados en la libertad de publicar y difundir información, dicho proveedor del contenido puede remitir al proveedor de servicios una solicitud de restablecimiento Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 en donde puede argumentar y demostrar cualquier motivo por el cual el acceso al contenido debe ser restaurado. Una vez recibida la solicitud de restablecimiento, el prestador de servicios deberá decidir sobre la misma. • La naturaleza de este mecanismo, y su verdadera razón de ser, es la de constituir un mecanismo contractual en donde el proveedor de servicios, en previsión de una condición resolutoria por incumplimiento de dicho usuario a los términos y condiciones del servicio, se reserva el derecho de bloquear o inhabilitar contenidos cuando un tercero (el titular de derecho de autor o su representante) le informa acerca de una supuesta infracción a sus derechos. Esta condición resolutoria procede previa información y consentimiento del usuario. Reforma a las medidas cautelares en derecho de autor • Se modifica el artículo 244 de la Ley 23 de 1982 sobre derechos de autor, a efecto de incluir la posibilidad de promover medidas cautelares de carácter judicial, en las que –previo pago de una caución– el Juez pueda ordenar el retiro o inhabilitación de un contenido publicado en Internet, o la suspensión de la conexión de un usuario. Reforma al Código Penal • Se añade un nuevo tipo penal en el que se sanciona la conducta de poner a disposición a través de una red informática accesible al público, a efectos de comercialización, una obra de carácter literario o artístico o una prestación protegida por los derechos conexos, obras cinematográficas, fonogramas, videogramas, programas de ordenador, obras fotográficas, entre otras, o venda u ofrezca reproducciones de las mismas en formato digital a través de las redes mencionadas. La pena correspondiente a este delito es de prisión de 4 a 8 años y multa por el valor de 26 a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Garantía de derechos constitucionales El procedimiento de detección y retiro de contenidos ilegalmente publicados en Internet, contiene diversos contrapesos o garantías que operan a favor del usuario que publica contenidos, así: • La posibilidad de retirar o bloquear contenidos infractores del derecho de autor habrá de ser previamente informada al usuario del servicio y aceptada por este, dentro del contrato respecto o en las condiciones y términos de uso. • El retiro o bloqueo de contenidos reclamados como infractores no es una obligación para el proveedor de servicios, sino una opción a la que podrá acudir cuando –en su criterio– deba exonerarse de responsabilidad ante una eventual infracción de derecho de autor. 77 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia • El usuario que publicó el contenido supuestamente infractor, cuenta con la posibilidad de solicitar su restablecimiento ante el mismo proveedor de servicios en Internet. • La posibilidad de que se formulen notificaciones o denuncias infundadas ante el proveedor de servicios, está contemplada y acarrea la obligación de indemnizar los daños causados a cualquier parte interesada. • Los ISP no tienen la obligación de supervisar los datos que transmitan, almacenen o refieran. • Los ISP no tienen la obligación de realizar búsquedas de hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas. • No se podrán bloquear páginas web completas, solo contenidos específicos debidamente identificados como infractores al derecho de autor. • Obliga a los ISP a informar la causa de los retiros, y restaurarlos en caso que exista algún tipo de discrepancia. • Impone a los jueces la obligación de utilizar criterios de razonabilidad a la hora de decretar medidas cautelares. • Limita a los jueces para que cuando ordenen una medida cautelar o el bloqueo definitivo de algún material, no afecte los contenidos puestos a disposición legítimamente por los usuarios. 78 Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 1.8. Ley para el Deporte Profesional 1.8.1. Ley 1445 de 2011. “Por la cual se modifica la Ley 181 de 1995 y se dictan otras disposiciones en relación con el Deporte Profesional” Síntesis. Para continuar con la política de depuración de las organizaciones sociales, la ley propone la creación de una esquema que permita convertir las tradicionales corporaciones y asociaciones deportivas sin ánimo de lucro en sociedades anónimas, incluyendo algunas particularidades propias del Deporte Profesional dentro del cual se destaca el fútbol, recogiendo para el efecto la experiencia que en este sentido se ha surtido con éxito en las legislaciones de otros países tales como España y Chile. Contenido • En materia de vigilancia, transparencia y control de los clubes deportivos, a partir de esta ley, y durante el próximo año, los clubes deben escoger entre dos opciones: o funcionan como corporaciones sin ánimo de lucro o funcionan como Sociedades Anónimas. Se está acabando con esas asociaciones híbridas que nadan en dos aguas evitando el control del Estado. 79 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia • Por un lado, las Sociedades Anónimas quedan sometidas al régimen del Código de Comercio. Y de otra parte, las corporaciones sin ánimo de lucro quedan sometidas al Código Civil. Esta medida nos permitirá saber quiénes son los dueños de los clubes deportivos y hacer un mejor filtro para evitar el ingreso de dineros provenientes de actividades ilegales. • Además, los representantes legales de los equipos quedan con la obligación de informar semestralmente a la UIAF sobre los recursos de sus accionistas o asociados. También, los representantes legales están obligados a reportar cualquier ingreso de dineros sospechosos. • La Ley busca la democratización e inyección de recursos para los clubes deportivos. En el caso de las corporaciones sin ánimo de lucro, todos sus aportantes tendrán el mismo derecho a un solo voto. En otras palabras, todos tendrán el mismo poder de decisión, independientemente del aporte. • Si se quieren convertir en Sociedades Anónimas, allí sí podrán tener tantos votos como acciones posean. Pero eso tiene una condición y es que, quienes quieran dar ese paso, deberán al menos duplicar su aporte inicial para hacer parte de la nueva sociedad. Eso va a significar no sólo la llegada de nuevos inversionistas sino también de nuevo capital. • En todo caso, ninguna persona natural o jurídica podrá tener control en más de un club del mismo deporte, ni directamente ni por vía de intermediarios. • La Ley de Clubes Deportivos, establece una serie de medidas en materia de protección de los derechos laborales de los deportistas, las cuales buscan impedir que se siga repitiendo la historia de jugadores que no reciben salarios. Para cumplir con este propósito se otorga a Coldeportes la facultad de sancionar con la suspensión del reconocimiento deportivo a los clubes que incumplan con el pago a sus jugadores por más de sesenta (60) días. Esto significa que un club que se atrase en el pago de la nómina, no podrá seguir jugando el campeonato hasta que se ponga al día. • Por otra parte, ningún club podrá obtener un nuevo reconocimiento deportivo por parte de Coldeportes hasta que se confirme la cancelación de todas sus obligaciones laborales y de seguridad social. Con esta medida la Ley pretende evitar el ‘carrusel’ que permite a los clubes cambiar de nombre para evadir deudas frente a jugadores y acreedores. • Así mismo, la Ley incorpora medidas en cuanto a la seguridad y la convivencia 80 en los espacios deportivos; esperamos que con la implementación de estas disposiciones en Colombia sea posible jugar fútbol sin necesidad de mallas que separen la tribuna del campo de juego y se cuente con una silletería completamente numerada. Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 • La ley contiene un riguroso régimen penal para aquellos hinchas que lancen objetos peligrosos, no sólo dentro de un estadio, sino en cualquier lugar relacionado con el evento deportivo, la pena es cárcel entre uno (1) y cinco (5) años. Es así como, a partir de esta ley hay cárcel para los vándalos que destruyan los alrededores comerciales y residenciales de los estadios. Y también para quienes lancen piedras a un bus con jugadores o hinchas de otro equipo. La sanción será aumentada si se usan artefactos explosivos, elementos incendiarios o sustancias químicas. La agresión física o verbal –o el daño a la infraestructura deportiva– motivará sanciones que no sólo contemplan multas, sino también la prohibición de volver a escenarios deportivos hasta por cinco (5) años. En el caso de los menores de edad, los padres tendrán que responder por los desmanes de sus hijos, e incluso corren el riesgo de empezar un proceso de pérdida de custodia. 81 Capítulo 2 Fortalecer las alcaldías y gobernaciones y crear canales de comunicación con el Gobierno Nacional El Ministerio del Interior y de Justicia, en materia de fortalecimiento de la gobernabilidad territorial y afianzamiento de la relación Nación –Territorio, gestionó proyectos que propenden por la sostenibilidad política del proceso de descentralización para la superación de la débil gestión administrativa territorial, formuló e implementó el Centro Integral de Atención al Alcalde y al Gobernador, como un espacio de integración, apoyo y acercamiento entre el Estado central y las entidades territoriales, definió el portafolio de servicios de la oferta institucional y el plan de divulgación a nivel territorial y creó un programa académico de inducción a la administración pública para autoridades territoriales elegidas en los comicios del 30 de octubre de 2011. También, realizó seguimiento al desarrollo y fortalecimiento de los Planes Integrales de Seguridad Ciudadana en (41) cuarenta y un municipios. De igual modo, organizó y puso en marcha el Observatorio de Seguridad Ciudadana y Orden Público que ha producido entre agosto de 2010 y julio de 2011 treinta y cinco (35) informes analíticos, conducentes al fortalecimiento de la política pública en la materia. Además de ello, el Ministerio asistió técnicamente a seiscientos sesenta y nueve (669) entidades territoriales para la superación del estado de cosas inconstitucional en cuanto al desplazamiento forzado. Realizó también un trabajo mancomunado con otras instituciones para la elaboración de una caja de herramientas en la que se compilaron elementos conceptuales y metodológicos que buscan dar soporte técnico a las entidades territoriales en materia de atención y prevención del desplazamiento forzado. De la misma forma, los avances del Ministerio en la lucha contra la trata de personas han sido importantes. En este periodo se logró la sensibilización, frente al tema, de 377 jóvenes y de 3.100 personas adultas de salones de bellezas y centros de estética, por medio de jornadas de sensibilización realizadas en distintos departamentos del país. Se lanzó también el video y la canción ¿Adónde vas María?, campaña dirigida a las jóvenes entre los 14 y 26 años de edad, por ser este uno de los grupos poblacionales más vulnerables. Otro de los grandes avances en la materia, lo consiguieron el Comité Interinstitucional de lucha contra la Trata de Personas en cabeza del Ministerio del Interior y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), mediante el 83 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia diseño de la ruta nacional piloto de asistencia a las víctimas de la trata de personas. Esta ruta articula las acciones que deben llevarse a cabo en relación con las víctimas adultas de este delito. Desde junio del presente año este Ministerio pone a disposición de la ciudadanía la Línea Gratuita Nacional contra la Trata de Personas 01 8000 52 2020, la cual funciona las 24 horas del día, durante los 7 días de la semana, con el propósito de brindar información y asistencia frente a los posibles casos de trata de personas. 2.1. Fortalecer la Gobernabilidad Territorial y Afianzar la Relación Nación-Territorio Con el fin de fortalecer y crear condiciones apropiadas en los territorios para alcanzar la seguridad, convivencia ciudadana, equidad y desarrollo institucional, el Gobierno Nacional plantea como una de sus principales estrategias el fortalecimiento de las relaciones Nación-territorio, con lo cual pretende: crear, impulsar y fortalecer instancias, mecanismos y espacios de coordinación y articulación entre los diferentes niveles de gobierno y las expresiones de la sociedad civil, lo que implica desarrollar políticas públicas que contribuyan con su fortalecimiento y consolidación, acompañadas necesariamente de los mecanismos idóneos para asegurar el logro efectivo de sus objetivos. Recursos de Inversión Años 2010 2011 2012 * Valor $90.773.885 $100.000.000 $6.000.000.000 *Valor solicitado. 2.1.1. Asistencia técnica a autoridades territoriales Partiendo de la convicción de que departamentos fortalecidos administrativa, política y financieramente son la mejor vía para asegurar el fomento municipal, dada la competencia que al respecto tienen los departamentos, se continuará con una estrategia consistente en brindar apoyo directo a los departamentos y autoridades locales, para generar mayores capacidades de gestión en las administraciones municipales y enfrentar los problemas de diseño, de capacidad de gestión, de restricciones estructurales y de articulación entre niveles de gobierno. 84 El Ministerio suministra asistencia técnica y atención directa a las autoridades territoriales y los líderes locales en gobernabilidad territorial para fortalecer el proceso de descentralización; a continuación se mencionan las acciones adelantadas con cada una de las autoridades territoriales del país: Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 Entidades Territoriales técnicamente para la superación del estado de cosas incostitucional Meta cuatrimenio, 935 Entidades asistidas, 948 2.1.2. Agenda permanente con consejales Se realizan agendas conjuntas con las federaciones de Concejales, con el objetivo de retroalimentar las inquietudes de los concejales y realizar seguimiento a los compromisos adquiridos por las entidades del orden nacional. De esta manera, podemos mencionar algunos logros gestionados por el Ministerio del Interior y de Justicia y las entidades del orden nacional, a partir del nuevo periodo presidencial y en beneficio de los concejales del país: • Organización y desarrollo de la Mesa Temática No. 3 “Reformas Legislativas, Regionalización y Ordenamiento Territorial”. 2.1.3. Alcaldes y Gobernadores Algunas Actividades desarrolladas en el marco de la agenda de trabajo conjunta: • Elaboración de un diagnóstico a nivel nacional, acerca de la creación de los Fondos Cuenta Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana y la existencia de un Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana. • Conversatorio realizado: 28 de abril de 2011- Conversatorio con el señor Ministro del Interior y de Justicia y las Alcaldesas país, con el fin de atender las solicitudes de las mandatarias, en cuanto a la oferta institucional. 2.1.4. Autoridades Locales Electas 2012-2015: Programa de inducción para las autoridades locales y acompañamiento integral a la gestión territorial 2010-2011 • Acompañamiento al “Programa de inducción para las autoridades locales y a la gestión territorial 2010-2011”, desarrollado por el Gobierno Nacional con el 85 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia fin de crear un programa académico de inducción a la administración pública para autoridades territoriales elegidas en los comicios del 30 de octubre de 2011, que permita una aproximación conceptual a los temas considerados relevantes para el desarrollo de la gestión local y regional, en el contexto del estado y el buen gobierno. 2.2. La Casa del Alcalde y del Gobernador como un centro integrado de gestión territorial • Para la ejecución e implementación de la política pública en materia territorial y como continuidad de la segunda fase del Sistema Administrativo del Interior se creará un espacio institucional que apoyará el trámite de los asuntos de interés de las autoridades locales en las líneas de acción estratégicas del Ministerio del Interior. • Se trata de diseñar un sistema de seguimiento a las acciones del “Centro Integral de Servicios para la Gestión Territorial, la Convivencia y Seguridad en lo Local”, del Ministerio de Interior y Justicia en el que además de dar cuenta de la gestión permita hacer un monitoreo preciso a las actuaciones de las distintas instituciones a nivel municipal. • Dado que el objetivo es lograr un esquema evaluativo que permita medir el grado de cumplimiento de determinadas condiciones de partida, el recorrido que se propone en el desarrollo del ejercicio parte de los fundamentos que se definan como propósito y objetivos del “Centro Integral de Servicios para la Gestión Territorial, la Convivencia y Seguridad en lo Local”, principios que han de caracterizar las intervenciones en los distintos ámbitos, programas y actuaciones. El proceso de evaluación implica tres etapas: 1. Planificación. Definición de los aspectos que se evaluarán y de los criterios de evaluación y determinación de las fuentes de información. 2. Recolección de la información. En esta etapa se recoge de manera sistemática la información a partir de la que se realizará la evaluación. 3. Análisis de la información. Fase final en la que se contrasta la información recogida y los criterios de valoración que se han establecido previamente. El sistema deberá generar información en dos frentes principales: • Ha de dar cuenta de la calidad de la gestión del “Centro Integral de Servicios 86 para la Gestión Territorial, la Convivencia y Seguridad en lo Local”, del Ministerio del Interior y de Justicia. Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 • Ha de dar cuenta de la calidad de gestión interinstitucional, con el fin último de facilitar información que permita de alguna manera garantizar el buen funcionamiento y la coordinación de la red de recursos, instituciones y organizaciones nacionales e internacionales implicadas en el proceso de fortalecimiento institucional municipal. • En general, entre los propósitos de este centro se encuentra, implementar un sistema de recepción de solicitudes que permita realizar un seguimiento y respuesta eficaz y eficiente a las autoridades locales, servir de enlace para el trámite de solicitudes de las Autoridades Locales relacionadas con el Sector del Interior, y fortalecer institucionalmente las entidades territoriales, mediante procesos de asesoría y asistencia técnica en áreas de la gestión pública. Se tiene prevista la instalación del “Centro Integral de Servicios para la Gestión Territorial, la Convivencia y Seguridad en lo Local, Casa del Gobernador y del Alcalde” para el 30 de septiembre de 2011 una vez efectuada la instalación, se iniciará la campaña de divulgación y sensibilización del Centro. 2.2.1. Fortalecer a las entidades territoriales en las cuatro zonas de frontera Se elaboró una propuesta del Plan Integral de Consolidación Institucional de Fronteras dicha propuesta contempla la priorización de 45 municipios fronterizos equivalentes a 12 departamentos, en las cuatro regiones del país; la priorización se realizó con base en la Ley 191 de 1995, las zonas priorizadas del Plan Nacional de Consolidación y el Índice de Desempeño Integral de la Gestión Municipal. Como asesoría y asistencia técnica el equipo de trabajo realizó los diagnósticos de los 9 municipios priorizados por Consolidación, correspondientes a 2 de las regiones programadas (Nororiental y sur amazonas Orinoquia). 2.3. Implementar las políticas de seguridad y convivencia ciudadana con departamentos y municipios El Ministerio tiene dentro de sus funciones apoyar la formulación de políticas públicas de seguridad y convivencia ciudadana, asesorar la formulación y realizar el seguimiento a la ejecución de planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana, realizar estudios de la situación de conflictividad, violencia y delincuencia y las posibles causas de los hechos de alteración del orden público y hacerles seguimiento, y apoyar a las autoridades territoriales en la adopción de medidas que generen condición de seguridad para el normal desarrollo de los procesos electorales que se realicen en el país. En cumplimiento de dichos objetivos, así como el Plan Estratégico del Ministerio y las Metas Presidenciales, asignadas entre agosto de 2010 y junio de 2011 se realizaron las siguientes actividades: 87 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia 2.3.1. Asesoría y asistencia técnica relacionada con el Orden Público El Estado, en calidad de titular constitucional de las competencias en materia de seguridad tiene la responsabilidad de impulsar y garantizar el funcionamiento global del sistema y las administraciones territoriales para contribuir a su buena marcha. 88 A partir del año 2010, debido a las contingencias que se informaron al Ministerio del Interior y de Justicia, se implementó una estrategia para mitigar el impacto en el orden público debido a las diferencias que se presentan entre la comunidad y las empresas petroleras. Las acciones se concentraron en recibir la información de bloqueos a vías, paros y demás vías de hecho presentadas en las zonas petroleras, para proceder a solicitar, mediante comunicaciones a las autoridades territoriales correspondientes, la adopción de las medidas necesarias para mantener la tranquilidad, garantizar la seguridad y el normal desarrollo de las actividades de los ciudadanos, y a su vez implementar vías de diálogo en concertación con la comunidad y con el sector privado implicado en la problemática. Los resultados de esta gestión que se desarrolló entre junio y octubre de 2010 fueron los siguientes: Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 • Intervenciones en 4 departamentos: Casanare, Meta, Huila y Vichada en aproximadamente 12 municipios. Dichas visitas han contado con la participación de delegados del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; Ministerio de Minas; Ministerio de Transporte; Ministerio de la Protección Social; Agencia Nacional de Hidrocarburos; Ingeominas; SENA; Procuraduría y Defensoría, para analizar los diferentes requerimientos o inquietudes presentadas tanto por las autoridades locales, como por las comunidades, así como para servir de garantes frente a los acuerdos y compromisos que se realicen en los municipios. Así las cosas, se logró realizar un diagnóstico de los principales hechos que ponen en riesgo el orden público en las zonas de actividad petrolera y sobre los cuales se debía centrar las acciones por parte del Estado. En este sentido, entre octubre de 2010 y junio de 2011 se han realizado 22 visitas a 11 municipios en los departamentos de Casanare, Boyacá y Putumayo, además de atender las problemáticas registradas en los departamentos de Arauca, Boyacá, Caquetá, Casanare, Huila, Meta, Putumayo y la Región del Catatumbo. Que permitieron mediar con la comunidad para finalizar las vías de hecho en 7 ocasiones y en otras 7 se evitó el uso de presiones de este tipo. Por otra parte, y en búsqueda de completar la estrategia diseñada, con herramientas jurídicas que permitieran enfrentar el uso constante de bloqueos y otras medidas, gracias a la gestión del Ministerio, se incluyó dos artículo dentro del texto de la Ley de Seguridad Ciudadana, con el fin de tener herramientas para luchar contra la obstaculización de vías terrestres y fluviales, y un artículo que penaliza la contaminación ambiental. Cuadro 1. Acciones de preservación de orden público (Octubre 2010-Junio 2011) Depto. Casanare Municipio # de reuniones en el municipio Acciones Realizadas Maní 2 Se levantó el paro. Se realizó una reunión de seguimiento Trinidad 1 Se levantó el paro Monterrey 3 3 Reuniones como garantes de Compromisos San Luis de Palenque 1 Se levantó el paro Yopal 2 Reuniones como garantes de los compromisos Orocué 1 Reuniones como garantes de los compromisos Tauramena 3 Se levantó el paro Villanueva 1 Reunión como garantes de los compromisos 89 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia Municipio # de reuniones en el municipio Boyacá Puerto Boyacá 3 Se levantó un paro. Se asistió a dos reuniones de negociación con la comunidad Putumayo Puerto Asís 3 Se levantó un paro. Se asistió a dos reuniones de socialización de proyectos y acompañamientos Huila Neiva 1 Se asistió a una reunión para analizar el tema de la vía en Gigante-Huila Depto. Acciones Realizadas Dado, que cada vez aumenta el número de situaciones, en las cuales se requiere la participación del Ministerio, se está gestionando un convenio interadministrativo en el marco de la cooperación entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos y el Ministerio del Interior y de Justicia, con el fin de contar con los recursos técnicos, económicos, humanos y financieros necesarios para la consolidación de un Plan Conjunto que permita identificar las posibles soluciones a las dificultades que expresa la comunidad, propendiendo a la viabilidad de las operaciones del sector y la unidad de criterios para la atención de dichos requerimientos. Aunque en materia de orden público, la mayor parte del trabajo se concentra, como se anotó anteriormente, en enfrentar las problemáticas que se desarrollan alrededor del sector petrolero, el Ministerio también ha hecho seguimiento y se han tomado las medidas necesarias junto con otros Ministerios y la Fuerza Pública para atender las contingencias registradas en ocasión al paro camionero registrado el 3 de febrero de 2011, la Jornada Nacional de Protesta en contra de la Ley de Regalías del 26 de mayo de 2011 y la Jornada Electoral de Consultas Interpartidistas del 29 de mayo de 2011. 2.3.2. Asesoría y asistencia técnica relacionada con la Convivencia Ciudadana A partir de la sanción de la Ley 1270 de 2009, el Ministerio viene trabajando conjuntamente con las instituciones que conforman la Comisión Nacional de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, con el fin de elaborar estrategias y políticas dirigidas a garantizar el orden y la convivencia en este deporte. 90 La Comisión Nacional inició un proceso de capacitación en las ciudades donde se juega el Torneo Profesional de Fútbol colombiano, convocando a las autoridades, organismos de socorro, barras de fútbol, clubes deportivos y medios de comunicación, con el objetivo de identificar la realidad de cada ciudad, fomentando la conformación de las comisiones locales para facilitar el trabajo de estrategias en el ámbito local que contribuyan al cumplimiento de la Ley 1270 de 2009. Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 A través de la Sala de Estrategia en Seguridad y Convivencia se ha logrado establecer un vínculo institucional con cada una de las Comisiones Locales1 que funcionan en el país. Entre agosto de 2010 y junio de 2011, en la Sala de Estrategia en Seguridad y Convivencia, se han realizado 69 videoconferencias, teniendo en cuenta el análisis de cada fecha que desarrolla la Secretaría Técnica liderada por Coldeportes. Desde la creación de la Comisión Nacional de Seguridad en el Fútbol, la Comisión Técnica ha apoyado a las comisiones locales en los programas de convivencia que adelantan con barras de fútbol. Igualmente, en partidos claves se desplazan miembros de la Comisión para verificar el funcionamiento de estas, brindando apoyo y asesoría para la minimización de riesgos en cada evento. Campaña Institucional “por un fútbol en convivencia, nos la jugamos todos En agosto de 2010, el Ministerio del Interior y de Justicia lideró la producción y el lanzamiento de la importante Campaña Institucional “Por un Fútbol en Convivencia nos la Jugamos Todos”, quedaron elaboradas unas cuñas y comerciales los cuales están siendo emitidos por algunos espacios nacionales. En lo corrido de 2011 se ha venido trabajando en la formulación de la Política Pública dirigida a la seguridad y convivencia en el fútbol, la cual contempla 3 líneas de acción: 1 Actualmente las 14 sedes donde se adelanta la Liga Postobón cuentan con Comisión Local y en el torneo de ascenso (categoría de la B) se han conformado 3 más. 91 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia Línea 1: Legislativa A través de la asesoría de la Comisión Técnica Nacional, el Ministerio trabajó en la inclusión de medidas sancionatorias y penales en materia de seguridad y convivencia en el fútbol. La Ley del Deporte (Ley 1445 de 2011) y la Ley de Seguridad Ciudadana fueron los dos escenarios para plasmar estas medidas. Línea 2: Operativa y Administrativa El escenario deportivo y sus condiciones físicas y tecnológicas, son un aspecto fundamental para garantizar la seguridad y la convivencia en el fútbol, razón por la cual, la Política Pública en mención contempla la materialización y la mejora de temas administrativos y de infraestructura de estadios. A través del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon), el Ministerio del Interior y de Justicia, en coordinación con Coldeportes y las autoridades locales, aportarán recursos para financiar proyectos de adecuación de estadios en las ciudades donde se disputen los torneos del Fútbol Profesional Colombiano. Los Proyectos están siendo elaborados a través del direccionamiento de las Comisiones Locales, teniendo en cuenta los requerimientos técnicos de seguridad que exige la FIFA, el Protocolo para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el fútbol y la asesoría de la Dirección de Espectáculos Deportivos y Culturales de la Policía Nacional. Son 14 las ciudades sede de los equipos profesionales que conforman la Primera División del Fútbol profesional colombiano: Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Cartagena, Manizales, Armenia, Pereira, Tunja, Neiva, Cúcuta, Ibagué, Envigado e Itagüí. Ocho (8) de estas ciudades se encuentran en proceso de remodelación debido al Mundial Sub 20 que se realizará este año en Colombia: Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Cartagena, Manizales, Armenia y Pereira. Razón por la cual, las ciudades que se intervendrán inicialmente a través de recursos de Fonsecon, corresponden a: Tunja: Estadio la independencia (capacidad de aforo de 20.000 espectadores). Neiva: Estadio Guillermo Plazas Alcid (capacidad de aforo de 27.000 espectadores). Cúcuta: Estadio General Santander (capacidad de aforo de 42.000 espectadores). Ibagué: Estadio Manuel Murillo Toro (capacidad de aforo de 33.000 espectadores). Envigado: Estadio Polideportivo Sur (capacidad de aforo de 12.000 espectadores). 92 El 30 de mayo de 2011 fue enviado el proyecto modelo de adecuación de estadios, con el fin de servir de guía para la elaboración de los proyectos de estos escenarios, teniendo en cuenta sus especificaciones. Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 Línea 3: Preventiva y educativa La inclusión social de jóvenes barristas se viene trabajando por medio de las Comisiones Locales de Seguridad en el fútbol, cuyo objetivo, es lograr caracterizar la población en el ámbito local, identificando problemáticas sociales para generar respuestas de manera coordinada por parte de las entidades que conforman la Comisión Nacional de Seguridad en el Fútbol. Igualmente, en cumplimiento de la Ley 1270 de 2009 y del Acuerdo para la Prosperidad en el Fútbol, llevado a cabo el 11 y 12 de marzo de 2011, el Ministerio del Interior y de Justicia lidera el fortalecimiento de programas de prevención y convivencia que se adelantan en las Comisiones Locales, a través de la instalación de mesas de trabajo sobre Barrismo Social, con el fin de fortalecer la actividad de los líderes barristas en la solución de la problemática, así como contribuir a las necesidades requeridas para impulsar un Decreto reglamentario de la Ley 1270 de 2009, referente a la prevención y convivencia de las barras organizadas. A la fecha se han llevado a cabo tres mesas de trabajo sobre Barrismo Social: 28 de abril de 2011: Mesa Nacional en Bogotá. 14 de junio de 2011: Mesa Local en Ibagué. 21 de junio de 2011: Mesa Local en Pereira. 2.3.3. Creación del observatorio de seguridad y orden público Teniendo en cuenta las funciones otorgadas al Ministerio del Interior y de Justicia (Decretos 4530 de 2008) de “apoyar la formulación de Políticas Públicas en Seguridad y Convivencia Ciudadana, realizar estudios de conflictividad, violencia y delincuencia y las posibles causas de los hechos de alteración al orden público, asesorar la formulación y hacer seguimiento a los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia, así como apoyar a las autoridades territoriales en la adopción de medidas para enfrentar cualquier fenómeno que afecta la seguridad ciudadana”, fue creado en octubre de 2010 el Observatorio de Seguridad Ciudadana y Orden Público, en este Ministerio. El Observatorio es un centro de recolección, procesamiento y análisis de información sobre seguridad, convivencia ciudadana y orden público, que sirve como insumo para la toma de decisiones de política pública, en el Gobierno Central y en las entidades territoriales. Dentro de los objetivos específicos del Observatorio se encuentran: • Generar información de calidad, que dé cuenta de la evolución de los fenómenos que afectan la seguridad ciudadana, de tal forma que permita orientar la toma de decisiones de las autoridades competentes. 93 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia • Apoyar la definición de indicadores, procesos e intervenciones dirigidos a mejorar las condiciones de seguridad y la convivencia pacífica. • Contribuir a la generación y evaluación de políticas públicas relacionadas con la materia. • Proveer apoyos a las entidades del orden nacional, así como a los gobiernos departamentales y locales en cuanto a la elaboración de planes, la generación de diagnósticos y la puesta en marcha de estrategias. • Apoyar la implementación, seguimiento y evaluación de la Política de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en el marco de los lineamientos estratégicos propuestos desde el Gobierno Nacional. La información se recolecta de fuentes oficiales. Con respecto a las fuentes oficiales, actualmente se recibe información de la Policía Nacional, el DAS, el Programa de Derechos Humanos y el DIH, el Ministerio de Defensa, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y el Observatorio Nacional de Desplazamiento Forzado. El 29 de noviembre de 2010 fue remitido el Acuerdo Protocolario de Intercambio de Información para la firma del director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, el 19 de mayo de 2011 se firmó el Contrato Interadministrativo No. 115 entre el Ministerio del Interior y de Justicia y la Secretaría de Gobierno de Bogotá, el cual sustenta el intercambio de información y el trabajo entre el Observatorio de Seguridad Ciudadana y Orden Público y el Centro de Estudios y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana. Entre octubre de 2010 y junio de 2011, se han elaborado 62 informes, que han servido como insumo para el Ministro del Interior y de Justicia, el Comité Fonsecon – SIES, la Comisión Interinstitucional de Alertas Tempranas, gobernaciones y alcaldías. El diseño e implementación del Observatorio está previsto en tres etapas. Fases de Implementación (Gráfica 1) 94 Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 Esto implica un gran reto y esfuerzo institucional, para dotar de los recursos humanos y técnicos necesarios para cumplir con las metas propuestas y convertir al Observatorio en una herramienta de uso continuo y sistemático, por parte de los Gobiernos Nacional, departamental y municipal, la academia, organismos internacionales y la ciudadanía en general, para realizar diagnósticos, así como para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas para abordar y contrarrestar los problemas que afectan la seguridad, la convivencia y el orden público en el país. Cuadro 2. Informes elaborados por el Observatorio Tipo de informe Número de Informes Descripción 15 Informe sobre la situación de seguridad y orden público de los municipios sobre los cuales la Defensoría del Pueblo ha emitido Informes de Riesgo o Notas de Seguimiento. Adicionalmente, se corrobora la información presentada por la Defensoría del Pueblo y se hacen recomendaciones para enfrentar las problemáticas identificadas, de tal forma que sirvan como insumo para la participación del Ministerio del Interior y de Justicia dentro de la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas. 23 Documentos analíticos sobre la situación de seguridad y orden público de los municipios o departamentos que presentan proyectos para implementar o mejorar el Sistema de Emergencia y Seguridad (SIES). Estos informes se realizan por requerimiento del Comité Fonsecon - SIES, quien lo usa como insumo para la toma de decisiones en la asignación de recursos. Diagnósticos para los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia 5 Los Planes Integrales son instrumentos de planificación para contrarrestar los diferentes factores que afectan la seguridad ciudadana, la convivencia y el orden público en los departamentos y municipios, puesto que en ellos se fijan los lineamientos y estrategias fundamentales de la política de seguridad y convivencia ciudadana en los entes territoriales. El primer paso para la elaboración de dichos planes es la recolección y análisis de información de tal forma que permita identificar las principales problemáticas y elaborar un mapa de riesgo, que servirá como guía para la elaboración del plan de acción a seguir. El Observatorio ha apoyado la elaboración de 5 diagnósticos que servirán como insumo para los Planes Integrales (Cali, Cartagena, Ibagué, Pereira y San Andrés). Informes estratégicos 19 Permiten la identificación de factores de riesgo y las principales problemáticas que afectan la seguridad y el orden público, en un municipio, departamento, región o sector. Total informes elaborados 62 Informes analíticos para el CIAT Informes analíticos para el SIES 95 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia 2.3.3. Evaluar y hacer seguimiento a los planes integrales de seguridad ciudadana Los Planes Integrales de Seguridad Ciudadana son la herramienta del Gobierno Nacional para consolidar su Estrategia Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana que según el Plan Nacional de Desarrollo, está orientada a la protección del ciudadano frente a los riesgos y amenazas a su seguridad, permitiendo la convivencia y la prosperidad económica. Según la Resolución 3598 de 2008 “por la cual se crean grupos de trabajo en la estructura funcional interna del Ministerio del Interior y de Justicia” el Grupo de Apoyo a la Seguridad Territorial debe “asesorar la formulación y realizar el seguimiento a la ejecución de Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana a fin de prevenir, mantener y restablecer el orden público”. El Ministerio realizó seguimiento al desarrollo y fortalecimiento de los Planes Integrales en los municipios que habían sido capacitados a principios de 2010 por la Universidad Javeriana, mediante comunicados escritos en los que se solicitaba a los departamentos un reporte sobre su proceso y estado. Los siguientes fueron los municipios que respondieron que sus planes se encontraban en proceso o estaban finalizados: Cuadro 3. Municipios que enviaron informe Departamento 96 Municipios Total Caquetá Florencia, El Paujil, San Vicente del Caguán, Currillo 4 Cauca Argelia, Balboa, Bolívar, Patía, Florencia, Jambaló, Silvia, Morales, Toribío, Santander de Quilichao, Caldono, Buenos Aires, Corinto, Miranda, Páez, Inzá, El Tambo, Guapi y López de Micay 18 Nariño Sandoná 1 Norte de Santander Ábrego, Convención, El Carmen, Acarí, Ocaña, San Calixto, Teorama, San José de Cúcuta, Cacota, Chinácota, Chitagá, El Tarra, Puerto Santander, Ragonvalia, Tibú y Toledo 16 Putumayo Villagarzón 1 San Andrés San Andrés 1 Finalizando el año 2010 se revisaron los Planes Integrales de Convivencia y Seguridad diseñados por los gobiernos locales para la ciudad de Neiva y la Isla de San Andrés. Teniendo en cuenta las debilidades que se encontraron en el plan diseñado para San Andrés y el interés del Gobierno Nacional de apoyar el desarrollo de estrategias de seguridad en la isla, en los meses de enero y febrero de 2011, el Observatorio de Seguridad Ciudadana y Orden Público elaboró el diagnóstico de la Isla de San Andrés y orientó al Gobierno Local en la realización del Plan Integral de Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 Seguridad Ciudadana en el que se proponen una serie de actividades que se espera sean implementadas en el periodo 2011-2012. Actualmente, el Ministerio viene adelantando, en el marco del Contrato Interinstitucional No. 115 de 2011 con la Secretaría de Gobierno Distrital de Bogotá, un diagnóstico de Seguridad y Convivencia Ciudadana en cinco ciudades (Cali, Cartagena, Ibagué, Pereira y Cúcuta) que servirá de insumo para desarrollar los Planes Integrales en cada una de estas, para presentárselo a los alcaldes electos entre noviembre y diciembre del presente año, para ser implementados a partir de 2012. El objetivo es tener listos ocho Planes antes de que termine el año, sumándole Pasto, Villavicencio y Barranquilla que también deberán ser previamente diagnosticadas. 2.3.4. Hacer seguimiento a las alertas tempranas emitidas por el Ministerio del Interior y de Justicia Del 7 de agosto de 2010 al 15 de junio de 2011 se han emitido alertas tempranas y se han realizado recomendaciones por el señor Ministro del Interior y de Justicia, con el objeto de prevenir violaciones al derecho a la vida, libertad, integridad y seguridad personal e infracciones a las normas del derecho internacional humanitario, teniendo como insumo los informes de riesgo y notas de seguimiento remitidos por la Defensoría del Pueblo, o la información proveniente de cualquier autoridad competente, que advierta la existencia de un eventual riesgo, en: Departamento Municipio 1 Arauca Arauca, Arauquita, Fortul, Saravena y Tame 2 Atlántico Barranquilla, Galapa, Malambo, Puerto Colombia y Soledad 3 Caquetá El Doncello, El Paujil, Puerto Rico y San Vicente del Caguán 4 Cauca Argelia, El Tambo, Guapi, Timbiquí, López de Micay, Corinto y Caloto 5 Córdoba Pueblo Nuevo, Buenavista, Planeta Rica, La Apartada, Ayapel, Montelíbano y Puerto Libertador 6 Cundinamarca Soacha 7 La Guajira Riohacha y Dibulla 8 Meta Villavicencio, Mapiripán, Puerto Concordia, Puerto Lleras, Puerto Rico, Vista Hermosa, El Castillo, Lejanías, Mesetas y Uribe. 9 Guaviare San José del Guaviare 10 Nariño Olaya Herrera, La Tola, El Charco, Iscuandé, Barbacoas, Magüí Payán y Roberto Payán, Cumbitara, El Rosario, Leiva, La Llanada, Los Andes, Policarpa, Samaniego y Santacruz 11 Norte de Santander Tibú y El Tarra 97 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia Departamento Municipio 12 Putumayo San Miguel 13 Sucre Coveñas, San Onofre y Tolú 14 Valle del Cauca Buenaventura Seguimiento a las Alertas Tempranas 2011 con base en los informes de Riesgo recibidos 9 Total Alertas Tempranas Seguimiento en Terreno 8 7,5 8 8,5 9 2.3.5. Apoyar a las entidades territoriales en los programas y proyectos de seguridad ciudadana (SIES- CCTV) Para el año 2006 y en el marco de las inversiones realizadas por Fonsecon se crea el Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad para integrar los esfuerzos realizados por el Gobierno Nacional y las entidades territoriales. “El Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad (SIES) tiene por objeto fijar los parámetros generales para la implementación de un centro de gestión de emergencias y seguridad que permita atender oportunamente las necesidades de la comunidad. El sistema busca actuar en la prevención de consecuencias mayores bajo un esquema integrado e interoperable garantizado por el SIES, para lo cual debe lograr la presencia oportuna y eficaz de las unidades de cada entidad, la coordinación en el manejo del sitio del incidente, la atención pronta de heridos, la prevención de emergencias y del delito y la disminución del impacto de estos sobre la comunidad”. (CONPES 3437, DNP, p. 6). Según el documento CONPES 3437, el SIES está conformado por cinco subsistemas: 123 Número Único de Seguridad y Emergencias (NUSE 123); Circuito Cerrado de Televisión CCTV; Centros de Información Estratégica Policial Seccional (CIEPS); Alarmas Comunitarias; y Sistemas de Seguridad (Controles de acceso, monitoreo automático y bloqueo de vehículos y demás sistemas). 98 En agosto de 2010, la Coordinación hizo un seguimiento a la ejecución de los SIES financiados por Fonsecon, solicitándole informes a las entidades territoriales, sobre el estado de los SIES, tal como se muestra a continuación (ver cuadro 1). Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 A partir del mes de abril de 2011, el Coordinador del Grupo de Seguridad Territorial entró a presidir el Comité de Fonsecon que está encargado de asignar los recursos a las entidades territoriales para el desarrollo de los subsistemas 123 y CCTV del SIES. Para acceder a la financiación a través del Fonsecon las entidades territoriales deben presentar un proyecto y tener recursos para la cofinanciación del proyecto, así como los contactos con las diversas entidades que deben prestar apoyo al SIES, sobre todo, en el subsistema 123 que debe tener una “solución requerida deberá permitir el despacho y control de las unidades de emergencia asignadas a responder las demandas ciudadanas” (CONPES 3437, DNP, p. 9). Para la toma de decisión de financiación se han diagnosticado los departamentos de Atlántico, Quindío y Caquetá, y los municipios de Bogotá D. C., Cali (Valle del Cauca), Dosquebradas (Risaralda), Espinal (Tolima), Facatativá (Cundinamarca), Los Patios (Norte de Santander), Luruaco (Atlántico), Pasto (Nariño), Pesca (Boyacá), Puerto Colombia (Atlántico), Puerto Santander (Norte de Santander), Sopó (Cundinamarca), Tibasosa (Boyacá), Tibú (Norte de Santander), Togüí (Boyacá), Soacha (Cundinamarca), Barrancabermeja (Santander), Villavicencio (Meta), Neiva (Huila) y Florida (Valle). 99 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia Cuadro 1. Estado de los sistemas SIES por municipio Fecha Departamento Municipio Estado del Sies 09/09/2010 Valle Sevilla En implementación 20/09/2010 Nariño Túquerres En funcionamiento 23/09/2010 Magdalena Pivijay En implementación 23/09/2010 Atlántico Barranquilla En funcionamiento 24/09/2010 Nariño Tumaco En funcionamiento 27/09/2010 Nariño Ipiales En funcionamiento 30/09/2010 Sucre Guarandá En implementación 30/09/2010 Guainía Inírida En implementación 26/10/2010 Santander Bucaramanga En funcionamiento 2.4. Coordinación Territorial en materia de desplazamiento forzado Mediante el Decreto 4530 de 2008 se determinaron dentro de sus objetivos y funciones: i) Formular la política de Gobierno en materias relativas a los Derechos Humanos; a la participación ciudadana en la vida y organización social y política de la Nación; a las relaciones entre la Nación y las entidades territoriales de la República; al acceso a la justicia, la justicia formal y del derecho; justicia transicional; y la población en situación de desplazamiento; ii) Promover y hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales de los mandatarios seccionales y locales en materia de atención a la población desplazada; y iii) Fortalecer los mecanismos para que se formulen e implementen los Planes Integrales Únicos en materia de Atención a la Población Desplazada. En el marco de las funciones del Ministerio, la Corte Constitucional, al declarar el Estado de Cosas Inconstitucional en materia de desplazamiento forzado interno en el país, mediante Sentencia T-025 de 2004, impartió varias órdenes complejas encaminadas a asegurar su superación y a avanzar en la garantía del goce efectivo de los derechos de los desplazados, señalando entre otros, como ejes para la Superación del Estado de Cosas Inconstitucional los siguientes: “(…) a. Corrección de las causas estructurales del estado de cosas inconstitucional, en especial (i) la insuficiencia de recursos y (ii) la precaria capacidad institucional. Estas causas deben ser corregidas a nivel nacional y territorial, según las prioridades departamentales y locales fijadas con base en la expulsión y recepción de desplazados. 100 b. Demostración de que las políticas públicas relacionadas con cada uno de los derechos constitucionales de los desplazados conducen efectivamente a lograr el goce efectivo de los Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 derechos por parte de los desplazados, lo cual comprende dos aspectos esenciales reiterados por la Corte en numerosas providencias: (i) la orientación de manera racional de las políticas públicas para alcanzar dicha finalidad y (ii) la introducción de un enfoque diferencial, en especial respecto de mujeres, menores, adultos mayores, indígenas, afrocolombianos y personas con discapacidad. c. Contribución suficiente de las entidades territoriales a la superación del estado de cosas inconstitucional. (…)”. En el marco del seguimiento al cumplimiento de esta sentencia, a la fecha la Corte Constitucional ha proferido más de 84 autos de seguimiento, y específicamente en materia de coordinación entre la Nación y el Territorio, 13 autos, dentro de los cuales resaltan los autos 177 de 2005, 266 y 234 de 2006, 233 de 2007, 116 de 2008, 07, 08 y 314 de 2009 y 383 y 385 de 2010. Para dar cumplimiento a las órdenes proferidas por la Corte Constitucional, relacionadas con el deber del Ministerio de ejercer directamente la coordinación entre el Gobierno Nacional y las entidades territoriales; el Grupo en desarrollo de sus funciones misionales y en cumplimiento de la Sentencia brinda asesoría y asistencia técnica a 1.102 Municipios y 32 Gobernaciones en el tema de desplazamiento forzado tendiente al fortalecimiento de autoridades locales y departamentales. En este escenario se articulan los diferentes niveles de gobierno, teniendo en cuenta los logros, fortalezas, falencias y obstáculos identificados en la respuesta institucional a la problemática de desplazamiento forzado en el territorio. Asimismo, y con el fin de determinar la suficiencia o insuficiencia de la contribución de las entidades territoriales prioritarias en la superación del estado de cosas inconstitucional, cuyas acciones contribuyan al avance en el goce efectivo de los derechos de la población desplazada y a la superación de las falencias en la capacidad institucional y el esfuerzo presupuestal, se cuenta con un proceso de certificación que (i) se fundamenta en criterios objetivos previamente comunicados a las entidades territoriales prioritarias, (ii) es de conocimiento público, (iii) señala las condiciones que debe reunir la respectiva entidad territorial para continuar recibiendo recursos y en general apoyo del gobierno en temas relativos al goce efectivo de los derechos de la población desplazada y (iv) se expedirá con la periodicidad que el propio Consejo determine. 2.4.1. Generación de capacidades de atención en los municipios Pasos dados para superar el estado de cosas inconstitucional frente a la población desplazada a través de la generación de capacidades de atención en los municipios del país. Meta: 285 entidades territoriales certificadas. 101 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia Estrategia de coordinación Nación – Territorio La estrategia de coordinación Nación – Territorio desarrolla una línea de formación y asistencia técnica que incluye rutas metodológicas para brindarla, contemplando el enfoque territorial y diferencial transversal a los componentes de atención. Para el año 2010, el Ministerio a través del Grupo de Coordinación continúo fortaleciendo la estrategia de articulación Nación – Territorio, presentó ante el Consejo Nacional de Atención Integral de Población Desplazada (CNAIPD) la propuesta de ajuste de la estrategia aprobada y adoptada mediante Acuerdo 010 de 2010. El esquema de la estrategia adoptado por el (CNAIPD) parte del Sistema Administrativo del Interior, del reconocimiento y fortalecimiento de los Comités Territoriales de Atención Integral a la Población Desplazada como instancia de articulación local, en especial, del desarrollo de Comités Departamentales Ampliados y del involucramiento de las secretarías de hacienda y de planeación locales, como Grupos de Seguimiento y Asesores a nivel local de los comités, especialmente para la cualificación de los Planes Integrales Únicos. Para la implementación de este Sistema se realizaron 32 talleres de instalación, en la línea de Atención a Población Desplazada. En el marco de la estrategia y en cumplimiento de las diversas órdenes de la Corte en los autos de seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, se adelantaron las siguientes acciones: Diseño de lineamientos de política pública Con relación al diseño de lineamientos de política pública encaminada a la coordinación entre la Nación y el Territorio en la Atención Integral a la Población Desplazada, el grupo ha venido coordinando la elaboración de un documento CONPES, mediante el cual serán establecidos unos lineamientos de política, para articular a las entidades nacionales y territoriales, respecto de la política de prevención y atención del desplazamiento forzado por la violencia en Colombia. El equipo técnico que coordina el Ministerio a través del Grupo, está integrado por representantes del Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional. 102 Uno de los valores agregados del documento es la clarificación de los principios para articular a la Nación y las entidades territoriales frente a la política del desplazamiento. Después de un estudio de la Constitución de 1991, leyes, decretos, circulares del Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada (CNAIPD) y de la jurisprudencia de la Corte Constitucional proferida del año 2000 hasta la fecha, se estableció que los principios de articulación eran los siguientes: corresponsabilidad, coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiariedad. Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 Otro de los aportes del documento CONPES, son las matrices que clarifican las competencias de las entidades nacionales y territoriales, para cada uno de los derechos de las víctimas desplazadas. Las variables que se relacionan en dichas matrices son: Nombre del derecho, contenido del derecho, competentes o responsables del Gobierno Nacional con sus respectivas competencias, competentes o responsables de las entidades territoriales con sus competencias, fuentes de recursos para financiar las competencias, diagnóstico sobre la articulación de las entidades nacionales y territoriales para garantizar el derecho, ruta de atención para garantizar el derecho, principio de articulación aplicable. El contenido que se tiene en cada matriz fue trabajado inicialmente por el equipo técnico responsable del documento CONPES. Posteriormente, dicho contenido fue revisado, corregido y/o complementado por técnicos sectoriales del Departamento Nacional de Planeación. A continuación, las matrices tendrán que ser revisadas por representantes de las entidades estatales responsables de garantizar los derechos de las víctimas desplazadas. Asesoría y asistencia técnica En el marco de la Estrategia de Coordinación Nación Territorio, el Grupo ha adelantado diferentes actividades partiendo de una lógica enmarcada en el enfoque territorial, entre las que se tiene: Priorización territorial Que da cuenta de las entidades territoriales que requieren más apoyo para atender eficiente y eficazmente a la población desplazada, Asesoría y Asistencia Técnica a las entidades territoriales para dar a conocer el compendio normativo y jurisprudencial en materia de prevención y atención al desplazamiento forzado por parte del Grupo de Coordinación Territorial del Ministerio, análisis sistemático de las respuestas de las entidades territoriales en cumplimiento de la orden sexta del Auto 007 de 2009, el cual inició con el estudio y categorización de las respuestas frente a las falencias determinadas por cada departamento. Talleres y Encuentros Territoriales Durante el segundo semestre del año 2010 y el primer semestre de 2011 y con el fin de mantener un flujo de información permanente con las entidades territoriales sobre las reformas y la nueva normatividad en Política Pública de Atención y Prevención del Desplazamiento Forzado se realizaron los siguientes: • Talleres para la Certificación de las Entidades Territoriales y de Orientación Técnica del Sistema de Información, Coordinación y Seguimiento Territorial en Materia de Atención a Población Desplazada Durante el segundo semestre del año 2010 se realizaron 30 Talleres en los cuales se daba a conocer el proceso de Certificación de las Entidades Territoriales en la 103 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia contribución a la superación del Estado de Cosas Inconstitucional, y se brindaba una orientación técnica del Sistema de Información, Coordinación y Seguimiento Territorial en materia de Atención a Población Desplazada. A estos espacios asistieron funcionarios de las administraciones locales municipales y departamentales, tales como secretarios de gobierno, secretarios de planeación, secretarios de hacienda y enlaces de atención a población desplazada, así como algunos alcaldes. En ese sentido, se expuso la primera etapa del proceso de Certificación de las Entidades Territoriales compuesta por cuatro momentos, a saber: 1. Recomendaciones tendientes al cumplimiento de las obligaciones de las entidades territoriales frente a la atención integral de la población desplazada. 2. Una vez evidenciadas las necesidades particulares de los departamentos y municipios se brindará apoyo para su fortalecimiento institucional, a través de las líneas de la Estrategia de Coordinación Nación-Territorio. 3. Determinar el nivel de contribución a la superación del Estado de Cosas Inconstitucional de cada entidad territorial, de acuerdo con la siguiente tabla: Nivel Rango Contribución baja 1% - 30% Contribución media 31% - 70% Contribución alta 71% - 100% 4. Emisión de la Certificación por parte del Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada. Asimismo, se hizo especial énfasis en la sección número IX autoevaluación, que permite implementar un plan de mejoramiento a partir de los vacíos detectados por las entidades territoriales en su capacidad institucional para atender a la población desplazada. Esto con el fin de que estas diseñaran planes de acción, acordes a la realidad, que corrigieran tales falencias para superar el estado de cosas inconstitucional y contribuir al goce efectivo de los derechos de la población desplazada por la violencia. De acuerdo con la implementación de los Talleres para la certificación de las entidades territoriales y de orientación técnica del sistema de información, coordinación y seguimiento territorial en materia de atención a población desplazada, a continuación se presentan aquellas entidades territoriales que luego de asistir a estos encuentros diligenciaron el nuevo Reporte Unificado para la información correspondiente al cuarto trimestre del año 2010, son: 104 • Amazonas, Gobernación, Leticia, Puerto Nariño. Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 • Antioquia, Abejorral, Angelópolis, Anorí, Argelia, Cáceres, Caucasia, Cocorná, Gobernación, Granada, Ituango, La Estrella, Nechí, Peque, Puerto Berrío, Puerto Triunfo, San Luis, Santa Bárbara, Santo Domingo, Tarazá, Urrao, Vigía del Fuerte, Yarumal, Yondó. • Arauca, Tame. • Atlántico, Barranquilla, Sabanagrande. • Bogotá, D.C., Bogotá, D.C. • Bolívar, Cantagallo, Magangué, Rioviejo, San Jacinto, San Pablo, Tiquisio, Zambrano. • Boyacá, Gobernación, Paipa. • Caldas, Villamaría, Filadelfia, Gobernación, La Dorada, Manizales, Manzanares, Neira, Palestina, Samaná. • Caquetá, Belén de los Andaquíes, El Doncello, El Paujil, Gobernación, La Montañita, Milán, Puerto Rico, San José del Fragua, San Vicente del Caguán, Valparaíso. • Casanare, Gobernación. • Cesar, Agustín Codazzi, Chimichagua, Curumaní, Gobernación, La Paz, San Diego, Valledupar. • Córdoba, Gobernación, Valencia. • Cundinamarca, Arbeláez, Chipaque, El Colegio, Girardot, Gobernación, La Mesa, Mosquera, Sibaté, Zipaquirá. • Guainía, Inírida. • Guaviare, El Retorno, Gobernación, Miraflores, San José del Guaviare, • Huila, Algeciras, Garzón, Neiva, Pitalito. • La guajira, San Juan del César. • Magdalena, Algarrobo, Chibolo, El Banco, Fundación, Gobernación, Pivijay, Plato, Remolino, Santa Marta, Sitionuevo, Zona Bananera. • Meta, El Calvario, El Castillo, Gobernación, La Macarena, Lejanías, Mapiripán, Puerto Lleras, Villavicencio. • Nariño, Cumbitara, Gobernación, Leiva, Los Andes, Olaya Herrera, Policarpa, Samaniego, Taminango, Tumaco. 105 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia • Norte de Santander, Cúcuta, El Carmen, Sardinata, Teorama, Tibú. • Putumayo, Puerto Asís, Puerto Leguízamo, San Miguel. • Quindío, Armenia, Buenavista, Córdoba, Filandia, Génova, Gobernación, La Tebaida, Pijao, Quimbaya. • Risaralda, Gobernación, La Celia, Pereira, Pueblo Rico. • Santander, El Playón, Girón. • Sucre, Coloso, Galeras, Los Palmitos, San Onofre, Sucre, Tolú Viejo. • Tolima, Chaparral. • Valle del Cauca, Dagua, Sevilla. • Vaupés, Carurú. Encuentros de Apoyo Técnico y Acompañamiento a los Planes Integrales Únicos Durante el primer semestre del año 2011 se realizaron Encuentros de Apoyo Técnico y Acompañamiento a los Planes Integrales Únicos (PIU) en los cuales se capacitó a funcionarios de las administraciones municipales, distritales y departamentales sobre las órdenes impartidas por la Honorable Corte Constitucional en el Auto 383 de 2010 relativas a dicha herramienta, así como sobre la estrategia de acompañamiento técnico que el Gobierno Nacional utiliza en coordinación con los actuales mandatarios para dar cumplimiento de las mismas y cuyo propósito es apoyar la formulación y/o actualización de los PIU. • Encuentro Nacional - Autos 383 y 385 de 2010. De otra parte, se realizó un encuentro nacional para la socialización de los avances del Gobierno Nacional frente a los autos 383 y 385 de 2010. Al evento asistieron 115 funcionarios de las gobernaciones de Amazonas, Arauca, Atlántico, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cesar, Chocó, Cundinamarca, Guaviare, Magdalena, Meta, Nariño, Putumayo, Risaralda, San Andrés, Santander, Sucre, Tolima, Vaupés y municipios de Cali, Medellín, Leticia e Ibagué y los distritos Bogotá y Barranquilla. 106 2.4.2. Comités Ampliados Frente a los Comités Departamentales Ampliados, el Grupo, a lo largo del 2010 y 2011, realizó la labor de sensibilización y asistencia a las autoridades departamentales para su desarrollo, toda vez que en estos espacios se socializa la Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 dinámica del departamento, se presentan los avances en la implementación de las políticas gubernamentales y municipales en prevención y atención a la población desplazada y se realizan ejercicios de trabajo conjunto para la identificación de falencias y formulación de soluciones en temas puntuales de atención y prevención a la población desplazada como el tema presupuestal, PIU, retorno, capacidad institucional, entre otros. 2.4.3. Sistema de información Para el tema de sistema de información, el Grupo de Coordinación, en conjunto con Acción Social, diseñó el formato de Reporte Unificado, que es un reporte de información trimestral de las entidades territoriales sobre su capacidad técnica y administrativa para la Atención Integral a la Población Desplazada. El reporte permite a las entidades territoriales dar respuesta a través de un único instrumento, al artículo 4o de la Ley 1190 de 2008, Auto 007 de 2009 y Decreto 1997 de 2009 y, por tanto, a las entidades del nivel nacional como el Ministerio del Interior y de Justicia y Acción Social. Es así como en todo el año 2010 se recibieron 1.181 reportes de información de 583 Entidades Territoriales diferentes y para la vigencia 2011 se han recibido 465 reportes de entidades territoriales. Esta herramienta permite visualizar las fortalezas, compromisos frente a la capacidad técnica y administrativa y los aspectos susceptibles de mejora, de cada una de las entidades territoriales –gobernaciones y alcaldías– permitiendo, a su vez, la puesta en marcha de un Plan de Mejoramiento que implica la sostenibilidad de las fortalezas y la superación de las falencias detectadas. Por otra parte, permite a nivel nacional la planeación, acompañamiento y el seguimiento de las medidas y acciones propuestas por las entidades territoriales en dichos Planes de Mejoramiento. 2.4.4. Acciones de coordinación territorial adelantadas para garantizar el goce efectivo de los derechos En el marco de la Estrategia de Coordinación Nación Territorio, se adelantaron acciones con el propósito de dar a conocer los mecanismos e instancias de articulación interinstitucional y pasos que pueden darse al momento de un retorno o reubicación, los cuales se encuentran en el protocolo respectivo. Así mismo, se desarrolló un ejercicio de socialización que conllevara entre otros a visualizar este derecho de manera sectorial, de conformidad a la política pública de prevención y atención a la población víctima del desplazamiento forzado presentada a la Corte Constitucional finalizando el 2009, dado que el retorno y la reubicación se contemplan no como una fase sino como un componente trasversal de esta política. 107 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia No obstante lo anterior y al Auto 383 de 2010 ordenado por la Honorable Corte Constitucional, actualmente y en acompañamiento con Acción Social y el Departamento Nacional de Planeación, así como en el ejercicio propio de cada mesa nacional, se ajusta tanto la política pública de retorno y reubicación como su protocolo, buscando la coherencia y armonización de los cambios que frente a la Estrategia de Coordinación Nación Territorio el Auto 383 ordenó. Es importante resaltar que el ejercicio de ajuste avanzó durante el segundo semestre del 2010 en la medida que en el Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad Para Todos” 2010-2014 manifiesta el compromiso en buscar el Goce Efectivo de Derechos (GED) para la población desplazada (PD), priorizando las estrategias que impacten en su restablecimiento social y económico en el marco del retorno o la reubicación (urbana o rural); así mismo, las estrategias orientadas al GED se desarrollarán en el marco de la política general para PD implementada en el 2009 y las acciones encaminadas a alcanzar el GED deberán articularse con fundamento en los ejes transversales definidos para ello, entre los cuales se encuentra: (1) Retornos y Reubicaciones: Se implementará el Protocolo de Retornos existente y se creará un Protocolo de Reubicación de acuerdo con los principios de Seguridad, Voluntariedad y Dignidad. Las acciones iniciales estarán dirigidas a consolidar los retornos ya existentes; (2) Adecuación de la oferta e institucionalidad: Se articulará y adecuará la oferta existente y se revisará y adecuará la institucionalidad para la formulación, implementación, ejecución y coordinación de las políticas. 2.4.5. Autos de la Corte Constitucional 2.4.5.1. Auto 007 de 2009 En cumplimiento de lo dispuesto por la Honorable Corte Constitucional en la Orden cuarta del Auto 007, se realizó un ejercicio de priorización de las Entidades Territoriales en materia de atención a la población desplazada, identificando aquellas que requieren mayor apoyo para atender eficiente y eficazmente a la población en situación de desplazamiento, a partir de un diagnóstico que identificaba la dimensión del desplazamiento, teniendo en cuenta su capacidad presupuestal y administrativa que permitiera de esta manera priorizar acciones y actividades de coordinación desde el nivel nacional de acuerdo a las necesidades propias de las entidades territoriales. 108 Este ejercicio aplicó dos tipos de categorías de análisis, la primera de capacidad de respuesta local y la segunda de dinámica de desplazamiento, considerando 10 variables. Para realizar la priorización se asignó un puntaje máximo de 100. La lectura de la ponderación es directamente proporcional con la prioridad del municipio (a mayor puntaje, mayor prioridad), mayor requerimiento del municipio para atender eficiente y eficazmente a la población en situación de desplazamiento y por tanto mayor apoyo y coordinación de acciones desde el nivel nacional. Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 Así, se tuvo en cuenta la dimensión del desplazamiento forzado a nivel municipal, explicado por los índices de presión e intensidad (junto con sus históricos), la demanda de servicios de acuerdo a las Necesidades Básicas Insatisfechas, la capacidad institucional de acuerdo con la categoría fiscal del municipio, de la asignación del Sistema General de Participaciones por habitante, y de la inclusión o no del municipio en Ley 550. La ponderación para cada variable se expone en el siguiente cuadro: Categoría de Análisis de Capacidad de Respuesta Variable Ponderación Categoría Fiscal 10 Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 12 Asignación per cápita 2008 SGP 8 Acogido a Ley 550 5 Categoría de análisis dinámica de desplazamiento Número de personas recepcionadas en el municipio 16 Número de personas expulsadas en el municipio 14 Índice de presión 9 Índice de intensidad 5 Índice histórico de presión IHP 12 Índice histórico de intensidad IHI 9 Puntaje Total 100 Fuente: Informe de Respuesta al Auto 007 de 2009. Con el ejercicio técnico de priorización se identificaron 255 municipios que se encuentran ubicados en un total de 29 departamentos y concentran el 78% de la población expulsada del país y el 84% de la población recepcionada2. Por tanto, a partir de estos resultados se focalizó el trabajo de intervención en el territorio, sin dejar de lado a los demás municipios, para realizar acompañamiento a las acciones que se vienen realizando a nivel de coordinación territorial. En ese sentido, se apoyó y programó el Plan de Acción del Grupo, de este trabajo se resalta el proceso de realización de Comités Departamentales Ampliados, el fortalecimiento de los canales de comunicación entre los municipios y las gobernaciones con el nivel central. En continuidad con esta labor se construyeron los criterios de certificación frente a la suficiencia del aporte de las Entidades Territoriales en la Superación del Estado de Cosas Inconstitucional, los cuales fueron presentados ante el Consejo Nacional de 2 Anexo 1: El resultado de este diagnóstico, priorización municipal y departamental. 109 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia Atención Integral a la Población Desplazada y fueron aprobados en su última sesión. Estos criterios fueron validados con 350 Entidades Territoriales y se ajustaron acorde con las observaciones de las Entidades Territoriales en diciembre. 2.4.5.2. Auto 383 de 2011 En el marco del cumplimiento de este Auto, el grupo ha adelantado las siguientes acciones: 2.4.5.2.1. Apropiación de Recursos Se construyó, conjunto con el Departamento Nacional de Planeación y Acción Social, una Circular dirigida a Alcaldes, Gobernadores, Asambleas y Consejos para la apropiación de presupuestos locales para la Atención Integral de la Población Desplazada. De igual forma se hizo referencia en el capítulo sobre la Política de Prevención y Atención a la Población Desplazada para el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 “Prosperidad para todos”. En diciembre de 2010, la Corte Constitucional profirió el Auto 383 sobre coordinación de la política pública de atención a la población desplazada de las entidades territoriales y nacionales en el marco de la sentencia T-025, a la fecha se está conjuntamente con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), Departamento Nacional de Planeación (DNP) y Acción Social (AS), divulgando la ruta y los lineamientos generales para que las entidades territoriales que requieran apoyo del Gobierno Nacional en materia presupuestal realicen las solicitudes debidamente sustentadas. 2.4.6. Oferta Institucional El Grupo de Coordinación Territorial del Ministerio del Interior y de Justicia, conjuntamente con el MHCP, el DNP y AS, presentó la metodología y el plan de trabajo para que la oferta institucional a cargo de las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada (SNAIPD), sea flexibilizada en función de las necesidades y prioridades de atención a Población Víctima de Desplazamiento Forzado por la Violencia (PVDFV) y así ofrecer soluciones integrales con las que estos hogares no solo superen su condición de vulnerabilidad manifiesta sino que alcancen el GED. 110 Si bien el enfoque y los lineamientos generales para flexibilizar la oferta se encuentran en los planteamientos generales de las políticas sectoriales para la atención a la PVDFV, se hizo necesario realizar un análisis detallado de cada uno de los programas y servicios que integran la oferta programática del SNAIPD. Para esto Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 se implementará la metodología, consistente en caracterizar y categorizar la oferta institucional y la demanda territorial, de acuerdo con la información disponible en las fuentes existentes, en cinco (5) fases: 2.4.7. Estrategia Nacional de Clarificación de Competencias El 16 de marzo de 2011 se le entregó a la Corte Constitucional la estrategia nacional de clarificación de competencias y responsabilidades. En desarrollo del cronograma de la estrategia, se solicitó información a las mesas del Sistema Nacional de Atención Integral a Población Desplazada, relacionada con la distribución de competencias y responsabilidades previstas en el sistema jurídico vigente, las falencias en relación con dicha distribución y los mecanismos para superar las falencias. La información suministrada por las mesas fue completada por el equipo técnico responsable de la estrategia, conformado por representantes del Grupo, del Departamento Nacional de Planeación y Acción Social. Se elaboraron unas matrices en las que se muestran los competentes, las competencias y las normas que justifican la distribución de competencias en materia de desplazamiento, para cada uno de los siguientes temas: atención integral básica, prevención y protección, retornos y reubicaciones, generación de ingresos, vivienda, tierras, verdad, justicia y reparación, participación, sistemas de información, presupuesto, coordinación entre entidades nacionales, así como entre entidades nacionales y territoriales. Igualmente, se están terminando unos documentos en el que se diagnostican los aciertos y las falencias de la distribución de competencias existente en el sistema jurídico colombiano para cada uno de esos temas. Por último, es importante decir que cualquier propuesta que se haga para superar las falencias existentes, en la actual distribución de competencias y responsabilidades en materia de desplazamiento forzado por la violencia, debe integrarse a la política de víctimas y restitución de tierras. 111 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia 2.4.8. Indicadores de Coordinación El 17 de enero de 2011 el Grupo de Coordinación Territorial conjuntamente con el Departamento Nacional de Planeación y Acción Social, presentaron a la Corte Constitucional el Informe de adopción y ajuste de los indicadores de coordinación entre niveles de gobierno para la política de desplazamiento forzado. En ese informe se hizo referencia a las acciones adelantadas por parte del Gobierno Nacional en el segundo semestre del año 2010, relacionadas con la coordinación entre niveles territoriales de gobierno, se expuso el proceso de construcción de los indicadores y la propuesta de batería de indicadores de coordinación entre niveles de gobierno, teniendo en cuenta las competencias propias de cada nivel de gobierno y el reconocimiento de la autonomía local. De igual forma se detallaron los avances en materia de indicadores, específicamente en lo que respecta a la revisión de la batería, la medición de los indicadores, los resultados alcanzados y las futuras líneas de trabajo. 2.4.9. Estrategia Nación – Territorio En cumplimiento de las diferentes órdenes impartidas por la Honorable Corte Constitucional a través del Auto 383 de 2010, se viene avanzando en los ajustes y requerimientos necesarios para implementar la estrategia de articulación efectiva de los esfuerzos entre los niveles territoriales y sectoriales que permitan avanzar en el GED por parte de la PVDFV. Desde el proceso institucional, el esquema de articulación integra las adecuaciones institucionales orientadas a garantizar los principios de concurrencia y subsidiariedad, que recogen las órdenes del Auto 383 de 2010 relativas a la clarificación de competencias sectoriales y de los niveles de gobierno, flexibilización de la oferta nacional y departamental acorde con las necesidades del territorio y la población y el diseño y ajustes de las herramientas de seguimiento, acompañamiento técnico y aquellas que soportan la toma de decisiones. En el siguiente esquema resume la estrategia de articulación propuesta: 112 Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 113 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia Por su parte, en el proceso de la participación de la población desplazada, se articulan las herramientas y lineamientos para garantizar la vinculación de las necesidades sentidas de la población en la respuesta del Estado. 2.4.10. Caja de Herramientas Teniendo en cuenta las dificultades de las entidades territoriales en el proceso de planeación e implementación del PIU y la necesidad de ajustar dichos instrumentos con los estándares normativos y jurisprudenciales, se diseña e implementa así: la Caja de Herramientas es una compilación de elementos conceptuales y metodológicos que buscan dar un soporte técnico a las entidades territoriales para la formulación y actualización de los PIU, acorde con los lineamientos de la política dirigida a la PVDFV, cuyo objetivo general es orientar técnicamente a las administraciones territoriales en la planificación, implementación y coordinación de la política pública: para mejorar la respuesta institucional en la atención integral a la población desplazada. Para ello, se establecieron los siguientes objetivos específicos: • Generar una Caja de herramientas unificada con las diversas cartillas, guías, instrumentos y protocolos que están dirigidos a las autoridades territoriales. • Brindar elementos de apoyo técnico para la formulación e implementación de los PIU en el marco de los estándares normativos y jurisprudenciales. • Articular la Caja de herramientas a la estrategia de acompañamiento técnico de las entidades del equipo Interinstitucional. En este sentido, la caja de herramientas, inicialmente para los actuales alcaldes y gobernadores (Etapa I), tiente ocho módulos que se describen a continuación: Módulo I - Introducción: En este módulo se hará una presentación general e introductoria al tema señalando la importancia de los compromisos administrativos y presupuestales para atender la problemática. Módulo II - Marco general de la política pública dirigida a la PVDFV: Este módulo se enfocará en presentar de manera clara, concisa y sintética los principales lineamientos de la política teniendo en cuenta el enfoque de derechos y el diferencial. Módulo III - Comités Territoriales para la atención integral a la población desplazada: Este módulo plantea las orientaciones para la gestión efectiva de los Comités Territoriales de Atención Integral a la Población Desplazada en función de la formulación, la implementación y el seguimiento al PIU. 114 Módulo IV - Formulación del Plan Integral Único: Se hace énfasis en la construcción colectiva del PIU, no solamente con la participación de los actores públicos y privados, sino fundamentalmente con la participación de la PVDFV. Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 Módulo V: Actualización del Plan Integral Único: Este módulo presentará una ruta de acción para actualizar y ajustar el PIU. Módulo VI - Acciones conducentes al goce efectivo de derechos: Teniendo en cuenta que la política dirigida a PVDFV debe partir del GED y tener un enfoque diferencial, este módulo dará las orientaciones necesarias para armonizar el PIU y cada uno de sus planes de acción al GED. Módulo VII - Protocolo de participación: En la Caja de herramientas se vinculará el protocolo de participación, instrumento que brinda las pautas, líneas y procedimientos para propiciar y garantizar la participación de la población que ha sido víctima del desplazamiento forzado por la violencia. Módulo VIII: Herramientas de aplicación en el territorio: Los anteriores módulos estarán soportados por instrumentos prácticos y pedagógicos, tales como matrices, rutas de trabajo e instrumentos de chequeo para el manejo por parte de los funcionarios de las administraciones locales, nacionales y otros, por tanto, en este módulo se anexará el respectivo instructivo. Además, presentará un instrumento de valoración de contenidos del PIU, como línea base para los ejercicios de actualización y ajustes que inicien las entidades territoriales en acompañamiento con las instituciones del nivel nacional. 2.4.11. Autoevaluación Se definió conjuntamente con Acción Social, el instrumento modelo de autoevaluación de la capacidad institucional de las entidades territoriales en materia de atención integral a la población desplazada. Esta se definió como: La existencia de habilidades y recursos de la entidad territorial, para una efectiva y eficiente gestión orientada a la obtención de resultados con relación a la atención integral a población víctima de desplazamiento forzado. A partir de esta definición se plantó el objetivo general así como los objetivos específicos del instrumento: Objetivo General Diseñar e implementar un plan de mejoramiento que contribuya a superar, de manera progresiva, las dificultades y falencias que afectan la capacidad de gestión institucional de las entidades territoriales en materia de atención integral a la población víctima de desplazamiento forzado, de tal forma que estas entidades puedan contribuir de manera efectiva a la superación del estado de cosas inconstitucional y al goce efectivo de los derechos de dicha población. 115 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia Objetivos Específicos • Establecer un sistema de evaluación y de autoevaluación a partir de la información reportada por cada entidad, en el que se identifiquen los factores que limitan su capacidad institucional. • Orientar a las entidades territoriales en la formulación de un plan de mejoramiento de la capacidad institucional, a través de una serie de recomendaciones, que permita superar gradualmente las falencias detectadas. • Realizar seguimiento y retroalimentación a los planes de mejoramiento propuestos por las entidades territoriales. • A la fecha, sobre el modelo de autoevaluación se han presentado dos (2) informes a la Corte, que dan cuenta del avance en el diseño e implementación de este y los resultados obtenidos por regiones, departamentos y por cada una de las entidades territoriales que reportaron información. 2.4.12. Instrumento para Valoración de Necesidades de Integración Local El Grupo, conjuntamente con el DNP, el Ministerio de Hacienda y Acción Social, desarrolló, en el mes de junio de 2011, un instrumento de integración local articulado con los Planes Integrales Únicos, que busca llevar a cabo procesos que reúnan a la PVDFV con la población que habita en el territorio en donde se desarrolla la atención integral. De esta manera, los análisis de las acciones y de la oferta a entregar al hogar desplazado en determinado territorio, debe contemplar el entorno poblacional en el que se encuentra ubicado y así evitará generar competencias al interior de las comunidades por los recursos limitados existentes. 