Cooperación Internacional Para El Desarrollo

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REVISTA DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR número 3 diciembre de 2013 RESISTENCIA / número 3 REVISTA DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR ISSN: 1390-5759. CONTACTO: Toledo N22-80 Apartado postal: 17-12-569 Quito, Ecuador Teléfonos: (593 2) 322 8085 / 299 3600 Fax: (593 2) 322 8426 [email protected] www.uasb.edu.ec Cooperación Internacional para el Desarrollo Equipo editorial del número 3 Coordinador editorial Edgar Alberto Zamora Avilés, estudiante de la Maestría en Relaciones Internacionales, con Mención en Cooperación Internacional para el Desarrollo, ‹[email protected]›. Comité editorial Carla Cecilia Celi, estudiante de la Maestría en Relaciones Internacionales, con Mención en Negociaciones Internacionales y Manejo de Conflictos, ‹[email protected]›. Estefanía Belén Calderón, estudiante de la Maestría en Relaciones Internacionales, con Mención en Negociaciones Internacionales y Manejo de Conflictos, ‹[email protected]›. Sebastián Vallejo, estudiante de la Maestría en Relaciones Internacionales, con Mención en Negociaciones Internacionales y Manejo de Conflictos, ‹[email protected]›. Diana Carolina Castro, estudiante de la Maestría en Relaciones Internacionales, con Mención en Cooperación Internacional para el Desarrollo, ‹[email protected]›. María Belén Espinel, estudiante de la Maestría en Relaciones Internacionales, con Mención en Cooperación Internacional para el Desarrollo, ‹[email protected]›. Diana Marcela Agudelo, estudiante de la Maestría en Estudios de la Cultura, con Mención en Políticas Culturales, ‹[email protected]›. Maico Enrique Pitalua, estudiante de la Maestría en Estudios de la Cultura, con Mención en Políticas Culturales, [email protected]›. Diseño editorial / fotografía: Luis Herrera R. CONTACTO: Toledo N22-80 Apartado postal: 17-12-569 Quito, Ecuador Teléfonos: (593 2) 322 8085 / 299 3600 Fax: (593 2) 322 8426 [email protected] www.uasb.edu.ec Todos los derechos sobre los contenidos de esta obra pertenecen a sus autores y el derecho de reproducción a la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Esta permitida la reproducción de los artículos si se cita la fuente. Índice Editorial 2 Tema central Tendencias de la ayuda oficial al desarrollo en los países andinos (2000-2010) Diana Carolina Castro Salgado y Edgar Alberto Zamora Avilés 4 Pobreza y desigualdad en el debate multilateral sobre el desarrollo de Río+20 Luis Enrique Pinilla Portilla 10 Influencia de la cooperación internacional (Norte-Sur) sobre la agenda ambiental en Colombia, Mario Ediñho Burbano Galeano 14 Desafíos de la cooperación Sur-Sur. China a la cabeza de los “donantes emergentes” Diana Carolina Castro Salgado 18 Eficacia de la ayuda al desarrollo: el debate político sobre la cooperación internacional en Colombia Luis Fernando Vásquez Ruiz “Lo político” del análisis de la cooperación internacional para el desarrollo Edgar Alberto Zamora Avilés 22 26 Entrevista Gestión de la cooperación internacional desde el Gobierno central en Ecuador; entrevista a la economista Gabriela Rosero, secretaria técnica de cooperación internacional Estefanía Calderón López 30 Otros temas Acusación y defensa de la literatura indigenista Mateo Guayasamín 35 Las industrias culturales para el desarrollo en Ecuador Guadalupe M. Vernimmen Aguirre 38 Explorando nuevos horizontes para las políticas culturales públicas Maico Enrique Pitalua Fruto 41 Cadenas transnacionales de cuidado; la incursión del amor en el mercado internacional Diana Marcela Agudelo Ortiz 45 División de poderes en la actual constitución de Ecuador Jorge Luis Chuquimarca Ch. 49 Odiseo frente al canto de la gerencia moderna; una mirada crítica a la evolución de la teoría organizacional Marcela Pérez Pazmiño 53 Editorial como el grupo de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). Se presentan discusiones sobre la construcción de una nueva agenda internacional para el desarrollo ante el agotamiento de los objetivos de desarrollo del milenio, sus resultados cuestionados y las demandas por mayor eficiencia y eficacia. En este escenario, y en el marco de las condiciones de crisis de la economía mundial, los países desarrollados intentan también aliviar las presiones fiscales de sus economías liberándose de los compromisos de la cooperación. Estas tendencias evidencian una redefinición de la cooperación tradicional Norte-Sur que se enfrenta a las transformaciones de las relaciones internacionales que propone la reemergente cooperación Sur-Sur. Indudablemente, este campo es tan amplio como disputado, toda vez que el sistema tradicional de ayuda al desarrollo es uno de los pilares fundamentales del sistema internacional legado por el siglo XX, el mismo que hoy en día se cuestiona en todas sus dimensiones. Esta edición de Resistencia busca contribuir a algunas líneas