1 ¿el Parque Nacional Nahuel Huapi Como Un Factor Económico

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III Jornadas de Historia de la Patagonia San Carlos de Bariloche, 6-8 de noviembre de 2008 E4 Antropología e Historia: interdisciplinariedad, convergencias disciplinares y estudios de caso en Patagonia ¿El Parque Nacional Nahuel Huapi como un factor económico? Pérez, María Alejandra1 “No nos contentamos con reivindicar el derecho a la educación, a la cultura, al progreso, al amor y al cielo. Comenzamos por reivindicar, categóricamente, el derecho a la tierra”2 Introducción En el marco de esta ponencia intentaremos reconstruir el proceso histórico que tuvo lugar en la zona sur, principalmente en el sector del Parque Nacional Nahuel Huapi, que se extiende en el actual territorio de Neuquén, con la intención de entender un proceso que dio lugar a las múltiples interpretaciones que en el presente se realizan. Estimamos necesario aclarar que este trabajo se originó en el marco de la investigación de un Proyecto de Voluntario Universitario y constituye, por otro lado, el contexto dentro del cual se van a desarrollar las líneas de investigación de nuestra tesis. Durante gran parte del período seleccionado la Administración de Parques Nacionales era el único representante del estado nacional en la zona, motivo por el cual, consideramos factible indagar, a futuro y a través de los documentos de esta institución, los efectos que produjeron los fundamentos políticos, jurídicos y económicos contenidos en las medidas legales estatales, referidas a la propiedad de la tierra sobre el conjunto de la población del parque, particularmente sobre la relación con el territorio y la inclusión laboral de dichos pobladores. Como eje para esta contextualización focalizaremos en las politicas económicas que determinaron las improntas de poblamiento, las condiciones de acceso a la tierra y los niveles de influencia a los que fueron sometidos los pobladores para obtener y conservar dicho acceso, intentando visualizar las diferentes formas que pudieron obrar como condicionamiento de las elecciones económicas de los habitantes en tanto trabajadores. En el presente trabajo partimos del supuesto de que el avance del modo de producción capitalista junto con la ambición de la clase terrateniente, fue el eje que originó la enajenación de las tierras y el consecuente empobrecimiento y subordinación de los pueblos patagónicos. La consolidación de un bloque de poder instalado principalmente en Buenos Aires y que pretendía formar parte de una articulación a escala mundial que propiciaba la división internacional del trabajo. La adhesión a este sistema económico, el capitalista, iba fortaleciéndose a medida que se consolidaba el estado- nación3, y a su paso buscaba 1 [email protected] José Carlos Mariátegui. 3 En términos de Gramsci, en cuya definición el Estado está formado por la sociedad política más la sociedad civil, entendiendo la primera como el predominio de la fuerza y la segunda como el consenso y la adhesión. Gramsci con el concepto de hegemonía, plantea una nueva concepción sobre poder, con la inserción de algo que el marxismo no había considerado hasta el momento: las tradiciones y la cultura. Definiendo hegemonía 2 1 homogeneizar y someter a todos sus habitantes bajo una única cultura, una única ideología y una única ley. (Gutiérrez, 2003). Al mismo tiempo queremos detenernos un instante en la contraposición entre civilización y barbarie: el bárbaro, a diferencia del salvaje, es aquel que no puede definirse más que en relación con una civilización a la que “no pertenece y a la que procura destruir y apropiarse. El bárbaro es siempre el hombre que invade las fronteras de los estados (...) su relación de propiedad siempre es secundaria: jamás se apodera sino de una propiedad previa; del mismo modo pone a los otros a su servicio” (Foucault, 2000:180-181) Luego de leer estas afirmaciones y recorrer el pasado de la Patagonia, cabría preguntarnos quién es el bárbaro de este pasado. • Reconstruyendo los antecedentes Como punto de partida estimamos imprescindible retrotraernos al proceso histórico que produjo la inclusión dentro del estado nacional de la zona denominada Patagonia, con la finalidad de encontrar el inicio de un proceso que, según consideramos, continúa en la actualidad. La clase gobernante necesitaba imperiosamente un elemento que la legitime, no era el apoyo del pueblo su sustento, pues las masas de las provincias constituían el cimiento de los caudillos, con los que la elite porteña estaba enfrentada. Tampoco el territorio ya que grandes extensiones se hallaban aún en poder de grupos indígenas, no se podía evocar un extenso pasado común en una joven Nación. Era necesario construir un país y para ello apelaron a los elementos mas infames, construyeron un extranjero dentro de las móviles fronteras, un otro que estaba constituido por todo aquel que no fuera nosotros y ese nosotros era muy restrictivo. Por lo tanto el poder era naturalmente de los únicos capaces de detentarlo, el poder era el derecho natural de la gente decente. La manera de determinar quien era el otro era falaz, otro era todo aquel que no apoyara la supremacía de Buenos Aires. En las últimas décadas del Siglo XIX, el recién consolidado estado-nación asumió el desafío de conquistar y consolidar sus fronteras interiores, denominadas deliberada pero inexactamente como desiertos, extendiéndose sobre las áreas que desde el período previo a la época colonial permanecían bajo el control de los grupos indígenas. Para lograr el gran objetivo no sólo se contó con los recursos de la clase económicamente dominante y propulsora del avance, sino que también se ostentó el apoyo de un sector que en la actualidad sería denominado