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U.D. 4.- EL PROCESO DESAMORTIZADOR Y LOS CAMBIOS AGRARIOS 1.- Introducción. 2.- Concepto y mecanismo del concepto. 3.- Objetivos de la desamortización. 4.- Proceso desamortizador. 5.- Resultados y consecuencias. 6.- Cambios agrarios. 6.1.- Evolución de la agricultura. 6.2.- Importancia de la agricultura en el crecimiento económico. 7.- Conclusión. 8.- Vocabulario. I.- INTRODUCCIÓN. La agricultura era la actividad económica más importante en España debido al volumen de población activa empleada (2/3 del total). Hasta el siglo XIX soportó una permanente situación de atraso, con escasas innovaciones tecnológicas y bajos rendimientos. Esta situación se relacionaba de un modo especial con la peculiar distribución de la tierra. El campo español arrastraba una serie de desequilibrios muy graves entre los que destacaba el problema de la propiedad. Mientras en determinadas zonas del norte y este peninsular abundaban los minifundios, desde el valle del Tajo hacia el sur las propiedades eran mayoritariamente latifundistas. Estas singularidades del caso español encuentran sus orígenes en el proceso de la Reconquista, aunque determinadas actuaciones en los siglos posteriores agravaron la situación, ya que favorecieron el proceso de concentración las propiedades en pocas manos. Así, un enorme porcentaje de las tierras estaban en manos de la nobleza y el clero, que vivían de las rentas que les proporcionaba el campo. La nobleza, gracias al mayorazgo, había conseguido un patrimonio territorial inmenso. Dichas propiedades quedaban "vinculadas" a la casa titular, no podían ser divididas, ni enajenadas y pasaban íntegras al heredero. La Iglesia, por su parte, era propietaria de grandes extensiones de tierra como consecuencia de las donaciones. Estaban "amortizadas", es decir, no podían ser vendidas o parceladas. También los municipios eran propietarios de tierras, en forma de bienes propios y bienes comunes. Estas tierras, que a menudo estaban infrautilizadas, cumplían una doble función, sufragaban los gastos municipales -bienes propios- y servían de complemento económico para la mayoría de los 1
campesinos-bienes comunesLas tierras de la Iglesia y las de los municipios se denominaban propiedades de "manos muertas", ya que, como no se podían poner a la venta, no había posibilidad de que cambiasen de manos. Todas estas tierras amortizadas suponían un enorme lastre para la economía nacional: por ellas no se pagaban impuestos y, además, se explotaban con técnicas de cultivo tradicionales, por lo que eran poco productivas. Los políticos ilustrados del s. XVIII se preocuparon por modernizar la agricultura, con críticas a los bienes raíces amortizados de la nobleza y del clero, así como contra las propiedades de "manos muertas" de los municipios. Los políticos liberales del s. XIX, conscientes de que los cambios en la estructura de la propiedad de la tierra habían favorecido en otros países una gran expansión de la producción agrícola y un aumento de la productividad, propugnaban la liquidación de las formas propias del Antiguo Régimen (señoríos, mayorazgos,…) para poder vender las tierras. Entendían que los nuevos propietarios se preocuparían de aumentar la productividad de las tierras y de la modernización del campo. Todo esto redundaría en un beneficio global hacia el Estado por un doble motivo: 1.- Si aumentaba la producción, aumentaría la recaudación de impuestos de la Hacienda pública. 2.- Si aumentaba la producción, la población aumentaría sus ingresos y con ellos su poder adquisitivo y podrían actuar como un revulsivo para la economía del país.
II.- CONCEPTO Y MECANISMO DEL CONCEPTO Definición: es el paso de la propiedad institucional a la individual. Los señoríos, los mayorazgos, los bienes propios y comunes pasaron de estar vinculados a instituciones a propiedad individual y absoluta en su capacidad de gestión. En España, es un proceso político y económico que va desde 1766 a 1924. En este proceso, la acción estatal convierte en bienes nacionales, las propiedades y derechos que hasta entonces habían constituido el patrimonio amortizado (sustraído al mercado libre) de diversas entidades civiles y eclesiásticas, para enajenarlas en favor de ciudadanos individuales. Las medidas estatales afectaron a las propiedades plenas (fincas rústicas y urbanas), a los derechos censales (rentas de variado origen y naturaleza), y al patrimonio artístico y cultural (edificios conventuales, archivos y bibliotecas, pinturas y ornamentos) de las instituciones afectadas.