de estos debates. El artículo sobre ayuda oficial al desarrollo en los países andinos ofrece una perspectiva de la evolución de dichos flujos internacionales representativos de la cooperación tradicional Norte-Sur, sus principales tendencias de sectores de destino y países donantes/cooperantes durante la primera década del siglo XXI. Se abordan algunos debates sobre la problemática medioambiental en relación con la cooperación internacional. R esistencia, revista de estudiantes de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador (UASB), tiene el gusto de presentar su tercera edición. Esta constituye un esfuerzo por recuperar un órgano de difusión regular, en voz propia de los estudiantes que participan de los procesos de formación académica de posgrado en este claustro universitario. En esta ocasión, Resistencia aborda como tema central de discusión la “cooperación internacional para el desarrollo”, con artículos escritos por estudiantes de la primera promoción de la mención en Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Maestría en Relaciones Internacionales, realizada en colaboración con la Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica (COIBA) de la Universidad de Cantabria (España). Desde su surgimiento a mediados del siglo XX, concebida como forma de reorganizar el mundo luego de las guerras mundiales, la cooperación internacional para el desarrollo ha sido objeto de amplios debates, desde diversos enfoques disciplinarios. En la coyuntura actual del sistema mundial, la agenda de investigación está conformada por una variada gama de discusiones; entre ellas, la recomposición del sistema internacional de sus relaciones geopolíticas y geoeconómicas, en donde juegan un papel fundamental las denominadas potencias emergentes, 2 Luis Enrique Pinilla revisa al discurso de Río+20 desde la perspectiva de la pobreza y la desigualdad; muestra la reiteración de formalismos, pocos compromisos vinculantes y una agenda en la que persisten grandes retos para superar las condiciones de indignidad humana. Mario Burbano Galeano analiza las relaciones entre la cooperación tradicional y la agenda ambiental colombiana; plantea retos para la construcción de políticas pertinentes y efectivas en la coyuntura ambiental y climática de este país andino. Diana Carolina Castro presenta un trabajo sobre los desafíos de la cooperación Sur-Sur y la discusión sobre el papel de China y su mentado rol de cooperante en claves de Sur; cuestiona los efectos negativos de reproducción de los problemas de la cooperación tradicional y se pregunta por los fundamentos de un modelo alternativo de cooperación. Los foros de alto nivel de París y Accra, sus lineamientos internacionales y la recepción de estos por parte de los países en desarrollo se analizan con referencia al caso colombiano; se señala, entre otras cosas, que el incentivo de centralización de la cooperación en manos del Estado acentúa los retos de participación democrática de la sociedad en un país caracterizado por la división que genera la permanencia del conflicto social y armado. Edgar Zamora Avilés plantea la discusión acerca de la importancia de ampliar la óptica de análisis de la cooperación internacional para el desarrollo; plantea restituir el análisis propiamente político, centrado en las relaciones de poder a nivel internacional, para superar el excesivo tecnicismo “despolitizador” que ha caracterizado el análisis dominante de la ayuda oficial al desarrollo. En la sección “Entrevista”, Gabriela Rosero, secretaria técnica de Cooperación Internacional, habla sobre los principales logros de la SETECI en sus primeros años, así como de los retos que persisten para el reelecto gobierno de Ecuador del presidente Rafael Correa. Agenda de cooperación con donantes tradicionales, regionalismo, cooperación Sur-Sur, participación de la sociedad civil, y algunos interrogantes sobre China son otros de los temas abordados. Finalmente, en la sección “Otros temas” se presentan diversos aportes sobre el debate académico en la Andina. En el ámbito de los estudios de la cultura se abordan temas como la literatura indigenista, las industrias culturales, las políticas culturales y los procesos de integración, y la migración de mujeres y la transnacionalización de las labores de cuidado. En el campo del derecho se presenta una reflexión sobre la división de poderes en el Estado ecuatoriano y el nuevo constitucionalismo. Desde el campo empresarial, se discute críticamente sobre la recepción de la modernidad en la teoría organizacional. De esta manera, Resistencia se pronuncia más allá del claustro universitario, y en discusión directa con la ciudadanía espera contribuir a profundizar la discusión pública e informada que debe caracterizar a toda sociedad que aspira a constituir una verdadera democracia. 