como intelectualidad orgánica, encargado de postular, diagramar, impulsar y reproducir la idea de un avance militar sobre aquel extenso desierto que, lejos de ser una inhóspita superficie, poseía riquezas naturales y potenciales que estaban siendo ‘desperdiciadas’. La concepción de “desierto” de Patagonia que se empleó, de manera premeditada, actuó como construcción ideológica y fue central en la elaboración de un discurso legitimador. Como eje sustentador de las afirmaciones realizadas, nos remitimos a uno de los tantos ejemplos que abundan en la historiografía argentina de la época; hemos seleccionado el caso del coronel Álvaro Barros4. El mencionado coronel fue un activista denodado en contra de la como una relación donde la fuerza aparece basada en el consenso. Pero además de tener y pedir el consenso, el estado también lo “educa”, por eso todo estado es ético, porque una de sus funciones es educar, por medio de sus instituciones, según las necesidades de desarrollo de las fuerzas productivas y según la hegemonía política y cultural de las clases dominantes (Grimberg, 2005). 4 Álvaro Barros (1827- 1892) es autor de diferentes trabajos que contribuyen a afianzar la idea de ‘desierto’ solo habitado por salvajes, junto con la necesidad de cuidar los patrimonios de los habitantes y productores de la 2 idea de mantener relaciones pacíficas con las poblaciones patagónicas, mas tarde se pronunció contra la idea de la zanja propuesta por Alsina. Es el mismo sujeto que, poseedor de importantes superficies de tierra, se constituye como uno de los fundadores de la Sociedad Rural Argentina (1866) y ha sido también propulsor y organizador de la primer exposición de la sociedad (11-04-1875) cuando estaba a cargo, de manera interina, de la gobernación de la provincia de Buenos Aires; también había sido Diputado Nacional y fue años más tarde el primer gobernador de los territorios patagónicos, cargo que ocupó hasta 1882. El sector que detentaba el poder económico, que durante el periodo es el mismo que condensa el poder político, motivado por las nuevas exigencias del mercado que tornaban imposible la continuidad de la población originaria en los términos de una ilusoria igualdad, ya que por un lado las estancias se expandían y producían cada vez mayor rapidez lo que se ha dado en llamar ‘proceso de corrimiento de alambrados’. Mientras que desde el otro sector la única respuesta viable era aumentar la frecuencia de los malones para acceder a una bien necesario pero cada vez más escaso para los pobladores: el ganado, pues los animales libres comenzaban a disminuir ante el avance de las alambradas. Por lo que presenta como imprescindible tomar una decisión, desde los centros de poder, sobre cual seria el destino que aportaría una solución definitiva a la gran contradicción ya insostenible: indios pobres en tierras ricas, era deseable disciplinarlos o bien desalojarlos. Foucault plantea que el evolucionismo se convirtió en el siglo XIX en una forma de pensar las relaciones de colonización, la necesidad de guerras, etc. Para pasar a preguntarse de qué forma se puede lograr que los seres humanos se aniquilen unos a otros si no es impulsando el racismo. El evolucionismo va a ser para Foucault el método que logra activar diferencias xenófobas que transforman la guerra en un juego de doble interés: matar al rival político y al enemigo racial, que pone en peligro biológico la raza que representamos. (Foucault, 2000). Este evolucionismo social es particularmente claro en los grupos ‘civilizados’ a los que pertenece el poder político del momento, donde maduraban las argumentaciones que justificarían las posteriores prácticas del estado. Sarmiento, por ejemplo, afirma en el año 1866 que sentía “por los salvajes de América una invencible repugnancia sin poderlo remediar. Esa canalla no son más que unos indios asquerosos a quienes mandaría colgar ahora. Incapaces de progreso, su exterminio es providencial y útil, sublime y grande. Se los debe exterminar sin ni siquiera perdonar al pequeño, que tiene ya el odio instintivo al hombre civilizado”5 Hacia fines del siglo XIX, amputar a los indios y ocupar las fronteras implicaba poblar el desierto. Los indios estaban y no estaban allí, el desierto era considerando desierto a pesar de la probada presencia humana, pero esta presencia no era blanca. “Poblar significaba, contradictoriamente, matar6”. Despoblar a la tierra de esos "otros", para reemplazarlos por blancos afines a la imagen del "nosotros" que manejaba el estado nacional emergente. (Bartolomé, 2003; Auza, 1980). La resignificación de los territorios patagónicos como “desiertos” motorizó en los sectores dominantes el concepto de oposición irreductible entre “bárbaros” y “civilizados”. Se consolidó así la idea de un conflicto que debía ser resuelto para, de una vez por todas, encauzar esos “desiertos” hacia el progreso, hacia la productividad que el mercado requería, hacia la rentabilidad que se ambicionaba. La ‘solución’ fue auxiliada por los Rémington y se desarrolló en tres etapas sucesivas: “la Campaña del desierto”, “la Campaña del Nahuel pampa húmeda. Entre ellos resaltan: ‘La Guerra Contra los Indios’, ‘Actualidad Financiera de la Republica Argentina’ ‘La Memoria Especial del Ministro de la Guerra’ 5 Artículo de Domingo Faustino Sarmiento, El Nacional, 25 de noviembre de 1866 6 Las cifras oficiales señalan 10.656 nativos muertos en Pampa y Patagonia (Martínez Sarasola, 1992:570). 