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La desamortización pretendió la formación de una propiedad coherente con el sistema liberal, es decir, la instauración de la propiedad libre, que permitiera maximizar los rendimientos y el desarrollo del capitalismo en el campo. La entrada de esta masa de bienes en el mercado se efectuó, en general, a través de dos procedimientos: la subasta al mejor postor como fórmula preferente y más extendida en el caso de propiedades plenas, y la redención por el censatario cuando se trataba de derechos. Una primera etapa (1766-1798) comprende la venta de bienes de los jesuitas y la denominada desamortización de Manuel Godoy (bienes raíces pertenecientes a hospitales, hospicios, casas de misericordia, cofradías). La segunda fase (1808-1823) corresponde a la desamortización impulsada durante la guerra de la Independencia por la administración bonapartista y por los legisladores reunidos en Cádiz (bienes de la Inquisición y reducción a un tercio del número de monasterios y conventos). En la tercera etapa (1834-1854), conocida como desamortización de Mendizábal y Espartero, se procede al sistemático despojo patrimonial de la Iglesia, y a la desaparición de monasterios y conventos. La cuarta fase (1855-1924) se inaugura con la Ley General de 1 de mayo de 1855 o Ley Pascual Madoz y es por duración y volumen de ventas la más importante. Se completa la enajenación de los bienes de regulares y seculares. La privatización de fincas rústicas afectó a una extensión equivalente al 25% del territorio español. El cometido financiero fue cubierto satisfactoriamente, a juzgar por las cantidades que Hacienda percibió en títulos y en metálico por la venta de los bienes desamortizados (14.435 millones de reales). La extracción social de los compradores, restringida inicialmente a los círculos más acaudalados, se diversificó a medida que se cubrían las etapas del proceso. En conjunto, no obstante, fueron los miembros de la burguesía (comerciantes, hombres de negocios, profesiones liberales y campesinos acomodados) quienes capitalizaron las fincas más preciadas y de mayor extensión. Por el contrario, tanto el campesino pobre como el colono dispusieron de menores posibilidades de acceso a la propiedad. La desamortización de fincas urbanas (casas, edificios conventuales) contribuyó a la transformación del modelo de ciudad del siglo XIX: de la ciudad conventual, marcada por el predominio del caserío amortizado y el tono hegemónico de los edificios religiosos, a la ciudad burguesa, caracterizada por la desaparición del viejo caserío, su crecimiento en altura, la apertura de nuevas vías, la presencia de los edificios públicos y los ensanches. La legislación previó para los edificios conventuales destinos tan diversos como la conservación para uso parroquial o público (conversión en museos, cuarteles, hospitales), la demolición para la apertura de nuevas calles o el ensanche de las existentes, o su mera inclusión entre los bienes nacionales sujetos a la privatización.
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El patrimonio mueble corrió la misma suerte: fue reservado como parte de la memoria histórica nacional (creación de museos). En toda desamortización hay dos pasos: •
Uno; nacionalización de los bienes de las manos muertas (unas veces con indemnización como con Madoz y otras sin ella como en el caso de Mendizábal).
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En un segundo momento esos bienes se venden a propietarios privados, aunque siempre previa obtención de unos beneficios por parte del estado, pues la motivación principal práctica de ello eran solucionar los problemas de la Hacienda Pública.