3 TEMA CENTRAL Tendencias de la ayuda oficial al desarrollo en los países andinos (2000-2010) Diana Carolina Castro Salgado* Edgar Alberto Zamora Avilés** Resumen: Se analizan las principales tendencias de la ayuda oficial al desarrollo (AOD) en los países andinos (2000-2010) constatando a nivel agregado: i) disminución de la importancia de la AOD frente a otros flujos externos de financiación; ii) caída de la participación de la región en la AOD global en el marco de la reasignación geográfica impuesta por la agenda de objetivos de desarrollo del milenio (ODM); iii) securitización de la agenda y presencia de Estados Unidos (EUA) como principal donante, evidenciados en los sectores de destino donde destaca el control de narcóticos. 4 Palabras clave: Países andinos, cooperación internacional, ayuda oficial al desarrollo, agenda internacional de desarrollo, securitización. * Estudiante de la Maestría en Relaciones Internacionales, con mención Cooperación Internacional para el Desarrollo, en la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB-E), Sede Ecuador; Licenciada en Estudios Internacionales por la Universidad del Azuay. Contacto: ‹[email protected]›. ** Estudiante de la Maestría en Relaciones Internacionales, con mención en Cooperación Internacional para el Desarrollo de la UASB-E; Politólogo por la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá; miembro del Grupo Interdisciplinario de Estudios Políticos y Sociales Theseus, adscrito al Departamento de Ciencia Política de la UNAL-Sede Bogotá. Contacto: ‹[email protected]›. RESISTENCIA L bución sectorial de la AOD y su relación con los principales donantes y sus agendas de política exterior. En tercer lugar, se presentan unas consideraciones finales. a cooperación internacional para el desarrollo (CID) puede estudiarse desde dos enfoques: uno se centra en analizar la “industria de la ayuda”1 (flujos, actores y prácticas) que debería “desarrollar” a sus clientes, y otro analiza la CID (incluida la AOD) como parte del sistema internacional y sus relaciones de poder. Aunque este trabajo retoma la pauta analítica sobre la AOD de Tezanos y Martínez (2010), para el caso específico de los países andinos (en adelante PA): Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, durante la primera década del siglo XXI; pretende incluir ciertos elementos de análisis crítico en el marco de las relaciones de poder del sistema internacional que caracterizan la CID. Evolución de la AOD en los PA y tendencias globales Durante las dos últimas décadas del siglo XX, los PA casi duplicaron su participación en los desembolsos globales de AOD. Esta tendencia se invertiría en la primera década del siglo XXI, cuando dicha participación cayó desde niveles ligeramente superiores al 3% en 2001, hasta un nivel mínimo de 1,12% en 2010. Adicionalmente, para este último período, el comportamiento de la AOD ha sido más volátil y, en términos absolutos, fluctuó alrededor de US $ 2 mil millones (-precios de 2010-) (gráfico 1). Por países, Bolivia y Perú evidencian los mayores descensos de AOD, mientras que Colombia presenta una ligera tendencia al alza. En la primera parte, se contextualiza la evolución de la AOD en función de otros flujos externos de financiación, de la participación de los PA en la AOD global y de la agenda internacional de desarrollo. En segundo lugar, se analiza la distri- GráfIco 1. Participación de los países andinos en la AOD global, 2000-2010 Fuente: elaboración propia con datos CAD, 2013. Los PA en conjunto no evidencian dependencia de la ayuda (AOD/PNB), indicador que descendió en el período de análisis. Por países, Bolivia es el único que muestra niveles de dependencia comparativamente altos, puesto que la AOD llegó a representar el 12% del PNB en 2003 y al cerrar la década se ubicó en niveles cercanos al 4%. En este país, también existe una dinámica particular en cuanto a la AOD per cápita, 5 la cual se mantuvo aproximadamente en US $ 100 durante la primera mitad de la década y cayó a US $ 70 al finalizar (gráfico 2). Según cifras del CAD, en conjunto los PA mantienen niveles similares a los del conjunto de países en desarrollo (PED), alrededor de US $ 20 de AOD per cápita. Los flujos de financiación externa de los PA casi se han triplicado en la última década. La inversión TEMA CENTRAL GráfIco 2. Países andinos: AOD per cápita y dependencia de la ayuda, 2000-2010 Fuente: elaboración propia con datos CAD, 2013. extranjera directa (IED) aumentó hasta posicionarse por encima de la AOD en la segunda mitad del período –tendencia impulsada por Colombia, y por Perú, país con mayor crecimiento–. Las remesas se mantienen como el principal flujo de capital, superando ampliamente a la AOD, la IED, los otros flujos oficiales (OFO) –negativos en buena parte del periodo por pagos de deuda- y los otros flujos privados (OFP) –con un punto de inflexión en 2002 explicado por la salida de capitales de Colombia en medio del cambio de gobierno luego del fallido proceso de paz con las guerrillas–. En relación a estos flujos, la participación de la AOD descendió (gráfico 3). El comportamiento de la AOD debe ser analizado en el contexto de, por lo menos, tres tendencias globales características de la década. GráfIco 3. países andinos: Flujos de FInanciamiento externo, 2000-2010 Fuente: elaboración propia con datos CAD, 2013, y para Remesas Banco Mundial, 2o13. 