116 2.4.13. Estrategia de Prevención de Riesgo y Acompañamiento para los procesos de Retorno y Reubicación En conjunto con la Mesa Nacional de Prevención y Protección (MNPP), se decidió diseñar una Estrategia de Prevención de Riesgos a partir de la cuantificación y análisis de la información arrojada por herramientas principalmente: protocolo de seguridad e índice de seguridad emitido por el MDN, la información relativa al CIAT (informes de riesgo, notas de seguimiento, alertas tempranas), informes de organizaciones de la sociedad civil, cifras emitidas por el observatorio de DD. HH. de la Vicepresidencia de la República, observatorios departamentales DD. HH., diagnósticos de riesgo de los planes departamentales de prevención y protección. Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 2.4.14. Propuesta de incentivos Negativos y Positivos para incluir en el Protocolo de Participación Conjuntamente con Acción Social, se diseñó una propuesta del sistema de incentivos como parte del protocolo de participación. Siendo el protocolo de participación una herramienta que da cuenta de las garantías mínimas que se le deben brindar a la población desplazada representada en las Mesas de Fortalecimiento a Organización de Población Desplazada. Es importante señalar, que la propuesta se socializó en el marco de la Mesa Nacional. 2.5. Estrategia de lucha contra la trata de personas De acuerdo con las competencias asignadas el Ministerio realizó los siguientes avances en la implementación de la Ley 985 de 2005 y la Estrategia Nacional Integral de Lucha contra la Trata de Personas 2007- 2012: Presupuesto Asignado Rubro Presupuestal Tipo Asig Cta Sub/ Obj/ Ord Gasto Inter. Prog Subp Proy Supry 3 5 3 41 A 6 Rec Sit Concepto 10 C Implementacion Ley 985/05 sobre Trata de Personas Concepto Apropiación año 2010 Apropiación año 2011 Valor solicitado año 2012 Implementación Ley 985 de 2005 sobre trata de personas $ 1.122.768.000 $1.316.500.000 $ 1.335.995.000 Eje de prevención En aras de dar a conocer la problemática de la trata de personas que se produce tanto dentro del territorio nacional como hacia el exterior, se implementaron talleres de sensibilización pública dirigidos a jóvenes en las ciudades de Cali, Pereira, Medellín, Cúcuta y Leticia. Resultados • Se realizaron cinco (5) jornadas de sensibilización. 117 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia • Pereira: 220 jóvenes sensibilizados. Ciudadela Barrio Cuba. • Cali: 64 jóvenes sensibilizados. Distrito Agua Blanca Cali. • Medellín: 37 jóvenes sensibilizados. • Cúcuta: 56 jóvenes sensibilizados. • Leticia: 31 jóvenes sensibilizados. Total: 377 jóvenes sensibilizados. Con el propósito de Informar y comprometer al personal de salones de belleza y centros de estética como agentes de prevención del delito de trata de personas, mediante la identificación y remisión temprana de casos, la difusión de material informativo y la sensibilización del tema con los usuarios de estos lugares, se diseñaron e implementaron jornadas de sensibilización e información sobre trata de personas para personal de salones de belleza. Resultado Se realizaron cuatro (4) jornadas de sensibilización. Total: 3.100 personas miembros de salones de belleza y centros de estética sensibilizados. • Las redes del crimen organizado alrededor del mundo han aprovechado los escenarios del modelaje y la belleza para iniciar una cadena del delito que empieza con atractivas ofertas de pasarela y fotografía en grandes ciudades del país y del exterior y que en muchos casos terminan en diversas formas de explotación. Las autoridades han logrado identificar varios casos de trata de personas asociados al modelaje a través de agencias fachada y grandes promesas de dinero como estrategia para convencer a mujeres jóvenes e incluso a sus padres, para que acepten ofertas que terminan en trata con fines sexuales, servidumbre y matrimonio servil. Con el objeto de obtener una pieza de prevención en contra de la trata de personas dirigida especialmente a jóvenes entre los 14 y 26 años de edad se lanzó el video y la canción ¿Adónde vas María? Resultado El 26 de octubre de 2010 con 400 asistentes se realizó en la ciudad de Bogotá el evento de lanzamiento del video y la canción ¿Adónde vas María? 118 Según el Estudio nacional exploratorio descriptivo sobre el fenómeno de trata de personas, publicado en el 2009 por la Universidad Nacional en el marco de un convenio de Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 cooperación suscrito entre el MIJ y la UNODC, el desplazamiento de la población causado por problemas de orden público aumenta las condiciones de vulnerabilidad de las víctimas de la trata, cuando estas se involucran en ofertas que terminan en trabajos o servicios forzados, servidumbre, mendicidad y explotación de la prostitución ajena. Así, las condiciones de necesidad de niñas y mujeres en situación de desplazamiento las llevan a aceptar este tipo de propuestas vinculadas con la trata de personas. De esta manera, se diseñaron Talleres de Información y Sensibilización sobre el delito de la Trata de Personas dirigido a mujeres en situación de desplazamiento. El objetivo del programa estaba encaminado a cubrir las zonas más sensibles para luchar contra este fenómeno brindando herramientas de prevención, identificación y denuncia de casos por este delito. Resultado Durante el período de referencia se realizaron cuatro (4) jornadas de sensibilización e Información. • Guaviare: 47 mujeres sensibilizadas. • Antioquia: 74 mujeres sensibilizadas. • Norte de Santander: 39 mujeres sensibilizadas. • Leticia: 45 mujeres sensibilizadas. Total: 205 mujeres en situación de desplazamiento sensibilizadas. • Con el propósito de informar y sensibilizar acerca del delito de trata de personas, así como, de brindar herramientas para la prevención y para la identificación de posibles casos de trata, se diseñaron una serie de jornadas de sensibilización dirigidas a servidores públicos, población vulnerable a este delito, integrantes de la comunidad educativa y del sector turístico y hotelero. Estas jornadas de formación se realizan en el marco del Convenio de Cooperación suscrito con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). • En junio de 2011, el Ministerio del Interior y de Justicia pone a disposición de la ciudadanía la Línea Gratuita Nacional contra la Trata de Personas 01 8000 52 2020, la cual funciona las 24 horas del día, durante los 7 días de la semana. El propósito principal de esta línea es brindar la mayor información posible sobre los procesos migratorios intra y transfronterizos, convirtiéndose así en un instrumento de prevención de trata de personas, como también en una herramienta que facilite los procesos de asistencia y remisión de presuntos casos de trata a las entidades correspondientes para su investigación y judicialización. 119 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia Igualmente, esta línea constituye una fuente información importante sobre la dinámica del fenómeno de la trata de personas en Colombia, permitiendo así tener mayor conocimiento sobre este en el país, y lograr la promoción de políticas públicas por parte del Estado para enfrentar y combatir este delito. Eje de asistencia y protección El Comité Interinstitucional de lucha contra la Trata de Personas en cabeza del Ministerio del Interior y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), ha diseñado la ruta nacional piloto de asistencia a las víctimas de la trata de personas, la cual articula las acciones que deben ejecutarse en relación con víctimas adultas de este delito. Para cada uno de los servicios que componen el eje de asistencia para las víctimas de Trata existe uno o varios órganos estatales responsables de la gestión, ejecución y el soporte presupuestal de los mismos. Estas responsabilidades son interdependientes y necesarias para la adecuada y efectiva prestación de los servicios que integran el eje de asistencia para las víctimas de Trata. Fase de conocimiento del caso La información sobre hechos constitutivos de Trata de Personas puede provenir de diferentes fuentes, tales como las siguientes: información directa de la víctima, de su familia, de algún sector de la sociedad civil, por parte de algún servidor público que ejerza sus funciones en el territorio colombiano o en el exterior, o como producto de cualquier diligencia judicial como allanamientos realizados por entes que cumplen funciones de policía judicial, a través de diversos medios de prevención y sensibilización (línea gratuita 018000522020, página web, consultorio virtual “de que se trata la trata”, entre otras). Fase de registro del caso La entidad que haya recibido el caso debe remitir la información correspondiente a través de los formatos previamente establecidos al COAT, en caso de trata externa, el Consulado, Embajada o representación diplomática del país de destino, remite la información a la dirección de asuntos consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores y este será el encargado de informar al COAT. Fase de asistencia 120 Luego de que el COAT realice las labores de contrarreferenciación del caso reportado, y de realizar el registro respectivo se procede a materializar las acciones de asistencia inmediata, o mediata si la víctima se vincula en esta etapa al eje. Por lo tanto, los servicios previstos en cada etapa deben ser prestados por las entidades Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 responsables de forma coordinada, e informando siempre a la víctima de las condiciones de la asistencia, y de sus derechos y deberes. Cuando el Consulado, Embajada o representación diplomática del país de destino tiene información sobre un caso de trata de personas inicia las gestiones requeridas para garantizar los servicios a su cargo. Fase de seguimiento o monitoreo Esta fase se inicia una vez culmine la etapa de asistencia mediata y busca evitar la revictimización de las personas que sufrieron algún daño derivado de la Trata de Personas. Está a cargo de las Alcaldías o de las Gobernaciones, dependiendo de la instancia que haya efectuado en conjunto con la víctima el plan de reintegración respectivo. Con el propósito de apoyar a los Comités Departamentales de Lucha contra la Trata de Personas en el diseño y aplicación de rutas locales de asistencia con base en la ruta piloto diseñada por el Comité Interinstitucional de Lucha contra la Trata de Personas en cabeza del Ministerio del Interior y de Justicia y la OIM, durante el período de referencia se ha brindado asistencia técnica a seis (6) departamentos: Bolívar, Caldas, Cundinamarca, Nariño, Risaralda, Valle del Cauca y San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Eje de cooperación internacional En concordancia con la iniciativa global en la lucha contra la Trata de personas con la que el Estado colombiano está comprometido, no han sido escasas las oportunidades aprovechadas por el MIJ para compartir su experiencia con autoridades de otros países y organizaciones nacionales e internacionales, buscando igualmente aprender de otras experiencias exitosas en la lucha contra este delito. Durante el segundo semestre del año 2010 se realizaron dos Encuentros Binacionales para el intercambio de experiencias en materia de lucha contra la trata de personas: • Colombia - Chile En el marco del Plan de Acción en materia de lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo Colombia – Chile, se realizó el evento binacional de intercambio de experiencias “La Trata de Personas: respuestas coordinadas desde el Estado y la Cooperación Internacional” los días 6 y 7 de septiembre de 2010, en la ciudad de Santiago. • Colombia - Honduras En el marco del Plan de Acción en materia de lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo Colombia – Honduras, se realizó el evento binacional de 121 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia intercambio de experiencias “La Trata de Personas: respuestas coordinadas desde el Estado y la Cooperación Internacional” los días 15, 16 y 17 de diciembre de 2010, en la ciudad de Tegucigalpa. Eje de investigación y judicialización El Comité Interinstitucional de lucha contra la Trata de Personas reconoce la necesidad de fortalecer la capacidad técnica y operativa de las instituciones del Estado involucradas en la persecución y sanción del delito. Así, en la Estrategia Nacional Integral contra la Trata de Personas 2007-2012, se establece como prioridad el fortalecimiento de la labor de los organismos investigativos y de policía judicial y la gestión judicial para enfrentar de manera eficaz y eficiente las diferentes modalidades de trata de personas. En este sentido surge el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades estatales encargadas de las labores de prevención, investigación y judicialización del delito de trata de personas que tienen como origen, tránsito o destino el territorio colombiano, haciéndose indispensable proporcionar a los servidores públicos las herramientas de investigación y jurídicas que les permitan visibilizar la trata de seres humanos como delito y favorecer la acción contra esta problemática a la luz de la normatividad nacional e internacional vigente. Así, en el marco de un Convenio de Cooperación suscrito con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) se diseñó una fase de entrenamiento especializado dirigida a funcionarios y funcionarias en el nivel territorial, encargados de estas labores mediante su participación activa en cursos de entrenamiento departamentales, diseñados para entregar herramientas prácticas que permitan a los funcionarios identificar y judicializar efectivamente el delito en todos los rincones del país. Los participantes de los talleres en mención hacen parte de las sedes regionales de la Fiscalía General, el ICBF, el DAS, la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, así como funcionarios de la Rama Judicial y servidores públicos de la Gobernación respectiva. Durante el año 2010 se inició la implementación de un programa de entrenamiento con base en protocolos especiales para la judicialización de casos de trata de personas utilizando la técnica de juicios simulados. Bajo esta metodología y durante el período de referencia se realizaron jornadas de formación en los departamentos de Bolívar, Magdalena, Nariño, Risaralda, Cundinamarca, Leticia y Meta. Resultados 122 Se realizaron siete (7) jornadas de formación para la investigación y judicialización efectiva del delito de trata de personas. Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 • Bolívar: 36 personas capacitadas y certificadas. • Magdalena: 34 personas capacitadas y certificadas. • Nariño: 52 personas capacitadas y certificadas. • Risaralda: 47 personas capacitadas y certificadas. • Cundinamarca: 47 personas capacitadas y certificadas. • Amazonas: 46 personas capacitadas y certificadas. • Meta: 38 personas capacitadas y certificadas. Total: 300 personas capacitadas y certificadas. Descentralización de la política En desarrollo del artículo 14 parágrafo 2, el cual establece que “El Comité promoverá la creación de Comités Regionales departamentales y/o municipales contra la trata de personas” y teniendo en cuenta que en el territorio colombiano existen departamentos o municipios que por sus características geográficas, sociales y económicas resultan especialmente álgidos, o figuran alternativamente como lugar de origen, tránsito o destino de víctimas –pudiendo cumplir las tres condiciones–, se hace necesario adaptar los ejes de acción establecidos en la Estrategia Nacional a las especificidades geográficas y sociales de cada región. De esta manera y con el apoyo de organismos de cooperación internacional, se promovió la creación de Comités Regionales Departamentales o Municipales, los cuales están presididos por los correspondientes Gobernadores o Alcaldes, como espacios de articulación y coordinación interinstitucional con el objetivo de crear enlaces locales que contribuyan desde un enfoque y accionar territorial, a fortalecer la lucha contra este delito. Adicionalmente, el proceso descentralizador que se adelanta en Colombia desde hace algunos años obedece no solo a la intención de hacer más efectiva la función administrativa del Estado, sino que pretende con igual ímpetu, reconocer la capacidad de una comunidad territorial para tomar decisiones sobre asuntos locales que le atañen y le son más próximos. El Ministerio del Interior y de Justicia ha sensibilizado a las autoridades regionales para la creación de los Comités Departamentales y en la actualidad se cuenta con 29 Comités creados de los 32 departamentos que conforman el territorio Colombiano, de los cuales, durante el período comprendido entre el 7 de agosto de 2010 y el 20 junio de 2011, se logró la creación de 6 Comités Departamentales: Putumayo, Arauca, Boyacá, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Cauca y Tolima. 123 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia No. Departamento Decreto / Ordenanza Fecha 1 Caldas Resolución No. 0173 de 2007 31 enero 2007 2 Valle Decreto No. 0585 de 2007 6 septiembre 2007 3 Bolívar Decreto No. 748 de 2007 28 diciembre 2007 4 Huila Decreto No. 392 de 2008 17 abril 2008 5 Antioquia Decreto No. 1217 de 2008 6 mayo 2008 6 Norte de Santander Decreto No. 000335 de 2008 23 junio 2008 7 Cundinamarca Decreto No. 00144 de 2008 5 agosto 2008 8 Risaralda Decreto No. 045 de 2008 19 agosto 2008 9 Nariño Ordenanza No. 018 de 2008 3 julio 2008 10 Atlántico Decreto No. 00370 de 2008 9 septiembre 2008 11 Santander Decreto No. 0250 de 2008 7 noviembre 2008 12 Caquetá Decreto No. 00895 de 2008 12 noviembre 2008 13 Córdoba Decreto No. 002604 de 2008 9 diciembre 2008 14 Meta Decreto No. 0332 de 2008 30 diciembre 2008 15 Amazonas Decreto No. 0024 de 2009 26 marzo 2009 16 Cesar Decreto No. 00262 de 2009 24 agosto 2009 17 Sucre Decreto No. 1126 de 2009 21 octubre 2009 18 Quindío Decreto No. 00281 de 2010 20 febrero 2010 19 Magdalena Decreto No. 071 de 2010 15 marzo 2010 20 Vaupés Decreto No. 0173 de 2010 11 mayo 2010 21 Guainía Decreto No. 0151 de 2010 27 abril 2010 22 Guaviare Decreto No. 084 de 2010 7 mayo 2010 23 Casanare Decreto No. 0096 de 2010 01 julio 2010 24 Putumayo Decreto No. 0209 de 2010 31 agosto 2010 25 Arauca Decreto No. 287 de 2010 2 septiembre 2010 26 Boyacá Decreto No. 01289 de 2010 27 septiembre 2010 27 San Andrés, Providencia y Santa Catalina Decreto No. 0291 de 2010 Noviembre 2010 28 Cauca Decreto No. 0181 de 2011 8 mayo 2011 29 Tolima Decreto No. 0616 de 2011 26 mayo 2011 Centro operativo antitrata de personas (COAT) 124 El Comité Interinstitucional de lucha contra la Trata de Personas aprobó la creación del Centro Operativo Antitrata de Personas (COAT) el 22 de marzo del Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 2007, según consta en el Acta No. 008 de 2007. Este centro operativo, coordinado y administrado por el Ministerio del Interior y de Justicia, está encargado de lograr la articulación de las instituciones estatales, en los ejes de: a) asistencia y protección a las víctimas, b) la investigación judicial y persecución del delito, y así, unificar la información de los casos de Trata de personas y evitar la duplicación de esfuerzos de las entidades. El objetivo principal del COAT consiste en reducir el impacto del delito de trata de personas sobre las víctimas, además de restablecer sus derechos humanos y fundamentales. En cuanto a los objetivos específicos se debe mencionar que el COAT tiene tres ámbitos de acción, como centro de investigación, de atención y de información, por lo que para cada ámbito existe un objetivo. De esta manera, según cifras reportadas por el COAT, durante el 7 de agosto y diciembre 31 de 2010, se recepcionaron 43 noticias de presuntos casos de trata de personas. En relación con el año 2011, se han coordinado 12 posibles casos de este delito, para un total de 55 presuntos casos coordinados durante el período del informe. 125 Capítulo 3 Respeto y garantía de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario El mejoramiento de la situación en materia de derechos humanos es uno de los retos que este gobierno se ha impuesto en la ejecución de todas sus políticas, por lo que se consideró determinante la inclusión de un capítulo específico en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos”, a partir del cual se establecen tanto los lineamientos de acción en la materia, como la creación y puesta en marcha del Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. La administración advirtió también la necesidad de profundizar en el restablecimiento de las relaciones con la sociedad civil a través de la Mesa Nacional de Garantías, generando tanto espacios a nivel nacional como territorial. El trabajo que desde allí se ha llevado a cabo, ha dado como resultado la priorización de 14 regiones: Bogotá, D.C., Santander, Cauca, Nariño, Sucre, Chocó, Putumayo, Arauca, Norte de Santander, Atlántico, Valle del Cauca, Barrancabermeja, Risaralda y Antioquia, en las cuales se busca evaluar la situación e identificar acciones a desarrollar. Por otro lado la formulación y presentación de la Política Pública de Derechos Humanos en la que se destacó el Proceso de Garantías para Defensores de Derechos Humanos, Líderes Sociales y Comunales que lidera este Ministerio, se ha convertido en un mecanismo de definición de acciones de prevención, protección y garantía de los derechos humanos en el país. De la misma manera y con el fin de continuar contribuyendo en la garantía del acceso a la verdad, justicia y reparación, el Ministerio del Interior y de Justicia formuló un proyecto que permite la identificación e individualización de un número importante de personas que han sido inhumadas como NN. El proyecto que pone de presente el compromiso permanente de este Ministerio en la promoción, fortalecimiento e implementación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en el país, estuvo mediado por el trabajo mancomunado de las entidades competentes en materia, logrando con esto la firma de un convenio interinstitucional con el fin de alcanzar el objetivo planteado. 127 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia El proyecto que constó de (3) etapas, ya ha sido culminado en su totalidad dando como resultado la identificación e individualización positiva de 9.968 personas. Planes Integrales de prevención de DD.HH por departamento implementados Meta 2011: 5 2 Ejecución 2011: 5 1 0 1 2 3 4 5 3.1. Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos” contiene un capítulo específico en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, a partir del cual, se propone la creación y puesta en marcha del Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Esta tarea institucional es liderada por la Vicepresidencia de la República y el Ministerio del Interior y de Justicia, las cuales proyectaron el Decreto mediante el cual se crea el Sistema y socializaron su contenido con todas las entidades que harían parte de la Comisión Intersectorial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y de las organizaciones internacionales y no gubernamentales que hacen parte del proceso de la Conferencia Nacional de Derechos Humanos. En la actualidad, el proyecto de Decreto se encuentra en proceso de ajuste dadas las observaciones realizadas por las entidades que hacen parte de él, al igual que organizaciones internacionales y no gubernamentales. 128 3.1.1. Definición El Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario es el conjunto de principios, criterios orientadores, políticas, planes, programas, proyectos, instancias e instituciones públicas, del nivel nacional y territorial, con competencia en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la Política Nacional Integral de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y en la promoción de un enfoque de derechos y un enfoque diferencial en las políticas públicas sectoriales. Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 3.1.2. Objetivo Articular a las entidades, del nivel nacional y territorial, y coordinar acciones conjuntas y de manera ordenada para promover el respeto y garantía de los Derechos Humanos y la aplicación del Derecho Internacional Humanitario. Diseñar, implementar y hacer seguimiento a la política de derechos humanos y derecho internacional humanitario e incorporar el enfoque de derechos en las políticas sectoriales. Asegurar la plena vigencia y garantía de los derechos humanos así como el cumplimiento de los principios del derecho internacional humanitario. Garantizar que la acción del Estado en materia de derechos humanos sea integral, oportuna, eficaz y eficiente. 3.1.3. Crear, reglamentar e implementar el Sistema Nacional de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario Para crear, reglamentar e implementar el Sistema Nacional de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario, es necesario establecer un mecanismo de dirección que oriente al Sistema y articule la oferta institucional de las entidades tanto del orden nacional como territorial. 3.1.3.1. Instancias 1. Comisión Intersectorial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario: encargada de coordinar y orientar el Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Esta Comisión es presidida por el Vicepresidente de la República y hacen parte las siguientes entidades: Ministerio del Interior y de Justicia, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de la Protección Social, Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Ministerio de Cultura, Departamento Nacional de Planeación y Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional. 2. Secretaría Técnica: encargada de asesorar técnicamente a la Comisión Intersectorial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y operar sus decisiones. Esta Secretaría es ejercida por el Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. 129 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia 3. Grupos Técnicos: conjunto de instituciones encargadas de coordinar los Subsistemas, a partir de las orientaciones de la Comisión Intersectorial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario respecto del diseño, implementación, evaluación y seguimiento de cada uno de los componentes de la Política Nacional Integral de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. 4. Instancia territorial: responsable de diseñar, implementar, hacer seguimiento y evaluar, en aquello que corresponda, la Política Nacional Integral de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en el nivel territorial, conforme con los lineamientos y parámetros definidos en el Mecanismo de Coordinación Nación – Territorio, teniendo en cuenta sus competencias y el principio de autonomía de las entidades territoriales. 130 3.1.3.2. Esquema organizacional 3.1.4 Proceso Nacional de Garantías para defensores de derechos humanos, líderes sociales y comunales El Proceso Nacional de Garantías para la labor de las defensoras y los defensores de derechos humanos, líderes sociales y comunales es un acuerdo entre las instituciones del Estado de Colombia y las organizaciones defensoras de derechos humanos, que cuenta con el acompañamiento de la comunidad internacional y busca desarrollar conjuntamente estrategias de prevención, protección e investigación que permitan Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 dar cumplimiento a los mandatos impuestos al Estado, a partir de la Constitución Política y los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos. La estrategia, liderada por el Ministerio del Interior y de Justicia, se constituye a partir de la obligación indelegable del Estado de garantizar el ejercicio de la defensa de los derechos humanos en un Estado social de derecho como el colombiano, pues ha sido claro que sólo el trabajo conjunto entre las instituciones del Estado y las organizaciones de la sociedad civil pueden producir resultados en la generación de un clima favorable en la búsqueda de la garantía y respeto de los derechos humanos en Colombia y el rechazo a todas las formas de violencia y/o presión. El diseño metodológico del Proceso y la composición de los diferentes espacios en que se desarrolla, fueron definidos, de común acuerdo, entre las instituciones del Estado y los representantes de organizaciones de derechos humanos y de sectores sociales. El Proceso Nacional de Garantías tiene un desarrollo nacional y territorial, así: A. Nivel nacional La Mesa Nacional fue instalada el 30 de abril de 2009 por el Ministro del Interior y de Justicia. Se acordaron como objetivos de la misma, los siguientes: • Establecer un diálogo en relación con la necesidad de garantías para las organizaciones sociales y de derechos humanos con perspectiva de adoptar las decisiones que se consideren pertinentes. • Fortalecer el proceso de interlocución, nacional y territorial, para generar mayores niveles de confianza entre las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades del Estado, entre otras funciones asignadas. B. Composición Actualmente, la Mesa Nacional de Garantías la conforman el Ministro del Interior y de Justicia, quien la preside, el Vicepresidente de la República, los Ministros de Defensa Nacional y de la Protección Social; el Director General de la Policía Nacional, el Director del Departamento Administrativo de Seguridad - DAS, el Procurador General de la Nación, el Fiscal General de la Nación, el Defensor del Pueblo, el Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, los Directores de Derechos Humanos de los Ministerios de Interior y de Justicia, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Protección Social, delegados de las Plataformas de Derechos Humanos y Paz, del Consenso de  Londres - Cartagena y de los sectores sociales, de las plataformas internacionales de derechos humanos y de las 14 regiones priorizadas en el proceso de garantías. La Secretaría Técnica del Proceso es ejercida por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y se cuenta con el acompañamiento permanente de 131 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OACNUDH, y de delegados de las embajadas de Suecia y España en Colombia. C. Instancias de Apoyo Para el funcionamiento operativo de la Mesa y el seguimiento a la implementación de acciones y cumplimiento de acuerdos, se han constituido dos instancias dependientes de la Mesa Nacional de Garantías: • Grupo de Apoyo: es el encargado de coordinar la preparación y las actividades de la Mesa Nacional, así como de la realización de las primeras audiencias territoriales. Está integrado por la Dirección de DDHH - MIJ, el Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, la Procuraduría Delegada para Derechos Humanos y Asuntos Étnicos, un delegado de las Plataformas de Derechos Humanos, de sectores sociales y el PNUD, que ejerce la Secretaría Técnica. Grupo de Seguimiento: es un grupo de trabajo compuesto por delegados del Estado, de la sociedad civil y de la comunidad internacional, con el objeto de informar a la Mesa Nacional de Garantías, el avance en las medidas y compromisos adquiridos. La Secretaría Técnica está a cargo del PNUD. Un insumo para el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos y compromisos en el nivel territorial son los informes elaborados por la Defensoría del Pueblo para tal fin. D. Nivel territorial Para el trabajo que se ha adelantado en el nivel territorial, desde la Mesa Nacional de Garantías, se priorizaron 14 regiones: Bogotá, D.C., Santander, Cauca, Nariño, Sucre, Chocó, Putumayo, Arauca, Norte de Santander, Atlántico, Valle del Cauca, Barrancabermeja, Risaralda y Antioquia. Se tiene como objetivos: • Evaluar la situación de las defensoras y los defensores en cada región. • Construir confianza entre las partes. • Enfatizar la importancia del tema de garantías en las regiones y la necesidad de buscar soluciones al mismo. • Identificar acciones a desarrollar. • Establecer un espacio de garantías y lograr acuerdos para las agendas de trabajo. 132 En el nivel Territorial el proceso también se desarrolla alrededor de tres temas: prevención, protección e investigación y judicialización y se lleva a cabo a partir de Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 una Audiencia Territorial en la que defensores de derechos humanos exponen el diagnóstico sobre la situación de contexto y presentan propuestas que a consideración de ellos podrían contribuir a solucionar problemáticas planteadas. Luego de la audiencia se busca la conformación de una Mesa Territorial de Garantías o un espacio en el cual se pueda trabajar de manera específica el tema de las defensoras y los defensores de derechos humanos y los líderes sociales y comunales. Esta instalación se hace en los departamentos donde no existan instancias que puedan o estén asumiendo el tema específico. 3.1.4.1. Avance y resultados sobre el desarrollo general del Proceso de Garantías para Defensores de Derechos Humanos, Líderes sociales y comunales: 7 de agosto de 2010 – 20 de junio de 2011. El 18 de noviembre de 2010, el Ministro del Interior y de Justicia, doctor Germán Vargas Lleras presentó la Política Pública de Derechos Humanos en la que destacó el Proceso de Garantías para Defensores de Derechos Humanos, Líderes Sociales y Comunales que lidera este Ministerio, como un mecanismo de definición de acciones de prevención, protección e impulso de las investigaciones en procura de garantizar la labor de estas poblaciones y ratificó el compromiso del Gobierno Nacional de continuar con este espacio, convocó a todos los miembros de la Mesa Nacional de Garantías a sesionar y mediante comunicado de prensa de la misma fecha, el jefe de la Cartera Política: A. Definición de plan de trabajo En armonía con los retos formulados, se llevaron a cabo dos encuentros con sociedad civil, entidades de Gobierno y Estado y comunidad internacional, en los cuales se definió una ruta y plan de trabajo alrededor del tema de garantías. Estas reuniones se llevaron a cabo los días 20 de diciembre de 2010 y 17 de enero de 2011. Respecto a la primera, representantes de las organizaciones defensoras de derechos humanos del nivel nacional y regional presentaron al Ministro del Interior y de Justicia una propuesta para la reactivación de la Mesa Nacional en la que el Ministro se comprometió a estudiarla y daría una respuesta el 17 de Enero de 2011 en compañía de los Ministros de Defensa Nacional y de Protección Social (E), y la Fiscal General de la Nación. Con relación a la segunda reunión, fue convocada con el objeto de abordar la propuesta presentada por las Plataformas de Derechos Humanos y de Paz “Propuesta de Ruta de Reactivación del Proceso de Garantías, noviembre 2010”, para lo cual se presentaron las siguientes propuestas, que las plataformas han denominado como “mínimos”, de los cuales se toman algunos: 133 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia 1. Incorporación permanente de una delegada o delegado de cada audiencia territorial en la Mesa Nacional. 2. Convocatoria de reuniones temáticas especializadas: DAS y archivos de inteligencia, judicializaciones y lucha contra la impunidad, respaldo a la labor legítima de defensa de los DDHH, situación de garantías para sectores sociales (mujeres, campesinos/as, comunales, etc.), protección como deber de garantía del Estado, entre otros. 3. La incorporación del enfoque de derechos humanos de las mujeres, y realización de la reunión de Alto Nivel para analizar situación de riesgo de las defensoras de DDHH y de lideresas sociales. El Estado colombiano teniendo en consideración la propuesta presentada por las plataformas de derechos humanos y paz y avalada por los demás representantes de la sociedad civil que participan en este espacio, en estos cinco meses el Ministerio del Interior y de Justicia como cabeza de la Mesa Nacional de Garantías y en coordinación con las demás entidades del Estado puede afirmar que ha cumplido con los mínimos requeridos por la sociedad civil para la interlocución tripartita. Sin embargo, es apenas el inicio en la consolidación de resultados permanentes y sostenibles para brindar garantías de labor de los defensores de derechos humanos, líderes sociales y comunales. B. Incorporación permanente de una delegada o delegado de cada audiencia territorial en la Mesa Nacional. A partir de la reunión del 20 de diciembre de 2010, se incorporó permanentemente un delegado de cada audiencia territorial, elegido por las organizaciones que participan en el proceso para que asista a las reuniones de carácter nacional. El Ministerio del Interior y de Justicia ha garantizado la participación de 57 delegados territoriales en la mesa de garantías y en las reuniones preparatorias de las organizaciones sociales a través del otorgamiento de 90 tiquetes aéreos nacionales en las rutas e itinerarios solicitados a través de las plataformas de derechos humanos y paz; en este mismo, sentido el PNUD ha aportado lo relativo con hospedaje y gastos de traslado terrestres. C. Convocatoria de reuniones temáticas especializadas: DAS y archivos de inteligencia, judicializaciones y lucha contra la impunidad, Respaldo a la labor legítima de defensa de los DDHH, situación de garantías sectores sociales (mujeres, campesinos/as, comunales, etc.), protección como deber de garantía del Estado, entre otros. 134 El Estado Colombiano aceptó la sugerencia de las plataformas de realizar Mesas Nacionales temáticas donde los diferentes compromisos se abordarán de manera sectorial y se acordó iniciar con los siguientes temas: Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 • Investigación y judicialización. • Defensa y seguridad. • Defensoras de Derechos Humanos y lideresas sociales. • Protección a líderes en el marco de la reclamación de tierras. • Enfoque diferencial para pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas. • Derecho de Reunión y Asociación y Manifestación Pública y Pacífica. A continuación se consignan los principales temas abordados en cada una de las mesas temáticas y acciones realizadas, en el orden en que fueron realizadas. Es importante mencionar que todas las sesiones han sido presididas por el señor Ministro del Interior y de Justicia, y han contado con la participación de funcionarios del más alto nivel del Gobierno Nacional, el señor Vicepresidente de la República, Dr. Angelino Garzón, participó en 4 de las Mesas temáticas nacionales, y de acuerdo con los temas a analizar participaron los Ministros competentes y la señora Fiscal para el tema de investigación y judicialización. Así mismo, Titulares y Delegados de las entidades del Estado comprometidas con cada temática asistieron, se contó con la participación de la comunidad internacional y del Sistema de Naciones Unidas, y de los delegados de la sociedad civil representada en la Mesa Nacional de Garantías, así como delegados de las regiones priorizadas y de invitados de la sociedad civil con interés y afectación particular de acuerdo al tema tratado. D. Investigación y judicialización. Celebrada el 21 de febrero de 2011, en la Fiscalía General de la Nación, presidida por la señora Fiscal, doctora Vivianne Morales. Entre los temas tratados se encuentran: • Avances en investigaciones judiciales relacionadas con la garantía a la actividad que desarrollan defensoras, líderes y organizaciones sociales y comunidades organizadas sobre la base de una matriz que consolida 382 casos objeto de investigación presentados en las audiencias territoriales y en las sesiones de la Mesa Nacional desde abril de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2010. • La supresión de las fiscalías destacadas en las guarniciones militares y de policía. • El traslado de los casos de violaciones de DDHH de la jurisdicción penal militar a la justicia ordinaria. • La terminación de los convenios interadministrativos entre la Fiscalía, CTI y regionales de inteligencia militar del ejército. • El respeto al debido proceso y garantías para los casos de judicialización. 135 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia E. Flexibilización del Mecanismo a las particularidades y realidades regionales. Especialmente en temas como la presencia o no de la fuerza pública en las Audiencias y los mecanismos de seguimiento. En reunión del 17 de enero de 2011 el señor Ministro de Defensa Nacional, doctor Rodrigo Rivera Salazar destacó que es de su interés generar confianza entre la sociedad civil y la fuerza pública, y por ello manifestó su disposición a encontrar mecanismos que permitan avanzar, y a revisar la presencia de la fuerza pública en audiencias específicas. En este sentido, se programó para el 23 de junio de 2011 la realización de la Audiencia Territorial de Garantías en el Departamento del Chocó con la presencia del señor Ministro de Defensa Nacional para conocer la situación de los defensores de derechos humanos y líderes sociales en la zona y desarrollar estrategias de prevención y protección. Sin embargo, el 13 de junio de 2011 las organizaciones sociales que participan en la Mesa Nacional declararon la suspensión unilateral del proceso y solicitaron la cancelación de la audiencia que ya había sido convocada. F. Concertación de nueva agenda de futuras audiencias territoriales, incluida la del Chocó. En el Grupo de Apoyo de la Mesa Nacional el Gobierno manifestó su acuerdo respecto a ampliar la cobertura regional a otros departamentos del país, la primera audiencia estaba prevista para el 23 de junio de 2011 en Quibdó. La sociedad había condicionado la elaboración del cronograma de audiencias y la instalación de mesas territoriales al cumplimiento de los mínimos aquí consignados y a la terminación de las sesiones temáticas de la Mesa Nacional. El Ministerio del Interior y de Justicia ha recibido por parte de autoridades territoriales y nacionales solicitudes para activar el proceso territorial de garantías en los departamentos de Cauca, Cesar, Atlántico, Bolívar y Medellín y su área Metropolitana. G. Mecanismo de seguimiento efectivo a los compromisos nacionales y regionales y la adopción de una Agenda de Cumplimiento de los Compromisos emanados de las mesas nacionales y territoriales contenidos en la Matriz de Seguimiento. La concertación y adopción de esta agenda no debe superar los dos meses, en los cuales habrá un cronograma de cumplimiento y de presentación de informes. 136 Se había acordado realizar una jornada de trabajo para efectuar el seguimiento a los compromisos adquiridos por el Estado Colombiano para el 28 y 29 de junio, con el objeto de concertar una agenda de cumplimiento de los compromisos emanados de Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 las mesas nacionales y territoriales contenidos en la matriz de seguimiento, actividad que también fue suspendida unilateralmente por la sociedad civil el pasado 13 de junio de 2011. H. La Mesa Nacional de Garantías debe partir del respeto al DIH y del reconocimiento de la existencia del conflicto armado interno. El Gobierno Nacional en la Ley 1448 de 2011 “por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones” reconoce explícitamente la existencia del conflicto armado interno. De igual manera, el presidente de la República de Colombia, doctor Juan Manuel Santos ha manifestado el reconocimiento del conflicto armado interno en diferentes ocasiones. I. La incorporación del enfoque de derechos humanos de las mujeres, y realización de la reunión de Alto Nivel para analizar situación de riesgo de las defensoras de DD. HH. y de lideresas sociales. Se dio cumplimiento a esta propuesta a través de la realización de la Mesa Temática sobre Defensoras de Derechos Humanos y Lideresas sociales realizada el 7 de marzo de 2011. J. Desmonte y desarticulación del paramilitarismo. El Ministro de Defensa Nacional en su intervención en la Mesa Temática sobre Seguridad y Defensa expresó las siguientes consideraciones sobre el particular: • “En Colombia no existen grupos que tengan objetivos contrainsurgentes y que mantengan una relación con la Fuerza Pública con esos fines. • Lo que existen son bandas criminales cuyo objetivo es el narcotráfico y las rentas de negocios ilícitos. • Eso explica que las BACRIM busquen el control territorial como mecanismo para favorecer el narcotráfico, la minería ilegal y otras actividades ilícitas. • En ese sentido la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en su Informe del 2010, refiere: “El móvil fundamental de estos grupos es la obtención de lucro económico, principalmente de actividades ilícitas. En ese sentido, ejercen “control social” y recrean estructuras similares a la delincuencia organizada. Sin evidenciar una clara y coherente ideología o intencionalidad política, a veces utilizan terminología y parafernalia propia de organizaciones paramilitares, así como su modus operandi” La lucha contra las bandas criminales es una prioridad para este gobierno. • El Consejo de Seguridad Nacional determinó que las BACRIM son grupos de crimen organizado y como tales serán enfrentadas. 137 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia • De las 10.603 capturas, 1.270 corresponden a desmovilizados. • Entre el 1 de enero de 2010 y el 15 de enero de 2011, se han registrado 2.709 capturas. • De los cabecillas de Bandas Criminales que han sido capturados, 32 se identificaron como antiguos integrantes de las AUC. • Estrategia piloto en Córdoba - Plan Troya que incluye estrategia de lucha contra la corrupción”. El Ministerio del Interior y de Justicia es consciente que la tarea ha iniciado, en tanto se ha generado un clima favorable para la búsqueda y definición de acciones de respeto y garantía de los derechos humanos y el rechazo a todas las formas de violencia o presión, con el pleno respaldo de las autoridades nacionales, empezando por el propio Presidente de la República, Doctor Juan Manuel Santos Calderón. El desafío, que es de alta envergadura es avanzar decididamente, en todos los niveles de la administración pública, en la consecución y verificación de resultados tangibles que nos indiquen, con toda certeza, que los esfuerzos dispuestos han dado sus frutos. 3.2. Prevención de la violación de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario Las responsabilidades en materia de prevención del Ministerio del Interior y de Justicia según el Plan de Desarrollo vigente disponen la creación de sistema interinstitucional que se encargue de la articulación de la política pública en el país. En este sentido, la estrategia de coordinación Nación – Territorio se vuelve prioritaria para evitar que se cometan violaciones a los derechos humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario y que se aumenten los niveles de riesgo y vulnerabilidad de comunidades e individuos por causa del conflicto armado interno. Así mismo, la Dirección de DDHH tiene la obligación de cumplir las órdenes de la Honorable Corte Constitucional contenidas principalmente en la Sentencia T-025 de 2004 y sus Autos respectivos. En este sentido, se explican a continuación los puntos focales sobre los cuales se ha diseñado la oferta que actualmente se implementa desde el área de Gestión Preventiva del Riesgo. 138 El Auto 008 de seguimiento de la Sentencia T-025 de 2004 se fundamenta en la persistencia del estado de cosas inconstitucional en materia de Atención Integral al Desplazamiento Forzado por la Violencia en todo el territorio nacional. En este sentido, aborda los primeros cuatro ejes identificados para la solución a esta situación, relacionados respectivamente con el goce efectivo de derechos, la corrección de causas estructurales, la orientación racional y el enfoque diferencial aplicados a las políticas públicas y finalmente, la participación de los desplazados y organizaciones de la sociedad civil en las decisiones de Estado que los afectan. Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 De manera puntual, en el Auto están contenidos los esfuerzos de complementación de política pública ante los vacíos protuberantes encontrados en materia de prevención del desplazamiento y la garantía de los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición. De acuerdo con las competencias y responsabilidades asignadas al Ministerio del Interior y de Justicia, se establece como prioridad abordar el primer vacío enunciado, analizando el aporte que este Ministerio debe realizar en la creación de un Sistema Nacional de Prevención, que como se establece: • “Funcione en el marco de una política pública de prevención de violaciones a los DDHH. • Cuente con recursos adecuados que no dependan exclusivamente de la cooperación internacional. • Permita hacer un seguimiento permanente de la dinámica de desplazamiento, de la evolución del conflicto armado y de otros factores de la evolución de orden público y de seguridad ciudadana que incidan en el desplazamiento forzado. • Que supere el análisis puramente coyuntural activado por los informes de riesgo de la Defensoría del Pueblo. • Establezca mecanismos y protocolos técnicos para desvirtuar objetivamente los informes de riesgo. • Permita mantener por un tiempo prudencial las medidas de protección a bienes y personas, así no se declare la alerta temprana. • Cuente con un sistema de información adecuado para valorar los riesgos, que tenga en cuenta otros sistemas de seguimiento existentes sobre la evolución del conflicto armado y el orden público y sobre violaciones de derechos humanos, de tal manera que sea posible establecer mecanismos adicionales para la prevención del desplazamiento. • Facilite la implementación de planes de contingencia cuando el riesgo esté relacionado con operaciones legítimas del Estado para el mantenimiento del orden público. • Retroalimente el sistema de protección individual a líderes y personas desplazadas a cargo del Ministerio del Interior y de Justicia. • Dé una respuesta estatal oportuna, coordinada y efectiva ante los informes de riesgo señalados por la Defensoría del Pueblo y ante las declaratorias de alerta temprana que emita el CIAT” 1. Los esfuerzos de formular e implementar una política pública de prevención de violaciones a los derechos humanos en el marco del desplazamiento forzado, conllevan a que el nivel nacional, departamental, municipal y local, trabajen articuladamente de acuerdo a sus competencias y a los principios de concurrencia y solidaridad que rigen un orden descentralizado en la administración pública. 1 Auto 008 de 2009. 139 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia 3.2.1. Planes integrales departamentales de Prevención y Protección La Dirección de DDHH impulsa y acompaña espacios de interlocución entre las autoridades territoriales y la sociedad civil para prevenir las violaciones a los derechos humanos y las infracciones al DIH, proteger a la población vulnerable a través de la implementación de medidas que contrarrestan los riesgos identificados y mitigar y restituir los derechos de las víctimas. Estas actividades se desarrollan principalmente en 16 departamentos que están a cargo del Ministerio del Interior y de Justicia. En la formulación de los planes de prevención y protección, la Dirección de Derechos Humanos acompaña técnicamente el proceso, brinda formación a las autoridades locales y líderes de sociedad civil en materia de responsabilidades del Estado en derechos humanos y conceptualización  de prevención y análisis del riesgo; construye participativamente diagnósticos de riesgo, que permiten analizar y orientar las acciones o los procedimientos por parte de las instituciones, dicha herramienta se construye a partir de ejercicios metodológicos como la construcción de línea de tiempo, cartografía del riesgo (Mapa general, mapa de relaciones, recursos y capacidades), identificación y la caracterización de escenarios de riesgo. La formulación y validación del Plan de prevención y protección incide territorialmente en la apropiación por parte de las autoridades locales en compromisos en materia de prevención y protección, impulsa a que localmente se realice un monitoreo  constante del riesgo, que les permite a las autoridades actuar e implementar acciones y medidas oportunas y a su vez, disminuir las vulneraciones a los derechos humanos e infracciones al DIH. Las estrategias de prevención implementadas por la Dirección de DDHH para el Auto 008 de 2009 se enmarcan en el desarrollo del proyecto de inversión presentado a Planeación Nacional de: “prevención a violaciones de derechos humanos, promoción y protección de los derechos humanos y aplicación del derecho internacional humanitario- atención a la población desplazada – APD”. Anexo I. Los avances que este proyecto llevó a cabo a la fecha en cada uno de los 16 departamentos se encuentran en el siguiente cuadro. Cuadro de avance en la formulación, validación, y ejecución de planes de prevención y protección departamental. Esta ejecución tiene diferentes niveles de avance. DEPTO. 140 Guajira FORMULADO VALIDADO EN EJECUCIÓN X X X OBSERVACIÓN Uno departamental y 4 municipales. Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 DEPTO. FORMULADO Cesar VALIDADO EN EJECUCIÓN OBSERVACIÓN Construido en 9 municipios y plan piloto en 4 municipios más. X Atlántico En construcción. Magdalena X X X 14 planes municipales. Córdoba X X X Dos planes subregionales. Antioquia X X X Bajo Cauca. Chocó X X X Cuenca del Atrato. Cuenca del San Juan. Caldas X X X Focalizado en los municipios de la subregión de Oriente de Caldas. Quindío X X X Departamental Risaralda X X X Departamental C/ marca X Huila X X Caquetá X X X Departamental Putumayo X X X Uno departamental se elaboró en cuatro regiones y tiene decreto departamental. Amazonas X X 19 municipios focalizados. Uno departamental y el de la ciudad de Neiva. Por gestionar recursos. Guainía En construcción. Los Planes Integrales de Prevención de DD. HH. por departamento se encuentran al 100% implementados en Córdoba, Caldas, putumayo, Caquetá, Magdalena. Planes Integrales de prevención DD. HH. por departamento implementados Meta 2011:5 2 Ejecución 2011:5 1 0 1 2 3 4 5 141 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia 3.2.2. Respuesta institucional al Auto 092 de 2008 El Auto 092 ordena la creación del programa de “Promoción de la participación de la mujer desplazada y de prevención de la violencia sociopolítica contra las mujeres líderes de población desplazada” el cual, en su componente de prevención, es responsabilidad directa de la Dirección de DDHH del Ministerio del Interior y de Justicia. A partir de las acciones adelantadas por el Ministerio del Interior y de Justicia y de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional en la implementación del programa es importante resaltar logros, dificultades y resultados que a la fecha se han logrado en cada uno de los departamentos priorizados. Algunos logros del programa de promoción de la participación y de prevención de la violencia sociopolítica. • Coordinación interinstitucional nación territorio mediante el desarrollo de trabajo articulado de acciones, elaboración de agendas y cronogramas de trabajo en los departamentos de Bolívar y Putumayo y en la ciudad de Bogotá D.C. • Asistencia técnica a los funcionarios y dependencias de las Gobernaciones, Alcaldías y entidades del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada - SNAIPD para la incorporación del enfoque diferencial, promoción del derecho a la participación y realización de diagnósticos de riesgo de manera conjunta que den respuesta a las demandas de las mujeres en los departamentos de Bolívar, Caquetá, Valle del Cauca y Putumayo, reflejando acciones puntuales para la construcción de planes de acción. • En talleres regionales y con la participación de más de 250 mujeres se ha avanzado en la presentación y análisis de los contenidos básicos del Auto 092 y del Programa No. 10, en la reflexión de los conceptos de género, riesgo y sus factores, participación política de las mujeres en situación de desplazamiento forzado y el deber de prevención del Estado. A partir de esta conceptualización básica y con ayuda de cartografía social se ha elaborado el diagnóstico de riesgo de violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH, identificando los ámbitos donde se evidencian los mayores impactos del desplazamiento forzado y los riesgos de género asociados y sus particularidades regionales. Fruto de este ejercicio, el Ministerio del Interior y de Justicia dispone de un conjunto de instrumentos metodológicos validados para realizar análisis de riesgo con enfoque de género directamente en las regiones y con participación activa de las mujeres y organizaciones de mujeres. 142 Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 Además, ha logrado interlocución directa con las beneficiarias del Programa 10 y ha hecho presencia institucional directa que permite a las mujeres y a las autoridades locales conocer de primera mano la oferta institucional y que se articulen a esta. • Participación y Empoderamiento de las mujeres en la construcción de los planes de acción del programa. • Acercamiento y credibilidad entre las mujeres desplazadas y las instituciones. • Gestión interinstitucional para incluir planes de acción dentro de los Planes Integrales Únicos - PIU departamentales y municipales. • Avances en la identificación de medidas diferenciales de prevención y protección. • Las instituciones participantes del proceso disponen de diagnósticos participativos de riesgo actualizados, y la identificación de medidas de prevención y protección que aportan elementos conceptuales y metodológicos para ser considerados en el diseño y puesta en marcha de política pública en materia de derechos humanos con perspectiva de género. Algunas dificultades evidenciadas en el proceso de implementación del programa • Falta de voluntad política de algunas entidades territoriales para vincularse al programa. • Falta de disposición de recursos económicos, humanos y materiales articulados para el desarrollo e implementación de los Planes de Acción del programa a nivel territorial (Gobernaciones y Alcaldías). • Baja capacidad de algunas de las mujeres lideresas en situación de desplazamiento forzado y de sus organizaciones para desarrollar acciones efectivas frente a la gestión del riesgo. • Debilidad en la articulación y coordinación de las instituciones locales frente a la gestión preventiva del riesgo dirigida a mujeres lideresas en situación de desplazamiento forzado y sus familias. • El tema de enfoque diferencial y los planes operativos específicos no han sido incluidos dentro de los Planes Integrales Únicos, lo que dificulta la implementación. • Tendencia de las organizaciones mixtas de población desplazada a mantener la representatividad masculina. 143 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia Avances sobre la implementación del programa por departamentos BOLÍVAR DEPTO. AVANCES DIFICULTAD El 14 de abril de 2011 en el marco del Comité Distrital de Atención Integral a la Población Desplazada, se lanzó oficialmente el programa en el Distrito de Cartagena. El programa no se puede iniciar a nivel de todo el departamento, debido a la falta de voluntad política de la gobernación para vincularse al proceso. Se avanzó en la construcción del Plan de formación y capacitación para las mujeres, dando cumplimiento a una de las actividades del Plan de Acción a cargo de Acción Social. Se realizó un ejercicio de Ruta de Protección con énfasis en mujeres lideresas de población desplazada y sus organizaciones, entre el Programa de Protección del MIJ y la Alcaldía del Distrito de Cartagena. Las alcaldías de Turbaco y Arjona tienen debilidades para asumir el proceso de gestión preventiva del riesgo. OBSERVACIONES . Levantamiento del Diagnóstico de Riesgo y está proyectado realizar un encuentro con organizaciones y lideresas para identificar medidas de prevención y protección con enfoque diferencial y adecuado al contexto a realizarse los días 11 y 12 de julio de 2011. SUCRE El Plan de Acción se encuentra diseñado, con responsabilidades institucionales asignadas. En el componente de prevención se levantó el Diagnóstico de Riesgo y la identificación de medidas de prevención y protección con enfoque diferencial, adecuado al contexto. META Se iniciaron las sesiones de trabajo en el departamento del Meta con la realización de una reunión interinstitucional para socializar el programa de “Promoción de la Participación y Prevención de la Violencia Sociopolítica contra las Mujeres en Situación de Desplazamiento” y sensibilizarlas frente al tema. 144 Igualmente se convocó a las representantes de la “Red Desplazadas Red de Mujeres en Situación de Desplazamiento Forzado en el Meta” con el propósito de darles a conocer el programa, informarles sobre el procedimiento a seguir para la construcción del Plan de Acción. En el mes de julio se realizará el primer taller de gestión de riesgo para desarrollar el componente de prevención. Es necesario adelantar un trabajo de articulación Nación – Territorio con las autoridades departamentales y locales. Falta de compromiso de las entidades que tienen competencia en el tema de participación y prevención Se realizó en el mes de junio una reunión con las entidades que tienen responsabilidades asignadas dentro del Plan de Acción para definir presupuesto de participación. Se espera poner en marcha el programa a finales de junio, principios de julio. Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 DEPTO. AVANCES BOGOTA D.C Realización de talleres con mujeres de diferentes localidades del Distrito donde se construyó documento de propuesta para el componente de participación. Se conformó un equipo técnico institucional del orden nacional y distrital de las dependencias que facilitan los procesos de participación de las MVDF con el fin de articular acciones de manera conjunta para construir propuesta de un sistema de participación efectivo en el distrito para las mujeres en situación de desplazamiento. Se abrió un espacio de reflexión sobre los conceptos del riesgo de mujeres lideresas de población desplazada en el Distrito. DIFICULTAD OBSERVACIONES Se han identificado dificultades con algunas lideresas del Distrito de Bogotá que no favorecen los procesos que se vienen desarrollando en el marco del Programa. Falta de confianza entre algunas organizaciones de mujeres desplazadas y las instituciones de Gobierno Nacional. Se efectuó en el mes de mayo un encuentro con funcionarios y referentes institucionales del distrito, organismos de control, MIJ, Acción Social, entidades del SNAIPD, mujeres representantes del comité distrital, de los 12 comités locales, representantes del grupo de seguimiento del Auto 092, lideresas del distrito, buscando mejorar el sistema y los mecanismos de participación de acuerdo con la normatividad y el enfoque diferencial en el mes de mayo de 2011 para incrementar el ejercicio de la participación.  No existe un compromiso claro por parte de las autoridades municipales en el desarrollo del Auto 092. Está pendiente una reunión con el enlace de la Gobernación para incluir recomendaciones de inclusión del enfoque diferencial y socializar el trabajo realizado por las mujeres con el fin de acordar acciones específicas para construir el Plan de Acción que dé viabilidad a la implementación del programa en el territorio. CAQUETÁ Con la participación de la cooperación de GIZ, se concertó un plan de trabajo con las mujeres líderes de población desplazada para avanzar en los acercamientos con las entidades de gobierno. Se vienen realizando talleres regionales con las mujeres víctimas del desplazamiento forzado logrando la consolidación de espacios de interlocución, información, formación con la construcción por parte de las mujeres de una propuesta para garantizar la participación efectiva en el departamento, documento que fue entregado a la Gobernación y a las entidades del orden departamental para dar inicio a la construcción de un plan operativo en el territorio. Así mismo se cuenta con un diagnóstico de riesgo levantado con mujeres lideresas de 6 municipios del departamento y la identificación de medidas de prevención y protección con enfoque diferencial y adecuado al contexto. 145 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia DEPTO. AVANCES DIFICULTAD Durante el mes de julio y/o agosto de 2011 se tiene previsto elaborar plan de acción por parte de las entidades de orden departamental, la Gobernación, MIJ y Acción Social, información que será recogida por Acción Social para consolidar plan operativo y definir presupuesto para la implementación del programa en el departamento. A finales del 2010 y principios de 2011, se dio inicio a los procesos de participación solicitados directamente por las MVDF de distintos municipios del departamento. Se desarrollaron talleres regionales que convocan un número significativo de mujeres del territorio, quienes construyeron una propuesta para Acción Social, MIJ y la Gobernación que dé viabilidad a respuestas oportunas frente a las demandas de las MVDF- enfoque diferencial en el marco del Auto 092. PUTUMAYO OBSERVACIONES La propuesta de participación construida por las mujeres fue presentada en el último comité departamental de marzo de 2011. Para el mes de agosto de 2011 el MIJ desarrollará un taller regional para realizar diagnóstico de riesgo de las mujeres lideresas del departamento. Resultados de los avances en la promoción de la participación de las MVDF la Gobernación confirma la creación de una mesa temática MVDF para impulsar el tema de participación y prevención de la violencia contra las mujeres y desde este espacio escuchar las solicitudes y demandas para trabajar de manera coordinada en una agenda departamental La Gobernación, entidades del orden local, MIJ, Acción Social en la actualidad están construyendo plan operativo para implementar programa. Con la participación de las mujeres lideresas de 14 organizaciones de población desplazada se adelantaron: VALLE DEL CAUCA Diagnóstico de riesgo. Formulación de medidas de prevención y protección con enfoque diferencial. El proyecto presentado a la Dirección de DDHH no ha avanzado en la etapa contractual. Se identifican avances importantes a nivel organizativo que requiere apoyo de mediano y largo plazo para incrementar sus capacidades de participación como organizaciones de mujeres en situación de desplazamiento forzado. La participación de las mujeres se orienta a solicitudes personales sobre la atención humanitaria, dificultad para que estas se centren en el tema de participación. Falta coordinar la convocatoria de mujeres lideresas y sus organizaciones con las autoridades e instituciones regionales. Proyecto de multiplicación del programa 10 del Auto 092 en todo el departamento del Valle, dirigido tanto a lideresas de población desplazada como a funcionarios que tienen competencia en el tema. ANTIOQUIA Conformación y capacitación del equipo de multiplicadoras que van a ejecutar el proyecto de multiplicación. 146 Se realizó un primer taller de aproximación a los conceptos de participación, género, prevención y protección con mujeres lideresas de población desplazada. Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 DEPTO. AVANCES Se realizaron dos talleres: En el primero se levantó un mapa de riesgo de manera participativa con las mujeres lideresas de población desplazada forzadamente. GUAVIARE En el segundo se construyó una propuesta de medidas de prevención y protección acordes al contexto del departamento. Se realizó una reunión del Comité departamental de fortalecimiento a las Organizaciones de Población Desplazada, en donde se presentó el diagnóstico de riesgo y la propuesta de medidas de prevención y protección. Se acordó realizar una reunión de seguimiento aproximadamente en el mes de agosto de 2011. Se identificaron las organizaciones de mujeres y mixtas de población desplazada donde existe trabajo político alrededor del tema. DIFICULTAD OBSERVACIONES Se evidencia que las mujeres no hacen parte de la toma de decisiones en los espacios y escenarios de incidencia en la política pública. Se necesita proyectar un trabajo intensivo de formación para las lideresas en temas de gestión preventiva del riesgo y de participación efectiva de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado en los espacios y escenarios para que sean reconocidas como sujetos de especial protección. Llama la atención la preocupación expresada por las asistentes frente a la escasa acción institucional en el departamento y los 4 municipios, frente a la problemática que viven las mujeres en situación de desplazamiento forzado. Falta de compromiso de las entidades que tienen competencia en el tema de participación y prevención. Al igual que en las demás regiones del país se requiere implementar una estrategia de acompañamiento de mediano y largo plazo, que involucre no solo a las mujeres lideresas en situación de desplazamiento forzado, sino también a todas las entidades territoriales comprometidas en el programa. 3.2.3. Estrategia de prevención, protección y garantías de no repetición en el marco de los retornos o reubicaciones de Población Desplazada La orden vigésimoquinta del Auto 383 de 2011 ordena al Ministro del Interior y de Justicia, al Ministro de Defensa Nacional y al Director de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, que dentro de los tres (3) meses siguientes a la comunicación del presente auto, diseñen una estrategia específica de prevención de riesgos y acompañamiento para los procesos de retorno y reubicación en las entidades territoriales incluidas en el plan “Retornar es Vivir”, que dé garantías de seguridad para el retorno y reubicación. En la implementación a lo ordenado por la Honorable Corte Constitucional se generaron las herramientas necesarias para el desarrollo de la estrategia propuesta en el marco de la orden 25; así mismo, se evaluó el trabajo que, en el tema de Prevención y Protección, se había realizado en los 9 departamentos con procesos de retornos priorizados en la estrategia Retornar es Vivir. Los productos obtenidos a partir de las mesas de Prevención fueron Planes de Prevención y Protección construidos en las zonas de retornos priorizadas en la estrategia “Retornar es Vivir”, por la Dirección de DD. HH. Ministerio del Interior 147 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia y Justicia, con acompañamiento de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional. En una primera fase se programó la construcción de los Planes en los procesos del Oriente Antioqueño, Cesar, Magdalena y Chocó. 3.2.3.1. Talleres para la construcción de planes de Prevención, Protección y Garantías de no repetición La finalidad del trabajo en estos talleres fue la construcción concertada con la comunidad de los Planes de Prevención y Protección para sus zonas, así como la generación de compromisos por parte de las instituciones participantes para el cumplimiento y seguimiento de los mismos. DEPARTAMENTO O REGIÓN Oriente Antioqueño MUNICIPIOS ESCENARIOS DE RIESGO Cocorná, Granada, San Carlos, San Luis, San Rafael y San Francisco Ingreso de grupos armados ilegales a la región, debido a la no sostenibilidad y control del territorio por parte de la Fuerza Pública. Aumento de los accidentes por minas antipersonales en las zonas rurales de los 6 municipios del programa Retornar es Vivir. Grave y generada afectación de la población juvenil vulnerable, por el consumo de sustancias psicoactivas, en deterioro de su salud mental como consecuencia del conflicto armado en años anteriores, colocando en riesgo el entorno social con el que interactúan. Desplazamiento forzado en territorios donde se desarrollan prácticas de minería ilegal como consecuencia de las dinámicas del Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño. Presencia de grupos armados ilegales asociados al desarrollo de megaproyectos hidroeléctricos en el municipio de Granada. Magdalena Algarrobo, Remolino y Sitio Nuevo. Revictimización de los habitantes de la comunidad retornada que podía generar un segundo desplazamiento. Asesinato de líderes y candidatos a administraciones y corporaciones públicas y Reclutamiento forzado. Cesar 148 Pailitas, Chiriguaná y Curumaní. Accidentes e incidentes por MAP y MUSE. Revictimización de la población retornada o reubicada y, Atentados contra la vida e integridad personal de los habitantes de la región. Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 DEPARTAMENTO O REGIÓN Chocó MUNICIPIOS ESCENARIOS DE RIESGO Carmen del Atrato La formulación e implementación del plan de prevención y protección, en el marco de la estrategia Retornar es Vivir, para las comunidades negras de las cuencas de los ríos de Jiguamiandó y Curvaradó se desarrollará una vez se surtan los procesos de Censo y elección de nuevas juntas directivas a partir de la realización de las Asambleas Generales de los Consejos Comunitarios, en concordancia con lo ordenado por la Honorable Corte Constitucional, a través del Auto 384 de 2010 Los resultados de esta primera etapa fueron la construcción participativa del diagnóstico de riesgo de cada municipio, que comprende el levantamiento de la línea de tiempo de los sucesos más significativos de violaciones a los DDHH e infracciones al DIH, así como la historia de los retornos de cada municipio. Igualmente, el diagnóstico incluye el análisis de las vulnerabilidades de las comunidades retornadas y de las capacidades que se han ido fortaleciendo en los últimos 2 años. El trabajo realizado, le ha permitido al Gobierno Nacional contar con herramientas de prevención para las comunidades retornadas o reubicadas, evitando la revictimización o mitigando las violaciones a los derechos humanos. 3.2.4. Modelo de seguridad, prevención y protección para la Restitución de Tierras El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de Defensa Nacional y del Interior y de Justicia, diseñaron y coordinan el Modelo de Seguridad, Prevención y Protección con el propósito de asegurar que el proceso de restitución de tierras emprendida por el Gobierno Nacional se realice en condiciones de seguridad y protección requeridas para el beneficio de las personas, grupos de personas y comunidades beneficiarias. El Modelo de Seguridad, Prevención y Protección ha propiciado la convocatoria de los actores institucionales concernidos, en el nivel nacional y territorial, y además ha contado con el acompañamiento de varias organizaciones internacionales del Sistema de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, lo cual puede describirse de la siguiente forma: Integración Interinstitucional El proceso de implementación del Modelo ha gozado de la participación de diversas instituciones del Estado, entre ellas, la Vicepresidencia de la República, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), el Comando General de las 149 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia Fuerzas Militares, la Policía Nacional, el Departamento Administrativo de Seguridad, la Fiscalía General de la Nación, entre otras. Socialización Territorial El 8 de abril de 2011, el Modelo fue socializado con las autoridades civiles de la región de Apartadó, con las organizaciones de víctimas y reclamantes de tierras y las autoridades militares y de policía. Entretanto, el 9 de abril de 2011, la comisión interinstitucional responsable de implementar el Modelo socializó su estructura y funcionamiento en la ciudad de Montería con participación de las autoridades municipales y departamentales, las organizaciones de víctimas y reclamantes de tierras y las autoridades militares y de policía de Córdoba, Atlántico, Magdalena y Sucre. Priorización de Casos El Modelo, a 23 de junio de 2011, ha priorizado 4 casos de intervención de conformidad con la información reportada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y de acuerdo con la información disponible respecto de las necesidades de intervención del Estado, de la siguiente forma: a. Comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó, Departamento de Chocó. b. Municipio de Chivolo (varios predios), Departamento de Magdalena. c. Predio “Las Pavas”, Municipio de El Peñón, Departamento de Bolívar. d. Predio “Mundo Nuevo”, Departamento de Córdoba. En cada uno de los 4 casos, el avance se ha registrado a partir de la programación e implementación de acciones concretas en los componentes que integran la intervención del Modelo. Acompañamiento Internacional El Modelo, a partir de las instituciones que lo integran, ha generado la invitación a participar de la discusión, retroalimentación y fortalecimiento de la estrategia, a varias organizaciones internacionales. Desde diciembre de 2010 se han realizado 4 sesiones técnicas de la Mesa de Acompañamiento Internacional del Modelo. 150 Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 Modelo de seguridad, prevención y protección Componente de Fortalecimiento Institucional y Social El Ministerio del Interior y de Justicia lidera este componente del Modelo, orientado a la gestión del riesgo de violaciones a derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario con un énfasis en la prevención temprana, y con acciones en prevención urgente y garantías de no repetición. Las actividades previstas se enfocan hacia el diagnóstico y monitoreo del riesgo en las zonas objeto de restitución, el diseño participativo de medidas de prevención, la adopción de acciones a cargo de las instituciones concernidas, el acompañamiento y asesoría del nivel nacional al nivel territorial, tanto a autoridades como a las organizaciones beneficiarias y actividades de capacitación y sensibilización a estos mismos actores. Un primer ejercicio realizado desde el nivel nacional permitió identificar una serie de amenazas presentes en la mayoría de zonas objeto de restitución, sobre las cuales, se diseñan e implementan acciones para mitigar o evitar los riesgos que puedan generarse atendiendo las particularidades de la zona. El trabajo interinstitucional identificó, a su vez, las siguientes características o condiciones de los territorios y población focalizada en el proyecto de restitución: • El aislamiento geográfico y las precarias condiciones de acceso a los predios a restituir; • La importancia estratégica del territorio para el conflicto armado interno o para la expansión de proyectos económicos; • Los bajos niveles de capacidad institucional de los entes territoriales; 151 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia • El precario control del monopolio de la fuerza en algunas zonas a ser intervenidas; • Los altos niveles de impunidad; • Los presupuestos territoriales exiguos para atender las necesidades poblacionales y por ende inexistencia de programas de carácter social para atender las necesidades de la población; • Los altos índices de necesidades básicas insatisfechas, condiciones de pobreza o indigencia; • El desconocimiento de los derechos e incapacidad de hacerlos exigir; • La fragmentación de las comunidades y sus organizaciones; • La cooptación de líderes por parte de actores ilegales, armados o no; • La estigmatización de las comunidades por parte de las autoridades y algunos sectores sociales, económicos y políticos. Mesa de Interlocución Territorial para la Restitución La implementación del Modelo se orienta desde el punto de vista institucional, en este sentido, el propósito institucional es habilitar, por cada uno de los procesos de restitución adelantados en las regiones del país, la Mesa de Interlocución Territorial para la Restitución, con participación de los beneficiarios del proceso, de las organizaciones de víctimas y reclamantes de tierras y de los organismos internacionales presentes en la Mesa de Acompañamiento Internacional. 3.2.5. Gestionar la identificación de N.N. para contribuir al acceso a la verdad, justicia y reparación Dentro de las acciones que la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia ha adelantado en pro de la verdad, justicia y reparación de las víctimas en Colombia, dentro del marco del respeto y la protección de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario encontramos las siguientes: Convenio Interadministrativo de Cooperación 001 del 26 de octubre de 2010 celebrado entre el Ministerio del Interior y de Justicia - Dirección de Derechos Humanos-, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 152 Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 El Ministerio del Interior y de Justicia consciente que en las últimas décadas un número importante de personas han sido inhumadas como NN y de la necesidad de formular un proyecto que permita a la sociedad colombiana acceder al derecho a la verdad, mediante la identificación e individualización de esas personas, así como del compromiso permanente del Gobierno Nacional por la promoción, fortalecimiento e implementación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en nuestro país, convoca a las entidades competentes en materia de identificación, con el fin de impulsar la firma de un convenio interinstitucional con el propósito de alcanzar tal objetivo. El 26 de octubre de 2010 se suscribió el Convenio de Cooperación No. 001, que tiene por objeto aunar esfuerzos para el procesamiento de las 35.000 necrodactilias existentes en la Registraduría Nacional del Estado Civil, mediante la comparación de las huellas dactilares almacenadas en el sistema AFIS, a fin de lograr la identificación de personas fallecidas y cruzar las identificaciones positivas con los reportes de personas desaparecidas ingresados al Registro Nacional de Desaparecidos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. En consideración a que este tipo de compromisos refleja una de las funciones de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia, es la razón por la cual esta Dirección obra como parte actora y supervisora del convenio. El convenio se desarrolla en tres (3) etapas: i) Primera: asignación de una partida presupuestal, por parte del Ministerio del Interior y de Justicia, para que la Registraduría cuente con 9 dactiloscopistas y 8 auxiliares con el fin de procesar las 35.000 necrodactilias y decadactilares existentes en los archivos de la Registraduría; ii) Segunda: procesar, por parte de la Registraduría, las 35.000 necrodactilias existentes mediante consulta en el sistema AFIS, remitiendo a Medicina Legal los datos de identificación de los casos procesados, de acuerdo con las variables previamente definidas; iii) Tercera: una vez Medicina Legal reciba de parte de la Registraduría el archivo con las identificaciones obtenidas, cruzar esta información con los reportes de personas desaparecidas existentes en el Registro Nacional de Desaparecidos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. El jueves 26 de mayo de 2011 el Ministro del Interior y de Justicia, en presencia de los representantes de los organismos internacionales acreditados en nuestro país y de las organizaciones de familiares y miembros de la sociedad en general, da a conocer las acciones emprendidas que incluyeron el cotejo de las 22.689 necrodactilias de personas muertas no identificadas, y su comparación con las cerca de 740 millones de huellas que la Registraduría Nacional de Estado Civil tiene en su sistema de información y el contenido del informe del convenio, así: 153 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia NECRODACTILIAS PROCESADAS 22.689 IDENTIFICACIONES POSITIVAS Verificaciones de identidad de cadáveres con nombre 4.386 Total identificaciones positivas IDENTIFICACIONES NEGATIVAS Identificación de cadáveres Menores de edad Sin información no identificados 5.582 9.968 4.210 Total negativas 8.511 12.721 Coincidencias con reportes de personas desaparecidas en el registro nacional de desaparecidos 444 Reglamentación de la Ley 1408 de 2010 La Dirección de Derechos Humanos se encuentra actualmente liderando el proceso de reglamentación de la Ley 1408 de 2010, la cual contiene un conjunto de herramientas de garantía para la reparación, el esclarecimiento de la verdad y la búsqueda de justicia a favor de los familiares de las víctimas del delito de desaparición forzada en Colombia, cuyo objeto es rendir homenaje a las víctimas de ese delito, adoptar medidas para su localización e identificación, y brindar asistencia a los familiares de las mismas durante el proceso de entrega de los cuerpos o restos humanos exhumados. Proyecto de Reglamentación Con base en el mandato del artículo 15 de la Ley 1408, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, realizó un trabajo inicial de reglamentación. Por delegación del Señor Viceministro del Interior, la Dirección de Derechos Humanos entró en contacto con la Comisión y su Secretaría Técnica, con el propósito de liderar la reglamentación de la Ley. El 21 de febrero de 2011, la Comisión radicó la propuesta de reglamentación por ellos elaborada, texto que es recibido en la Dirección de Derechos Humanos el 25 de febrero de 2011. Proceso de Reglamentación Dirección de Derechos Humanos 154 La Dirección de Derechos Humanos con base en el documento presentado por la Comisión, elaboró un texto de proyecto de reglamentación el cual comprende un estudio de legislación y jurisprudencia nacional y el análisis de documentación nacional e internacional sobre los temas que desarrolla la Ley, y de manera especial, las obligaciones contraídas por Colombia a partir de la entrada en vigencia de la Ley Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 1418 de 2010, por medio de la cual se aprueba la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas; así mismo, diseñó un cronograma de trabajo para la revisión, ajuste y socialización del proyecto de Decreto, bajo la metodología de trabajo de cinco (5) mesas temáticas. En ese sentido, el señor Viceministro del Interior convocó a todas las entidades competentes en el marco de la Ley con el propósito de discutir el proyecto de reglamentación. Estas mesas de trabajo han contado con la participación de las entidades que a continuación se enuncian y de delegados de las organizaciones de familiares integrantes de la Mesa Interinstitucional de Apoyo a las Víctimas de Desaparición Forzada liderada por OACNUDH-CICR y de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. MESAS TEMATICAS 1. Banco de Perfiles Genéticos de Desaparecidos. 