III.- OBJETIVOS DE LA DESAMORTIZACIÓN. Fiscales: el objetivo principal de todas las medidas desamortizadoras del siglo XIX, va a ser recaudar fondos para solucionar los problemas de la Hacienda Pública, bien para hacer frente a los gastos ocasionados por la guerra (Godoy y Mendizábal) o para hacer inversiones públicas (Madoz y el ferrocarril). Políticas: se trataba de crear una masa de propietarios que ligara sus intereses al liberalismo o nuevo régimen. Esto se va a conseguir ,pero a cambio, se enturbiaron las relaciones con la Iglesia católica. El apoyo del clero a la causa carlista también influyó en la desamortización, sobre todo la de Mendizabal. Económicas: se pensaba, que modernizando la estructura de la propiedad, se producirían grandes transformaciones agrarias, con lo que se facilitaría el desarrollo económico y la revolución industrial. Este objetivo no se consiguió porque la propiedad se concentró. Sociales: se pretendía privar a los antiguos estamentos de su fuerza; la tierra. Se consiguió con la Iglesia, no con la nobleza. Se creía que un proceso desamortizador era la ocasión ideal para reformar la estructura de la propiedad, fomentando una clase media de campesinos propietarios, pero no se consiguió, aunque sí se termino con una de las bases del A.R, la tenencia por parte de las instituciones de la propiedad agraria. IV.- PROCESO DESAMORTIZADOR. La desamortización no es un acto aislado, sino un proceso histórico que va a abarcar gran parte del siglo XIX. Por una parte se producían en distintos momentos las medidas legislativas y posteriormente el grueso de las ventas se producían en los decenios siguientes. Por otra parte, hay que constatar que las medidas legislativas desamortizadoras coinciden con gobiernos progresistas, que se caracterizan 4
por sus reformas económicas (Cortes de Cádiz, Trienio Liberal, Mendizabal o Madoz), los periodos conservadores se caracterizan por sus reformas administrativas y estatales. El precedente, la desamortización de Godoy Godoy, al frente del gobierno de Carlos IV, desamortiza 1/4 de la propiedad eclesiástica. La motivación que tuvo para tomar esta medida, fue la necesidad de ingresos para costear las guerras. Jose I lo intentó pero no lo llevo a cabo por la Guerra de la Independencia. Intenta expropiar los bienes del clero y de los aristócratas que no estaban de acuerdo con la dominación francesa. La finalidad fue favorecer y comprometer a los afrancesados y que el Estado tuviera más fondos. Las Cortes de Cádiz (1812) Uno de los decretos más importantes de las Cortes de Cádiz, fue el que eliminaba los señoríos jurisdiccionales y que convertía a los señoríos territoriales en propiedad individual. Gran parte de la nobleza se acogió a esta opción, bien aportando los títulos de propiedad o a través de los tribunales. Además se preveía la nacionalizacion de una masa de bienes raíces confiscados a los afrancesados, jesuitas, conventos, órdenes militares y monasterios, suprimidos o destruidos durante la Guerra de la Independencia. No se aplicó por la llegada de Fernando VII. La desamortización de Mendizabal Fue la más importante de todas ( no sólo por su volumen y la rapidez con que se llevó a cabo, sino también porque a partir de ese momento la desamortización fue un proceso irreversible) y afectó a los bienes eclesiásticos. Se plasmó en dos disposiciones; la primera suprimía las órdenes religiosas y nacionalizaba sus bienes; la segunda determinaba el sistema de venta, que se haría en pública subasta y se podía pagar o en efectivo o mediante Deuda Pública. El estado suele recurrir a los títulos de Deuda Pública para compensar la diferencia entre gastos e ingresos. Estos títulos son documentos que acreditan que el comprador ha prestado al estado ese dinero y por lo cual el estado no solo debe devolverlo en el plazo fijado, sino además pagar unos intereses por ello. En toda la historia de España el recurso de los títulos de deuda pública ha sido muy utilizado por sus gobernantes. En el siglo XIX las innumerables guerras (independencia, colonial, carlista...) hicieron aumentar considerablemente la deuda pública y poner en graves aprietos al Estado. En este contexto hay que entender el proceso desamortizador del siglo XIX. Sus dos grandes motivaciones vienen especificadas en los decretos; la política (atraerse al liberalismo a una masa importante de compradores) y la económica (paliar la crisis de la Hacienda pública, debido a la guerra carlista). 5