6 RESISTENCIA La primera de ellas es el crecimiento económico sostenido. Esta explica, por un lado, que la caída de los flujos absolutos de AOD en la Región haya sido leve, confirmando que en medio de la bonanza ser solidario es más fácil. Por otro lado, explica el crecimiento de la IED por aumento de la demanda de bienes primarios que sigue caracterizando el modelo exportador de la región (hidrocarburos, minería y agrocombustibles). Adicionalmente, este crecimiento económico ha posicionado a los países emergentes: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS). Estos han entrado en competencia frente a los donantes tradicionales, y demandan la reconfiguración del escenario global de la CID con base en su nuevo poder político y económico.2 Este nuevo escenario ha sido aprovechado por los donantes tradicionales para intentar aliviar la presión fiscal que genera la ayuda, en medio de la crisis económica al finalizar la primera década del siglo XXI (Domínguez, 2011; Severino y Ray, 2009). El segundo hecho que marca tendencia es la constitución de los objetivos de desarrollo del milenio (ODM) en la agenda de desarrollo, a la cual se suma la agenda de “eficacia+eficiencia” de la ayuda (Tezanos y Martínez, 2010). Esta nueva agenda ha tenido como resultado la reasignación geográfica de la ayuda hacia los países de renta baja con mayores niveles de pobreza, hecho que explica la caída de la participación de los PA en la AOD global. Se espera que esta tendencia se profundice debido a que, en 2010, los PA (excepto Bolivia) pasaron a ser países de renta media alta en la clasificación de receptores de ayuda del Banco Mundial (BM); formando parte de “la aristocracia de la desgracia” en el mapamundi de la pobreza. Sin embargo, en el debate sobre reconfiguración actual de la agenda de desarrollo, los PA y, en general, América Latina podrían reaparecer como receptores de ayuda debido a sus altos niveles de desigualdad en la distribución del ingreso. Este tema ha sido promovido por algunos donantes para perpetuar relaciones paternalistas con países en donde han influido históricamente (Sumner, 2010). La tercera tendencia es la securitización de la ayuda (Sanahuja, 2011: 204) encabezada por Estados Unidos (EUA), después de los ataques a las Torres Gemelas en 2001. Este es un hecho de gran relevancia para los PA ya que son considerados grandes productores de coca y el control de narcóticos se incluye como tema de seguridad en la política exterior de EUA, con lo cual se explica que este país se mantenga como el principal donante y el control de narcóticos como su principal sector de ayuda. Además del “terrorismo” y el narcotráfico, el discurso de los “Estados fallidos” aplicado a los PA contribuyó a consolidar la agenda de securitización y el rol de la AOD (Guzmán, 2005). Esta securitización de la ayuda confirma los problemas constitutivos y las contradicciones inherentes del sistema de ayuda (Domínguez, 2011): cuestiona la idea de compromiso moral de la cual parte la ayuda, y permite explicar por qué, más allá de una agenda oficial, la ayuda sigue atada a los intereses de política exterior de los donantes, evidenciando la importancia de analizar la CID en el marco del sistema internacional para poder entender sus lógicas. Distribución sectorial de la AOD en los PA y agenda de los principales donantes Como se viene discutiendo, las políticas de ayuda hacia los PA no han escapado de estas tendencias globales, las cuales se expresan en las agendas de los principales donantes y los sectores a los que dirigen su asistencia en la primera década del nuevo siglo. Durante este período de análisis, el principal donante en el conjunto de PA es EUA, cuyas aportaciones representan el 38,17% del total de AOD recibida; le siguen España (11,26%), Alemania (6,85%), Holanda (4,82%) y Japón (3,11%) (ver tabla 1). A nivel multilateral, el principal donante es la Unión Europea (7,67%). En este sentido, se puede constatar que mientras la AOD bilateral y multilateral mundial tienden a converger progresivamente en las últimas décadas, en los PA sucede lo contrario: la AOD bilateral (82,30%) es mucho mayor que la AOD multilateral (17,53%), lo que evidencia el peso significativo que tienen las agendas propias de los países cooperantes. Tabla 1. Países andinos: principales donantes 2000-2010 (%) Fuente: Elaboración propia con datos CAD, 2013. Si por un lado los ODM y la reasignación geográfica de la ayuda dan cuenta del descenso de la participación de la AOD en los PA, la securitización de la agenda internacional explica, por otro lado, la