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1 Lic. Jorge Velázquez Hernández PO Box 360847 San Juan, PR 00936-0847
[email protected] Facebook: Mamotretos Don Miguel DESDE EL TRONO FEDERAL ES UN MAMEY Jorge Velázquez Hernández © 2016 En su discurso del 10 de septiembre de 2016 ante la Asamblea del Colegio de Abogados, el Honorable Juez Federal Juan Torruella exhorta a los puertorriqueños a la desobediencia civil, mientras todavía ejerce el puesto de Juez Federal del Primer Circuito de Estados Unidos. Tengo que quitarle al Honorable Juez Torruella 10 puntitos (no dos, diez) por pretender bailar con Laura y Georgina simultáneamente. El Juez Torruella baila con Laura al exhortar a la desobediencia civil contra la Ley federal PROMESA, y baila simultáneamente con Georgina, al ejercer su función jurídica de interpretar la Ley PROMESA, cuando inevitablemente sea impugnada en el Tribunal Federal de Distrito de Puerto Rico y en revisión judicial, al Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, donde ejerce funciones. Si el Honorable Juez Torruella ejerciera como abogado en Puerto Rico, podríamos solicitar su inhibición en un pleito, al incurrir en representación simultánea adversa, bajo el Canon 21 de Etica Profesional. Como saben, el Canon 21prohíbe a un abogado a representar a partes contrarias en un mismo pleito; al representar a ambas partes, el abogado incurre en un conflicto de intereses, ya que “su deber era abogar por aquello a que debía oponerse.” In re Gordon Menéndez, 183 DPR 628 (2011). El Juez Torruella, al exhortar enérgicamente a la desobediencia civil de una ley federal que tiene la obligación ética, legal y constitucional de defender, incurre en un claro y craso conflicto de interes entre su obligación juridica y su pasión patriótica de abogar por los derechos de los puertorriqueños. Por más loable que sean sus expresiones en el Colegio de Abogados en contra de la opresión federal de la Ley PROMESA, simplemente no puede usar los dos sombreros a la vez. Su aclaración (o “disclaimer”, como dicen los americanos), de que está hablando en su carácter personal, y no en su carácter judicial, es extremadamente ingenua, ya que está criticando una ley que con toda certeza, le va a tocar interpretar judicialmente. No es una controversia abstracta (de hecho, ya hay varios pleitos sobre la Ley Promesa que prontamente llegaran al Primer Circuito). Si el Juez Torruella fuera guapo, y verdaderamente creyera en la injusticia de dicha ley, debería renunciar a su puesto como Juez Federal, diciendo las siguientes palabras:
2 “I can no longer tolerate being an instrument of judicial oppression of my people. I must practice what I preach, in order to give an example to those whom I counsel to challenge the federal law PROMESA. I must follow the example of the Founding Fathers of the U.S. Constitution, and “pledge my life, my fortune, my judicial position, and my sacred honor” for the dignity and autonomy of the Puerto Rican people.” 1 Sin embargo, el Juez Torruella, en vez de practicar la desobediencia civil que predica y poner su puesto a la disposición del Presidente Obama, decide, desde la comodidad de su trono federal, exhortar a los boricuas a ser “carne de cañón” en la desobediencia civil. Me pregunto: ¿dónde estará el Juez Torruella cuando arresten a dichos boricuas, si dichos boricuas bloquean la entrada al correo federal, al aeropuerto Luis Munoz Marin, y la base militar Buchanan? Estará en su oficina en el Viejo San Juan o en Boston con sus tres oficiales juridicos, interpretando (y validando o rechazando) la misma ley que causó el arresto de dichos boricuas, la misma ley que él exhortó a desobecer. Si llegan a pasar estos eventos, no le quedaría más remedio al Juez Torruella que inhibirse, porque tendría un conflicto de interés sobre la validez y equidad de dicha ley, lo cual socavaría su capacidad de evaluar imparcialmente la validez (o invalidez) de la Ley PROMESA. En adición, si el Juez Torruella fuera abogado en Puerto Rico, también tendría que quitarle dos puntitos adicionales, por violar el Canon 7 de Etica Profesional, el cual lee: “Será altamente impropio de un abogado dar consejo legal a una persona o entidad para facilitar o encubrir la comisión de un delito público. Si un abogado es informado por su cliente de su intención de cometer un delito público, tiene el deber de adoptar aquellas medidas adecuadas para evitar la comisión de tal delito. Ello no impide que un abogado exprese su opinión honesta sobre la ilegalidad de un estatuto, pero en caso de así hacerlo debe advertir
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Estoy parafraseando el texto de la Declaracion de Independencia de los Estados Unidos, la cual lee, en parte pertinente: But when a long train of abuses and usurpations, pursuing invariably the same Object evinces a design to reduce them under absolute Despotism, it is their right, it is their duty, to throw off such Government, and to provide new Guards for their future security...And for the support of this Declaration, with a firm reliance on the protection of divine Providence, we mutually pledge to each other our Lives, our Fortunes and our sacred Honor.
3 al cliente sobre las consecuencias legales de una violación a la ley y las posibilidades de éxito del planteamiento.” Fíjense que el llamado del Juez Torruella a la desobediencia civil, puede interpretarse como un llamado a violar la ley. Por definición, la palabra “desobediencia” quiere decir “desafío” o “reto”. Por tanto, el llamado del Juez podría incluir un llamado a bloquear las calles o entradas al tribunal federal, en violación a la ley de tránsito (lo que ya están haciendo), el hacer protestas dentro del correo, lo cual constituiría una violación de ley federal (“trespassing in federal territory”) o cualquier interferencia con agencias federales, en violación de la ley federal o estatal. El Juez Torruella no está meramente exhortando a impugnar judicialmente la ley en los tribunales; está llamando a un desafío ilícito de la ley federal, en violación de su mandato constitucional prescrito por el Artículo VI de la Constitución Federal. Dicho Artículo VI lee: “This Constitution, and the laws of the United States which shall be made in pursuance thereof; and all treaties made, or which shall be made, under the authority of the United States, shall be the supreme law of the land; and the judges in every state shall be bound thereby, anything in the Constitution or laws of any State to the contrary notwithstanding. The Senators and Representatives before mentioned, and the Members of the several State Legislatures, and all executive and judicial Officers, both of the United States and of the several States, shall be bound by Oath or Affirmation, to support this Constitution; but no religious Test shall ever be required as a Qualification to any Office or public Trust under the United States.” En adición, en vez de arengar a los boricuas a incurrir en desobediencia civil (i.e. actos ilícitos e ilegales contra las autoridades públicas federales y estatales), si fuera abogado en Puerto Rico, bajo el Canon 7 tendría una obligación ética de informarle las consecuencias jurídicas de dicha desobediencia civil. Sin embargo, el Juez Torruella ha optado, desde las alturas de su poltrona federal imperial, a exhortar a los boricuas a violar la ley, exponiéndolos a sanciones civiles y criminales que el mismo (o sus colegas del Primer Circuito) tengan que imponer. (Volvemos a su baile simultáneo con Laura y Georgina). Me parece que las declaraciones del Honorable Juez Torruella son ingenuas en el mejor de los casos y anti-éticas en el peor de los casos. Por tales razones, me reitero en quitarle diez (10) puntitos al Honorable Juez Federal Juan Torruella.