Mendizabal nunca pensó en una verdadera reforma agraria. Agobiado por las urgencias del erario, eligió el sistema de pública subasta. Con ello, la propiedad de los bienes de la Iglesia pasaron al mejor postor, al más rico. A los particulares se les dío facilidades de compra. La operación fue más lenta de lo que Mendizabal tenía previsto, ya que primero hubo que confiscar los bienes eclesiásticos, primero los del clero regular y luego los del clero secular. Posteriormente había que hacer un inventario con todos los bienes y tasarlos. Una vez tasados, los bienes eran vendidos. La venta de las propiedades del clero regular no comenzaron a venderse hasta 1841, por lo tanto, el proceso desamortizador fue muy lento. La desamortización de Mádoz La desamortización de Mádoz afectó a los bienes municipales. Los bienes de propios habían quedado en disposición de 'libre venta' desde 1835, pero la medida no fue tenida en cuenta. Los municipios no habían querido deshacerse de unas propiedades que les daban grandes beneficios y autonomía frente al Estado. Mádoz convenció a los alcaldes, argumentando que una parte del dinero iría a las arcas municipales. No sólo fueron vendidos los bienes de propios, también fueron vendidos los bienes comunales. El hecho de que los bienes comunales fueran vendidos perjudicó en gran medida a las familias más humildes. Mádoz quiso subsanar este problema y dispuso que unos determinados terrenos fueran cedidos en 'suertes' a los vecinos más pobres. Las 'suertes' eran terrenos de baja calidad y la necesidad hizo que la mayoría de labradores tuvieran que vender sus parcelas. En 1865 todos los terrenos cedidos en 'suertes', había sido absorvidos por los medianos y grandes propietarios. Pero la medida tampoco dio buenos resultados, con lo que, como hemos dicho anteriormente, las familias más humildes fueron las más perjudicadas. Los efectos sociales por lo tanto de esta medida fueron muy negativos. Los campesinos ahora comienzan sus revueltas. Los ayuntamientos en principio se beneficiaron, pero luego tuvieron grandes problemas, ya que el Estado pagaba mal y los títulos de Deuda Pública se devaluaron. Las instituciones de los municipios, antes autónomas, ahora quedaban supeditadas al Estado. El objetivo principal s de esta desamortización iguió siendo fiscal pero ahora dirigido a hacer inversiones públicas (ferrocarriles). También se da en un periodo progresista. V.- RESULTADOS Y CONSECUENCIAS Transformación de la propiedad La desamortización produjo una radical transformación de la regulación de la propiedad. La propiedad fue liberal capitalista, desaparecieron el mayorazgo y los señoríos jurisdiccionales. Desaparecieron los privilegios medievales. Aumentó la concentración de la propiedad (tercera fase 6
de la creación del latifundio) ya que compraron tierras quien tenía dinero (nobleza y burguesía), en este sentido no sólo no se fomentó la mediana propiedad sino que aumentaron los latifundios. Beneficiados y perjudicados Los beneficiados fueron la nobleza, que adquirió tierras y que paso las suyas de carácter institucional a individual, y la burguesía comercial y agraria que adquirió gran parte de las tierras en venta. Los perjudicados fueron la Iglesia que perdió su principal base económica (aunque fue compensada), los ayuntamientos que perdieron su autonomía y los pequeños campesinos (ya que con la desaparición de los bienes propios y comunales) perdieron una de las bases de su sustento y se proletarizaron. La iglesia española era la institución que más propiedad vinculada poseía y además fue la más afectada por este proceso desamortizador. Las relaciones de la Iglesia y el Estado pasaron por momentos muy críticos hasta que Narváez firmó con el Vaticano el Concordato, en 1851, por el cual la Iglesia asumía la desamortización, pero el estado dejaba en manos de la Iglesia la educación y sufragaba sus gastos. Este argumento se esgrime en la actualidad todavía para justificar que el Estado, en la práctica, siga manteniendo a la Iglesia católica. No obstante, las relaciones entre un sector de la Iglesia católica española y el liberalismo más radical se irían enturbiando progresivamente, dando lugar a ese anticlericalismo de gran parte de la izquierda española y a ese antiliberalismo de otra parte de la Iglesia católica, que tanto ha marcado la historia de España. La desamortización acentuó la tendencia latifundista, ya que los bienes se venden al mejor postor. Los campesinos pobres, los más necesitados, no recibieron tierras, que fueron compradas por aristócratas, propietarios rurales, comerciantes, hombres de negocios... La propiedad cambió de manos, pero ni se concentró, ni dispersó significativamente. Se pusieron en cultivo grandes extensiones de tierra, que hasta entonces estaban poco o mal expolotadas. Este aumento de la producción era necesaria porque la población aumentaba. Aunque no todas las tierras desamortizadas eran cultivables. El propietario privado considera la tierra como una inversión, intenta sacar el máximo partido de ella. Sin duda quien más ganó con las desarmortizaciones fue la nobleza, los municipios, la Iglesia, los campesinos pobres... no fueron beneficiados por las medidas desamortizadoras.