priorización sectorial de la ayuda por parte de los donantes, particularmente de EUA. Para el caso de los PA, esta securitización se ve reflejada, como muestra la tabla 2, en los tres principales sectores de destino de AOD: control de narcóticos (16,23%), gobierno y sociedad civil (11,92%) y desarrollo de agricultura alternativa 7 TEMA CENTRAL (4,90%). Estos tres sectores en conjunto constituyen el 33% de la AOD total. Además de estos tres sectores, las operaciones de alivio de deuda han representado el 13,51% para los PA; dicha participación se explica (2,40%) –prioritaria para todos los países, excepto para Colombia–; desarrollo judicial y legal (2,33%) –liderado por Colombia–; participación democrática y sociedad civil (2,13%), y derechos humanos (1,38%). Tabla 2. Países andinos: distribución sectorial de la AOD 2002-2011 (%) Fuente: Elaboración propia con datos CAD, 2013. principalmente por la dinámica de la deuda boliviana. El sector “Otras infraestructuras y servicios sociales” recibe el 19,69% de la AOD total en los PA. De este monto, el 82% se destina al control de narcóticos, donde el principal donante es EUA. De hecho, de los US $ 9.607 mil millones de AOD de EUA a los PA, US $ 4.723 mil millones (50%) van destinados a este sector y, de este monto, Colombia se lleva el 74% (US $ 3.497 mil millones) de los recursos. La ofensiva política y geoestratégica de EUA se concretiza en la iniciativa regional andina contra las drogas, cuyas implicaciones en los PA se ven reflejadas en la relevancia que adquieren estos tres sectores. En Colombia esta ofensiva se evidencia en los diferentes planes de tipo cívico-militar: Plan Colombia, Plan Patriota y Plan Consolidación, los cuales han marcado una agenda de “lucha anti-drogas y anti-terrorista” alineada a la política exterior de EUA. Es por esto que, según Sanahuja (2011: 37), Colombia ahora es vista como el prisma de la “guerra global contra el terrorismo” en la agenda mundial luego del 11-S. En el caso de Gobierno y sociedad civil, las principales áreas receptoras de AOD son: políticas públicas En este último sector, EUA aporta el 30,76% (cerca de mil millones de dólares) de los fondos; seguido por las instituciones multilaterales (UE, AIF y BID), que en conjunto representan el 15,31%, España (14%) y Alemania (10%). En cuanto al sector agrícola, más de la mitad (51%) está destinado para desarrollo de agricultura alternativa; sector donde EUA aporta el 92,69% y la UE 5,73%. Sin embargo, el desarrollo agrícola alternativo tiene un contenido muy singular, totalmente alejado de la agricultura: tanto desde el lado estadounidense como del europeo, el desarrollo alternativo implica estrategias cívicas de control de narcóticos bajo la égida de los diversos programas de sustitución de cultivos de uso ilícito (véase para el caso europeo Molano, 2009), con fuerte énfasis en el caso colombiano. Por tanto, puede afirmarse que el 21,13% del total de ayuda que reciben los PA está ligada a la agenda antinarcóticos sobre la cual están de acuerdo europeos y estadounidenses. Además de los tres sectores hasta aquí analizados, importa destacar las operaciones de Alivio de Deuda en el agregado de PA, que representan el 13,51% del 8 RESISTENCIA total de la AOD en la década. De este monto, el 91% corresponde a Bolivia, país donde la condonación de deuda ha adquirido gran importancia (40% bilateral y 60% multilateral). A nivel bilateral los países que más han condonado deuda a Bolivia son Japón (19,02%) y Alemania (15,90%). Los dos países lo hicieron prácticamente en una sola operación en 2004 (87%) y 2002 (90%), respectivamente. A nivel multilateral, los principales condonadores de deuda han sido el Banco Mundial, a través de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) con 50,60% del total de deuda condonada en la década, y le sigue el FMI con 9,55%. Las dos organizaciones condonaron el 60,15% del total, y lo hicieron prácticamente en una sola operación en 2006. agenda de desarrollo, a la cual han sumado iniciativas de corte cívico-militar como el desarrollo de agricultura alternativa. Y aunque en este trabajo no se ha considerado el tema, debe señalarse que el análisis de la CID en los PA requiere incluir la discusión sobre las perspectivas o concepciones del desarrollo que países como Ecuador y Bolivia han posicionado en la agenda internacional, a través de sus apuestas hacia el Buen Vivir (Sumak Kawsay). Bibliografía De Hann, Arjen, “Aid: the drama, the fiction, and does it work?”, Working Paper #488. International Institute of Social Studies, Países Bajos, en ‹http://repub.eur.nl/res/pub/18705/wp488. pdf ›, 2009. Domínguez, Rafael, “La crisis de identidad del sistema de ayuda”, en ‹http://www.fundacioncarolina.es/esES/nombrespropios/ Documents/NPDomínguez1105.pdf›, 2011. Guzmán, Alicia, Plan Colombia y asistencia internacional. Recreando el Estado en los Andes, Quito, UASB / AbyaYala / CEN, 2005. Molano, Giovanny, “El apoyo de la unión europea a los programas de desarrollo alternativo en Colombia: Cooperación para el combate contra el terrorismo y el tráfico ilícito de estupefacientes”, en # Análisis Político, vol. 22, No. 66, Bogotá. IEPRI. 