3 Huapi”7 y “la Campaña de los Andes” (De Mendieta, 2002). Los avances militares culminaron con el sometimiento de los pueblos indígenas Norpatagónicos, uno de los mayores genocidios de nuestra historia, “privó de sus tierras, sus cultivos, sus animales, su estructura social y forma de vida toda a quienes habitaban la Patagonia, en muy poco tiempo” (Navarro Floria, 1999:131). Las causas reales solo se pueden entender analizando la economía del país y no sólo su mecanismo administrativo, jurídico o eclesiástico8, ni tampoco sus condiciones culturales y morales. Tiene sus orígenes en el régimen de propiedad de la tierra que se quería imponer como fundamento de la nueva estatalidad, teniendo en cuenta que en el período era imprescindible obtener el dominio sobre nuevas superficies para poder avanzar en la cría de ganado ovino que resultaba cada vez mas beneficiosa económicamente ya que Inglaterra adquiría las lanas crudas a buen precio garantizando rentabilidad, el deterioro que estos animales producían en la tierra llevó a la conclusión de que debían ser criados fuera de los márgenes productivos de la pampa húmeda, fuera de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba. No obstante es necesario entender que todos los sectores y factores mencionados operan luego del avance con el objeto de consolidar la idea de nación e identidad nacional y terminan quedando disimuladas las causas primarias de la impronta armada. (Navarro Floria, 1999; Ruffini, 2007:139) Pero es inobjetable el hecho de que es el avance militar el que instala definitivamente en la zona el concepto de propiedad privada9 de la tierra, pues según se desprende de la acción concreta, sus habitantes en el ida y vuelta de los territorios sucedido en el periodo, ven modificado su status legal, ya que las tierras eran reotorgadas bajo la forma de propiedad privada a quienes reunían las condiciones demandadas por el estado y los indígenas nunca las reunían, por lo tanto eran transformados en trabajadores de las estancias, las que aumentaban su número y extensión con gran rapidez. La consecuencia no pensada, pero tampoco combatida fue que, acordando con lo que afirman Radovich y Balazote, “la condición indígena hizo que las familias mapuches se vincularan a la tierra en términos de no propiedad” y definen la propiedad como“una relación social que plantea un criterio de exclusión” (1995: 6). Lo que se consigue con la privatización de la tierra es un mercado que promueve la concentración de grandes propiedades agrícolas y se expanden las relaciones serviles de producción. Esta transformación capitalista, promovió el deterioro de las unidades productivas familiares que no poseían dinero o acceso a créditos. El discurso deslegitimizante ya estaba instalado y nadie otorgaría créditos a “un bruto indomable, enemigo de la civilización, que sólo adora los vicios en que vive sumergido, la ociosidad, la embriaguez, la mentira, la traición y todo ese conjunto de abominaciones que constituye la vida salvaje.”10 (Méndez, 2005). Consideramos, como sostenía Carlos Marx, que “la acumulación capitalista produce constantemente, en proporción a su intensidad y a su extensión, una población excesiva para las necesidades medias de explotación del capital, es decir, una población obrera remanente o sobrante” (1999: 533). Este exceso de mano de obra actúa de manera reguladora de los 7 La Campaña del Nahuel Huapi consistió en una acción dirigida por el general Conrado Villegas que culmina a principios de 1881, momento en el que las tropas toman posesión efectiva de la zona del Nahuel Huapi. (Navarro Floria, 1999) 8 Principalmente a través de los grupos salesianos que desarrollaron una extensa actividad en la zona Patagónica disciplinando y ‘educando’ a los grupos de pobladores originarios. 9 propiedad privada: reconocimiento de un vínculo, registrado por escrito, entre un bien particular y un individuo particular que debe ser perpetuado defensivamente. 10 Citado por Laura Méndez de Pinto Rodríguez, J. (1993: 134). 4 bajos salarios, más aún cuando se trata de trabajadores no especializados y opera de manera eficaz logrando reducir los costos de una producción que se extendía a diferentes mercados internacionales. Esto es tempranamente entendido por los funcionarios comisionados por el estado nacional en la zona y es expresado de manera contundente en el temprano momento de las colonias agrícolas. Estas colonias tenían, oculta detrás de la idea de poblar, una clara función económica: transformar la tierra en un capital productivo. Esta última afirmación es formulada luego de haber observado diferentes documentos del período, por ejemplo el enviado por el Ingeniero Apolinario Lucero al jefe de Sección Geodesia Ingeniero Antonio Garvalho el 30 de setiembre de 1903, quien en uno de sus párrafos afirma: “De estos pobladores los únicos que tienen verdaderamente condiciones para colonos son los alemanes pues tanto los indios como los chilotes se limitan a sembrar el trigo y las papas que necesitan para el consumo, contratándose después como peones a jornal. Es gente viciosa y dañina incapaz de un trabajo continuado, que en cuanto reúne algunos fondos se entrega a la bebida y a toda clase de excesos hasta consumir el último centavo volviendo recién entonces al trabajo”. Para culminar planteando que “Es también conveniente que esta gente se establezca en la colonia porque se contratan como peones a jornal y son buenos trabajadores cuando la necesidad los obliga”. De lo que se deduce que no solo ya eran portadores de una potente estigmatización, sino que además ya tenían asignado formalmente su rol en el sistema productivo que se imponía. Por otra parte, debemos tener en cuenta que, durante el periodo tratado se comenzaba a constituir una transformación centralizada de la sociedad, una ingeniería social completa de la sociedad implica la supresión de la toma de decisiones individuales, es cierto que nadie puede ser esclavo sin un amo, pero nos olvidamos que el estado puede ser un amo impersonal: es público. Si bien asumimos que el poder es una posesión