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Consecuencias políticas, sociales y cultura La separación de la Iglesia-Estado se acentuó y desde Octubre de 1836 se produjo una ruptura entre el Estado y la Iglesia hasta que se firmó el concordato con la Santa Sede en 1851 por la que el estado sufragaba los gastos de la Iglesia. El liberalismo español, sobre todo en sus versiones más radicales adquirió un tono anticlerical. Socialmente aumentó el protagonismo de la burguesía y, sobre todo, apareció una nueva clase social; los jornaleros, que sobre todo en zonas muy latifundistas iban a ser una fuente de problemas durante todo el siglo XIX y parte del XX. No se hizo la reforma agraria de carácter social que se intentaría en la Segunda República. Culturalmente la desaparición de instituciones eclesiásticas supuso la destrucción o el deterioro de edificios históricos y la dispersión su patrimonio, aunque parte se recuperó después en archivos y museos. Valoración La desamortización tuvo como consecuencia final la consolidación del régimen liberal. Pero sus sombras fueron muy importantes. No se produjo un aumento significativo de la producción agraria y la propiedad se concentró más, por lo que el escaso desarrollo agrario impidió una profunda revolución industrial. Se recaudo menos dinero del previsto pues la mayor parte de las compras se hicieron en Deuda Pública y esta se devaluó pronto, hubo bastante corrupción.
VI.- CAMBIOS AGRARIOS A principios del siglo XIX el sector agrario español estaba muy atrasado. Los síntomas eran •
Monocultivo cerealístico
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Técnicas tradicionales como la rotación trienal, el barbecho, arado romano y abonos naturales
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Privilegios de la ganadería por la importancia de la Mesta
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Estructura de la propiedad, latifundios y minifundios, y sobre todo, las manos muertas
Durante el siglo XVIII la agricultura fue un problema y en su solución pusieron muchas energías los ilustrados.
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6.1.-Evolución de la agricultura. A lo largo de la primera mitad del siglo XIX, se producen en España una serie de cambios legislativos, que tendrán repercusión en la estructura de la propiedad de la tierra. En general podemos decir que consisten en remover los obstáculos jurídicos a la propiedad liberal: libre, individual y absoluta. Desparecen, pues, las formas de propiedad compartida o vinculada. Durante las Cortes de Cádiz, se abole el régimen señorial, los señoríos solariegos pasan a ser considerados como propiedad, y los jurisdiccionales debían ser integrados en la nación. También hay una ley de repartos de propios y comunes. En el Trienio Liberal, durante el reinado de Fernando VII (1820-1823), se desvincularon los mayorazgos y se permitieron el cierre de fincas. La abolición de privilegios de la Mesta allanó también este camino. También se permitió la libertad de arrendamientos agrarios, libertad de precios y almacenamiento, así como la de comercio interior. De este modo se permite el uso exclusivo de las propiedades agrarias desde la individualidad. Por último, la abolición de los diezmos eclesiásticos completaron el marco jurídico necesario para la propiedad liberal. Hubo un cierto desarrollo agrario, pero coexistieron factores que impulsaban la modernización y otros que la obstaculizaban. Entre los factores que impulsaron la modernización están: •
La desamortización supuso un cierto impulso de la producción.
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El proteccionismo comercial.
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Existencia de un sector exportador moderno (olivo, vid y cítricos) Y entre los factores que obstaculizaron la modernización nos encontramos:
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Persistió el estancamiento tecnológico con la utilización del arado romano y el abono natural o biológico.
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Existencia de grandes latifundios y minifundios, que implicaban la existencia de los jornaleros con un nivel de vida muy bajo, ello hizo que no se desarrollara el mercado cualitativo que absorbiera la producción industrial.
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Existencia de un sector agrario utilizado con el predominio de la agricultura de subsistencia. Hubo cambios evidentes en la estructura de la propiedad, se eliminaron los señoríos o
mayorazgos, se acabo con las manos muertas y las leyes que impedían el libre acceso al mercado, cercar, vender, alquilar, etc, se fomentó la concentración de la propiedad o se acabó con las 9
prácticas comunales y señoriales de la agricultura. Pero estos cambios no facilitaron la modernización, porque los propietarios optaron por continuar con una mano de obra barata y no mecanizar las explotaciones. Otras consecuencias fueron la decadencia de la ganadería, por la supresión de la Mesta y de sus privilegios. Además la imposición de la política proteccionista perjudicó al sector moderno y exportador agrario.