2009. Sanahuja, José Antonio, “Entre los objetivos de desarrollo del milenio y la cooperación Sur-Sur: actores y políticas de la ayuda al desarrollo en América Latina y el Caribe”, en Pensamiento Iberoamericano, No. 8, Madrid, AECID-Fundación Carolina, 2011. Severino, Jean Michel, y Oliver Ray, “The end of ODA: death, rebirth of a global public policy”,. Working Paper #167, Center for Global Development, en ‹http://www.cgdev.org/ files/1421419_file_End_of_ODA_FINAL.pdf›, 2009. Sumner, Andy, “Global Poverty and the New Bottom Billion: What if Three-quarters of the World’s Poor Live in Middle-income Countries?” Working Paper 349, Institute of Development Studies, en ‹http://www.ids.ac.uk/files/dmfile/GlobalPovertyDataPaper1.pdf›, noviembre de 2010. Tezanos, Sergio, y Aitor Martínez, “América Latina y el Caribe: ayuda oficial al desarrollo en el punto de inflexión del milenio”, en Problemas del Desarrollo, No. 162, vol. 41, México DF, UNAM, julio-septiembre de 2010. Consideraciones finales En primer lugar, es evidente que el análisis de la AOD debe situarse dentro de las dinámicas propias del sistema internacional, si se quiere dar cuenta de algo más que un conjunto de estadísticas y actores. Para el caso de los PA, resulta claro que la dinámica de la AOD se explica por los elementos estructurales que caracterizan su inserción económica (primario-exportadora) y política que configuran las relaciones internacionales con sus principales donantes. Los PA no han escapado a la reasignación geográfica de la ayuda que ha inducido la agenda internacional “oficial” de desarrollo de los ODM. Sin embargo, el desarrollo que supone ser considerados países de renta media alta debe ser visto en contexto, puesto que en estos países persisten los problemas de pobreza y, sobre todo, se han profundizado las desigualdades de distribución del ingreso; tendencias que pueden ser leídas como herencia del proceso de neoliberalización de las décadas anteriores, propiciado por el club de la OCDE y las instituciones de gobernanza del desarrollo (BM y FMI). Respecto de los donantes y los sectores de destino, se confirma que la CID en los PA sigue atada a los intereses de política exterior de los donantes y sus agendas propias. Así, para la región resulta más determinante la securitización de la agenda de desarrollo impulsada por EUA (“antinarcóticos”, “antiterrorista”, “Estados fallidos”) que la agenda “oficial” de los ODM. Esta agenda “oculta” explica que la caída de la AOD sea leve, y da cuenta de las diferencias entre los países: Colombia sigue siendo el mayor socio de EUA en la región, precisamente porque se alinea con la agenda de seguridad. Desde el campo de la AOD, se constata igualmente que el tema del control de narcóticos sigue estando en la primera plana de las relaciones internacionales de los PA. En este tema, tanto los EUA como la UE parecen converger en el área de securitización de la Notas 1. Concepto acuñado por De Hann para referirse a las “instituciones y organizaciones que se han profesionalizado progresivamente y para las cuales su principal actividad es distribuir ayuda, la AOD como la define el CAD de la OCDE y el creciente número de ONG” (De Hann 2009: 6). 2. El posicionamiento de los BRICS en la CID se relaciona con la reemergencia de la Cooperación Sur-Sur (CSS). Aunque en este trabajo no desarrollaremos el tema, la CSS puede ser considerada como otra tendencia, que ha permitido que los PA participen con dinamismo en ciertos espacios internacionales. 9 TEMA CENTRAL Pobreza y desigualdad en el debate multilateral sobre el desarrollo de la Conferencia Río+20 Luis Enrique Pinilla Portilla* Resumen: El enfoque de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) frente a los avances del desarrollo en favor de la pobreza y la desigualdad contiene muchos formalismos retóricos, pocos compromisos vinculantes y una agenda con grandes retos para superar las condiciones de indignidad humana. El presente artículo es una revisión al discurso de la más reciente cita global que incluye temas polémicos relacionados con el compromiso político, la economía verde y el marco de acción del desarrollo. 