pública, no una propiedad privada, es necesario entender que a fines del siglo XIX y principios del siglo XX en el país el poder político, público, descansaba en manos de los representantes de quienes detentaban el poder económico. Por lo tanto se deduce que el período permitía el ejercicio de un poder que definía un orden jurídico y la aspiración de llegar a construir sujetos sumisos y disciplinados, construir sujetos acordes con un sistema económico que los necesitaba y por lo tanto los incluía, pero solo de manera marginal y funcional a ese modelo productivo: como mano de obra depreciada. • De desierto conquistado a Territorio Nacional. La definitiva consolidación de un espacio geográfico, políticamente limitado, se hizo efectiva con posterioridad a la conquista genocida de la Patagonia, al establecerse la Cordillera de los Andes como límite territorial arbitrario que separaba los estados de Argentina y Chile. Plantear lo contrario seria asumir la cordillera como creación humana con la finalidad de afirmar límites territoriales, hecho que además de ser improbable no concuerda con la realidad de la América latina donde, a diferencia de Europa, los estados no surgen de las ‘naciones’ o ‘nacionalidades’ previamente constituidas; sino que son un fenómeno concomitante. Como plantea Bengoa, el concepto de estado nacional debemos entenderlo en América más como proyecto que como realidad. (Bengoa, 1984: 40). En el contexto planteado se crea, por medio de la Ley № 954, la Gobernación de Patagonia el 11 de octubre de 1878, año en el que paradójicamente Argentina logra el primer saldo comercial de su historia alumbrado por la exportación de granos y carnes a Europa. 5 Es preciso recordar que desde el año 1820 la zona patagónica se encontraba bajo jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires y que la colonia galesa11 de Chubut constituía, hasta el avance militar, el límite sur de la frontera poblacional bonaerense. Por lo tanto es claro que el objetivo perseguido con la creación de una gobernación en los territorios conquistados, con jurisdicción sobre la extensa zona comprendida entre el río Colorado y el Cabo de Hornos, era hacer efectivo un proceso de administración con eje en el Poder Ejecutivo y un gobernador de territorio con trayectoria militar que pudiera cumplir los diferentes requerimientos con obediencia y subordinación. La justificación para que el cargo sea desempeñado por un militar con limitadas atribuciones civiles se fundamentaba en dos preceptos: se trataba de una zona de fronteras y su pacificación no iba a ser inmediata. La instalación de autoridades en la zona apostaba a la conservación de las tierras militarmente conquistadas y abría la posibilidad de una organización estatal que “se centró en asegurar inicialmente los aspectos coercitivos y de reproducción ideológica” (Ruffini, 2007:139). El hombre elegido para el cargo de gobernador fue Álvaro Barros, un coronel para el que “la presencia del estado nacional no podía dar lugar a la coexistencia de cacicazgos no sometidos y que detentaran poder, la ‘razón del vencedor’ primaba ante todo tipo de consideraciones culturales” (Ruffini, 2007:150). La organización estatal se instala de facto, como impuesta, sobre un espacio que estaba previamente constituido, normado, pautado y que no aparecía sólo poblado por grupos indígenas derrotados sino también por diferentes comunidades de inmigrantes. Según afirma Marta Ruffini, en lo que se centró la disputa luego de la victoria militar fue en la demostración de las capacidades para reproducir un capital simbólico mediante la modificación de hábitos y costumbres en sociedades medianamente organizadas. (Op Cit) A partir de la creación de la Gobernación de Patagonia las políticas en todo lo referente a tierras comienzan a separarse abruptamente de las legislaciones bonaerenses, pues mientras en ésta se prohibía la enajenación de tierras públicas y se instalaba la figura de enfiteusis12 que evitaba el cambio de dominio, en Bahía Blanca y Patagones los terrenos se donaban. Al mismo tiempo la radicación de las autoridades de la gobernación en Mercedes de Patagones, las márgenes del Río Negro, determinó que su área de influencia concreta fuera acotada, mientras que en el resto de las zonas patagónicas solo se han ejercido acciones muy limitadas de control y gobierno. Estas acciones estuvieron determinadas por avances militares punitivos, cuyo principal objetivo era “tratar de sustituir en ellos el espíritu militar al del trabajo lucrativo, para anular su autoridad indígena incompatible con nuestra organización social y política”. Al mismo tiempo merece ser destacado que los ‘indios’ sometidos fueron incorporados para la formación de escuadrones de caballería, la finalidad implícita era la separación definitiva de pautas culturales y sociales tradicionales. (Ruffini, 2007:150). Por otro lado la Ley de Empréstitos № 94713 del año 1878 que determinó el pago con tierras a quienes financiasen la Campaña Militar y la Ley de Premios Militares № 162814 de 1885, que asignaba variadas extensiones de tierras a los altos rangos del Ejército conquistador, terminaron operando como obstáculo para lograr cumplir con otro de los importantes objetivos propuestos para los territorios patagónicos: la población efectiva de la región. En la práctica el efecto logrado por estas leyes fue concentrar, más aún, la titularidad 11 La colonia Galesa se instala en los actuales territorios del Chubut en el año 1865. Usufructo de por vida a cambio del pago de un canon anual, la tierra no cambia de titularidad. 13 Esta ley repartió más de 8 millones y medio de hectáreas entre 391 beneficiarios, aun cuando hubiesen sido beneficiados por otra ley (Bandieri, 2005: 225-226) 14 Por esta ley se distribuyeron más de 4 millones de hectáreas en los territorios del sur entre 545 adquirientes. 