6.2.- Importancia de la agricultura en el crecimiento económico Para la modernización de la economía o revolución industrial es básica la revolución o modernización agraria. En el siglo XIX, ya todos sabían que la revolución agraria era un requisito indispensable para la R.I. El desarrollo de la agricultura contribuye a la industrialización de tres formas: •
Crea un excedente de alimentos que permite alimentar a las ciudades, que van a crecer unidas a la industrialización.
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Permite un aumento demográfico y un éxodo rural sin que la producción de alimentos disminuya. El campo genera el proletariado urbano y además lo tiene que alimentar.
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Es el mercado, quien compra los productos de la industria, y si la masa campesina tiene un buen nivel de vida, su consumo será mayor.
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La agricultura contribuye al proceso de acumulación de capital, a partir de los beneficios obtenidos en la comercialización interior, o bien, mediante la exportación. Y esta revolución agrícola, no ocurrió en el siglo XIX. Aunque los liberales consolidaron la
propiedad privada y eliminaron la institucional, el modo de hacer la desamortización, imponiéndose los objetivos fiscales, favoreció la consolidación del latifundio (3ª fase) y un latifundismo basado en una mano de obra barata y dócil, no una gran propiedad moderna En 1900 la población seguía siendo básicamente rural, había déficits alimentarios (hambres, falta de calorías y proteínas), no hubo exportaciones y el nivel de consumo era muy bajo. No fue tampoco un mercado para la industria ni hubo trasvase de capitales a otros sectores, por la desconfianza tanto en la industria como en los bancos. Tampoco hubo transferencia humana hacia la industria y otros sectores. Hasta finales del XIX se mantiene en España el Régimen Demográfico Antiguo (alta mortalidad, analfabetismo, dieta pobre, bajo nivel de vida, desidia de los gobiernos). En definitiva, la agricultura continúo siendo un lastre y un obstáculo para el desarrollo del resto de los sectores. La 10
conflicitividad social y política que generó el problema agrario está en la base del tumultuoso siglo XX español (Sucesos de Casas Viejas o Guerra Civil, por ejemplo).
VII.- CONCLUSIÓN. La desamortización constituyó la medida más revolucionaria entre las adoptadas por el gobierno liberal. Se había abolido el régimen señorial, se habían suprimido los mayorazgos y se había desamortizado. Esto llevaba consigo una liberalización de la tierra puesto que se eliminaban obstáculos el desarrollo del capitalismo. Pero no fue suficiente, porque la agricultura española, muy atrasada, no fue motor para provocar una verdadera revolución industrial en nuestro país. Al atraso secular en las técnicas agrarias y a la lenta evolución de la producción durante el siglo XIX, se vino a unir una desaprovechada oportunidad, la desamortización de la tierra, que pasó de manos eclesiásticas y municipales, a manos laicas y privadas, sin llegar a crear una verdadera clase media agraria, y aumentando las diferencias sociales entre una alta burguesía enriquecida y un campesinado cada vez más pobre. El fracaso de la revolución industrial en España, de tal forma que habrá que esperar a la década de los sesenta del siglo XX para que se produzca, está ligado al fracaso de la desamortización, de tal forma que algunos autores la han denominado Reforma Agraria al revés. En definitiva, la desamortización no cumplió las grandes esperanzas de realizar una profunda reforma agraria, ni condujo a la industrialización. Pero la desamortización fue inseparable de las dificultades de consolidación de un Estado liberal amenazado por los partidarios del Antiguo Régimen y con unos ingresos fiscales absolutamente insuficientes para hacer frente a los gastos. De esta forma, el latifundio se consolidó (3ª fase) y el jornalero apareció como clase social que va a protagonizar parte de la conflictividad política y social de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El problema agrario (injusticias sociales y escasa demanda económica) está en la base de los problemas del siglo XX que nos conducen a la segunda república y la guerra civil. En los sesenta, la crisis de la agricultura tradicional y el éxodo rural posibilitan la verdadera revolución industrial, pasando la agricultura a un papel terciario, después de los servicios y la industria. En la actualidad se ha producido una cierta vuelta al campo debido a la crisis económica y las zonas menos desarrolladas, como la nuestra, tienen una mayor presencia del sector agrario que el resto. No se puede decir que el problema agrario español se iniciara con la desamortización, pero
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si que lo agravó y lo consolidó. La desaparición de los bienes comunes y la aparición de grandes latifundios demandantes de mano de obra barata hizo aparecer a una gran masa de jornaleros. Ello a su vez tuvo dos consecuencias, por un lado, el escaso poder adquisitivo de estos jornaleros ralentizó el proceso de industrialización español, y, por otro, sus malas condiciones de vida dan lugar al inicio de sublevaciones y levantamientos en el campo español. Unas insurrecciones campesinas, más violentas y menos organizadas que las industriales, que van a caracterizar buena parte de nuestra historia contemporánea y que tienen su punto álgido en la segunda república.