2. Familiares de las Víctimas (Atención Psicosocial). 3. Elaboración de Mapas y Compartir Información. 4. 5. PARTICIPANTES Laboratorio Genético de Identificación Forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y el Registro Nacional de Desaparecidos. Fiscalía General de la Nación: Laboratorio Genético de identificación Forense del CTI, Unidad Nacional contra los delitos de Desaparición y Desplazamiento Forzado y el Centro Único Virtual de Identificación. Laboratorio Genético de Identificación Forense de la DIJIN-Policía Nacional de Colombia. Ministerio de Defensa Nacional. Ministerio de la Protección Social. Exhumación, Inhumación y Conservación de Cuerpos o Restos Humanos. Ministerio de Educación Nacional. Santuarios de la Memoria y Memoria Histórica. Procuraduría General de la Nación. Ministerio de Cultura. Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional. Instituto Geográfico Agustín Codazzi Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia. Comité Internacional de la Cruz Roja. Ministerio del Interior y de Justicia: Dirección de Justicia Transicional. Contenido Títulos Proyecto de Reglamentación 1. Banco de Perfiles Genéticos de Desaparecidos: Por medio de esta Ley se crea en Colombia el Banco de Perfiles Genéticos de Desaparecidos. La reglamentación permitirá contribuir a la implementación de una estructura, dentro del Banco, con el fin de cumplir con los objetivos que la Ley le asigna como son el indexar, organizar, centralizar y almacenar la información de los perfiles genéticos obtenidos de los cuerpos o restos de las víctimas y de las 155 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia muestras biológicas de referencia donadas por los familiares de las mismas, y la realización de los cruces de información necesarios para la identificación de las personas desaparecidas. 2. Familiares de las Víctimas de Desaparición Forzada (Atención Psicosocial): La Ley señala que a través del Programa Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional se asigne a los familiares de las víctimas que resulten identificadas, recursos para solventar los gastos funerarios, de desplazamiento, hospedaje y alimentación durante el proceso de entrega de los cuerpos o restos humanos, quienes recibirán durante este proceso de entrega, de parte del Ministerio de la Protección Social, atención psicosocial. La reglamentación permitirá contribuir al establecimiento de la ruta y protocolo a través del cual los familiares de las víctimas, que así lo deseen, recibirán atención psicosocial familiar, grupal o comunitaria, durante el proceso de entrega de los cuerpos o restos de sus familiares. 3. Elaboración de Mapas y Obligación de Compartir Información: La Ley con el fin de facilitar las labores de búsqueda, localización e identificación de las personas desaparecidas forzadamente, sugiere la elaboración de mapas donde se señale la presunta ubicación de los cuerpos o restos de personas desaparecidas y la protección de las zonas mapeadas por parte de las autoridades de policía, así como el establecimiento por parte del Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación y los Jueces de la República de un canal que le permita a cualquier persona, organización o unidad académica, suministrar información sobre la localización de cuerpos o restos de personas desaparecidas forzadamente. La reglamentación fomentará la creación de un Sistema de Información Cartográfica, que contribuya a los fines que persigue la Ley, así como el establecimiento de una línea gratuita que le permita a cualquier persona, organización o unidad académica, suministrar información sobre la localización de cuerpos o restos de personas desaparecidas forzadamente, información que será centralizada en el Centro Único Virtual de Identificación de la Fiscalía General de la Nación. 4. Exhumación, Inhumación y Conservación de los Cuerpos o Restos: La Ley enfatiza la importancia de conservar los cuerpos o restos no identificados o identificados no reclamados, mediante el cumplimiento de algunas actividades al momento de su inhumación. 156 5. La reglamentación contribuirá a la implementación de actividades que complementen el recabo de información durante el proceso de exhumación, con posteriores fines de identificación, así como al cumplimiento de acciones Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 específicas que garanticen la apropiada inhumación y conservación de los cuerpos o restos humanos no identificados o identificados no reclamados, hasta el momento de su entrega. Santuarios de la Memoria y Memoria Histórica: La Ley establece que con base en la información suministrada por la Fiscalía General de la Nación, el Gobierno Nacional en consulta con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, declarará como santuarios de la memoria los lugares donde se presuma la existencia de cuerpos o restos de personas desaparecidas forzadamente. Adicionalmente, en el marco de la Semana de los Detenidos-Desaparecidos, y el treinta (30) de agosto, Día Internacional de Desaparecidos, se rendirá homenaje a las víctimas del conflicto colombiano desaparecidas forzadamente. La reglamentación contribuirá a la preservación, protección y mantenimiento de los santuarios de la memoria declarados, así como al señalamiento de algunas de las actividades a realizar, como homenaje a las víctimas del conflicto colombiano desaparecidas forzadamente, durante las fechas indicadas por la Ley. Convenio Cooperación Científica-Legislativa entre la República de Colombia y la República de Argentina para la Implementación del Banco de Perfiles Genéticos de Desaparecidos en Colombia. En el marco del Convenio Básico entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Argentina sobre colaboración en la investigación científica y en el desarrollo tecnológico, suscrito en Bogotá el 26 de febrero de 1972, y con el auspicio de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, la Dirección de Derechos Humanos en coordinación con la Oficina de Asuntos de Cooperación Internacional del Ministerio del Interior y de Justicia, en el mes de abril de 2011, presentó un proyecto de Cooperación Científica-Legislativa para la Implementación del Banco de Perfiles Genéticos de Desaparecidos en Colombia, banco que es creado por la Ley 1408 de 2010, cuya reglamentación se encuentra liderando la Dirección de Derechos Humanos. Es de anotar que la República de Argentina desde el año 1987 cuenta con un Banco Nacional de Datos Genéticos, e impulsó la aprobación, por parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de la Resolución 10/26 del 27 de marzo de 2009 sobre Genética Forense y Derechos Humanos, que alienta a los estados miembros a utilizar la genética forense para contribuir a la identificación de los restos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, como forma de contribuir a la restitución de la identidad y la verdad. Actualmente, Argentina lidera la elaboración de un manual sobre la regulación e implementación de bancos de datos genéticos con dedicación exclusiva en la identificación de restos de personas que han sufrido desaparición forzada en el contexto de la violación de los Derechos Humanos. 157 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia Los días 10 y 11 de mayo de 2011, en la ciudad de Bogotá, se celebró la V Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica ColombiaArgentina, donde las delegaciones acordaron ejecutar los proyectos enmarcados en el Programa de Cooperación 2011-2013, bajo el esquema de costos compartidos, para la Implementación del Banco de Perfiles Genéticos de Desaparecidos en Colombia, propuesto por esta Dirección. Teniendo en consideración que las partes convinieron en que las iniciativas acordadas en la reunión deberán cumplir con las observaciones incluidas en el Anexo V, en próximos días se dará inicio a la etapa de revisión y elaboración de la versión final del proyecto, plan de trabajo y presupuesto, en consenso con la contraparte argentina. 3.3. Programas de Protección 3.3.1. Programa de Protección de Derechos Humanos El Programa de Protección de Derechos Humanos, creado mediante Ley 418 de 1997, prorrogada y adicionada por las leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010 y Decreto Reglamentario 1740 de 2010, surge como resultado del esfuerzo conjunto entre el Gobierno Nacional y la Sociedad Civil, para enfrentar las consecuencias de la situación de violencia, contra grupos de población especialmente vulnerables. De acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de la referida ley “el Gobierno Nacional pondrá en funcionamiento un programa de protección a personas, que se encuentran en situación de riesgo inminente contra su vida, integridad, seguridad o libertad, por causas relacionadas con la violencia política o ideológica o con el conflicto armado interno (…)”. En ese sentido, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia, lidera el Programa de Protección de Derechos Humanos, reglamentado por el Decreto 1740 de 2010, que tiene por objeto “establecer los lineamientos de la política de protección de personas que se encuentren en situación de riesgo extraordinario o extremo, como consecuencia directa y en razón del ejercicio de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias”. En ese sentido, las poblaciones objeto del Programa de Protección, de acuerdo con el artículo 4 del mencionado decreto, son: 158 1. Dirigentes o activistas de organizaciones sociales, cívicas y comunales, gremiales, sindicales, campesinas y de grupos étnicos. Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 2. Dirigentes o activistas de organizaciones de derechos humanos y miembros de la misión médica. 3. Testigos de casos de violación a los derechos humanos y de infracción al Derecho Internacional Humanitario, independientemente de que no se hayan iniciado los respectivos procesos disciplinarios, penales y administrativos, en concordancia con la normatividad vigente. 4. Periodistas y comunicadores sociales. 5. Dirigentes, líderes, representantes de organizaciones de población desplazada o personas desplazadas en situación de riesgo extraordinario o extremo. 6. Funcionarios responsables del diseño, coordinación o ejecución de la Política de Derechos Humanos o de Paz del Gobierno Nacional. 7. Ex funcionarios que hayan tenido bajo su responsabilidad el diseño, coordinación o ejecución de las políticas de Derechos Humanos o de Paz del Gobierno Nacional. 8. Dirigentes del Movimiento 19 de Abril M-19, la Corriente de Renovación Socialista - CRS, el Ejército Popular de Liberación - EPL, el Partido Revolucionario de los Trabajadores - PRT, el Movimiento Armado Quintín Lame - MAQL, el Frente Francisco Garnica de la Coordinadora Guerrillera, el Movimiento Independiente Revolucionario Comandos Armados - MIR - COAR y las Milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo, Milicias Independientes del Valle de Aburrá y Milicias Metropolitanas de la ciudad de Medellín, que suscribieron acuerdos de paz con el Gobierno Nacional en los años 1994 y 1998, se reincorporaron a la vida civil y por sus actividades políticas, sociales, periodísticas, humanitarias o profesionales tienen un nivel de riesgo extraordinario o extremo. Durante el período comprendido entre los meses de junio de 2010 a mayo de 2011, han sido beneficiarias con medidas de protección 5.395 personas, distribuidas en los siguientes grupos poblacionales: Grupo Población Sindicalistas UP PCC Acuerdos de Paz Defensores DDHH Concejales Total 118 1.871 1 129 2.500 Funcionarios 17 Periodistas 60 159 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia Grupo Población Total Diputados 26 Alcaldes 184 Desplazados 283 Personeros 25 Testigos 0 Justicia y Paz 77 Dir. Políticos 104 Total 5.395 El Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos - CRER, órgano que recomienda las medidas de protección pertinentes para cada caso concreto, conforme al resultado del Estudio Técnico de Nivel de Riesgo y Grado de Amenaza practicado por la Policía Nacional, está integrado por: 1. El Ministro del Interior y de Justicia, quien lo presidirá. 2. El Director de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional. 3. El Director del Programa Presidencial de Promoción, Respeto y Garantía de los Derechos Humanos y de aplicación del Derecho Internacional Humanitario. 4. El Director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia. 5. El Director de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional. 6. El Coordinador del Grupo de Derechos Humanos de la Inspección General de la Policía Nacional. Conforme al Decreto 1740, las medidas que recomienda el CRER pueden ser de tipo preventivo y/o de protección. Las primeras, se recomiendan en general a toda la población objeto del Programa, y se traducen en la realización del Curso de Autoprotección y Autoseguridad, Rondas de la Policía Nacional y la difusión del Instructivo de Medidas Preventivas. 160 Entre las medidas físicas de protección, se encuentran los medios de movilización, tales como: tiquetes aéreos nacionales e internacionales, apoyo de reubicación temporal, apoyo de trasteo, esquemas de protección, medios de comunicación, chalecos antibalas, blindaje de inmuebles e instalación de sistemas técnicos de seguridad. Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 Apoyo Transporte Apoyo Trasteo Tiquetes Aéreos Nacionales Chalecos Antibalas Proyecto Productivo Avantel Celular Total 5 47 0 40 17 0 38 15 162 3.568 619 0 487 0 289 3 4 4.970 Acuerdos de Paz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensores DDHH 36 93 0 90 7 0 17 64 307 Concejales 1.1924 44 1 3 116 0 0 51 12.139 Dir. Políticos 182 235 0 176 47 0 16 89 745 Funcionarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Periodistas 20 5 0 70 6 0 9 5 115 Diputados 1 27 0 9 23 0 0 3 63 Alcaldes 0 17 0 0 24 0 2 0 43 Desplazados 308 44 6 113 19 0 33 41 564 Personeros 128 21 0 5 82 0 1 63 300 Testigos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Misión Médica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Justicia y Paz 0 3 0 0 0 0 0 0 3 16.172 1.155 7 993 341 289 119 335 19.411 Grupo Objetivo Apoyo de Reubicación Temporal Los siguientes cuadros muestran las medidas que fueron recomendadas en las 56 sesiones del CRER, que se llevaron a cabo durante los meses de agosto de 2010 a mayo 2010, y las medidas que durante ese período fueron implementadas, atendiendo recomendaciones anteriores: Sindicalistas UP-PCC Total En el período de agosto de 2010 a junio de 2011, se ejecutaron $111,895,149 en la protección de la población objeto del Programa. El siguiente cuadro muestra la ejecución presupuestal por poblaciones: Ejecución presupuestal Agosto de 2010 – Mayo de 2011 Grupo Población Total Año -miles de pesos- Sindicalistas 26,817,426 UP-PCC 14,432,228 Concejales 8,937,368 161 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia Total Año -miles de pesos- Grupo Población Defensores DDHH 15,832,961 Acuerdos de Paz 3,802,085 Dir. Políticos 17,619,622 Periodistas 4,617,791 Funcionarios 3,020,730 Diputados 2,519,962 Desplazados 1,902,193 Alcaldes 10,265,726 Personeros 1,101,554 Testigos 203,234 Justicia y Paz 822,267 Total 111,895,149 3.3.2. Proyecto en Seguridad Preventiva El liderado por el Ministerio del Interior y de Justicia, con apoyo de USAID/ MSD Colombia, tiene como propósito fortalecer las destrezas individuales de las diferentes poblaciones objeto del Programa de Protección de Derechos Humanos atendidas a través del Grupo de Gestión del Riesgo. El objeto principal de la ejecución de este Proyecto en Seguridad Preventiva, ha sido que la población en mención aprenda a valorar, prevenir y afrontar eventos potenciales de riesgo sin que se dé la necesidad de recurrir a las armas o a la confrontación directa y desarrollar sus destrezas individuales en materia de autoprotección. En cumplimiento de este propósito, la Dirección de Derechos Humanos ha realizado talleres de seguridad preventiva fase básica en diez (10) departamentos (Antioquia, Arauca, Caquetá, Córdoba, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Norte de Santander, Putumayo y Santander), de la siguiente manera: 162 AÑO No. DE TALLERES PERSONAS CAPACITADAS HOMBRES MUJERES SINDICALISTAS 2010 9 415 250 165 3 2011 6 393 257 136 0 TOTAL 15 808 507 301 3 Se distribuyeron ejemplares de la cartilla de autoprotección “Quien controla la información, controla el riesgo”, publicación que ha sido difundida a nivel nacional entre las poblaciones objeto capacitadas. Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 Por otra parte, se está adelantando la revisión y ajuste de la estrategia de autoprotección con enfoque de género; para tal efecto se realizó un ejercicio de priorización de los departamentos con mayores estadísticas de violencia basada en género en el marco del conflicto armado y se definieron cinco departamentos para la realización del mismo número de grupos focales, de los cuales se obtuvieron insumos para el ajuste concertado con las lideresas de población desplazada de la estrategia en mención. En este sentido, se intervino en los siguientes departamentos: Departamento Cundinamarca Fecha 17 de marzo de 2011 Bolívar 15 de abril de 2011 Valle del Cauca 3 de junio de 2011 Caquetá 7 de junio de 2011 Putumayo 10 de junio de 2011 Para los comicios electorales de 2011, se tiene prevista la revisión, ajuste y difusión de plegables de seguridad preventiva dirigida a candidatos políticos y aspirantes a cargos públicos, y se retomará la campaña de comunicaciones de divulgación de estrategias de seguridad preventiva. 3.3.3. Unificación de los 10 programas de protección existentes y Creación de la Unidad Administrativa Especial para el manejo e implementación de las medidas de protección. En la actualidad, el Estado colombiano cuenta con 10 programas de protección dirigidos a garantizar la vida, integridad y seguridad de 43 poblaciones vulnerables, ya sea por su nivel de riesgo o por el cargo que desempeñan. Ante la dispersión de responsabilidades, programas y mecanismos, el Ministerio del Interior y de Justicia estudia la posibilidad de recoger en un solo programa todos los programas y las poblaciones sujeto de protección, exceptuando los dos programas que actualmente están a cargo de la Fiscalía General de la Nación. La protección que actualmente brinda el Estado colombiano es única en el mundo, dado que es el único país que cuenta con un programa de protección a víctimas que no se encuentren vinculadas a un proceso penal, y no tiene ni antecedentes ni funcionamiento equiparable en ningún otro país, ni en ningún proceso postconflicto incluyendo la antigua Yugoslavia. Anualmente, el Estado colombiano gasta alrededor de 400.000 millones de pesos en protección material a personas pertenecientes a las 43 poblaciones existentes, solo 163 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia el Programa de Protección del Ministerio del Interior y de Justicia gastó en el año 2010 $144.208.326 millones en la protección de 8 poblaciones vulnerables. En ese sentido, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, en conjunto con la Policía Nacional, trabajan en la reestructuración de los programas de protección y de su actual funcionamiento, planteándolo de la siguiente manera: • Realización de los Estudios de Nivel de Riesgo: Se conformará un grupo interinstitucional de valoración preliminar que se encargará de recopilar la información en terreno y los elementos necesarios para estudiar el caso de cada solicitante de protección. Posteriormente, la información será puesta en consideración del Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de medidas, quienes de acuerdo a dicha información determinarán el nivel de riesgo y recomendarán las medidas de protección idóneas para el solicitante, en caso de tener riesgo extraordinario o extremo. Con la unificación de los programas de protección, el Estado busca optimizar los recursos que actualmente se reparten entre diferentes instituciones, el mejoramiento en la calidad de la protección, mayor celeridad y eficiencia en la realización de los Estudios de Nivel de Riesgo. La Unidad Administrativa se encargaría de la implementación de todas las medidas derivadas del Programa de Protección, tanto en el ámbito de prevención como de protección de violaciones a los derechos humanos. Como es sabido, la función misional de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia es la formulación de políticas públicas en procura de la defensa, prevención y protección de violaciones a los derechos humanos. Desde la creación del Programa de Protección, esta labor ha sido forzosamente relegada a un segundo plano en razón a los grandes esfuerzos que demanda la implementación de medidas físicas de protección. Con esta unificación de programas, se busca el juicioso ejercicio tanto de la labor de protección como de formulación de política, así como la disminución del número de usuarios de medidas de protección como resultado de una política integral y eficaz de prevención de violaciones a los derechos humanos. En este orden de ideas, con la colaboración de Management Sciences for Development Ltda – MSD, contratista de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID se contrató un consultor para el diseño, estructuración, aprobación y montaje de la entidad de protección. 164 Una vez efectuado el análisis correspondiente y siguiendo los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública, se elaboró la metodología y Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 el plan de trabajo (anexo cronograma), el cual se proyectó con fecha de inicio del pasado 7 de junio de 2011 y cuya culminación está prevista para la última semana de septiembre, incluyendo el último mes para la presentación y validación en instancias correspondientes. La primera etapa del diseño y estructuración correspondiente a la realización del estudio técnico, comprende la determinación del marco legal, análisis externo, de los entornos político, económico, social y tecnológico, análisis financiero, análisis interno a partir de la identificación y análisis de los objetivos y funciones generales; la definición de la misión, de la visión, el mapa de procesos, los productos y/o servicios, los usuarios o clientes, la evaluación de la prestación de los servicios, los estatutos internos, la estructura, la evaluación de las funciones, perfiles y cargas de trabajo y la planta de personal. 165 Capítulo 4. Definición y aplicación de una política diferencial para las comunidades étnicas y minorías Con el propósito de avanzar en la garantía del derecho fundamental a la consulta previa pero al mismo tiempo lograr contribuir a la competitividad del país, este gobierno implementó un Plan de Choque, el cual trajo consigo cambios significativos, buscando con ello dar cobertura a las solicitudes de certificaciones que en un determinado momento se represaron, como a los procesos de Consulta Previa solicitados por los diferentes sectores que aún no habían sido atendidos. En este tema es importante decir que el avance ha sido significativo pues en lo que va corrido del año las solicitudes de certificación se encuentran al día, logrando así cumplir a cabalidad con lo establecido en el artículo 3 del Decreto 1320 de 1998, en donde se establece como plazo máximo 15 días para la expedición de la mencionada certificación de presencia de grupos étnicos. Del mismo modo se logró reducir el tiempo en la ejecución de los procesos de consulta de treinta y seis (36) meses a seis (6) meses máximo, dejando con esto un saldo de 170 procesos de consulta previa protocolizados a la fecha. Tiempo del proceso de consulta previa (meses) 40 35 36 30 24 25 20 15 10 6 15 0 línea base Año 2010 Año 2011 167 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia El crecimiento de las solicitudes en materia de certificación de presencia de grupos étnicos, las áreas de las obras, proyectos o actividades por el aumento en la capacidad de la economía colombiana exige mejorar la institucionalidad para garantizar el derecho constitucional fundamental a la consulta previa. Por todo lo anterior, la administración aprovechó la coyuntura de la escisión, y materializó la creación de la dirección, la cual entrará en vigencia una vez se firme el decreto ley que busca la división de los Ministerios de Interior y de Justicia. 4.1. Fortalecer la Consulta Previa para garantizar la participación e integridad de los grupos étnicos, contribuir a la competitividad y el desarrollo del país La consulta previa tiene como objetivo institucional lograr la igualdad de oportunidades para la prosperidad, generando políticas diferenciadas para la inclusión social. Para esto, desarrolla los siguientes programas y proyectos: • Identificación presencia de Grupos Étnicos en zonas de proyectos. Este programa se lleva a cabo con la expedición de certificaciones. • Garantizar el derecho fundamental a la consulta previa con los grupos étnicos. Este programa se realiza a través del fortalecimiento a la Consulta Previa, y a partir de la coordinación de procesos entre los grupos étnicos y las empresas interesadas en realizar algún proyecto, obra o actividad susceptibles de afectarlos directamente, incluyendo las medidas administrativas y legislativas que se pretendan adoptar. Agosto 2010 – Diciembre 2010 Durante el intervalo de tiempo comprendido entre agosto y diciembre de 2010, se programaron 230 actividades pertinentes a los procesos de Consulta Previa, de las cuales se realizaron 153, lo que equivale a un 66,52%. Estas actividades están representadas por las siguientes acciones realizadas: 168 Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 En cuanto a las certificaciones, el acumulado de solicitudes durante ese mismo periodo fue de 1.192 y se expidieron 714 certificaciones, equivalente a un 59,89% del total. Enero 2011 – Julio 2011 En vista de que se llegó en el año 2010 a un 59,89% de las metas a cumplir, se implementó un Plan de Choque, el cual trajo consigo cambios relevantes dentro del Grupo de Consulta Previa, así como el fortalecimiento institucional del mismo, buscando con todo ello dar cobertura a las solicitudes de certificaciones y a los procesos de Consulta Previa solicitados por los diferentes sectores que impulsan la economía del país, tales como: • Minero • Energético • Hidrocarburífero • Infraestructura vial, portuaria y férrea • Medidas administrativas y legislativas • Proyectos de Investigación, entre otros. 169 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia Dentro del plan de choque mencionado anteriormente, se implementó una estructura interna en este grupo, quedando organizado de la siguiente manera: La organización planteada en el cuadro permite llevar a cabo la planeación y organización de las labores a realizar en el marco de la consulta previa y cumplir la función de garantes del Derecho fundamental, teniendo un primer contacto con las comunidades con el fin de generar un buen ambiente en el que se conozcan particularidades de estas que podrían ser relevantes dentro del Proceso de Consulta Previa y así propender por el establecimiento de buenos términos para el desarrollo de los mismos. Los indicadores que permiten medir la eficiencia a partir del plan de choque son: 4.2. Reducir el tiempo de la expedición de la certificación de presencia de comunidades de 6 meses a 15 días Durante el intervalo de tiempo comprendido entre enero y julio de 2011, se han expedido 1.355 certificaciones de presencia de comunidades étnicas, de las cuales 1.206, equivalentes al 89%, no registran presencia y 149 equivalentes al 11% SÍ registra presencia de comunidades indígenas y/o negras en áreas de proyectos. Señalando con esto que sólo en el 12% de las solicitudes allegadas se desarrollará potencialmente el Proceso de Consulta Previa. Previo a la emisión de las certificaciones se realiza la revisión en las bases de datos validadas para tal efecto, de no existir certeza de la presencia o no de grupos étnicos, se procede a realizar la verificación en terreno. En este período se llevaron a cabo 180 verificaciones equivalentes al 13.28% de las solicitudes atendidas. 170 Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 4.3. Reducción del tiempo del proceso de la consulta previa de 36 meses a 6 meses El Presidente de la República en uso de sus facultades constitucionales y legales emitió la Directiva Presidencial No. 001 de 2010 mediante la cual se sugieren las etapas del proceso de Consulta Previa, consistentes en: • Fases de Preconsulta. • Fase de Apertura. • Fase de Talleres de impactos y de medidas de manejo • Fase de Preacuerdos. • Fase de Protocolización • Fase de Seguimiento. • Cierre Formal del Proceso Ahora bien, es importante resaltar que para el año 2011, se tiene proyectado realizar 170 procesos de Consulta Previa hasta la etapa de protocolización, meta que se ha cumpido en un 100%. Además de las protocolizaciones, se procede a demostrar que paralelamente a ellas se ha venido surtiendo gestión en las demás fases del Proceso de Consulta que se detalla así: 171 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia Las cifras no son medibles, si no son comparables. Por tal razón, procedemos a realizar un cuadro comparativo de las fases del proceso de Consulta Previa, de agosto – diciembre 2010 y enero – julio 2011: El Grupo de Consulta Previa a través de cada uno de los gestores mantiene en la actualidad contacto directo con 580 comunidades étnicas a nivel nacional, en las diferentes etapas del proceso de consulta, descritas anteriormente. 4.4. Recursos asignados para el fortalecimiento de la Consulta Previa En cuanto al fortalecimiento de la Consulta Previa y teniendo en cuenta que se asignaron Ochocientos Setenta y Ocho Millones Ciento Siete Mil Quinientos Ocho Pesos ($878.107.508) M/L., en el presupuesto para el funcionamiento, se ha logrado cumplir con los objetivos del gobierno de alcanzar niveles de crecimiento económico sostenible para el país sin desconocer el actual debate mundial, que plantea, la prioridad de explotar los recursos naturales a partir de una preservación cultural y del medio ambiente. 172 La ejecución presupuestal con corte a 23 de junio de 2011, asciende a un total de Quinientos Diez Millones Setecientos Ocho Mil Quinientos Sesenta y Cinco Pesos ($510.708.565) M/L., cifra que representa el 58,16% del valor total de la apropiación para la actual vigencia. Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 Sin lugar a dudas, la gestión en terreno no solo ha cumplido con creces la meta del gobierno en el sentido de que el desarrollo de las etapas de la consulta no se extienda por más de seis (6) meses, sino también, ha logrado dinamizar el crecimiento por la vía de la nueva explotación de recursos naturales que preservan la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas, labor que ya se está empezando a evidenciar en los recientes indicadores de crecimiento. Para el corte con fecha 20 de julio de la presente vigencia se prevé culminar los compromisos destinados a dotar al Grupo de Consulta Previa de recursos tecnológicos adicionales, previstos en la apropiación por valor de Ciento Un Millones Trescientos Siete Mil Quinientos Ocho Pesos ($101.307.508) M/L. En consecuencia se estima que para este período los saldos comprometidos asciendan a un 81,42%. Para atender la demanda en aumento de certificaciones, se han suscrito dos convenios interadministrativos por valor de cuatro mil trescientos ocho millones veintinueve mil ciento dieciseis pesos ($ 4.308.029.116) M/l., para dar cumplimiento a los objetivos trazados por el gobierno y plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo. Estos convenios están discriminados de la siguiente manera: a. “Convenio 02 de 2011”, suscrito entre el Ministerio del Interior y de Justicia, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Organización de Estados Iberoamericanos”, con el fin de atender todas las actividades y temáticas que surjan alrededor del Proceso de Consulta Previa que abarcan desde la verificación de existencia de las comunidades indígenas y afrodescendientes Colombianas hasta el acompañamiento de las partes en las reuniones y actividades que se deben surtir. Este convenio cuenta con un presupuesto por un valor de Tres Mil Doscientos Setenta y Cuatro Millones Veintinueve Mil Ciento Dieciséis Pesos ($3.274’029.116) M/L., discriminados así: ANH Presupuestado Personas a contratar 40 Comprometido Desembolsado Honorarios $ 1.474.200.000 El día 30 de marzo se 40 hizo un desembolso por el siguiente valor: $ 755.221.667 Viáticos $ 1.085.885.019 $ 207.765.657 Tiquetes $ 599.400.000 $ 31.680.000 Equipos $ 11.900.000 $0 Talleres $ 72.000.000 $0 $ 3.243.385.019 $ 994.667.360 Total $ 1.637.014.558 Pendiente Para completar los $3,274'029,116 del valor total del convenio hace falta un desembolso del siguiente valor: $ 1.637.014.558 173 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia b) “Convenio 03 de 2011 suscrito entre el Ministerio del Interior y de Justicia, la Cámara Colombiana de Minería y la Organización de Estados Iberoamericanos y la Asociación del Sector de Minería a Gran Escala”, con el fin de atender todas las actividades y temáticas que surjan alrededor del Proceso de Consulta Previa, priorizando los proyectos de exploración y explotación minera. Este convenio se suscribió por un valor de Mil Treinta y Cuatro Millones de Pesos ($1.034’000.000) M/L., con lo cual se tiene proyectado lo siguiente: CCM SMGE Presupuestado Comprometido Personas a Contratar 17 17 Honorarios $ 332.350.000 $ 150.650.000 Viáticos $ 232.993.426 $ 56.147.074 Tiquetes $ 140.340.000 $ 17.280.000 Papelería $ 4.000.000 $0 $ 80.000.000 $ 80.000.000 $ 789.683.443 $ 304.077.074 Manejo Oei Total Desembolsado El día 24 de abril se realizó un primer desembolso de 500 millones de pesos y el día 5 de junio se realizó otro de 300 millones para un total de: $ 800.000.000 Pendiente Para completar los $1,034'000,000 del valor total del convenio hace falta un desembolso del siguiente valor: $ 234.000.000 4.5. Creación de la Dirección de Consulta Previa Para dar cumplimiento al Convenio 169 de la OIT, ratificado por la Ley 21 de 1991, a la Constitución Política de Colombia, a la Ley 70 de 1993 y al Decreto 1320 de 1998, se crea mediante Resolución Ministerial No. 3598 de 2008 el Grupo de Consulta Previa del Ministerio del Interior y de Justicia; con el propósito de coordinar interinstitucionalmente la realización de los procesos de Consulta Previa con los grupos étnicos para proyectos de desarrollo que los afecten. Atendiendo la misión del Ministerio del Interior y de Justicia, consistente en establecer una política integral y coordinada de Estado para el fortalecimiento de la democracia, de la justicia y de los mecanismos de protección a los derechos fundamentales, es importante mejorar la institucionalidad para afrontar los retos que imponen las nuevas condiciones económicas del país. • Cada mes se atienden en promedio doscientas cincuenta (250) solicitudes de certificaciones, las cuales se encuentran al día. • Se atienden trámites administrativos internos, tales como: (i) cumplimiento 174 de las sentencias de tutela, (ii) contestación a las acciones de tutela y de los requerimientos de los diferentes entes de control, (iii) respuesta a las peticiones Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 y consultas relacionadas con la competencia del Grupo, (iv) capacitaciones a las comunidades y (v) atención al público, entre otras. • Según la base de datos del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), encontramos que existen seiscientos ochenta (680) resguardos indígenas, los cuales corresponden al 30% del territorio nacional; trescientas (300) comunidades indígenas por fuera de resguardos y ciento sesenta y seis (166) tierras de comunidades negras, correspondientes al 5% del territorio nacional. Dándole la categoría de Dirección al Grupo de Consulta Previa, este, sin lugar a dudas, se constituiría como un multiplicador fundamental de un alto y además sostenible crecimiento económico, social y cultural del país, ya que llevará inmersa la integridad étnica y cultural. 4.6. Diálogo político y social con grupos étnicos y minorías del país Para este gobierno ha sido una prioridad mantenerse en la búsqueda constante del fortalecimiento de los espacios de interlocución con los pueblos indígenas y sus organizaciones. Pues ha sido allí, en el desarrollo de dichos espacios que el gobierno ha llegado a acuerdos tan importantes como el establecimiento de la metodología para atender las órdenes dadas por la H. Corte Constitucional en el Auto 004 de 2009, o la protocolización de la consulta previa del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. De esta manera y en concordancia con los mencionados acuerdos, ya se han diseñado 34 planes de salvaguardia, logrando así cumplir con el 90 % de las metas establecidas para el año 2011. Planes de salvaguarda para los pueblos indígenas formulados 10 8 50 % 6 4 2 0 Meta 2011 Planes formulados 175 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia Con respecto al Programa de Garantías para 102 pueblos indígenas, establecido también por el Auto 004 de 2009, es posible afirmar que ya se ha culminado la primera etapa de la ruta de construcción del programa en mención. Cabe señalar que en el desarrollo de los encuentros preparatorios de esta primera fase, se contó con la participación de miembros, autoridades, líderes y organizaciones de todos los pueblos indígenas existentes en el país, producto de los cuales se elaboró un documento diagnóstico con el que se pretende continuar de manera integral la construcción del Programa de Garantías. Merece especial atención el programa de protección de mujer indígena, cuya estrategia de formulación se definió mediante un proceso de diálogo y concertación con las organizaciones. De este proceso resultó la metodología para la consulta del programa, la cual está dividida en tres grandes etapas. La primera de estas ya ha sido completamente cumplida mediante la conformación de un equipo de trabajo de profesionales del Ministerio y de expertos indígenas que tuvieron a su cargo entre otras funciones el diseño metodológico del desarrollo de los talleres de consulta y la posterior sistematización de la información allí recogida. Por otra parte y con el propósito de continuar trabajando por la garantía de los derechos de las minorías étnicas del país, el Ministerio tiene dentro de sus funciones la realización de los estudios etnológicos con el objetivo de determinar si las comunidades que se autoreivindican como indígenas responden o no a la definición establecida por parámetros antropológicos de comunidad o parcialidad indígena. En este sentido, este gobierno se ha impuesto la realización de 63 estudios etnológicos, como meta para el cuatrienio, de los cuales ya ha avanzado en la realización de 15 de ellos. Estudios etnológicos realizados para definir el carácter de comunidad o parcialidad indígena de una población 100 % Estudios Etnológicos Meta 2011 176 0 5 10 15 Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 Así mismo el Ministerio por primera vez en la historia de la reivindicación de los derechos de los grupos étnicos, han establecido un diálogo constante con el Pueblo gitano ROM, de allí se puede destacar la expedición del decreto 2957 del 6 de agosto de 2010, el cual fue ampliamente consultado con los representantes de este pueblo, proceso mediante el cual se consiguió no sólo la creación de un marco normativo específico para estas comunidades, sino que además sirvió como espacio para fortalecer sus procesos organizativos y visibilizarse ante otras entidades del Estado Colombiano. 4.7. Institucionalizar los espacios de diálogo y de política pública: Comisión Nacional de dd. hh. mesa permanente de concertación y regional amazónica Para el Gobierno Nacional es una prioridad fortalecer los espacios de interlocución con las comunidades indígenas, se ha construido con los Pueblos Indígenas espacios Institucionales de Concertación, como la Mesa Permanente de Concertación para los Pueblos Indígenas y Organizaciones Indígenas (Decreto 1396 de 1996); la Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas; y la Mesa Regional Amazónica para los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (SU – 383/2003; Decreto 3012/2005) 2005-2008. 4.7.1 . La Mesa Permanente de Concertación Es la instancia máxima de concertación entre los pueblos indígenas representados por las organizaciones indígenas y el Estado, en donde se concertan todas las decisiones administrativas y legislativas en beneficio de los Pueblos Indígenas de Colombia. En el periodo de 20 de julio de 2010 a la fecha se han realizado las siguientes 5 sesiones de la Mesa Permanente de Concertación: 4.7.2. Mesa Regional Amazónica: se han realizado 3 sesiones 4.7.2.1. La Comisión Nacional de Derechos Humanos Con ánimo de fortalecer y articular este espacio, el Ministerio del Interior y de Justicia contrató al Delegado de los Pueblos Indígenas, para la participación de las Organizaciones Indígenas ante la Secretaría Operativa de la CNDDHH., de forma oficial. En el año 2011 se ha programado para realizarse en el Departamento de Arauca, pero se debió cancelar en tres ocasiones por problemas de seguridad, logísticos y organizativos. 177 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia 4.7.3. Planes de Salvaguarda Indígena Para la formulación de los 34 Planes de Salvaguarda étnica que ordena la Corte, exige que en los términos expresos del Auto 004/09, el Gobierno Nacional desarrolle con cada una de las autoridades legítimas de los 34 pueblos beneficiarios, los procesos integrales de (i) consulta previa y (ii) participación efectiva para la construcción concertada de cada Plan. Teniendo en cuenta que la orden de la Honorable Corte Constitucional se refiere a 34 pueblos indígenas y no a algunas comunidades indígenas pertenecientes a dichos pueblos, el ejercicio de garantizar la consulta previa y la participación efectiva de las autoridades legítimas de estos pueblos indígenas, requirió que el Gobierno desarrollara diferentes frentes de trabajo para poder identificar la magnitud de esta orden y poder materializarla en acciones efectivas tanto en el proceso de consulta previa como en el proceso de implementación de los respectivos planes de salvaguarda étnica. 178 Teniendo en cuenta la particularidad de cada pueblo indígena y el derecho a la autonomía del que gozan, el Gobierno Nacional ha recibido algunas solicitudes de distintos pueblos indígenas frente a la necesidad de iniciar el proceso de consulta previa para la elaboración de sus respectivos planes de salvaguarda étnica. Por ello, el Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 Gobierno ha reconocido las necesidades puntuales de algunos pueblos indígenas y ha dado inicio al proceso de consulta previa con sus respectivas autoridades legítimas. Es así como a la fecha se han instalado los planes de salvaguarda de los pueblos: Awá Totoroez, Yanacona, Cofán, Nasa, Siona, Eperara Siapidaara, Guambiano, Koreguaje, Zenu, Kokonukos y Kichwa. El 90% de los planes de Salvaguarda con respecto a la meta del 2011, se encuentran instalados y en proceso de: i) Construcción de diagnósticos ii) Validación comunitaria e institucional de los diagnósticos y líneas de acción iii) Definición de rutas de trabajo y concertación sectoriales para la formulación técnica de los programas y proyectos correspondientes. Estos son: 1) Kichwa, 2) Siona, 3) Coreguaje, 4) Kokonuco, 5) Totoró, 6) Yanacona, 7) Nukak Makuk, 8) Cofán, 9) Nasa y 10) Awa y adicionalmente se tienen de acuerdo a ruta metodológica, propuestas técnicas y financieras o marcos lógicos para formular los P.S de los pueblos: Jiw, Sikuani (medio río Guaviare), Wounnan, Camentsa, Tule, Eperara Siapidara, Nación Embera con 11 planes de trabajo para cubrir los Embera Chami, Embera Katio, Embera Dovida en 17 departamentos. iv) Hay acercamientos comunitarios con los pueblos Uwa de Norte de Santander, Inga, Pijaos, Huitotos (Araracuara y Trapecio Amazónico), Zenu, y Wayuu. Para los pueblo Chimila, Wiwa, Kankuamos, Arhuacos, Kogui, Yukpa, Kuiva y Betoye, se tienen reservados los recursos económicos pertinentes para las reuniones que permitan construir y concertar los marcos lógicos. 4.8. Programa de garantías para 102 pueblos Acuerdos en Mesa Permanente de Concertación frente a la metodología: • Realización de los encuentros preparatorios locales para la socialización y difusión de las órdenes del Auto 004 y la recolección de insumos de diagnóstico y propuestas para llevar a los encuentros departamentales. • Contratación de ocho personas más (2 por organización) para el apoyo logístico en los procesos territoriales durante los encuentros preparatorios y departamentales, para un total de 18 personas para el equipo indígena. • Para los Encuentros Departamentales, se llegó al acuerdo que se realizarían 27 encuentros para la formulación de acciones, debido a que los pueblos de 179 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia la Sierra pidieron hacer un proceso autónomo circunscrito a la región y no a los departamentos. • Para los encuentros regionales, los 56 pueblos de la Amazonía pidieron convocar a la Mesa Regional Amazónica ampliada y no participar en el encuentro nacional. Avances en el cumplimiento del proceso de construcción del programa de garantías Para el desarrollo de cada una de las reuniones, se ha tenido como base, los mecanismos efectivos de los derechos individuales y colectivos de los miembros de los pueblos indígenas en situación o riesgo de desplazamiento, en temas de prevención, protección y atención diferencial. • Participación: Cronogramas logística y Presupuesto concertado con el equipo indígena para formulación e implementación del Programa de Garantía, dentro del procedimiento de la consulta previa, acordada. • Corresponsabilidad: Diseño en conjunto de la metodología de trabajo de los derechos de los pueblos indígenas. • Integración cultural: Se diseñaron e implementaron mecanismos de acuerdo con la realidad social de cada pueblo indígena, para el trabajo en los encuentros preparatorios y departamentales. Para facilitar el entendimiento de este proceso, se diseñaron herramientas de comunicación flexibles y diferenciales, que permitieron abordar con mayor claridad la metodología de trabajo del Programa de Garantías, dentro de un escenario en el que los avances del proceso se lograran ejecutar de manera unificada y oportuna. En ese sentido, para el desarrollo de cada una de las reuniones establecidas para el Programa de Garantías, se han empleado diferentes instrumentos tales como una cartilla que contiene el Auto 004 de 2009, las actas tanto de la Mesa Permanente del 22 de mayo del 2009, como de la Mesa Regional Amazónica en la que se encuentran los acuerdos frente al procedimiento y la metodología tanto para el Programa de Garantías como los acuerdos para los Planes de Salvaguarda. a. Encuentros Preparatorios Los encuentros preparatorios tienen una duración de dos días cada uno, en los cuales se desarrollan tres momentos principales: Socialización y conceptualización, Mesas de trabajo, Realización de una plenaria en la cual se socializa el trabajo realizado en los diferentes grupos. En función de lo anterior, en el año 2009, se llevaron a cabo 180 Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 14 Encuentros Preparatorios y en el 2010 se llevaron a cabo 43 restantes para un total de 57 encuentros preparatorios. Resultados A la fecha se realizaron encuentros preparatorios en todo el país, cumpliendo la primera fase de la ruta de construcción del programa de garantías. Es de resaltar la participación de miembros, autoridades, líderes y organizaciones de todos los pueblos indígenas existentes en el país. Como resultado de estos eventos, el gobierno nacional elaboró los documentos de diagnóstico a partir de los insumos y matrices recolectados en los encuentros preparatorios, con el fin de continuar de manera integral en la construcción del Programa de Garantías. b. Encuentros Departamentales En esta segunda fase y tomando como base la información obtenida en los encuentros preparatorios, se elaboraron diagnósticos de cada reunión, con la siguiente temática: • Variables sociodemográfica y actividad humana de cada región. • Ubicación y distribución del territorio. • Análisis de riesgo o desplazamiento por confrontaciones armadas, en línea de tiempo. (Prevención, atención y territorio). Para el desarrollo de los encuentros departamentales se concertó el trabajo en dos fases: una primera de perspectivas y visiones sobre las situaciones y hechos de las afectaciones individuales y colectivas de cada pueblo en el Departamento, se identificaron cuáles son las amenazas, escenario de riesgo y nivel de vulnerabilidad. La segunda parte de un acuerdo sobre las afectaciones, concertado en comités temáticos, quienes proponen medidas de manejo para la mitigación o corrección de las afectaciones halladas. Se llevaron a cabo 27 encuentros Departamentales en los lugares concertados con los delegados indígenas tanto del nivel nacional como regional. Igualmente se convocaron las Autoridades indígenas de las diferentes comunidades, como las entidades obligantes en el Auto 004, y aquellas en las que se consideró pertinente su participación con el fin de promover la protección de los derechos de los pueblos indígenas de Colombia. 181 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia c. Encuentros Macrorregionales En el desarrollo de la formulación del programa de garantías se realizaron 5 encuentros macrorregionales correspondientes a la Amazonía, Orinoquía, Occidente, Centro y Andina. En este sentido se logró cumplir con las actividades de formulación del programa de garantías, pero falta la concertación final del documento borrador para lo cual se han definido las siguientes acciones para el primer semestre del 2011 así: a. Ajuste y consolidación del documento del programa a través de un equipo interdisciplinario de las organizaciones indígenas nacionales y la Dirección de Asuntos Indígenas Minorías y Rom. b. Ruta 2011 de concertación programada y comprometida así: Mesa Regional Amazónica (1, 2 y 3 de junio); Encuentro Nacional de Pueblos (29 y 30 de junio); Mesa Nacional de Concertación (14 y 15 de julio). c. Para desarrollar los pasos finales de este proceso es menester recordar que tenemos tres vertientes en marcha, una de los pueblos amazónicos, liderada por la “Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana”, OPIAC; otra paralela orientada por la “Organización Nacional Indígena de Colombia”, ONIC, y “Autoridades Tradicionales”; y una final, coordinada desde la “Confederación Indígena Tayrona”, CIT. Con estas organizaciones se han entablado conversaciones de manera de acordar cómo proceder y culminar el proceso de construcción del Programa de Garantías, en el desarrollo de las cuales se han pactado momentos específicos, que se explican a continuación y se integran al esquema que se incorpora al final: Como estaba previsto desde la concertación de la metodología en mayo de 2009, persistirán procesos paralelos, que deben irse integrando en el tiempo, para que al final subsista un único documento. d. Con cada organización se adelantarán acuerdos para concretar los eventos particulares a desarrollar. 4.9. Un Programa de Protección para la Mujer Indígena 182 Los Autos 092 y 237 de 2008 instan al gobierno nacional, a la creación de Medidas para la Protección de los Derechos Fundamentales de las Mujeres Desplazadas y la Prevención del Impacto de Género Desproporcionado del Conflicto Armado y el Desplazamiento Forzado, con la creación de 13 programas para contrarrestar los riesgos de género en el conflicto armado y las facetas de género del desplazamiento Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 forzado de los cuales le corresponde a la DAIMR, la formulación e implementación del programa de “Protección de los derechos de las mujeres indígenas desplazadas”. Para cumplir este fin, y garantizar la socialización de estos mandatos constitucionales y la participación activa y efectiva de las mujeres indígenas, autoridades y lideresas, en el diseño del Programa en mención, la Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom, del Ministerio del Interior y de Justicia, durante el 2009 y 2010, llevó a cabo una serie de reuniones con las organizaciones indígenas, buscando un consenso para la definición de la estrategia a desarrollar durante el proceso de formulación del programa bajo la concertación de los pueblos indígenas. Es así, como el 23 de noviembre de 2010, se firmó un acuerdo que recogió la propuesta metodológica aceptada por las mujeres delegadas por las cuatro organizaciones AICO, OPIAC, CIT y ONIC, integrantes de la Mesa Permanente de Concertación. Estructura del plan de acción concertado con mujeres indígenas. El Plan de Acción comprende tres fases para desarrollar en seis meses. La primera fase inicia con la conformación de un equipo indígena como representación de los pueblos indígenas y el desarrollo de un plan de trabajo con metodologías para el desarrollo de 57 talleres locales y 4 encuentros nacionales, con la participación de un equipo de profesionales del Ministerio del Interior y de Justicia. Gráfico 1. Estructura del Plan de Acción concertado Gráfico 2. Cronograma plan de acción concertado N° 1 ACTIVIDAD Integración Equipo de Trabajo • Elaboración TDR • Convocatoria • Contratación RESP. Mar/11 Abr/11 May/11 Jun/11 Jul/11 Ago/11 MIJ DAIMR 183 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia N° ACTIVIDAD RESP. Diseño Plan de Trabajo Equipo de trabajo 3 Taller de Inducción • Equipo de trabajo • Dinamizadoras MIJ Equipo de trabajo 5 Desarrollo de talleres locales y zonales – sistematización de la información. (57 talleres) MIJ Equipo de trabajo 6 Desarrollo encuentro de mujer indígena por organización. Elaborar documento borrador MIJ Equipo de trabajo 7 Encuentro nacional de mujeres indígenas y autoridades tradicionales. Concertación del borrador. MIJ Equipo de trabajo 8 Encuentro Nacional de concertación con entidades. Concertación del borrador. MIJ Equipo de trabajo 9 Presentación del documento final ante la Mesa Permanente de Concertación. MIJ Equipo de trabajo 2 Mar/11 Abr/11 May/11 Avances del Plan de Acción: (1 fase) 184 Jun/11 Jul/11 Ago/11 Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 Cuadro de Talleres acordados (reunión del 17 y 18 de marzo de 2011) NÚMERO DE TALLERES NÚMERO DE DÍAS ONIC OPIAC AICO CIT TOTAL 1 Amazonas 3   4     4 2 Antioquia 3 1       1 3 Arauca 3 1       1 DEPARTAMENTO 4 Atlántico 3 1       1 5 Bolívar           0 6 Boyacá 3 1       1 7 Caldas 3 1       1 8 Caquetá 3   3     3 9 Casanare 3 2       2 10 Cauca 3 1   1   2 11 Cesar 3       6 6 12 Chocó 3 3       3 13 Córdoba 3 1       1 14 Cundinamarca 3 1   1   2 15 Guainía 3   4     4 16 Guaviare 3   2     2 17 Huila 3 1       1 18 La Guajira 3 2     3 5 19 Magdalena 3 1     3 4 20 Meta 3 1       1 21 Nariño 3 1   6   7 22 Norte de Santander 3 1       1 23 Putumayo 3   3 1   4 24 Quindío 3 1       1 25 Risaralda 3 1       1 26 San Andrés y Providencia 3         0 27 Santander 3         0 28 Sucre 3 1       1 29 Tolima 3 1       1 30 Valle del Cauca 3 1       1 31 Vaupés 3   4     4 32 Vichada 3 2       2 93 27,00 20,00 9,00 12,00 68,00 TOTAL 185 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia Avances del Plan de Acción: (2 Fase) Detalle de las actividades adelantadas 2 Fase: En la segunda fase se avanzó en lo siguiente: (abril-noviembre 2011). 1. Se elaboró con el equipo indígena, un mapa poblacional indígena para determinar la representación de cada Organización en los talleres y se propuso adelantar 3 talleres adicionales a los 68 ya aprobados. 2. A la fecha se han realizado 12 talleres a nivel nacional: en los departamentos de Magdalena, Putumayo, San José del Guaviare, Caldas, Amazonas, Guajira, Guainía (2), Casanare, Cesar, Magdalena y Atlántico, quedando pendientes 56 para su realización en el segundo semestre del presente 2011. Avances y resultados en cifras de este proceso: • 12 talleres realizados en regiones. • 47 comunidades indígenas involucradas en el proceso. • 719 asistentes a los talleres. • Apoyo en seguridad a cargo de la Policía y Ejército. 186 • Articulación a nivel territorial con: Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 • ICBF. • Defensoría. • Procuraduría. • SENA. • Alcaldía y Gobernación. • Policía. • Personería. • Otros riesgos y afectaciones identificados: • Minas antipersonales. • Megaproyectos. • Seguridad alimentaria. • Persistencia y nuevas dinámicas del conflicto armado. • Reclutamiento forzado. 3. Reunión de articulación interinstitucional y socialización del proceso (mayo 16 de 2011), con Acción Social y las entidades corresponsables del cumplimiento del Auto 092, el Ministerio de Protección Social, ICBF, Ministerio de Educación, Incoder, Alta Consejería para la Equidad de la Mujer, Defensoría del Pueblo y Ministerio de Comunicaciones, entre otros. Meta: Culminada la fase de diagnóstico (2), el equipo Auto 092, preparará el documento con los lineamientos y líneas de acción del programa, el cual se dará a conocer en tres encuentros nacionales que culminan con la presentación ante la Mesa Permanente de Concertación donde se aprobará por parte de las Organizaciones Indígenas. Entre tanto se seguirán articulando con las entidades corresponsables, las acciones de prevención que surjan en desarrollo del diagnóstico, que mitiguen el desplazamiento forzado de las mujeres indígenas y brinden atención material diferencial y oportuna en el marco de los trece programas (Plan Integral del Auto 092). Dificultades en el proceso de consulta: 1. El tiempo comunitario es diferente al tiempo institucional de tal modo que afecta el desarrollo y la consulta a los pueblos indígenas. 2. Dispersión geográfica de los pueblos indígenas en el territorio nacional para la participación de las mujeres indígenas. (Ej: Embera en 17 departamentos). 187 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia 3. Un taller con una comunidad indígena demanda en promedio 5 días pero puede demorar hasta 7, por los tiempos de desplazamiento. 4. Para que la Consulta Previa sea legal, legítima, socializada y bien articulada, se debe realizar en tres niveles de la estructura de gobierno propio, que son: organizaciones nacionales y regionales, resguardos y cabildos, autoridades tradicionales, lo que demanda recursos, tiempos de concertación que se salen de la lógica institucional. 5. La deficiente información estadística de desplazados indígenas y la falta de un sistema de información centralizado y actualizado. 4.10. 63 estudios etnológicos indígenas Realizar investigaciones correspondientes a cada una de las comunidades que se reivindican como indígenas en todo el territorio nacional, con el fin de establecer si corresponden o no a la definición de comunidad o parcialidad indígena. La meta para el cuatrienio son 63 estudios realizados para lo cual se han adelantado los siguientes: 1. Valles del Magdalena 2. Sauces 3. Guayabal 4. Alto Plano San Antonio 5. La Peñata en Sincelejo 6. Poimas 7. Poincos 8. Bajo Chuspizacha 9. Nuevo Horizonte 10. Nasa Uh 11. Ishu Awa 12. Villa Fátima 188 13. La Esperanza Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 14. Cerro Guadua 15. Nueva Granada. 4.11. 12 Kumpanias fortalecidas en sus valores culturales El Ministerio del Interior y de Justicia ha venido trabajando interinstitucionalmente, para la atención de Grupos Étnicos, y para ello durante los dos (2) últimos años adelantó un proceso de concertación y consulta de un Marco Normativo para el grupo étnico Rrom de Colombia. La socialización del proyecto de decreto le permitió a los Rrom o Gitanos fortalecer sus procesos organizativos y visibilizarse ante otras entidades del Estado Colombiano, con el fin de acceder a la oferta institucional existente y a su vez, que las Instituciones adecuaran sus Programas y Planes para la atención de esta población. 4.11.1. Decreto 2957 del 6 de agosto de 2010. • El Decreto 2957 del 6 de agosto de 2010, tiene como objeto establecer un marco normativo para la protección integral de los derechos del grupo étnico Rrom o Gitano y de esa manera avanzar en el campo jurídico para el reconocimiento de los derechos colectivos del grupo étnico Rom, garantizando su integridad étnica y cultural y la sostenibilidad de su cultura y su forma de vida. • En este marco se tratan asuntos de interés para el grupo étnico Rom, como son las definiciones de su organización social y política, su ubicación geográfica, representatividad y participación, asuntos sectoriales en salud, educación, vivienda, saneamiento básico, formación, desarrollo económico, calidad de vida, cultura entre otros aspectos de vital importancia. 4.11.1.1. Del artículo 8º del Decreto 2957 del 6 de agosto de 2010. El artículo 8º del Decreto 2957 de 2010, establece el registro de las Kumpañy del País y de sus representantes, quienes serán los representantes ante las instituciones del Estado. Este registro lo realizará la Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom del Ministerio del Interior y de Justicia. De igual manera el Decreto consagra en su artículo 10 la conformación de la Comisión Nacional de Diálogo, que será el espacio de interlocución con el Estado Colombiano y el grupo étnico Rrom o Gitano, el cual estará integrado: 189 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia Por parte de las entidades: 1. El Ministerio del Interior y de Justicia, quien lo presidirá 2. El Ministerio de Protección Social. 3. El Ministerio de Educación Nacional. 4. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 5. El Ministerio de Cultura. Por parte de las Kumpañy: La Comisión estará integrada por los representantes de las Kumpañy y de las organizaciones legalmente constituidas. La Comisión Nacional de Diálogo tendrá las siguientes funciones: 1. Ser la instancia de diálogo, concertación e interlocución entre el grupo étnico Rrom o Gitano y el Gobierno Nacional. 2. Difundir la información oficial hacia los miembros del grupo étnico y las entidades territoriales. 3. Contribuir en la solución de los problemas de educación y salud del grupo étnico Rrom o Gitano. 4. Establecer mecanismos de coordinación con las entidades del nivel nacional y territorial, para hacer efectivo el cumplimiento de los derechos. Actividades adelantadas a partir de la expedición del Decreto 2957 de 2010 • El día de 9 de septiembre de 2010, se llevó a cabo una reunión con la Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible del DNP, con la finalidad de incluir en el Plan Nacional de Desarrollo temas estratégicos, los cuales son prioritarios para el grupo étnico. • La Dirección de Asuntos Indígenas Minorías y Rom, en cumplimiento del artículo 8º del Decreto 2957, estuvo en constante comunicación con las diferentes Kumpañy del País, con el fin de brindarles un acompañamiento en el levantamiento de los listados censales y en el registro de las Kumpañy y de sus Representantes, así habilitar el espacio para instalar la Comisión Nacional de Diálogo. Toda vez que a través de la mencionada Comisión se concertaría la propuesta de insumo para el Plan Nacional de Desarrollo garantizándoles el derecho a la Consulta Previa que permite la participación real, oportuna (previa), y legítima en la concertación de medidas o actividades susceptibles de afectarlos, protegiendo así su integridad étnica y cultural. 190 Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 • Se llevó a cabo el registro de las kumpañy y sus respetivos representantes, a su vez se socializó el Decreto 2957 de 2010, para avanzar en la inclusión de políticas públicas en los planes, programas y proyectos y así articular acciones de trabajo en conjunto con las entidades departamentales y municipales en donde se encuentra asentada esta población. 4.11.1.2 Reunión de Protocolización de la Consulta Previa Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 con el Pueblo Gitano • El día 1º de diciembre de 2010, se llevó el Proceso de Consulta Previa con el Pueblo Gitano del PND 2010-2014. El objetivo de esta primera sesión fue instalar la Comisión Nacional de Diálogo como espacio de interlocución con el Estado Colombiano y el grupo étnico Rrom o Gitano. Una vez instalada, se abordó como tema principal “el proceso de consulta previa del Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 para esta población”, resaltándose la coyuntura del Plan Nacional de Desarrollo, así mismo la relevancia del capítulo especial para grupos étnico entre ellos los Rrom o Gitanos. Se dio lugar al Espacio Mixto y en este, los representantes de las Kumpañy manifestaron la importancia de incluir algunos temas prioritarios para esta población en el PND 2010-2014, entre los cuales se encuentra la necesidad de avanzar en un proyecto de ley para los Rrom o gitanos, reconocimientos de derechos como son salud, educación, vivienda y generación de ingresos a través de proyectos productivos. A su vez se socializó la propuesta contenida en el documento Plan de Acciones Afirmativas para la Pervivencia del Pueblo Rrom (gitano) de Colombia, la cual fue entregada por la mayoría de representantes del Grupo Étnico Rrom o Gitano y emitida al Gobierno Nacional. En este espacio el Departamento Nacional de Planeación orientó un taller para la construcción de propuestas y aportes a dicho Plan por parte de los representantes de las diferentes Kumpañy; esta sesión se desarrolló a través del trabajo mancomunado entre entidades y representantes de las Kumpañy, los cuales se distribuyeron en cinco mesas de trabajo. La Ruta acordada con la Comisión Nacional de Diálogo del Pueblo Rrom o Gitano fue la consolidación en un documento final producto de la articulación de la relatoría del taller con base en las propuestas y aportes expuestos en plenaria por cada una de las mesas, y la propuesta “Plan de Acciones Afirmativas para la Pervivencia del Pueblo Rrom (Gitano)”, socializada en la mesa nacional de diálogo. En esta oportunidad se resaltó el del Departamento Nacional de Planeación de articular el documento final y enviarlo a las diferentes entidades del orden nacional, de tal manera que estas, de acuerdo a sus competencias las analicen y realicen los aportes y ajustes pertinentes para la formulación del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. 191 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia Como resultado de este proceso, las entidades nacionales que revisaron el documento consolidado, enviado por DNP, presentaron sus observaciones y definieron líneas de acción para desarrollar e incluir en el Plan Nacional de Desarrollo. Otros Avances • El día 21 de febrero de 2011, se expidió la circular CIR 1121, la cual tiene por finalidad solicitarle a las Entidades Territoriales la implementación de Medidas y Acciones con Enfoque Diferencial dirigidas al Grupo Étnico Rrom (Gitano), entre las cuales se encuentran: • Incorporar adecuadamente en los Planes de Desarrollo Municipal y Departamental medidas concretas y específicas en favor del grupo étnico Rrom. Por lo que es necesario que los Alcaldes y Gobernadores en los municipios y departamentos donde existe la población Rrom (Gitana), tengan en cuenta la inclusión este Grupo Étnico en sus planes municipales, departamentales y regionales en el marco de las competencias y autonomía de cada entidad territorial. • Tener en cuenta en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), los contenidos principales que caracterizan las tradicionales formas de ocupación y apropiación de espacio que tienen los Rrom en jurisdicción de sus respectivas kumpañy. • Involucrar apropiadamente a la población Rrom en los programas y proyectos formulados por la entidad territorial, cuyos propósitos sean la lucha contra la pobreza y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, sobre todo lo que tiene que ver con seguridad social en salud, educación, generación de empleo y planes de vivienda. • Desarrollar estrategias dirigidas a visibilizar y valorar los aportes del pueblo Rrom al enriquecimiento de la diversidad étnica y cultural en los contextos municipal y departamental. • Fomentar actividades para la conmemoración del 8 de abril como “Día Internacional Rrom o Gitano”, las cuales permitan la visibilización de esta población así como el promoción de su cultura. • Brindar facilidades para que los grupos familiares Rrom puedan ejercer sus prácticas económicas, productivas y tradicionales, entre las cuales se encuentra el comercio ambulante e informal que constituye un medio de subsistencia muy importante para este grupo étnico. • Esta circular fue enviada a los municipios y departamentos priorizando 192 aquellos donde se encuentran asentadas las Kumpañy, de igual manera se envió a sus representantes con la finalidad de que sea conocida y aplicada por los anteriores mejorando así las condiciones de vida de este Grupo Étnico. Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 • Se realizaron diferentes reuniones interinstitucionales para celebrar el día 8 de abril, Día Internacional Rrom o Gitano, con el objetivo de revisar frente a las competencias de las entidades nacionales qué acciones afirmativas se podrían adelantar a favor de dicha población y proyectar las propuestas el marco de la conmemoración. De igual manera se realizaron reuniones con las Universidades de Bogotá, con el propósito que dentro de sus planes de inclusión se le conceda cupos o descuentos al Grupo Étnico Rrom o Gitano, dependiendo de la institucionalidad de la Universidad. 4.11.1.3. 8 de abril de 2011 “Día Internacional Rrom o Gitano” El día 8 de abril en cumplimiento del artículo17 del Decreto 2957 de 2010, se conmemoró el “Día Internacional Rrom o Gitano”, En este espacio se promovieron diferentes mecanismos para desarrollar acciones afirmativas dirigidas al fortalecimiento de este Grupo Étnico. De igual manera se realizó un seguimiento al cumplimiento del Decreto 2957 de 2010 y la acción institucional frente a los Rom. Resultado de este evento: • Se conformaron tres mesas de trabajo con los Rom o Gitanos en los temas de salud, educación y vivienda. • Se acordó la posible ruta metodológica del proceso de consulta previa para el Proyecto de Decreto ley de víctimas y restitución de tierras. • Se acordó la realización de diferentes talleres que permitan la capacitación de los integrantes del Grupo étnico Rom o Gitano. Este evento contó con la participación del Ministro del Interior y de Justicia Doctor Germán Vargas Lleras, quien asumió unos compromisos frente a la población Gitana, entre los cuales se encuentra la expedición de una Circular que tiene por finalidad la implementación de medidas y acciones afirmativas con enfoque diferencial para beneficio de dicha población. Por lo que se ha expedido la Circular CIR11-54-DAI-0220, la cual se encuentra firmada por el Ministro del Interior y de Justicia (E) y en espera de que sea un instrumento que nos permita avanzar en el mejoramiento de las condiciones de vida de los Rom o Gitanos. La circular mencionada se envió a todas las Kumpañy del país y sus Representantes y a las Gobernaciones y Alcaldías de los Municipios y Departamentos en donde se encuentra asentado este Grupo Étnico.  De igual manera se le ha solicitado a estos entes territoriales la aplicación inmediata de  dicha Circular y así fortalecer los procesos organizativos. 193 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia 4.11.1.4. Avances a partir de la Conmemoración Este Ministerio ha dado inicio a una ruta que tiene por finalidad: 1. Visitar a todas la Kumpañy, las respectivas Gobernaciones y Alcaldías, de esa manera realizar una labor entre las Entidades territoriales y los Rom o Gitanos para trabajar articuladamente a favor de esa población. 2. Socializar la Circular CIR11-54-DAI-0220 y coordinar con los entes territoriales su debido cumplimiento. 3. Hacerle seguimiento a la aplicación del Decreto 2957 de 2010. 4. Apoyar en la realización de talleres de emprendimiento desde un enfoque diferencial, los cuales llevaremos a cabo en compañía del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Otras acciones • Se ha venido coordinando con el Ministerio Defensa la búsqueda de una solución al tema de definición de la situación militar de los Rom o Gitanos. Por lo cual se le ha remitido oficios a los diferentes Representantes de las Kumpañy para que se nos informe las personas Gitanas que presentan inconvenientes frente al tema. De tal manera que hemos estado enviando la información que nos han suministrados los representantes, al Área de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa así como a la Dirección de reclutamiento. • Se ha venido coordinando con el Ministerio de la Protección Social la realización de una reunión que tiene como finalidad instalar la Mesa de salud para los Rom o Gitanos la cual se conformó el pasado 7 de abril de 2011 en el marco de la conmemoración del Día Internacional Rom o Gitano. En este espacio se pretenden solucionar las diferentes problemáticas que aquejan a esta población en lo relacionado a salud. Para esta administración ha sido un aspecto determinante y de especial atención el respeto y continuo diálogo con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Desde el Ministerio se han abierto los canales necesarios para robustecer los procesos de concertación propios de estas comunidades y así definir con ellos las medidas gubernamentales para su atención. 194 En el marco de los acuerdos conseguidos se ha establecido la necesidad de promover el desarrollo de procesos de fortalecimiento de las formas propia de gobierno de las comunidades negras, para lo cual el ministerio firmó un convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), para implementar diferentes Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 actividades dentro de las cuales, la capacitación a consejos comunitarios es una de las más avanzadas, durante lo corrido del año 2011 se han capacitado 106 consejos comunitarios de las comunidades negras, fortalecido en el conocimiento de sus derechos y gobernabilidad. Consejos comunitarios de las comunidades negras fortalecidos en el conocimiento de sus derechos y gobernabilidad Meta 2011 108 % Consejos comunitarios 94 96 98 100 102 104 106 De otro lado, y en procura de mejorar la condición de las comunidades negras en situación de alta vulnerabilidad, la Comisión Interinstitucional diseñó el programa especial para Curvaradó y Jiguamiandó con el objeto de avanzar en la revisión y ajuste de la metodología para adelantar el proceso censal y la caracterización de estas poblaciones. La comisión está integrada por el Ministerio del Interior y de Justicia, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, el Programa Presidencial de Derechos Humanos y aplicación del Derecho Internacional Humanitario de la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Diálogo Interagencial de Colombia (DIAL) y la Defensoría del Pueblo, han realizado durante los meses de enero, febrero marzo y abril de 2011, varias visitas a las comunidades. Con respeto al cumplimiento del Auto 005 de 2009, el Ministerio del Interior y de Justicia fue conminado a desarrollar un plan de caracterización de los territorios colectivos y ancestrales de la comunidades afrocolombianas del país. Para ello estableció diferentes estrategias de acción, dentro de las cuales se destaca la suscripción del Convenio Interadministrativo 289/CM-197 de 2010 con la OIM, a través del cual se pretende comenzar la caracterización de 6 territorios colectivos en el segundo 195 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia semestre de 2011, diseñar e implementar un sistema de información para la Dirección de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior, y financiar proyectos productivos al interior de las comunidades que respondan a sus necesidades y que dé cuenta de buenas prácticas. 4.12. Promover y fortalecer las formas propias de Gobierno de las Comunidades Negras 196 Las formas propias de gobierno de las comunidades negras la constituyen los Consejos Comunitarios, el cual ejerce la máxima autoridad de administración interna dentro de las Tierras de Comunidades Negras. El Consejo Comunitario está integrado por la Asamblea General y la Junta del Consejo Comunitario. En este sentido, para fortalecer esta forma de gobierno, en el marco del Convenio 004 de 2011 suscrito entre la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y el Ministerio del Interior y de Justicia, se busca aunar esfuerzos para el proceso de desarrollo de los planes específicos de las comunidades afrocolombianas, así como la asistencia técnica para desarrollar estrategias educativas que mejoren el nivel de desarrollo humano, de la población afrodescendiente asentada en el territorio colombiano. Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 Para lograr el fortalecimiento de las formas propias de gobierno de las comunidades negras, se establecieron las siguientes actividades en el marco del convenio: 1. Proceso de capacitación en temas de gestión pública y gobernanza dirigido a líderes de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. 2. Fortalecimiento a los consejos comunitarios de comunidades negras. 4.13. Programa especial para Curvaradó y Jiguamiandó La Comisión Interinstitucional conformada por el Gobierno Nacional, integrada por el Ministerio del Interior y de Justicia, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, el Programa Presidencial de Derechos Humanos y aplicación del Derecho Internacional Humanitario de la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Diálogo Interagencial de Colombia (DIAL) y la Defensoría del Pueblo, ha realizado durante los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2011, varias visitas a las comunidades con el objeto de avanzar en la revisión y ajuste de la metodología para adelantar el proceso censal y la caracterización de la población de Curvaradó y Jiguamiandó. Se han realizado las siguientes reuniones: a. Reunión de acercamiento con las comunidades de la cuenca del río Jiguamiandó, Pueblo Nuevo - 29 de enero de 2011 Comunidades asistentes: Las asentadas en la Cuenca del río Jiguamiandó: Puerto Lleras (14 personas), Nueva Esperanza (33 personas) El Hobo (22 personas), Caño Seco (4 personas), Bella Flor Remacho (8 personas), Santa fe (4 personas), Pueblo Nuevo (85 personas), Bracito, Vergel y La Laguna (3 personas), Camelias (5 personas) Cabildo Mayor Resguardo de Urada (30 personas). Autoridades asistentes: El Secretario de Gobierno del Municipio de Carmen del Darién, la Defensoría del Pueblo, y los representantes de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y del Ministerio del Interior y de Justicia. Las comunidades indígenas manifestaron su preocupación por las situaciones de riesgo para la comunidad que ha generado el conflicto armado que impiden el goce de derechos individuales y colectivos, destacan que en desarrollo de las acciones de recuperación del territorio, por parte del Estado se ha promovido la “militarización de la zona”, afectando la cotidianidad de las comunidades con eventos como el bombardeo del 30 de enero del 2010 en la comunidad indígena del Alto Guayabal. 197 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia Este asunto está siendo abordado en el seno de las mesas de concertación que se realizan en la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores con los peticionarios y beneficiarios de las medidas cautelares solicitadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al Estado Colombiano. b. Reunión de revisión y ajuste metodológico. El Guamo - 7 a 12 de febrero de 2011 Para dar cumplimiento a la agenda establecida para el desarrollo del proceso censal en las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó, la Comisión Interinstitucional adelantó una reunión en la comunidad de El Guamo ubicada en la Cuenca del río Curvaradó, entre los días 7 y 12 de marzo de 2011, con el propósito de revisar la metodología que se aplicará en el levantamiento o elaboración del censo 2011. El Ministerio del Interior y de Justicia convocó a todas las comunidades de las cuencas mencionadas, específicamente a los encuestadores, al comité de censo y a los líderes comunitarios que participaron en el censo 2008-2009, con la finalidad de hacer la revisión y ajuste de los formatos de recolección de información, así como de la metodología a utilizar en el proceso censal 2011. Comunidades Asistentes 198 COMUNIDAD CUENCA ASISTENTES Apartadocito Curvaradó 5 El Cerrado Curvaradó 2 Llano Rico Curvaradó 3 Cetino Curvaradó 7 Caño Claro Curvaradó 1 Andalucía Curvaradó 3 La Iguana Curvaradó 3 Brisas Curvaradó 1 Camelias Curvaradó 9 No Hay Como Dios Curvaradó 6 Caracolí Curvaradó 7 Buenavista Curvaradó 7 El Guamo Curvaradó 8 Caño Manso Curvaradó 9 Dispensa Media Curvaradó 7 Gengadó Curvaradó 8 San José Curvaradó 2 Costa de Oro Curvaradó 2 Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 COMUNIDAD CUENCA ASISTENTES Corobasal Curvaradó 1 Bracito Curvaradó 4 Nueva Esperanza Curvaradó 8 Caño Montería Jiguamiandó 1 Villa Luz Jiguamiandó 12 Pueblo Nuevo Jiguamiandó 3 Puerto Lleras Jiguamiandó 3 Remacho Jiguamiandó 6 Caño Seco Jiguamiandó 6 Santa Fe Jiguamiandó 1 Urada Jiguamiandó 2 El Vergel Jiguamiandó 1 Obo Jiguamiandó 6 La Laguna Jiguamiandó 1 • Instituciones Asistentes: Ministerio del Interior y de Justicia, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional. • Instituciones acompañantes: Defensoría del Pueblo, Diálogo Interagencial de Colombia (DIAL) y Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Resultados: Revisión de la metodología del censo: Se retomó el formato utilizado en el período 2008-2009, el cual fue valorado como apropiado por la comunidad, por cuanto permite –de manera clara y sencilla– la recolección de la información requerida, tanto en el aspecto sociodemográfico, como en lo concerniente a la caracterización de la población. En este punto la comunidad sugirió algunos cambios, pero la estructura del formato se conserva. 