12 6 de la tierra, la que quedaba en manos de los ricos terratenientes de la pampa húmeda logrando el aumento de las fortunas de aquellos que ya detentaban el poder económico. Es decir, tal como establecen Briones- Delrío, las diferentes leyes dictadas con el objetivo de incentivar el poblamiento de la región, como la Ley de Colonización y la Ley Argentina del Hogar, fracasaron ya que solo lograron acrecentar el enriquecimiento de los sectores dominantes (Briones- Delrío, 2002). Si bien las“Colonias Pastoriles y la Ley del Hogar” fueron pensadas como una solución al ‘problema del poblamiento’, Walter Delrío enfatiza que la reducida cantidad de lotes otorgados, con títulos de propiedad, a las poblaciones originarias indica que el proceso de creación de las mismas, puede ser considerado un fracaso ya que en pocos casos se cumplió con lo prometido, hecho que provocó la extensión de la “figura de la ocupación con tenencia precaria de la tierra” (2005: 184). Por otra parte es necesario destacar que el evidente desconocimiento de la zona por parte de aquellos que debían legislar sobre ella operó de manera negativa constituyéndose como una traba insalvable al momento de llevar a la práctica dichas legislaciones, de esta forma en los pocos lugares donde se llegaron a crear, por ejemplo, colonias agrícolas las mismas fracasaron porque la ley no dotaba de los instrumentos adecuados que garantizaran el cumplimiento de los objetivos establecidos. Mientras que los lotes de 625 hectáreas, muy probablemente suficientes para la llanura pampeana, eran inadecuados para la práctica de la ganadería extensiva en Patagonia. (Bandieri, 2005: 229). La pregunta que debemos realizarnos es si realmente fue poblar el objetivo principal o, intentando ser mas específicos, si se pretendía poblar realmente con habitantes ‘nacionales’ la Patagonia. Las leyes del período no parecen indicar ese rumbo, los latifundios fueron beneficiados en múltiples ocasiones, los costos económicos de las tierras garantizaron su rápido flujo hacia las manos que concentraban las ganancias del momento. Las resultantes no parecen haber incordiado ni han motorizado leyes para subsanar el rumbo, “el agente de ocupación, si lo hubo, fue el ganado y no el hombre, y esto daría particularidades propias al acceso de poblamiento regional. En este sentido, se profundizó en la Patagonia la consolidación del latifundio como forma característica de la apropiación de la tierra pública desde los primeros avances de la frontera, acorde también con las formas extensivas de la actividad ganadera dominante y las características productivas de la región” (Bandieri, 2005: 128) Como consecuencia de este fracaso, los grupos domésticos fueron reasentados luego de las campañas militares, los mecanismos de exclusión se aplicaron en forma total con la finalidad de asegurar la propiedad privada de las tierras repartidas en latifundios15 y, en lo referente a las tierras ‘pertenecientes’ al estado su aplicación fue de manera parcial para pautar las condiciones en que lograrían el acceso. El régimen de tenencia que les concederían era el de ocupantes fiscales, hecho que imponía una precariedad absoluta a la ocupación. No obstante para los grupos de poder la presencia indígena lejos de ser constituyente de un problema, como pudo ser pensado en una primera etapa, se transformó en un impulso ya que el modelo económico que se instaló en Norpatagonia propicia la explotación de la fuerza de trabajo y las condiciones para poder llevarla adelante estaban dadas desde el momento que privaron a las poblaciones originarias de su principal medio de subsistencia, la tierra. (Radovich y Balazote, 1995). El 16 de octubre del año 1884 se promulgó la ley №1532 del Congreso de la Nación por medio de la cual la gobernación de Patagonia es subdividida, de manera arbitraria, en diferentes territorios nacionales, sus habitantes adquieren todas las obligaciones como sostén material del estado, deberes propios de un ciudadano pero sin serlo ya que no se les otorga el 15 Unidad de explotación que respondía a las pautas de la nueva formación económica 7 derecho a elegir cargos nacionales; se les niega sin más el derecho a tener derechos. Martha Ruffini afirma con respecto a esta exclusión que “la prioridad era evitar un gobierno de la mayoría para sortear la tiranía del número y reemplazarla por la soberanía de la razón, utilizando mecanismos que ocluyeran la posibilidad de control de la arena política por parte de los sectores populares”. En este sentido los habitantes de los territorios se encuentran en los márgenes de la nación y constituyen los verdaderos excluidos del sistema político. Los argumentos esgrimidos para esta decisión fueron variados, no obstante el más llamativo es el que planteaba que la exclusión de las ‘clases peligrosas’ -mujeres, dementes, extranjeros, indígenas- no entraba en contradicción con los principios de universalidad adoptados por la nación. (Ruffini, 2007: 91). En contraposición con este planteo encontramos las afirmaciones de Samir Amin, para quién el concepto de ‘nación’ se basa en esta contradicción fundamental entre universalismo (de la especie humana, de su destino y de los proyectos para construir sociedades) y particularismo (de las comunidades que conforman la especie humana). “¿Cómo se vinculan estos particularismos con las exigencias de universalidad? ¿Los rechazan o, por el contrario, los asumen o toman en cuenta, o bien sostienen estar dispuestos a hacerlo? La tarea de análisis consiste precisamente en leer las percepciones y conceptualizaciones de la nación, con el objeto de mostrar claramente esta contradictoria relación” (Amin, 1999) • Los