10 Palabras clave: Pobreza, desigualdad, debate multilateral, desarrollo sostenible, Río+20, economía verde. * Candidato a Magíster en Relaciones Internacionales, con mención en Negociaciones Internacionales y Manejo de Conflictos por la UASB-E; Especialista en Análisis de Políticas Públicas y Politólogo por la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Contacto: ‹[email protected]›. RESISTENCIA L a Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en Río de Janeiro, Brasil, a mediados del año pasado, ha sido catalogada como la mayor cita de la historia de la Organización de las Naciones Unidas, por la participación de más de 50.000 personas entre autoridades de gobiernos, activistas, indígenas y empresarios (Sibaja), que se reunieron con el objetivo de renovar el compromiso político con el desarrollo sostenible, evaluar el progreso realizado hasta la fecha y las brechas aún existentes en la implementación de los resultados de las principales cumbres sobre desarrollo, así como también tratar los desafíos nuevos y emergentes (Fundación Tierra Vida). Sin embargo, jefes de gobierno con una gran importancia en la geopolítica de la gobernanza mundial como Barack Obama, Angela Merkel o David Cameron estuvieron ausentes y le restaron voluntad política al encuentro, necesaria para avanzar en el diálogo y fijar posiciones claras. Pese a lo anterior, resulta necesario entender la importancia de este tipo de reuniones globales, pues supone la ratificación del modelo de desarrollo en la agenda multilateral (posicionado desde la Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, hace 20 años precisamente en Río), como también la estructuración de políticas públicas de los gobiernos para afrontar varios desafíos, como lo son la superación de la pobreza y la desigualdad. Y aunque la mayoría de los Estados han reiterado su voluntad para dar fin a dichas problemáticas y llegar a algunas metas conjuntas, como los ODM 2015, varios de los cuestionamientos de antesala a la Conferencia transitan en torno a los instrumentos que se van a utilizar para hacerlo, para lo cual persiste la sospecha de que el paradigma neoliberal y su modelo de economía capitalista no van a contribuir a un desarrollo con un avance real de las actuales condiciones humanas. Las variables más representativas que miden solo el crecimiento económico y el producto interno bruto ya son instrumentos incompletos en la caracterización del desarrollo, como se establece en reiterados análisis del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo relacionados con la búsqueda de alternativas a los parámetros puramente económicos del desarrollo. El futuro que queremos El documento final es, como muchos documentos intergubernamentales, una mezcla contradictoria de afirmaciones, recomendaciones, reconocimientos y algunos compromisos donde se yuxtaponen enfoques de desarrollo, propuestas empresariales y visiones de nuevos paradigmas (Burch, 2012). Particularmente, es rico en literatura frente al problema de 11 la pobreza y un poco menos frente al problema de la desigualdad. El título del mismo, “El futuro que queremos”, sugiere al lector, de antemano, ser ajeno a las responsabilidades por las acciones del presente y nada vinculante frente a lo que se tiene que hacer hoy por los seres humanos y el planeta. Más bien, se evidencian varios párrafos de buenas intenciones que se piensan llevar a cabo algún día; pero no sabemos cuándo, ni tampoco cómo se va a llegar a ello. No obstante, vale la pena hacer una lectura general del documento para saber cuál es el mensaje que las naciones envían a los pobres y excluidos, y cuáles son sus esperanzas para el cambio social. Visión común. El documento incluye, por primera vez, avances importantes en la declaración sobre el reconocimiento de la erradicación de la pobreza como el mayor problema que afronta el mundo en la actualidad y una condición indispensable del desarrollo sostenible. Aquí, aunque resulta valioso el reconocimiento, queda la sensación de que el fin último de la intención es el desarrollo sostenible por sí mismo y no la superación de la pobreza a través del desarrollo. Entonces, como el fin de las cosas es el desarrollo sostenible, existen también otros requisitos indispensables para alcanzarlo. Junto con la erradicación de la pobreza aparece el crecimiento económico sostenido, el cual genera muchos cuestionamientos, más aún cuando se pone en consideración con otro de los requisitos: la modificación de las modalidades insostenibles y la promoción de modalidades sostenibles de producción y consumo, lo cual resulta un tanto paradójico con la sostenibilidad ambiental, además que se queda en la enunciación, pues no se manifiesta una hoja de ruta para la transformación. Renovación del compromiso político. El balance de Río+20 frente a la implementación de nuevas iniciativas es muy pobre, en relación a la Declaración de Río de 1992. El documento reitera la preocupación frente a que una de cada cinco personas de este planeta siga viviendo en la extrema pobreza –información harto conocida–; también con relación a la necesidad de generar empleos o ingresos decentes que reduzcan las disparidades entre los niveles de vida para atender mejor las necesidades de la población. En resumen, no hemos retrocedido en las intencionalidades de la agenda global, pero es claro que tampoco hemos avanzado en compromisos reales de puesta en marcha de los enunciados. La economía verde. Este concepto, promovido