1. Acuerdos metodológicos: ¿Qué es el listado censal? ¿Qué es un autocenso? ¿Para qué sirve? ¿A quiénes censar? 199 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia En este punto, se definieron conceptos de: Ancestrales, nativos, habitantes de buena fe y desplazados, entendidos por la comunidad en los siguientes términos: Ancestral: aquella persona que llegó a colonizar tierras baldías, a correr frontera, y que está inmersa en la cultura como parte integrante de la comunidad negra al asumir la ley, las prácticas tradicionales y el cuidado y protección del territorio. Nativo: aquella persona que nace en el territorio y es descendiente directo de un ancestral. Foráneo: (persona que no es ancestral ni nativo) que tienen algún parentesco con nativos o ancestrales (cónyuges o parientes) serán contados dentro del censo pero no se les reconocerán derechos sobre el territorio. Los hijos de estas personas tendrán derechos sobre el territorio siempre y cuando hayan nacido en este y sean descendientes de un nativo o ancestral. Habitante de buena fe: Aquel que no tiene vínculo de ancestralidad pero llegó al territorio antes de la época de la violencia y del desplazamiento, en 1996. La permanencia de aquellos de buena fe en el territorio debe definirse a través del reglamento interno. Desplazado: Es aquel con vínculo ancestral. Quien haga parte de esta población será incluido en el censo. Los descendientes de habitantes de buena fe desplazados no pueden reclamar territorio ni participar en la elección de los representantes. 2. Ubicación física de las personas a censar: • Grupo de personas que vive actualmente en las cuencas • Grupo de personas que está desplazada en la zona de Urabá; y • Grupo de personas que se encuentran en otros departamentos del país. 3. Metodología de trabajo: • Revisión del formato de recolección de información: Durante la jornada de trabajo de El Guamo se analizó cada una de las preguntas contenidas en el formato de censo, por parte de los encuestadores y el comité de ancianos de las cuencas del Jiguamiandó y Curvaradó. • Conformación del Comité de Censo: Integrarán este comité, los ancianos, patriarcas o adultos mayores que conozcan quiénes fueron los pobladores ancestrales de la cuenca. • Recolección de la información: La harán directamente las comunidades, con 200 el acompañamiento de los organismos internacionales, la Defensoría del Pueblo y el Gobierno Nacional. Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 • Sistematización: Con posterioridad a la recolección de la información, los técnicos contratados el Ministerio del Interior y de Justicia, realizarán la transcripción de los datos en la comunidad, con el acompañamiento de los encuestadores, para garantizar la transparencia del procedimiento. • Socialización: La difusión de la información se hará en una asamblea, de manera separada para Curvaradó y Jiguamiandó. • Protección de la información: La comunidad propuso que, al culminar el proceso de levantamiento del censo, se les entreguen los formatos físicos. Adicionalmente, las copias magnéticas sean custodiadas por la Defensoría del Pueblo en el lugar que determinen para tal efecto, con un código de seguridad para mantener inalterable la información. Esta propuesta ha sido trasladada a la Defensoría del Pueblo, entidad que responderá formalmente a la comunidad. Continuación de la reunión: Se acordó una nueva fecha de trabajo para la semana del 13 al 18 de marzo, para concluir la revisión y ajuste del formato de censo, reunión en la que reiteró la invitación a las comunidades de Despensa Baja y Curvaradó Pueblo, las cuales no asistieron a El Guamo, para garantizar el consenso sobre la metodología y cronograma del proceso censal. c. Reunión de revisión y ajuste metodológico. Despensa Baja - 13 de marzo de 2011 Asistentes por la comunidad: • Encuestadores • Comité de Ancianos de las comunidades de Despensa Baja y comunidad de Montería, Representantes de la Asociación de Consejos Comunitarios del Bajo Atrato (ASCOBA). La Comunidad expresó ante las entidades que no fue posible su participación en la totalidad de la reunión realizada en la población de El Guamo, por razones de tiempo. Por lo anterior, manifestaron que se acogen a los acuerdos a los cuales se llegó en la reunión de El Guamo, dada la participación de casi todas las comunidades en ese espacio. Por su parte, el Ministerio del Interior y de Justicia planteó cada uno de los aspectos discutidos en El Guamo, así como los acuerdos en dicha reunión, frente a lo cual, los representantes de las comunidades de Despensa Baja y Montería manifestaron su completa adhesión, confirmando su asistencia a la próxima reunión de revisión y ajuste de la metodología del proceso censal, convocado para llevarse a cabo en la Comunidad de Camelias entre los días 16 a 18 de marzo de 2011. 201 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia Frente a la propuesta de El Guamo, referente al acompañamiento de los encuestadores por parte de la Defensoría del Pueblo, del Ministerio del Interior y de Justicia y de los Organismos Internacionales; ACNUR y DIAL manifestaron que la estrategia de protección debe ser evaluada según la situación de riesgo de cada comunidad, y no aplicarse de manera generalizada. Lo anterior obedece, informaron, a la insuficiencia de personal y recursos para poder hacer el acompañamiento en 34 comunidades que participarían en el proceso censal. Seguridad La Defensoría del Pueblo retomó el tema de la seguridad en la zona, señalando la presencia de testaferros y ocupantes de mala fe que actualmente están ocupando predios de miembros de la comunidad que se encuentran en situación de desplazamiento. La ocupación ilegal de los territorios, a la postre puede constituirse en un obstáculo en el proceso de levantamiento del censo y de restitución del territorio. Ante los riesgos mencionados, la Defensoría del Pueblo sugirió la creación de un grupo especial de protección de la fuerza pública, coordinado desde Bogotá. En este contexto, es fundamental mencionar que en el marco del proceso de restitución de tierras, el Gobierno Nacional ha dispuesto el diseño y puesta en funcionamiento de un Modelo de Seguridad, Prevención y Protección de Personas, Grupos de Personas y Comunidades, aplicable a las zonas objeto de Plan de Choque de formalización y restitución. El Modelo es coordinado por los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, de Defensa Nacional y del Interior y de Justicia, con el acompañamiento de la Vicepresidencia de la República. El Modelo prevé la intervención integral e interinstitucional en las zonas objeto de restitución con cuatro componentes: 1. Fortalecimiento Institucional y Social, bajo el liderazgo del Ministerio del Interior y de Justicia, mediante el cual se procura la definición de acciones de protección y prevención, en conjunto con las autoridades locales y los beneficiarios de la restitución. 202 2. Seguridad, bajo el liderazgo del Ministerio de Defensa Nacional, cuyo componente central es el Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras CI2-RT, instrumento de coordinación del componente de inteligencia de las Fuerzas Militares, de Policía y del DAS, creado en el mes de diciembre de 2010. Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 3. Sostenibilidad, bajo el liderazgo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que pretende generar las condiciones de sostenibilidad social y económica de las personas y comunidades beneficiarias de la restitución, impulsando la acción y la oferta social a cargo de las instituciones del Estado. 4. Judicialización, que procura el impulso de las investigaciones a cargo de la Fiscalía General de la Nación. En estas circunstancias, se ha previsto la priorización de zonas específicas objeto de restitución sobre las cuales se activará el mencionado Modelo. El Gobierno Nacional, ha dispuesto que la restitución de la tierra a favor de las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó sea una de estas zonas priorizadas y constituya el Plan Piloto en esta materia. d. Reunión de revisión y ajuste metodológico con comunidades de la Cuenca del río Curvaradó. Curvaradó Pueblo – 14 de marzo de 2011 Dado que la comunidad de Curvaradó Pueblo no asistió a la jornada de trabajo de El Guamo realizada en el mes de febrero de 2011, y que el consenso con la totalidad de las comunidades es un requisito para adelantar el proceso censal de Curvaradó y Jiguamiandó, el Ministerio del Interior y de Justicia convocó a los encuestadores, al comité de censo y miembros de la comunidad de Curvaradó Pueblo, para adelantar una jornada de trabajo en torno a la revisión y ajuste de la metodología a utilizar en el censo, así como la presentación de propuestas y sugerencias frente a los acuerdos de El Guamo. Pese a la extensión de la convocatoria, los líderes de la comunidad Luis Freddy Robledo, Robinson Robledo, Eliécer Palacios y Hernando Olier, entre otros, decidieron no asistir ni invitar a la comunidad para la reunión del 14 de marzo. Lo anterior, generó la decisión de la Comisión Interinstitucional de hacer un perifoneo e invitación a través de la emisora comunitaria para incentivar la participación de la comunidad en el evento, ante lo cual, algunos líderes decidieron boicotear la reunión impidiendo el acceso de la comunidad al sitio de la asamblea (salón parroquial). Frente a la imposibilidad de hacer la reunión con las comunidades, la Comisión Interinstitucional grabó un programa radial en la emisora comunitaria, a través del cual se difundió la información concerniente a las órdenes de los autos del 18 de mayo y el 384 de 2010, así como las acciones adelantadas por el Gobierno relacionadas con el proceso censal desarrolladas hasta la fecha. e. Reunión de revisión y ajuste metodológico. Camelias - 16 a 17 de marzo de 2011 Comunidades Asistentes: Todas las comunidades del Curvaradó y Jiguamiandó, con excepción de los representantes de Curvaradó Pueblo, quienes habían anunciado 203 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia su decisión de no participar en la reunión de Camelias. Fueron convocados los encuestadores, el comité de ancianos de las dos cuencas y representantes de la Asociación de Consejos Comunitarios del Bajo Atrato (ASCOBA). Instituciones Asistentes: Ministerio del Interior y de Justicia, Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural e INCODER. Acompañantes: Defensoría del Pueblo y Organismos Internacionales. Las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó aportaron los documentos de preidentificación de personas que habitaban las cuencas del Jiguamiandó y Curvaradó antes del desplazamiento de 1997, entregando los listados de personas y mapas de georreferenciación a mano alzada por cada comunidad. De igual manera, entregaron los listados de encuestadores y del comité de ancianos responsables del levantamiento del primer anillo del censo, como fue acordado en la reunión de febrero celebrada en El Guamo. Durante las jornadas del 16 y 17 de marzo, se retomó el formato de encuesta utilizado en el censo de 2008 y 2009, y se revisaron, una a una, todas las preguntas de este documento, ajustando aquellas que para la comunidad resultaron relevantes. De igual manera, se definió una subcomisión de presupuesto, que hizo la estimación de los costos del primer anillo del censo, de conformidad con las actividades acordadas en El Guamo. El resultado de este ejercicio, hace parte integral del Acta de Camelias. Las comunidades insistieron en que se requieren condiciones de seguridad para los líderes y el territorio, por cuanto se ha registrado un incremento en los hostigamientos de terceros de mala fe, hacia los pobladores de los territorios colectivos, por ejemplo: el arreo de ganado dentro de los cultivos de pancoger de las comunidades, las amenazas contra los líderes, e incluso durante los días del taller se registró la quema de un cultivo de maíz de un miembro de la comunidad de Camelias, por parte de uno de los invasores que se encuentran en territorios de la comunidad mencionada. Aunque se han reportado los casos a la Fuerza Pública, los problemas de convivencia persisten, en detrimento de la armonía de los habitantes de la zona y del proceso de restitución de tierras. f. Visita de Alto Nivel a las Comunidades. Camelias y Curvaradó Pueblo 18 de marzo de 2011 204 El 18 de marzo de 2011, fueron visitadas las comunidades de las cuencas del Curvaradó y Jiguamiandó, por una comisión del Alto Gobierno Nacional. Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 Los altos funcionarios visitaron las comunidades de las cuencas mencionadas, con el objeto de escuchar sus inquietudes y propuestas frente al plan de acción encaminado al levantamiento del censo, la caracterización de la comunidad y la realización de la Asamblea de elección de representante legal del Consejo Comunitario de Curvaradó, a efectos de avanzar en la restitución material del territorio. La jornada se llevó a cabo en dos reuniones, con las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó. La primera en la Vereda de Camelias; la segunda con las comunidades de Curvaradó Pueblo. En estas dos reuniones, las comunidades manifestaron su interés en avanzar en el desarrollo de las actividades acordadas, así como sus inquietudes frente a problemas de seguridad, generación de proyectos productivos, reparación individual y colectiva de las comunidades, así como en la restitución material del territorio. El Ministro Germán Vargas Lleras, dio inicio a la reunión expresando los principios sobre los cuales se desarrollará el proceso: • Se trata de órdenes judiciales de perentorio cumplimiento que no admiten debate. • Desde el punto de vista de Política Pública, es prioridad para el Gobierno Nacional llevar a término el proceso de restitución de tierras. • El tema de la representatividad ha sido objeto de pronunciamiento por la Corte Constitucional y es el hecho que motiva la realización de un censo, caracterización y, finalmente, una Asamblea, como foro legítimo para la elección de los representantes. El Ministro, aclaró que la cartera a su cargo aportará los recursos y funcionarios para agilizar la labor del censo y la caracterización de los pobladores de esta zona que tienen un derecho legítimo sobre la propiedad de los territorios colectivos, y adelantar el proceso de restitución de tierras tal y como lo ordena la ley. De igual forma presentó el cronograma de trabajo, para dar cumplimiento a los compromisos mencionados: • 13 al 17 de marzo: iniciación del proceso censal. Revisión y ajuste de la metodología, formatos y manual para el levantamiento del censo, con base en el ejercicio censal adelantado en el 2008 y 2009. • 25 al 29 de marzo: capacitación de los líderes que elaborarán el censo: los encuestadores y el comité de censo de las cuencas del Curvaradó y Jiguamiandó, • 2 al 8 de mayo: censo en la comunidad de Jiguamiandó. • 9 al 31 de mayo: censo en la comunidad de Curvaradó. 205 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia • 1º al 8 de junio: reunión del Comité para la revisión de las encuestas del censo. • 9 al 15 de junio: sistematización de los resultados del censo. • 15 al 22 de junio: aprobación de los resultados por el Comité. • 22 al 30 de junio: socialización de los resultados con las comunidades. • 1º de julio al 30 de octubre: iniciación del proceso censal con personas desplazadas ubicadas en las regiones de Urabá, Bogotá, Medellín, Cali y Costa Caribe, y algunas pocas fuera del país. Frente al cronograma mencionado, las comunidades de las cuencas de Jiguamiandó y Curvaradó, en reunión de Pueblo Nuevo realizada del 6 al 8 de abril de 2011, plantearon algunos ajustes para el levantamiento del censo, atendiendo las siguientes consideraciones. 1. El proceso censal empieza por las comunidades de la Cuenca del Jiguamiandó, habida cuenta de que no existen problemáticas relacionadas con la representación de ese Consejo Comunitario y las comunidades están en disposición de iniciar desde el 25 de mayo. 2. En Curvaradó se levantará el censo después de Jiguamiandó, porque existen tensiones entre las comunidades de la cuenca y Curvaradó Pueblo en virtud de la representación legal de ese Consejo Comunitario. Por lo anterior se adelantará de manera paralela el proceso censal, y sólo al final se reunirán ambas partes para adelantar el Comité de Censo integrado por los ancianos de las comunidades, para revisar y avalar los formatos de censo de la cuenca del Curvaradó. 3. Se inicia el proceso censal a partir del 25 de mayo, previendo los tiempos de contratación del Coordinador Técnico y la adquisición de materiales requeridos para este proceso. 4. Dado que el proceso censal de Jiguamiandó y Curvaradó está basado en el reconocimiento y respeto de la autonomía y organización de las comunidades afrocolombianas, el Gobierno acogió las decisiones adoptadas por ellas en la reunión de Pueblo Nuevo, que obedecen a un proceso de consulta y participación entre las partes. 5. Los tiempos del nuevo cronograma no superan los presentados en la reunión de Camelias, para la terminación del primer anillo censal. 206 6. Las demás fechas se mantienen. Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 Por otra parte, en el desarrollo de la reunión del 18 de marzo, el Ministro del Interior y de Justicia, exhortó a toda la comunidad para que se vincule al proceso de levantamiento del censo, en cumplimiento del cronograma presentado, y si es posible, anticiparse al mismo. Dio lectura a la revocatoria de registro sobre varios predios, cuya extensión alcanza las 24.000 hectáreas, las cuales harán parte del territorio colectivo de las comunidades del Curvaradó y Jiguamiandó. Recordó a las comunidades el contenido de la Circular 121 de 2010, a través de la cual el Superintendente de Notariado y Registro da la instrucción a las notarías de Quibdó y a todas la notarías del país, de que a partir de la fecha no se pueda registrar ninguna transacción sobre predios que estén en Curvaradó y Jiguamiandó, orden extensiva para las oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de la zona. Por su parte, el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, enfatizó en el compromiso de su entidad en el desarrollo de la Política de Tierras, así como el compromiso del Gobierno Nacional en la restitución de los territorios que han sido despojados por los grupos armados, a sus legítimos dueños. El Defensor del Pueblo, exhortó a las autoridades para dar cumplimiento a los compromisos relacionados con el levantamiento del censo, como paso previo para la restitución de los territorios colectivos a las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó. Las comunidades por su parte, manifestaron a los altos funcionarios la necesidad de: (i) que el proceso de restitución se haga en condiciones de seguridad para las comunidades, líderes y territorios. (ii) que se garantice el retorno de las personas que hoy están desplazadas en otras partes del país y (iii) que se restituya el territorio a sus legítimos dueños. g. Reunión de prueba de la metodología censal y definición del Cronograma de Acción. Pueblo Nuevo – 6 a 8 de abril de 2011 Comunidades Asistentes: Todas las comunidades del Curvaradó y Jiguamiandó, con excepción de los representantes de Curvaradó Pueblo, quienes anunciaron que no participarían en la reunión de Camelias. Fueron convocados los encuestadores y el comité de ancianos de las dos cuencas. Instituciones Asistentes: Ministerio del Interior y de Justicia, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Durante esta jornada de trabajo se puso a prueba el formato para el levantamiento del censo, para lo cual se conformaron 6 grupos de encuestadores que aplicaron 207 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia el mismo número de pruebas in situ, con familias de Pueblo Nuevo. El resultado arrojado por la prueba confirmó la pertinencia y claridad de las preguntas, por lo cual fue avalado el instrumento. Por otra parte se midió el tiempo de respuesta por encuesta, el cual en promedio es de 45 minutos. Es necesario entregar los formatos a los encuestadores con anterioridad a las jornadas de censo, para garantizar el cumplimiento del cronograma. En cuanto a la definición del cronograma para el desarrollo del primer anillo censal, las comunidades acordaron empezar por Jiguamiandó a partir del 15 de mayo hasta el 8 de junio de 2011, se enfatizó que para este censo es necesario tener el acompañamiento de organismos internacionales, Defensoría del Pueblo y Gobierno, quienes conformarán dos grupos: El primero acompañará de manera directa a los encuestadores de El Vergel, Santa Fe y La Laguna, dadas las difíciles condiciones de seguridad en la zona. El segundo grupo hará presencia itinerante por la cuenca del Jiguamiandó mientras se esté desarrollando el censo. Por último el Comité de Censo se desarrollará del 2 al 8 de junio, para concluir el primer anillo censal en Jiguamiandó. En Cuanto a Curvaradó, se tomó la decisión de iniciar el censo después de Jiguamiandó, entre el 6 y el 22 de junio. En virtud de la seguridad del proceso censal se solicitó acompañamiento de organismos internacionales, Defensoría del Pueblo y Gobierno, a todo el proceso censal mediante el acompañamiento de los 12 subgrupos de encuestadores que adelantarán el proceso mencionado. h. Reunión de concertación con la comunidad de la Cuenca del río Curvaradó. Curvaradó Pueblo - 8 de abril de 2011 Como resultado de la reunión de los funcionarios de alto nivel con los líderes de Curvaradó Pueblo, se logró el compromiso y voluntad de estos últimos frente su vinculación en el proceso censal de la Cuenca mencionada. Dado que este sector de la comunidad no se hizo presente en las reuniones de concertación de El Guamo, Camelias y Pueblo Nuevo, y que su vinculación como parte del proceso es indispensable, se llevó a cabo una reunión de concertación para socializar y revisar los instrumentos que se utilizarán para el levantamiento del censo. 208 Los líderes y asistentes de la comunidad acogieron las decisiones adoptadas en las reuniones de El Guamo, Camelias y Pueblo Nuevo por lo cual manifestaron su compromiso y participación en el levantamiento del censo. Solicitaron hacer una capacitación y prueba de instrumentos antes de iniciar el proceso censal. De igual Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 manera, manifestaron que acogen el cronograma planteado por las comunidades de la cuenca del Curvaradó, es decir que en Curvaradó Pueblo también se censaría la población entre el 6 y el 22 de junio. Esta comunidad, de igual manera, solicitó acompañamiento del Gobierno, de los Organismos Internacionales, de la Procuraduría General de la Nación, de la Defensoría del Pueblo y, también como acompañante, de la subcomisión de Derechos Humanos de la Consultiva Nacional de Alto Nivel de Comunidades Negras. I. Reunión Interinstitucional de Alto Nivel para Toma de Decisiones El 24 de enero de 2011, el Viceministro del Interior se reunió con altos funcionarios de los Ministerios de Defensa, Relaciones Exteriores, Agricultura y Desarrollo Rural, Protección Social, Educación, Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, INCODER y Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, para socializar los avances en el cumplimiento del cronograma presentado ante la honorable Corte Constitucional, en respuesta a los autos del 18 de mayo de 2010 y del 384 del mismo año. Como conclusión de esta reunión, se definió la necesidad urgente de avanzar en el proceso censal, caracterización y asamblea de las cuencas del Curvaradó y Jiguamiandó como paso previo para la restitución del territorio. II. Reunión de Acercamiento con Organizaciones Internacionales para Ejecución del Plan de Acción Propuesto El día 3 de marzo de 2011, el Viceministro del Interior y de Justicia y la Directora de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia, presidieron la reunión de instalación de la Comisión Especial de Seguimiento, integrada por entidades y organismos internacionales interesados en el acompañamiento de las comunidades del Curvaradó y Jiguamiandó, en el desarrollo del proceso censal y de restitución del territorio de las mismas, a la cual asistieron: • Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) • Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados • CHRISTIAN (AID) • Embajada de Estados Unidos de América • Embajada de Suecia • Embajada Británica • Diálogo Inter Agencial en Colombia (DIAL) • OXFAM Internacional 209 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia • Brigadas Internacionales de Paz (PBI) • Organismos de Control • Procuraduría General de la Nación • Defensoría del Pueblo En este espacio, los Organismos y Agencias Internacionales presentaron al Gobierno Nacional la sugerencia precisa de mantener comunicación permanente clara y precisa con las comunidades sobre el plan de acción y sobre cada una de las actividades hecho que hasta la fecha se ha cumplido a cabalidad. La comunidad Internacional a través de DIAL precisó su compromiso de acompañamiento manifestando que sus informes serán presentados de manera independiente. Y que su aporte se circunscribe a : • La advertencia sobre posibles riesgos para el proceso. • Garantía frente a la transparencia en las acciones desarrolladas en el levantamiento del Censo. • Servir como canal de comunicación entre las comunidades. 210 Las Brigadas Internacionales de Paz hicieron claridad en que, a pesar de ser mencionados por la Corte Constitucional como acompañantes del proceso Censal, no lo harán directamente en razón al rol específico de acompañamiento y protección Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y a las zonas humanitarias de Jiguamiandó y Curvaradó. El Ministerio Público a través de la Defensoría del pueblo, precisó los alcances de su intervención: • Acompañamiento a las comunidades. • Difusión y promoción de los Derechos Humanos. • Seguimiento frente a las acciones del Gobierno en cumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional. III. Establecimiento de Mecanismos Temporales de Resolución de Conflictos y Construcción de un Protocolo de Intervención de las Entidades Gubernamentales Por solicitud expresa de las comunidades en las reuniones de Pueblo Nuevo y Curvaradó Pueblo, el tema de resolución de conflictos y de Protocolo de Intervención de las Entidades Gubernamentales se abordará vía formulación del Reglamento Interno. Para este efecto, la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas Palenqueras y Raizales del Ministerio del Interior y de Justicia, adquirió el compromiso de asignar un experto y de proveer los recursos requeridos para la construcción del documento mencionado, que se elaborará de manera paralela al levantamiento del censo. El contenido del Reglamento Interno, definirá no sólo las condiciones para la realización de las Asambleas Eleccionarias, sino que contendrá los lineamientos para dirimir situaciones de convivencia en uso de sus tradiciones, costumbres y formas organizativas, como elemento central para la prevención y la protección tanto de líderes como de comunidades. IV. Revisión de Esquemas de Protección de Personas y de la Comunidad He mencionado atrás que, a través de los Ministerios del Interior y de Justicia, de Defensa Nacional y de Agricultura y Desarrollo Rural, se ha diseñado el Plan Especial de Seguridad, Protección y Prevención para la Restitución de Tierras en el marco del Plan de Choque que para ese efecto ha construido el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Habiendo sido definida la restitución de tierras en las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó como “Plan Piloto” en esta materia, se ha dispuesto de un capítulo especial para desarrollar, durante las dos (2) primeras semanas del mes de mayo de 2011, que será presentado a la honorable Corte Constitucional en el próximo informe de avance. 211 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia Avance del proceso Censal- Jiguamiando Cuadro consolidado de familias encuestadas al 7 de junio de 2011 No. DE FAMILIAS PREIDENTIFICADAS FAMILIAS ENCUESTADAS VERGEL 20 17 Adicionalmente se anularon 3 encuestas por error en el diligenciamiento BRACITO 40 32 Adicionalmente se anuló 1 encuesta por error en el diligenciamiento LAGUNA 5 8 Adicionalmente se anularon 2 encuestas por error en el diligenciamiento URADA 23 30 PUERTO LLERAS 34 28 CAÑO SECO 25 27 BELLA FLOR REMACHO 15 15 SANTA FE 6 5 NUEVA ESPERANZA 29 28 COMUNIDAD 212 OBSERVACIONES Solo había 28 de las familias preidentificadas EL HOBO 20 17 Adicionalmente el 3 de junio los adultos mayores en consenso decidieron censar en Pueblo Nuevo 2 familias que decían pertenecer a la comunidad del Hobo PUEBLO NUEVO 80 70 Se inicia el 2 de junio 4.13.1. 62 Planes específicos para Comunidades Negras, Plan Integral de Prevención, Protección y Atención de la Población Afrocolombiana y Plan de Caracterización – Auto 005 de 2009 De conformidad con las órdenes del Auto 005 de 2009, le corresponde al Director de Acción Social como coordinador del SNAIPD, diseñar y poner en marcha un plan específico de protección y atención para cada una de estas comunidades, así como diseñar un plan integral de prevención, protección y atención a la población afrocolombiana, con la participación efectiva de las comunidades afro y el pleno respeto por sus autoridades constituidas, y de las autoridades territoriales concernidas. El plan integral de prevención, protección y atención deberá contener unos mínimos de los cuales se destacan los siguientes: Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 a. Una caracterización adecuada de la población afrodescendiente desplazada o confinada en el territorio, con el fin de conocer sus necesidades y potencialidades; b. Un plan de prevención del desplazamiento y del confinamiento específico por departamento, que tenga en cuenta las características y evolución del conflicto armado, la situación de los municipios, corregimientos y veredas afectados, los informes del Sistema de Alertas Tempranas, y las propuestas que hagan los consejos comunitarios sobre mecanismos y alternativas para minimizar los riesgos de destierro o confinamiento. c. Medidas de fortalecimiento de las autoridades locales y de los consejos comunitarios constituidos y que se constituyan para la protección de los derechos colectivos de los afrocolombianos y la garantía de la participación efectiva de las comunidades afro en los procesos de toma de decisión que los conciernan. d. Una estrategia para combatir la discriminación contra la población afrocolombiana. Es de anotar, que el plan integral de prevención, protección y atención a la población afrocolombiana que se diseñe deberá guardar armonía con los planes específicos que se adopten para las comunidades señaladas por la honorable Corte Constitucional. En el marco de las competencias del Ministerio del Interior y de Justicia en la protección de los derechos de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, esta entidad para el diseño e implementación de los planes específicos, del plan integral y del plan de caracterización de territorios colectivos y ancestrales, este último en cabeza del Ministerio del Interior y de Justicia, suscribió el Convenio 289/ CM-197 de 2010 con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), con la cual se pretende en el segundo semestre de 2011 conseguir los siguientes resultados: 1. Plan de caracterización de al menos 6 territorios colectivos. 2. Al menos 6 planes específicos de protección y atención para comunidades afrocolombianas (Auto 005 de 2009). 3. Plan de caracterización para los territorios de Curvaradó y Jiguamiandó y censo de población afro. 4. Sistema de Información para la Dirección. 5. Proyectos productivos que respondan a las necesidades de las comunidades. 6. Documento sobre lecciones aprendidas y buenas prácticas. 213 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia Cobertura Geográfica. Se pretende adelantar las acciones en las siguientes zonas del país: Departamento Municipio Chocó Bagadó, Bojayá, Carmen del Darien, Curvaradó, Jiguamiandó, Condoto, Itsmina, Juradó, Quibdó, Novitá, Riosucio, Cacarica, Tadó, Unigía, Alto Baudó, Bajo Baudó, Sipí. Bogotá, D. C. Bogotá, D. C. Nariño La Tola, El Charco, Iscuandé, Magüí Payán, Tumaco, Pizarro y Barbacoas. Antioquia Apartadó, Paz, Turbo, Chigorodó, Mutatá, Caucasia, Murindó, Vigia del Fuerte. Cundinamarca Soacha Cauca Guapi, Timbiquí, López de Micay. Cesar La Jagua de Ibirico Bolívar Cartagena, María La Baja, Turbaco, Carmen de Bolívar, Macayepo, El Salado. Sucre San Onofre, Chinulito, Chengue, Pigioguay, Coloso Valle del Cauca Cali, Buenaventura, Calima, Yurumangui y Anchicayá. 4.13.2. 357 CONSEJOS COMUNITARIOS AFROCOLOMBIANOS CAPACITADOS EN CONOCIMIENTO DE SUS DERECHOS Y GOBERNABILIDAD. La Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, durante lo que va corrido del año 2011 ha capacitado 106 Consejos Comunitarios en los siguientes lugares del territorio nacional: -38 consejos comunitarios en Quibdó-Chocó -11 consejos comunitarios en Dagua -46 consejos comunitarios en Buenaventura -11 consejos comunitarios en Cesar. 214 Capítulo 5 Partidos Políticos y Participación Ciudadana En materia de participación ciudadana el Ministerio alcanzó logros significativos, el primero de ellos fue el desarrollo de la reunión de más de cinco mil comunales con el Gobierno nacional para definir las líneas de acción orientadas a hacer efectivo el documento Conpes 3661 de 2010 –Conpes Comunal–. También consiguió la creación del programa para el aumento de la participación política de las mujeres a través de una cuota de participación de 30% de cada género en las listas de los partidos para Corporaciones de elección popular. Por otro lado, el Ministerio del Interior y de Justicia evidenció la necesidad de suplir los vacíos que en materia de riesgo electoral existían y diseñó la Estrategia de Prevención de Riesgo Electoral, con el objetivo de entender la dinámica de los actores y su posible modus operandi en desarrollo del proceso electoral de octubre de 2011. Como parte de la estrategia el Ministerio invitó a la Corporación Nuevo Arco Iris a acompañar el proceso, específicamente en el desarrollo de una investigación que propone trabajar un piloto con los 67 municipios que presentan mayor riesgo. 5.1. 35.000 Comunales fortalecidos en su capacidad de gestión, organización, liderazgo y emprendimiento Conpes 3661 de 2010 Los organismos de acción comunal son una forma de organización civil, en ejercicio del derecho de asociación establecido por el artículo 38 de la Constitución Política. Su importancia radica en que son formas asociativas, democráticas e independientes, de libre afiliación y retiro. Reciben el apoyo del Estado, pero aun así actúan con absoluta autonomía e independencia de este (art. 103 de la Constitución), dentro del Estado Social de Derecho. Precisamente, una de las principales áreas de trabajo de la Dirección para la Democracia y la Participación Ciudadana es la formulación, ejecución, seguimiento 215 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia y evaluación de las políticas públicas en materia de organizaciones comunales. Por lo tanto, se adelantó la formulación del documento Conpes 3661 de 2010, cuyo objetivo es fortalecer a las organizaciones de acción comunal a través de una estrategia que facilite las herramientas para la correcta gestión, funcionamiento interno y sostenibilidad financiera de dichos organismos, así como contribuir al desarrollo, formación y generación de capacidades para mejorar su gestión, organización e interlocución con el Estado. Este Conpes surgió de un proceso de concertación entre el Ministerio del Interior y de Justicia, entidades del ámbito nacional y territorial y la Confederación de Juntas de Acción Comunal, debido a la problemática de este sector, a partir de las dificultades que tenían las iniciativas comunales para ser canalizadas debidamente por el Estado, relacionadas con las debilidades de la organización comunal y la sostenibilidad económica de las organizaciones comunales. Lineamientos estratégicos del CONPES 3661 de 2010 1. Canalizar los requerimientos de los OAC mediante la coordinación de la oferta institucional. 2. Fortalecer la estructura y funcionamiento de los organismos de acción comunal, de manera que estos obtienen reconocimiento y mayor visibilidad en la sociedad. 3. Fortalecer los mecanismos para que los organismos comunales puedan desarrollar sus iniciativas empresariales y productivas. El plan de acción pretende articular una oferta de las entidades del ámbito nacional que conduzcan a los propósitos de los objetivos estratégicos: Coordinación de las iniciativas sectoriales y de la oferta institucional que presenta el Estado a los comunales. Se garantizará la participación de los organismos comunales en jornadas de rendición de cuentas, en consejos territoriales y en programas educativos y culturales de los ministerios. Además, se apoyará la realización de los Juegos Nacionales Comunales y de programas radiales. En el tema de vivienda se apoyará la presentación de propuestas para acceder a subsidios. De igual manera, el Ministerio del Interior y de Justicia gestionará ante la CNTV espacios de difusión de los organismos comunales a nivel institucional, regional y nacional para difundir los contenidos de este sector social así como la promoción de espacios para analizar el rediseño del programa Formador de Formadores. Así mismo, junto con el DANE, se gestionará un convenio de cooperación técnica para la construcción y análisis del instrumento del sistema de información de participación SIDEPAR. 216 El Ministerio del Interior y de Justicia publicó 5.000 cartillas para la socialización del documento Conpes, y realizó el Encuentro Nacional de Juntas de Acción Comunal, con la presencia del señor Presidente de la República. Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 Fortalecimiento de la organización comunal en su estructura para lograr reconocimiento y visibilidad dentro de la sociedad. En el cumplimiento de este objetivo, el Ministerio del Interior y de Justicia juega un papel fundamental en temas relacionados con la asesoría y atención prioritaria en casos de amenaza a dignatarios y afiliados a los organismos comunales y garantizará la participación de comunales en el Programa Conciliadores. Además, elaborará un informe anual sobre el desarrollo del Conpes, además de una cartilla sobre el mismo. También, la gestión de recursos y de herramientas técnicas para lograr el funcionamiento adecuado de los organismos comunales está a cargo principalmente del Ministerio. Otras entidades estatales prestarán asistencia técnica a la conformación de comités dentro de los comunales –según el tema de la entidad–, así como la generación de más espacios de participación en diferentes programas. Generación de mecanismos que permitan su sostenimiento financiero. Dado que una de las principales preocupaciones de las organizaciones de la acción comunal ratificadas por el diagnóstico del Conpes es la sostenibilidad financiera, se gestionará la reglamentación de la figura de las empresas comunales rentables como organizaciones de economía solidaria, y se apoyará el diseño de estrategias y capacitación en proyectos productivos. Así mismo, se brindarán herramientas que permitan mejorar el emprendimiento empresarial comunal y la enseñanza del régimen tributario colombiano. Por su parte, el MIJ hará seguimiento legislativo a las iniciativas de contratación solidaria y otros temas relacionados con el fortalecimiento de los Organismos Comunales que hagan trámite en el Congreso de la República. De esta manera, los organismos de acción comunal podrán potenciar su capacidad de gestión dentro de su comunidad y en su relación con el Estado. Este documento Conpes permitirá aumentar el reconocimiento y la visibilización de la acción comunal y dará la oportunidad a los comunales de desarrollar iniciativas empresariales y productivas. En conclusión, en cumplimiento a dicha política pública, y teniendo en cuenta que el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 señala la necesidad de continuar apoyando a los Organismos de Acción Comunal como herramienta esencial de la democracia local, nos propusimos como meta el fortalecimiento de 35.000 comunales en su capacidad de gestión, organización, liderazgo y emprendimiento, de los cuales hemos capacitado más de 8.500 en lo que va corrido del año. 217 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia Comunales fortalecidos en capacidad de gestión, organización, liderazgo y emprendimiento 115 % 10.500 10.000 9.500 9.000 8.500 8.000 Meta 2011 comunales fortalecidos El Encuentro Nacional de Juntas de Acción Comunal: La Unión de los Comunales construye prosperidad El objetivo de este Encuentro fue aumentar la institucionalidad y representatividad de las Juntas de Acción comunal, la renovación de liderazgos y su gestión eficiente en coherencia con el marco de política del documento Conpes 3661 de 2010.El evento se llevó a cabo los días 15 y 16 de mayo del año en curso, al cual asistieron casi 4.000 dignatarios provenientes de los 32 departamentos del país. En el primer día de trabajo, se realizaron mesas temáticas sobre los temas identificados como los de mayor interés para este sector de la población: Mesa 218 Tema 1 Seguridad y Derechos Humanos. 2 Pueblos indígenas e instancias de participación 3 Afrocolombianos, representación y participación en las Juntas 4 Formación y educación 5 Gestión de políticas públicas y formulación de proyectos Durante la segunda jornada, llevada a cabo en el Coliseo Cubierto El Salitre, se contó con la participación del señor Presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos, a quien los comunales expusieron las principales conclusiones de cada una de las mesas. Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 Programa Nacional de Formador de Formadores para la Acción Comunal Este programa es un modelo pedagógico construido con las organizaciones comunales, para cualificar a los formadores en la propia organización Comunal y permite la capacitación en las herramientas legales, sociales, sectoriales y administrativas de los comunales. El programa cuenta con una base de documentos y cartillas que constituyen un valioso material pedagógico y didáctico, que están debidamente impresos, que se entrega a cada uno de los comunales que toman esta formación. El programa ha avanzado en las fases nacional, departamental y local. La Confederación Nacional de Acción Comunal ha conformado una Comisión Pedagógica Nacional para efectos del desarrollo del programa Formador de Formadores. El Ministerio del Interior y de Justicia apoya la producción de los materiales pedagógicos y paga los docentes que van por todo el país replicando este importante programa, donde se han beneficiado más de 850 comunales. Número de participantes Municipios presentes Armenia/Quindío 63 Salento, Calarcá, Armenia, Montenegro, Génova, Circasia, Quimbaya, Buena Vista, La Tebaida y Barcelona. Arauca 71 Saravena, Tame, Arauquita, Fortul, Puerto Rondón y Cravo Norte. Cauca 40 Popayán, Morales, El Tambo y Piendamó. Región 219 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia Número de participantes Municipios presentes Atlántico 54 Santo Tomás, Luruaco, Campo de la Cruz, Palmar de Varela, Baranoa, Usiacurí, Sabanalarga y Piojó. Atlántico 70 Soledad, Galapa, Sabanagrande, Puerto Colombia, Baranoa, Malambo, Suan, Mongote, Manatí y Ponedera. Casanare 37 Yopal, Orocué, Nunchía, Recetor y Chámeza. Casanare 45 Ato Corozal, Paz de Ariporo, La Salina, Sácama, Támara, Trinidad, San Luis de Palenque y Pore. Casanare 33 Aguazul, Tauramena, Sabanalarga, Monterrey y Villanueva. Bolívar 60 Blas de Leso, Puntarena, El Campestre, Las Palmeras, La Campiña, Playa Blanca, La Candelaria, Pantano de Vargas, La Puntilla, Once de Noviembre y El Conquistador. Antioquia 64 Amagá, Angelópolis, Caramanta, Jardín, Jericó, Montebello, Salgar, Santa Bárbara, Támesis, Urrao, Valparaíso, Venecia, Medellín. Antioquia 51 Ciudad Bolívar, Concordia, Betulia, La Pintada, Pueblo Rico, Fredonia, Hispania y Titiribí. Meta 83 Puerto López, Cumaral, Puerto Gaitán, Guamal, Acacías, Restrepo, Puerto Concordia, Vista Hermosa, El Dorado, Lejanías, Cabuyaro, Granada, San Martín, Cubarral, San Juan de Arama, Fuente de Oro, Mesetas, El Calvario, Macarena, Puerto Rico. Cauca 83 Popayán, Cajibío, Caldono, Totoró, Morales, Silvia, Sotará, Toribío, Jambaló, Coconuco, Suárez, Minas Páez y Guachené. Cauca 41 Mercaderes, Patía, Santander de Quilichao, Argelia, Bolívar, Sucre, Morales, Corinto, Popayán. Cauca 57 La Bota Caucana, un sector de Caquetá, y Putumayo. Región 220 Mani, Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 5.2. Consolidación de los sistemas electoral y de partidos políticos 5.2.1. 141 Planes de transparencia electoral formulados e implementados en las entidades Este Gobierno, con miras a los próximos procesos electorales, tiene el firme propósito de garantizar unas elecciones transparentes en las que se respeten los votos de los colombianos y los resultados de los elegidos. Por esta razón, el Ministerio del Interior y de Justicia diseñó la Estrategia de Prevención de Riesgo Electoral, con el objetivo de entender quiénes y de qué manera pueden incidir en el proceso electoral de octubre de 2011, por medio de métodos menos evidentes que la violencia y el terrorismo como la financiación ilegal, la promoción de candidatos y la corrupción al elector. Lo anterior, dado que las organizaciones criminales evolucionan y se adaptan en la medida en que la justicia y la fuerza pública han sido eficaces en condenarlos e identificarlos. Durante este año, la Corporación Nuevo Arco Iris se encuentra acompañando el proceso, como parte de una estrategia que se basa en una investigación que propone trabajar un piloto con los 67 municipios que presentan mayor riesgo, con base en las siguientes variables: Variable de riesgo Fases de la variable de riesgo 1. Cultivo. Incluye desde la siembra hasta la producción de pasta y base de coca. 1. Ubicación geográfica del municipio respecto de la cadena de narcotráfico 2. Procesamiento y transporte. Incluye desde la compra de la base hasta la colocación del producto final en mercados internacionales. 3. Testaferrato y lavado de activos. Incluye desde la repatriación de capitales hasta su incorporación en la economía legal e ilegal. 4. Residencia y disfrute, que incluye los lugares donde residen los narcotraficantes y disfrutan de su riqueza. 2. Anomalías electorales y niveles de competitividad interpartidista después de la desmovilización de las AUC 1. Participación Electoral Atípica. Contrasta el nivel de participación electoral en cada municipio respecto del promedio nacional, e identifica los municipios en los que hubo una participación electoral atípicamente alta o baja. 2. Anomalías en Votos Blancos, Nulos o Tarjetones no marcados en un municipio respecto del promedio nacional. Se identifica la posible manipulación de resultados o fraude electoral. 3. Limitaciones a la Competencia Electoral. Se registran las posibles restricciones a la competencia derivadas de las concentraciones electorales a favor de un solo candidato o las candidaturas únicas o cuasiúnicas. 221 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia Variable de riesgo Fases de la variable de riesgo 3. Conflicto armado y presencia de actores armados en el territorio 1. Número de combates entre los actores irregulares, y entre estos y las fuerzas del Gobierno. 2. Presencia armada de las FARC medida en diferentes acciones. 3. Presencia armada de Paramilitares medida en diferentes acciones. 4. Potencial electoral En los municipios con mayor potencial las acciones encaminadas a mitigar el riesgo pueden tener un mayor impacto. La influencia de grupos armados ilegales y mafiosos en elecciones locales, en la gestión municipal y en niveles más altos de la estructura estatal es un hecho reconocido y sustentado hoy en estudios que evidencian el interés de esos actores por el territorio y el control de rentas legales e ilegales y por lo tanto, el objetivo de la estrategia es reducir la incidencia que puedan tener en el proceso electoral. Cabe señalar que esta Estrategia de Prevención del Riesgo está diseñada de acuerdo a las características particulares de unas elecciones locales. Planes de transparencia electoral 74% Planes transparencia electorasl Meta 2011 0 222 20 40 60 80 100 La estrategia está prevista en cuatro fases. Actualmente, ya fue culminada la segunda etapa, basada en trabajo de campo en los municipios para identificar los actores y métodos que afectarán las elecciones así como las acciones de mitigación. De esta manera, nos encontramos formulando las recomendaciones para los partidos y movimientos políticos así como para organismos de inteligencia y fuerza pública. Informe de Gestión al Congreso de la República Estado: Terminada 67 municipio seleccinados En Ejecución Finaliza en agosto Informar a partidos y movimientos póliticos de los riesgos identificados en trabajo de campo. Aplicar medidas correctas en cada caso. Estado: Ejecución Comienza en julio y finaliza en octubre Etapa IV Trabjo campo en municipios. Identificar los actores y métodos que afectarán las elecciones y las acciones de mitifación. Etapa III Análisis estadístico para seleccionar una muestra de municipios para trabajo de campo. Etapa II Etapa I 2010 - 2011 Evaluación del proceso electoral y de la Estrategia de seguimento y mitigación aplicada. Estado: Ejecución Comienza en noviembre y finaliza diciembre De igual manera, la Comisión de Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, liderada por esta cartera, se encuentra trabajando en cinco subcomisiones técnicas que sesionan semanalmente, con el objetivo de intercambiar información de utilidad para las acciones que debe tomar la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral en aras de un proceso electoral en paz y transparente: Mesa de financiación Mesa de Indebida Intervención en Política Estrategía Riesgo Electoral Mesa de Protección a candidatos Mesa de Riesgos al Proceso Electoral Mesa de Orden Público Mesa técnica de financiación: Está compuesta por el Ministerio del Interior y de Justicia, la Unidad de Información de Análisis Financiero, Consejo Nacional Electoral, Registraduría Nacional, la Policía Nacional y el CI2E. Esta mesa hará reportes de operaciones financieras sospechosas de los partidos y movimientos políticos, también además revisará la utilización obligatoria del formato “Conocimiento del aportante”. Lo anterior será complementado con análisis financieros de algunos sectores de la economía en época electoral y la creación de un espacio web para que los ciudadanos reporten operaciones sospechosas en lo electoral. Mesa técnica de indebida intervención en política: La componen la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Colombia Humanitaria y Acción Social. Sus funciones serán preventivas por medio de la emisión de directivas, resoluciones y la participación en la URIEL 223 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia (Unidad de Reacción Inmediata para la Transparencia Electoral). Además, abrirá procesos disciplinarios a funcionarios públicos por participar en política y tendrá el registro de candidatos inhabilitados por órganos de control. Mesa técnica de riesgos de fraude electoral: Compuesta por la Registraduría Nacional, Consejo Nacional Electoral y la Fiscalía General de la Nación. Tienen a su cargo el mapa de riesgo de trashumancia electoral, se ha identificado que en 143 municipios el riesgo por trashumancia es “alto” o “muy alto”. Investigación de las anomalías en el proceso de inscripción de cédulas y cruce de las bases de datos del SISBÉN y la Nueva EPS para determinar lugares donde se está presentando la trashumancia. Sus otras responsabilidades incluyen traslado de registradores municipales para prevenir irregularidades, creación de la Unidad Nacional de Delitos contra los Mecanismos de Participación Democrática, instalación de los Tribunales de Garantías Electorales en todas las regiones y vigilar cumplimiento por parte de los partidos y movimientos sobre la publicidad electoral. Mesa técnica de orden público: Compuesta por Ministerio de Defensa Nacional, Comando General de las Fuerzas Militares, Policía Nacional (CI2E), Ministerio del Interior y de Justicia (Direcciones de Democracia y Participación Ciudadana, Derechos Humanos y Gobernabilidad Territorial) y el DAS. Sus responsabilidades incluyen las sedes de campaña y la seguridad de los votantes. Además, la formulación del Plan Democracia, cubrimiento de la Fuerza Pública del ciento por ciento de las mesas de votación, activación del Plan Padrino para habilitar comunicación entre los candidatos y la Policía, coordinación del cierre de fronteras para el día de las elecciones, priorizar el trámite de las quejas presentadas por la violación de derechos humanos en relación con el proceso electoral. Mesa técnica de protección a candidatos: Está compuesta por el Ministerio de Defensa Nacional, la Policía a través de la DIPRO y la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia. Su principal función es prevenir y adoptar medidas frente a la protección de los candidatos y de los promotores de los mecanismos de participación ciudadana. 224 5.2.2. Incrementar la participación de las mujeres en las corporaciones de elección popular al 20% Con el propósito de cumplir el tercer Objetivo de Desarrollo del Milenio, relativo a la promoción de la igualdad de género y la autonomía de la mujer, y por tratarse de una disposición contenida en la Constitución, el Gobierno Nacional, en la Ley de Partidos y Movimientos Políticos, declarada exequible por la Corte Constitucional y pendiente de sanción presidencial, incluyó las siguientes medidas dirigidas a garantizar la adecuada y efectiva participación de la mujer: Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 Se estableció que las listas donde se elijan 5 o más curules para corporaciones de elección popular o las que se sometan a consulta, deben estar compuestas por mínimo un 30% de los géneros. La implementación de esta cuota es una acción afirmativa que beneficiará el incremento considerable en la participación política de las mujeres. Los estatutos de los partidos y movimientos políticos deben contener entre sus cláusulas o disposiciones la postulación, selección e inscripción de candidatos a cargos y corporaciones de elección popular mediante mecanismos democráticos teniendo en cuenta el deber de garantizar la equidad de género. Se estableció como medida para incentivar la inclusión de mujeres en las listas con el fin de que obtengan mayor participación, que el 5% en proporción al número de mujeres elegidas en las corporaciones públicas formará parte de las reglas de distribución de la correspondiente apropiación presupuestal para la financiación del funcionamiento permanente de los partidos y movimientos políticos por parte del Estado. Además, una proporción de la destinación de los recursos provenientes de la financiación estatal será para invertir en planes, programas y proyectos “para la inclusión efectiva de mujeres”. Finalmente, uno de los principios de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos es el de equidad de género para que hombres y mujeres gocen de igualdad real de derechos y oportunidades para participar en las actividades políticas, dirigir las organizaciones partidistas, acceder a los debates electorales y obtener representación política. Con esta medida, lograremos incrementar la participación de las mujeres en las corporaciones públicas a un 20%: Participación Política de las Mujeres 2011 Meta para el 2014 20% 20% 20% 20% 14.50% 17.20% 12.60% 16.60% Representantes a la cámara Senadoras Consejalas Diputadas 225 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia 226 Capítulo 6 Fortalecer el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres y gestión del riesgo En el marco del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, el cual ha presentando profundos inconvenientes con respecto a la definición de responsabilidades de los distintos actores que lo componen y la inexistencia de herramientas financieras específicas que le permitan la ejecución de sus actividades y proyectos, este Ministerio desde la dirección encargada del tema ha desarrollado iniciativas en procura del mejoramiento de la situación anteriormente planteada procurando con ello promover la prevención y mitigación del riesgo y así lograr una efectiva reducción de la ocurrencia de desastres futuros en el territorio nacional. Dentro de los avances alcanzados por esta administración durante el periodo que este informe referencia, la Formulación de los lineamientos de política que pretende guiar la gestión del riesgo en el país, a partir de la elaboración de un marco conceptual y la realización de un diagnóstico de la normatividad que rige el SNPAD, se evidencia como un importante adelanto en la materia, por su parte la formulación y presentación del Proyecto de ley “Por el cual se adopta una política nacional de gestión del riesgo de desastres, se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”, es sin duda alguna un gran avance para la efectiva prevención de los desastres en el país. Dicho proyecto prevé dentro de sus múltiples temas la transformación de la perspectiva frente a la problemática del riesgo y los desastres no solo como un asunto climático, sino como un tema de desarrollo, explicita la concepción del riesgo como el resultado de asociar la amenaza con la vulnerabilidad de los elementos expuestos, propone una nueva definición para la gestión de riesgo de desastres como política de Estado y sus objetivos, plantea una estrategia financiera para su implementación, y establece entre otros temas la vinculación entre la planificación del desarrollo y el ordenamiento ambiental territorial. Por otro lado, también se avanzó en la formulación del Proyecto de Asistencia Técnica en Gestión del Riesgo a Nivel Municipal y Departamental en Colombia, mediante este proyecto se presta asesoría directa a los miembros de los Comités Locales de Prevención y Atención de Desastres, en el municipio mismo, con el fin de que efectúen procesos de gestión del riesgo en su jurisdicción. 227 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia Adicionalmente, los miembros de los Comités Locales de Prevención y Atención de Desastres también recibieron capacitación y asesoría en el fortalecimiento de comunidades con el fin de que puedan intervenir con medidas de prevención de desastres y preparación para enfrentar las situaciones de emergencia. También se formuló un plan de acción para el mejoramiento del Sistema Integrado de Información para la Gestión del Riesgo. Con respecto a la situación de riesgo presentada en el Volcán Cerro Machín, el Ministerio avanzó con la instalación de 20 alarmas comunitarias, equipos electrónicos de alerta temprana a través de sonidos y perifoneo, gestionó la declaración de la zona de protección ambiental del domo del volcán, por parte de Cortolima, y además contribuyó en la elaboración de los Planes Sectoriales en la Zona de influencia del Volcán Machín, entre otras medidas allí desarrolladas. Con respecto a la situación de emergencia del volcán Galeras ocurrida en el año 2005, el Gobierno Nacional expidió el documento CONPES 3105 de 2007, para la Implantación de Programas de Prevención y Atención de Emergencias del Volcán Galeras, que tiene prevista una inversión inicial de $191.401 millones, de los cuales se han recibido y están en ejecución $95.000 millones. Por último, pero no menos importante, el informe pretende abordar con detalle las medidas tomadas por esta administración frente al fuerte fenómeno de la ola invernal. El fenómeno llegó a tales magnitudes que por instrucción del señor Presidente de la República, se puso en marcha el programa Colombia Humanitaria, con el propósito de generar las condiciones de asistencia a los más de dos millones de damnificados del último invierno del país. Para ello se expidieron dos decretos, el 4579 de 2010 y el 4580 del mismo año. En cumplimiento con lo estipulado en estas dos medidas administrativas, se enmarcaron las acciones conducentes a la atención de la emergencia, tales como las inversiones realizadas por parte de la Dirección de Gestión del Riesgo, las cuales estuvieron cercanas a los $104. 865 millones. 6.1. Gestión del Riesgo y sostenibilidad financiera del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres (SNPAD) 228 6.1.1. Formular el marco legal del SNPAD La actual estructura del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, SNPAD, presenta problemas relacionados con la definición de las responsabilidades que deben asumir los diferentes actores que lo componen y Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 la inexistencia de mecanismos financieros apropiados para la ejecución de sus actividades, hecho que le dificulta asumir acciones de prevención y mitigación del riesgo que resulten en una efectiva reducción de la ocurrencia de desastres futuros en el territorio nacional. Se hace entonces necesaria la revisión de los instrumentos legales, administrativos y financieros del SNPAD, como el Decreto 919 de 1989, que se encuentra desactualizado, y que fue anterior a la Constitución Política y con base en el mismo se expidieron otras normas como el Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, además de haberse dado en estos años fuertes procesos de reestructuración de entidades públicas, cambiando en algunos casos funciones. De otra parte, ya la normatividad y funcionamiento del SNPAD debe estar acorde con el desarrollo de la Gestión Integral del Riesgo en Colombia y no con procesos de prevención, o atención o rehabilitación desarticulados. Por estas razones se formuló el Proyecto Apoyo al Fortalecimiento de las Políticas e Instrumentos Financieros del SNPAD de Colombia, cuyo objetivo es fortalecer el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres en cuanto a definición de responsabilidades de los actores que lo componen y el establecimiento de mecanismos de financiamiento que le permitan incidir en procesos efectivos de reducción del riesgo, a partir de un proceso de construcción colectiva con entidades del Sistema. Durante el presente periodo se obtuvieron los siguientes productos principales, los cuales fueron elaborados sobre una estrategia participativa de los diferentes interesados tanto en el nivel nacional como regional: 1. Formulación de los lineamientos de política que guiarán la gestión del riesgo en el país, a partir de la elaboración de un marco conceptual y la realización de un diagnóstico de la normatividad que rige el SNPAD, incluye procesos 229 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia participativos de las diferentes entidades del Sistema. Esto incluyó: Documento propuesta de estructura normativa que reforme la Ley 46 de 1988 y el Decreto Ley 919 de 1989 y el Documento Bases de la Formulación de la Política. 2. Proyecto de ley “Por el cual se adopta una política nacional de gestión del riesgo de desastres, se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”. Los aspectos destacados de este proyecto de Ley que la Dirección de Gestión del Riesgo ha puesto a consideración del Ministerio del Interior y de Justicia, para ser presentado en la legislatura que comienza el próximo 20 de julio de 2011, son: • Establece los principios fundamentales de la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD). • Formaliza el cambio de paradigma, de una visión basada en la PAD hacia una basada en la GRD. • Reconoce la problemática del riesgo y los desastres como un tema de desarrollo. • Hace explícita la concepción del riesgo como el resultado de asociar la amenaza con la vulnerabilidad de los elementos expuestos. • Propone una nueva definición para la gestión de riesgo de desastres como política de Estado y sus objetivos. • Propone un enfoque por procesos que favorece la perspectiva transversal de la acción estatal y privada en la gestión del riesgo de desastres. • Aumenta el nivel jerárquico de las entidades coordinadoras de los procesos en los tres niveles territoriales, en este sentido fortalece la organización nacional, en la figura del Presidente de la República. • Propone una estrategia financiera para su implementación. 3. Proyecto de decreto “Por el cual se organiza el Sistema Nacional Gestión del Riesgo de Desastre y se dictan otras disposiciones”. 230 6.1.2. Lograr la sostenibilidad fiscal del SNPAD: Teniendo en cuenta que el Fondo Nacional de Calamidades fue creado por el artículo 1º del Decreto 1547 de 1984, y modificado por el artículo 70 del Decreto 919 de 1989, y que a su vez se modificó con el Decreto 4702 de diciembre de 2010, actúa como una cuenta especial de la Nación sin personería jurídica con Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 independencia patrimonial, administrativa, contable y estadística, con fines de interés público y asistencia social y dedicado a la atención de las necesidades que se originen en situaciones de desastre, o de calamidad o de naturaleza similar. La normatividad actual estableció que el Fondo Nacional de Calamidades sería un fideicomiso estatal de creación legal constituido como patrimonio autónomo, administrado por la sociedad fiduciaria La Previsora, quien llevaría la presentación para todos los efectos legales. El artículo 35 de la Ley 344 de 1996 determinó que el Fondo Nacional de Calamidades funcionaría como una cuenta especial de la sociedad fiduciaria La Previsora S.A. 231 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia Los recursos del Fondo Nacional de Calamidades tienen su soporte en el Tesoro Nacional a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, este a su vez transfiere los recursos al Ministerio del Interior y de Justicia y este a la Fiduciaria La Previsora. Para el año 2011 se cuenta con un presupuesto de funcionamiento de $25.387 millones, el presupuesto de inversión es de $669.5 millones, el proyecto del Banco Mundial cuyos recursos son manejados por el Ministerio del Interior y de Justicia representan $3.500 millones. Este presupuesto base suma $29.557 millones. Se han recibido Transferencias de Colombia Humanitaria para la Atención de la Asistencia Humanitaria de Emergencia por valor de $62.000 millones. Ahora bien, para lograr una sostenibilidad financiera y fiscal se requiere lo siguiente: • Independencia financiera. • Aumento sostenible del presupuesto de funcionamiento y de inversión. • Para el año 2012 se ha solicitado un presupuesto de funcionamiento del orden de los $82.000 millones, teniendo en cuenta que en años anteriores las emergencias se cubren con el Fondo Interministerial debido al agotamiento de los recursos de funcionamiento en los programas misionales de la Dirección de Gestión del Riesgo. 6.2. Apoyar técnicamente en gestión del riesgo a municipios y departamentos 6.2.1. 41 municipios asistidos en planes locales de contingencia por tsunami La Dirección de Gestión del Riesgo ha venido acompañando a los Comités Locales de Prevención y Atención de Desastres; para esta zona se ha centrado la labor en el municipio de San Andrés de Tumaco, en el departamento de Nariño, considerado el municipio en mayor riesgo, en razón de su ubicación, nivel de exposición y densidad de población, para el cual desde el año 2005 se cuenta con Plan de Emergencia y Contingencia para Sismo, Licuación y Tsunami1, el cual fue actualizado en el año 2009 y se han desarrollado simulacros comunitarios e institucionales en el 2005, 2009 y 2010. 232 1 Dado que se presenta el fenómeno de manera simultánea. Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 6.2.2. Seis Municipios con plan de respuesta a emergencia por huracanes Se han realizado las siguientes acciones: • Se cuenta con 2 planes de contingencia, los cuales se han desarrollado en San Andrés y Providencia y están ahora en proceso de socialización. En el año 2005 se desarrolló el primer simulacro de evacuación y el próximo 29 de julio se adelantará el segundo simulacro de huracanes para San Andrés y Providencia. • Se ha apoyado también la capacidad de respuesta de estos municipios, mediante la entrega de equipos de telecomunicaciones (repetidoras, radios bases y portátiles), para facilitar la coordinación y comunicación en caso de emergencia. Municipios con planes locales de contingencia por Huracanes fromulados y aprobados Meta 2010 + 2011 50 % Municipios con planes 0 1 2 3 4 6.2.3. Plan Nacional de Gestión del Riesgo para el volcán cerro Machín adoptado e implementado Para el Plan Nacional de Gestión del Riesgo se han adelantado las siguientes acciones: • Se avanzó en la instalación de 20 alarmas comunitarias, equipos electrónicos de alerta temprana a través de sonidos y perifoneo que se activa tanto manual como por sistemas electrónicos. Se encuentran en proceso de adquisición 80 233 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia equipos portátiles de radiocomunicaciones VHF, 17 bases fijas y dos equipos repetidores, con recursos del Ministerio de la Informática la Tecnología y las Comunicaciones. • Entraron en funcionamiento 2 emisoras comunitarias: una del Ejército y la del municipio de Cajamarca. Se declaró zona de protección ambiental el domo del volcán, por parte de Cortolima, el cual está en proceso de adquisición de predios por valor de $2.200 millones. Se coordinó con el Ministerio de la Protección Social la construcción del centro de salud de Potosí por valor de $100 millones. Además, se elaboraron los Planes Sectoriales en la Zona de influencia del Volcán Machín así: • Con el fin de poner en práctica los Protocolos Nacionales y su aplicación en los niveles regionales, se llevó a cabo una primera versión de los 10 planes sectoriales de contingencia teniendo como base los estudios realizados por el INGEOMINAS y su identificación de las amenazas que se desprenden de la posible erupción del volcán Machín en municipios de los departamentos de Tolima, Quindío, Cundinamarca y Valle del Cauca. • Con esta información, se planteó la inclusión a los Protocolos de una matriz de interacción entre sectores, en la cual se califica el grado de apoyo que cada uno de los sectores presta a los demás. Se encontró inicialmente que los sectores que más apoyan las acciones de respuesta son los de Telecomunicaciones, de Accesibilidad y Transporte y de Servicios Públicos y los que más reciben apoyo son el de Atención social, Alojamiento y Alimentación, Ayudas y Salud. • El mayor trabajo se centró en la metodología para la elaboración de los planes sectoriales de contingencia, la cual se construyó en la medida que se iba interactuando con los representantes de los sectores, llegando a una metodología aplicable a todos los sectores. • Para la elaboración de los planes se adelantaron más de treinta reuniones 234 con todos los representantes de las entidades coordinadoras de cada sector, y en algunos casos con las entidades que componen los sectores según los Protocolos Nacionales en especial con Accesibilidad y Transporte y Búsqueda, Salvamento y Rescate, se logró un buen avance en algunos de ellos; sin embargo, es importante continuar el proceso con la socialización de las propuestas, con el fin de hacer los ajustes correspondientes y lograr un mayor compromiso de las entidades incluidas en cada uno de los sectores. Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 • Igualmente, realizaron reuniones con los representantes de entidades como Cruz Roja, Defensa Civil, Empresa de Acueducto de Ibagué, la Empresa Departamental de Agua del Tolima (EDAT), encargada de realizar el plan departamental de agua y apoyar a los municipios así como con los funcionarios del CREPAD que manejan el tema del volcán Machín. • En el año 2010 se realizó una reunión de socialización con los representantes de los 10 sectores del SNPAD y con los representantes del departamento del Tolima incluyendo la CAR, en el que se presentaron las propuestas de planes sectoriales. La reunión tuvo gran acogida, hicieron presencia más de 30 personas y sirvió de oportunidad para que las entidades regionales dialogaran directamente con los representantes de los sectores a nivel nacional. 6.2.4. 790 planes municipales para la gestión del riesgo de desastres implementados Durante los últimos años, prácticamente cada municipio del país se ha visto enfrentado a situaciones de emergencias asociadas con fenómenos hidrometeorológicos (como vendavales, inundaciones y desbordamiento de crecientes torrenciales) y geológicos (como deslizamientos de tierra), principalmente, con los consecuentes daños y pérdidas sociales, económicos y ambientales. En la siguiente tabla se presenta la cantidad de municipios que tuvieron al menos una situación de emergencia al año, en los últimos 10 años. Año No. de Municipios afectados 2001 450 2002 303 2003 325 2004 465 2005 523 2006 522 2007 506 2008 758 2009 509 2010 1.015 Entonces se ha comprendido que la necesidad apremiante de tener menos situaciones de desastre y emergencias, y de la menor magnitud posible, así como la de tener mayor efectividad en su manejo cuando se presentan, no puede ser suplida 235 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia de manera inmediata, ni bajo enfoques de gestión centrados en el desastre mismo, sino que requiere de procesos sostenidos en el tiempo, decididos y conscientes que intervengan según las condiciones de riesgo, dentro de los diferentes ámbitos del desarrollo municipal. Bajo esta premisa se formuló el Proyecto de Asistencia Técnica en Gestión del Riesgo a Nivel Municipal y Departamental en Colombia, el cual se mantiene en ejecución a cargo de la Dirección de Gestión del Riesgo. Mediante el proyecto se presta asesoría directa a las personas que integran los Comités Locales de Prevención y Atención de Desastres, en el municipio mismo, con el fin de que este grupo de servidores públicos y otros relevantes en el desarrollo municipal, bajo el liderazgo del Alcalde, implementen procesos de gestión del riesgo en su jurisdicción. Durante el periodo, por medio del Proyecto de Asistencia Técnica se asistieron técnicamente 147 municipios pertenecientes a los 32 departamentos del país: 74 hasta el 31 de Diciembre de 2010 y 73 en lo corrido de 2011. Como instrumento de planeación y seguimiento a las actividades que el municipio establezca como prioritarias, mediante el proyecto se asesora a estos municipios en la formulación del Plan Municipal para la Gestión del Riesgo - PMGR, que es el instrumento mediante el cual el CLOPAD prioriza, formula, programa y hace seguimiento al conjunto de acciones a ser ejecutadas por las entidades, instituciones y organizaciones en cumplimiento de su misión; acciones para conocer, reducir y controlar las condiciones de riesgo, así como para la preparación de la respuesta y recuperación. Por otra parte, para que cada municipio responda de manera efectiva durante las situaciones de emergencia y desastre, el proyecto igualmente ha prestado la asesoría en la formulación del respectivo Plan Local de Emergencia y Contingencias PLEC, que constituye el plan de respuesta a emergencias. Dado que la meta establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para todos” es llegar a 790 municipios con Plan de Gestión del Riesgo, esta se cumplirá con un promedio de 150 municipios asistidos por año. La línea base a Diciembre de 2010 es de 290 y en el presente Plan Nacional se incrementará en 500. 236 Para apoyar de la mejor manera la comprensión de los problemas de riesgo municipales y la toma de decisiones por parte de las autoridades locales se editó y publicó la Guía Municipal para la Gestión del Riesgo, con el propósito general de establecer un camino que sea mucho más fructífero, en la definición y ejecución de acciones municipales que ayuden a reducir los desastres y las emergencias y en general a hacer más efectiva la respuesta. Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 Adicionalmente, los integrantes de los Comités Locales de Prevención y Atención de Desastres reciben capacitación y asesoría en el fortalecimiento de comunidades y de la comunidad educativa para que intervengan en su nivel con medidas de prevención de desastres y preparación para enfrentar las situaciones de emergencia. En este sentido se generaron las respectivas guías orientadoras para el nivel municipal: Guía Plan Escolar de Gestión del Riesgo y Guía Gestión Comunitaria del Riesgo. 6.2.5. Mejorar el acceso a la información sobre riesgos a través del Sistema Integrado para la Prevención y Atención de Desastres En el periodo del 20 de julio de 2010 a la fecha, la DGR formuló un plan de acción para el mejoramiento del Sistema Integrado de Información para la Gestión del Riesgo, en el que se ha avanzado en los siguientes componentes del sistema: 1. Mejoramiento de las interfaces de los módulos actuales para facilitar su uso por parte de los usuarios, con la habilitación de mecanismos más ágiles y expeditos para la alimentación y consulta de la información de emergencias y proyectos. 2. Desarrollo del sistema de información para la alimentación de la información de daños y necesidades sectoriales por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. El sistema está en periodo de prueba y será entregado en los próximos meses por el mencionado Ministerio a la DGR. 3. Desarrollo del sistema de información para el Registro Único de Damnificados (REUNIDOS), a cargo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE y operación de la base de datos con la alimentación de afectaciones a nivel de hogares, bienes inmuebles, unidades agropecuarias y personas. El sistema está en operación y su alimentación es permanente. Será entregado en los próximos meses por el DANE a la DGR. 4. Desarrollo de funcionalidades de colaboración que permiten un trabajo más eficiente que además contribuye a formar una memoria institucional eficiente, duradera y confiable en la DGR. La funcionalidad está disponible en http:// conexion.gestiondelriesgo.gov.co y ya tiene implementado un total de siete proyectos con participación de funcionarios y contratistas de la Dirección de Gestión del Riesgo y de otras entidades del Sistema. 5. Desarrollo de un nuevo visor de información geográfica que soporta servicios de información geográfica proveniente de otras entidades en formatos 237 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia interoperables, y con mayores capacidades de consulta a la base de datos de emergencias. El visor está activo en modo de prueba y será habilitado para su utilización por los usuarios hacia el mes de septiembre de 2011. 6. Desarrollo de un directorio de datos que permite a los actores del SNPAD en las diferentes instituciones tener acceso en tiempo real a documentos y mapas generados en las diferentes instituciones. Se han realizado un total de tres talleres interinstitucionales con la participación de las entidades nacionales del SNPAD, de algunos representantes de las entidades territoriales y de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, que han permitido definir los requerimientos de dicho mecanismo, así como las necesidades de acuerdos interinstitucionales que posibiliten su puesta en marcha. El mecanismo estará activo para cuatro entidades en noviembre de 2011. 7. Desarrollo de mecanismos de transmisión de información en tiempo real sobre temas de amenazas, vulnerabilidades y riesgos. Se ha avanzado en la definición de los servicios para la comunicación de alertas y pronósticos hidrometeorológicos del IDEAM y los servicios de información por alertas de origen geológico con el INGEOMINAS en tiempo real. Algunas de estas fuentes ya están disponibles y serán puestas en marcha en el Sistema Integrado en los próximos meses. El mecanismo en funcionamiento estará disponible en noviembre de 2011. 8. Desarrollo de la Red Virtual de Centros de documentación sobre gestión del riesgo, donde los centros de documentación de las entidades tienen acceso a documentos situados en otros centros de documentación en tiempo real. Se ha adelantado el acceso a esta red desde el Sistema Integrado de Información. Se han identificado los nodos que en el futuro mantendrán conectividad con esta red de bibliotecas virtuales. Para el mes de noviembre de 2011 se tendrán cuatro nodos de entidades del SNPAD completamente conectadas con esta red. 6.2.6. 1.859 personas reasentadas fuera de la zona de amenaza volcánica alta (ZAVA) del Volcán Galeras. La Zona de Amenaza Alta del Volcán Galeras - ZAVA se extiende dentro de la jurisdicción de 3 municipios del departamento de Nariño: La Florida, Nariño y zona rural de Pasto. En esta zona de influencia del volcán viven aproximadamente 8.900 personas integrando 1.875 familias. 