orígenes del Parque Nacional Nahuel Huapi En el contexto presentado el estado nacional promulga, en agosto del año 1903, la ley 4192 mediante la cual se le otorga a Francisco Pascasio Moreno una extensión de campos fiscales en la zona del Neuquén. Moreno, mediante una carta dirigida al entonces Ministro Wenceslao Escalante16, solicita “(...) la ubicación de una área de tres leguas cuadradas en la región situada en el límite de los territorios del Neuquén y Río Negro, en el extremo Oeste del fiordo principal del Lago Nahuel Huapi, con el fin de que sea conservada como parque público Natural y al efecto, pido a V.E. que hecha esa ubicación se sirva aceptar la donación que hago a favor del país de esa área”. La emotiva carta de cesión de derechos instruye sobre la conveniencia de que la Nación siga el ejemplo de los Estados Unidos y conserve la propiedad de paisajes naturalmente bellos, más no culmina sin aclarar primero que: “Al hacer esta donación emito el deseo de que la fisonomía actual del perímetro que abarca no sea alterada y que no se hagan más obras que aquellas que faciliten comodidades para la vida del visitante culto, cuya presencia en esos lugares será siempre beneficiosa a las regiones incorporadas definitivamente a nuestra soberanía y cuyo rápido y meditado aprovechamiento debe contribuir tanto a la buena orientación de los destinos de la nacionalidad argentina”. Nada menciona la carta sobre cómo fue lograda, en tan breve lapso, la conversión de la Patagonia, aquel inhóspito desierto, en una zona de paisajes paradisíacos. En el año 1922, durante el mandato presidencial de Hipólito Irigoyen, se crea el Parque Nacional del Sur con una superficie de 785.000 ha, haciendo realidad el pedido realizado en años anteriores por Francisco Pascasio Moreno. Preservando los sueños del perito argentino queda establecido en el reglamento y como uno de los objetivos del Parque la ambición de constituir “un lugar lindo para gente linda”. 16 Carta fechada en Buenos Aires a los 6 días del mes de Noviembre de 1903 8 “Entre otras disposiciones, este reglamento prohibía terminantemente el corte de madera en la zona fiscal y en las concesiones de tierras aún no escrituradas, y disponía el desalojo inmediato del campo que ocupaban pobladores en calidad de intrusos”. (Méndez, 2005). De esto se deduce que las tierras afectadas, en esta primera instancia, al Parque Nacional no poseían límites precisos mucho menos definitivos ya que no existía ninguna reglamentación que impidiese su enajenación, por lo tanto el único requisito para convertirse en propietario de una porción del parque estaba reglado sólo por la solvencia económica de aquellos postulantes que se beneficiaron de las politicas de distribución de tierra pública”. A partir del año 1928, un nuevo cambio en el gobierno nacional produjo un nuevo impacto en la zona paralizando las obras y proyectos turísticos, aunque continúo “siendo la única constante en la política de Parques el aumento del precio de la tierra y la erradicación de pobladores sin títulos definitivos de propiedad de los terrenos”. (Méndez, 2005). Con posterioridad y a consecuencia de la ley 12103 de 1934 se constituye la administración de Parques Nacionales al mismo tiempo que el Parque Nacional Nahuel Huapi. De esta forma la Administración se erige como el único organismo del estado nacional en la zona y pasa a ocupar una posición preponderante en el estímulo de determinadas actividades como el turismo, en detrimento de otras más tradicionales y arraigadas profundamente en los habitantes de la zona como eran la producción agrícola- ganadera y las actividades de carácter forestal. Los ecosistemas de las zonas que se pretendían conservar fueron modificados con la introducción de especies, tanto animales como vegetales, que no eran autóctonas de la región pero que, sin embargo, lograban asimilar aún más los paisajes con aquellos paraísos europeos cuyo recuerdo poblaba las mentes de quienes tomaban las decisiones con respecto a la fisonomía y características que debía poseer el Parque Nacional Nahuel Huapi. (Dimitriu, 2002) De lo planteado se desprende que la idea de conservación se evidencia claramente subordinada a las decisiones geopolíticas y económicas de los sectores dominantes junto con las de aquellos grupos que comenzaban a adquirir más notoriedad y poder a nivel regional: los pioneros, los primeros pobladores. Como se puede observar estos términos logran realizar una tácita defensa de la concepción de desierto ya que si ellos fueron los primeros es lógico asumir que antes de ellos nada había, el ‘otro’ no estaba, jamás había estado. Por otra parte es necesario plantear que fue la Administración de Parques la encargada de controlar el territorio y definir loteos, establecer los cotos de caza, limitar la tala de árboles. Asimismo tuvo entre sus atribuciones la facultad de ceder tierras, con los pertinentes títulos de propiedad a vecinos prominentes, contribuyendo de esta forma a la consolidación de grandes estancias y con ellas al afianzamiento de un sector de emergente poder regional: un ejemplar de elite local. (García y Valverde, 2007). La Administración también definió la situación de aquellos pobladores que, siendo integrantes de los pueblos originarios que poblaban la zona, habitaban en una región que había modificado abruptamente su estatus legal: una porción de lo que fueran tierras indígenas libres17, por decisión unilateral del estado, pasó a constituir un parque de conservación natural. Estas poblaciones fueron rápidamente convertidas en ‘intrusos’, ‘extraños’ y sólo recibieron, en algunos casos, Permisos Precarios de Ocupación y Pastaje, los mismos no concedían ningún derecho sobre la tierra que poblaban y no los salvaguardaba de posibles desalojos en el caso de que las autoridades lo considerasen pertinente, al mismo tiempo que los obligaba a pagar derechos de pastaje, constituirse como sustento material de un Parque que era incapaz de brindarles las mínimas garantías para su supervivencia. 