VII.- VOCABULARIO AMORTIZACIÓN DE LAS TIERRAS.- Vinculación de la propiedad de las tierras en el Antiguo Régimen con una institución (mayorazgo, iglesia, ayuntamientos o el propio estado). Dicha vinculación a la institución impedía que las tierras se vendieran, partieran o alquilaban... La explotación que se hace de esas tierras es escasa y no está dentro del mercado capitalista. En el siglo XIX, con el liberalismo, sobre todo en periodos progresistas va a tener lugar lo que se conoce por desamortización, o el paso de la propiedad institucional a propiedad privada.
BIENES PROPIOS Y BIENES COMUNES.- Los bienes comunes pertenecen a la comunidad vecinal (municipio) siendo aprovechados por todos, suelen ser los bosques, prados, aguas, etc. Los bienes de propios son propiedades de los municipios y con cuyos beneficios se pagaban los gastos municipales como la policía, la enseñanza pública, el arreglo de caminos, etc. En 1855 con la desamortización de Madoz se requisaron y se vendieron al mejor postor. Con ello se produjo la aparición en masa de los jornaleros en el campo español con un empeoramiento de sus condiciones de vida. Políticamente significó el fin de la autonomía municipal, dándose un paso hacia la centralización administrativa. ENAJENAR.- Pasar a otro la propiedad de las tierras. LATIFUNDIO.- Finca de gran extensión de terreno explotada de manera extensiva con una abundante mano de obra barata y dócil (los jornaleros) y con una escasa inversión de capital. Los latifundios tienen su origen en la repoblación pública en la baja edad media. El proceso de la desamortización concentró aun más las propiedades. Los latifundios se localizan al sur del Tajo, sobre todo hacia el Oeste.
MANOS MUERTAS.- Nombre que reciben las propiedades amortizadas de la nobleza, el clero 12
y los municipios. Al estar vinculadas estas tierras a instituciones ellas no se podían vender y su explotación era muy extensiva y poco productiva. La desamortización las convirtió en propiedades individuales.
MAYORAZGO.- Conjunto de bienes territoriales que se apartan del orden normal de sucesión y quedan vinculados a un orden sucesorio especial, que recae normalmente en el hijo mayor. Ello tenía como finalidad no dividir las propiedades de las familias. El mayorazgo se extendió mucho en el Antiguo Régimen creando gran cantidad de tierras amortizadas que no podían vender, alquilar, partir... es decir, introducirla en el mercado capitalista de la tierra. Los mayorazgos como propiedad institucional fueron eliminados por los decretos de las Cortes de Cádiz con su desamortización. SEÑORÍOS.- Modo de posesión de la tierra y del poder político en el Antiguo Régimen, de carácter hereditario. Existen dos grandes tipos de señoríos; los jurisdiccionales y los territoriales. Los señoríos jurisdiccionales de carácter político eran las tierras en las que el señor tenía jurisdicción sobre el territorio, es decir, administraba justicia y tenían el mando civil y militar de la comunidad. Los señoríos jurisdiccionales fueron eliminados en las cortes de Cádiz. Los señoríos territoriales son de carácter económico, la reserva que se explotaba a través de las corveas - trabajo gratuito del campesino- y la tenencia que se repartía entre los campesinos a cambio de unos pagos o censos. Además de los censos el señor tenía sobre los campesinos una serie de derechos conocidos como las banalidades (pago por utilizar el molino, puente, bosque, etc.) Los señoríos territoriales podían ser de dos clases; los solariegos y los de realengo. Los solariegos pertenecían a miembros de la nobleza o del clero, mientras que los de realengo era del rey y gozaban de mayor autonomía. Estos señoríos territoriales pasan de estar vinculados a una institución a estarlo de la propiedad privada o individual con las cortes de Cádiz, dentro del proceso conocido como desamortización.
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