238 • Pasto: 5.500 personas (1.075 familias) Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 • Nariño: 550 personas (140 familias) • La Florida: 2.850 personas (660 familias) Para atender la emergencia presentada por la erupción del volcán Galeras ocurrida en el mes de noviembre de 2005, el Gobierno Nacional expidió el documento CONPES 3105 de 2007, para la Implantación de Programas de Prevención y Atención de Emergencias del Volcán Galeras, que tiene prevista una inversión inicial de $191.401 millones, de los cuales se han recibido y están en ejecución $95.000 millones. Se construyeron 10 albergues temporales, para aproximadamente 7.000 personas, que son administrados por la Cruz Roja Colombiana Seccional Nariño, en asocio con la Defensa Civil Colombiana, los cuales se activan cuando se presenta un cambio en las alertas del volcán, información dada por INGEOMINAS. También para conjurar la emergencia se elaboró el Plan de Contingencia en el Departamento de Nariño y a nivel nacional ante la posible erupción del volcán, el mismo fue implementado y socializado en la zona. El proceso de reasentamiento de las comunidades presenta el siguiente comportamiento a la fecha: • De acuerdo al IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi), existen en la zona ZAVA un total de 3084 predios, de los cuales se han practicado 1.972 avalúos. • Predios Escriturados: 182. • El proceso de compra de predios inició en el año 2009, y hasta la fecha se han pagado 137 predios, y la cantidad de personas reasentadas es de 400, sobre el total de 8.900 corresponde a un 4.6% • Durante el último año (Julio de 2010 a Julio de 2011, se han adquirido 77 predios por un valor de $11.310 millones. • Se han realizado 792 estudios de títulos. • Se han realizado los estudios técnicos de base, ordenamiento territorial, y la adopción del Plan de Acción Específico. • Se firmó convenio con la Superintendencia de Notariado y Registro por $100 millones para apoyar a las familias para pago de derechos de registro y expedición de certificados de libertad y tradición. De acuerdo al Plan de Acción, para el año 2011 se tiene una meta de 500 personas reasentadas en la Zona de Amenaza Alta. 239 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia 6.3. Atención y Rehabilitación de Emergencias en el territorio nacional En 12 meses continuos de Invierno, Colombia Registra 3´540.158 personas afectadas en 29 departamentos Por acción del invierno, en las temporadas de lluvia y fenómeno de “La Niña”, en el periodo de Julio de 2010 a Julio de 2011, se registran 3.540.158 personas afectadas, quienes integran 823.129 familias, 427 muertos, 469 heridos, 37 desaparecidos, 12.567 viviendas destruidas y 491.592 viviendas averiadas en 29 departamentos. Durante el 2011 las emergencias presentadas registran 141 personas muertas, 138 heridas, 18 desaparecidas, 772.386 afectadas, 170.056 familias, 1.650 viviendas destruidas, 120.990 viviendas averiadas. Las inversiones realizadas en la Atención de Emergencias por parte de la Dirección de Gestión del Riesgo fueron: • Menajes: $33.595 millones • Apoyo Alimentario: $50.004 millones • Materiales de Construcción: $2.489 millones • Otros Apoyos: $3.986 millones • Giros Directos: $14.791 millones • Donaciones recibidas en dinero: $49.598 millones El siguiente es el comportamiento de las donaciones recibidas: ORGANISMO Y/O ENTIDAD DONANTE VALOR EFECTIVO 240 DONACIONES EN DINERO $ 49.598.257.435,72 TELETÓN $ 11.023.862.946,00 DONACIONES MEN EN DINERO $ 1.322.751.322,75 KITS ESCOLARES ESPECIE $ 2.104.700.000,00 AYUDA FINANCIERA INTERNACIONAL A TRAVÉS DE OTROS CANALES $ 47.137.816.300,00 SUBTOTAL EFECTIVO $ 111.187.388.004,47 Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 ORGANISMO Y/O ENTIDAD DONANTE VALOR DIAN-ACCION SOCIAL SUBTOTAL DIAN $ 46.671.690.493,00 EMPRESAS NACIONALES SUBTOTAL EMPRESAS $ 5.352.158.874,00 ENTIDADES INTERNACIONALES SUBTOTAL ENTIDADES INTERNACIONALES $ 3.965.566.201,00 DONACIONES EN ESPECIE DE OTROS GOBIERNOS SUBTOTAL GOBIERNOS $ 2.533.638.887,47 TOTAL $ 169.710.442.459,94 • Donaciones DIAN recibidas: $46.671 millones • Total donaciones recibidas: $169.710 millones Las líneas aprobadas y viabilizadas técnicamente por el Ministerio del Interior y de Justicia para la Atención de Emergencias durante el año 2011 son las siguientes: No. LÍNEAS PRESUPUESTO 1 Adquisición de menajes domésticos, apoyo alimenticio y adquisición sacos de polipropileno, equipo menor y herramienta básica. $ 4.000.000.000,00 2 Ayudas económicas mediante el giro de recursos económicos en efectivo, previo el lleno de formalidades requeridas. $ 3.000.000.000,00 3 Subsidios de arrendamiento a población que por fuerza mayor debe ser reubicada $ 800.000.000,00 4 Giros directos y cofinanciación a las entidades territoriales para apoyar la construcción de obras civiles para la atención, prevención y mitigación de riesgos $ 7.500.000.000,00 5 Fortalecimiento de las entidades Operativas del SNPAD. $ 1.200.000.000,00 6 Ampliación y mantenimiento de la Red de Comunicaciones del SNPAD y montaje de las alertas tempranas en zonas críticas. $ 508.000.000,00 7 Puentes peatonales de emergencia para caminos terciarios y zonas rurales con problemas de movilidad. $ 508.000.000,00 8 Banco de materiales de construcción para reparación de viviendas afectadas por desastres naturales y apoyos a procesos de reubicación y reconstrucción. $ 2.600.000.000,00 9 Simulacros de evacuación y atención por amenazas de Huracanes y Tsunamis $ 100.000.000,00 241 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia No. LÍNEAS PRESUPUESTO 10 Desarrollo de mecanismos de asistencia mutua y humanitaria en el marco de las iniciativas subregionales del Hemisferio (CAPRADE), consistente en la estandarización de protocolos de asistencia mutua y herramientas para el manejo de la ayuda humanitaria. $ 400.000.000,00 11 Implementación de Planes de Contingencia y Emergencia de Riesgo Volcánico. $ 500.000.000,00 12 Fortalecimiento de la DGR para la atención de emergencias y desastres en el territorio nacional $ 271.854.432,00 13 Gastos Operativos, Financieros y de comisión fiduciaria del Fondo $ 4.000.000.000,00 PRESUPUESTO - FUNCIONAMIENTO $ 25.387.854.432,00 6.4. Otros programas de apoyo a las comunidades 6.4.1. Programa Puentes Peatonales de Emergencia DGR Esta propuesta que involucra a las comunidades y gobiernos locales en la solución y autoconstrucción de pasos peatonales seguros para vías terciarias en zonas Rurales, logró llegar en su primera fase y año de operación a doce (12) comunidades campesinas (1.500 familias) de nueve (9) municipios en los departamentos de Cundinamarca, Santander, Meta y Cauca principalmente. La inversión de esa primera fase fue de $ 460 millones incluido un convenio de cofinanciación con la Gobernación de Cundinamarca. Este programa también ha contado con apoyo operacional de las Fuerzas Militares y la Cruz Roja Colombiana, quienes soportan la logística y transporte de materiales. Los resultados positivos del programa Puentes Peatonales de Emergencia de la DGR y el alto impacto social que ha generado en las regiones permiten proyectar para el año 2011 un presupuesto de $ 508 millones que beneficiarán a otros trece (13) municipios afectados por emergencias principalmente. 242 6.4.2. Programa Banco de Materiales - Procesos de Reconstrucción y Reubicación de Viviendas El programa de Banco de Materiales es un programa de la Dirección de Gestión del Riesgo, mediante el cual se apoya a las alcaldías para la reconstrucción parcial o total de las viviendas afectadas por los diferentes fenómenos naturales (inundaciones, Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 vendavales, deslizamientos, incendios, etc.). A través de este programa durante la vigencia 2010 se atendieron nueve departamentos, 12 municipios, desarrollando 14 proyectos que permitieron reparar, construir y reubicar 2.411 viviendas por un valor total de $8.357.948.483, de los cuales el FNC cofinanció $5.338.199.727 millones. 6.4.3. Subsidios de arrendamientos Se ha cubierto a 7.601 familias con subsidios de arrendamiento que ascienden a $7.485 millones, en 31 departamentos – 42 municipios. Estos Subsidios se han entregado directamente a los beneficiarios a través del Banco Agrario. 6.4.4. Fortalecimiento a Entidades Operativas Se han apoyado grupos de Cruz Roja Colombiana, Defensa Civil Colombiana, Sistema Nacional de Bomberos, Fuerza Aérea Colombiana, Grupo NBQ Manejo de Sustancias Peligrosas, Fuerzas Armadas, entre otros, con equipos de rescate y dotación, por valor de $13.567 millones, en 28 departamentos. En cuanto al Sistema Nacional de Bomberos, durante el periodo han tenido un presupuesto de $3.511 millones, invertido $203 millones en capacitación de miembros de Bomberos en 9 departamentos, 12 municipios. Proyectos de cofinanciación de dotación por valor de $3.308 millones, beneficiando a 20 departamentos y 75 municipios. 6.4.5. Apoyo en Telecomunicaciones Fueron invertidos recursos por valor de $ 2.753.747.361 millones, correspondientes a la adquisición de equipos para el fortalecimiento de las 32 redes departamentales de emergencias, Clopads, entidades operativas (Cruz Roja Colombiana, Defensa Civil Colombiana, Sistema Nacional de Bomberos, Dirección Gestión del Riesgo), y la instalación de alarmas y redes de comunicaciones en el área de influencia del Volcán Cerro Machín, Nevado del Huila y en la cuenca del Río Combeima en el Municipio de Ibagué. Se instalaron equipos de comunicaciones en el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Ministerio de la Protección Social, INGEOMINAS, el DAS y la Sala de Estrategia del Ministerio del Interior y de Justicia y las redes locales de los municipios de Páez, Guapi y La Vega en el departamento del Cauca, Valledupar en el Cesar, El Banco-Magdalena, Armenia-Quindío, El litoral Pacífico de Nariño y Tumaco, Cajamarca e Ibagué en Tolima, y Leticia en Amazonas, en el Litoral Pacífico de los departamentos del Cauca, Valle del Cauca y Chocó por efectos de Tsunami 243 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia y los departamentos de La Guajira y San Andrés y Providencia por huracanes. Los recursos para este proyecto fueron aportados por el Ministerio de la Tecnología, la Información y las Comunicaciones y el Fondo Nacional de Calamidades. Se encuentra en trámite la adquisición de equipos de radiocomunicaciones por valor de $1.100.000.000 para los 32 departamentos del país. 6.4.6. Intervención en la Mojana La Dirección de Gestión del Riesgo ha realizado varias acciones en la zona de la Mojana en el lapso de Agosto de 2010 a Enero de 2011, y se realizaron los siguientes eventos: • Otrosí al convenio celebrado entre El Fondo Nacional de Calamidades – Fiduciaria La Previsora – Cruz Roja Colombiana, adicionando al convenio inicial la suma de $750.000.000, cuyo Objeto es “Aunar esfuerzos para la asistencia humanitaria, desarrollando las acciones de socorro en desastres a las familias afectadas por la emergencia invernal en la Mojana como actividades complementarias del SNPAD, en las líneas de albergues temporales, (Adecuación y Administración), entrega de subsidios de transporte, vivienda y agua y saneamiento”. • En los municipios de Majagual, Guarandá y Sucre en el Departamento de Sucre, y de Achí en el Departamento de Bolívar, se realizaron las siguientes acciones: Atención Humanitaria con Alimentos, kits de cocina, kits de aseo, botas plásticas, rollos plásticos y toldillos por parte de la DGR; Coordinación de Atención con Alimentos del ICBF, Brigadas de atención Psicosocial, Prevención de Violencia Intrafamiliar; Brigada Médica por parte del Ejército Nacional; Adecuación de Albergues (limpieza, saneamiento), envío de agua en bolsas de 5 Litros, entrega de ropa, zapatos entregados por la DIAN a la DGR; remisión de sacos para contener la inundación. El transporte fluvial lo apoyó la Armada Nacional – Batallón de Infantería No. 30 con base en Magangué. Acciones realizadas por sectores desde la sala de estrategia SNPAD Alojamientos temporales • Consolidación de información. • Términos de referencia para la implementación (diseños, cantidades de obra y costos). • Términos de referencia para la operación. 244 • Dotación, acompañamiento social, etc. Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 Seguridad alimentaria y nutrición • Garantizar la disponibilidad de alimentos, principalmente para niños, mujeres gestantes y embarazadas. • Garantizar la atención de los niños con desnutrición severa y aguda mediante el establecimiento de nuevos centros de recuperación nutricional (proyecto en elaboración). • Se va a establecer la campaña “todos vivos, todos nutridos y saludables”. • Establecimiento de programa permanente de valoración y vigilancia del estado nutricional de la población afectada. Salud • Activación del Plan de Contingencia del Sector Salud (Campañas, vacunación, etc.). • Reporte preliminar de evaluación de daños. • Visitas de campo interinstitucionales para evaluación detallada y monitoreo de la aplicación del Plan. Agua Potable y Saneamiento básico • Análisis de la información de evaluación de daños existente. • Diseño de instrumento para el levantamiento de la información detallada en campo. • Priorización de suministro de agua potable y saneamiento básico en los alojamientos temporales. • Desarrollo del componente agua potable como apoyo al grupo de Alojamientos Temporales. Vivienda • Se está implementando estrategia para evaluación detallada de afectaciones. • Orientación a los municipios para la formulación de los proyectos. • Articulación del Registro Único de Damnificados con el formato preexistente. 245 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia Tecnología de la información y las Telecomunicaciones • Soporte técnico para la articulación de los sistemas de información de las entidades del SNPAD mediante el fortalecimiento de la plataforma del SIGPAD. • Seguimiento de proyectos y procesos. • Construcción de Tablero de Mando y Control para la Sala de Estrategia. Educación • Evaluación preliminar de los daños. • Visitas de campo para la evaluación detallada de los daños (se han hecho 1800 visitas y finaliza el 31 de enero), y dimensionamiento de los costos de recuperación. • Se inició la intervención a la infraestructura afectada en Valle y Chocó mediante la reparación de los establecimientos educativos. • Estrategias para garantizar la prestación del servicio: • Maximización de la infraestructura educativa no afectada. • Calendarios flexibles y pago de transporte a los niños. • Implementación de espacios temporales para la prestación del servicio (arrendamiento, aulas temporales, etc.). • ICETEX: Estrategia de alivio en los créditos otorgados, alumnos afectados por la inundación. Accesibilidad y Transporte • Continúa la evaluación de daños. • Se está haciendo la evaluación detallada. • Prioridad a las intervenciones de emergencia. • Se inició la rehabilitación en 280 puntos críticos (dar paso). • Realización de estudios para la identificación de obras de recuperación y estimación de costos. 246 Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 Servicios públicos: energía eléctrica y gas • No hay reportes de gran afectación, a excepción de los municipios completamente inundados. • Min-Minas instruyó a los operadores para el rápido restablecimiento de los servicios. Agricultura • Evaluación preliminar de los daños y áreas afectadas con base en la información existente. • Análisis de necesidades preliminar. • Orientación a los pequeños productores para reportar afectaciones a través del SNPAD. • Diseño de estrategia para la normalización de cartera mediante normalización de créditos subsidiados, créditos blandos, condonaciones, etc. • Plan de choque o de contingencia: • INCODER: Reforzamiento de los distritos de riego para que soporten las lluvias que vienen. • ICA: Atención de focos sanitarios. • CORPOICA: Difusión de paquetes tecnológicos adaptables a contextos de humedad. • FEDEGÁN: suministro de raciones alimentarias de sostenimiento de bovinos. • Capacitación de pequeños productores durante la fase de emergencia. • Integración de SIG. • Establecimiento de protocolos por de uso de información por parte de las instituciones. • Producción de mapa de áreas afectadas por inundaciones. DANE Registro Único de Damnificados • Diseño del formulario con participación de todos los sectores 247 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia • Elaboración de manuales y ayudas para capacitación e impresión de formularios. • Envío de material a territoriales y Gobernaciones. • Talleres de primer nivel de capacitación (regionales y cogestores). • Segundo nivel de capacitación (cogestores red juntos). • Recolección de información (Febrero hasta mediados de marzo). • Captura y consolidación de datos. • Depuración base de datos. • Conformación de base final y entrega de resultados (finales de abril). Artesanías de Colombia • Propuesta de reactivación económica para la población que se encuentra en alojamientos temporales. Min-Cultura • Dimensionamiento para la implementación del programa “Retorno a la alegría” en los alojamientos temporales. • Evaluación de infraestructura cultural afectada. Registradurías • Evaluación de registradurías afectadas y plan para su recuperación. • Plan de Contingencia para cedulación de personas que han perdido los documentos en la emergencia. Grandes Catástrofes – Lecciones Aprendidas Gramalote, un pueblo al que se tragó la tierra 248 Los 3.000 habitantes fueron evacuados en su totalidad. Gramalote, un pueblo en el departamento colombiano de Norte de Santander (noreste), amaneció este domingo como un pueblo fantasma, que minuto a minuto, como se registra desde la última semana, ha sido tragado literalmente por la tierra, saturada por las intensas lluvias del último mes. Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 Los algo más de 3.000 habitantes del pueblo, fundado hace 150 años, fueron evacuados de afán, y hoy las carreteras que lo unen con Cúcuta, capital departamental, y con las pequeñas localidades de Santiago y Sardinata fueron cerradas por fracturas en varios tramos. Gramalote era un pueblo recostado sobre la cordillera Oriental de los Andes, con un relieve montañoso fuertemente quebrado y escarpado y que las mismas montañas devoraron por la furia de la naturaleza. Decenas de casas se han ido a pique y las iglesias del pueblo empezaron a agrietarse con la amenaza de caer en cualquier momento. Entre el viernes y el sábado una gran romería de sus habitantes empezó a dejar el pueblo. • Enorme costo social y económico dejó rotura del Canal del Dique El costo del daño producido por la inundación producida por un boquete en el Canal del Dique sobre ocho municipios del departamento del Atlántico se calcula en al menos 312 millones de dólares. El río Magdalena en su comportamiento tradicional con aguas máximas, con aguas altas, es un río de 12.000 metros cúbicos por segundo, esta vez el río trae 18.500 metros cúbicos de agua por segundo. El volumen de agua es casi un 50 por ciento más de lo tradicional y este incremento ha afectado todas las protecciones que se le habían construido, han quedado totalmente desbordadas. Por esa situación se han inundado ocho municipios y han resultado afectados más de 160.000 personas. La misma inundación ahogó miles de cabezas de ganado, aves de corral y silvestres y arrasó con cultivos principalmente de maíz, yuca y plátano en esta región colombiana, una de las más afectadas por las dos temporadas lluviosas de este año. Para muchos expertos la mayoría de estas tierras no se recuperarán jamás e indican que el mapa de Colombia cambió con las fuertes precipitaciones que azotan al país. • Inundaciones en Chía y la Sabana de Bogotá. El aumento del río Bogotá afectó las instalaciones de la Universidad de la Sabana, que se encuentra inundada. Así mismo, obligó a la evacuación del centro comercial Centro Chía y varios colegios de la zona. Las autoridades habilitaron un contraflujo en la Autopista Norte a la altura del Puente del Común. Hay paso lento tanto para Chía como para Bogotá. Por esta vía, la capital también se comunica con los municipios de Cajicá y de Zipaquirá. Según reportó la Secretaría de Movilidad, en estos momentos la vía SubaCota también continúa cerrada debido al incremento del caudal del río Bogotá. 249 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia A nueve de los grandes embalses no les cabe más agua. El de Urrá se desbordó y causó una creciente del río Sinú que inundó ocho municipios de Córdoba. Hay 2’121.894 damnificados. Un país de paradojas. Esa es la realidad de la inundada Colombia de estos días, en la que a fuerza de aguaceros está completamente disipado el fantasma de escasez que rondaba hace apenas un año los embalses del país, los cuales ya no andan en estado crítico por falta de líquido, sino porque el exceso de agua amenaza con desbordarlos. Ya ocurrió con el embalse de Urrá, Córdoba, que fue incapaz de contener los 4.000 metros cúbicos de agua por minuto que cayeron. El líquido excedente desbordó el río Sinú, cuyas aguas causaron estragos en los ya pobres y azotados municipios de Tierralta, San Pelayo, Cereté, Valencia, Lorica y en la capital cordobesa, Montería. Lo más grave es que la situación de Urrá podría repetirse en nueve de los más grandes embalses del país, en los que se genera más del 84% de la energía que consumen los colombianos. En Antioquia la preocupación se centra en las represas de Miel I, Peñol, Playas, Riogrande, San Lorenzo y Troneras, que ya superaron el 100% de su capacidad de almacenamiento. La represa de Prado, en el sur del Tolima, está en el 124% de su capacidad y hace varias semanas sus compuertas tuvieron que ser abiertas para dejar escapar el agua, situación que alcanzó a asustar las poblaciones asentadas aguas abajo. 6.5. Normatividad sobre la emergencia presentada por el fenómeno de La Niña 2010-2011 El pasado 18 de noviembre, se expidió la Resolución 573 de la Dirección de Gestión del Riesgo del Ministerio del Interior y de Justicia, mediante la cual se declaró la situación de calamidad pública de carácter nacional en el territorio colombiano. No obstante los anteriores instrumentos legales, no permiten recaudar los recursos ni adoptar las medidas necesarias para conjurar la crisis y evitar la extensión de sus efectos. Por esta razón, con base en la Constitución Política artículos 212 al 215, y en desarrollo de lo previsto en la Ley 137 de 1994, que regula los estados de excepción, el Presidente de la República decretó el pasado 7 de diciembre, el Estado de Emergencia Económica Social y Ecológica, mediante el Decreto 4580 de 2010. Con base en esta declaratoria de Estado de Emergencia, expidió tres decretos legislativos con el fin de conjurar la situación de desastre invernal, decretos que a continuación me permito analizar: 250 1. Decreto 4627, por el cual se dictan disposiciones para hacer frente a la emergencia económica, social y ecológica y se modifica el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2010. Teniendo en cuenta que Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 es indispensable obtener recursos necesarios para la ejecución de los recursos correspondientes a través del Fondo Nacional de Calamidades, es indispensable realizar las modificaciones a la Ley 1365 de 2009, “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 11 de enero al 31 de diciembre de 2010”. Para conjurar la crisis el decreto establece que los ingresos y rentas del Presupuesto Nacional y de los presupuestos de los Establecimientos Públicos del orden nacional o asimilados por la ley a estos deberán transferirse al Fondo Nacional de Calamidades a que hace mención el Decreto 1547 de 1984. Los ordenadores de gasto transferirán directamente los citados recursos al Fondo Nacional de Calamidades mediante resolución expedida en la presente vigencia fiscal. 2. Decreto 4628 de 2010, por el cual se dictan normas sobre expropiación por vía administrativa y se adoptan otras medidas. Según el Gobierno es indispensable adoptar un régimen especial de negociación directa y de expropiación que les permita a las entidades públicas encargadas de adelantar proyectos de construcción y rehabilitación de las zonas afectadas por la ola invernal, adquirir rápidamente los bienes necesarios para el cumplimiento de esta finalidad. Por esta razón expidió el presente decreto que en su artículo 1° consagra: Declárese de urgencia, utilidad pública e interés social para efectos de decretar la expropiación por vía administrativa con indemnización previa, la adquisición del derecho de dominio y de los demás derechos reales indispensables para la ejecución de los planes específicos. 3. Decreto 4629, por el cual se modifican transitoriamente el artículo 45 de la Ley 99 de 1993, el artículo 4° del Decreto 1933 de 1994 y se dictan otras disposiciones para atender la situación de desastre nacional y de emergencia económica, social y ecológica nacional con la finalidad de disponer de recursos que permitan contrarrestar y/o mitigar las situaciones de desastre nacional y de emergencia social, económica y ecológica en todo el territorio nacional, en los sectores de agua potable, saneamiento básico. Igualmente, como resultado de lo anterior, expidió los siguientes decretos: DEC. 4702 FECHA 21-dic2010 OBJETO RESUMEN Por el cual se modifica el Decreto Ley 919 de 1989 Modifica la Junta Directiva del F.N.C., se crea la Gerencia del F.N.C. Obligatoriedad de entidades y organismos a prestar la colaboración que les solicite el Gerente del FNC. El régimen de contratación se someterá a los requisitos que exige la Ley 80 de 1993, artículos 14 a 18. Transferencia de recursos del FNC a las entidades públicas nacionales o territoriales y privadas. 251 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia DEC. FECHA OBJETO 21-dic2010 Por el cual se decretan medidas sobre fuentes de financiamiento en virtud del estado de emergencia económica, social y ecológica declarado mediante Decreto 4580 de 2010 Autorización de endeudamiento, en la cuantía requerida para conjurar la crisis, uso exclusivo de los recursos para atender la emergencia, y transferencia de los recursos al FNC. 4718 22-dic2010 Por el cual se liquida la modificación al Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2010, contenida en el Decreto 4627 del 13 de diciembre de 2010 Liquidación de los ingresos y rentas del Presupuesto Nacional y de los presupuestos de los Establecimientos públicos del orden nacional, se destinarán a la atención de los gastos que se requieran para conjurar la crisis. Transferencia de $402.587.314.790 al FNC. 4754 23-dic2010 Por el cual se modifica la planta de personal del Ministerio del Interior y de Justicia Se crea el cargo de gerente del FNC, en la planta del Ministerio del Interior y de Justicia. Por el cual se crea el Fondo Adaptación Se crea el Fondo Adaptación, cuyo objeto será la recuperación, construcción y reconstrucción de las zonas afectadas por el fenómeno de La Niña, con personería jurídica, autonomía presupuestal y financiera, adscrita al Ministerio de Hacienda. La Dirección y Administración estará a cargo de un Consejo Directivo. 4703 4819 29-dic2010 RESUMEN 6.5.1. Normatividad sobre la Emergencia – Colombia Humanitaria. ¿Qué es Colombia Humanitaria?  A raíz de las dificultades ocasionadas por la ola invernal que azotó al país a finales de 2010, el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos puso en marcha la campaña COLOMBIA HUMANITARIA con el fin de facilitar la asistencia  a cerca de dos millones de colombianos afectados. Adicionalmente, el 7 de diciembre se produjeron dos hechos importantes como son la declaratoria de desastre en el territorio colombiano, a través del Decreto 4579 de 2010 y el estado de emergencia económica, social y ecológica amparada en el Decreto 4580. 252 Estas decisiones le  permitieron al Gobierno expedir una serie de Decretos de Emergencia en virtud de los cuales ha sido posible un manejo ágil y eficiente de la emergencia. Precisamente una de esas normas es la reforma al Fondo Nacional de Calamidades, una figura existente en el esquema del Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres. Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 El presupuesto para Colombia Humanitaria a Junio de 2011 es como sigue: Fondo Nacional de Calamidades - Subcuenta Colombia Humanitaria Situación Presupuestal a Junio 16 de 2011 Conceptos Priorización Comprometidos Apropiación / Aprobado Disponibles o convenios (*) (1) a. Presupuesto Asignado b. Adición 2011 c. Presupuesto Nacional Total (a+b) d. Donaciones e. Total Presupuesto (3) (5)=(1-2-4) 969.722 969.722 3.500.000 3.500.000 4.469.722 3.859.690 2.993.553 65.854 4.535.576 f. Giros Recibidos de la Nación 1.119.722 g. Pendiente Desembolso de la Nación 3.350.000 h. Donaciones (2) 65.854 3.859.690 2.993.553 105.465 983.758 135.965 - 65.854 Reintedros Recursos no i. utilizados por Entidades Territoriales - 743 Reintegro provisional j. de recursos Entidades Nacioanles - 150.000 Recursos entregados al FIDEICOMISO k. (PPTONAL Y DONACIONES ) 65.854 39.611 1.185.576 202.561 (*) Incluye aprobación del Ministerio de Agricultura incluida la Federación de Cafeteros por $604.000 millones requeridos por la entidad este año. Y finalmente podemos agregar sobre el fenómeno de “La Niña”: • El fenómeno de “La Niña” inició su formación desde el mes de junio de 2010, cuando las temperaturas del océano Pacífico empezaron a enfriarse rápidamente y alcanzaron anomalías negativas por debajo de 0.5 ºC. Para el último trimestre de 2010, “La Niña” se fortaleció, alcanzó su etapa de madurez durante este lapso, coincidió con la segunda temporada de lluvias en las regiones Caribe y Andina. • Es así que el Territorio Nacional, afectado por las fuertes lluvias ocasionadas por el fenómeno de La Niña 2010-2011, fue declarado desastre nacional 253 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia mediante el Decreto 4579 del 7 de diciembre de 2010 y mediante el Decreto 4580 de 2010 el Gobierno Nacional declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica y en virtud de las facultades especiales conferidas al Gobierno Nacional, este expidió decretos con fuerza de ley dentro de los cuales está el Decreto 4702 de 2010 y en su artículo 2° creó la Gerencia del Fondo Nacional de Calamidades asignándole el cumplimiento de las funciones para el desarrollo de las actividades requeridas para las fases de atención humanitaria y rehabilitación que se realizarán con el fin de conjurar la crisis generada por el fenómeno de La Niña 2010-2011, cargo al cual fue designado el Doctor EVERARDO MURILLO SÁNCHEZ con la facultad de ordenador del Gasto en virtud de lo previsto en el numeral 8 del artículo 2° del Decreto 4702 de 2010. • Conforme al artículo tercero del Decreto 4579 de 2010 se inició la elaboración del Plan de Acción Específico con la colaboración de entidades del SNPAD bajo el liderazgo de la DGR, DNP y COLOMBIA HUMANITARIA y cuyo estado de avance a la fecha es del 80%. 254 Capítulo 7 Ofrecer una justicia eficaz y eficiente en el marco de una atención integral 7.1. Componente normativo y legal para la descongestión judicial Se trabajó en la elaboración de diferentes iniciativas legislativas que contribuyen a la descongestión judicial, tales como el Proyecto de Ley de Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual se convirtió en la Ley 1437 de 2011 y otras como el Proyecto de Ley que busca expedir el Código General del Proceso y el Proyecto de Ley del Régimen de Jueces de Paz, las cuales hoy surten el trámite legislativo respectivo en la Cámara de Representantes y el Senado de la República, respectivamente, habiendo sido aprobados en su Primer Debate por parte de las correspondientes Comisiones Primeras. Otra importante iniciativa en este sentido, es la modificación constitucional propuesta en el Proyecto de Reforma Constitucional a la Justicia que se presenta ante el Congreso este 20 de julio de 2011, según la cual, mediante la reforma del artículo 116 de la Constitución, se pretende ampliar la oferta de justicia a través de la habilitación a notarios, servidores judiciales diferentes a jueces y magistrados, abogados en ejercicio, centros de conciliación y centros de arbitraje. Igualmente, se prevé la posibilidad de establecer la figura del arbitramento obligatorio. Todo este abanico de posibles nuevos operadores de justicia, prestarían sus servicios en los casos y bajo las condiciones que establezca la ley que deberá expedirse para reglamentar sus competencias. En materia penal, se apoyó la presentación del Proyecto de Acto Legislativo (de iniciativa parlamentaria) conocido como “desmonopolización del ejercicio la acción penal y la delegación de funciones por parte del Fiscal General de la Nación”, el cual se encuentra en trámite en el Congreso de la República, habiendo superado la primera vuelta en ambas Corporaciones. El Proyecto tiene por objeto reducir la congestión judicial y darle una respuesta efectiva a las víctimas, permitiendo la posibilidad de que la acción penal también sea ejercida por ellas o por autoridades diferentes a la Fiscalía General de la Nación, en los casos y bajo las condiciones que determine la ley, y sin 255 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia perjuicio del poder preferente que tendría a su favor la Fiscalía. Este proyecto de acto legislativo, de ser aprobado, contribuirá de manera decisiva a mejorar el acceso a la justicia, a la reducción de la impunidad y a la descongestión de la jurisdicción penal, sobre todo en los asuntos relativos a delitos menores o pequeñas causas, ello es a los asuntos en los que el legislador permita desmonopolizar el ejercicio de la acción penal atendiendo la naturaleza del bien jurídico tutelado o la menor lesividad de la conducta punible. De otra parte, el Proyecto de Acto Legislativo permite que se descongestione el Despacho del Fiscal General de la Nación en aquellos asuntos en donde ejerce las funciones de acusación frente a aforados. Otro de los logros sobresalientes en la materia, fue también la introducción de varios artículos, en el Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014, que otorga funciones jurisdiccionales al nuevo Ministerio de Justicia, que anticipa la entrada en vigencia de un artículo del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en materia de determinación de la cuantía como factor de competencia y la extensión de los términos para proferir las sentencias que había previsto la Ley 1395 de 2010. 7.2. Fortalecimiento del uso de los mecanismos alternativos de solución de conflictos en reclamaciones contra el Estado En este aparte se presenta la gestión del Ministerio del Interior y de Justicia en lo que corresponde al fomento de mecanismos alternativos de solución de conflictos en los que son parte Entidades y organismos del Estado. 7.2.1. Recomendaciones y lineamientos a las Entidades para el uso de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos - (MASC): A partir de un diagnóstico elaborado sobre la gestión del último semestre de los Comités de Conciliación de las Entidades del Estado, se estableció la necesidad de crear un mecanismo de difusión para el uso de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos – (MASC). 256 Para tales efectos se contrató el diseño y publicación de 4.000 cartillas de dos tipos: 1.000 con la Guía para el Estudio de Solicitudes de Conciliación Extrajudicial y 3.000 cartillas sobre el uso de los MASC en materia laboral, contractual y extracontractual. Los insumos para estas publicaciones fueron elaborados por esta Cartera. Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 Igualmente, el Ministerio ha venido asesorando a los distintos Comités de Conciliación de distintas Entidades del orden nacional y territorial, a través de la expedición de conceptos sobre la procedencia de la conciliación en materia contencioso - administrativa, los cuales fueron recopilados en medio magnético en el mes de septiembre de 2010 para ser difundidos en las Entidades estatales. 7.2.1.1. Asistencia a los Comités de Conciliación de las Entidades del Orden Nacional y Territorial Adicionalmente y en virtud de la facultad otorgada en el Decreto 1716 de 2009, mediante la cual se reglamentó la conciliación como requisito de procedibilidad en los litigios contencioso - administrativos, el Ministerio del Interior y de Justicia, a través de la Dirección de Defensa Jurídica del Estado, participó en el período que comprende este informe, en los Comités de Conciliación de 514 Entidades del orden nacional y territorial1, en las modalidades presencial y virtual, aumentando el porcentaje de asistencia y contribuyendo significativamente a la defensa articulada del Estado colombiano. En efecto, para optimizar los recursos destinados al acompañamiento y asistencia a los Comités de Conciliación se modificaron los procedimientos internos, estableciendo criterios de asistencia, según la complejidad de los casos a tratar y se implementó la modalidad de asistencia virtual en cumplimiento de la normatividad que permite el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones2. La gráfica siguiente muestra el comportamiento de esta actividad: 1 2 Artículo 75 de la Ley 446 de 1998. “Las entidades y organismos de Derecho Público del orden nacional, departamental, distrital y de los municipios capital de departamento y los Entes Descentralizados de estos mismos niveles, deberán integrar un comité de conciliación, conformado por los funcionarios del nivel directivo que se designen y cumplirá las funciones que se le señalen. Las entidades de derecho público de los demás órdenes tendrán la misma facultad”. Círcular Externa de la Dirección de Defensa Jurídica del Estado 10-98 del 3 de septiembre de 2010, mediante la cual se da instrucciones para el envío de invitación a reuniones de comité de conciliación y en la cual se establece modalidad de asistencia virtual conforme a las facultades establecidas en las Leyes 1341 de 2009, 692 de 2005 y 527 de 1999. 257 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia Porcentaje de Asistencia de la Dirección de Defensa Jurídica del Estado del Ministerio del Interior y de Justicia a los Comités de Conciliación 2010-2011 (Art. 75 Ley 446 de 1998) 100% 83% 90% 92% 85% 88% 85% 91% 80% 70% 81% 61% 60% 92% 84% 88% 87% 76% 60% 61% 50% 40% 30% 13% 10% 10% Junio de 2010 Mayo de 2011 Abril de 2011 Marzo de 2011 Febrero de 2011 Enero de 2011 Diciembre de 2010 Noviembre de 2010 Octubre de 2010 Septiembre de 2010 Agosto de 2010 Julio de 2010 Junio de 2010 Marzo de 2010 Febrero de 2010 Enero de 2010 Mayo de 2010 5% 0% Abril de 2010 20% 7.2.1.2. Diseño de formatos para el recaudo de información conciliatoria de las Entidades estatales Dando cumplimiento al artículo 24 del Decreto 1716 de 2009 se diseñó el Formato Único de Gestión de Comités de Conciliación (FUGCC), como instrumento de recaudo de información para monitorear la actividad conciliatoria de las Entidades estatales, lo que ha permitido realizar un análisis pormenorizado cuyos resultados se presentan a continuación. Este Formato se envió en febrero del año 2010 a todas las Entidades del Estado para su diligenciamiento. En este sentido, desde el 7 de agosto de 2010 se inició un proceso de revisión y validación aleatoria de los formatos enviados. Posteriormente, se adelantó la labor de recopilación y consolidación de la información del segundo semestre de 2009. El resultado fue de tan solo 28% de Entidades con cumplimiento de reporte de resultados. Para 2009 eran 437 las Entidades obligadas a reportar. 258 A junio de 2011 la información correspondiente a 2010 enviada por las Entidades que tienen conformado Comité de Conciliación está siendo objeto de revisión y depuración, no obstante, se tiene a la fecha el recaudo de más de 321 Entidades con un porcentaje promedio de 61% de cumplimiento. Se debe precisar que el inventario de Entidades que tienen conformado Comité de Conciliación aumentó de 437 a 514 en el año 2010. Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 7.2.1.3. Elaboración del informe al Gobierno Nacional sobre la actividad conciliatoria de las entidades estatales del segundo semestre de 2009 Con base en el recaudo y consolidación de la información semestral de gestión de los Comités de Conciliación de la vigencia 2009, se presentó, por primera vez en la historia del Ministerio del Interior y de Justicia, el Informe de Actividad Conciliatoria de las Entidades Estatales (noviembre de 2010) elaborado con el apoyo del Banco Mundial. Las conclusiones se detallan así: 1. La conciliación no ha tenido un efecto sustancial en cuanto a la disminución de procesos y condenas. La reducción de demandas y condenas contra el Estado no solo se debe evaluar frente al uso de la conciliación, sino que debe también estar dirigida a la implementación de políticas de prevención del daño antijurídico. La aprobación judicial de las decisiones de los Comités de Conciliación se calculó en un 55%. Con respecto al indicador que mide el ahorro patrimonial por el uso de la conciliación, el Estado reconoce aproximadamente el 31% del valor de las pretensiones según los datos reportados por las Entidades. 2. El ahorro patrimonial no es del todo significativo, por el contrario, lo que se observa es que cada día las reclamaciones contra el Estado van en aumento y por ende los costos administrativos y judiciales para atender una conciliación no compensan el menor pago de una pretensión. Adicionalmente, este menor pago cuando es reconocido a través de la conciliación, no genera todas las veces un menor valor y un ahorro para el Estado. El punto de referencia para calcular este ahorro, no es el valor de la pretensión de la solicitud de conciliación, sino el valor de la pretensión que históricamente la jurisprudencia ha ordenado según el tipo de hecho dañoso. Se requiere un estudio económico que incluya los costos de todo el trámite conciliatorio. 3. En cuanto al número y tipos de solicitudes de conciliación se tiene que los comités analizaron 11.208 casos, principalmente, por la expedición irregular de actos administrativos con violación del debido proceso, acciones y omisiones generadoras de responsabilidad extracontractual, solicitudes de carácter laboral no especificadas, incumplimientos contractuales, irregularidades o fallas presupuestales o de perfeccionamiento de los contratos (hechos cumplidos), falla del servicio judicial, declaración de insubsistencias, temas pensionales y muerte de internos, entre otros. 4. Los sectores que mayor número de solicitudes de conciliación tramitaron son: Defensa Nacional y Seguridad, Planeación e Interior y Justicia. Las Entidades 259 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia del orden nacional con mayor número de solicitudes son: Caja de Retiro de las FF. MM., Policía Nacional, Superintendencia de Servicios Públicos, Consejo Superior de la Judicatura, Ministerio del Interior y de Justicia, INVÍAS, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, DAS y Registraduría Nacional del Estado Civil. Del orden territorial encabezan el mayor número de solicitudes: Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Quindío, entre otros. 5. El funcionamiento de los Comités de Conciliación se evaluó conforme a los resultados de las consultorías del Banco Mundial dentro del Proyecto de Fortalecimiento Institucional del Sistema de Gestión de Demandas Legales y los datos reportados por las Entidades en los formatos de información. Principales conclusiones: a) La mayoría de Entidades cumplen con la normatividad que reglamenta la conformación e integración de los Comités de Conciliación; b) La frecuencia de reuniones de Comité se define según la demanda requerida. Existen procedimientos estándar que permiten la evacuación de los casos sometidos a los Comités que van desde la elaboración del estudio jurídico o ficha técnica hasta la sustentación de los casos al Comité para su decisión; c) La mayoría de Entidades acogieron en sus procedimientos la elaboración de las fichas de procedencia de conciliación diseñadas por la DDJE; y, d) Existen pocas Entidades con políticas o directrices para la procedencia de la conciliación. Por el contrario, hay varias Entidades que establecen políticas para no conciliar. 6. Los motivos por los cuales las Entidades imprueban el 91.58% de solicitudes de conciliación se debe a las siguientes causas generales: a) Defensa de la presunción de los actos administrativos cuestionados; b) Incumplimiento de los elementos de responsabilidad patrimonial; c) Falta de legitimación o de capacidad para decidir conciliación; y, d) Existencia de antecedentes jurisprudenciales que confirman la improcedencia de la conciliación. 7. Las Entidades del orden nacional tienden a conciliar menos que las entidades territoriales: las primeras están conciliando el 5.47% de las solicitudes mientras que las territoriales el 18.43%. Las Entidades y organismos del orden nacional con mayor porcentaje de conciliación son: Policía Nacional, Caprecom, Registraduría Nacional del Estado Civil, Universidad Sur Colombiana, Invías, Caja de Sueldos de la Policía Nacional, Ministerio de Educación Nacional y Ecopetrol, entre otros. 260 8. De acuerdo con información de la Procuraduría General de la Nación, a través de la recién creada Delegada para la Conciliación Administrativa, se podría afirmar que el uso de la conciliación es precario y que el promedio de audiencias con acuerdo conciliatorio es muy bajo, toda vez que al comparar el Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 número de solicitudes de conciliación: 57.610 contra el número de audiencias con acuerdo 2.250, da como resultado que solo el 4% de las solicitudes cumplirían los fines de la conciliación. A continuación se grafican detalladamente las anteriores cifras: Dinámica de Dinámica la ActividaddeConciliatoria datos reportados por la Procuraduría para la la Actividadsegún Conciliatoria según datos reportados por Delegada la Conciliación Procuraduría Delegada para laAdministrativa Conciliación Administrativa 21 295 Constancias de imposibilidad de acuerdo expedidas... 1.364 1.537 Constancias de asuntos no conciliables Solicitudes devueltas al convocante para subsanar... 1.865 Audencias de conciliación con acuerdo 2.250 Constancias de inasistencia de las partes 8.224 Número de conciliaciones fallidas 44.860 Número de solicitudes de conciliación radicadas 57.610 - 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 Porcentaje de solicitudes de conciliación con acuerdo ante la Procuraduría General de la Nación PNGAudiencias con acuerdo 4% PEGSolicitudes radicadas 96% 9. De igual manera, al realizar un comparativo entre el número de audiencias de conciliación con acuerdo, 2.250, frente al número de conciliaciones aprobadas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, 1.364, se puede concluir que la eficacia jurídica de los acuerdos conciliatorios celebrados ante la Procuraduría General de la Nación estaría entredicha. 261 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia 10. Según los datos reportados por la Procuraduría General de la Nación, 44.860 solicitudes de conciliación fueron fallidas en cuanto no presentaron acuerdo conciliatorio. 11. Se ha podido identificar que las personas involucradas en el trámite conciliatorio no tienen interés por llegar a un acuerdo, comoquiera que los Agentes del Ministerio Público expidieron 8.224 constancias de inasistencia que indicarían la falta de compromiso por buscar acuerdos pacíficos que eviten la judicialización de los conflictos ante la jurisdicción contenciosa. 12. Al hacer un análisis sobre la descongestión de la jurisdicción contenciosa mediante el uso de la Conciliación, se concluye que si bien formalmente se ha cumplido con el trámite de agotamiento del requisito de procedibilidad de que trata el artículo 13 de la Ley 1285 de 20093, de conformidad con la información consolidada por esta Cartera, la conciliación extrajudicial obligatoria como requisito de procedibilidad no ha cumplido con los propósitos para la cual fue concebida y ha terminado en convertirse en un barrera más para el acceso a la justicia, razón por la cual este Ministerio viene patrocinando la idea de eliminar dicha conciliación prejudicial obligatoria en materia contencioso - administrativa y para ello se ha introducido un artículo (artículo 567 del Texto Aprobado en Primer Debate del Proyecto de Ley de Código General del Proceso). 13. El impacto que el requisito de procedibilidad contenciosa administrativa ha traído en la dinámica administrativa no ha sido del todo positivo. La percepción generalizada de los funcionarios entrevistados por los consultores del Banco Mundial es que el requisito de procedibilidad no ha tenido un impacto positivo por las dificultades en la implementación antes referidas. Se ha generado una gran congestión en las Entidades debido al gran aumento de solicitudes de conciliación, lo que redundó en nuevos costos administrativos, pero por el contrario, el número de conciliaciones aprobadas por los Comités ha disminuido. Se observa entonces que la relación costo– beneficio no ha dado un balance positivo. 7.3. Fortalecimiento institucional del sector justicia Se trabajó en la reestructuración y/o liquidación de Entidades adscritas y vinculadas: Dirección Nacional de Estupefacientes e Instituto Nacional Penitenciario (INPEC). Adicionalmente, se creó mediante Ley 1444 de 2011 la Agencia Nacional de Defensa Jurídica de la Nación y se ordenó la escisión del Ministerio del Interior y de Justicia, y la consecuente creación del Ministerio de Justicia y del Derecho. Este tema se desarrolla en su integridad en los capítulos 5, 8 y 9, respectivamente. 262 3 Conciliación prejudicial obligatoria ratificada por el artículo 161 de la Ley 1437 de 2011 (nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo). Capítulo 8 Focalizar los esfuerzos del Estado para la prevención, persecución del delito y resocialización del delincuente 8.1. Diseñar e implementar una Política Criminal y Penitenciaria coherente y eficaz Para la ejecución de esta estrategia se han dispuesto varias iniciativas, las cuales se presentan a continuación: 8.1.1. Conformación de la Comisión Asesora para el Diseño de la Política Criminal Con el objeto de diseñar un documento de Política Criminal coherente y articulado con todas las políticas y planes que se encuentran dispersos en la Administración Pública, que contemple las tendencias más vanguardistas en materia de Política Criminal y esté acorde con el modelo de Estado adoptado por la Constitución Política de 1991, se conformó, mediante Resolución 0286 de febrero de 2011, una Comisión Asesora para el Diseño de la Política Criminal, compuesta por ocho (8) miembros del más alto nivel académico y reconocimiento profesional en el ámbito nacional e internacional. Sus integrantes son: Iván González Amado, Yesid Reyes Alvarado, Rodrigo Uprimny Yepes, Iván Orozco Abad, Fernando Velázquez Velázquez, Camilo Sampedro Arrubla, Farid Benavides Vanegas y Carlos Castro Cuenca. En sesión extraordinaria del 22 de febrero de 2001, la Comisión Asesora para el Diseño de la Política Criminal se reunió con los miembros del Consejo Superior de Política Criminal y Penitenciaria. En esta sesión, se expuso el plan de trabajo propuesto por los expertos, se obtuvo el apoyo de todos los miembros del Consejo para su funcionamiento y, finalmente, se adquirieron compromisos por parte de las Entidades e Instituciones miembros del referido Consejo Superior, principalmente, en lo referente al suministro de información e insumos técnicos que sirvieran de sustento al trabajo encomendado. 263 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia En esta sesión extraordinaria se presentó el diagnóstico de la situación actual de la política criminal del país, el cual se puede sintetizar así: • Estrategia de acción-reacción. • Ausencia de política criminal coherente. • Incremento de penas y reducción de beneficios. • Carencia de principios y objetivos. • Funcionamiento aislado de las instancias estatales de reacción, investigación, procesamiento, sanción y ejecución. • Problema en manos exclusivamente del Estado. A su turno, se plantearon los siguientes objetivos: • Definir principios y estrategias que orienten al legislador en la producción de normas jurídicas, a los jueces en su aplicación, a los funcionarios del ejecutivo en su cumplimiento y a la sociedad en su respeto y fortalecimiento. • Superar la coyuntura y establecer una Política Pública. • Vincular a la sociedad con la cuestión criminal. • Promover el fortalecimiento y respeto por los derechos humanos. • Reforzar la institucionalidad y las soluciones estratégicas de los conflictos. • Crear cultura de la no violencia y la legalidad. • Promover valores constitucionales y de derecho internacional. • Generar seguridad ciudadana. Para el logro de estos objetivos, se parte de la necesidad de una interrelación entre las diversas competencias públicas, a partir del siguiente esquema: 264 Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 POLÍTICA CRIMINAL POLÍTICA EDUCATIVA POLÍTICA ANTITERRORISTA POLÍTICA DE DESARME, DESMOVILIZACIÓN Y REINSERCIÓN POLÍTICA DE CONVIVENCIA CIUDADANA POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS POLÍTICA DE DESARROLLO POLÍTICA CONTRA LA POBREZA Es importante destacar, que esta Comisión también asesora al Consejo Superior de Política Criminal en los temas en que es requerida por el mencionado Consejo, fundamentalmente, en temas de actualidad. Hasta la fecha se han abordado, entre otros, temas como: • Lineamientos constitucionales para la Política Criminal. • Las víctimas en el Proceso Penal. • Los delitos económicos. • Alternativas a la pena de prisión. Se pretende que la Comisión entregue los lineamientos generales de la política criminal en el mes de septiembre de 2011. 8.1.2. Consejo Superior de Política Criminal El Ministerio del Interior y de Justicia a partir del 7 de agosto de 2011 resolvió recobrar la verdadera dimensión e importancia que para el país tiene la reunión de este Consejo Superior. 265 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia Para tales efectos, reactivó su funcionamiento periódico y lo posicionó como instancia de debate de los temas más trascendentales del país sobre la materia. Producto de este trabajo, se han debatido y adoptado importantes posiciones en relación con diferentes iniciativas legislativas de origen parlamentario, ciudadano o del mismo Gobierno. En efecto, el Consejo Superior ha discutido y evaluado Proyectos de Ley entre los cuales se destacan: Estatuto de seguridad ciudadana, estatuto anticorrupción, ley de desmovilizados, referendo para cadena perpetua para los autores de crímenes contra niños, niñas y adolescentes y tipificación como delito de la conducción de vehículos automotores en estado de embriaguez. 8.1.3. Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA): CONPES 3629 de 2009: Considerando que es función del Ministerio del Interior y de Justicia formular políticas e iniciativas de Estado en materia de prevención del delito, acciones contra la criminalidad organizada y demás aspectos relacionados, en coordinación con las instancias correspondientes, y en especial con el Ministerio de Defensa Nacional y la Fiscalía General de la Nación y en observancia de su deber de hacer seguimiento permanente a los sistemas penales en general, dando especial importancia al sistema de responsabilidad penal para adolescentes en todos sus aspectos, esta Cartera participó en la elaboración del Documento CONPES 3629 para el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), con el fin de garantizar su adecuada atención. Este Documento identificó los principales problemas durante el proceso de implementación del SRPA y planteó las acciones necesarias para su operatividad. En el marco del Documento se establecieron los siguientes compromisos a cargo del Ministerio del Interior y de Justicia: 1. Estudio de impacto de la Ley 1098 de 2006 -Código de Infancia y Adolescencia- a efectos de identificar vacíos de la norma y aspectos que ameritan reglamentación en aras de su efectiva aplicación. 266 Como resultado de las mesas de trabajo adelantadas con las diferentes Entidades que conforman el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) y los datos estadísticos suministrados por estas, se logró culminar el estudio de impacto de la Ley 1098 de 2006, en el que se Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 identificaron falencias que deben ser fortalecidas con la participación conjunta de quienes conforman este Sistema. Este estudio fue remitido a las Entidades que participaron en la elaboración del Documento CONPES con el fin de que realicen las observaciones que consideren pertinentes. 2. Diseñar e implementar una campaña de cultura de legalidad dirigida a menores de edad, como mecanismo de prevención enfocado a la divulgación y sensibilización frente a las consecuencias jurídicas emanadas de la infracción de la ley. Como resultado de este trabajo, el Ministerio del Interior y de Justicia produjo una campaña publicitaria dirigida a los jóvenes, la cual consta de un comercial de televisión y un tiraje de afiches alusivos al tema. La divulgación de la misma, se adelantará a través de espacios televisivos institucionales, Casas de Justicia, Centros de Servicios Judiciales, Centros de Internamiento Preventivo y de Atención Especializada, Juzgados de Familia, Comisarías de Familia, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Hoy este comercial está siendo divulgado en el Canal Institucional, durante la emisión del programa del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). 3. En coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, convocar a las entidades del SRPA para establecer un manual (ruta) interinstitucional que ajuste y valide procesos, procedimientos y protocolos. Se solicitó como insumo inicial las rutas de atención que internamente vienen implementando todas las Entidades que conforman el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes: Policía Nacional -Policía de Infancia y Adolescencia, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de la Nación, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y Consejo Superior de la Judicatura. Lo anterior, con el fin de recopilar información y unificar criterios para elaborar el documento borrador del protocolo de atención. Posteriormente, junto con algunas Entidades que conforman el SRPA, se diseñó un primer borrador del Protocolo de Atención de los Adolescentes en Conflicto con la Ley, el cual fue enviado al Departamento Nacional de Planeación y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con el objeto de 267 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia socializar esta propuesta y contar con las observaciones que estas Entidades a bien tengan realizar. Una vez se reciban las observaciones y se realicen los ajustes sugeridos, se citarán mesas de trabajo con las Entidades que conforman el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, en donde se espera concluir el texto final del Protocolo. 4. Solicitar al Ministerio del Interior y de Justicia, en el marco del Sistema del Interior,  definir mediante decreto reglamentario de la Ley 1098 de 2006 y en un plazo no mayor a tres (3) meses,  una instancia de coordinación  de las responsabilidades y competencias de las Entidades nacionales y territoriales en el SRPA. Desde el mes de diciembre de 2010, se iniciaron mesas de trabajo en la que han participado la Dirección de Gobernabilidad, la Dirección de Ordenamiento Jurídico en conjunto con la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio del Interior y de Justicia. Como resultado de estos encuentros se elaboró la memoria justificativa y se presentó a los integrantes de la mesa de trabajo, un proyecto de decreto para hacer las observaciones y recomendaciones pertinentes. Una vez se reciban los comentarios, estos serán incluidos en el documento, para posteriormente, en una mesa de trabajo con la participación de todas las Entidades del Sistema, adoptar un texto definitivo. 5. Elaboración del Decreto por medio del cual se crea la Comisión Intersectorial del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA). En varias mesas de trabajo citadas por el Consejo Superior de la Judicatura y con la participación de todas las Entidades que conforman el Sistema de Responsabilidad para Adolescentes, se elaboró el documento final del proyecto de Decreto. Este texto fue revisado y comentado por las Entidades correspondientes y hoy se encuentra en el Consejo Superior de la Judicatura, sin que este se haya pronunciado, nuevamente, al respecto. 268 A la fecha, las entidades que integrarían esa Comisión están estudiando la posibilidad de expedir un solo Decreto que compile las recomendaciones hechas por DNP en el Documento CONPES 3629 de 2009 y en la Ley de Seguridad Ciudadana. Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 8.1.4. Políticas frente a las BACRIM Luego de varias mesas de trabajo, acompañadas por la Alta Consejería de Seguridad, este Ministerio contribuyó al diseño de la estrategia de judicialización de las llamadas BACRIM o bandas criminales. En efecto, se elaboraron normas definitivas y trascendentes que se incluyeron en la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley 1453 de 2011). Estas medidas, inspiradas en la realidad y momento actual que atraviesa el país en materia de seguridad ciudadana, servirán, con toda certeza, para que las bandas criminales emergentes logren ser enfrentadas con mayor rigor y efectividad, con herramientas tan importantes como el cambio de radicación de procesos y el traslado de reclusos procesados por motivos de seguridad nacional, orden público, política criminal, seguridad de los intervinientes en el proceso, entre otros, además de las medidas adoptadas en relación con las competencias de los jueces de control de garantías, quienes además de poder ser ambulantes, han perdido las equivocadas limitaciones de índole territorial en el sentido de que en el futuro, cualquier juez penal municipal del país podrá ejercer como juez de control de garantías sin atender consideraciones de tipo territorial. Todos los delincuentes, por igual, enfrentarán un aparato judicial más fuerte y efectivo, gracias a la posibilidad de realizar allanamientos las 24 horas del día sin las limitaciones que consagraba la legislación anterior, los registros únicos del órdenes de capturas y de armas de fuego y el sistema de información sobre detención domiciliaria estarán a disposición de la Policía Nacional, en tiempo real y con el fin de coordinar de mejor manera la lucha contra la criminalidad. De la misma manera, la eliminación de la barrera sancionatoria de los 21 años para los menores de edad que violan la ley penal, es también una de las innovadoras modificaciones al ordenamiento jurídico, que recoge, no solo una necesidad sino el clamor nacional. En este mismo sentido, dentro de la estrategia de combate a las BACRIM I, se ha dispuesto la relocalización inmediata de los miembros de estas bandas que se encuentran privados de la libertad. De acuerdo con el reporte oficial por parte del INPEC, a junio 30 de 2011 existen: 269 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia BACRIM (Total internos país 1466) Procesados 568 39% Condenados 898 61% El Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Cómbita en el Departamento de Boyacá fue seleccionado para albergar a la población reclusa conformada por condenados o procesados por delitos relacionados con estas organizaciones delictivas. A la fecha se ha logrado un total de 343 traslados a este centro de reclusión y en los próximos días se hará el traslado masivo para aumentar el número de personas miembros de las BACRIM en dicho establecimiento de reclusión. Relocalización Internos BACRIM Traslados a Cómbita 382 26% Resto del país 1123 74% 270 Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 Los 382 traslados se pueden clasificar así: GRUPO CANTIDAD PORCENTAJE ÁGUILAS NEGRAS 37 0,1 BACRIM ALTA GUAJIRA 1 0,01 BACRIM ERPAC 40 0,11 BACRIM LOS PAISAS 78 0,2 BACRIM LOS RASTROJOS 77 0,2 BACRIM NUEVA GENERACIÓN 2 0,01 BACRIM RENACER 23 0,06 BACRIM URABÁ 104 0,27 BANDA CORDILLERA 3 0,01 BANDA LOS NEVADOS 7 0,02 BANDA LOS TRIANA 2 0,01 BANDA OFICINA DE ENVIGADO 8 0,02 382 100% TOTAL TRASLADOS BACRIM - CÓMBITA ÁGUILAS NEGRAS 3 72 8 104 1 37 BACRIM ALTA GUAJIRA 48 BACRIM ERPAC 78 23 77 2 BACRIM LOS PAISAS BACRIM LOS RASTROJOS BACRIM NUEVA GENERACIÓN 8.1.5. Bloqueadores para comunicación de telefonía celular desde los centros de reclusión El Ministerio del Interior y de Justicia ha dispuesto el marco jurídico para establecer la viabilidad de implementar esta medida como herramienta eficaz para contrarrestar la acción de los delincuentes que continúan sus actividades ilícitas aun privados de la libertad. 271 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia En este sentido, revisada la Ley 65 de 1993 -Código Nacional Penitenciario-, se encontró que esta norma señala expresamente, en sus artículos 110 y 111, la prohibición de poseer equipos celulares en los establecimientos de reclusión. Así las cosas, se instruyó al INPEC para que en cumplimiento de esta norma adoptara las medidas tendientes para garantizar el no uso de este tipo de medios de comunicación en los establecimientos penitenciarios. En este punto es importante destacar que la Corte Constitucional se ha pronunciado al respecto, dejando en claro que el Gobierno Nacional no puede dejar de adoptar elementales medidas de prevención, o de aplicar los necesarios correctivos  en los establecimientos carcelarios, so pretexto de defender, aun contra el interés social, derechos individuales supuestamente violados. En aplicación de la posición trazada por la Corte, se infiere que los sistemas bloqueadores de comunicación celular en los centros penitenciarios están en plena concordancia con el ordenamiento jurídico. Por ello, la implementación de mecanismos bloqueadores de señal de telefonía móvil en los establecimientos penitenciarios y carcelarios, constituyen, sin lugar a dudas, una medida de control que tienen como soporte legal los artículos señalados en precedencia, pero, además, cumplen una labor preventiva frente a la comisión de conductas punibles desde el interior de los penales. Aunado a lo anterior, es importante destacar que el Proyecto de Ley de iniciativa de este Ministerio por medio del cual se pretende derogar la Ley 65 de 1993 y expedir un nuevo Código Penitenciario y Carcelario, que habilita de manera más precisa, el uso de este tipo de herramientas tecnológicas bloqueadoras de la señal de telefonía celular. A la fecha, el INPEC y la Dirección de Política Criminal, junto con la Policía Nacional y otras dependencias del Ejecutivo, están evaluando opciones para seleccionar establecimientos en los que se pueda implementar proyectos piloto. A su turno, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones está evaluando la alternativa de acordar con las empresas de telefonía móvil el suprimir la señal desde la fuente (cancelar las celdas) para que no haya acceso al servicio. 8.1.6. Proyectos de inversión para el diseño de políticas tendientes a prevenir y combatir el delito • Proyecto de inversión delitos contra la Libertad, Integridad y Formación Sexual contra la Mujer y Menores de 18 272 En abril de 2011 se inició la primera etapa del Proyecto (pre-diagnóstico). Para tales efectos, se adelantará un análisis jurisprudencial de las sentencias emitidas por las Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 Altas Cortes sobre delitos contra la Libertad, Integridad y Formación Sexual Contra la Mujer y Menores de 18 años, con lo cual se pretende identificar las principales causas que conllevan a la comisión de delitos sexuales, así como los posibles riesgos en que se encuentran quienes son víctimas de este tipo de delitos. A 30 de junio de 2011, se culminó la base de datos de las sentencias emitidas por la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia - Sala Penal y se elaboró una ficha de estudio y correspondiente análisis jurisprudencial. • Proyecto de inversión para guía técnica de delitos de mayor impacto en Bogotá En el mes de mayo de 2011 se actualizó este proyecto de inversión, cuyo objetivo es dotar a las autoridades que intervienen en el proceso penal de un instrumento de apoyo para crear mecanismos que faciliten la interpretación de los elementos normativos de los tipos penales de mayor impacto, con el fin de garantizar la seguridad jurídica en las decisiones que se adopten. Se espera aprobación por parte del DNP para la asignación de recursos vigencia 2012. 8.1.7. Gestiones frente a la aplicación de la Ley 975 de 2005 En el marco de Comité Técnico Interinstitucional de Coordinación y Seguimiento de la Ejecución de las Normas Penitenciarias y Carcelarias aplicables a la Ley de Justicia y Paz, creado mediante el Decreto 1733 de 2009 e integrado por el Ministro del Interior y de Justicia, el Alto Comisionado para la Paz, el Director General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, (INPEC), el Procurador General de la Nación, el Fiscal General de la Nación y el Director General de la Policía, se han tomado importantes decisiones, tales como el seguimiento de inteligencia por parte de la guardia del INPEC y la Policía Nacional, para una eventual judicialización de postulados que presuntamente tengan algún tipo de conexión con las BACRIM y/o continúen delinquiendo; la no conveniencia de traslados por razones de seguridad de algunos postulados y la interrupción de prebendas y algunos beneficios no contemplados legalmente que fueron concedidos por gobiernos anteriores. 8.2. Mejoramiento de la infraestructura carcelaria y penitenciaria Para el mejoramiento de la infraestructura carcelaria y penitenciaria, se tiene: 1. Complejos carcelarios ERON de IV Generación construidos. Con el objeto de adelantar una labor interinstitucional, se conformó un Comité para la estructuración de un proyecto de construcción de nuevos 273 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia establecimientos penitenciarios, integrado por el Viceministro de Justicia y del Derecho, el Director General del INPEC, el Superintendente de Notariado y Registro como Gerente del Proyecto de construcción de nuevos establecimientos de reclusión de IV generación, las Direcciones de Infraestructura y Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio del Interior y de Justicia y el Departamento Nacional de Planeación como invitado especial. El Plan tiene como objetivo la construcción de 26.000 nuevos cupos carcelarios y busca la readecuación y reubicación de cupos hoy existentes. En el seno de este Comité que se reúne semanalmente, se ha discutido la estructuración del negocio financiero que sustentará el Plan, así como el modelo contractual a utilizar (ej. concesión de construcción y servicios, excepto el de vigilancia). Después de muchas deliberaciones y sondeos, se decidió contratar la elaboración del diseño financiero mencionado, con la Corporación Andina de Fomento (CAF), debido a la trayectoria y experiencia que tiene en la materia. 2. Adicionalmente, el Ministerio se encuentra adelantando todas las labores y esfuerzos necesarios para la finalización y puesta en operación de los 10 nuevos establecimientos penitenciarios construidos por el Gobierno anterior, con los que se espera aliviar, en algo, los altos índices de hacinamiento que hoy vive el país Establecimientos entregados a la fecha: Cúcuta, Yopal, Puerto Triunfo, Ibagué, Acacías, Picota, Medellín, Pedregal, Jamundí, Florencia, Guaduas, los cuales son considerados como establecimientos de III Generación. 3. Cárceles con circuitos cerrados de televisión (CCTV) Para el presente año se tiene programada la instalación de CCTV en los establecimientos de Chiquinquirá, Neiva, Florencia, Espinal, Palmira, Barranquilla, Montería, Bucaramanga e Itagüí, con un presupuesto asignado de $2.000.000.000, adjudicaciones que se encuentran en proceso. En la actualidad se cuenta con 13 circuitos cerrados de televisión en diferentes Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional, así: 274 Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 Establecimiento de Reclusión REGIONAL CENTRAL Circuitos TV EPAMSCAS BOGOTÁ 1 EC BOGOTÁ 1 RM BOGOTÁ 1 EPMSC ACACÍAS 1 1 EPAMSCAS CÓMBITA 1 1 TOTAL 5 Establecimiento de Reclusión REGIONAL OCCIDENTE Circuitos TV EPMSC CALI 1 TOTAL 1 Establecimiento de Reclusión REGIONAL NORTE Circuitos TV EPMSC CARTAGENA 1 EPMSC TIERRALTA 1 EPMSCR VALLEDUPAR 1 TOTAL 3 Establecimiento de Reclusión REGIONAL NOROESTE Circuitos TV EPMSC MEDELLÍN 1 TOTAL 1 Establecimiento de Reclusión REGIONAL ORIENTE Circuitos TV EPC CÚCUTA ERE 1 EPAMS GIRÓN 1 TOTAL 2 Establecimiento de Reclusión VIEJO CALDAS Circuitos TV EPAMS LA DORADA ERE 1 TOTAL 1 RESUMEN Circuitos TV REGIONAL CENTRAL 5 REGIONAL OCCIDENTE 1 REGIONAL NORTE 3 275 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia Circuitos TV RESUMEN REGIONAL ORIENTE 2 REGIONAL NOROESTE 1 REGIONAL VIEJO CALDAS 1 SEDE CENTRAL 0 GRAN TOTAL 13 4. Equipos de seguridad (arcos detectores de metal y sillas scanner) Hoy se encuentra en proceso de licitación, la contratación para la adquisición de 38 sillas scanner y 38 arcos detectores de metal. En la actualidad se cuenta con sillas scanner y arcos detectores de metal en diferentes establecimientos de reclusión, los cuales se relacionan así: Establecimiento de Reclusión REGIONAL CENTRAL Sillas Arcos Scanner Detectores CAMS ACACÍAS Detectores Manuales 2 EPMSC ACACÍAS 1 1 EPAMSCAS BOGOTÁ 2 3 3 EC BOGOTÁ 2 3 2 RM BOGOTÁ 1 2 2 EPASCAS CÓMBITA 1 2 EPMSC CÁQUEZA 1 1 EPMSC CHAPARRAL 1 1 EPMSC CHIQUINQUIRÁ 1 2 EPMSC CHOCONTÁ 1 1 2 EPMSC DUITAMA 1 1 2 EPMSC EL ESPINAL 1 2 2 EPMSC FACATATIVÁ 1 1 EPMSC FLORENCIA 1 2 2 EPMSC FUSAGASUGÁ 1 1 2 EPMSC GARZÓN 1 1 2 EPMSC GIRARDOT 1 2 2 EPMSC GRANADA 1 1 EPMSC GACHETÁ EPMSC GARAGOA RM GUAMO 1 EPMSC GUATEQUE EPMSC LA MESA 276 EPMSC LA PLATA 1 1 2 Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 Establecimiento de Reclusión REGIONAL CENTRAL EPMSC LETICIA Sillas Arcos Scanner Detectores 1 1 1 3 1 2 Detectores Manuales EPMSC MELGAR EPMSC MONIQUIRÁ EPMSC NEIVA 2 EPMSC PAZ DE ARIPORO EPMSC PITALITO EPMSC PURIFICACIÓN 1 EPMSC RAMIRIQUÍ 1 1 EPMSC SOGAMOSO (RM) 1 1 2 EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO 1 1 2 EPMSC TUNJA 1 1 EPMSC UBATÉ 1 EPMSC VILLAVICENCIO 1 EPMSC VILLETA 2 2 1 EC YOPAL 1 1 EPMSC ZIPAQUIRÁ 1 1 TOTAL 31 47 31 Sillas Arcos Scanner Detectores 1 Detectores Manuales EPMSC BUENAVENTURA 1 1 2 EPMSC BUGA 1 1 2 Establecimiento de Reclusión REGIONAL OCCIDENTE EPAMSCAS BOLÍVAR EPMSC CAICEDONIA 1 EPMSC CALI 2 2 2 RM CALI 1 1 2 EPMSC CALOTO EPMSC CARTAGO 1 1 EPMSC EL BORDO EPMSC IPIALES 1 2 1 1 1 EPMSC JAMUNDÍ EPMSC LA UNIÓN EPMSC MOCOA 1 1 1 EPMSC PALMIRA 1 2 2 EPMSC PASTO 1 1 4 277 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia Establecimiento de Reclusión REGIONAL OCCIDENTE EPMSCAS POPAYÁN RM POPAYÁN Sillas Arcos Scanner 1 Detectores 2 1 1 EPMSC PUERTO TEJADA 1 EPMSC ROLDANILLO 1 EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO 1 Detectores Manuales 2 1 EPMSC SEVILLA 1 EPMSC SILVIA 1 EPMSC TULUÁ 1 1 EPMSC TUMACO 1 1 15 26 18 Sillas Scanner Arcos Detectores Detectores Manuales EC BARRANQUILLA (JP) 1 1 EPMSC BARRANQUILLA 1 1 2 EPMSC CARTAGENA 1 1 2 1 1 EPMSC TÚQUERRES TOTAL Establecimiento de Reclusión REGIONAL NORTE EPMSC CIÉNAGA ERE COROZAL EPMSC EL BANCO EPMSC MAGANGUÉ EPMSC MONTERÍA 1 2 EPMSC RIOHACHA 1 EC SABANALARGA 1 EPMSC SAN ANDRÉS 1 EPMSC SANTA MARTA 1 1 EPMSC SINCELEJO 1 1 EPMSC TIERRALTA 1 1 EPAMSCAS VALLEDUPAR 278 2 1 EPMSC VALLEDUPAR 1 2 2 TOTAL 10 16 6 Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 Establecimiento de Reclusión REGIONAL ORIENTE Sillas Arcos Scanner Detectores Detectores Manuales EPMSC AGUACHICA 1 1 2 EPMSC ARAUCA 1 1 EPMSC BARRANCABERMEJA 1 1 2 EPMSC BUCARAMANGA 2 3 2 RM BUCARAMANGA 1 1 2 EPMSC CÚCUTA 2 2 2 2 2 RM CÚCUTA EPMSC GIRÓN 1 2 EPMSC OCAÑA 1 1 EPMSC PAMPLONA 1 1 EPMSC MÁLAGA EPMSC SAN GIL 1 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ EPMSC SOCORRO 1 1 EPAMSCAS VÉLEZ 1 1 13 18 Sillas Arcos Scanner Detectores 2 EPMSC ZAPATOCA TOTAL Establecimiento de Reclusión REGIONAL NOROESTE EPMSC ANDES EPMSC APARTADÓ      14 Detectores Manuales 1 1 1 EPMSC BOLÍVAR EPMSC CAUCASIA EPMSC ISTMINA 1 1 1 1 EPMSC ITAGÜÍ EPMSC JERICÓ EPMSC LA CEJA EPMSC MEDELLÍN 2 3 2 279 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia Establecimiento de Reclusión REGIONAL NOROESTE Sillas Arcos Scanner Detectores RM MEDELLÍN 1 1 EPMSC PUERTO BERRÍO 1 1 EPMSC QUIBDÓ 1 1 Detectores Manuales 2 2 EPMSC SANTA BÁRBARA EPMSC SANTA ROSA DE OSOS 1 EC SANTAFÉ DE ANTIOQUIA EPMSC SANTO DOMINGO 1 EPMSC SONSÓN EPMSC TÁMESIS EPMSC TITIRIBÍ 1 1 EPMSC YARUMAL 1 TOTAL      10 13 Establecimiento de Reclusión REGIONAL VIEJO CALDAS Sillas Arcos Scanner Detectores       6 Detectores Manuales EPMSC AGUADAS EPMSC ANSERMA EPMSC ARMENIA 1 1 1 RM ARMENIA 2 2 EPMSC ARMERO – GUAYABAL EPMSC CALARCÁ 1 1 2 EPMSC FRESNO EPMSC HONDA EPMSC IBAGUÉ 1 2 EPMSC LA DORADA 2 2 1 EPMSC LÍBANO 280 EPMSC MANIZALES 1 1 2 RM MANIZALES 1 1 2 EPMSC MANZANARES Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 Establecimiento de Reclusión REGIONAL VIEJO CALDAS Sillas Arcos Scanner Detectores EPMSC PEREIRA 1 1 RM PEREIRA 1 Detectores Manuales EPMSC PÁCORA EPMSC PENSILVANIA EPMSC PUERTO BOYACÁ 2 1 EPMSC RIOSUCIO EPMSC SALAMINA 1 EPMSC SANTA ROSA DE CABAL 1 TOTAL       8 13      14 Sillas Scanner Arcos Detectores Detectores Manuales REGIONAL CENTRAL 31 47 31 REGIONAL OCCIDENTE 15 26 18 REGIONAL NORTE 10 16 6 REGIONAL ORIENTE 13 18 14 REGIONAL NOROESTE 10 13 6 REGIONAL VIEJO CALDAS 8 13 14 GRAN TOTAL 87 133 89 RESUMEN 5. Cárceles con sala de audiencias virtuales habilitadas. En la actualidad se cuenta con 30 sitios habilitados para audiencias virtuales que se distribuyen de la siguiente manera: ERON con audiencias virtuales habilitadas. EPAMSCAS de Bogotá ERE-JP EPMSCC de Cali - ERE - EPC de Cúcuta - ERE - EC de Bogotá PAS-PSM EPAMSCAS de Popayán -ERE - EPMSC de BucaramangaERE RM de Bogotá, D. C. EC de Barranquilla JYP- EPAMS - Girón EPMSC de Villavicencio EPMSC de Cartagena EPAMSCAS de ItagüíERE-JYP 281 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia EPMSC de Girardot EPMSC de Valledupar -ERE- EC Pedregal de Medellín EPMSC de Neiva EPMSC de Montería RM Pedregal de Medellín EPMSC de Florencia EPMSC de Santa Marta EPMSC de Manizales EPMSC de Acacías EPMSC de Barranquilla EPMSC de Pereira -ERE - EPAMSCAS de Cómbita EPMSC Tierra Alta -JYP- EPMSC de Ibagué -ERE- EPAMSCAS de Palmira EPMSC de Arauca EPAMS La Dorada -ERE- Total 30 8.3. Trato seguro, justo y humano a las personas privadas de la libertad 8.3.1. Vigilancia electrónica Los sistemas de vigilancia electrónica han demostrado ser una herramienta eficaz para lograr varios propósitos que contribuyen a la estrategia planteada: • Deshacinamiento de establecimientos penitenciarios y carcelarios. • Ventajas de reintegración de los reclusos a la vida en sociedad. • La resocialización del interno al permitir estar en el seno de su familia. • Disminución de costos de mantenimiento del recluso. Por ello, este Ministerio conceptuó positivamente sobre la necesidad de dar continuidad, para el año 2011, al contrato del sistema de vigilancia electrónica como sustitutivo de prisión y mecanismo de control de los internos que gozan de los beneficios de prisión domiciliaria, beneficios administrativos o medida de aseguramiento no privativa de la libertad a nivel nacional. Este contrato tiene vigencia hasta el 31 de octubre de 2011, habida cuenta de que fue renovado mientras se dispone de otro proceso de contratación. Esta última característica del Sistema (mecanismo de control) resulta de gran importancia, si se tiene en cuenta que el INPEC presenta evidentes limitaciones para ejercer el control de este tipo de población carcelaria, debido, entre otras causas, a la insuficiencia de recurso humano y técnico. 282 Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 En el marco del programa de disminución de hacinamiento previsto en el SIGOB Presidencial, este Ministerio ha diligenciado mensualmente los indicadores de seguimiento a partir de la información suministrada en el parte diario emitido por el Sistema Integral de Información para el Sistema Penitenciario y Carcelario (SISIPEC) del INPEC. A la fecha, se han impuesto brazaletes a 7400 reclusos extramuros superando la meta de 5500 que tenía este indicador. El siguiente cuadro ilustra la población que se beneficia con este sistema anualmente: Año 2010 2011 Mes Distrito Judicial Total Beneficiarios Bogotá Resto del país OCTUBRE 1364 3074 4438 NOVIEMBRE 1330 3112 4442 DICIEMBRE 1317 3140 4456 ENERO 1216 3062 4278 FEBRERO 1209 3115 4324 MARZO 1161 3094 4255 1266 3099 4366 PROMEDIO HISTÓRICO 6 MESES Los esfuerzos en el futuro deben estar encaminados a incrementar el número de brazaletes, pues si bien es cierto que hoy en día mucha población carcelaria se benefició del mecanismo, también lo es que no toda la población extramuros está siendo controlada de esta manera. Como se puede apreciar en el anterior cuadro, por ejemplo, en marzo de 2011 la población beneficiada fue de 4.255 personas, pero extramuros la población total ascendía a una suma aproximada a 20.000 personas. 8.3.2. Modelo Educativo Penitenciario El Ministerio del Interior y de Justicia viene apoyando la implementación del Modelo Educativo propuesto por el INPEC en todos los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios. Se ha buscado el compromiso del Ministerio de Educación Nacional con el fin de que apoye el referido Modelo y dé directrices en este sentido a las Secretarías de Educación Departamentales donde funcionan Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios. 283 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia Igualmente, se diseñó el Proyecto Piloto de Resocialización “Conciencia y Productividad”, el cual se desarrollará en su primera fase con internas de Bogotá, Medellín, Cali y Cúcuta (125 internas por establecimiento). El lanzamiento de este Proyecto fue llevado a cabo el día 13 de junio de 2011 y permitirá una oferta educativa de 80.000 cupos, contribuyendo significativamente a la intención del Gobierno Nacional de llevar capacitación académica a todos los reclusos del país. Con esta cifra de cupos estaría cubierta el 100 por ciento de la población intramuros, actualmente existente. Así mismo, en el marco de un convenio interadministrativo suscrito con el SENA, se dio inicio a un Proyecto educativo, en el cual, los reclusos que quieran acceder a cualquiera de las 221 carreras técnicas y tecnológicas que se ofrecen, tendrán la posibilidad de matricularse a partir del 15 de junio de 2011, sin importar su condición de sindicados o condenados. Nunca en la historia de Colombia, se había abierto camino a tan ambiciosos planes educativos, tanto en cantidad de oferta como en variedad y calidad. Dentro de los programas ofrecidos se encuentran: • 42 programas tecnológicos. • 119 programas técnicos. • 31 programas operarios. • 29 programas auxiliares. Las principales características del Proyecto son: • Utilización de la estrategia de Aulas Móviles, con el fin de diversificar y aumentar la oferta de formación y de esta manera llevarla a sitios en los cuales no se tienen todas las condiciones para realizarla. • Implementación de un sistema de preparación técnica especializada, con lo cual se pretende dotarlos de una ventaja comparativa en el mercado laboral, una vez hayan recobrado su libertad. • Desarrollo de programas masivos en formación de principios éticos y valores para la convivencia, garantizando así la resocialización de la persona privada de la libertad. 284 Por otra parte, con el apoyo de Coldeportes e igualmente mediante convenio interadministrativo, se adelanta un proyecto para la resocialización integral de Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 los internos, mediante la capacitación en diferentes disciplinas y el suministro de elementos deportivos. Estas capacitaciones contarán con certificación para los participantes que aprueben la evaluación respectiva. Las principales características son: • Organización de actividades lúdico - formativas, cursos y campeonatos en los cuales se entregarán incentivos cuando se identifique un alto porcentaje de reclusos participantes de las actividades. • Capacitación de los internos en técnicas deportivas mediante diplomados y en el evento de que obtengan una buena evaluación en el curso, serán certificados. • Donación de herramientas virtuales de educación que utilizan una estrategia metodológica, pedagógica y didáctica para la educación deportiva, aprovechando las tecnologías de la información y la comunicación. 8.3.3. Seguimiento a la salud penitenciaria 285 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia Se realiza seguimiento a la prestación del servicio de salud en los Establecimientos Penitenciarios de la Picota, Modelo, Reclusión de Mujeres de Bogotá, Itagüí, Reclusión de Mujeres de Medellín y Bellavista (Antioquia), Jamundí -(Valle) y Villahermosa de Cali, donde se atiende un alto porcentaje del total de la población de internos del país (30.000 internos). Siguiendo las recomendaciones propuestas por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y Protección Social, se realizó la prórroga del Convenio de Aseguramiento entre CAPRECOM-INPEC hasta el día 31 de diciembre de 2011, lo mismo que el Contrato de Prestación de Servicios Intramural en todos los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios del país. Actualmente, se está trabajando con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en la elaboración de la política pública de salud penitenciaria con el fin de brindar una mejor atención a los usuarios (población penitenciaria). Población beneficiada con sistema de salud penitenciario al 30 de mayo de 2011 88.323 Población Reclusa 88.323 Población Beneficiada - 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 8.3.4 Proyecto de Inversión para la Formulación y Seguimiento a la Implementación de la Política Pública en Salud Penitenciaria en los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios del País Con el fin de mejorar los estándares de calidad y costos de la asistencia médica gratuita brindada a la población reclusa por el Gobierno Nacional, se radicó ante el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el siguiente proyecto de inversión: 286 Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 • Proyecto de inversión Formulación y Seguimiento a la Implementación de la Política Pública en Salud Penitenciaria en los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios del País. Su propósito consiste en la implementación de un sistema de seguimiento para medir, en términos de calidad, cuál es el estado de la atención en salud de los internos en los centros de reclusión del país, para de esta forma determinar no solo las falencias, sino a partir de un diagnóstico, realizar propuestas que permitan mejorar la prestación de este servicio. 