17 En el año 1863 el estado nacional reconoció la autoridad de Sayhueque sobre ‘sus’ tierras y la relación que se establece es de ‘aliados’. (Navarro Floria, 1999). 9 • Conclusiones Preliminares En primer término debemos aclarar que nuestras conclusiones no revisten de ninguna manera un carácter definitivo ya que consideramos que nuestro trabajo se encuentra en su fase inicial. Al mismo tiempo consideramos que el análisis del proceso que nos hemos propuesto relevar no queda concluso sin la introducción de la historia oral, clareada por los descendientes de aquellos pueblos subsumidos, que nos aporte una visión dialógica de la situación impuesta, de otra forma sería sólo la reproducción de los relatos de aquellos que ganaron y de quienes administraron esa victoria militar y no de la situación especifica que se instaló en la zona y que adquirió, según creemos, características particulares. Esas características particulares que nos permiten considerar de importancia la reconstrucción de una historia que dio lugar a una amplia gama de lecturas que se formulan en el presente. Nos resulta primordial plantear, en relación con estas últimas afirmaciones, la situación presentada con respecto a los primeros pobladores, aquellos pioneros que adquirieron prontos e indiscutibles derechos de propiedad. Juzgamos importante pensarlo en los diferentes aspectos y funcionalidades. Desde la terminología sugerida nos resulta ineludible interrogarnos: los primeros pobladores desde cuándo, desde que llegó el estado a la zona, desde que tomó posesión efectiva de la región, o remite a los primeros que pudieron adquirir títulos de propiedad, o solo señala a aquellos pioneros de la ‘legalidad estatal’. Quedó presentada así la historia de la conquista, podemos reiterar que el avance sobre la frontera indígena fue cruento, casi criminal, impulsado por la necesidad de ejercer la ocupación efectiva de un territorio geográfico limitado. No obstante consideramos que es insostenible, en la actualidad, la construcción de un pasado que logra desaparecer una parte importante de ese pasado. Es inaceptable la idea de que la Patagonia nació occidentalizada, ‘civilizada’, argentinizada si se quiere, y que aquellos que estuvieron antes desaparecieron detrás de lo que no sirve ser recordado, son solo aquello de lo que se habla en museos, representados en las pinturas rupestres, en la prehistoria institucional, nada se dice en el terreno concreto de la construcción diaria. Todo el siglo XX ha servido de escenario para el montaje de la invisibilización de los indígenas; no son ya ‘la cuestión’ ha solucionar, su aislamiento en las lejanas fronteras logró distanciarlos de la comunidad imaginada. Su existencia es hoy asociada más directamente a los migrantes rurales que acudieron atraídos por la industrialización en las décadas de 19201940, los llamados “cabecitas negras”, de acuerdo a la terminología sectaria motivada por la exitosa construcción de un nosotros blanco y europeizante. Construcción que silenciosamente postula que “todos los indios han muerto, ahora se vive en la patria del criollo cuyos antepasados son los gauchos. Por ello la población del ‘interior’, como se llama al conjunto del país que no es Buenos Aires, carece de ‘indianidad’ pero no de negritud”. (Bartolomé, 2003) Pero lo que nos parece digno de resaltar el uso que se le concedió a la palabra, la palabra como discurso de elite con acceso a prensa, la palabra como medio de reproducción de un discurso xenófobo, la palabra construida como monopolio de verdad, la palabra como justificativo del genocidio y del etnocidio, la palabra como herramienta de acciones eugenésicas, la palabra escrita como preámbulo del fusil... Incluso esa palabra no dicha expresamente pero que igualmente benefició a la elite económica. 10 Por lo tanto hoy nos resulta imprescindible preguntarnos qué es lo que realmente queremos transmitir. Por otro lado, si tenemos en cuenta que Argentina, en un alto porcentaje es india18 nos resulta casi obsceno continuar construyendo sobre el dolor de los pueblos. La zona en la que decidimos focalizar posee una ubicación particular que la mantuvo distante de los centros de poder nacional, lo que facilitó las relaciones con Chile junto con el desarrollo de un poder local que no guardaba una estrecha relación comunicacional con el estado central. Consideramos que esta situación permitió a las autoridades locales del Parque manejarse con cierta independencia de la nación y en estrecha relación con una “élite local” que lograba incidir en las políticas del Parque Nacional. Esta situación, según creemos, dejó al devenido trabajador rural en una posición sumamente vulnerable. Las condiciones en las que se realizaban la producción y reproducción de las fuerzas de trabajo se encontraban condicionadas por la élite terrateniente con concretos intereses y ante la cual los pobladores carecían de poder para instalar demandas o reclamos. Por otro lado los mecanismos de interrelación entre los propietarios y las autoridades habían sido desarrollados de tal manera que los poseedores de permisos precarios de ocupación vieron frenado cualquier intento de mejoras concretas. El poder de los hacendados no sólo descansaba en la propiedad de la tierra sino también en disposiciones que lograron mantener subordinada la fuerza de trabajo: la disponibilidad de expulsión, la mirada punitiva que los alcanzaba, junto con la vaguedad de las normatividad de la relación entre el peón y el hacendado y la limitación de las alternativas que poseían estos últimos para mejorar su situación. Pero por otro lado creemos pertinente señalar que la lógica de la propiedad operó como reguladora de las relaciones, ya que el acceso a la tierra se efectivizaba de tres formas diferentes –propiedad, Permisos Precarios de Ocupación y Pastaje y trabajo en estancias- y condicionaba el resto de las relaciones. •Fuentes Documentales A) Archivo General de la Nación (AGN)