8.4. Otras gestiones en materia de Política Criminal y Penitenciaria 8.4.1. Cooperación Internacional Aunado a las acciones antes descritas, y en la misma línea de trabajo, este Ministerio ha afianzado sus esfuerzos en materia de cooperación y relaciones internacionales, y de ello pueden destacarse los siguientes resultados: 1. Puesta en marcha del Convenio de Cooperación entre el Ministerio del Interior y de Justicia y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). • Promoción de la prevención y lucha contra el terrorismo en Colombia y la región. Con el “Taller Subregional en Cooperación Internacional sobre el Uso de Internet con Fines Terroristas”, realizado el 10 de octubre de 2010 en Cartagena, se dio inicio a las acciones contempladas en el mencionado Convenio. El evento fue organizado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), con la participación de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) y bajo los auspicios del Ministerio del Interior y de Justicia. El objetivo de este taller de capacitación fue proveer asistencia para la puesta en práctica y aplicación de las disposiciones internacionales y nacionales relacionadas con el uso de Internet con fines de comisión de delitos de terrorismo y para fortalecer las medidas nacionales y regionales contra el cibercrimen. Este taller subregional fortaleció las capacidades de los participantes para mejorar la identificación, criminalización e investigación del uso de Internet para propósitos terroristas, la amenaza de cometer delitos de terrorismo a través de internet, incitación a cometer actos de terrorismo, el uso de internet para movilizar recursos, así como 287 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia los casos de financiación del terrorismo. El taller fortaleció y complementó la actual cooperación encaminada a la prevención, investigación y judicialización de crímenes relacionados con la alta tecnología. • Promoción de políticas públicas en seguridad dirigidas a la lucha contra el crimen organizado y delitos relacionados Frente a este punto, a 30 de junio de 2011 se está adelantando una Licitación Pública Internacional para invitar a empresas consultoras, universidades y demás organizaciones elegibles, a presentar propuestas para la Evaluación de Operaciones del Proyecto de Implementación de los Sistemas de Vigilancia Electrónica como sustitutivos de prisión y detención domiciliaria, cuyo resultado servirá para enriquecer el proceso licitatorio interno para la contratación de los mecanismos de vigilancia electrónica que tendrá vigencia desde noviembre de 2011 hasta el año 2013. 2. Proyecto de cooperación española Proyecto presentado por el Ministerio del Interior y de Justicia y aprobado por la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID). Se pretende formular las bases de una política criminal en materia de responsabilidad penal juvenil y analizar los problemas y ventajas de la legislación actual en materia de responsabilidad juvenil para verificar qué modificaciones deben hacerse a la misma y qué políticas públicas pueden establecerse para disminuirla. Actividades Previstas: • Estudio de la evolución del sistema de responsabilidad penal juvenil. • Análisis de las bases constitucionales e internacionales de la responsabilidad penal juvenil. • Estudio de las normas internacionales en materia de responsabilidad penal juvenil. • Entrevistas a funcionarios operadores de la justicia penal juvenil. • Entrevista a jóvenes infractores. • Entrevistas y análisis de los problemas del ICBF en el tratamiento de los menores infractores. • Proyecto de Fortalecimiento Institucional al Sistema Penal Colombiano – FORSISPEN. 288 Objetivo del proyecto: Definir e implementar estrategias de política criminal para la reinserción de exinternos. Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 Actividades del proyecto: • Capacitar a servidores del INPEC (Cuerpo de Custodia y Vigilancia, además del personal administrativo) para el adecuado tratamiento y vigilancia penitenciaria en materia de servicio social calificado, salud penitenciaria, proyectos de educación, entre otros. • Asistencia técnica para el fortalecimiento de las políticas penitenciarias en materia de resocialización, tomando como parámetros las investigaciones y diagnósticos ya realizados y las experiencias internacionales. • Desarrollar un programa de resocialización para mujeres en derechos e igualdad de oportunidades para la equidad de género. • Realizar una consultoría para la actualización del manual de infraestructura carcelaria. • Definir planes interinstitucionales y diseñar sistemas para el monitoreo de adolescentes durante y después de la aplicación de las sanciones. • Rediseñar y actualizar los reglamentos de funcionamiento de los centros de tratamiento de menores. • Realizar un estudio sobre las condiciones de vida de los adolescentes internos en los Centros de Tratamiento para Menores Infractores, y la situación de las instalaciones y equipamientos disponibles. • Fortalecer los Centros de Tratamiento para Menores Infractores, por medio de la dotación de equipos tecnológicos. • Capacitar, apoyar y crear una red de formadores en los centros de tratamiento de menores, valores y proyectos productivos, dirigido a los orientadores. • Asistencia técnica para apoyar a la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria en el seguimiento a los centros de tratamiento de menores. • Diseñar acciones para el tratamiento y el seguimiento postinstitucional de adolescentes externados de Centros de Tratamiento o tras el cumplimiento de otras sanciones para asegurar su reinserción adecuada. • Realizar un estudio técnico sobre la vinculación de los adolescentes con determinadas conductas delictivas. • Realizar la fase complementaria de la campaña de sensibilización a la sociedad civil para mejorar el trato que se da a los jóvenes que han concluido un periodo en reclusión. 289 Capítulo 9 Diseñar y coordinar mecanismos de Justicia Transicional para contribuir a la Reconciliación Nacional Con el fin de desarrollar y alcanzar este objetivo institucional, se han establecido dos estrategias, las cuales se presentan a continuación: 9.1. Establecer un modelo de Justicia Transicional coherente y articulado Para la ejecución de esta estrategia, se formularon los siguientes programas de trabajo: 9.1.1. Formulación, diseño, implementación y seguimiento de políticas públicas para la materialización de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. (Ley de Víctimas y Plan Nacional de Atención y Reparación Integral de las Víctimas implementado). En este sentido, se orientó el programa hacia tres objetivos específicos: 1. Implementar medidas de reparación integral que contribuyan a los programas que debe diseñar el Estado colombiano para procurar la garantía de la reparación a las víctimas, teniendo en cuenta los principios del Derecho Internacional Humanitario, normas internacionales de Derechos Humanos, normas constitucionales y demás vigentes sobre la materia, así como los criterios de reparación fijados por la jurisprudencia y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. 2. Diseñar y adoptar medidas que garanticen a las víctimas el acceso a planes, programas y proyectos integrales de desarrollo urbano y rural, ofreciéndole los medios necesarios para la reparación. 291 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia 3. Diseñar una estrategia de atención integral de las víctimas, que articule la que brindarán las instituciones estatales, a fin de garantizar su eficacia y eficiencia, garantizando además, una plena articulación entre los niveles central y el territorial. Igualmente, en este programa se formularon tres metas: 1. Seguimiento e impulso al Proyecto de Ley de Víctimas en el Congreso hasta su aprobación. El Ministerio del Interior y de Justicia realizó el correspondiente acompañamiento, asesoría y orientación al trámite legislativo del mencionado Proyecto, desde el 27 de septiembre de 2010 fecha de su radicación en el Congreso de la República, hasta su aprobación en último debate, conciliación y ulterior sanción presidencial el día 10 de junio de 2011. El contenido y alcances de esta importante iniciativa, se explica en detalle en el acápite de Agenda Legislativa y Proyectos de Ley. Adicional a la labor legislativa de apoyo al Congreso de la República, es relevante resaltar que esta Cartera adelantó y coordinó un importante trabajo de socialización del contenido y alcance del Proyecto de Ley a lo largo y ancho del territorio nacional, bajo la figura de los denominados Diálogos Regionales, los cuales se efectuaron en 18 Departamentos del país, alternados con 4 Diálogos en la ciudad de Bogotá. Estos espacios, además de servir para dar a conocer el contenido de la iniciativa, fueron propicios para recopilar insumos provenientes de la sociedad civil, de las víctimas y de sus organizaciones, muchos de los cuales, fueron tenidos en cuenta para ser introducidos en la legislación que en ese momento se proponía. Sin duda alguna, los foros contribuyeron no solo a legitimar democráticamente la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, sino también a enriquecer y mejorar su contenido. 2. Preparación de Decretos Reglamentarios y demás instrumentos normativos para la atención y reparación de las víctimas. 292 En la Dirección de Justicia Transicional, han sido recopilados los insumos, evaluado y concertado varios puntos estratégicos con las Entidades que estarán involucradas en todo el proceso de reparación a las víctimas. Lo anterior, para la elaboración de la normatividad reglamentaria de la Ley 1448 de 2011. En este sentido, en el marco de la Mesa de Víctimas convocada por la Secretaría General de la Presidencia de la República, el 9 de junio de 2011, se estableció que el Ministerio del Interior y de Justicia y la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, liderarían el proceso de reglamentación de la Ley 1448 de 2011, salvo en lo atinente a las medidas de restitución de tierras cuyo reglamento debería ser preparado por el Ministerio de Agricultura. Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 En virtud de esta decisión, el día 21 de junio de 2011 fue concertada la metodología para preparar la reglamentación de la Ley 1448 de 2011, en reunión sostenida entre Acción Social y la Dirección de Justicia Transicional. Se acordó que el reglamento fuera expedido a través del Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, como se explicará a continuación. 3. Diseño del Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. En la reunión de concertación de la metodología, se acordó también que para expedir el Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el cual incluiría el reglamento de la Ley 1448 de 2011, se debían constituir 10 subcomités técnicos para abordar los siguientes ejes temáticos: a) Medidas de asistencia; b) Restitución de tierras; c) Indemnización y otras medidas de reparación; d) Medidas de satisfacción; e) Rehabilitación; f) Prevención, protección y garantías de no repetición; g) Atención integral; h) Institucionalidad y Sistemas de información; i) Reparación colectiva; y j) Reglamentación de otras medidas. De cada subcomité forman parte todas las Entidades del orden nacional que funcionalmente tienen competencias en el respectivo tema. Si bien varios de estos subcomités venían funcionando como partes integrales de apoyo técnico al Comité Interinstitucional de Justicia y Paz, algunos fueron fusionados y otros deberán ser creados cuando se vaya a someter a su consideración el borrador de reglamento de la Ley 1448 de 2011. De tal forma, los subcomités que actualmente hacen parte del Comité Interinstitucional de Justicia y Paz, continuarán funcionando como espacio de concertación técnica, brindando su apoyo en la construcción del reglamento de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras. De otra parte, se definió que entre Acción Social y el Ministerio del Interior y de Justicia, se prepararía un documento con lineamientos de política pública de atención, 293 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia asistencia y reparación a víctimas, el cual servirá de fundamento para el diseño del reglamento. El primer documento mencionado se pondrá a consideración de la Mesa de Víctimas en la primera semana de agosto de 2011, mientras que un primer borrador de reglamento, se someterá a consideración de los distintos subcomités en la primera semana de septiembre de 2011. De otra parte, en el marco de la política de tierras del Gobierno Nacional, el Ministerio del Interior y de Justicia es el encargado de la identificación de reformas institucionales y normativas necesarias para asegurar la restitución de los bienes inmuebles rurales despojados y/o abandonados y el diseño y puesta en marcha de un mecanismo especial para recibir, tramitar y resolver las reclamaciones de restitución de tierras de las víctimas de abandonos o despojos, mientras se pone en marcha la Unidad Administrativa Especial que se creó para el efecto en la Ley 1448 de 2011. Para este propósito, se conformó un grupo de 20 abogados especialistas, con experiencia en temas agrarios y/o civiles, quienes se encargarán de apoyar a las Comisiones Regionales de Restitución de Bienes (CRRB) y al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - Proyecto de Restitución y Protección de Tierras. Este grupo técnico especializado está diseminado en las regiones, prestando sus servicios en las Comisiones Regionales de Restitución de Bienes (actualmente, estas Comisiones han sido instaladas y funcionan en los Departamentos de Chocó, Putumayo, Valle del Cauca, Cesar, Atlántico, Santander, Nariño, Sucre, Bolívar, Antioquia, Magdalena y Montería, así como en Bogotá D.C.). El Ministerio del Interior y de Justicia, a través de este grupo técnico especializado, es el encargado de desarrollar la labor de asesoría jurídica a las víctimas del despojo que presenten su reclamación ante cualquier Comisión Regional de Restitución, así como la sustanciación de casos ante la autoridad judicial o administrativa que corresponda. Se pretende obtener con esta actividad la sustanciación de 3.600 casos de procesos de restitución integral en el territorio nacional. 294 9.1.2. Formulación, diseño, implementación y seguimiento de políticas públicas para incentivar la desmovilización de los miembros de Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley (GAOML), garantizar su reinserción a la vida civil y fomentar la reconciliación nacional. (Política de Justicia Transicional para materializar las garantías de no repetición, diseñada, aprobada y en funcionamiento). Con ocasión de la declaración de inexequibilidad en noviembre del año anterior por parte de la Corte Constitucional del numeral 17 del artículo 2° de la Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 Ley 1312 de 2009 1, se imposibilitó la aplicación del principio de oportunidad para los desmovilizados, bajo el argumento de que los miembros de los grupos ilegales deben ser procesados por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de comisión de delitos de lesa humanidad, calificado ello, per se, como delito de lesa humanidad no susceptible de aplicación del principio de oportunidad. Con el objeto de buscar una alternativa legal consecuente con los criterios fijados por la Corte Constitucional en la referida sentencia de inexequibilidad y otras anteriores de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el Gobierno Nacional elaboró, acompañó y apoyó el trámite legislativo del Proyecto de Ley “por la cual se dictan disposiciones de Justicia Transicional que garanticen la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas de desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley, se conceden beneficios jurídicos y se dictan otras disposiciones”, el cual fue radicado en el Congreso de la República el 29 de noviembre de 2011 y aprobado, en tiempo récord, el 15 de diciembre de 2010, para ser posteriormente sancionado el 29 de diciembre de ese mismo año, convirtiéndose finalmente en la Ley 1424 de 2010 (conocida como Ley de Desmovilizados), la cual se explica en detalle en el acápite de este informe denominado Agenda Legislativa y Proyectos de Ley Reglamentación de la Ley 1424 de 2010 Posteriormente, esta Cartera inició un trabajo interinstitucional para lograr mediante la reglamentación de la mencionada Ley, el pleno desarrollo y aplicación de la misma. El trabajo se centró en la proyección de un Decreto Reglamentario para establecer el andamiaje jurídico y el procedimiento necesario para suscribir el Acuerdo de Contribución a la Verdad Histórica y la Reparación, mediante el cual los desmovilizados accederán a los beneficios de la Ley, así como en otros cuatro Decretos-Ley que desarrollarán las facultades excepcionales conferidas por el Congreso al Gobierno Nacional. • Frente al Decreto Reglamentario para establecer el andamiaje jurídico y el procedimiento necesario para suscribir el Acuerdo de Contribución a la Verdad Histórica y la Reparación, mediante el cual los desmovilizados accederán a los beneficios de la Ley, se han presentado los siguientes avances: Luego de varias reuniones de concertación con las Altas Consejerías para la Seguridad Nacional y Defensa, encargada de las funciones del Alto Comisionado para la Paz y para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas, y con el acompañamiento permanente de la Secretaría Jurídica de 1 Sentencia del 23 de noviembre de 2010. M. P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva. 295 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia la Presidencia de la República, se culminó el texto final del Proyecto de Decreto, el cual fue minuciosamente revisado por todos los actores intervinientes. El Ministerio del Interior y de Justicia, recogió los comentarios que frente a este Proyecto de Decreto tenía la Fiscalía General de la Nación y actualmente se encuentra concertando algunas modificaciones finales con dicha Entidad. El objeto de este cuerpo normativo es reglamentar los procedimientos para la aplicación de la citada Ley, en el marco de las competencias otorgadas a las instituciones involucradas, particularmente en lo atinente a la firma del Acuerdo de Contribución a la Verdad Histórica y la Reparación entre los desmovilizados y el Gobierno Nacional; la verificación del cumplimiento de requisitos, tanto para la firma de este Acuerdo como para la concesión de beneficios jurídicos; las gestiones ante la Rama Judicial para la solicitud de tales beneficios, y el debido seguimiento al cumplimiento de los Acuerdos por parte de los desmovilizados. • En cuanto a la expedición de los Decretos-Ley que desarrollan las facultades excepcionales conferidas por el Congreso al Gobierno Nacional, los avances se pueden detallar, así: La Ley 1424 de 2010, confirió precisas facultades al Gobierno Nacional para lo siguiente: a) crear y/o modificar el Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, que recibiría en entrevista a los desmovilizados que quisieran acceder a los beneficios contemplados en la Ley; y b) adicionar y modificar la planta de la Procuraduría, la Defensoría y la Fiscalía General de la Nación para desempeñar adecuadamente las funciones endilgadas a dichas instituciones por la Ley 1424 de 2010. Con el objetivo de desarrollar las funciones mencionadas en el literal a), el Ministerio del Interior y de Justicia diseñó y socializó con las autoridades involucradas el proyecto de Decreto “por el cual se crea la Misión de Contribución al Esclarecimiento de la Verdad y la Memoria Histórica y se dictan otras disposiciones”. 296 Luego de varias discusiones con las autoridades competentes, incluyendo la Fiscalía General de la Nación, se acordó atribuirle las funciones derivadas de la Ley 1424 de 2010 al Centro de Memoria Histórica, creado en la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras). Esto quedó finalmente consignado en el Decreto 2244 del 28 de junio de 2011. En adición a lo anterior, el Ministerio del Interior y de Justicia solicitó la contratación de consultores externos para que apoyaran la realización de los estudios técnicos que se requieren para poner en funcionamiento el Centro de Memoria Histórica (manual de procesos internos, planta de personal, entre Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 otros). Esta contratación la realizará AECOM, operador de USAID, en el marco de la Carta de entendimiento suscrita entre dicha Entidad y el Ministerio. De otra parte, fue concertada la ampliación de la planta de personal de la Procuraduría General de la Nación y la consecuente adición de personal, lo cual se vio reflejado en la expedición del Decreto 2246 del 28 de junio de 2011 y el Decreto 2247 del 28 de junio de 2011, respectivamente. Así mismo, la adición a la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación, quedó finalmente consignada en el Decreto 2248 de 2011. En relación con la modificación de planta de la Defensoría, se debe resaltar que el Defensor del Pueblo le comunicó verbalmente al Ministerio el 10 de junio de 2011, que ello no era necesario pues dicha adición podía llevarse a cabo en desarrollo de las facultades conferidas al Gobierno Nacional para el efecto, en la Ley 1448 de 2011. Así mismo, es necesario resaltar que la Dirección de Justicia Transicional preparó en coordinación con la Dirección de Ordenamiento Jurídico, la defensa de la constitucionalidad de la Ley 1424 de 2010, mediante la presentación de la correspondiente intervención o concepto ante la Corte Constitucional. En el mismo sentido, el Ministerio del Interior y de Justicia tiene los siguientes objetivos para este programa: • Realizar el acopio de todas las normas reglamentarias de la Ley 975 de 2005, para abordar las temáticas en un solo cuerpo normativo de carácter legal. • Analizar la reforma sustancial del procedimiento judicial de Justicia y Paz para imprimirle celeridad y confianza, la cual ha sido propuesta por la Fiscalía General de la Nación. • Se encuentra bajo estudio la conveniencia de modificar el ámbito de aplicación temporal de la Ley 975 de 2005, con el objeto de que los desmovilizados con posterioridad al 25 de julio de 2005, y también aquellos que dentro de los dos años siguientes a la expedición de la nueva Ley de Justicia Transicional, puedan acceder a los procesos penales especiales de justicia. • Se encuentra bajo análisis la posibilidad de crear un escenario normativo necesario y suficiente para una potencial desmovilización de los miembros de los grupos guerrilleros (FARC y ELN). 297 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia 9.2 Fortalecer los espacios y mecanismos de coordinación interinstitucional en todo el país 9.2.1.Implementación de Comités Departamentales de Justicia Transicional con presencia del Ministerio del Interior y de Justicia. (Comités Departamentales de Atención y Reparación Integral a Víctimas en funcionamiento). Como meta para el cuatrienio, se planteó la implementación de 32 Comités Departamentales de Justicia Transicional en los 32 Departamentos del país. Para el año 2011, el Ministerio instalará 8 Comités en igual número de entes territoriales. A julio de 2011 se han instalado 3 de los ocho 8 Comités priorizados para este año, en los Departamentos de Valle del Cauca, Casanare y Cesar. La puesta en marcha de estos Comités Departamentales, pretende: • Fortalecer las acciones de coordinación interinstitucional a nivel departamental para garantizar la atención, reparación de las víctimas y la desmovilización. • Que su dirección y coordinación esté a cargo de los Gobernadores, con la participación de Alcaldes municipales o distritales y las Entidades con competencia en materia de Justicia Transicional. El Ministerio del Interior y de Justicia prestará apoyo técnico. • Generar estrategias interinstitucionales para el cumplimiento de las competencias de las Entidades responsables de ejecutar y poner en marcha la Ley 1448 de 2011 y demás mecanismos de Justicia Transicional. • Implementar herramientas continuas de seguimiento y evaluación a la gestión que desarrolla cada una de las Entidades e instituciones en la región, para la materialización de los lineamientos establecidos en el Comité de Coordinación Interinstitucional. 298 9.2.2. Cordinación y articulación adecuada y efectiva de las instituciones involucradas en la ejecución de actividades de Justicia Transicional, en el Nivel Central para fortalecer los espacios y mecanismos de coordinación interinstitucional en todo el país. (Comité Interinstitucional de Justicia y Paz funcionando con los Subcomités Técnicos Nacionales de Justicia Transicional). Este proyecto tiene los siguientes objetivos específicos: Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 • Consolidar el Comité Interinstitucional de Justicia y Paz como un alto órgano consultivo, que articule el diseño, la preparación, el seguimiento y la exigibilidad de una Política Pública de atención y reparación de víctimas, a través de un enfoque diferencial, en aras de materializar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, así como la garantía de no repetición. Para el efecto, y entendiendo la diversidad de temas que deberán ser abordados en el diseño del reglamento de la Ley 1448 de 2011, se han contratado 12 profesionales que prestan sus servicios a la Dirección de Justicia Transicional y que deberán liderar el proceso de reglamentación de dicho cuerpo normativo, en cada una de las áreas de su especialidad. • Fortalecimiento y adecuación de los Subcomités Técnicos de: (i) Atención, Asistencia y Medidas de Rehabilitación; (ii) Prevención y Protección; (iii) Desarme, Desmovilización y Reinserción; (iv) Restitución; (v) Reparación; (vi) Medidas de Satisfacción; y (vii) Garantías de no Repetición. Como se mencionó anteriormente, estos subcomités, así como los nuevos que serán creados para el efecto, serán utilizados como mecanismos de concertación técnica para el análisis del primer borrador de reglamento de la Ley 1448 de 2011, el cual será sometido a consideración de los subcomités en la primera semana de septiembre de 2011. A fin de dar cumplimiento a este objetivo, se ha liderado el proceso de reestructuración de los subcomités mediante la elaboración de un manual de funciones para cada uno de ellos y el diseño de nuevas estrategias (herramientas) de monitoreo a los compromisos adquiridos por las Entidades involucradas en dichos subcomités. Para el efecto, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), fueron contratados 4 profesionales que deberán realizar la Secretaría Técnica de todos los subcomités, establecer compromisos para las Entidades que los conforman y hacerle seguimiento y control a los mismos. En este punto, vale la pena destacar que, con el liderazgo del Ministerio del Interior y de Justicia, en el seno del Subcomité de Prevención y Protección, se elaboró el texto borrador del Protocolo de Protección Colectiva, el cual se encuentra en consulta con los entes territoriales. 9.2.3 Otras gestiones en materia de Justicia Transicional 1. Estudio, elaboración y trámite de actos administrativos en materia de indultos para la firma del señor Presidente, de conformidad con la legislación vigente: 299 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia INDULTOS DESDE EL 7 DE AGOSTO DE 2010 OBSERVACIONES TOTAL Indultos concedidos 8 Indultos negados 143 Indultos concedidos y negados 4 TOTAL GENERAL 155 2. Preparación y elaboración de comunicaciones oficiales (y documentación de soporte) a través de las cuales se realizan las postulaciones individuales y colectivas para ser presentadas ante la Fiscalía General de la Nación. POSTULACIONES ANTE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN No. Carpetas Oficio Fecha OFI10-36607 03/11/2010 32 OFI10-36490 03/11/2010 56 OFI10-36524 03/11/2010 33 0FI10-36929 16/12/2010 13 OFI10-37078 16/12/2010 10 OFI11-9326 31/03/2011 12 OFI11-9373 31/03/2011 9 OFI11-23532 08/06/2011 4 TOTAL   (personas postuladas a la Ley 975 de 2005) 169 3). Preparación de las comunicaciones remisorias (y documentación de soporte) para la desmovilización individual de miembros de grupos de guerrilla privados de la libertad. REMISIÓN CARPETAS CODA DECRETO 1059 DE 2008 300 Oficio Fecha No. Carpetas OFI10-32409 13/09/2010 5 OFI10-38919 21/10/2010 11 OFI11-21564 26/05/2011 21 TOTAL   37 Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 Capítulo 10 Garantizar el derecho a la propiedad y a la información inmobiliaria en Colombia. La Superintendencia de Notariado y Registro en ejercicio de su función legal ejerce la orientación, inspección, vigilancia y control de los servicios públicos que prestan los Notarios y Registradores de Instrumentos Públicos, atiende la organización, administración y sostenimiento de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos y asesora al Gobierno Nacional en la construcción de las políticas y el establecimiento de los programas y planes referidos a los servicios públicos notarial y registral (artículo 15 del Decreto 2163 de 2011). Con el fin de desarrollar y alcanzar estos objetivos institucionales, se han establecido las siguientes estrategias, las cuales se presentan a continuación: 10.1. Modernizar el servicio público registral El pasado 4 de abril de 2011, el Ministerio del Interior y de Justicia presentó a consideración del Congreso de la República, el proyecto de Ley “Por medio de la cual se expide el Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos y se dictan otras disposiciones”, norma que pretende modernizar el servicio público registral mediante la simplificación del proceso de registro inmobiliario. Dicha modificación, garantiza y facilita la operación del servicio registral a través de la sistematización de las Oficinas de Registro de Instrumentos, la unificación del Sistema de Información Registral, la posibilidad de generar accesos de consulta a entidades exentas y ampliar el portafolio de servicios virtuales. Este proyecto fue aprobado en Primer Debate en la Comisión Primera del Senado el pasado 8 de junio de 2011. Las características de este proyecto se explican en detalle en el acápite Agenda Legislativa y Proyectos de Ley. Adicionalmente y con el fin de contribuir al fortalecimiento de esta estrategia, la Superintendencia de Notariado y Registro ha adelantado acciones para mejorar el servicio de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos (ORIP), mediante procesos informáticos que garantizarán la sistematización de la totalidad de folios de matrícula inmobiliaria que reposan en las 192 Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos. Las actividades adelantadas en esta materia desde el 7 de agosto de 2010, son: 301 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia • 149 Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos sistematizadas. • 9 Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos en proceso de sistematización. • 34 Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, en solicitud de trámite de sistematización. Por otra parte y con el fin de incrementar el porcentaje de identificación jurídica de todos los activos inmobiliarios en cumplimiento de la Ley 594 de 2000 (Archivo General de la Nación), ha implementado en 37 Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos el Sistema de Gestión Documental, a través del aplicativo IRIS Documental, el cual permite la disposición actualizada de los documentos de registro. De otra parte, la Superintendencia de Notariado y Registro con el ánimo de avanzar y contribuir al mejoramiento de los índices de competitividad del país y en desarrollo de la política estatal de simplificación de trámites, ha diseñado el Proyecto de Interrelación Catastro – Registro. A la fecha se cuenta con 762 municipios interrelacionados que corresponden a 11.221.632 folios de matrícula inmobiliaria y se espera interrelacionar a diciembre del presente año 720.000 folios de matrícula inmobiliaria adicionales para completar casi 12 millones de folios interrelacionados. En este mismo sentido, se ha avanzado en la incorporación, conservación y restauración al nuevo sistema, de la información contenida en 1.953 libros del antiguo sistema, de 85.422 libros existentes en 179 Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos. Actualmente, el proceso del registro de instrumentos públicos se considera como un trámite sobrerregulado, complejo y de difícil entendimiento por parte de la ciudadanía, con lo cual se incita a la informalidad en la propiedad y se genera una visión errada del registro inmobiliario. La ciudadanía no percibe el proceso como un servicio del Estado para garantizar la propiedad, sino como una compleja exigencia que le genera pocos beneficios y que le resulta muy onerosa en términos de tiempo y costo. Por lo anterior, el Gobierno Nacional en el marco de las políticas, estrategias de modernización, simplificación de trámites y ahorro público, debe intervenir el tema del registro inmobiliario, de manera que garantice un proceso eficiente, articulado y transparente que entregue un mejor servicio a la ciudadanía por parte de todas las Entidades y que aporte a una mayor calidad y oportunidad de la información registral. 302 La inversión del Gobierno Nacional en este tema, garantiza además la alineación del proceso de registro inmueble con las políticas de simplificación de trámites y Gobierno en Línea, así como con los derroteros de mejoramiento del servicio a la ciudadanía, a través de la implementación de la Ventanilla Única de Registro (VUR). Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 A junio de 2011, esta Ventanilla se ha implementado en 89 notarías de Bogotá D.C. y Barranquilla, con un acto de registro (compra venta simple). Para el presente año, se implementará en 8 notarías en Manizales y Valledupar, con la inclusión de 6 actos de registro, para lo cual ya se cuentan con los convenios totalmente legalizados y los estudios técnicos previos para la implementación. Se espera dar cumplimiento de esta meta a finales del último trimestre del presente año. 10.2. Registro Inmobiliario para la Política de Tierras 303 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia La Superintendencia de Notariado y Registro en desarrollo del artículo 119 de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y con el fin de propender por la igualdad de oportunidades para la prosperidad social, creará, con carácter transitorio, la Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras. En los procesos de restitución de tierras que se tramiten, dicha Superintendencia Delegada tendrá especial intervención desde la radicación de la solicitud por parte del interesado, así como en la primera y segunda instancias del proceso. De acuerdo con lo establecido por la ley, la Superintendencia de Notariado y Registro viene desarrollando las siguientes acciones con el fin de garantizar el cumplimiento de la política para la población víctima del desplazamiento forzado por la violencia: • Administración y seguimiento del Registro Único de Predios y Territorios Abandonados por la Violencia, que se presenta a través de dos rutas, la Ruta Individual y la Ruta Colectiva, (RUPTA). • Diagnóstico – Tipologías de despojo, priorizando la inspección en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos en Montes de María (Bolívar – Sucre), Turbo y Marinilla (Antioquia), San Martín (Meta) y Cúcuta, Ocaña y Convención (Norte de Santander). • Registro móvil: unidad móvil con conectividad a las bases de datos de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos sistematizadas, la cual permitirá facilitar el servicio público registral a la comunidad para adelantar asesorías jurídicas, radicación de documentos, calificación de documentos, consultas y expedición de certificados de tradición y libertad. • Para garantizar el acceso y la prestación del servicio en zonas apartadas de la geografía nacional, adopción de jornadas especiales del registro de instrumentos públicos y regularización de títulos, con prioridad en la población desplazada y campesina. La Corte Constitucional, en Sentencia T-025 de 2004, y en los autos de seguimiento a ésta, en particular el Auto 008 de 2009, ordenó la adopción e implementación de una Política de Tierras para la Población Desplazada dirigida a garantizar el goce efectivo de sus derechos sobre las tierras y los territorios. 304 En tal sentido, la Superintendencia de Notariado y Registro, estableció el cambio de radicación de los documentos en cualquier Oficina de Registro del país. Esta medida constituye una particular innovación respecto del sistema tradicional que en esta materia aplican las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos. Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 A la fecha se evidencian los siguientes resultados: Nombre Problemática Número de Predios Hectáreas Montes de María Se estudiaron las ventas masivas dadas en la región, los predios transferidos que se encontraban con medida de protección y los predios que provienen de la Reforma Agraria (Fondo Nacional Agrario). 1.400 75.000 Mediante la inscripción de una Escritura Falsa de la Notaría 23 de Bogotá, se usurparon 28.900 hectáreas de baldíos de la Nación, en jurisdicción del Municipio de Puerto Gaitán (Meta). 2 38.900 El Hato Los Laureles ha tenido una falsa tradición que ha pasado por manos de la DNE e INCORA y devuelta a sus antiguos ocupantes siendo un predio de la Nación. Informe a INCODER. 1 15.000 Curvaradó y Jiguamiandó Se resolvieron cuatro accesiones, se revocaron 17 inscripciones ilegales y extemporáneas y se revocó la inscripción de ocho resoluciones presuntamente falsas. 29 25.479 Predio Guaracú Predio que mediante Escritura adulterada se amplió de 7.000 a 15.000 hectáreas y paso de ser un baldío a ser un predio de propiedad privada. 1 17.000 Juez de Paz El Juez Quinto de Paz de Barranquilla, ha titulado predios en Barú (Cartagena) y en los Montes de María – Denuncia penal por la SNR 5 111 Caso Barranquilla Presunta Falsedad en Escritura 0419 en cuanto a que quien firmó estaba muerto cuando la firmó. 12 250 1.450 171.740 Escritura Falsa Puerto López Falsa Tradición sobre Baldío de la Nación San Martín, Meta TOTAL En este orden de ideas, y como producto de la iniciativa del Gobierno Nacional en desarrollo de la Política Nacional de Formalización de Restitución de Tierras y de la Propiedad Rural, nace la necesidad de asignar folio de matrícula inmobiliaria a los bienes baldíos, con la finalidad de frenar la apropiación de este tipo de terrenos y tener un mayor control sobre la propiedad inmueble por parte del Estado, tal y como se propone en el Proyecto de Ley del nuevo Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos. 305 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia La incertidumbre en los derechos de propiedad facilita la usurpación de la tierra, así como la propagación de los cultivos ilícitos y el narcotráfico. Por lo anterior, se hace necesario diseñar una política integral de formalización de la propiedad rural, que incida en el crecimiento económico, el desarrollo agropecuario, en la conservación del medio ambiente y en la productividad de la economía rural. Es claro que una de las finalidades del registro de instrumentos públicos es identificar con un número registral denominado matrícula inmobiliaria, los predios ubicados en la geografía nacional. Por las razones anotadas, se establecerá un mecanismo novedoso de apertura de folios de matrícula inmobiliaria para predios baldíos. Con esto, los baldíos adjudicables ingresarán a un Sistema de Registro Inmobiliario, en donde el propietario inscrito será la Nación. Con esto se pretende dificultar el despojo de que ha sido víctima la Nación en los últimos años, en donde se abrieron folios de matrícula a particulares sobre terrenos baldíos de propiedad de la Nación. 306 Capítulo 11 Coordinar, Formular e Implementar una Política Integral y Eficaz para Enfrentar el Problema Mundial de las Drogas 11.1. Formular la Política Nacional Antidrogas y coordinar su implementación interinstitucional En el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 1, se consagran las bases para enfrentar el Problema Mundial de las Drogas. Así mismo, se establece como prioridad, la formulación de una Política Integral contra las Drogas que permita la implementación de distintas estrategias a través de una instancia permanente de coordinación institucional. Con el fin de alcanzar este objetivo, se han determinado tres (3) estrategias a saber: 11.1.1. Política antidroga formulada, implementada y desarrollada por las Entidades del Estado competentes Una de las metas establecidas por esta administración ministerial, fue la formulación de la Política Nacional contra las Drogas, con una visión a largo plazo que oriente, coordine y articule las acciones del Estado para reducir de manera sistemática e integral la persistencia de las condiciones que favorecen el Problema Mundial de las Drogas en Colombia y, a su vez, mitigue de manera sostenible sus adversas consecuencias. Dada la complejidad de la evolución del problema de las drogas en el país, y ante todo, la necesidad de abordar el tema de manera integral y transversal en los ámbitos político, jurídico, institucional y operativo, el proceso se orienta a definir directrices claras para combatir cada uno de sus eslabones, a través de una metodología 1 Capítulo V -Consolidación de la Paz - Numeral 2 Lineamientos Estratégicos - Orden Público, Literal C: Lucha contra el Narcotráfico y la Ilegalidad. 307 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia participativa y consensuada con 40 Entidades e instancias del Estado competentes en los ejes temáticos a saber: 11.1.1.1. Reducción de la oferta En materia de reducción de la oferta de drogas, la Política se orienta a afectar la siembra y resiembra de los cultivos ilícitos, el procesamiento, el transporte, la distribución y la comercialización de drogas, así como sus estructuras terroristas y criminales, con el propósito de disminuir de manera irreversible la disponibilidad de drogas en los mercados internos y externos. En particular, la línea de cultivos ilícitos continuará con el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos, tanto en su componente de erradicación forzosa (aspersión aérea y erradicación manual) como de erradicación voluntaria, a través de programas de desarrollo alternativo (Programa Familia Guardabosques y Proyectos Productivos) con el propósito de generar condiciones sociales, institucionales y de seguridad para la consolidación de territorios libres de cultivos ilícitos, mejorando los procedimientos aplicables a las actividades de erradicación en territorios de legislación especial. De igual forma, este componente propone: (i) perfeccionar la capacidad del Estado para la detección y el estudio de cultivos ilícitos; (ii) optimizar las condiciones de seguridad del personal que adelanta las operaciones; (iii) evaluar y hacer seguimiento a la estrategia de erradicación de cultivos ilícitos en Colombia; (iv) desarrollar un indicador que incremente la oportunidad y precisión en la evaluación de la consolidación de territorios libres de cultivos ilícitos; y, (v) fortalecer los mecanismos de cooperación enfocados a labores de erradicación manual y por aspersión con los países vecinos, cuya frontera sea propensa al establecimiento de cultivos de uso ilícito. En materia de producción y tráfico de sustancias químicas se plantea un fortalecimiento de los controles al desvío y contrabando de sustancias químicas e insumos empleados en el procesamiento de drogas ilícitas, por constituirse en un insumo primordial en el proceso integral de producción de drogas ilícitas. En este sentido, ejercer un control eficiente sobre estas representa un obstáculo que ocasiona un alto impacto en el proceso de extracción y refinamiento de drogas. 308 Para dar cumplimiento al anterior propósito se propone: (i) establecer las demandas reales de sustancias químicas lícitas - principales, sustitutas y las utilizadas en zonas de control especial que son desviadas para el procesamiento de drogas; (ii) identificar y combatir las redes dedicadas a la producción y tráfico de sustancias químicas; (iii) aumentar las capacidades técnicas, logísticas, de bioseguridad y trazabilidad para la detección, neutralización y almacenamiento de sustancias químicas de uso ilícito; (iv) fortalecer la lucha contra la corrupción asociada al de tráfico de sustancias químicas con fines ilegales; (v) fortalecer el control administrativo preventivo a quienes Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 intervienen como productores, distribuidores, almacenadores e importadores de sustancias químicas controladas; (vi) fortalecer la presencia del Estado en las zonas de frontera con el fin de bloquear los espacios utilizados para el contrabando de precursores y sustancias químicas; y, (vii) establecer mecanismos de cooperación binacional tendientes a fortalecer las capacidades técnicas, logísticas y de cualificación del recurso humano presente en áreas de frontera. De igual forma, en materia de procesamiento de drogas ilícitas se plantea: (i) endurecer las operaciones para la destrucción de laboratorios y centros de procesamiento, mediante el fortalecimiento y priorización de labores de investigación e inteligencia para la identificación y destrucción de infraestructura, según el comportamiento y las nuevas tendencias que siguen las mismas; (ii) capacitación al personal que lleva a cabo los procedimientos de destrucción de laboratorios y centros de procesamiento; y, (iii) la realización o actualización de estudios y procedimientos que indiquen las técnicas adecuadas para la destrucción de laboratorios en actividades relacionadas. En cuanto al tráfico y comercialización de drogas, la política le apunta a bloquear la llegada de drogas ilícitas al mercado nacional e internacional, para lo cual se plantea: (i) identificar y desarticular las redes dedicadas al transporte, comercialización y distribución de drogas ilícitas; (ii) fortalecer el control del espacio aéreo, marítimo, fluvial y terrestre, rural y urbano en el territorio nacional; (iii) incentivar y fortalecer estrategias de cooperación internacional en el control del tráfico de drogas; (iv) fortalecer la coordinación entre las diferentes instituciones del Estado, en concordancia con los objetivos estratégicos de fortalecimiento de seguridad y vigilancia, por medio de una definición adecuada de roles y responsabilidades; (v) establecer controles efectivos contra el microtráfico hacia las empresas de correo, que permitan determinar la trazabilidad de los correos y encomiendas contaminados por sustancias estupefacientes; (vi) fortalecer la lucha contra el microtráfico a través del mejoramiento de la tecnología de las instituciones y capacitación de funcionarios encargados de aplicar los procedimientos de inspección y detección de drogas ilícitas en los puertos y aeropuertos del país; y, (vii) aumentar esfuerzos operativos y legislativos contra el narcomenudeo en los centros educativos, universidades, áreas marginales y establecimientos públicos. En lo relativo a la acción del Estado para controlar la producción y comercialización de drogas de síntesis y el desvío de sus precursores, se propone: (i) diseñar e implementar un sistema de control que permita evitar la producción de drogas de síntesis; y, (ii) fortalecer los mecanismos de control y la normatividad, así como las capacidades técnicas para la identificación y judicialización del tráfico y comercialización de drogas sintéticas y sus precursores. 309 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia 11.1.1.2. Reducción de la demanda El consumo de sustancias psicoactivas en Colombia se reconoce, hoy día, como un problema social y de salud pública, que viene tomando dimensiones importantes y que requiere un compromiso sostenido del Gobierno colombiano, en aras de detener la tendencia creciente de los últimos años. Con todo, es necesario aclarar que la Comisión Nacional de Reducción del Consumo de Drogas, formuló en el año 2008 una política y un plan de acción para reducir el consumo de sustancias en el país. En coordinación con el Ministerio de la Protección Social y de otras Entidades competentes en la materia, se llevó a cabo la incorporación en la Política Nacional contra las Drogas de los elementos principales de su política. 310 Así las cosas, en materia de prevención, la política pretende intervenir aquellas condiciones y factores macrosociales, microsociales y personales que incrementan la vulnerabilidad hacia el consumo de drogas. En este sentido, se plantea: (i) reducir la vulnerabilidad al consumo de SPA lícitas, ilícitas y de control especial, interviniendo, de manera integradas, factores sociales, macrosociales, microsociales y personales que contribuyen a que una persona se involucre en el consumo de drogas; (ii) transformar creencias y patrones sociales y culturales, así como los estilos de vida que promueven el abuso y el uso problemático del alcohol y drogas y que impiden la asunción de estilos de vida saludables; (iii) desarrollar dinámicas que protejan y reduzcan la vulnerabilidad al consumo de drogas a través de las redes comunitarias, familiares, juveniles y laborales; (iv) incorporar el componente de prevención del consumo de Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 drogas en los programas de escuelas saludables, servicios amigables de salud para adolescentes y jóvenes y Colombia Activa y Saludable; (v) desarrollar capacidades y habilidades personales y sociales que le permitan a los grupos de alta vulnerabilidad al consumo desarrollar autonomía y mejorar su capacidad de respuesta a situaciones difíciles; y, (vi) implementar proyectos de vida realizables y sostenibles que faciliten la inclusión social y productiva en grupos de alta vulnerabilidad al consumo. El componente de “mitigación y superación del consumo de droga” busca reducir los efectos negativos que sobre la persona consumidora tiene el uso de sustancias psicoactivas. La mitigación concentra acciones propias de la prevención terciaria, algunos aspectos de la prevención secundaria, así como las de la prevención indicada; es decir, opera acciones intermedias y previas al tratamiento mismo a implementarse en ámbitos formales e informales (educativos, laborales, comunitarios y sanitarios). Es complementario a los servicios de tratamiento y permite reducir los riesgos asociados a diversos patrones de consumo, así como a la dependencia, en casos en los que aún no hay acceso a un tratamiento formal por diversos motivos. Por su parte, la superación busca aliviar el “choque” cuando ya se ha producido. Este eje pretende ofrecer los medios que permitan afrontar adecuadamente la situación de consumo y transitar hacia la búsqueda de una salida o “superación”. Las estrategias de superación hacen referencia al tratamiento, la rehabilitación y la inclusión social de quienes han desarrollado un trastorno por dependencia a una o varias sustancias o presentan un patrón de consumo problema en ausencia de dependencia. Así, para lograr lo anterior, se plantea: (i) contar con medios (información, atención y apoyo) para que personas, hogares y comunidades encuentren respuestas oportunas e integrales a sus necesidades frente al consumo de drogas; (ii) brindar acceso oportuno a servicios integrales de salud física y mental y contar con redes de apoyo y soporte educativo, productivo y laboral que beneficien a las comunidades y consumidores de drogas; (iii) promover el control social por parte de las comunidades para reducir la accidentalidad vial y laboral y los problemas de convivencia y seguridad asociados al consumo de alcohol y otras drogas; (iv) brindar información objetiva y actualizada sobre efectos y riesgos de las sustancias de mayor uso y abuso y sobre consumos emergentes a consumidores de alcohol y otras SPA y la comunidad en general; (v) promover la reducción del estigma y la discriminación frente a los consumidores de alcohol y otras SPA y viabilizar su recuperación a partir de su inclusión social en el sistema de oportunidades; (vi) contar con una oferta de servicios, amplia y de calidad, para la superación de la dependencia al alcohol y otras drogas; y (vii) brindar a los consumidores en proceso de superación de la dependencia oportunidades de inclusión laboral, educativa, productiva y social. Un tercer eje que plantea la política en materia de reducción de la demanda tiene que ver con el fortalecimiento de la capacidad de respuesta institucional, lo que requiere de una mejora en la integración de acciones y el incremento de la respuesta técnica, institucional y financiera del Estado ante las demandas del consumo de drogas. 311 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia Para lograr lo anterior se enfatizará en: (i) aumento de la disponibilidad de servicios sanitarios, informativos y sociales, de calidad, que faciliten la atención oportuna e integral a la población consumidora de SPA, sus familias y la comunidad en general; y, (ii) mejoramiento de la capacidad de planeación, organización y articulación interinstitucional e intersectorial para el desarrollo de planes, programas y proyectos en reducción del consumo de drogas. 11.1.3. Combate a la infraestructura económica de las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas ilícitas (lavado de activos, extinción de dominio y administración de bienes) A través de este eje se pretende combatir de forma coordinada, eficiente y eficaz los ingresos de actividades ilícitas producto del narcotráfico desarrollando actividades que se agrupan en tres metas que abordan de manera integral el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, la extinción de dominio de los bienes de las organizaciones criminales y terroristas a favor del Estado y la gestión necesaria para su administración eficiente y/o venta inmediata, minimizando los costos en que deba incurrir el Estado para su administración. Para lograr lo anterior, en materia de lavado de activos la propuesta de política pretende, entre otros, fortalecer el Sistema Integral de Lucha contra Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de Colombia, en su capacidad para combatir eficazmente delitos que pongan en riesgo la estabilidad y seguridad de la Nación, a través de: (i) diseñar e implementar mecanismos de prevención, detección y control de nuevas tipologías, sectores, actores y riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo y sus delitos fuente y la financiación del terrorismo; (ii) optimizar los mecanismos para la efectiva aplicación de la ley en investigación y juzgamiento del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo; (iii) desconcentrar la ejecución de la Política Nacional contra el Lavado de Activos, sus delitos fuente y la financiación del terrorismo; iv) reducir la evasión fiscal y la desintermediación financiera; v) modernizar y ampliar la cobertura del registro de transacciones económicas; y vi) gestionar la cooperación internacional con países de tránsito, paraísos fiscales, proveedores de contrabando, precursores y armas. 312 En cuanto a la extinción de dominio el eje se orienta a: (i) actualizar y modificar las normas sobre la extinción de dominio y armonizarlas con otras políticas estatales y la legislación internacional; (ii) optimizar la aplicación efectiva de la ley de extinción de dominio mediante la gestión de recursos humanos, tecnológicos y financieros; (iii) Promover mecanismos de articulación y cooperación interinstitucional permanentes que permitan agilizar los procesos de extinción de dominio; (iv) fortalecer los instrumentos operativos y administrativos que permitan la eficaz delación de bienes; y, (v) generar acciones efectivas de extinción de dominio contra las finanzas de los grupos terroristas que se financian con el narcotráfico. Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 Por su parte, la línea de acción en materia de administración de bienes apunta a consolidar mecanismos jurídicos y administrativos para una eficiente y transparente administración, liquidación y monetización de los bienes incautados o cuyo dominio se haya extinguido, producto del problema de las drogas y actividades delictivas relacionadas. Así, con el propósito de alcanzar lo anteriormente establecido se plantea: (i) crear o fortalecer una institución de naturaleza pública especializada, con cobertura nacional, encargada de la administración de los bienes afectados con medida cautelar, extinción de dominio y comiso para hacerlos autosostenibles y rentables; (ii) implementar un sistema de administración autónomo de presiones directas del narcotráfico, así como su accionar indirecto sobre la política; (iii) establecer mecanismos para la depuración del inventario de bienes con medida cautelar, extinción de dominio y comiso; (iv) reformar la legislación actual para conferir mayor amplitud a las facultades de la Agencia que se encargará de la administración de los bienes y que permita la monetización de todos los activos incautados; (v) establecer controles estrictos a la administración de bienes con medida cautelar, con extinción de dominio y comiso, de forma que se garantice el principio de transparencia en la función pública; y, vi) implementar un sistema de administración autónomo de presiones directas del narcotráfico, así como su accionar indirecto sobre la política. 11.1.1.4. Gestión Internacional del Problema Mundial de las Drogas 313 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia Este Plan de Acción se orienta a implementar la política exterior encaminada a la promoción y defensa de los intereses nacionales en los diferentes escenarios bilaterales y multilaterales, de acuerdo con los objetivos y prioridades de la política integral para enfrentar el Problema Mundial de las Drogas, promoviendo el cumplimiento de las obligaciones internacionales en la materia. Para ello, plantea: (i) promover y concretar intereses nacionales en materia de drogas en los diferentes escenarios internacionales en los cuales Colombia participe; (ii) formular una posición nacional articulada y consolidada sobre asuntos de la agenda internacional sobre drogas, para defender y promover los intereses nacionales en escenarios internacionales; (iii) participar y representar a Colombia en escenarios internacionales estratégicos, de deliberación, concertación y decisión en asuntos de política internacional sobre el Problema Mundial de las Drogas; (iv) desarrollar una estrategia que propenda por una mayor y más eficiente comunicación a nivel internacional de las acciones y resultados adelantados en su lucha; (v) fortalecer la cooperación bilateral y multilateral para enfrentar el Problema Mundial de las Drogas; (vi) diseñar un portafolio de la oferta y demanda de cooperación del país, que responda a las prioridades fijadas en la Política Nacional de Lucha contra las Drogas y sirva de instrumento que contribuya a la eficacia de la cooperación gestionada para tal fin; (vii) identificar y documentar las buenas prácticas que ha desarrollado el país en torno al enfrentamiento del Problema Mundial de las Drogas para compartir con terceros países; (viii) fortalecer los mecanismos de Cooperación Sur-Sur y Mesoamérica; (ix) explorar nuevos mecanismos de acceso a la cooperación internacional como esquemas de triangulación, alianza público privadas, y cooperación descentralizada, entre otros. En materia de cooperación judicial y extradición, Colombia, (i) mantendrá vigentes todos los instrumentos de cooperación judicial en la lucha contra el Problema Mundial de las Drogas; (ii) fortalecerá la cooperación judicial y operativa de las diferentes dependencias del Estado colombiano con sus homólogas a nivel internacional; (iii) fortalecerá las autoridades centrales designadas en las diferentes convenciones internacionales responsables de la asistencia judicial recíproca en materia de intercambio de información, evidencia y pruebas en Colombia; (iv) fortalecer el mecanismo de extradición como una de las principales herramientas para luchar contra el Problema Mundial de las Drogas. 11.1.1.5. Fortalecimiento Institucional Esta línea de acción por ser transversal a los cuatro planes de acción se orienta a incrementar la capacidad de respuesta del Estado colombiano, a través de una serie de acciones que implícita o explícitamente pretenden encontrar la mayor coherencia posible entre los ámbitos político, organizativo, presupuestal, jurídico y estratégico. 314 Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 Así, con el fin de lograr sostener el compromiso de Colombia para superar el problema de las drogas, es indispensable definir e implementar una estructura de gestión liderada desde el más alto nivel del Estado que asegure una intervención articulada y coordinada al interior de la política contra las drogas, así como con otras políticas del Estado con las cuales existen puntos de intersección. Esta línea de acción busca consolidar la capacidad de respuesta del Estado a través del fortalecimiento jurídico, institucional operativo, tecnológico y de recurso humano, atendiendo las distintas necesidades que el fenómeno de las drogas presenta a nivel nacional y regional. Lo anterior será posible, a través de las siguientes acciones: (i) actualizar el marco normativo teniendo en cuenta las distintas realidades y manifestaciones que presenta el problema de las drogas y actividades delictivas relacionadas; (ii) fortalecer la coordinación y articulación de la política antidrogas con el propósito de maximizar el impacto del Estado Colombiano contra las drogas; (iii) fortalecer los mecanismos de coordinación y articulación de la Política Nacional contra las Drogas con los Consejos Seccionales de Estupefacientes, Comités Departamentales y Municipales de Prevención y Control; (iv) capacitar y mantener actualizado el recurso humano con competencias y responsabilidades en drogas y sus diferentes manifestaciones; (v) producir evidencia técnica en las manifestaciones del problema de las drogas, a través de la investigación sobre el tema; (vi) fortalecer la capacidad tecnológica y de información de las instituciones y en particular del Observatorio de Drogas de Colombia; (vii) diseñar una estrategia que permita la comunicación interinstitucional transparente y fluida, y entre los diferentes niveles jerárquicos en las entidades; (viii) diseñar estrategias de comunicación a través de medios masivos con el propósito de concientizar a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional acerca de los efectos negativos que sobre ella tiene el Problema Mundial de las Drogas; (ix) implementar SINERGIA del Departamento Nacional de Planeación como un modelo encaminado al seguimiento y evaluación de los planes antidrogas. Ahora, para obtener una perspectiva integral y un análisis en la construcción de la Política Nacional contra las Drogas, PCD, el Ministerio del Interior y de Justicia lideró con el apoyo de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Ministerio de Defensa Nacional, un proceso de coordinación con 20 instituciones del Estado. Aunado a lo anterior, se contó con un diagnóstico de la situación de las drogas en Colombia, producto de un ejercicio conjunto con los diferentes actores partícipes de la lucha contra esta problemática, lo que proporcionó los elementos para el planteamiento del enfoque estratégico de la PCD y permitió establecer la misión, la 315 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia visión, los principios rectores, las prioridades, los planes temáticos antidrogas, y en general, todos los elementos de la estrategia a seguir, de lucha contra la droga. Vale la pena resaltar que, durante la construcción de la Política se aplicó una metodología participativa a través de: i) entrevistas con funcionarios de alto nivel de las instituciones 2 con el fin de asegurar su viabilidad política y compromiso técnico; (ii) plenarias con representantes de las entidades con competencias en la materia y (iii) diálogo interinstitucional permanente a fin de socializar y validar las sugerencias de ajustes propuestas en cada una de las reuniones. Finalmente, con el propósito de asegurar su coherencia interna, la misma fue sometida a lectura de varios expertos en el tema quienes tuvieron la oportunidad de hacer comentarios y aportes, en el marco de los lineamientos del PND. En la actualidad se cuenta con un primer documento borrador de la Política Nacional contra las Drogas 2010 - 2014, el cual está siendo objeto de validación por parte de las entidades competentes para que, una vez surtido ese paso, se ponga a consideración y aprobación del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE). A partir de allí, se procederá a formular interinstitucionalmente planes de acción con metas e indicadores unificados que reflejen una implementación sectorial, así como socializar esta entre los Consejos Seccionales de Estupefacientes y los Comités Municipales de Prevención, de cara a contar con planes departamentales y municipales de lucha contra las drogas. Para maximizar la implementación de la Política se encuentra en construcción un esquema de gestión que permitirá de una manera eficiente, fortalecer la estrategia de coordinación interinstitucional, una de las metas prioritarias durante el actual Gobierno. En este orden de ideas, también será prioridad, la implementación de un sistema de seguimiento y evaluación periódicos que mida el avance en el logro de los resultados y facilite la identificación de dificultades en la implementación de los planes de acción y las decisiones necesarias para subsanarlas. 11.1.2. Nuevo Estatuto Nacional de Estupefacientes aprobado y difundido por todo el país Para julio de 2011, se propuso como meta la elaboración de un Nuevo Estatuto Nacional contra las Drogas que, recopile en su cuerpo normativo toda la legislación vigente que sobre la materia se ha expedido en Colombia a partir de 1986 y a su vez, dote de nuevas herramientas jurídicas a los operadores judiciales y a las entidades 2 316 Se llevaron a cabo entrevistas con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional – Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos, Ministerio de la Protección Social, Unidad de Información y Análisis Financiero, Alta Consejería para la Seguridad, Departamento Nacional de Planeación y Direacción Nacional de Estupefacientes. Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 inmersas en esta lucha con el fin de llenar los vacíos jurídicos existentes y consagrar las nuevas modalidades de producción, tráfico y consumo de sustancias psicoactivas. Para el desarrollo de esta meta, el Ministerio implementó la siguiente metodología: • Un estudio normativo sobre la materia a partir de la expedición de la Ley 30 de 1986 hasta la fecha con el fin de identificar la normatividad vigente. Así las cosas, se hizo un análisis de leyes, decretos, resoluciones del Consejo Nacional de Estupefacientes y resoluciones de otras entidades; además se tuvo en cuenta las convenciones internacionales de la ONU y OEA, informes de la JIFE y los informes del Mecanismo de Evaluación Multilateral. • Mesa de Reducción de la Demanda: Con el objetivo de recopilar insumos sobre reducción de la demanda de drogas, se inició, bajo el liderazgo del Ministerio de la Protección Social, autoridad competente en el tema de consumo de drogas, unos talleres de pensamiento estratégico que enriquecieron el proceso de formulación y redacción del articulado sobre la materia en Colombia. • Mesa de Reducción de la Oferta: Coliderada por la Fiscalía General de la Nación (UNAIM), Procuraduría, Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior y de Justicia. En ella, se realizaron “Talleres de Pensamiento Estratégico” en los que se revisó la legislación vigente sobre la materia para adecuar su tipología a las necesidades y realidades que la problemática de drogas ha demandado a lo largo de estos 20 años. • Entrevistas con expertos y autoridades en la materia. Para la fecha, se cuenta con un proyecto de Estatuto Nacional de Drogas Psicoactivas el cual tiene un enfoque (i) integral, en la medida en que cubre distintas manifestaciones de la problemática de las drogas e incorpora sustancias lícitas e ilícitas; (ii) detallado, ya que alcanza niveles de reglamentación, considera aspectos jurisprudenciales, cubre compromisos internacionales, contempla decisiones del Consejo Nacional de Estupefacientes y regla procedimientos administrativos de fiscalización y control y; (iii) equilibrado, pues contempla aspectos de la oferta y demanda de las drogas, no interviene en temas de extradición, extinción de dominio y lavado de activos y considera aspectos de diversas autoridades. Este Proyecto, será puesto a consideración de las diferentes entidades con competencias en la materia para que, luego de incorporar sus observaciones, sea presentado ante el Congreso de la República el próximo 20 de julio de 2011. 317 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia 11.1.3 Planes Territoriales de Drogas formulados e implementados, con base en la Política Nacional Antidrogas y de acuerdo con las características regionales Una vez se cuente con la aprobación de la Política por parte del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), se procederá a acompañar la formulación de los planes territoriales de drogas. No obstante, se ha iniciado un proceso de divulgación en los consejos seccionales con el fin de crear expectativas sobre la política. 11.1.4. Otras gestiones en materia de lucha contra las drogas Proyecto “Gestores del Deporte” Este proyecto surgió, gracias a una alianza entre Coldeportes y el Ministerio del Interior y de Justicia con el propósito de prevenir, a través del deporte, el consumo y tráfico de drogas por parte de los jóvenes, así como su vinculación a los grupos armados al margen de la ley, proceso al cual se vincularon posteriormente la Dirección Nacional de Estupefacientes, el Ministerio de Defensa Nacional y la Oficina Antinarcóticos de la Embajada de los Estados Unidos. El escenario para el desarrollo del proyecto son las Casas de Justicia de 10 municipios, a saber: Santa Marta, Cali (Agua Blanca y Siloé), Pereira (Villa Santana y Cuba), Tumaco, Puerto Tejada, Quibdó, Tunja, Santander de Quilichao, Ataco, Caucasia, Buenaventura y La Uribe. El proyecto apunta a la creación de “semilleros de deporte” para jóvenes en edades entre 12 y 16 años, teniendo como supuesto la importancia del deporte como fuente importante de superación personal; así, la sana competencia, el respeto a las normas, la autodisciplina, el manejo de la frustración y del éxito, entre otros, son elementos que promueven el desarrollo personal y la construcción de un proyecto de vida sano que contribuye a evitar que los jóvenes se involucren en conductas autodestructivas. Los gestores del deporte son personas vinculadas al proyecto con el propósito de incentivar la práctica del deporte e identificar aquellos talentos que en el futuro puedan convertirse en deportistas profesionales. Paralelamente, se hará un acompañamiento a cada uno de los integrantes de estas escuelas deportivas con el fin de fortalecer su proceso de desarrollo, deportivo y personal. 318 Para lograr una amplia difusión del Proyecto y movilizar la participación masiva de los jóvenes y sus familias, el evento de lanzamiento en cada municipio, se lleva a cabo con la realización del Show de Las Estrellas de Jorge Barón Televisión, eventos financiados por la Oficina Antinarcóticos de la Embajada de los Estados Unidos. Con antelación al concierto se realiza una feria de oferta institucional del Estado, durante la cual el Ministerio participa ofreciendo los servicios brindados por la Dirección de Lucha contra las Drogas, la Dirección de Acceso a la Justicia, la Dirección de Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 Asuntos Indígenas y Minorías Rom y la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afros, Raizales y Palenqueras. En el anterior sentido, vale la pena resaltar que este proyecto no sólo vincula los esfuerzos de varias entidades del Ejecutivo sino que también, al interior del Ministerio del Interior y de Justicia genera un proceso de articulación cuyo efecto es lograr acercar el Ministerio a los municipios y, sobre todo, a sus comunidades. Si bien el Programa inició actividades en todos los municipios, el lanzamiento oficial, a través del Show de Jorge Barón y la Feria de Oferta de Servicios, sólo se ha dado en los municipios de Santander de Quilichao. En esta oportunidad se contó con la participación de aproximadamente 10.000 personas. Convenio para el desarrollo del estudio sobre zonas libres de ilícitos Teniendo en cuenta que al Ministerio del Interior y de Justicia le corresponde formular, coordinar, evaluar y promover las políticas del Gobierno Nacional relativas al Problema Mundial de las Drogas y ante la necesidad de fortalecer el conocimiento, esta Cartera inició en coordinación con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito el Estudio sobre Zonas Libres de Ilícitos, orientado a: (i) Desarrollar un sistema de indicadores que permita la caracterización del concepto “territorio libre de ilícitos“; y, (ii) Desarrollar información de apoyo para la construcción del modelo integral de monitoreo de zonas libres de ilícitos previsto en el plan de acción 2011 del proyecto SIMCI II. 11.2. Manejo centralizado de los bienes incautados en manos del Estado El presente capítulo presenta los logros alcanzados en las metas propuestas por el Gobierno Nacional en el sector del Interior y de Justicia, específicamente en lo que respecta a la Dirección Nacional de Estupefacientes, dada su misión a través de dos funciones centrales que son: (i) la ejecución de la política antidrogas trazada por el Consejo Nacional de Estupefacientes; y, (ii) la administración y enajenación de los bienes incautados provenientes del narcotráfico, con extinción de dominio y en comiso, según la normatividad vigente. 11.2.1. Reforma a la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) El actual Gobierno, obedeciendo a criterios de eficiencia y racionalidad en la gestión pública, concibió la necesidad de contar con instrumentos que le permitan introducir innovaciones y conceptos de gerencia a la función estatal. 319 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia En este sentido, se propuso adelantar una reforma de envergadura en el Sector del Interior y de Justicia, dado los problemas detectados en instituciones como la Dirección Nacional de Estupefacientes, intervenida el 2 de noviembre de 2010, con el ánimo de tener una organización funcional que se ajuste a los objetivos del Gobierno en materia de transparencia y eficiencia administrativa. Durante el primer año de Gobierno, el Ministerio del Interior y de Justicia en conjunto con la DNE y las entidades relacionadas con la lucha de política antidrogas y el mejoramiento del sector público3, conformaron un equipo técnico que determinara las condiciones reales de la DNE y recomendara al Gobierno el Plan de Acción a seguir. Consideraciones del Estudio Técnico para la reforma de la DNE En el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos”, se establece como una de las políticas de Buen Gobierno las iniciativas de rediseño organizacional en Entidades del Estado, debido al gran número de dificultades que afrontan las organizaciones públicas relacionadas con la sobrecarga de funciones administrativas y operativas, su baja capacidad orientadora y la debilidad en los esquemas de regulación y control, que hacen necesaria una nueva forma de organización que permita el logro de las prioridades estratégicas de forma eficiente. Esta estrategia supone el rediseño de ciertas instituciones con criterios modernos de gestión, contemplando la liquidación de manera eficiente, ágil y oportuna de las Entidades con problemas estructurales y la transferencia de objetivos y funciones a otros organismos nacionales que permitan alcanzar los retos planteados por el Gobierno Nacional. Con el estudio se evaluaron los resultados alcanzados por la DNE en la ejecución de la política del Estado en materia de lucha contra el narcotráfico y delitos conexos, así como de los bienes incautados y con extinción de dominio puestos bajo su administración, y se sustentaron las decisiones que responden a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 489 de 1998, que determinan los eventos en los cuales resulta procedente la supresión, disolución y liquidación de Entidades y organismos administrativos del orden nacional. Los aspectos más relevantes que sustentan las conclusiones del estudio técnico realizado son los siguientes: 1. Desnaturalización de la Entidad, la cual se concentra más en la administración de bienes y menos en las líneas de acción y componentes de una política antidroga, situación que fue igualmente expuesta en dictámenes de la 320 3 Consejo Nacional de Estupefacientes, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación a través del PRAP (Programa para la Renovación de la Administración Pública), la Alta Consejería para el Buen Gobierno y el Departamento Administrativo de la Función Pública. Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 Contraloría General de la República y en el informe de NO certificación del Sistema de Gestión de Calidad de la entidad del 13 de abril de 2011, en el que se evidenció falencias, debilidades e inoperancia de los procesos para alcanzar los fines de la institución. 2. Dificultades en la planificación, la coordinación y los controles de la DNE para asumir los desafíos que implica la administración de los bienes incautados y con extinción de dominio o comiso definitivo. Ello, en razón a que no se cumple con los procesos y procedimientos que generen claridad en la aplicación de la ley de administración y venta de bienes que se encuentren en estas condiciones. 3. Creciente déficit financiero de la entidad generado por: (i) la ineficiente administración de los bienes y recursos incautados y con extinción de dominio o comiso definitivo; y, (ii) ausencia de una adecuada planificación financiera del FRISCO, lo que ha conllevado el incumplimiento de los compromisos señalados desde el Consejo Nacional de Estupefacientes. 4. Carencia de personal, bajo perfil del mismo y la necesidad de acudir a contratos de prestación de servicios para su funcionamiento. 5. Deficiente gestión documental generada por la falta de cumplimiento de procesos y procedimientos administrativos, especialmente en temas relacionados con el control, conservación, organización y protección de documentos públicos y medios de control sólidos que faciliten el monitoreo de las operaciones, tanto misionales como organizacionales. 6. Ausencia de TIC adecuadas, habida cuenta del alto riesgo de pérdida de información, bien por el alto nivel de obsolescencia de su plataforma y carencia de políticas de seguridad de la información, o bien por la manipulación no autorizada de los datos que residen en los sistemas de información o en medio físico. 7. Desarticulación en el proceso de TIC entre las distintas subdirecciones de la Entidad, las cuales adelantan sus propios desarrollos al margen de las directrices institucionales y las buenas prácticas informáticas, aspectos que inciden en la adecuada administración de la información y en la imagen de la institución. A la luz de los resultados del estudio, se estableció la situación fáctica de la DNE, la cual se enmarca en las causales 3 y 4 del artículo 52 de la Ley 489 de 1998, por lo tanto se recomienda la supresión y liquidación de la Entidad de conformidad con las disposiciones contenidas en el Decreto Ley 254 de 2000, modificado por la Ley 1105 de 2006. En este sentido, se sugiere transferir las funciones actualmente 321 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia asignadas a la Dirección Nacional de Estupefacientes a otras Entidades del orden nacional que cuenten con la infraestructura necesaria para asumirlas, y las mismas estén dentro de sus objetos misionales, fundamentalmente al nuevo Ministerio de Justicia y del Derecho. La situación de la DNE determinó la incapacidad de cumplir con las metas planteadas para el sector, cuyas dificultades se describen en los numerales 5.2.3 y 5.2.4 del presente capítulo. 11.2.2. Adecuada normatividad para la celeridad en los procesos de extinción de dominio y la monetización de bienes Mediante la Ley 333 de 1996 fue reglamentada la acción de extinción de dominio sobre los bienes de propiedad de organizaciones criminales, en especial de narcotraficantes, con el objeto de enfrentar el enriquecimiento originado en actividades ilícitas. La entidad facultada para administrar los bienes incautados es la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), y las encargadas de realizar la aprehensión material son la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, las Fuerzas Militares y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Por su parte, la Ley 793 del 27 de diciembre de 2002 deroga la Ley 333 de 1996 y establece las reglas que gobiernan la extinción de dominio. No obstante, uno de los propósitos fundamentales del actual Gobierno a través del Ministerio del Interior y de Justicia es dotar al Estado de herramientas normativas e institucionales que le permitan potencializar sus resultados en la lucha contra las organizaciones criminales, en materia de la eficacia para afectar sus estructuras financieras y desestimular las expectativas atacando los bienes provenientes de las actividades ilícitas a través de mejores reglas en la extinción de dominio. En desarrollo de los propósitos descritos, en la legislatura 2010 – 2011 el Congreso aprobó los proyectos de ley radicados por el Gobierno con el fin de dictar medidas que fortalezcan a los organismos del Estado mediante el establecimiento de reformas al Código Penal, al Código de Procedimiento Penal, al régimen de extinción de dominio, a la administración de bienes extinguidos, entre otros. A continuación se resaltan las normas y proyectos impulsados por el Ministerio del Interior y de Justicia: • Ley 1448 de 2011 “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a la víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”. 322 Reseña en materia de extinción de dominio y destinación de bienes: Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 La Ley crea el Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas como un fondo sin personería jurídica, adscrito a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas. El Fondo tendrá como objetivo principal servir de instrumento financiero para la restitución de tierras de los despojados y el pago de compensaciones. Dentro de los recursos con que contará el Fondo se prevén las propiedades rurales que hayan sido objeto de extinción de dominio y que se encuentren actualmente bajo la administración de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE). Así mismo la Ley determina que la Central de Inversiones S. A. – CISA S. A. podrá entregar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas los bienes que esta requiera para sus sedes. Así mismo la Sociedad de Activos Especiales (SAE) (filial de CISA) y la DNE podrán entregar bienes a la Unidad para el desarrollo de su objeto y cumplimiento de sus funciones al menor valor posible, sin que este exceda del costo de adquisición de esos bienes. - Ley 1453 de 2011 “Por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad”. Reseña en materia de las medidas sobre extinción de dominio dictadas: La extinción del dominio es uno de los mecanismos que ha contribuido en mayor medida a la lucha contra la criminalidad organizada; sin embargo, la regulación de la Ley 793 de 2002 contempla una serie de obstáculos injustificados que han sido aprovechados por las grandes redes criminales para evitar que se materialicen las medidas legales. En este aspecto, el principal problema que ha presentado la extinción de dominio ha sido la dificultad de la notificación que ha paralizado múltiples procesos durante años, situación de la cual se aprovechan los grandes grupos criminales. Para hacer frente a esta problemática, se ha mejorado el sistema de emplazamiento y de notificaciones, respetando las garantías de las personas que pueden ser afectadas por las medidas. Adicionalmente, se han implementado medidas para mejorar la eficiencia del proceso de extinción de dominio, simplificando las audiencias dentro del mismo y mejorando la práctica de pruebas. Por otro lado, se reglamenta la adjudicación de los terrenos baldíos, que están siendo utilizados para la siembra y resiembra de cultivos ilícitos u otras actividades ilegales. 323 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia Así mismo, se reglamentan los deberes de los beneficiarios de terrenos adjudicados por el Estado y se crea un protocolo de las actividades de investigación que adelanten fiscales e investigadores. Por último, se da agilidad en el acceso a la información de las Entidades públicas y privadas que sean objeto de requerimientos por parte de la policía judicial. 11.2.3. 100% del inventario de bienes incautados en manos de entidades del Estado, depurado y liquidado Aspectos generales: Incautación La Dirección Nacional de Estupefacientes administra los bienes que son puestos a su disposición por parte de las autoridades judiciales dentro de los procesos penales que se adelantan por los ilícitos de narcotráfico, enriquecimiento ilícito, testaferrato y delitos conexos, así como aquellos afectados dentro de actuaciones encaminadas a la extinción del derecho de dominio. En términos generales, los siguientes cuadros muestran registros históricos de los bienes que ingresaron al inventario de la DNE, desde al año 1999. Balance de Bienes Bienes que ingresaron al inventario de la DNE a 7 de junio de 2011 Tipo de Bien 324 Hasta 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total 1999 Aeronaves 997 7 11 2 9 3 11 19 5 7 10 6 4 1.091 Embarcaciones 539 37 46 34 35 20 47 57 39 70 53 24 2 1.003 Arte 251 23 7 8 115 6 36 1 3 5 0 0 0 455 Consumible 170 15 0 0 1 2 1 3 0 0 1 1 0 194 Dinero 3054 789 676 460 406 340 209 230 140 105 131 104 2 6.646 Otros 17675 1795 1058 494 216 755 539 303 214 940 119 124 0 24.232 Rural 2737 226 179 127 119 288 597 753 675 683 674 388 7 7.453 Semovientes 302 25 19 7 2 10 6 240 6 8 16 1 0 642 Sociedades 456 95 60 36 136 531 278 174 100 1 3.663 Sustancias 4195 631 734 649 753 1102 1000 795 498 543 91 2.283 Urbanos 7993 1092 1008 379 503 1811 1781 1925 1532 1518 1572 1423 63 22.600 Vehículos 6336 423 46 15.570 692 752 498 277 1181 338 832 325 1399 2377 875 460 621 708 518 Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 Tipo de Bien Total Hasta 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total 1999 44.705 5.427 4.550 2.694 2.718 5.193 5.904 6.980 5.502 4.755 3.956 3.232 216 95.832 Ingreso e Inventario actual de bienes Bienes administrados por la DNE a junio 7 de 2011 Total inventario Bienes descargados del inventario* Bienes administrados Aeronaves 1.091 739 352 Embarcaciones 1.003 254 749 Arte 455 75 380 Consumible 194 38 156 Dinero 6.646 701 5.945 Otros 24.232 4.415 19.817 Rural 7.453 1.865 5.588 642 136 506 Sociedades 3.663 103 3.560 Sustancias 12.283 1.082 11.201 Urbanos 22.600 4.511 18.089 Vehículos 15.570 5.451 10.119 Total 95.832 19.370 76.462 Tipo de bien Semovientes *Incluye bienes repetidos, devueltos, vendidos, destinados definitivamente, comiso definitivo, utilizados, destruidos, consignado a tercero-remate y No vinculado proceso no incautado. Extinción de dominio Bienes con extinción de dominio Bienes Administrados Bienes en Proceso Bienes Extinguidos Aeronaves 352 310 42 Embarcaciones 749 631 118 Arte 380 283 97 Consumible 156 115 41 Dinero 5945 4384 1561 Otros 19817 16856 2.961 Rural 5588 4949 639 Tipo de Bien 325 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia Bienes Administrados Bienes en Proceso Bienes Extinguidos Semovientes 506 423 83 Sociedades y Est. Co. 3560 3069 491 Sustancias 11201 10421 780 Urbanos 18089 13648 4.441 Vehículos 10119 9109 1010 Total 76.462 64.198 12.264 Tipo de Bien *Después de excluir repetidos, devueltos, vendidos, destinados definitivamente, comiso definitivo, utilizados, destruidos, consignado a tercero-remate y No vinculado proceso no incautado. 11.2.4. Venta del 40% de los activos comerciales de la DNE La evaluación de esta meta se hace a partir del análisis del comportamiento del presupuesto de ingresos y gastos de la DNE de las vigencias fiscales 2009 - 2010 con corte a 31 de diciembre de 2010 y la de la vigencia 2011 con corte al 31 de marzo. El referido análisis arroja las siguientes cifras: Cuadro 34 - Ingresos en ($) Año 2009 Descripción Año 2011 Total Recaudado a Apropiado Marzo 31/ 2011 Apropiado Total Recaudado Apropiado Total Recaudado 342.713.624.564 174.344.094.519 344.102.090.445 278.798.030.152 104.766.239.222 17.282.231.871 Ingresos corrientes 1.596.900.000 2.991.841.760 2.650.961.845 2.133.228.820 3.685.991.519 748.165.659 No tributarios 1.596.900.000 2.991.841.780 2.650.961.845 2.133.228.820 3.685.991.519 748.165.659 Ventas de bienes y servicios 1.293.100.000 2.776.371.802 2.390.961.845 1.704.012.360 3.404.323.734 603.114.655 Ingresos de los establecimientos públicos Otros ingresos 326 Año 2010 303.800.000 215.469.958 260.000.000 429.216.460 281.667.785 145.051.004 Recursos de capital 341.116.724.564 171.352.252.758 341.451.128.600 276.664.801.332 101.080.247.703 16.534.066.211 Rendimientos financieros 22.040.600.000 20.262.831.034 23.487.712.500 18.999.218.987 17.854.164.306 613.495.542 Recursos del balance 319.076.124.564 151.089.421.724 317.963.416.100 257.665.582.345 83.226.083.397 15.920.570.670 Venta de activos 204.166.021.000 105.150.880.271 138.960.328.600 59.940.892.212 69.513.550.887 2.208.038.160 Excedentes financieros 38.910.103.564 45.938.541.453 43.681.787.500 43.681.787.500 Otros recursos del balance 76.000.000.000 0 135.321.300.000 154.042.902.633 13.712.532.510 13.712.532.510 Aportes de la nación 2.055.611.791 1.578.586.752 2.163.121.957 1.689.454.144 2.331.716.602 0 Funcionamiento 1.439.561.655 1.273.499.290 1.570.121.957 1.363.363.678 1.801.716.602 616.050.136 305.087.462 593.000.000 326.090.466 530.000.000 344.769.236.355 175.922.681.271 346.265.212.402 280.487.484.296 107.097.955.824 Inversión TOTALES 17.282.231.871 Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 Como se observa en el cuadro anterior, en los últimos años el recaudo del monto programado en el presupuesto de ingresos de la DNE ha venido decayendo, específicamente en el ítem Venta de Activos, principal rubro de los ingresos, que en la actual vigencia representa el 65% del presupuesto de la Entidad y que a marzo 31 de 2011 muestra un nivel de ejecución de sólo el 3%, es decir, $2.208 millones, cuando debería estar según lo programado, por lo menos en el 25% ($17.378 millones). En el año 2009, el presupuesto de ingresos fue de $344.769 millones, de los cuales la venta de activos representó el 60%, es decir, $204.166 millones con una ejecución del 51% equivalente a $105.150 millones. Igualmente en el 2010, el presupuesto se aforó en $346.265 millones, representando la venta de activos el 40% equivalente a $138.960 millones, siendo su recaudo del 43% que representa $59.941 millones. Lo expresado indica que se pasó de vender activos por $105.150 millones en el 2009 a $59.940.8 millones en el 2010 y en la actual vigencia, a pesar de que se programó un monto de $69.513.5 millones, se lleva recaudado solamente $2.208 millones con corte a marzo de 2011. Para el 2011, dados los resultados anteriores, se inició un proceso para seleccionar promotores inmobiliarios con el propósito de que a través de estos se cumpla con las metas programadas en venta de activos, proceso que a 31 de marzo de 2011, se encontraba surtiendo las etapas de selección correspondientes. Aun en la fecha, junio de 2011, el proceso se encuentra en revisión por inconvenientes inherentes al mismo. 327 Capítulo 12 Ofrecer una justicia eficaz y eficiente en el marco de una atención integral 12.1. Leyes y Proyectos que impactan de manera favorable la eficiencia y la eficacia de la justicia 329 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia 12.1.1. Leyes aprobadas que impactan de manera favorable la eficiencia y la eficacia de la justicia • Ley de Desmovilizados (Ley 1424 de 2010) • Eliminación del Incentivo Económico en las Acciones Populares (Ley 1425 de 2010). • Código Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). • Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011). • Ley de Seguridad Ciudadana (Ley 1453 de 2011). • Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011). 12.1.2. Proyectos de Ley o de Acto Legislativo en trámite en el Congreso que impactan de manera favorable la eficiencia y la eficacia de la justicia • Código General del Proceso. • Régimen de Jueces de Paz. • Código Penitenciario y Carcelario. • Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos. • Acto Legislativo de Desmonopolización del Ejercicio de la Acción Penal y Delegación del Fiscal General de la Nación. • Protección a los Derechos de Autor en Internet. 12.1.3. Proyectos de Ley o de Acto Legislativo que se presentarán el 20 de julio de 2011 al Congreso que impactan de manera favorable la eficiencia y la eficacia de la justicia • Reforma Constitucional a la Justicia • Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional • Ley de Arancel Judicial 330 • Estatuto Nacional de Estupefacientes Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 12.2. Coordinación de medidas de descongestión con la Rama Judicial Se llevaron a cabo varias sesiones de trabajo con las Altas Cortes, en las cuales se discutió y concertó la promoción de varias normas de justicia en el Plan Nacional de de Desarrollo 2010 – 2014, con el fin de contribuir a una mejor justicia. Dentro de estas normas se pueden destacar las siguientes: 1. El artículo 200 de la Ley 1450 de 2011 (Plan Nacional de Desarrollo) interpreta el artículo 9 de la Ley 1395 de 2010 sobre descongestión judicial, en el sentido de prorrogar los términos allí establecidos para fallar la primera y la segunda instancia y evitar un colapso en la Administración de Justicia, colapso que había sido denominado por la doctrina como el carrusel de los expedientes. Esta norma fue concertada entre el Ministerio del Interior y de Justicia, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. 2. El artículo 198 de la Ley 1450 de 2011 (Plan Nacional de Desarrollo) anticipa la entrada en vigencia del artículo 157 de la Ley 1437 de 2011 (nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo). Con esta anticipación de la entrada en vigencia, se modifica la actual forma como se determina la cuantía como factor de competencia, la cual debido a lo establecido en la Ley 1395 de 2010, estaba generando excesiva congestión en los Tribunales Administrativos y en el Consejo de Estado. Esta norma fue concertada entre el Ministerio del Interior y de Justicia y el Consejo de Estado. 3. El artículo 197 de la Ley 1450 de 2011 (Plan Nacional de Desarrollo) introduce una norma que obliga al Gobierno Nacional a que, en coordinación y bajo el marco del respeto a la autonomía de la rama judicial, apoye las acciones que permitan aumentar la eficiencia y eficacia de la gestión judicial, garanticen la descongestión de los despachos judiciales y permitan alcanzar una justicia al día para todos los ciudadanos. Con este propósito, el CONPES emitirá las recomendaciones necesarias para garantizar los siguientes aspectos relacionados con la administración de justicia: (i) adecuadar la presencia del territorio nacional a través de los tribunales y juzgados requeridos para atender, en debida forma, la demanda por los servicios de justicia y la necesaria presencia institucional de la Rama Judicial en el territorio; (ii) sufucientes medios tecnológicos, de infraestructura y de personal que garanticen la eficiente tramitación de los procesos, la atención de los usuarios y el acceso a las tecnologías 331 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia de la información y las comunicaciones; (iii)  el plan de descongestión previsto en el artículo 304 de la Ley 1437 de 2011, se aplicará a todas las jurisdicciones; (iv) Implementación de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) desjudicialización y ejercicio de funciones jurisdiccionales para autoridades administrativas; y (v)  Desarrollo de los planes, programas y mecanismos de conciliación, transacción y reconocimiento judicial de derechos por parte de las entidades públicas, para hacer efectivo el derecho a la igualdad y la reducción de la litigiosidad. Esta norma fue concertada entre el Ministerio del Interior y de Justicia, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura. Por otra parte, se trabajó en la implementación de jueces de descongestión y medidas administrativas para el reparto de procesos, de manera tal que, en Bogotá (programa piloto), existirán jueces especializados exclusivamente en procesos ejecutivos. Esta medida fue concertada entre el Ministerio del Interior y de Justicia y la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. 12.3. Defensa jurídica del Estado fortalecida Para el fortalecimiento de la Defensa Jurídica del Estado, además de apoyar técnicamente el diseño y próxima creación de la nueva Agencia de Defensa Judicial del Estado creada mediante Ley 1444 de 2011, este Ministerio desde el mes de agosto de 2010, ha avanzado en la ejecución de programas que contribuyen al fortalecimiento de la defensa de las entidades públicas, así: Coordinación de la Defensa Jurídica en procesos contra el Estado Se coordinó la defensa del 88% de procesos cuya cuantía resultó superior a 2000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (aproximadamente $1.170 millones de pesos) a través del diseño de una metodología para realizar mesas temáticas, concertación de mesas de trabajo en las que se analizaron casos de mayor impacto, expedición de conceptos, lineamientos y recomendaciones de defensa en casos emblemáticos a solicitud de las Entidades interesadas. En las mesas temáticas referidas, se trataron temas relacionados con los procesos de captadoras ilegales, repatriación de bienes arqueológicos, exsecuestrados, interceptaciones ilegales, bonificación especial de Magistrados y Procuradores, reajuste de Índice de Precios al Consumidor en las pensiones de jubilación, entre otras. 332 Así mismo, se activó el Comité Interinstitucional para la Defensa de los Intereses Litigiosos de la Nación, cuyas sesiones se han venido realizando virtualmente. En lo que va corrido del año 2011 se han realizado cuatro (4) sesiones. Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 Fortalecimiento del ejercicio de la acción de repetición En el desarrollo de las funciones asignadas al Ministerio en esta materia, se realizan las siguientes gestiones: • Lineamientos para el estudio de la Acción de Repetición. Se elaboraron lineamientos, de acuerdo con la información remitida en las fichas técnicas estudiadas por los comités de conciliación y la compilación de jurisprudencia sobre la materia en donde se puede observar un bajo porcentaje de demandas de Acciones de Repetición ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Se elaboró un informe en el que se compilaron los datos enviados por 213 Entidades del orden nacional y territorial y se diseñó un procedimiento interno para el seguimiento de condenas en Acciones de Repetición proferidas por las Altas Cortes. De otra parte, se elaboró un informe al Gobierno Nacional sobre el ejercicio de la Acción de Repetición y el Llamamiento en Garantía por las Entidades de la Administración Pública Nacional. En dicho informe, se compilaron los datos suministrados por las Entidades estatales correspondiente al año 2009, resaltando que de un promedio de 206 Entidades que reportaron en el primer y segundo semestre de este periodo, se realizaron estudios sobre la procedencia o no de la Acción de Repetición en 2031 casos de los cuales se incoaron 232 demandas, es decir, que tan solo se adelantó el 11% de demandas por condenas pagadas. De acuerdo con la información reportada por las Entidades que enviaron el Formato Único de Gestión de Comités de Conciliación en el 2010, se estudiaron 2.682 casos, de los cuales se decidió repetir en 1.587 casos y no se decidió no repetir en 1.115 casos. Finalmente, las Entidades iniciaron 130 demandas de acciones de repetición, para un porcentaje de 4.84% sobre las demandas y conciliaciones efectivamente pagadas. En el primer semestre de 2010, 269 Entidades presentaron informe y 88 no lo realizaron; el 54% corresponde a Entidades territoriales y el 46% a las del orden nacional. 333 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia Porcentaje de entidades con reporte primer semestre 2010 46% Entidades del Orden Nacional Entidades del Orden Territorial 54% Las 269 Entidades que hicieron reporte del primer semestre de 2010, realizaron 796 estudios sobre la procedencia de la Acción de Repetición, de acuerdo con la variable “Decisión del Comité” “SI” “NO”. En 128 casos, el Comité de Conciliación decidió repetir y en 668 decidió no repetir. Finalmente, las 269 Entidades incoaron efectivamente 81 demandas de acciones de repetición para un total del 9% sobre los estudios realizados. 9% Acciones estudiadas Acciones incoadas 91% Se diseñó un protocolo para el estudio de la Acción de Repetición, el cual tiene por objeto orientar a las Entidades Públicas del orden nacional, en el estudio y decisión de la Acción de Repetición por parte de los Comités de Conciliación, los representantes legales y abogados defensores, con el fin de fomentar la aplicación y efectividad de las normas que regulan su procedencia, en especial, el artículo 90 de la Constitución Nacional, la Ley 678 de 2001 y el Decreto 1716 de 2009. Programa fortalecimiento Institucional de Gestión de Demandas contra el Estado 334 El objetivo de este programa es fortalecer el desarrollo institucional de la Dirección de Defensa Jurídica del Estado en el cumplimiento de las funciones que Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 le competen en cuanto a la defensa judicial del Estado y al funcionamiento de los Comités de Conciliación y de Defensa Judicial, respecto de litigios que, por su alto impacto presupuestario (de cuantía superior a 2.000 SMLMV), son Procesos de Atención Selectiva (PAS). Actividades financiadas con recursos de donación del Banco Mundial A finales de 2010 se recibieron los productos del Convenio de Donación con el Banco Mundial TF058311 por el cual se financió el programa de Fortalecimiento de la Gestión de Demandas contra el Estado, cuyo objetivo fue fortalecer la capacidad institucional para resolver y promover la resolución de conflictos y disputas y coordinar efectivamente el desarrollo de los procesos, monitoreando y controlando de manera apropiada las reclamaciones de alto impacto. El programa se conformó por cuatro componentes: • Diagnóstico para medir la efectividad de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) para las reclamaciones presentadas ante las diferentes Entidades. Se realizaron tres consultorías para identificar fortalezas y debilidades de los MASC utilizados por las diferentes Entidades estatales beneficiarias de estos mecanismos, en los siguientes temas: Contractual, laboral y extracontractual, los cuales se tuvieron en cuenta para la elaboración del informe anual al Gobierno Nacional sobre la eficacia de la conciliación conforme lo ordenado en el artículo 24 y 254 del Decreto 1716 de 2009, por el cual se reglamentó la conciliación contenciosa como requisito de procedibilidad previsto en el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009. • Fortalecimiento del Sistema de Información Integrado Se adquirieron equipos de cómputo y periféricos para el apoyo de la gestión institucional de demandas y para la operación del Sistema de Información Litigiosa (LITIGOB). Se realizó una consultoría para la identificación de las causas de demandas y condenas contra el Estado, la cual incluyó unas recomendaciones técnicas sobre un sistema de enlace para la coordinación de las medidas de prevención del daño antijurídico. Las causas identificadas se tuvieron en cuenta para la elaboración de las bases de la Política de Prevención del Daño Antijurídico publicada por esta Cartera en diciembre del año 2010. Adicionalmente, se revisaron 300 demandas de procesos de alto impacto de cuantía igual o superior a US$300 mil dólares, por concepto de reclamaciones que impactan los siguientes sectores: hidrocarburos, energéticos y servicios públicos domiciliarios, sector salud y medioambiental. 335 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia • Diseño de Herramientas Administrativas y Modelos de Desarrollo de Capacidades Se desarrolló un programa de capacitación presencial y virtual en conciliación y gestión jurídica pública (modalidad de diplomado) para abogados defensores, cuya cobertura tuvo en cuenta funcionarios del orden nacional y territorial. • Implementación de Herramientas Administrativas y Modelos de Desarrollo de Capacidades En la implementación de este programa de capacitación se tituló como conciliadores a 980 funcionarios. Actividades financiadas con recursos de inversión del MIJ Con los recursos de inversión se desarrollaron las siguientes actividades: a. Diseño de una herramienta e-Learning para la capacitación de usuarios y administradores en el uso funcional del Sistema de Información Litigiosa LITIGOB II. b. Publicación en CD y documentos impresos, las consultorías realizadas por el Banco Mundial en el numeral componente A, así como los trabajos realizados por los funcionarios. Mejora en la competencia de los abogados de la administración pública en la defensa jurídica del Estado Se ha logrado, a través del proceso de capacitación y entrenamiento capacitar a más de 600 abogados y funcionarios asignados a la gestión jurídica pública de Entidades del orden nacional y territorial. Las Entidades capacitadas a la fecha son: Comisión de Regulación de Salud, Ministerios, Fondo Nacional del Ahorro, Fondo Rotatorio de la Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación. Se formuló un plan de capacitación, el cual busca atender esencialmente los siguientes retos: 1. Incrementar los conocimientos de los abogados del Estado en las temáticas relacionadas con la defensa jurídica. 2. Vincular a todos los funcionarios que ejercen funciones en las áreas jurídicas de las Entidades y organismos públicos en procesos de aprendizaje continuo para el mejoramiento de la función de defensa jurídica del Estado. 336 3. Atender las necesidades concretas de capacitación de las áreas jurídicas de las Entidades públicas del orden nacional y territorial. Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 4. Orientar la gestión de capacitación bajo el enfoque de aprendizaje en equipo interinstitucional e intersectorial. Los temas establecidos para desarrollar en los procesos de capacitación son: MASC Laboral, MASC contractual, MASC extracontractual, Acción de Repetición, Sistema General de Partición, Prevención del Daño Antijurídico, Guía para el estudio de la Conciliación Extrajudicial y Funcionamiento de los Comités de Conciliación. Se definieron las Entidades objeto de la capacitación: a 30 de mayo de 2011 la actividad se encuentra cumplida al 100%. En dicha programación se incluyeron las siguientes ciudades: Medellín, Barranquilla, Cartagena, Cali, Villavicencio, Pereira, Manizales, Armenia, Riohacha, Neiva, Florencia, Popayán y Quibdó. En cada ciudad se convoca a las Entidades que se encuentran presentes, tanto del orden nacional como territorial. En Bogotá, la capacitación se organizó por grupos institucionales, así: Ministerios, Institutos Públicos, Superintendencias, Organismos Autónomos y otras Entidades descentralizadas. Los eventos de capacitación realizados por el Ministerio del Interior y de Justicia en desarrollo del plan de capacitación son: Ciudad Fecha de la Capacitación Funcionarios Capacitados Sogamoso - Villa de Leyva 14-01-11 40 Funcionamiento Comités de Conciliación Comisión de Bogotá Regulación de Salud 27-01-11 25 Prevención Daño antijurídico Fondo Rotatorio de la Policía Nacional 04-02-11 25 Funcionamiento de Comités de Conciliación Entidad Alcaldía Municipal de Sogamoso Bogotá Entidades varias del Bogotá orden nacional 07-02-11 90 Entidades varias del Bogotá orden nacional 08-02-11 20 Entidades varias del Bogotá orden nacional Alcaldía Municipal de Barrancabermeja, Gobernación de Santander y entidades adscritas Bucaramanga Barrancabermeja 09-02-11 21-02-11 Tema Capacitado Prevención Daño antijurídico; MASC en materia laboral; Guía para el estudio de la conciliación extrajudicial, Lineamientos de defensa del sistema general de participación Prevención Daño Antijurídico - MASC Laboral 52 Guía para el estudio de la conciliación extrajudicial - Sistema General de Participación 120 SGP, prevención daño antijurídico, acción de repetición, guía estudio conci.Extrajudicial 337 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia Entidad Ciudad Fecha de la Capacitación Funcionarios Capacitados Fondo Nacional del Ahorro Bogotá 14-04-11 25 Dapre Bogotá 03-05-11 6 Gobernación del Cesar y entidades adscritas Cesar 26-05-11 160 Gobernación de Amazonas y entidades adscritas Leticia 03-06-11 25 Alcaldía Mayor de Cartagena CARTAGENA 10-06-11 50 Fiscalía General de la Nacion BOGOTÁ 13-06-11 7 Total Capacitados Tema Capacitado Diversos temas Prevención del daño antijurídico Prevención del Daño Antijurídico y Acción de Repetición Funcionamiento Comités de Conciliación, Conciliación Administrativa Prevención del Daño Antijurídico, Acción de Repetición y Conciliación Contenciosa Conciliación Contenciosa y Guía para el estudio de la solicitud de conciliación   645 De acuerdo con el indicador fijado para el 2011 de 800 funcionarios capacitados, se ha logrado un cumplimiento del 78%. Consolidado indicadores DDJE Operación del Sistema de información LITIGOB Ejercicio de la acción de repetición Asesoría a los comités de conciliación Lineamientos de Defensa Jurídica Capacitación de abogados Entidad pública de Defensa Jurídica en... 0% 338 20% 40% 60% 80% 100% Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 12.4. Fortalecer los mecanismos alternativos de acceso a la justicia Frente a esta estrategia de Gobierno, se ha venido trabajando en el fortalecimiento de varios de los Programas que tiene a cargo el Ministerio del Interior y de Justicia y que contribuyen a garantizar un mayor acceso a la Justicia. En tal sentido, los Programas Nacionales de Conciliación Extrajudicial en Derecho, de Conciliación en Equidad, de Arbitraje han mostrado importantes avances, aunado a los Programas relacionados con la construcción, puesta en funcionamiento y operación de los Centros de Convivencia Ciudadana y Casas de Justicia, que en torno a ellos recogen la diversa institucionalidad y prestan servicios de justicia. 12.4.1. Programa Nacional de Conciliación Extrajudicial en Derecho El Programa Nacional de Conciliación Extrajudicial en Derecho desarrolla los siguientes componentes: 339 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia 12.4.1.1. Autorización de Creación de Centros de Conciliación A partir de 20 solicitudes de creación de Centros de Conciliación y/o Arbitraje presentadas ante el Ministerio del Interior y de Justicia por Entidades Públicas, entidades sin ánimo de lucro y consultorios jurídicos de diferentes universidades, en el período comprendido entre el 7 de agosto de 2010 y 30 de junio de 2011 se han expedido 10 actos administrativos (resoluciones) autorizando el funcionamiento de nuevos Centros de Conciliación y/o Arbitraje. El cuadro que a continuación se presenta detalla esta información: 340 Número Resolución Fecha Resolución Identificación Municipio Centro de Conciliación de la Alcaldía Municipal de Girardot 3613 03/08/2010 3372 Girardot Centro de Conciliación Consilium 3706 06/08/2010 1373 Bogotá Centro de Conciliación de la Fundación Redención Social “Red Transforma Colombia” 6265 21/12/2010 1374 Bogotá Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad Simón Bolívar Extensión Cúcuta 6267 21/12/2010 2376 Cúcuta Centro de Conciliación Privado de la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainum 6266 21/12/2010 1375 Montería Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Neiva con Sede en Pitalito 6268 21/12/2010 1377 Pitalito Centro de Conciliación y Arbitraje Conciliar con Sede en Tuluá 6320 27/12/2010 1378 Tuluá 6372 31/12/2010 1380 Cali 6371 31/12/2010 2379 Popayán 1.083 24/05/2011 2.382 Piedecuesta Centro de Conciliación y Arbitraje de la Corporación Centros de Formación Guías, con Sede en Cali Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga en el Municipio de Piedecuesta Santander Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 Hoy, en Colombia, existen 345 Centros de Conciliación autorizados para funcionar por el Ministerio del Interior y de Justicia, y contamos con más de 15.700 personas capacitadas en Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos a través de las 98 Entidades avaladas para impartir programas de formación en conciliación. En los Centros de Conciliación durante el período que abarca este informe, se ha atendido un número cercano a 76.413 solicitudes de conciliación, número que no solo ha permitido la descongestión de los despachos judiciales y la aproximación de la justicia al ciudadano a través de una herramienta alternativa, ágil, sencilla y con bajos costos de transacción, sino que también ha permitido que los ciudadanos asuman la posibilidad de gestionar por ellos mismos la solución de las dificultades que puedan enfrentar como actores sociales, propósito fundamental de este mecanismo de heterocomposición de controversias. En el cuadro que sigue se puede observar el número de casos y el tipo de resultado obtenido: Tipo de Resultado Número de casos Acta de Conciliación 37.365 Constancia 39.048 Total 76.413 La gráfica siguiente muestra un análisis del tipo de conflicto por resultado y especialidad: Civil y comercial; 64089; 73,% Administrativo; 30; 0,% Penal; 815; 1,% Laboral; 144; 0,% Especiales; 1823; 2,% Penal Laboral Familia Materia Administrativo Civil y Comercial Especiales Civil y comercial Administrativo Total Porcentaje 30 0% 64.089 73 % 341 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia Materia Total Porcentaje Especiales 1.823 2% Familia 21.340 24 % Laboral 144 0% Penal 815 1% Total 88.241 100 % 12.4.1.2. Aval a Entidades para impartir formación en Conciliación Extrajudicial en Derecho De acuerdo con lo establecido en el Decreto 3756 de 2007, para impartir programas académicos de formación de conciliadores es requisito contar con el aval respectivo del Ministerio del Interior y de Justicia. En el período comprendido entre el 7 de agosto de 2010 y el 20 de junio de 2011 se tramitaron 29 solicitudes de aval y se han expedido 10 actos administrativos (Resoluciones) que autoriza programas académicos de formación, de acuerdo con el cuadro que a continuación se presenta: Código Entidad Nombre Entidad Departamento Municipio 1094 Municipio de Yopal Casanare Yopal 1096 Procuraduría General de la Nación Cundinamarca Bogotá 1098 Personería de Bogotá - Distrito Capital Cundinamarca Bogotá 2095 Caja de Compensación Familiar de FENALCOANDI COMFENALCO Cartagena Bolívar Cartagena 2097 Fundación Arco Arauca Arauca 2099 Cámara de Comercio de Florencia Caquetá Florencia De conformidad con lo establecido en el Decreto 3993 de 2010, los abogados conciliadores interesados en asumir trámite de insolvencia económica para la persona natural no comerciante deben cursar y aprobar un programa de formación especializado impartido por Entidades avaladas por esta Cartera. La siguiente es la relación de las Entidades avaladas para capacitar conciliadores en Ley 1380 de 2010 (insolvencia de personas naturales no comerciantes): Código Entidad 342 Nombre Entidad Departamento Municipio 2001 Cámara de Comercio de Bogotá Cundinamarca Bogotá 2002 Cámara de Comercio de Barranquilla Atlántico Barranquilla Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 Código Entidad Nombre Entidad Departamento Municipio 2009 Cámara de Comercio de Cartagena Bolívar Cartagena 2012 Cámara de Comercio de Santa Marta Magdalena Santa Marta 2019 Cámara de Comercio de Dosquebradas Risaralda Dosquebradas 2045 Universidad Santiago de Cali Valle Cali 2075 Cámara Colombiana de la Conciliación Cundinamarca Bogotá 12.4.1.3. Funciones de Inspección, Vigilancia y Control. Una vez conferida la autorización para la creación de Centros de Conciliación y/o Arbitraje y el aval para impartir cursos de formación extrajudicial en derecho, el Ministerio del Interior y de Justicia tiene bajo su responsabilidad ejercer funciones de inspección, vigilancia y control, para verificar el cabal cumplimiento de las obligaciones de carácter normativo a cargo de los vigilados y de acompañar a estos en un proceso permanente de mejoramiento. El siguiente cuadro detallan el resultado de las visitas de inspección efectuadas a Centros de Conciliación en el último año: Código Centro Nombre Centro Acta con Respuesta Solicitud de Apertura de Requerimientos Oportuna Revocatoria Investigación 1001 Centro de Arbitraje y Conciliación de la Corporación Colegio Nacional de Abogados (Conalbos), Seccional Bogotá SÍ SÍ     2007 Centro de Conciliación Jaime Pardo Leal. Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia SÍ SÍ     1020 Centro Nacional de Conciliación y Arbitramento del Transporte con Sede en Bogotá. SÍ SÍ     2021 Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada SÍ SÍ     343 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia Código Centro 344 Nombre Centro Acta con Respuesta Solicitud de Apertura de Requerimientos Oportuna Revocatoria Investigación 1037 Centro de Conciliación Simón BolívarFederación de usuarios de plazas de mercado “Fedeuplazas” SÍ SÍ     2038 Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico. Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás SÍ SÍ     2040 Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico. Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia SÍ SÍ     1042 Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable ComposiciónConfederación Colombiana de Consumidores SÍ SÍ SÍ   2046 Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico. Facultad de Derecho de la Universidad la Gran Colombia SÍ SÍ     1073 Centro de Conciliación de la Corporación Iglesia Evangélica Menonita de Colombia - Justapaz SÍ NO   SÍ 1076 Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cooperativa Multiactiva de Oficiales de la FAC NO NO   SÍ 1079 Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición. Clubes de Leones del Distrito f-3 de Colombia SÍ SÍ     1083 Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición. Cámara de Comercio de Bogotá SÍ SÍ     Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 Código Centro Nombre Centro 2103 Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico. Facultad de Derecho de la Universidad Antonio Nariño SÍ SÍ     1111 Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición. Corporación Universitaria Republicana SÍ SÍ     1113 Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición. Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Bogotá y Cundinamarca SÍ SÍ     2117 Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico. Facultad de Derecho Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano SÍ SÍ     SÍ SÍ     1132 Centro de Conciliación. Fundación para el Progreso del Transporte Funprot SÍ SÍ     1144 Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición. Asociación de empresas de gas licuado del petróleo ASEMGAS SÍ SÍ     1147 Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición. Fundación Resolver SÍ SÍ     1156 Centro de Conciliación y Arbitraje de la Corporación Educativa Minuto de Dios Cemid SÍ SÍ     1120 Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición. Acta con Respuesta Solicitud de Apertura de Requerimientos Oportuna Revocatoria Investigación Fundación Pluma 345 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia Código Centro 346 Nombre Centro Acta con Respuesta Solicitud de Apertura de Requerimientos Oportuna Revocatoria Investigación 1157 Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición. Universidad la Gran Colombia de Bogotá SÍ SÍ     1165 Centro de Conciliación de los Profesionales SÍ NO   SÍ 1172 Centro de Conciliación y Arbitraje “Constructores de Paz” SÍ SÍ     1173 Centro de Conciliación de la Asociación de Abogados. Universidad Nacional ASDAUN SI NO     3186 Centro de Conciliación. Personería Distrital de Bogotá SÍ SÍ     1195 Centro de Conciliación y Arbitraje Monte Gerizim. Misión Iglesia Cristiana Monte Gerizim SÍ SÍ     1196 Centro de Conciliación y Arbitraje Mano Amiga. Fundación Orden, Justicia y Paz ONG SÍ SÍ     1200 Centro de Conciliación y Arbitraje Conciliemos. Cooperativa de Trabajo Asociado Servicios Técnicos y Profesionales, C.T.A., Setep NO NO   SÍ 1209 Centro de Conciliación de la Fundación para el Fomento. Conciliación en Colombia -Funfocol SÍ SÍ     2215 Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico. Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Republicana SÍ SÍ     3222 Centro de Conciliación de la Policía Nacional SÍ SÍ     1232 Centro de Conciliación, Arbitraje, Amigable Composición y Asesorías Integrales CORINTER SÍ SÍ     Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 Código Centro Nombre Centro Acta con Respuesta Solicitud de Apertura de Requerimientos Oportuna Revocatoria Investigación 1236 Centro de Conciliación Conasisjurídica de la Corporación para el Desarrollo. Fundación Unilatina Corunilatina SÍ SÍ     3248 Centro de Conciliación Procuraduría General de la Nación SÍ SÍ     1254 Centro de Conciliación y Arbitraje Touring y Automóvil Club de Colombia SÍ SÍ     1256 Centro de Conciliación y Arbitraje. Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá SÍ SÍ     1272 Centro de Conciliación y arbitraje. Fundación CONVIVAMOS. SÍ SÍ     1297 Centro de Conciliación. Asociación Equidad Jurídica SÍ SÍ     1332 Centro de Conciliación y Arbitraje VERSAR SÍ SÍ SÍ   1343 Centro de Conciliación y Arbitraje. Universidad Santo Tomás de Bogotá SÍ SÍ     1345 Centro de Conciliación “ASEFUAC”. Asociación Nacional de Egresados. Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Colombia SÍ SÍ     1348 Centro Nacional de Conciliación y Arbitraje. Corporación CORPOAMÉRICAS Capítulo Bogotá SÍ SÍ     1353 Centro de Conciliación. Fundación para la población sorda y vulnerable de Colombia y el mundo FUSCOM Señales de Paz SÍ SÍ     1355 Centro de Conciliación ASOJUSTI SÍ SÍ     347 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia Código Centro Nombre Centro Acta con Respuesta Solicitud de Apertura de Requerimientos Oportuna Revocatoria Investigación 1363 Centro Nacional de Conciliación y Arbitraje pro Justicia, con sede en Bogotá SÍ SÍ     1368 Centro de Conciliación y Arbitraje “AEQUITAS ET IUSTITIA”, con sede en Bogotá D. C,. de la Corporación Universitaria de Colombia Ideas SÍ SÍ     EA1020 Universidad Nacional de Colombia SÍ SÍ     EA2005 Universidad Católica de Colombia SÍ SÍ     EA2037 Universidad Militar Nueva Granada SÍ SÍ     EA2061 Universidad Antonio Nariño SÍ SÍ     Corporación Universitaria de EA2092 Colombia IDEAS de Bogotá SÍ SÍ     De igual manera, el Ministerio del Interior y de Justicia ha revocado la autorización a 8 Centros de Conciliación, en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control, ya sea como consecuencia de las visitas efectuadas o de requerimientos realizados ante el incumplimiento de las obligaciones legales y reglamentarias a su cargo. Centros Revocados 348 Código Centro Nombre Centro Departamento Municipio 3327 Centro de Conciliación de la Superintendencia de Puertos y Transporte Bogotá D. C. Bogotá 1208 Centro de Conciliación y Arbitraje Arca de la Alianza de la Iglesia Comunidad Manos de Dios Bogotá D. C. Bogotá 1136 Centro de Conciliación y Arbitraje Conciliemos Gente Buena Bogotá D. C. Bogotá Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 Código Centro Nombre Centro Departamento Municipio 1042 Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Confederación Colombiana de Consumidores Bogotá D. C. Bogotá 1323 Centro de Conciliación de la Fundación Invertej para la Conciliación, Neiva, Huila. Huila Neiva 1322 Centro de Conciliación de la Fundación para la Conciliación Invertej Armenia Quindío Armenia 1308 Centro de Conciliación de la Fundación para la Conciliación Invertej con sede en Pereira Risaralda Pereira 1197 Centro de Conciliación de la Fundación para la Conciliación Invertej con sede en Ibagué Tolima Ibagué 12.4.1.4. Expedición de una Norma Técnica de Calidad para Centros de Conciliación y/o Arbitraje El Ministerio del Interior y de Justicia ha encauzado su gestión de frente a grandes retos e innovaciones, asegurando no sólo que los ciudadanos conozcan y accedan a los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, sino garantizando también que la prestación del servicio por cuenta de los Centros de Conciliación y/o Arbitraje responda a criterios mínimos de calidad. Para garantizar esto último, desde el mes de diciembre de 2010 se ha venido trabajando con el ICONTEC, en el proceso de construcción de una Norma Técnica de Calidad para Centros de Conciliación y/o Arbitraje. Este proyecto novedoso y vanguardista, (será el primer instrumento a nivel mundial en la materia), nace de la necesidad planteada por el Ministerio del Interior y de Justicia al Banco Mundial y al Departamento Nacional de Planeación, de establecer criterios que permitan una mayor claridad y definición frente a la misión de los Centros de Conciliación y/o Arbitraje en el desarrollo de las responsabilidades a su cargo, en una construcción compartida que implique distintos enfoques y saberes. Gracias a la correcta exposición del problema planteado, se logró el apalancamiento financiero de la propuesta, con un crédito otorgado por el Banco Mundial para cubrir todo el proceso de implementación de la Norma Técnica de Calidad, el cual inicia con la elaboración de la Norma Técnica respectiva, un posterior proceso de evaluación y capacitación, hasta su culminación, cuando se logre la acreditación y certificación de calidad de los Centros de Conciliación y/o Arbitraje. 349 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia Con la creación e implementación de una Norma Técnica de Calidad especialmente construida para los Centros de Conciliación y/o Arbitraje, se pretende fortalecer el liderazgo del equipo de los Centros de Conciliación llamado a prestar su concurso para el buen éxito de la labor encomendada, a través del desarrollo de esquemas de gestión participativos basados en procesos dirigidos a optimizar los resultados misionales y de apoyo de la organización de los Centros. Es de interés de esta Cartera que los Centros de Conciliación y/o Arbitraje asuman el enfoque propio de los sistemas de gestión bajo parámetros de mejora continua, de suerte que puedan asegurar que las decisiones se adopten a partir de los hechos y la evidencia, disminuyendo el desgaste propio de los ejercicios de ensayo-error y propendiendo a la consecución de una relación mutuamente beneficiosa entre el Centro, los conciliadores y los árbitros. En efecto, con el logro de este propósito, será una realidad el espíritu de las disposiciones normativas en la materia, las cuales dan cuenta de la interacción que debe existir entre los Centros, como instancias de organización y dirección, y los particulares que fungen como operadores jurídicos a partir de los postulados constitucionales y legales. La adopción de la Norma Técnica de Calidad va a asegurar una ajustada estructuración de los Centros de Conciliación y/o Arbitraje y una mejora importante en el servicio que hoy prestan, lo que redundará muy seguramente en una mayor confianza del ciudadano hacia la institucionalidad, particularmente hacia las figuras de la conciliación y el arbitraje, contribuyendo sustancialmente al fortalecimiento de la Justicia Alternativa con criterios de excelencia y confiabilidad. A la fecha, el Ministerio del Interior y de Justicia cuenta con un primer borrador de propuesta de Norma Técnica, el cual viene siendo socializado con los Centros de Conciliación y/o Arbitraje, los árbitros, los conciliadores, la academia y los miembros de comités de normalización. Dicha socialización se ha adelantando mediante encuentros regionales en las ciudades de Bogotá D. C., Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Se espera que la Norma Técnica de Calidad sea adoptada en el mes de diciembre del año 2011. 350 12.4.1.5. Encuesta Nacional de Acceso a la Justicia a través de la Conciliación Extrajudicial en Derecho y el Arbitraje Durante los años 2011 y 2012, el Ministerio del Interior y de Justicia aplicará en 14 ciudades del país una gran Encuesta Nacional de Acceso a Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC), con la que se pretende medir la percepción de la comunidad frente a la conciliación extrajudicial en derecho y el arbitraje, así como Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 las barreras de acceso y el impacto que estas figuras han significado en la dinámica social y en la Administración de Justicia. Los resultados de este ejercicio permitirán la definición de intervenciones idóneas y oportunas para aumentar la demanda de los servicios de los Centros de Conciliación y/o Arbitraje, y la evaluación de las acciones que hasta el momento se han adelantado para la construcción de la confianza, el respeto, el conocimiento y la legitimación de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC). Para tal propósito, se suscribió contrato con la Cámara de Comercio de Bogotá, Entidad que se encuentra revisando los instrumentos de levantamiento de información que serán aplicados, teniendo como referente el material construido en 2008 por Fedesarrollo para identificar Necesidades Jurídicas Insatisfechas. 12.4.1.6. Divulgación de la Conciliación Extrajudicial en Derecho La promoción de los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) es motor fundamental para dar a conocer entre la ciudadanía la existencia de este tipo de figuras de Justicia Alternativa, así como las bondades que su uso trae para la resolución de conflictos entre los asociados. Bajo esta premisa, el Ministerio del Interior y de Justicia diseñó una campaña de promoción de la figura de la Conciliación Extrajudicial en Derecho, la cual viene siendo divulgada en diferentes medios radiales del país. 12.4.1.7. Jornadas de Atención en Justicia dirigidas a familias beneficiarias de la Estrategia Unidos El Gobierno Nacional creó la Estrategia Unidos para contribuir a que 1.500.000 familias en condiciones de pobreza extrema (incluidas todas las familias en situación de desplazamiento) mejoren sus condiciones de vida y logren superar su situación. La estrategia Unidos es integral, y pretende que las familias vinculadas cumplan 45 logros básicos que forman parte de 9 dimensiones fundamentales, siendo una de ellas el Acceso a la Justicia, que se encamina a que todas las familias beneficiarias tengan acceso a los servicios de solución de necesidades jurídicas insatisfechas, incluidos los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC). Durante el primer semestre de 2011, el Ministerio del Interior y de Justicia llevó a cabo sesiones de sensibilización acerca de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos con los cogestores de la Estrategia Unidos de distintos municipios (Bucaramanga, Bogotá, Apartadó, Neiva, Pereira, Armenia, Villavicencio, Barranquilla, Cali, Medellín), con el objeto de que estos puedan ofrecer una orientación adecuada 351 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia y efectiva a las familias en condiciones de pobreza extrema, para que estas logren un mejor y mayor acceso a los operadores de justicia. De igual manera, se han desarrollado, en distintos municipios, jornadas gratuitas de Conciliación Extrajudicial en Derecho, asesoría jurídica y actividades lúdicas pedagógicas sobre los derechos y deberes que tienen los ciudadanos. Estas jornadas, de duración de un día (8 horas) en cada municipio, han beneficiando a más de 1.000 familias en condiciones de pobreza extrema, así: Municipio Familias Beneficiarias Pereira 100 Barranquilla 200 Neiva 100 Urabá 82 Armenia 100 Medellín 200 Villavicencio 100 Bucaramanga 100 Bogotá 100 Total 1.082 En los próximos meses se adelantarán jornadas similares en Barrancabermeja, Cartagena y Bogotá, en las que se espera atender a 638 familias beneficiarias de la Estrategia Unidos para la erradicación de la pobreza extrema. Por otra parte, se han diseñado, elaborado y difundido 1.082 Guías de Acceso a la Justicia, a través de las cuales se presentan los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC), al igual que otros medios de acceso a la justicia, así como las rutas para su utilización, en un formato sencillo, práctico y didáctico al alcance de cualquier ciudadano. Las guías desarrollan los siguientes aspectos: • Visiones sobre la justicia • Necesidades de justicia • Acceso a la justicia 352 • Cómo defender los derechos fundamentales Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 • Ventajas de la conciliación • Temas que se pueden tratar en conciliación • Trámite conciliatorio y efectos • La justicia en equidad • Herramientas para la convivencia Las herramientas incluyen esquemas de actuación del ciudadano para acceder a la administración o a la justicia, a través de figuras tales como el derecho de petición y las acciones de tutela. 12.4.1.8. Salas Virtuales de Justicia Durante el año 2011, el Ministerio del Interior y de Justicia abrirá las puertas a la conciliación virtual en Colombia, a través de un novedoso Proyecto que busca definir el procedimiento conciliatorio para emplear cuando el trámite se lleva a cabo con la ayuda de herramientas tecnológicas que logran la superación de las barreras geoespaciales, proyecto que estará concluido en diciembre de 2011. No solo se definirán aspectos de trascendencia jurídica que ameritan un tratamiento distinto cuando se emplea la virtualidad en el desarrollo de las audiencias de conciliación, sino que se determinará un nuevo esquema de abordaje del conflicto y manejo de las partes. El Ministerio del Interior y de Justicia, siguiendo la política de calidad que se ha propuesto, buscará definir los criterios tecnológicos mínimos que deben satisfacer los Centros de Conciliación y/o Arbitraje interesados en adelantar trámites conciliatorios de forma virtual. El Proyecto parte de la implementación de Salas Virtuales en espacios vinculados a la Alcaldía Municipal (Casa de Justicia, Centro de Convivencia u otros) en los que será atendida la población a través de estudiantes, profesores y asesores de Consultorios Jurídicos y Centros de Conciliación de Universidades que operan en otras ciudades del país y en las que de igual forma se desarrollará el modelo que se determine necesario para la debida prestación de sus servicios en el marco de la docencia y la responsabilidad social. Los municipios seleccionados para el desarrollo del Proyecto (Leticia, Arauquita, Tibú, Sogamoso y La Dorada) se caracterizan de manera especial por presentar condiciones de marginalidad y de vulnerabilidad en su población, así como por una tipología particular del conflicto que da cuenta de la necesidad de efectuar 353 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia intervenciones directas y especializadas para generar transformaciones culturales dirigidas a la generación de condiciones óptimas para la convivencia pacífica y la autogestión de las diferencias que surgen como resultado de la interacción social. El Ministerio del Interior y de Justicia diseñará, desarrollará e implementará un esquema de acceso a la justicia a través de Salas Virtuales de Justicia, mediante las cuales y de la mano de la tecnología de punta que así lo permita se logrará ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de acceder virtualmente a la conciliación extrajudicial en derecho como Mecanismo Alternativo de Solución de Conflictos (MASC), al igual que la asesoría jurídica especializada. Así, abogados con amplia experiencia e idoneidad de las mejores Universidades del país podrán atender de forma directa y bajo altos estándares de calidad a ciudadanos ubicados en municipios en los que no es factible la prestación de servicios jurídicos y mucho menos de forma gratuita. El Ministerio del Interior y de Justicia desde el mes de mayo de 2011 se encuentra ejecutando las distintas fases de este Proyecto que cubre los siguientes aspectos: • Elaboración de la situación actual de la conciliación virtual en distintos países del mundo para destacar las buenas prácticas que pueden ser tenidas en cuenta para la implementación de la figura en Colombia. El diagnóstico debe a su vez efectuar un análisis de la normatividad colombiana y extranjera que ampare la figura y los estudios efectuados por organismos internacionales y la academia en general, sobre el particular. • Estudio jurídico y administrativo que concluya en la construcción de 354 un protocolo de atención de audiencias de conciliación a través de la telepresencia, resolviendo posibles escollos a los que pueden enfrentarse tanto las partes como el conciliador, dentro de los cuales se pueden encontrar la recepción y reparto de solicitudes de conciliación, la asignación de turnos o la distribución de trabajo entre los Centros de Conciliación que desde distintas ciudades ofrecerán servicios de Justicia al municipio beneficiario del Proyecto, la coordinación entre el municipio y el Centro de Conciliación para las citaciones de las partes, la radicación de excusas por parte de la parte que no asistió a la audiencia de conciliación, la presentación de documentos con miras a integrar el acervo probatorio en una eventual actuación judicial, la suscripción tanto por las partes como por el conciliador del acta de conciliación, el registro del acta y la entrega de primeras copias de estas entre otros aspectos. El estudio debe a su vez determinar la relación demanda y oferta de servicios, de manera que se pueda definir la relación de Consultorios Jurídicos y estudiantes vinculados al Proyecto por número de solicitudes de atención. Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 • Definición y caracterización de procesos y perfiles de quienes forman parte de la atención de la población, desde el momento en que se recepciona la solicitud de servicio hasta que la atención concluya. • Estudio de manejo del conflicto y control de la audiencia de conciliación, y construcción de guías sobre el particular tanto físicas como magnéticas empleando herramientas de e-learning, de manera que el conciliador llamado a atender casos virtuales cuente con nuevas herramientas que desde la psicología y las técnicas de comunicación y negociación le permitan encauzar a las partes a la formulación y análisis de propuestas de solución del conflicto y reconstrucción de la relación personal conculcada por las diferencias surgidas entre ellas. • Capacitación a los partícipes del proceso de atención a población a través de Salas Virtuales de Justicia, tanto en el municipio como en las universidades. El proyecto piloto que se implementará en 2012 buscará a su vez lograr que el servicio de los Centros de Conciliación llegue, a través de convenios con Centros de Conciliación de Consultorios Jurídicos prioritariamente a municipios en los que no existe esta oferta. El Ministerio del Interior y de Justicia se encargará de implementar toda la infraestructura requerida para la prestación de la conciliación virtual tanto en los municipios que se seleccionen como en las universidades que presten su concurso para la atención de población de escasos recursos en esas regiones. 12.4.2. Programa Nacional de Arbitraje El Ministerio del Interior y de Justicia ha podido determinar que una de las razones por las cuales la figura del arbitraje no es de amplia utilización tiene que ver con el hecho de que los abogados desconocen las técnicas y el procedimiento que se adelanta ante Tribunales Arbitrales, o no tienen confianza en el procedimiento arbitral, o suponen que es una justicia elitista, o que los costos son más elevados de los que realmente tiene este mecanismo, lo que ha planteado la necesidad de una formación concreta en este tema que no es de común desarrollo en el pénsum académico de las Universidades. Con un manejo técnico de la figura por parte de los abogados empresariales, se garantizará una mayor suscripción de cláusulas compromisorias y compromisos (pactos arbitrales), lo que potencializa las condiciones de competitividad al aminorar el término requerido para dar cumplimiento judicial a los contratos, e impacta a su vez de forma positiva en la descongestión de despachos judiciales y en el cumplimiento efectivo de la misión de los Centros de Arbitraje. 355 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia En este sentido se ha diseñado un Programa de Formación en Litigio Arbitral, el cual abarcará temas relacionados con arbitraje nacional e internacional. Se pretende implementar y desarrollar durante el resto del año 2011. Las fases de este Programa, que se adelantará en el segundo semestre de 2011, cubren los siguientes aspectos y resultados: • Definición de los ejes temáticos del Programa de Formación en Litigio Arbitral y validación con grupos de expertos. • Desarrollo de los módulos conceptuales y contenidos del Programa de Formación en Litigio Arbitral, y construcción de textos académicos sobre cada uno de ellos, en forma virtual. • Compilación en forma virtual de la jurisprudencia, doctrina y bibliografía que sirva de apoyo a los ejes temáticos desarrollados (desde 1991 hasta el 2011). • Construcción de contenidos de cada eje temático en modalidad e-learning, integrando imagen y sonido. • Realización del Diplomado en Modalidad Semipresencial empleando herramientas de e-learning, en Medellín, Barranquilla, Cali, Bogotá, Ibagué, Pereira y Bucaramanga, dirigido a 168 abogados empresariales. 356 12.4.2.1. Proyecto de Ley por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional El Presidente de la República, mediante Decretos 3992 y 4146 de 2010, conformó la Comisión de Expertos Redactora del Proyecto de Ley sobre Arbitraje Nacional e Internacional, con el fin de apoyar al Gobierno Nacional en la elaboración de un Proyecto de Ley en el cual se regulará todo lo relativo al Arbitraje Nacional e Internacional. Esta comisión se integró por eminentes juristas, tratadistas, catedráticos y abogados en ejercicio. Fue presidida por el doctor Fernando Hinestrosa Forero y fue dividida en dos subcomisiones. Una comisión para el arbitraje nacional, integrada por los doctores Juan Carlos Esguerra Portocarrero (quien la presidió), Ramiro Bejarano Guzmán, Hernán Fabio López Blanco, Ricardo Vélez Ochoa, Hernando Herrera Mercado, Néstor Humberto Martínez Neira, Alberto Preciado Arbeláez, María Cristina Morales de Barrios y Carlos Mayorca Escobar (secretario técnico) y otra comisión para el arbitraje internacional, integrada por los doctores Rafael Bernal Gutiérrez (quien la presidió), Carlos Urrutia Valenzuela, Martín Carrizosa Calle, Nicolás Gamboa Morales, Eduardo Zuleta Jaramillo, Juan Pablo Cárdenas Mejía, Adriana Zapata de Arbeláez y Carolina Silva Rodríguez (secretario técnico). Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 Adicionalmente, formarón parte de la Comisión, por derecho propio, el señor Ministro del Interior y de Justicia, Dr. Germán Vargas Lleras; el señor Viceministro de Justicia y del Derecho, Dr. Pablo Felipe Robledo del Castillo; la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República, Dra. Cristina Pardo Schlesinger; y un delegado del Procurador General de la Nación, Dr. Roberto Serrato Valdez. Así las cosas, la iniciativa legislativa, que se presentará el 20 de julio de 2011 al Congreso de la República se encuentra basada en el trabajo realizado por esta Comisión, trabajo que fue debidamente socializado. En el entorno actual, uno de los factores que tiene mayor relevancia para determinar la competitividad de un país es la eficiencia en la prestación de los servicios relacionados con la administración de justicia. Al contar un Estado con un sistema de administración de justicia ágil y eficaz, se promueve el incremento de la inversión nacional y la atracción de la inversión extranjera, factores que resultan necesarios para generar un mayor crecimiento económico y un beneficio efectivo para todos los asociados. Los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) son mecanismos que se han desarrollado cultural y legalmente, con el fin de colaborar al Estado en la prestación de uno de los servicios básicos que garantiza y sustenta su existencia, el de administrar justicia a sus asociados. Uno de los principales objetivos de este proyecto es fortalecer y difundir el arbitraje a nivel nacional, con el fin de garantizar el acceso a la administración de justicia a más ciudadanos. Así mismo, con las normas que regulan el arbitraje internacional se pretende mejorar el clima y calificación de inversión para Colombia, promoviéndose así la seguridad jurídica para los inversionistas y hacer que Colombia sea atractiva para que este tipo de arbitramentos sean llevados a cabo en Colombia. Otro punto importante radica en que actualmente Colombia es uno de los países con mayor reputación y experiencia acumulada en materia de arbitraje de la región, razón por la cual sus Centros de Arbitraje y sus árbitros son reconocidos a nivel internacional. Lo anterior hace necesario que se realice una reforma a la legislación que permita darle un mayor impulso y uso al Arbitraje, en la medida que a partir de haberse proferido la Sentencia C - 1038 de 2002 de la Corte Constitucional (M. P. Dr. Eduardo Montealegre Lynett) han existido diferentes interpretaciones en relación con el desarrollo del trámite arbitral, los cuales han causado traumatismos en el desarrollo de los procesos arbitrales y es ahí donde adquiere importancia una ley que los aclare y defina. 357 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia 12.4.3. Programa Nacional de Casas de Justicia Las Casas de Justicia se definen como un Centro Interinstitucional de orientación, referencia y prestación de servicios para la solución de conflictos, en donde se aplican mecanismos de justicia formal y no formal en una determinada localidad. A junio de 2011 contamos con más de 70 Casas de Justicia en funcionamiento ubicadas en el territorio Nacional. Ciudad 358 Departamento No. de Casas de Justicia Bogotá, Ciudad Bolívar Cundinamarca 1 Bogotá, Suba Cundinamarca 1 Bogotá, Los Mártires Cundinamarca 1 Bogotá, Bosa Cundinamarca 1 Bogotá, Usme Cundinamarca 1 Bogotá, Soacha Cundinamarca 1 Bogotá, Chía Cundinamarca 1 Girardot Cundinamarca 1 Mocoa Putumayo 1 Puerto Asís Putumayo 1 Pasto Nariño 1 Tumaco Nariño 1 Popayán Cauca 1 Corinto Cauca 1 Puerto Tejada Cauca 1 Buenos Aires Cauca 1 Toribío Cauca 1 Cali, Aguablanca Valle del Cauca 1 Cali, Siloé Valle del Cauca 1 Tuluá Valle del Cauca 1 Cartago Valle del Cauca 1 Buga Valle del Cauca 1 Buenaventura Valle del Cauca 1 Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 Ciudad Departamento No. de Casas de Justicia Palmira Valle del Cauca 1 Neiva Huila 1 Ibagué Tolima 1 Chaparral Tolima 1 Ortega Tolima 1 Ataco Tolima 1 Rioblanco Tolima 1 Armenia Quindío 1 Villa Santana Risaralda 1 Pereira, Cuba Risaralda 1 Dosquebradas Risaralda 1 Manizales Caldas 1 Villavicencio Meta 1 Yopal Casanare 1 Tunja Boyacá 1 Bucaramanga Santander 1 Floridablanca Santander 1 Cúcuta Norte de Santander 1 Quibdó Chocó 1 Condoto Chocó 1 Nóvita Chocó 1 Istmina Chocó 1 Tadó Chocó 1 Medellín, Villa del Socorro Antioquia 1 Robledo Antioquia 1 Chigorodó Antioquia 1 Bello Antioquia 1 Itagüí Antioquia 1 Segovia Antioquia 1 359 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia Ciudad No. de Casas de Justicia Departamento Remedios Antioquia 1 Yalí Antioquia 1 Vegachí Antioquia 1 El Bagre Antioquia 1 Tarazá Antioquia 1 Cáceres Antioquia 1 Zaragoza Antioquia 1 Caucasia Antioquia 1 Envigado Antioquia 1 Montería Córdoba 1 Cartagena, Chiquinquirá Bolívar 1 Cartagena, Country Bolívar 1 Cartagena, Canapote Bolívar 1 Valledupar, Primero de Mayo Cesar 1 Valledupar, La Nevada 1 Barranquilla, La Paz, Simón Bolívar Atlántico 1 Santa Marta Magdalena 1 Riohacha La Guajira 1 San Andrés, Providencia y Santa Catalina San Andrés 1 Total (71) 12.4.3.1. Casas de Justicia construidas, dotadas y en operación Construcción y dotación de Casas de Justicia Vigencia 2011 Casas de Justicia Aprobación de Nuevas Casas de Justicia para Construcción 4 Casas de Justicia pendientes de terminar Construcción 11 360 Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 La gráfica muestra la construcción, dotación y puesta en funcionamiento de 15 Casas de Justicia al finalizar el año 2011. Para construcción nuevas 2011 (4): Ciudad Departamento Ipiales Nariño Uribia Guajira Bello Antioquia San José del Guaviare Guaviare Para finalización de obras físicas (11): Ciudad Departamento Cáceres Antioquia Caucasia Antioquia Nechí Antioquia Tarazá Antioquia Envigado Antioquia Apartadó Antioquia Turbo Antioquia Cajicá Cundinamarca San Onofre Sucre Barrancas Guajira Santander de Quilichao Cauca 12.4.4. Programa Nacional de Centros de Convivencia Ciudadana Los Centros de Convivencia Ciudadana se definen como un espacio de encuentro donde la comunidad tiene acceso a instituciones del orden local con programas e iniciativas que promueven y fomentan los valores ciudadanos, la convivencia, la cultura ciudadana, la recreación, la lúdica, el respeto por el medio ambiente y el desarrollo de programas sociales, con el fin principal de lograr una mejor calidad de vida para los habitantes de los municipios donde se encuentra funcionando el Programa. A 30 de junio de 2011 se cuenta con 18 Centros de Convivencia Ciudadana en operación, ubicados en zonas de alta conflictividad social y en poblaciones menores de 150.000 habitantes. 361 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia 12.4.4.1. Centros de Convivencia Ciudadana construidos, fortalecidos y en operación Los 18 Centros de Convivencia Ciudadana en operación son: Ciudad Departamento No. de Centros de Convivencia Ciudadana Aguachica Cesar 1 Arauquita Arauca 1 Barrancabermeja Santander 1 San Gil Santander 1 Ocaña Norte de Santander 1 Convención Norte de Santander 1 Cúcuta, Juan Atalaya Norte de Santander 1 Tibú Norte de Santander 1 San Vicente del Caguán Caquetá 1 Sogamoso Boyacá 1 Leticia Amazonas 1 La Dorada Caldas 1 Baranoa Atlántico 1 Usiacurí Atlántico 1 Magangué Bolívar 1 Cantagallo Bolívar 1 Sonsón Antioquia 1 Sácama Casanare 1 Entre el 7 de agosto de 2010 y el 30 de junio de 2011, se han puesto en funcionamiento y operación 2 nuevos Centros de Convivencia Ciudadana: 362 Ciudad Departamento Usiacurí Atlántico Aguachica Cesar Entre el 7 de agosto de 2010 y el 30 de junio de 2011, se ha realizado la dotación de muebles y equipos tecnológicos para 2 Centros de Convivencia Ciudadana: Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 Ciudad Departamento La Salina Casanare Sácama Casanare • Centros de Convivencia Ciudadana Proyectados para la vigencia 2011 En el período correspondiente al presente informe, se culminó satisfactoriamente la elaboración de los estudios sociopolíticos y técnicos para 3 nuevos Centros de Convivencia Ciudadana. De esta forma, serán beneficiarios de nuevas construcciones 3 municipios del país. De igual forma, el 29 de junio de 2011 se suscribieron sendos convenios interadministrativos con los municipios de Guachené (Cauca) y Caloto (Cauca) para la Construcción de 2 nuevos Centros de Convivencia Ciudadana. El 23 de mayo de 2011, se suscribió convenio interadministrativo con el municipio de Villa del Rosario (Norte de Santander) para la construcción de un Centro de Convivencia Ciudadana. Para construcción nuevos 2011 (3): Ciudad Departamento Guachené Cauca Caloto Cauca Villa del Rosario Norte de Santander Centros de Convivencia Ciudadana 2010 - 2011 En Construcción Nuevos 6 Finalización de Obras Físicas 6 La gráfica muestra la construcción, dotación y puesta en funcionamiento de 9 Centros de Convivencia Ciudadana al finalizar el año 2011. 363 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia Para finalización de obras físicas y entrada en funcionamiento durante el año 2011 se tienen programados 6 Centros de Convivencia Ciudadana: Ciudad Departamento Puerto Wilches Santander Sabana de Torres Santander San Jacinto Bolívar La Salina Casanare Sácama Casanare Usiacurí Atlántico 12.4.5. Programa Nacional de Justicia en Equidad El Programa Nacional de Justicia en Equidad del Ministerio del Interior y de Justicia se encarga de diseñar, gestionar y evaluar las diferentes iniciativas relacionadas con la resolución pacífica de conflictos que utilizan la equidad como un criterio esencial a la hora de su aplicación. Este Mecanismo Alternativo de Solución de Conflictos (MASC) ha permitido que más de 180 municipios del país disfruten de los beneficios por 18 años a partir de su implementación. El Programa ofrece un acompañamiento técnico y operativo a aquellas organizaciones y gobiernos locales interesados en implementar la Conciliación en Equidad dentro de sus municipios y zonas de influencia. 12.4.5.1. Objetivos del Programa Nacional de Justicia en Equidad Los objetivos del Programa Nacional de Justicia en Equidad son: • Mejorar la convivencia pacífica en los diferentes municipios y departamentos del país. • Incluir a los gobiernos locales en el desarrollo de iniciativas ligadas con la resolución pacífica de los conflictos. • Vincular al ciudadano con el sector Justicia dándole participación en la resolución pacífica de los conflictos. • Potenciar en un grupo de ciudadanos escogidos por la propia comunidad habilidades para la resolución de conflictos y promoción de la justicia. 364 Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 • Promover la acción voluntaria y la participación del ciudadano en lo público. Durante el periodo del actual gobierno se han adelantado acciones enmarcadas dentro del proyecto de inversión, así: • Proyecto de Inversión “Implantación de la Justicia en Equidad para brindar apoyo técnico y operativo a las comunidades que lo requieran en el territorio Nacional” Durante este período el Programa Nacional de Justicia en Equidad cuenta con recursos del Presupuesto Nacional por valor de $ 300.000.000, los cuales se han invertido para apoyar la Implementación de la figura y su fortalecimiento, tal como se muestra a continuación: Presupuesto General de la Nación Vigencia 2010 2011 Actividad Valor Asignado $100.000.000 1 Línea de atención telefónica para hacer seguimiento a la operación. 40.000.000 2 Fortalecer la Conciliación en Equidad brindando herramientas que permitan mejorar la calidad de su operación. 57.000.000 3 Divulgación de la figura - impresión folleto. 3.000.000 1 Apoyo a la selección de postulados. Sistematización y organización de la operación de la Conciliación en Equidad 100.000.000 2 Fortalecimiento de la Conciliación en Equidad en el Departamento del Putumayo 80.000.000 3 Publicación y reproducción de materiales para los Conciliadores. 20.000.000 Total Valor / Actividad $200.000.000 $300.000.000 12.4.5.2. Proyectos de Implementación y fortalecimiento de la Conciliación en Equidad Con el apoyo de organismos de cooperación internacional como el “Programa de Acceso a la Justicia”, Partners Colombia, el Convenio entre MAPP/OEA, Pax Christi, algunos entes territoriales se encuentran en ejecución del fortalecimiento 365 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia y la implementación de la figura de la Conciliación en Equidad en los siguientes municipios: Fortalecimiento Fortalecimiento MIJ / USAID – PARTNERS Proceso No. Municipios Departamento Municipios 2011 Nariño 2 Pasto – Tumaco. 2011 Antioquia 6 Caucasia - Cáceres - Nechí Zaragoza - Tarazá - El Bagre. 2011 Meta 1 Villavicencio. 2011 Putumayo 6 Puerto Asís - Orito - Valle del Guamuez - San Miguel - Puerto Guzmán - Mocoa. Total 15 Gráfica No. 1 No. Municipios con Procesos Fortalecimiento de la Conciliación en Equidad 2011 8 6 6 5 4 2 2 1 0 Putumayo Nariño Antioquia Meta Proyecto de Implementación de la Conciliación Implementación Proceso Departamento 2010-2011 Meta 2011 366 Santander No. Municipios Municipios Financiación Postulados en Formación 1 Mesetas PAX CHRISTI MAPP-OEA 59 4 Barbosa - Curití Palmas del Socorro Socorro Gobernación de Santander 108 Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 Implementación Departamento No. Municipios Barrancas 2010-2011 Guajira 3 Riohacha Uribia 2010-2011 Cundinamarca 2 Bolívar 2010-2011 Arauca 2010-2011 Antioquia Postulados en Formación Fundación Cerrejón para el fortalecimiento institucional de la Guajira 146 Distrito CapitalSecretaría de Bogotá D. C. Gobierno y Cámara de Soacha Comercio de Bogotá 159 1 Cartagena Cámara de Comercio de Cartagena y Secretaría de Gobierno del DTH de Cartagena 4 Arauquita - Tame - Fortul Saravena Escuela de Justicia Comunitaria – UNAL 34 7 Arboletes - Armenia Mantequilla - Guatapé - Marinilla - Puerto Berrío San Luis Medellín Gobernación de Antioquia y Alcaldía de Medellín. 189 Total 22 72 767 Gráfica No. 2 8 7 No. Municipios con Procesos de Implementación de Conciliación en Equidad 2010 - 2011 7 6 5 4 4 3 2 1 4 3 2 1 1 Antioquia Bolívar Cundinamarca Santander Meta 0 Guajira 2010 Financiación Municipios Arauca Proceso 367 Capítulo 13 Fortalecer el conocimiento sobre el Sector Justicia para liderar la Agenda del Sector 13.1. Creación de Centro de Estudios Jurídicos El Centro de Estudios Jurídicos busca auscultar el alcance y contenido de las reformas que se propongan en los distintos ámbitos de la normatividad nacional, así como institucionalizar el seguimiento de las leyes que se promulguen, de manera que, periódicamente, se presenten los resultados de las mismas, se juzgue su convivencia y puedan introducirse los correctivos que ellas merezcan. El Centro de Estudios Jurídicos, desde sus inicios no recibió recurso alguno para su funcionamiento, por tanto el trabajo se enfocó en la consecución de los mismos. Se buscaron recursos nacionales e internacionales. Nacionales: Proyecto Diagnóstico y Diseño del Centro de Estudios Jurídicos Nacional: a través del DNP se logró la asignación de $100.000.000.00 para la estructuración del mismo. Internacionales: Proyecto estructuración e implementación del Centro de Estudios Jurídicos: Actualmente cursa proyecto ante la Unión Europea a través de la Oficina de Proyecto Fortalecimiento del Sector Justicia para la reducción de la impunidad en Colombia, con el cual se invertirán 400 millones adicionales. 13.2. Estrategia para implementar política anticorrupción La corrupción se presenta porque existe un mercado en el que se puede desarrollar, es decir, existen agentes demandantes y oferentes de corrupción que obtienen ganancias por las transacciones de las que participan, la política anticorrupción debe incorporar medidas orientadas a eliminar la oferta de corrupción por parte de los agentes públicos y la demanda privada. El Estatuto fue elaborado a partir de una mesa técnica de la cual hicieron parte la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría 369 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia General de la República y la Auditoría General de la República, por parte de los órganos de control. En representación del Gobierno Nacional tuvo asiento el Ministerio del Interior y de Justicia, el Departamento Nacional de Planeación y el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia y Lucha contra la Corrupción y como representantes de la sociedad civil acompañó el trabajo Transparencia por Colombia. Con el objetivo de salvaguardar la gestión estatal, la ley introduce medidas que incentivan actuaciones honestas por parte de los servidores públicos y los particulares. En síntesis, el Estatuto Anticorrupción es una normativa integral. Incluye medidas novedosas producto del conocimiento sobre el fenómeno de la corrupción en Colombia, que sigue recomendaciones internacionales y que debe generar un nuevo clima para los negocios entre los particulares y la gestión pública. Se diseñó una estrategia de comunicación y divulgación del Estatuto Anticorrupción. Esta estrategia comprende la socialización de esta normativa a través de foros, seminarios y eventos similares con el fin de introducir el conocimiento de la misma entre funcionarios públicos y la ciudadanía en general y de esta forma, incentivar e inculcar una nueva cultura de transparencia en el manejo de los asuntos públicos. Igualmente y con el fin de difundir masivamente esta nueva cultura, se ha diseñado una estrategia de comunicación, la cual hoy está en plena ejecución en los distintos medios de comunicación. 13.3. Tecnologías de la información para una Justicia eficiente Frente a este tema, el Ministerio del Interior y de Justicia ha venido desarrollando y ejecutando programas y proyectos que contribuyen al fortalecimiento del Sector Justicia a través del uso de las nuevas tecnologías de la información. Dentro de los programas y proyectos se pueden destacar el Mapa de Justicia vía web, el Sistema de Información Litigiosa Fase II – LITIGOB II, el Sistema Único de Información Normativa (SUIN), el Sistema de Información Interinstitucional de Justicia y Paz (SIIJYP), el Sistema de Información de la Conciliación y el Sistema de Información Arbitral. Adicionalmente, este Ministerio ha implementado, en lo posible, el uso de las nuevas tecnologías al interior de los programas a su cargo. 370 En tal sentido, se ha diseñado el Proyecto Conciliación Virtual en Colombia con el cual se pretende superar las barreras geoespaciales y lograr ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de acceder virtualmente a la Conciliación Extrajudicial en Derecho como Mecanismo Alternativo de Solución de Conflictos, al igual que a la asesoría jurídica especializada. Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 Adicionalmente, se implementó el uso de las audiencias virtuales de conciliación para las 437 Entidades del Estado que cuentan con Comités de Conciliación y de los cuales el Ministerio del Interior y de Justicia por mandato legal hace parte. 13.3.1. Mapa de Justicia funcionando vía web El Ministerio del Interior y de Justicia ha identificado que se presenta información desactualizada, atraso tecnológico para el manejo de la información, multiplicidad de operadores de Justicia no ubicados y desarticulación institucional. Para solucionar esta problemática, se propuso desarrollar el proyecto denominado “Mapa de Justicia II, implementación y actualización”, que permitirá brindar a los ciudadanos una información en línea sobre la oferta de Justicia Formal y Alternativa existente en el país. Es un sistema de información ágil, dinámico y de lenguaje sencillo que incluirá toda la oferta de Justicia en Colombia. Para desarrollar el Mapa de Justicia II, se proyectaron 2 actividades principales: • Consultoría para “Realizar el análisis, diseño, desarrollo de implementación del Mapa de Justicia II”, utilizando como base el sistema de información del Mapa de Justicia I, ampliando las funcionalidades de búsqueda, inteligencia de negocios y georreferenciación. • Divulgación y promoción del Mapa de Justicia II. Este sistema informático se encuentra en elaboración desde el mes de enero de 2011 y estará terminado en agosto de 2011. 13.3.2. Sistema Información LITIGOB Fase II funcionando El Sistema Único de Información Litigiosa -LITIGOB- es un Proyecto que se origina dentro del Programa de la Renovación de la Administración Pública Estatal y cuyo objetivo principal es recaudar y administrar la información relacionada con la actividad litigiosa, interna e internacional del Estado colombiano. Dicho Proyecto está siendo financiado con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Por primera vez, el Estado colombiano cuenta con un sistema de información que le permitirá evidenciar el estado real de los procesos judiciales que se surten en su contra, adoptar oportunamente las medidas necesarias para defender los intereses patrimoniales de la Nación y evitar el detrimento injustificado de las arcas estatales. En el segundo semestre de 2010, se diseñó e implementó la Fase II del Sistema en donde se recibió información de 121.000 procesos jurídicos que adelantan 154 Entidades del orden nacional. 371 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia Gracias a la información obtenida, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público logró contar con información que le permitió medir con mayor precisión el pasivo contingente de la Nación. Dentro de las características más importantes con que cuenta el Sistema se pueden resaltar las siguientes: • Es una herramienta flexible y ajustable a los cambios normativos. • Contiene reportes navegables, parametrizables e integrados. • Contiene el registro de la actividad litigiosa reportada por 154 Entidades del orden nacional. • Genera reportes estadísticos y dinámicos utilizando diferentes variables. • Cuenta con una herramienta de autoaprendizaje e-learning con los más altos estándares de enseñanza multimedial. • Permite valorar el riesgo legal al cual se encuentra expuesta la Nación. En cuanto a la información arrojada, el Sistema está en capacidad de generar los siguientes datos: • Cantidad de procesos por apoderado. • Cantidad total de procesos. • Cantidad de procesos por fecha. • Cantidad de procesos por instancia. • Cantidad de procesos por valor de las pretensiones. • Éxito procesal. • Reporte de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC). • Reporte de Derechos Humanos, Civiles y Políticos. • Reporte especial para el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. • Reporte de alertas. • Reporte de usuarios. 372 Adicionalmente, el Sistema tiene una serie de filtros que permiten obtener información de mayor complejidad, como por ejemplo: Entidad, tipo de proceso, estado, causas de las demandas, etapa actual del proceso, apoderado que representa Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 los intereses de la Entidad, concepto de pretensiones y valor de pretensiones, entre otros. También se pueden obtener los reportes en forma de gráfica, tal y como lo demuestra la siguiente figura: Distribución de Procesos 100000 Rango (Sal. Mínimos) 80000 60000 1. Sin pretensión 40000 2. Menor o igual a 100 20000 3. 0 1 2 3 3 4 5 4 6 5 7 6 1 2 Cantidad Porcentaje 267 0.18 102768 68.78 Entre 101 y 200 9161 6.13 4. Entre 201 y 500 10082 6.74 5. Entre 501 y 1000 7359 4.92 6. Entre 1001 y 2000 5205 3.48 7. Mayor o igual 2001 14662 9.81 Total 149504 Reporte por valor de las pretensiones En el periodo de agosto a diciembre de 2010, se cumplieron a satisfacción cada una de las actividades que se planearon para la vigencia de esa anualidad en materia de diseño e implementación de la base de datos del Sistema Único de Información Litigiosa Estatal –LITIGOB- FASE II, la cual se materializó en la página web: www.litigob.gov.co. Esta meta se desarrolló con el cumplimiento de las siguientes actividades: 1. Migrar los registros de los procesos reportados por las Entidades de la Administración Pública Nacional, al Sistema Único de Información Litigiosa LITIGOB. Se migró la información correspondiente a 121.000 procesos reportados por 154 Entidades del orden nacional. 