“Proyecto creación del Parque Nacional del Sud”.
“Proyecto de Ley del Parque Nacional del Sud”.
“Tercer proyecto de ley del Parque Nacional del Sud”. B) Leyes Nacionales. Archivo del Congreso de la Nación • Ley de Colonización Nº 817 de 1876. • Ley de Empréstitos o Ley de Fronteras Nº 947 de 1878. • Ley Nº 954 de octubre de 1878. • Ley Orgánica de los Territorios Nacionales Nº 1532 de 1884. • Ley del Hogar Nº 1501 de 1884. • Ley de Premios Militares Nº 1628 de 1885. • Ley de Tierras Nº 4167 de 1903 . • Ley 12103 de 1934. • Bibliografía Consultada • 18 Amin, S. (1999) El capitalismo en la era de la globalización. Paidos. Bs. As. Argentina. El 60% de la población declara descender de grupos originarios. Censo de INDEC. 2002 11 • • • • • • • • • • • • • • Balazote, A. y Radovich, JC. (1992) La problemática indígena. CEDAL, Buenos Aires, Argentina. (1992) “Trabajo doméstico y trabajo asalariado en la unidad de explotación campesina”. Cuadernos de Antropología Social № 6, pp. 177-196. Sección Antropología Social. Instituto de Ciencias Antropológicas Facultad de Filosofía y Letras. U.B.A. Buenos Aires, Argentina. (1995) “Transiciones y Fronteras Agropecuarias en Norpatagonia” En Producción Doméstica y Capital, Héctor Hugo Trinchero Compilador. Editorial Biblos. Buenos Aires, Argentina. Bandieri, S (2005). Historia de la Patagonia. Editorial Sudamericana. Buenos Aires, Argentina. Barros, A (1975) “Indios, Fronteras y Seguridad Interior” Solar-Hachete, Buenos Aires. Bartolomé, M. (1985) “La desindianizacion de la Argentina”. En: Boletín de Antropología Americana. № 17. México. (2003). Los pobladores del “Desierto” Genocidio, etnocidio y etnogénesis en la Argentina. Cuadernos de Antropología Social №17. Sección Antropología Social, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Bengoa, J. (1984) “Los indígenas y el Estado Nacional en América Latina”. En: Anuario Indigenista Vol. XXXIII pp.13-40, Chile. (1985) “Historia del Pueblo mapuche”. Ediciones Sur, Colección Estudios Históricos. Santiago, Chile. Briones, C. (1998) “La alteridad del Cuarto Mundo. Una deconstrucción antropológica de la diferencia”. Ediciones del Sol. Buenos Aires, Argentina. Briones C. y Delrio W. (2002). “Patria sí, Colonias también. Estrategias diferenciales de radicación de indígenas en Pampa y Patagonia (1885-1900)”. Ana Teruel, Mónica Lacarrieu y Omar Jerez (comps.) Fronteras, Ciudades y Estados. Alción Editora. Córdoba, Argentina. Dimitriu, A (2002) “Producir y Consumir Lugares: Reflexiones sobre la Patagonia como Mercancía”. En Revista Electrónica Internacional de Economía Política de las Tecnologías de la Información y Comunicación. Volumen IV, № 3, Septiembre a Diciembre de 2002. En http/www.eptic.com.br. Foucault, M (1981) “Un Diálogo sobre el Poder”. Alianza Editorial. Madrid España. (2000) “Defender la Sociedad”. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, Argentina. García, A y Valverde, S. (2007). “Políticas estatales y procesos de etnogénesis en el caso de las poblaciones mapuche de Villa La Angostura, provincia de Neuquén, Argentina”. Cuadernos de Antropología Social, Nº 25. Facultad de Filosofía y Letras, UBA. Buenos Aires, Argentina. Gutiérrez, G. (2003). Patagonia, ¿una región sin realidad? Resignificación de un ecosistema desde la economía y la política. Proceso histórico, consecuencias y riesgos. En: http://www.manuelugarte.org/upload/admin/downloads/archivos/patagonia.pdf Grimberg, M. “Antropología Sistemática I” Ficha de Cátedra. 1997. Buenos Aires, Argentina. Isla, A. (2002) “Los usos políticos de la Identidad” Editorial de las Ciencias. Buenos Aires, Argentina. Mariátegui, J.C. (1963) Siete Ensayos de interpretación de la realidad peruana. Casa de las Américas. La Habana, Cuba 12 • • • • • • • • • Marx, Carlos. (1999) “La ley General de acumulación Capitalista”. En El Capital. Fondo de Cultura Económica, México. Méndez, L. (2005). “Mi pasado me condena. Chilenos e indígenas en el Nahuel Huapi 1880-1935”. En VI Congreso de Historia Política y Social de la Patagonia Argentino-Chilena. 13, 14, y 15 de octubre de 2005. Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”. Navarro Floria, P (1999) Historia de la Patagonia. Ciudad Argentina, Argentina. Radovich, J.C. (1992) “Política Indígena y Movimientos Étnicos: el caso Mapuche”. En: Cuadernos de Antropología Vol.4, Universidad Nacional de Luján. Argentina Radovich, J. C. Y Balazote, A. (1999) “Relaciones entre capital y trabajo en grupos Mapuche de Norpatagonia”. En: Antropología y Economía Política. S. Narotzki, J. Tudela y U. Martínez Veiga. Comp. FAAEE. Ruffini, M. (2007) La pervivencia de la Republica posible en los territorios nacionales. Universidad Nacional de Quilmes. Argentina. Trinchero, H. (2000) Los Dominios del Demonio. Civilización y Barbarie en las Fronteras de la Nación. EUDEBA, Buenos Aires, Argentina. Valverde, S. (2003) “Condiciones de existencia de las poblaciones Mapuches en la ciudad de San Carlos de Bariloche”. En: V Reunión de Antropología del MERCOSUR, Florianópolis, Brasil, 30 de noviembre al 3 de diciembre de 2003. Vázquez, H. (2000) Procesos identitarios y Exclusión Sociocultural. La cuestión indígena en la Argentina. Editorial Biblos Buenos Aires, Argentina. (2002) “Procesos identitarios, minorías étnicas y etnicidad. Los mapuches de la República Argentina”. MS. Argentina. 13