2. Recaudar y consolidar la información litigiosa. Se recaudaron y consolidaron 3 tipos de información: a) La litigiosa que deben enviar las Entidades del orden nacional. En este punto, debe advertirse que de 204 Entidades del orden nacional obligadas a reportar, lo hicieron 154. b) La información semestral reportada por las 437 Entidades del orden nacional y territorial que tienen 373 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia conformado Comités de Conciliación, y c) La información relacionada con los datos de las sentencias condenatorias en acción de repetición emanadas por las Altas Cortes durante el 2009. En cuanto a la consolidación, implementación y desarrollo del Sistema Único de Información Litigiosa en el 2011 se lograron los siguientes avances: 1. Puesta en operación y sostenibilidad del Sistema Único de Información Litigiosa LITIGOB. Dicho sistema se encuentra alojado en el Data Center del Estado colombiano www.litigob.gov.co 2. Capacitar a los usuarios. A junio de 2011, se han capacitado un total de 796 usuarios y administradores del sistema de información y se entregaron claves para el acceso efectivo de estos. 3. Acompañar y asesorar a las Entidades en el uso funcional del sistema de información mediante una mesa de ayuda. En el período comprendido entre enero de 2011 y junio de 2011, se conformó un grupo de apoyo para las Entidades estatales en el manejo y uso del sistema. Dicha actividad es financiada con recursos de inversión del Ministerio del Interior y de Justicia. 4. Gestionar los requerimientos técnicos y funcionales del sistema de información de acuerdo con solicitudes de las Entidades. Se brinda el soporte y mantenimiento del aplicativo para garantizar la sostenibilidad y actualización del sistema. En conclusión, el registro que actualmente contiene el Sistema Único de Información Litigiosa LITIGOB Fase II es de 154.264 procesos en contra de la Nación que corresponde a 154 Entidades del orden nacional. 13.3.3. Sistema Único de Información Normativa (SUIN) en operación. En el marco de los objetivos misionales de racionalizar el ordenamiento jurídico y divulgar las normas vigentes, y con base en la Directiva Presidencial 01 de 2005, se viene adelantando el Proyecto de Racionalización Normativa, cuyos dos componentes principales son la determinación y consolidación de las normas vigentes en Colombia y la implementación de un Sistema Único de Información Normativa (SUIN). 374 El SUIN (www.suin.gov.co) es un sistema de información que se ha diseñado para un desarrollo progresivo (por etapas) y comprende los siguientes elementos o componentes básicos: Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 • Una base de datos de textos de Leyes y Decretos. En el Sistema Único de Información Normativa (SUIN) se dispone de los textos originales, tal como aparecieron en el Diario Oficial, de las Leyes y de los Decretos del Gobierno Nacional, de carácter general y abstracto, expedidos desde 1886. Base de datos normativa - SUIN a junio 30 de 2011 Normas cargadas Normas publicadas 19.883 17.510 Normas cargadas agosto 2010 a junio 2011 1.342 Fuente: Dirección de Ordenamiento Jurídico • Una base de datos de información sobre datos identificadores y partes resolutivas o textos de sentencias sobre validez de las normas En el Sistema Único de Información Normativa (SUIN) se dispone de los datos básicos, identificadores, y de la parte resolutiva de las sentencias sobre constitucionalidad o legalidad de las leyes y los decretos incluidos en el Sistema. A largo plazo, contará con el texto completo de todas las providencias. Base de datos jurisprudencial -SUIN a junio 30 de 2011 Jurisprudencia cargadas y publicadas 7.571 Fuente: Dirección de Ordenamiento Jurídico Se han registrado en el Sistema 7.571 sentencias provenientes de los siguientes operadores de justicia: Número de Sentencias Alta Corte 1.716 Corte Suprema de Justicia 1.276 Consejo de Estado 4.579 Corte Constitucional 7.571 Total Desde agosto del 2010 a junio del 2011 en la base de datos normativa del Sistema Único de Información Normativa (SUIN) se han adelantado las siguientes actividades: • Se auditaron 4.398 registros normativos en el Sistema Único de Información Normativa(SUIN). 375 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia • Se ha realizado la conversión a .doc. de 1.562 textos de normas de los años 2007, 2008, 2009 y 2010, los cuales se encontraban en formato PDF. • Se ha realizado el cargue de 1.342 normas - Tabla No 1• Una base de datos para tomar nota de cambios normativos (derogaciones expresas y tácitas de disposiciones y normas) y de declaraciones de inconstitucionalidad y de nulidad. • El material normativo producido en desarrollo del Proyecto de Racionalización se cargará en el Sistema Único de Información Normativa (SUIN) mediante el uso del módulo de análisis de vigencia, uno de los componentes del SUIN. • La información normativa recogida en estos 3 componentes permitirá la consulta, en forma consolidada, sectorial o temática, de los datos sobre vigencia de las normas, y la validación y actualización de los Proyectos de Decretos Únicos Sectoriales o Temáticos y de las compilaciones legislativas. • En la página correspondiente al Portal Ciudadano del SUIN, se tiene acceso a más de 10.000 estudios con información detallada sobre la vigencia de las disposiciones que conforman el universo normativo del Sistema Único de Información Normativa (SUIN). Préstamo BID (contrato de préstamo no. 2277/oc-co) componente: apoyo al ordenamiento de la información normativa El objetivo general del Proyecto es apoyar el fortalecimiento de la seguridad jurídica y el Estado de Derecho en Colombia. Como objetivo específico, se encuentra el apoyo a la sistematización del ordenamiento normativo nacional a cargo del Ministerio del Interior y de Justicia. En la Fase I del contrato de préstamo BID, el Ministerio ejecutará las actividades que en el Anexo Único del contrato se detallan así: Componente 4 - Apoyo al ordenamiento de la información normativa. El objetivo de este componente es contribuir a la consolidación del ordenamiento jurídico, a través del apoyo a los esfuerzos que en este sentido adelanta el Ministerio del Interior y de Justicia. Para ello se financiarán las siguientes actividades: (i) la realización de una evaluación metodológica, conceptual y tecnológica del actual SUIN, con las respectivas alternativas para darle seguimiento y, en caso de ser necesario, realizar las modificaciones que se consideren pertinentes; (ii) a partir de las propuestas anteriores, la depuración y validación de la información normativa a ser cargada en el sistema; (iii) el apoyo a un proceso de análisis de vigencias; (iv) la consolidación de arreglos institucionales para la actualización continua del sistema; y (v) la adquisición de equipos, software y licencias. 376 Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 así: En el cronograma de actividades, según flujo de caja, estas quedaron especificadas • Evaluación metodológica, conceptual y tecnológica del actual Sistema Único de Información Normativa. • Capacitar el personal a cargo de la alimentación y mantenimiento del Sistema Único de Información Normativa. • Depuración y validación normativa a ser cargada en el Sistema. • Consolidación de arreglos institucionales para la actualización continua del Sistema. • Adquisición de equipos, software y licencias y portal web. • Adquisición de equipos. • Portal web. En el actual cronograma de actividades, el flujo de caja está previsto como sigue: Tabla No. 3 Cronograma de actividades según flujo de caja ACTIVIDADES COSTO TOTAL AÑO 2011 COSTO TOTAL AÑO 2012 COSTO TOTAL AÑO 2013 COSTO TOTAL AÑO 2014 COSTO TOTAL Componente 4 - Apoyo al ordenamiento de la información normativa US$1.054.500 US$424.500 US$45.000 US$540.000 US$45.000 1 Evaluación metodológica, conceptual y tecnológica del actual Sistema Único de Información Normativa US$240.000 US$240.000   2 Capacitar el personal a cargo de la alimentación y mantenimiento del Sistema Único de Información Normativa US$45.000 US$45.000 377 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia ACTIVIDADES COSTO TOTAL AÑO 2011 COSTO TOTAL 3 Depuración y validación normativa a ser cargada en el Sistema US$540.000 4 Consolidación de arreglos institucionales para la actualización continua del Sistema US$45.000 5 Adquisición de equipos, software y licencias y portal web US$132.500 US$132.500 6 Adquisición de equipos US$30.000 US$30.000 7 Portal web US$22.000 US$22.000 AÑO 2012 COSTO TOTAL AÑO 2013 COSTO TOTAL AÑO 2014 COSTO TOTAL US$540.000   Total US$45.000 US$1.054.500 Fuente: BID Este cronograma, sin embargo, ya se encuentra modificado, pues el préstamo no pudo empezar a ejecutarse en el año 2010 como estaba originalmente previsto. Por tal razón, la actividad inicial, evaluación del Sistema Único de Información Normativa(SUIN), sólo podrá realizarse este año. La evaluación y sus resultados son requisito necesario para la ejecución del resto de actividades. Desde agosto del 2010 a la fecha se han adelantado las siguientes actividades, relacionadas con el préstamo: • Se cumplieron las condiciones especiales, previas al primer desembolso. • Se obtuvo el certificado de disponibilidad presupuestal. • Se prepararon los términos de referencia para la contratación de la firma consultora encargada de hacer la evaluación. • Se elaboró y se obtuvo la No objeción por el BID, el aviso de expresión de interés para conformar la lista corta. 378 Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 13.3.3.4 Sistema de Información Interinstitucional de Justicia y Paz (SIIJYP) El Sistema de Información Interinstitucional de Justicia y Paz tiene como objetivo principal crear una herramienta básica de apoyo a las instituciones del Estado colombiano, que tienen relación con el proceso de Justicia y Paz establecido por la ley 975 de 2005. En ese sentido, el SIIJYP permitirá tener un registro único de víctimas de Justicia y Paz, un centro de información compartida y un archivo de la información recaudada en desarrollo de los procesos de Justicia y Paz (judiciales y de atención a las víctimas). En efecto, la función del Sistema consiste en recopilar datos sobre la gestión de los actores involucrados en dichos procesos, desde la postulación del desmovilizado a la Ley 975 de 2005 hasta el cumplimiento efectivo de la sentencia. De esta manera, se obtienen, entre otras, las siguientes variables: recaudo de hechos, identificación de víctimas y responsables, atención y protección brindada a las víctimas, identificación y medidas cautelares sobre bienes, reparación a las víctimas, sentencia impuesta y cumplimiento de la pena alternativa, entre otros. Como meta para el 2011 se planteó el desarrollo de los 10 primeros módulos del SIIJYP (Fase III del desarrollo). Actualmente se cuenta con 5 módulos piloto, entregados: (i) Administración; (ii) Personas; (iii) Bienes; (iv) Postulados, y (v) Seguridad. En virtud de lo anterior, el Ministerio del Interior y de Justicia suscribió un convenio para la administración de los recursos para el cabal desarrollo del mismo. La Dirección de Justicia Transicional del Ministerio del Interior y de Justicia -en coordinación con la OIM- contrató con la firma desarrolladora de software Globant1, la implementación de los módulos de PERSONAS y RUTA ÚNICA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, los cuales se entregarán para pruebas de usuario final a finales de septiembre de 2011. Luego, dependiendo de la ejecución contractual, se planea continuar con la Fase III del SIIJYP, para así completar el desarrollo de los demás módulos que componen dicha fase de desarrollo. 13.3.3.5 Sistema de Información de la Conciliación. La Ley 640 de 2001 obliga a los Centros de Conciliación y a los servidores públicos a reportar ante el Ministerio del Interior y de Justicia la información relacionada con las conciliaciones que ante ellos se tramitan. Por esta razón, este Ministerio creó un sistema de información que permite procesar, consolidar, seguir y evaluar dichos 1 Firma seleccionada por el Subcomité Técnico de Sistemas de Información de que trata el Decreto 299 de 2010. 379 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia datos, las cuales deberán reflejar el desempeño del Sistema Nacional de Conciliación Extrajudicial en Derecho El sistema en mención busca centrar y procesar la siguiente información: 1. Reportes sobre el número de solicitudes de conciliación tramitadas, las materias objeto de las controversias, el número de acuerdos conciliatorios y de audiencias realizadas cada seis meses, los acuerdos que se mantienen, entre otros. Con base en estas cifras el Estado podrá evaluar el comportamiento de la figura conciliatoria y del sistema en su conjunto, además de la gestión propia del Ministerio del Interior y de Justicia en la materia. 2. El número y ubicación de los Centros de Conciliación, de sus conciliadores y de sus funcionarios, con el fin de evaluar la cobertura del Sistema Nacional de Conciliación Extrajudicial en Derecho. Lo anterior, con el ánimo de que el Ministerio del Interior y de Justicia ejerza las funciones de inspección, vigilancia y control que la ley le otorga para evaluar y hacer seguimiento a dichas Entidades. A título ilustrativo, estas cifras arrojarían información para determinar los lugares en los que sea necesario incentivar la creación de centros o la participación de conciliadores. 3. Medir el impacto del Sistema Nacional de Conciliación Extrajudicial en Derecho de acuerdo con una caracterización socioeconómica de la demanda de conciliación. Gracias al desarrollo de este repositorio de datos, se podrá conocer información sobre la condición socioeconómica de los solicitantes, y de allí medir el impacto de la figura por estratos sociales, entre otros factores. 4. Datos que permitan evaluar permanentemente la política de capacitación dirigida a los conciliadores, como por ejemplo el número de personas que toman los cursos, el número de organismos que obtengan la aprobación para dictar los mismos, etc. 5. Permite generar información útil para el Programa Red Unidos2. En este sentido, logra identificar la tipología de los conflictos que enfrentan las familias en extrema pobreza, las zonas de mayor o menor demanda del servicio, los operadores encargados de conocer de las controversias y el desenlace de la problemática inicial. Es de resaltar, que en el año 2011 se han hecho ajustes al Sistema para que sea más ágil y amigable, y se incluyó un módulo que permite tener información básica sobre los Centros de Arbitraje. 380 2 Programa diseñado para promover acciones coordinadas para reducir significativamente la desigualdad y la pobreza extrema en Colombia. Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 13.3.3.6 Sistema de Información Arbitral. Se encuentra en construcción el Sistema de Información Arbitral que permita generar y acceder a estadísticas, normatividad, jurisprudencia, doctrina, reglamento interno de cada Centro de Arbitraje autorizado para operar en Colombia, hojas de vida de los árbitros, simulador de tarifas, laudos, intervenciones de la Procuraduría General de la Nación en los procesos arbitrales, entre otros. Este Sistema de Información, a su vez, permitirá que tanto árbitros como abogados puedan adelantar algunas actuaciones propias del proceso arbitral de forma virtual, disminuyendo los costos de transacción y facilitando que en Colombia se lleven a cabo procesos arbitrales en los que los sujetos procesales no se encuentran en el territorio nacional. Por esta razón, se debe proveer a dicho Sistema de Información de una tecnología robusta que asegure la seguridad y la confidencialidad plena de las actuaciones. De igual manera, el Sistema debe facilitar el desarrollo de la capacitación virtual de abogados en el Programa de Formación en Litigio Arbitral. Así las cosas, el Sistema de Información debe corresponder a las exigencias propias de la implementación de herramientas que faciliten desarrollar tareas en el marco del E-Government, E-Learning al igual que E-Justice, colocando a Colombia en la vanguardia de estos temas. 381 Capítulo 14 Fortalecimiento Institucional del Sector Justicia 14.1. Creación de la Agencia para la Defensa Jurídica de la Nación 14.1.1. Tramitar el Proyecto de Ley de Facultades para Reformar la Administración Pública El día 17 de agosto de 2010, se radicó ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley No. 053 de 2010 Cámara - 166/10 Senado “Por medio de la cual se escinden unos Ministerios y se otorgan precisas facultades al Presidente de la República para modificar la estructura de la Administración Nacional”, el cual fue sancionado como Ley de la República, el 4 de mayo de 2011 (Ley 1444 de 2011). En el parágrafo del artículo 5° de Ley 1444 de 2011 se crea la Agencia Nacional de Defensa Jurídica de la Nación como una Unidad Administrativa Especial, Entidad descentralizada del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho, que tendrá como objetivo la estructuración, formulación, aplicación, evaluación y difusión de las políticas de prevención del daño antijurídico, así como la defensa y protección efectiva de los intereses litigiosos de la Nación, en las actuaciones judiciales de las Entidades públicas, en procura de la reducción de la responsabilidad patrimonial y la actividad litigiosa. Para ello, tiene como misión planificar, coordinar, ejercer, monitorear y evaluar la defensa efectiva de la Nación, a fin de proteger sus intereses y fomentar el respeto de los derechos fundamentales. 383 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia 14.1.2 Creación de la nueva entidad para la defensa jurídica de la Nación El Ministerio de Interior y de Justicia propuso un modelo de estructura orgánica y funcional de la nueva Agencia Nacional de Defensa Jurídica de la Nación, el cual viene siendo objeto de ajustes en coordinación con la Presidencia de la República, Alta Consejería para el Buen Gobierno y la Eficiencia Administrativa. Adicionalmente, esta Cartera suministró a la Presidencia de la República el estudio sobre el modelo de gestión jurídica pública y el diseño del plan de profesionalización de los abogados del Estado. De igual forma, revisó los indicadores para la creación de la nueva Entidad, definió los riesgos normativos, registró el proyecto de inversión para 2012 en donde se incorporará el crédito BID por 6 mil millones de pesos y se actualizó el proyecto “Apoyo a la Solución Conciliatoria de Pleitos de la Nación” también para la vigencia 2012 por 1.000 millones de pesos. Así mismo, se hizo una revisión de la normatividad relacionada con la Defensa Jurídica del Estado con el fin de identificar los riesgos normativos que se pudiesen presentar. De otra parte, se gestionó en coordinación con el Comité para la creación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica de la Nación la aprobación del perfil del Crédito del BID por 10 millones de dólares los cuales serán destinados para su puesta en funcionamiento. 14.2 Ampliación del ámbito de competencia de la Imprenta Nacional para la prestación de servicios a particulares El mayor logro que se obtuvo en esta materia fue la aprobación del artículo 269 de la Ley 1450 de 2011 (Plan Nacional de Desarrollo), mediante el cual se modificó el artículo 2° de la Ley 109 de 1994 quedando este, así: “Artículo 2°: El objetivo sustancial de la Imprenta Nacional de Colombia, es la edición, impresión, divulgación y comercialización, como garante de la seguridad jurídica, de las normas, documentos, publicaciones, impresos y demás necesidades de comunicación gráfica, de todas las entidades nacionales que integran las ramas del poder público en Colombia. 384 Lo anterior no obsta para que de igual manera la Imprenta Nacional de Colombia pueda prestar sus servicios a los particulares, o a las entidades territoriales bajo las condiciones y características propias del mercado”. Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 La modificación de la Ley 109 de 1994 era el primer paso que debía darse para que la Imprenta Nacional de Colombia pudiera iniciar su proceso de expansión hacia el mercado de los particulares, ya que sólo a partir de este momento, la Empresa tendría la posibilidad de ofrecer sus productos y servicios a este nuevo nicho de mercado. Por otra parte, la Imprenta Nacional de Colombia ha venido adelantando un proceso de modernización tecnológica, donde se puede destacar la ampliación de la capacidad instalada en impresión plana (offset), la implementación de un nuevo software de gestión de la producción y renovación de los equipos del área de diseño. Si bien la actual capacidad instalada de la Empresa está en posibilidad de atender los requerimientos tanto de las empresas del Estado como de los nuevos negocios que se generen con los particulares, se tiene programado que a medida que el volumen de ventas aumente, se irán realizando los nuevos proyectos de inversión necesarios para atender el incremento en la demanda. Paralelo a los procesos de modernización de los equipos de cómputo de las áreas de diseño, se han realizado capacitaciones al personal de dicho grupo, especialmente en lo concerniente a las nuevas tendencias del mercado de artes gráficas en temas como creatividad y estrategia, innovación empresarial, diseño profesional de páginas web, productos multimedia, edición profesional de audio y video y estrategias de email marketing, entre otros. Para atender el nuevo universo de mercado se está trabajando en la capacitación de la actual fuerza de venta y se tiene programado la ampliación de la misma, creando un subgrupo que esté encargado exclusivamente en atender el mercado de los particulares. Esto va a ir acompañado de una campaña publicitaria orientada al público en general donde se den a conocer los productos y servicios que ofrece la Imprenta Nacional de Colombia. Esta se realizará en medios de alta circulación y en publicaciones del sector de artes gráficas. Los productos que inicialmente se ofrecerán al mercado serán los llamados publicomerciales y lo que se conoce como obra editorial, que es el diseño e impresión de libros. En este último segmento, el sector educativo será nuestro principal nicho de mercado. Igualmente se ofrecerán los servicios intermedios como es el caso de quemado de planchas, encuadernación y plegado a otras empresas del sector de artes gráficas. Adicional a los servicios que tradicionalmente ofrece la industria de las artes gráficas, las nuevas tendencias en comunicación han ampliado el campo de acción de las empresas del sector. Es así como el diseño y administración (Hosting) de páginas web, adecuación de contenidos para dispositivos móviles (teléfonos celulares y tablets) y administración de bases de datos, entre otros, son nuevas línea de negocio en las cuales la Imprenta Nacional ha venido trabajando paralelamente. 385 Capítulo 15 Focalizar los esfuerzos del Estado para la prevención, persecución del delito y resocialización del delincuente 15.1 Diseñar e implementar una política criminal y penitenciaria coherente y eficaz 15.1.1 Política Criminal y Penitenciaria diseñada y adoptada 15.1.2 Reforma del INPEC Con el propósito de garantizar el desarrollo de un proceso armónico y coherente sobre la reforma institucional, se han adelantado las siguientes acciones: • Elaboración del Diagnóstico Institucional como elemento fundamental del Análisis de realidad institucional, mediante la aplicación del método de Ishikawa, también denominado espina de pescado, que permitió identificar la problemática del INPEC en los procesos de planeamiento, control interno, seguridad penitenciaria, resocialización, infraestructura, administración financiera, desarrollo tecnológico y actuación jurídica. El ejercicio se soportó en los siguientes informes: • Contraloría General de la República, vigencia 2005-2009. • Control Interno de Mc Gregor, 2010. • Clima organizacional de Mc Gregor, 2010. • Quejas y reclamos, 2010. • Debilidades identificadas por las dependencias. • Cumplimiento de los Planes de Acción de Desarrollo e Indicativo 2010, PIDA. Identificación de los procesos críticos: Gestión del Talento Humano, Gestión del Sistema de Control Interno, Planeamiento Institucional, Gestión Legal y Sistemas de información Penitenciario. 387 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia • Elaboración de una propuesta de “Rediseño de la Gestión del Talento Humano”, orientada a armonizar los procesos de programación, gerenciamiento y desarrollo de las personas, a través de la definición de un Modelo de Gestión del Talento Humano. Para su ejecución se conformó un equipo de trabajo responsable de realizar el análisis de la normatividad que regula el Régimen de Carrera y establecer las acciones y coordinaciones con la Comisión Nacional del Servicio Civil dirigidas a dinamizar la vinculación y ascensos según las plantas establecidas. • Presentación ante el Departamento Administrativo de la Función Pública del estudio técnico para la creación de la Oficina de Control Interno en la estructura orgánica institucional, con el objeto de direccionar, administrar y apropiar el Sistema de Control Interno. En este sentido, se adelantó el proceso de selección de los funcionarios que integrarán los equipos de trabajo y se desarrolló un programa de capacitación con una intensidad de 40 horas, a fin de iniciar su implementación. • Definición del Modelo de Direccionamiento Estratégico Institucional, orientado a garantizar alineamiento estratégico con el Plan Nacional de Desarrollo y Plan Estratégico del Ministerio del Interior y de justicia. El Modelo permite orientar la Gestión del INPEC de manera coherente y pertinente con las necesidades y proyecciones del Sistema Penitenciario y Carcelario. • Fortalecimiento de los equipos de trabajo de las siguientes dependencias: Asuntos Internacionales, Subdirección de Tecnología y Comunicaciones, Oficina Jurídica y Grupo Obras Civiles. • Contrato Interadministrativo con la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), dirigido a consolidar una propuesta de rediseño organizacional en atención a los lineamientos establecidos en la política de modernización y renovación del Estado, el cual se encuentra en proceso de ejecución. 15.1.3 Instrumentos de cooperación en materia criminal (extradición) Avances en trámites de extradición. En el desarrollo de acciones que permiten combatir la criminalidad transnacional organizada, la extradición como mecanismo de cooperación judicial internacional ha tenido en Colombia un papel importante en los últimos años, evitando que delincuentes burlen la acción de la Justicia refugiándose en un país distinto de aquel en el que cometieron la conducta punible y en el cual carecen de competencia las autoridades jurisdiccionales del Estado que solicita su comparecencia. 388 A partir de la promulgación del Acto Legislativo 01 de 1997 se volvió a permitir en Colombia la extradición de ciudadanos colombianos por nacimiento. Esta situación, Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 aunada a los esfuerzos en agilizar los trámites, ha hecho que cada año se aprecie un incremento importante, tanto en las solicitudes de extradición recibidas como en las aprobaciones efectuadas, orientadas a permitir que la investigación o el juicio por una determinada conducta punible, o el cumplimiento de una condena previamente impuesta, se den en el Estado requirente. Desde el 7 de agosto de 2010, se han recibido de otros países 212 solicitudes de extradición pasiva; se han aprobado mediante resoluciones ejecutivas 148 solicitudes de extradición y se han entregado en extradición a 163 ciudadanos, colombianos y extranjeros, a diferentes países. En este mismo período, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior y de Justicia, ha recibido de diferentes autoridades judiciales del país, 26 solicitudes de extradición activa. En este lapso se han remitido 20 solicitudes al Ministerio de Relaciones Exteriores para ser presentadas al exterior a través de los canales diplomáticos. Extradición pasiva Solicitudes de extradición recibidas: 212 Solicitudes de extradición aprobadas: 148 Extradiciones efectivas: 163 Extradición activa Solicitudes de extradición recibidas: 26 Solicitudes perfeccionadas y tramitadas ante el Ministerio de Relaciones Exteriores: 20 Negociación de Convenios de Extradición A nivel de la normatividad convencional aplicable también se observan avances que han permitido ampliar el marco de cooperación. Está en proceso la elaboración de los textos de Acuerdo Modificatorio a los Tratados Bilaterales de Extradición con Panamá, Nicaragua, Cuba, Chile y Bélgica, así como al Acuerdo Bolivariano de Extradición, que sería presentado a los Gobiernos de Venezuela, Bolivia y Ecuador, pues en algunos de ellos, aún persiste la prohibición expresa de extraditar nacionales y en otros se consagran cláusulas como la lista cerrada de delitos que limitan la aplicación de la figura únicamente para las conductas punibles que se mencionan expresamente en el respectivo Convenio. En el caso de México, la negociación de un nuevo tratado de extradición está por culminar. En la Reunión preparatoria Binacional del Grupo de Alto Nivel en 389 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia Seguridad y Justicia (GANSJ) Colombia-México, llevada a cabo el 16 de junio de 2011, se acordó el texto del proyecto de extradición en el que se eliminan los obstáculos que presenta el tratado de extradición suscrito el 12 de junio de 1928. Este texto se encuentra en revisión por la oficina jurídica de la Cancillería mexicana. Se tiene previsto que la suscripción del mismo se realice durante la visita del Presidente Santos a México, a llevarse a cabo los primeros días del mes de agosto de 2011. Extradición simplificada El artículo 500 de la Ley 906 de 2004 fue adicionado por el artículo 70 de la Ley 1453 del 24 de junio de 2011 (Ley de Seguridad Ciudadana), consagrando la figura de la extradición simplificada que permite a la persona requerida en extradición, con la coadyuvancia de su defensor y del Ministerio Público, solicitar a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que, de cumplirse los presupuestos para ello, emita concepto de plano, lo que permite agilizar el trámite de extradición, pues reduce el término para que esa Alta Corporación judicial emita el concepto que le corresponde. Trámite de repatriación de presos Todo colombiano o ciudadano extranjero que se encuentre condenado y/o recluido en Centros Penitenciarios de Ecuador, Costa Rica, España, Panamá, Venezuela y Colombia, podrá solicitar su repatriación a las autoridades centrales de estos países con los cuales Colombia tiene tratados de repatriación suscritos y aprobados por el Congreso de la República. Con el trámite de Repatriación se busca que el interno llegue a su país de origen para que termine de cumplir la pena que le fue impuesta por la autoridad judicial respectiva, buscando con ello la resocialización del interno al lado de sus seres queridos, evitando así la desintegración familiar. Mediante canje de notas, es posible aprobar solicitudes de repatriación por razones humanitarias en virtud del artículo 6° numeral 12 de la Convención de Viena de 1988, cuando no existe tratado suscrito para la Transferencia de Personas Condenadas. Las solicitudes de Repatriación, son evaluadas por el Comité para el Estudio de las Solicitudes de Repatriación de Presos, el cual fue creado a través de la Resolución No. 2245 del 18 de diciembre de 2003, teniendo en cuenta el proceso de fusión de los Ministerios de Justicia y del Interior. 390 Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 Solicitudes de repatriación recibidas a partir del 7 de agosto de 2010 GRUPO TOTAL ECUADOR 25 ESPAÑA 15 COSTA RICA 6 ITALIA 2 MÉXICO 10 PANAMÁ 38 PERÚ 13 VENEZUELA 2 TOTAL GENERAL: 111 Repatriaciones concedidas a partir del 7 de agosto de 2010 GRUPO TOTAL ECUADOR 9 ECUATORIANOS 1 ESPAÑOLES 2 MÉXICO 4 PERÚ 11 PANAMÁ 10 TOTAL GENERAL: 37 Finalmente, en el marco de la reunión preparatoria de la V. Reunión Grupo de Alto Nivel en Seguridad y Justicia (GANSJ) México, llevada a cabo en Bogotá el día 16 de junio de 2011, los representantes de Colombia y México revisaron el texto propuesto por México para la suscripción de un Tratado para la Transferencia de Personas Condenadas a suscribirse entre los dos países. El Ministerio del Interior y de Justicia previa revisión con el Ministerio de Relaciones Exteriores, le propuso a la delegación de México algunos ajustes al texto, los cuales fueron acogidos y aceptados en su totalidad por la delegación de México. A la fecha, el Proyecto de Tratado para la Transferencia de Personas Condenadas, se encuentra en revisión de la Oficina Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores de México. Este Tratado será suscrito por parte del señor Presidente, en su visita a México durante los días 1 y 2 de agosto de 2011. 391 Capítulo 16 Secretaría General Transparencia en la gestión administrativa Los principios bajo los cuales se rige la actuación de la Secretaría General del Ministerio son los de eficiencia, eficacia y transparencia, fundamentos del propósito de gobernar en una “urna de cristal” de acuerdo con los lineamientos del Gobierno Nacional. Para lograr los objetivos a cargo de esta dependencia, los esfuerzos se han enfocado en contar con una adecuada planeación de las actividades y una información confiable y sistematizada, así como en la austeridad del gasto, y el adecuado manejo y seguimiento a la ejecución de los recursos públicos. El día 3 de marzo de 2011 el señor Ministro del Interior y de Justicia suscribió un acta de entendimiento con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Corporación Transparencia por Colombia, en la cual se definió la necesidad de aunar esfuerzos y trabajar en procura de implementar modelos de mejoramiento en transparencia en el sector del Interior y Justicia. Posteriormente, el Ministerio suscribió un convenio con el PNUD, para unir esfuerzos técnicos, financieros y administrativos, que le permitan fortalecer su capacidad institucional a través del mejoramiento y acompañamiento de procedimientos administrativos. Lo anterior, con la decidida intención de realizar todo proceso a cargo del Ministerio con fundamento en la transparencia y el mejor aprovechamiento de los recursos. De otra parte, bajo los lineamientos del señor Ministro, se logró obtener el fenecimiento de la cuenta del Ministerio por parte de la Contraloría General de la República, para la vigencia fiscal correspondiente al año 2010. En en caso del Fondo para la Participación y el Fortalecimiento de la Democracia, cuya representación legal se encuentra a cargo del Secretario General, el informe fue favorable e igualmente se obtuvo el fenecimiento de la cuenta de la entidad para la vigencia fiscal correspondiente al año 2010. Igualmente es pertinente mencionar que como resultado de la auditoría realizada por el ICONTEC al Sistema de Gestión del Ministerio, se recomendó mantener la certificación bajo los criterios de las normas ISO 9001.2008 y NTC GP 1000:2009. Lo anterior permite concluir que el Ministerio ha determinado, implementado y 393 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia mantenido eficazmente el sistema de gestión, que se convierte en una herramienta para dirigir el desarrollo de las funciones de la entidad y evaluar la calidad en su desempeño, propendiendo por la adecuada y oportuna prestación de los servicios a su cargo. La Secretaría General, con el fin de dar cumplimiento a sus objetivos, ha implementado las estrategias que se exponen a continuación: 16.1. La planeación y sistematización de la información • Planeación de la Contratación Por primera vez en el Ministerio se realizó un plan de contratación, para que las diferentes dependencias planeen con la debida anticipación los procesos contractuales que deben adelantar. Con esto se pretende generar un mecanismo de control a la ejecución presupuestal y permitir que los procesos se adelanten oportunamente, de modo que los bienes y servicios sean recibidos dentro de las fechas requeridas. • Sistematización de la información contractual Desde el inicio de la administración se ha alimentado y actualizado el Sistema de Información Contractual (SIC), buscando que toda la información en materia de contratos del Ministerio del Fondo para la Participación y el Fortalecimiento de la Democracia y del Fondo de Seguridad y Convivencia ciudadana esté sistematizada, para realizar un seguimiento a la misma y para que la información sea de fácil acceso a todas las dependencias. Esto ha permitido mejorar el proceso de seguimiento al vencimiento de las pólizas de garantía y agilizar el proceso de pagos a los contratistas, teniendo en cuenta que desde el Grupo de Gestión Financiera y Contable se tiene acceso a la información de los contratos. • Sistematización de la información de los proyectos de infraestructura Se ha mejorado y actualizado el Sistema de Información de Proyectos de Infraestructura (SIPI), con el propósito de contar con información precisa y completa sobre cada uno de los proyectos en ejecución que han sido financiados o cofinanciados con recursos del Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON). Este sistema permitió estandarizar la información y hacer seguimiento a la ejecución de los proyectos, hasta su liquidación. • Planeación de la gestión humana 394 Se elaboraron los Planes de Capacitación, Incentivos y Bienestar para los funcionarios del Ministerio, los cuales fueron aprobados por el Comité de Capacitación, Incentivos y Bienestar para adelantar actividades tendientes a favorecer las condiciones de quienes prestan sus servicios a la entidad. Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 • Programación de la revisión de procesos judiciales Actualmente, la entidad interviene en más de dos mil doscientos sesenta procesos judiciales que se tramitan ante los distintos despachos judiciales del país y su propósito es garantizar la mejor defensa posible de los intereses litigiosos de la entidad y de llevar un mayor control en la revisión. 16.2. La eficiencia y eficacia en los procedimientos • Gestión Contractual Desde la Secretaría General se desarrolló un proyecto de Manual de Contratación que se espera sea aplicable tanto al Ministerio del Interior como al Ministerio de Justicia y del Derecho, en el cual se definen claramente los requisitos y procedimientos para el desarrollo de cada una de las modalidades de contratación, se implementa un Comité de Contratación como asesor del ordenador o los ordenadores del gasto, se establecen nuevas obligaciones en la función de supervisión, se define un procedimiento administrativo para el desarrollo de procesos de incumplimiento o aplicación de cláusulas exorbitantes y se aclara el procedimiento de liquidación de contratos. Otro de los avances de este documento es la reglamentación del proceso de contratación a través de la bolsa mercantil, pues este mecanismo no ha sido utilizado a la fecha por el Ministerio, a pesar de constituir en sí mismo una garantía de transparencia y ahorro de recursos. • Supervisión de los contratos Con el propósito de crear la cultura de la supervisión y el seguimiento, se han realizado capacitaciones a los supervisores de los contratos, con el fin de exponer las responsabilidades a su cargo y resolver inquietudes en relación con las obligaciones que les han sido encomendadas. De otra parte, se han difundido los conceptos relevantes en la función de vigilancia y control, se han socializado los procedimientos y los formatos que facilitan las actividades relacionadas con el procedimiento de liquidación y supervisión contractual y se publicó el “Procedimiento de Seguimiento y Liquidación de la Ejecución Contractual”. Desde la Dirección Jurídica se viene adelantando la revisión detallada de los expedientes de vigencias anteriores, para establecer su estado real a la fecha y adelantar las acciones tendientes a su liquidación, según el caso. • Liquidación de los contratos Entre el mes de agosto de 2010 a la fecha, se han liquidado un total de 209 convenios y contratos, en un comprometido esfuerzo por finalizar estos procesos y definir si se recibieron los bienes y/o servicios contratados, para llevar un adecuado control a los recursos del Ministerio y los Fondos a su cargo. 395 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia Se han realizado múltiples requerimientos a los supervisores y contratistas para contar con la documentación completa que permita adelantar el trámite de la liquidación de la manera correcta. • Definición de criterios de viabilización de proyectos de infraestructura De 397 proyectos presentados en el 2010, solo se logró realizar la viabilización de 97 (correspondiente al 25%) los cuales fueron presentados al Comité Evaluador de FONSECON durante dicha vigencia. Una de las razones principales de que los proyectos no fueron viabilizados en su totalidad, se debió a que estos no cumplieron con los objetivos y requisitos del Fondo. Es así como aproximadamente el 40% de estos fueron devueltos a los entes territoriales para sus respectivas correcciones y ajustes. El último 35% no fue tramitado debido a que en su gran mayoría fueron radicados en el último trimestre del año y por lo tanto no alcanzaron a cumplir con la totalidad de los requisitos exigidos por el FONSECON. Teniendo en cuenta que los entes interesados invirtieron recursos en la formulación y presentación de los proyectos, aun cuando estos no fueran aprobados, se consideró pertinente actualizar el proceso de viabilización de proyectos que aspiran a acceder a los recursos de FONSECON, con lo cual se espera hacer más eficiente y equitativa la asignación de los recursos y evitar gastos innecesarios por parte de los interesados. De acuerdo con el procedimiento propuesto, en una primera etapa se solicita a los entes interesados los documentos esenciales para definir si el proyecto puede ser desarrollado en el predio propuesto y el ente tiene recursos de cofinanciación. Igualmente, se solicita un programa arquitectónico, a través del cual se definan las áreas a diseñar, y con fundamento en este último se proyectará el valor del metro cuadrado construido, que será el presupuesto base para definir el valor aproximado de la obra y su interventoría. Con este nuevo procedimiento, el cual ha sido publicado y socializado, se busca mejorar y agilizar los procesos que actualmente se realizan para la viabilización de proyectos. Los beneficios son los siguientes: • Mayor agilidad en la revisión de los proyectos que se radiquen ante FONSECON y en la viabilización de aquellos que se encuentren priorizados. • Los entes interesados solo invertirán en los estudios y diseños de proyectos que han sido previamente revisados por el Comité Evaluador y priorizados por el mismo. • El ente interesado asumirá la responsabilidad total en la elaboración de los estudios y diseños, y en la ejecución de la obra. 396 • El Ministerio acompañará el desarrollo de los proyectos desde el inicio hasta su finalización, tanto con la supervisión como con la interventoría, dando mayor certeza en la calidad en los Estudios y Diseños utilizados para el desarrollo de las obras. Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 • Comisiones al Interior del País A partir del mes de diciembre de 2010 se implementó un nuevo proceso para el otorgamiento de autorización para comisiones al interior del país y el pago de los respectivos viáticos y gastos de viaje. Este procedimiento es más ágil y permite tener un mayor control en la adecuada ejecución de los recursos destinados a estos propósitos, al establecer la necesidad de contar con una agenda diaria de las actividades a realizar. En el mes de marzo de 2011 se socializó el procedimiento y los requisitos para la legalización de las comisiones al interior del país, exigiendo a los funcionarios y contratistas que fundamenten los gastos en que incurrieron a la mayor brevedad posible y que todos se encuentren debidamente soportados, para llevar un adecuado control a la ejecución de los recursos del Ministerio. • Trámite de los actos administrativos La Dirección Jurídica diseñó un instructivo ajustado a las normas de calidad, en relación con la elaboración de actos administrativos y diseño de normas, acorde a lo establecido en el Decreto 1345 de 2010, el cual permite ilustrar a las demás dependencias para la adecuada elaboración de los mismos. 16.3. La transparencia de los procesos contractuales y administrativos • Convenio con el PNUD para el mejoramiento y acompañamiento de procesos y procedimientos administrativos Con este convenio se espera contar con un diagnóstico a profundidad de la transparencia en el Ministerio, actualizando y ampliando la información del Índice del 2010, una metodología para la formulación y adopción de planes de mejoramiento en gestión administrativa, una guía que oriente la gestión transparente en la contratación pública y un acompañamiento en el diseño, trámite e implementación de reformas al sistema de política electoral. • Definición de procedimientos para los entes que reciben recursos de FONSECON Se han diseñado guías y procedimientos para que los beneficiarios de recursos de FONSECON cuenten con lineamientos claros para el desarrollo de los procesos contractuales que van a ser financiados o cofinanciados con los referidos recursos. Dentro de los documentos elaborados se encuentran las condiciones mínimas que deben tener los contratos de obra e interventoría que adelanten las entidades beneficiarias. • Garantía de la igualdad en la participación Ha sido prioridad de esta administración eliminar de todo proceso de selección en materia contractual cualquier criterio subjetivo de evaluación. En 397 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia consecuencia, se ha propendido porque se incluyan criterios que permitan la participación del mayor número de proponentes posible, sin sacrificar la calidad en los bienes y servicios requeridos por el Ministerio. • Uniformidad de criterios en la definición de honorarios y presupuestos Para garantizar la austeridad del gasto se han exigido estudios de mercado en el desarrollo de la etapa precontractual, que permitan establecer los costos reales de los bienes o servicios requeridos. En los contratos de prestación de servicios se han establecido condiciones objetivas para la definición de honorarios para los contratistas, las cuales se fundamentan en las condiciones académicas y laborales señaladas en el perfil requerido para el desarrollo del objeto contractual. • Participación ciudadana y de organismos de control Se ha solicitado el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación en los procesos de mayores cuantías y se han adelantado audiencias públicas con el fin de conocer las observaciones de los eventuales interesados frente a los procesos. Igualmente, se ha dado cumplimiento a la obligación legal de publicar los actos administrativos de los procesos de contratación en el portal único de contratación, convocando a las veedurías ciudadanas. Se han revisado y contestado todas las observaciones recibidas por los ciudadanos en el marco de estos procesos de selección. 16.4. La consistencia y razonabilidad de las finanzas del MIJ • El fenecimiento de las cuentas Se logró el fenecimiento de las cuentas tanto del FPFD como del Ministerio del Interior y de Justicia. Adicionamente, se está trabajando en la implementación de un plan de mejoramiento que nos permita y continuar presentando estados financieros razonables. • El saneamiento financiero Se realizó una depuración dando traslado de terrenos, bienes y elementos al INPEC y otras entidades beneficiarias de los mismos por valor de $865.571 millones Igualmente, se adelantó la depuración de inventarios, representada en la baja de bienes por valor de $1.687 millones. Adicionalmente, se continúa llevando a cabo la conciliación de bienes a cargo de los programas a cargo del Ministerio. • El seguimiento a la ejecución presupuestal 398 Se está haciendo un seguimiento mensual a la ejecución presupuestal, con cada una de las dependencias, para garantizar que los recursos sean efectivamente Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 utilizados, dentro de la vigencia respectiva. A la fecha se ha comprometido un 69.4% del presupuesto del Ministerio y un 93.4% del presupuesto del Fondo para la Participación y el Fortalecimiento de la Democracia. • Ahorro de recursos Para dar cumplimiento a los documentos CONPES 3277 del 15 de marzo de 2004 y 3412 del 6 de marzo de 2006, el Ministerio adelantó procesos de selección por la modalidad de selección abreviada –subasta inversa presencial–, para la dotación de los bienes necesarios para el funcionamiento de los Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional, según las necesidades planteadas por INPEC, evidenciándose un ahorro total de $4.670.560.764,01, en relación con lo inicialmente presupuestado. De otra parte, el Ministerio ha ahorrado recursos en el pago de servicios públicos. Así, para la telefonía fija y plantas telefónicas, se ha presentado una disminución promedio mensual del 83,02% durante lo corrido del año 2011, en relación con lo pagado en el 2010, lo cual obedece al cambio de los planes tarifarios de las plantas telefónicas, reducción en el cargo básico y unificación de tarifas por minuto, a pesar de la instalación de nuevas extensiones con discado nacional y celular, por necesidades del servicio. La entidad también ha disminuido el gasto en el pago del servicio de telefonía celular para los servidores públicos autorizados por la norma, en un promedio mensual del 32,59% durante lo corrido del año 2011, en relación con lo pagado en el 2010. Esto es producto de la conciencia de la austeridad del gasto por parte de los usuarios de este servicio. Finalmente, la entidad ha disminuido el gasto en el consumo de energía de sus inmuebles, a pesar del incremento en las tarifas. En relación con lo pagado en el 2010, para el 2011 se ha presentado un ahorro promedio del 10,83%, lo cual obedece a las campañas de austeridad que se vienen adelantando a través de la concientización a todos los funcionarios del Ministerio en la importancia de la adecuada utilización de este servicio. 16.5 La priorización de los recursos para atender proyectos de seguridad nacional y preservación del orden público • Apoyo a la fuerza pública con recursos de FONSECON Como se puede observar en las gráficas que se incluyen a continuación, mientras en el año 2010 la mayoría de proyectos financiados o cofinanciados con recursos de FONSECON consistieron en la construcción o adecuación de centros administrativos municipales, en el año 2011 la mayoría de los recursos se han destinado a la construcción de estaciones de policía, con el fin de fortalecer la seguridad ciudadana. Igualmente se ha destinado una suma importante de recursos para la implementación de sistemas integrados de emergencia y seguridad. 399 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia VIGENCIA 2010 VIGENCIA 2011 Considerando que el 60% de los recursos programados para el presente año tienen relación directa con proyectos de apoyo a la fuerza pública y mayormente encaminados a la construcción de Estaciones de Policía e implementación de Sistemas Integrados de Emergencia y de Seguridad (SIES), en los cuales el operador final será la Policía Nacional, el Ministerio del Interior y de Justicia realizó dos convenios interadministrativos con el Fondo Rotatorio de la Policía (FORPO), por un valor total superior a $41.000 millones, con el fin de ejecutar estos proyectos, además que la Policía Nacional tiene una amplia experiencia en la ejecución de este tipo de proyectos y son ellos quienes conocen con precisión las especificaciones técnicas necesarias tanto para la construcción, como para la instalación de tecnología en este tipo de infraestructura. 400 De acuerdo con lo expuesto, en lo corrido del presente año se han aprobado recursos por valor de 23.533 millones de pesos para estaciones de policía, 22.070 millones de pesos para Sistemas Integrados de Emergencia y de Seguridad, 6000 millones de pesos para el Palacio de Justicia de Cali, 2.712 millones de pesos para casas de justicia, 1.668 millones para Centros de Atención Inmediata – CAI, como se muestra a continuación. Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 Distribución de recursos 2011 - FONSECON Lo anterior muestra un cambio importante en relación con la asignación de recursos en el 2010, que fue como se muestra a continuación: Asignación de recursos FONSECON 2010 Por otra parte, en diciembre de 2010, se logró la contratación de los Sistemas Integrados de Emergencia y Seguridad (SIES) a través del Fondo Rotario de la Policía para la ejecución de 19 Circuitos Cerrados de TV y 5 Números Únicos de Seguridad 123. El valor de estos proyectos asciende a la suma de $18.000 millones teniendo en cuenta los aportes realizados por las entidades territoriales beneficiadas de estos programas y los de FONSECON, que ascendían a $15.000 millones. • Infraestructura Carcelaria Se inauguró el Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional (ERON) de Florencia-Caquetá, el 10 de marzo de 2011 por parte del señor Presidente de la República y el Ministro del Interior y de Justicia, el cual generó 1.469 cupos a través de la construcción de 25 edificios y 28.817 metros cuadrados de construcción. Dicho establecimiento cuenta con sectores para sindicados, mediana y mínima seguridad y áreas de apoyo que favorecen el programa de resocialización. 401 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia Igualmente se puso en funcionamiento el 30 de marzo de 2011 el sector de Sindicados del Establecimiento penitenciario y carcelario de mediana seguridad “La Picota” en Bogotá, el cual cuenta con una capacidad de 3.466 internos, y un área construida de 63.807 m2, distribuidos en 6 torres y un Área de Sanidad Especializada. Así mismo cuenta con Áreas de Resocialización, dos pabellones de Unidades de Tratamiento Especial (UTE) y dos pabellones de Medidas Especiales (UME) con una capacidad de 742 internos, incluidas las celdas para personas con discapacidad. Finalmente, se está adelantando el protocolo de entrega del Establecimiento de Reclusión de Guaduas, por parte de FONADE al Ministerio y al INPEC. • Seguridad Carcelaria El Comité Evaluador de FONSECON aprobó la apropiación de $ 27.500 millones ($11.000 Obra Civil – $16.500 Seguridad electrónica), con el fin de consolidar la seguridad en los establecimientos de reclusión, considerando las solicitudes presentadas por el INPEC en este sentido. Con los referidos recursos se están realizando cerramientos perimetrales, garitas adicionales, aseguramiento de cielos rasos en malla, entre otras obras, con el fin de mejorar las condiciones de seguridad del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad “La Picota” en Bogotá. Igualmente se realizarán obras adicionales para reforzar la seguridad de los pabellones nuevos de sindicados, pues se implementarán Zonas de Reclusión de Alta Seguridad, que no fueron diseñadas inicialmente para este fin. 402 Así mismo se realizó un convenio interadministrativo con FONADE, dentro del cual se destinó un valor de $3.730 millones, para reforzar la seguridad física de los establecimientos de Jamundí, Medellín y Bogotá; Lo anterior considerando la solicitudes del INPEC de realizar cerramientos adicionales al área de sindicados, Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 reforzamiento al interior de los pabellones, instalación adicional de concertinas en los cerramientos, para poner en operación todos los sectores de dichos establecimientos. Con el fin de consolidar la seguridad en los establecimientos de reclusión, se contrató e instaló en los establecimientos de Cúcuta, Yopal, Puerto Triunfo, Acacías, Jamundí, Bogotá, Medellín, Ibagué, Florencia, la totalidad de la Seguridad Electrónica básica la cual se encuentra conformada por Máquinas de Rayos x, Sillas y Arcos detectores de metal. Estos equipos especiales de seguridad se encuentran en funcionamiento y operación por parte del INPEC. Por otro lado, actualmente el Ministerio del Interior y de Justicia junto con el FONADE se encuentra adelantando un proceso de contratación a través del cual busca la terminación de la instalación de los Sistemas  Electrónicos  de Seguridad en los establecimientos de Reclusión construidos en el cuatrienio anterior (Bogotá, Ibagué, y Medellín). El proceso de contratación de la Seguridad Electrónica de los demás establecimientos (Cúcuta, Yopal, Puerto triunfo, Jamundí, Acacías, Florencia y Guaduas) está siendo adelantado directamente por este Ministerio. • Sistema de Vigilancia Electrónica como sustitutivos de prisión y detención domiciliaria a nivel nacional Este sistema consiste en una unidad transmisora que permite ubicar al condenado o sindicado. Su instalación es autorizada por parte del juez competente y el seguimiento de su funcionamiento corresponde al INPEC. A fecha 31 de mayo de 2011 se ha realizado la instalación de 4.149 dispositivos en el territorio nacional y el sistema funciona en el marco del convenio interadministrativo No. 337 de 2008, por un valor de $39.700 millones, que fue adicionado en el mes de abril del presente año por $12.000 millones. Actualmente se adelanta el proceso que permitirá dar continuidad al sistema hasta el año 2013. 403 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia 16.6. Mejoramiento y autocontrol • Elaboración y Cumplimiento de Planes de Mejoramiento De acuerdo con el informe de contraloría del 2010 se logró una efectividad del 65% en el Plan de Mejoramiento. Actualmente se adelantan actividades en conjunto con la Oficina de Control Interno que han permitido disminuir el número de hallazgos que no cuentan a la fecha con acciones de mejoramiento. • Mediación y solicitud de inicio de investigaciones El Comité de Personal del Ministerio ha atendido las quejas y denuncias presentadas por los empleados del Ministerio en contra de quienes presuntamente han incurrido en actos constitutivos de acoso laboral. Se han propuesto fórmulas de arreglo en estos casos y cuando se ha considerado pertinente se ha solicitado oficiar a las autoridades y dependencias competentes. En los casos en que se han evidenciado deficiencias en la vigilancia y control de los contratos o convenios del MIJ, se ha solicitado el inicio de las investigaciones correspondientes. • Aplicación de cláusulas exorbitantes El Ministerio después de realizar un análisis completo de las solicitudes de los supervisores por posibles incumplimientos contractuales, ha declarado los incumplimientos que son procedentes de acuerdo con las normas vigentes. Proceso de escisión de los Ministerios del Interior y de Justicia y del Derecho 404 En el caso del Ministerio de Justicia y del Derecho, se están creando dos Viceministerios, el primero enfocado a los asuntos de eficiencia en la justicia y otro para los temas de orden penal, política penitenciaria, justicia transicional y política de lucha contra las drogas y del Secretario General, sino que del análisis del entorno Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 externo e interno, se están revisando sus funciones para hacerlas más acorde con los objetivos que se proponen como solución a los grandes problemas y necesidades que enfrenta el País en esta materia. En relación con el Ministerio del Interior, se está diseñando una estructura, que le permita atender los asuntos de manera más eficiente. La reorganización requiere poner el énfasis en hacer de este ministerio una “cancillería del interior”. Por ello ha puesto especial cuidado en los temas de relaciones políticas con las entidades territoriales, en su desarrollo y gobernabilidad, en el orden público y la seguridad y la convivencia ciudadanas. Adicionalmente a ello, la garantía de los derechos y libertades se constituye en un eje temático, en el cual además de fortalecer a las direcciones ya existentes, se está creando la dirección de Consulta Previa, como un elemento determinante para impulsar los proyectos de desarrollo e inversiones que requiere el País en temas tan importantes como la minería, la explotación de hidrocarburos, entre otros. Por lo anterior, se están creando dos viceministerios, uno de ellos enfocado a las relaciones políticas tanto con las entidades territoriales como con el Congreso de la República y manejo de la Agenda Legislativa del Gobierno Nacional y el otro, con un enfoque especializado en la participación y garantía de los derechos. Es importante señalar que en este proceso de escisión, el Ministerio del Interior y de Justicia ha asumido el modelo de operación de gestión por servicios compartidos para los temas estratégicos y de apoyo que lo permitan, lo que significa que el Ministerio del Interior le prestará al Ministerio de Justicia los servicios de administración del recurso humano y la gestión de los asuntos administrativos y financieros, en tanto el Ministerio de Justicia y del Derecho le prestará al Ministerio del Interior el soporte tecnológico. Este modelo de gestión, que ha sido eficiente en el sector privado y que se ha desarrollado con éxito en las empresas, será aplicado en el sector público con el consecuente fortalecimiento organizacional de las Secretarías Generales. 405 Capítulo 17 Planeación y Rendición de Cuentas La oficina Asesora de Planeación del Ministerio del Interior y de Justicia se ha convertido en el área que además de formular y hacer seguimiento, articula la información de las metas del cuatrienio establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 definidas en el Plan Estratégico del sector Interior y de Justicia. Asimismo, esta oficina realiza el seguimiento mensual y semanal de la ejecución presupuestal tanto del Ministerio como de sus entidades adscritas, permitiendo un control riguroso a la ejecución de los recursos provenientes del sector central. El verdadero logro alcanzado hasta la fecha, bajo el liderazgo del Ministro del Interior y de Justicia y de los viceministerios con sus respectivas áreas técnicas así como de las entidades adscritas es el de realizar seguimiento permanente a las metas del cuatrienio permitiendo evaluar oportunamente los avances en esta materia, y de esta forma realizar ajustes inmediatos a los casos que así lo requieran. Este seguimiento también ha sido continuo en la ejecución de los recursos públicos asignados al sector. De acuerdo a lo anterior se han realizado tres (3) rendiciones de cuentas al interior del Ministerio incluyendo el sector, y una (1) ante Presidencia de la República liderada por el Ministro del Interior y de Justicia. Se tienen resultados en varios frentes, uno de estos fue el alcanzado el 7 de Diciembre de 2010, en donde el Ministerio logró la recertificación de Calidad en NTCGP1000: 2009 e ISO-9001-2008. Este es un avance importante en el tema de Gestión de Calidad ya que el Ministerio contaba con veintiún (21) hallazgos realizados por la firma ICONTEC, que al no ser subsanadas bajo esta nueva administración se corría el riesgo de no mantener este certificado de calidad, la cual permite entre otros aspectos, mejorar la imagen y credibilidad del ciudadano en la institución. 407 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia El avance en la articulación de la información del sector Interior y de Justicia, se viene construyendo mediante una mejora continua en el diseño de nuevas herramientas de seguimiento, que han permitido la medición de las metas, como fue el nuevo Plan de Acción del Ministerio que articula los objetivos y las estrategias del Plan Estratégico del Sector con el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 incluyendo no sólo a las áreas misionales sino también haciendo partícipe de todo este desarrollo a las áreas de apoyo, articulación que a la fecha no se había podido alcanzar por otra administración. Esta herramienta contiene un instructivo que facilita su diligenciamiento, este ha sido entregado a los responsables del proceso. Como complemento a este nuevo instrumento de planeación y seguimiento de metas, se realizaron tres capacitaciones y una de estas fue personalizada a todos los encargados de realizar el seguimiento en las áreas de apoyo y áreas misionales del Ministerio. Actualmente se lleva a cabo la consolidación mensual de los avances del Plan de Acción informados por cada una de las dependencias del Ministerio, en este proceso de consolidación se retroalimenta el informe de avance de cada una de las áreas del Ministerio, y se brinda la asesoría permanente requerida. El Plan Estratégico del sector se presentó oficialmente ante el señor Presidente de la República por parte del Ministro del Interior y de Justicia el 28 de Febrero de los corrientes, este fue aprobado a satisfacción del primer mandatario y quedó consignado en la resolución 1250 de 2011. Respecto a los proyectos de inversión se ha logrado mejorar la información que contienen los proyectos del Ministerio y del sector alcanzando una mayor cobertura en la regionalización para la vigencia 2011 y 2012 en el módulo “proyecto PPTO” del Sistema Unificado de Inversión Pública (SUIFP), así como su respectivo seguimiento regional en el sistema SPI-Seguimiento a Proyectos de Inversión para la vigencia 2011. PROYECTOS REGIONALIZADOS 2010-2012 408 Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 En aras del mejoramiento continuo en la formulación de los proyectos de inversión, la Oficina Asesora de Planeación, realizó un evento de capacitación con cobertura sectorial en el mes de Febrero de 2011 que incluyó el componente teórico (identificación, preparación y evaluación de proyectos) y uno práctico (manejo de la Metodología General Ajustada), asimismo se han enviado a todos los responsables de los proyectos dos presentaciones guías elaboradas por esta oficina, para la realización de registro o actualización de proyectos de inversión en el BPIN web, lo que facilita realizar el seguimiento de los proyectos de inversión en el sistema SPI. De igual forma la calidad de la información de estos proyectos del Ministerio frente a las exigencias del Departamento Nacional de Planeación ha tenido una mejora reflejada en el cargue de 25 resúmenes ejecutivos en el sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión-SPI. Otros Logros: • Para la vigencia 2011 de enero 1° a mayo 31 se actualizaron los 33 proyectos inscritos que cuentan con recursos para ejecutar en 2011, con el fin de ajustarlos al presupuesto asignado. • A partir de mayo hasta la fecha se han incorporado 6 proyectos nuevos para ejecutar recursos de 2011. • Respecto al sector se revisaron y viabilizaron 22 proyectos de inversión, los cuales quedaron actualizados al presupuesto de 2011. PROYECTOS ACTUALIZADOS 2010-2011 409 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia • Para la vigencia 2012 se apoyó la actualización de 32 proyectos que ya se encuentran inscritos en el BPIN y se elaboraron e incorporaron en el BPIN 12 proyectos nuevos, para un total de 44 proyectos de inversión que se registraron al 30 de abril ante el Departamento Nacional de Planeación (DNP) por $2.425 millones. • Para el sector se revisaron y viabilizaron en el sistema web BPIN 22 proyectos de inversión 2012 que fueron registrados el 30 de abril ante el DNP. • Respecto a los programas misionales de funcionamiento desde enero a la fecha se han actualizado doce (12) de estos ajustándolos al presupuesto asignado en el 2011, y para la vigencia 2012 se apoyó la actualización de la totalidad de los mismos con el fin de programar los recursos en el Anteproyecto de presupuesto 2012. En octubre de 2010, se efectuó capacitación en formulación y actualización de los programas misionales de funcionamiento. • Se han realizado las acciones de mejora de los Planes de Mejoramiento producto de las auditorías de control fiscal llevadas a cabo por la Contraloría General de la República de las vigencias 2009 y 2010, el Plan de mejoramiento producto de las auditorías independientes y Plan de mejoramiento producto de la Auditoría Interna de Calidad coordinadas por la Oficina de control interno del Ministerio, así como los Planes de Mejoramiento producto de la auditoría Externa del ICONTEC (diciembre de 2010). Es importante resaltar que los Informes de seguimiento a estas acciones de mejoramiento retroalimentan la gestión institucional, aseguran el logro de los objetivos y acentúan el mejoramiento continuo de los procesos y de la prestación del servicio. • La coordinación sectorial e institucional para la formulación y seguimiento al Plan Estratégico Sectorial, Plan de Acción Institucional, Plan del Sistema de Desarrollo Administrativo, Plan Sectorial de Racionalización de trámites y Planes de actividades para la escisión, los cuales mediante el uso de indicadores permiten establecer el avance de la gestión, el monitoreo de los factores críticos y el logro de los resultados institucionales, así como retroalimentar el proceso administrativo fortaleciendo la autoevaluación de la Gestión. • El continuo mejoramiento a la documentación del sistema de Gestión de Calidad, (caracterizaciones, procedimientos, formatos documentos obligatorios y demás) permite a los funcionarios un marco de aplicabilidad adecuado que apoya la consecución de resultados de los procesos y logro de los objetivos institucionales. Se viene avanzando en la separación de la 410 Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 documentación, como base para el diseño de los sistemas de Gestión de los dos nuevos Ministerios PROCESOS ACTUALIZADOS 2010-2011 Actualización de documentos de agosto del 2010 a mayo de 2011 • El diseño de proyectos de resolución de carácter administrativo que facilitan la autorregulación institucional y adecuación a la normatividad vigente, entre otros. Elaboración del Proyecto de Integración del comité Gobierno en Línea, Comité Programa Nacional de Servicio al Ciudadano y Comité Antitrámites, en el que se está mejorando la información que consulta el ciudadano en el portal del Estado Colombiano. Se tiene lista la resolución para la elaboración del Acta de Informe de Gestión, estos se presentarán a los dos Ministerios, lo que permitirá una entrega y un recibo de funciones de manera organizada a fin de cumplir con los objetos de las diferentes políticas. • El Ministerio ya inició la coordinación sectorial para la implementación del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano orientado por el DNP mediante reuniones mensuales. Se tiene el diagnóstico y el Plan de Acción y se ha avanzado en la formulación del proyecto de cooperación internacional para la estructuración del servicio al ciudadano, en beneficio de un mejor servicio como herramienta para la medición de la satisfacción del cliente y en consecuencia la mejora de los procesos y resultados de las políticas de gobierno. • También se han ajustado procedimientos en los programas misionales de funcionamiento para la “Formulación, Actualización, y Seguimiento de estos programas”. 411 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia • Es importante resaltar que esta administración impulsó la sistematización de las herramientas necesarias para la planeación y el seguimiento a las metas de Gobierno, suscribiendo un convenio con el PNUD, el cual permitirá la programación y gestión de metas por resultados tanto para el Ministerio del Interior como para el Ministerio de Justicia y del Derecho. Será entonces responsabilidad de las nuevas administraciones seguir apoyando estos esfuerzos que iniciarón y que se han venido consolidando bajo el liderazgo del Ministro del Interior y de Justicia. 412 Capítulo 18 Entidades adscritas y vinculadas al Ministerio del Interior y de Justicia 18.1. Imprenta Nacional A continuación se presentan los principales logros y las metas propuestas por la Imprenta Nacional. Principales logros • En el año 2010 la empresa recibió la renovación del certificado ISO 9001: 2008 y NTC GP 1000:2009 a su Sistema de Gestión de la Calidad, por parte del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Acreditación ICONTEC. Desde el año 2005, cuando se implementó y certificó por primera vez, se ha venido fortaleciendo, mediante el mejoramiento continuo de los procesos y la integración de otros sistemas de administración, como el Modelo Estándar de Control Interno MECI. • Se ha logrado mantener un adecuado manejo de las relaciones con la organización sindical, que han permitido de un lado mantener un clima laboral estable y de otra parte llegar en este año a una negociación de la Convención Colectiva con acuerdos que no han puesto en peligro la estabilidad administrativa y económica de la empresa, tanto es así que los valores anuales de los beneficios convencionales no superan el 3% de los ingresos operacionales. • En el 2011, el dictamen preliminar de la auditoría realizado por la Contraloría General de la República, dio como resultado el fenecimiento de la cuenta de la vigencia 2010. • Los resultados financieros permiten concluir que la empresa ha mantenido la sostenibilidad económica, con tendencia de crecimiento, lo que demuestra la solvencia y la viabilidad financiera de la entidad como Empresa Industrial y Comercial del Estado. La Imprenta continúa generando altos márgenes de rentabilidad, que permiten demostrar su sostenibilidad y viabilidad económica, puesto que el margen operacional del 52.75% superó la meta propuesta (50%) y en lo que va corrido de 2011 se supera ampliamente. 413 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia • La empresa deriva sus recursos de la actividad propia de su negocio, lo que libera a la Nación de financiarla para su operatividad y, por el contrario, los resultados financieros han permitido que el Estado cuente con recursos de los excedentes generados, transferencias que en el año 2010 fueron de $35.115 millones y para la presente vigencia está previsto transferir $23.722 millones. • Con el programa de adquisición de tecnología productiva realizado en el 2010, la empresa manifiesta que logró incrementar su capacidad instalada en el proceso de acabados respondiendo al volumen de producción del proceso de impresión, reducir los costos en papelería, y contar con un sistema automatizado de información de producción, que brinda información en tiempo real para la toma de decisiones sobre las políticas de comercialización y producción. • Se ha logrado que la ciudadanía tenga acceso en forma oportuna al conocimiento fidedigno del contenido de las normas, actos del Gobierno y contratación estatal, publicados en el Diario Oficial y su apéndice Diario Único de Contratación Pública, garantizando la seguridad jurídica y contribuyendo a la transparencia y moralidad de las actuaciones de las entidades públicas. Así mismo, ofreciendo a las entidades estatales servicios editoriales con calidad y oportunidad, convirtiéndose en un aliado estratégico en sus propósitos de dar a conocer a la sociedad su gestión, políticas y programas. Metas propuestas: • Con el programa de inversión de tecnología productiva para el año 2011, se espera contar con tecnología de punta amigable, con el medio ambiente, que permita incrementar la capacidad de respuesta y el control del proceso en las áreas de CTP e Impresión. • Con el programa de adecuación de la infraestructura, se busca adecuar los espacios físicos a la necesidad de armonizar los procesos comerciales y productivos de la empresa, para hacerlos más eficientes y seguros. Con la dotación de ascensores confiables y con la implementación de un sistema integrado de seguridad, permitió a la entidad estar preparada para reaccionar rápidamente frente a casos de emergencia y facilitó las actividades cotidianas que tienen que ver con el monitoreo, control de acceso e iluminación de las instalaciones, de tal manera que brinden confianza a los trabajadores, clientes y proveedores. • En lo que respecta al programa de modernización de la infraestructura 414 tecnológica y de comunicaciones, la empresa busca con las inversiones presupuestadas para el año 2011 garantizar una mayor capacidad de almacenamiento de información, con altos niveles de velocidad en el flujo de la misma, con seguridad y transparencia y actualizar las estaciones de trabajo de diseño gráfico, acorde con las necesidades del mercado. Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 • Se pretende orientar la Gestión a la fidelización de los clientes e incrementar los ingresos operacionales. • Iniciar el proceso de implementación del Sistema de Gestión Ambiental, bajo la Norma ISO 14001, con el fin de estructurar, implementar, desarrollar y certificar un sistema de gestión ambiental, que le permita establecer sólidos compromisos de responsabilidad social, con un proceso productivo ambientalmente sostenible. • Es relevante el compromiso de la administración por abrir nuevamente la puertas del Museo de Artes Graficas, cuyo objetivo es mostrar la invaluable importancia histórica de la evolución artes gráficas. 18.2. Dirección Nacional de Derechos de Autor Las actividades desarrollas y metas propuestas por esa entidad, desde el 7 de agosto de 2010, son las siguientes: Principales logros • Incentivar a los medios de comunicación, de amplio reconocimiento, para que promuevan el consumo legal de música, videos y libros digitales en Internet, respetando el derecho de autor. También se ha realizado publicaciones en diferentes blogs, redes sociales y páginas web. • La presentación del Proyecto de Ley 241 de 2011 Senado, “Por la cual se regula la responsabilidad por las infracciones al derecho de autor y los derechos conexos en Internet”, el cual se encuentra aprobado en primer debate. • Se superó la meta propuesta de agosto de 2010 a mayo de 2011, consistente en capacitar a 233 jueces y fiscales en la judicialización de la piratería y otras infracciones del derecho de autor. A mayo de 2011 se han capacitado 279 en total. • Desde agosto de 2010 a mayo 31 de 2011, debieron expedirse un total de 42.833 registros de obras musicales artísticas, literarias, software, fonogramas y contratos, logrando un cumplimiento del 95% de la meta, pues durante el período se han expedido 40.616 registros. • Para el período en mención, la DNDA se propuso capacitar un total de 6.479 usuarios entre creadores, productores y consumidores de bienes protegidos por el derecho de autor, meta que también se ha cumplido de manera muy satisfactoria con un total de 6.898 ciudadanos capacitados. 415 República de Colombia Ministerio del Interior y de Justicia • En el ejercicio de su función de Inspección y Vigilancia, la Dirección tiene como objetivo promover la eficiencia y transparencia de las Sociedades de Gestión Colectiva de derecho de autor y derechos conexos. Así, se propuso realizar entre agosto de 2010 y mayo de 2011 un total de 13 auditorías, las cuales fueron realizadas. Metas propuestas: • Diseñar e implementar el sistema de información de propiedad intelectual. Para el efecto, la entidad radicó en el Departamento Nacional de Planeación el proyecto de inversión respectivo y una vez aprobado se tiene previsto desarrollar un Sistema de información que sea de gran utilidad para todos los ciudadanos involucrados en el tema de la propiedad intelectual, tanto usuarios como creadores. 18.3. Corporación Nacional para la Reconstrucción de la Cuenca del Río Paz y Zonas Aledañas - Nasa Kiwe La corporación Nasa Kiwe ejerce sus funciones con fundamento en siete programas, cuyo desarrollo se expone a continuación: • Vías: Con el fin de construir o rehabilitar las vías que intercomuniquen a las comunidades afectadas de la zona de influencia con las vías arterias, desde el mes de agosto de 2011 se culminaron 13 proyectos viales en los cuales se invirtieron 1.407 millones de pesos. Esto incluye la finalización de la construcción de 7 vías, 4 proyectos de mejoramiento vial, la construcción de un puente vehicular, la reparación de un puente peatonal y el avance en la construcción de un cable vía. • Vivienda: Se invirtieron 695 millones de pesos en la terminación de 10 proyectos de vivienda en fase II, la construcción de 10 baterías sanitarias en el proyecto de vivienda de Calderas en el Municipio de Inzá y se adelanta la terminación de 48 viviendas y la construcción de 22 adicionales con un área de 42 metros cuadrados, para beneficiar la reubicación de hogares ubicados en zonas de alto riesgo. • También se adelantan los trámites pertinentes para obtener el desembolso de 70 subsidios asignados por el Fondo Nacional de Vivienda y la cofinanciación con recursos de la Dirección de Gestión del Riesgo del Ministerio del Interior y de Justicia. • Salud y Saneamiento Básico: Con el fin de brindar atención integral en 416 saneamiento básico y salud, se terminó la complementación y construcción Informe de Gestión al Congreso de la República 2010 - 2011 del puesto de salud El Coral Potrerito, Municipio de la Plata. También, desde el mes de agosto de 2010 se terminaron 11 proyectos de acueducto, se ejecutaron 8 proyectos de alcantarillado en fase básica, se terminaron 4 proyectos de alcantarillado en su fase complementaria y se pusieron en marcha 9 sistemas de saneamiento básico. En este programa se invirtieron 926 millones de pesos. • Educación: Siendo uno de los propósitos la recuperación y construcción de los servicios educativos de la zona, se terminaron dos centros infantiles para atención de la primera infancia del pueblo Guambiano, los cuales se encuentran en funcionamiento. Igualmente, se terminaron 5 proyectos de construcción de restaurantes, cocina en instituciones educativas, 5 proyectos de construcción de aulas escolares y 3 proyectos de obras complementarias en instituciones educativas. La inversión de recursos para este propósito asciende a 1.002 millones de pesos. • Electrificación: Para continuar con el esfuerzo de recuperar y reponer los sistemas de redes eléctricas y de generación en la zona, desde el mes de agosto de 2010 se instalaron acometidas domiciliarias en 5 sectores, se construyeron redes de media tensión en 6 sectores y se realizaron estudios del proyecto de electrificación para la comunidad de Los Ángeles y San Vicente en el Municipio de la Plata. Lo anterior, con una inversión de 307 millones de pesos. • Desarrollo Productivo: Con este programa se pretende vincular a las comunidades campesinas y grupos étnicos a programas de desarrollo productivo que permitan la generación de ingresos y productos. Este programa comprende dos grandes componentes, el primero es la adquisición de tierras, en el marco del cual se adquirió el predio para la comunidad del Llanito, reasentada en el municipio de la Argentina. El segundo componente es el desarrollo de proyectos productivos, y en desarrollo del mismo se terminaron 3 proyectos productivos, se implementaron 2 proyectos pecuarios, se desarrollaron 6 proyectos microempresariales y se brindó acompañamiento a un proyecto turístico; lo anterior con una inversión de 633 millones de pesos. • Fortalecimiento institucional: El objetivo de este programa es capacitar a las comunidades en la búsqueda de la recuperación y manejo racional de los recursos y de las técnicas de fortalecimiento institucional, que les garantice un desarrollo ordenado y planificado. En consecuencia, se desarrollaron 4 proyectos de fortalecimiento institucional, incluyendo la capacitación a la comunidad en el manejo y operación de los sistemas de saneamiento básico, y también se cofinanció la capacitación del Cuerpo de Bomberos de Páez, en atención y prevención de desastres. Los recursos invertidos en este programa son de 444 millones de pesos. 417