por el sector empresarial y los gobiernos euro/americanos, se presenta como una de las novedades que, incluso, estuvo a punto de desplazar al desarrollo sostenible como concepto central; de no ser por el cuestiona- TEMA CENTRAL miento de muchas delegaciones frente a lo que implica la superposición del concepto frente al desarrollo mismo en relación a los intereses económicos que tienen los inversionistas quienes están ansiosos de explotar los inmensos recursos que tiene la naturaleza y, de esta forma, olvidarse o tratar de justificar (acomodar) lo que el desarrollo ha pretendido: mejorar las condiciones de vida de los seres humanos. A pesar de lo anterior, el documento posiciona la denominada economía verde como uno de los instrumentos más importantes disponibles para lograr el desarrollo sostenible. Aquí, una vez más, es claro que no se menciona la búsqueda de la superación de la pobreza y la desigualdad, sino solo se hace referencia de ellas, en razón de su contexto para la contribución del desarrollo sostenible. Los hechos nos muestran que ya se fijaron los lineamientos de política para la economía verde, donde se destacan algunas justificaciones; en particular, en dos de los numerales de la declaración final: a) atender las preocupaciones que suscitan las desigualdades y promover la inclusión social, “incluidos” niveles mínimos de protección social, y b) perseverar en el empeño de superar la pobreza y la desigualdad mediante la adopción de enfoques inclusivos y equitativos del desarrollo. Hay un convencimiento, entonces, en la agenda multilateral, de que la economía verde en el contexto reiterado del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza mejorará la capacidad para gestionar recursos naturales y su aprovechamiento de manera sostenible; lo anterior resulta problemático para los ambientalistas, dada la posibilidad de mercantilización de la naturaleza y dificultad de sostenimiento del modelo de desarrollo que experimenta una crisis en sus dimensiones sistémicas e internacionales, ampliando las deudas relacionadas con la pobreza y la desigualdad, y alejándose de una visión con principios éticos, de equidad y solidaridad. Marco para la acción y el seguimiento. De las 26 esferas temáticas y cuestiones intersectoriales, la primera habla de la erradicación de la pobreza. Se reconoce que si bien en algunas regiones ha habido progresos, no han sido uniformes, y en algunos países sigue aumentando el número de personas que viven en la pobreza. Se sigue insistiendo en que el crecimiento económico sostenido, inclusivo y equitativo de los países en desarrollo es un requisito imprescindible para erradicar la pobreza y alcanzar los ODM. Por último, se hace mención que para erradicar la pobreza y contribuir al logro de los ODM es esencial contar con sistemas de protección social que encaren y reduzcan las desigualdades y la exclusión social. Medios de ejecución. El requerimiento de financiación generó fuertes críticas ya que no se consiguieron compromisos económicos serios para garantizar los recursos que permitieran enfrentar los desafíos planetarios, dada la crisis económica internacional que sufren algunos países que son donantes tradicionales y que no están dispuestos a asumir nuevos compromisos financieros. Cierre provisorio La conferencia sobre el desarrollo sostenible, más allá de ofrecer soluciones y proponer estrategias para enfrentar los desafíos mundiales, presenta un nuevo marco económico para garantizar el desarrollo. Pero para la existencia de una sociedad más justa, democrática y en paz, debe ser imperativo un nuevo modelo económico que no tenga que centralizarse en la maximización de beneficios para unos particulares, sino que incluya más y mejores dinámicas de democracia participativa, a través de las cuales se promueva la dignidad humana, el desarrollo humano, integral y sostenible, y la distribución de la riqueza (Organización Caritas Internationalis, 2012). El desarrollo, en definitiva, no puede seguir perpetuando la pobreza y la desigualdad, ni deteriorando permanentemente los recursos naturales y los ecosistemas (Moro). Es notorio que no hay claridad sobre cómo se va a materializar ni con cuánto se pretende financiar lo propuesto en la declaración (el texto no define compromisos económicos ni cifras), y lo que realmente importa: los alcances y para qué se quiere la Economía Verde. Sí, fue un triunfo formal del multilateralismo en la oficialización de su propuesta de desarrollo para los próximos años, en especial para la delegación colombiana al incluir su propuesta de inclusión de unos objetivos de desarrollo sostenibles en la declaración final (aunque sin los resultados vinculantes esperados por parte de los países), pero el balance de la Conferencia debe traducirse en la construcción de una agenda amplia de debate materializable en la formulación e implementación de objetivos e indicadores a nivel nacional y de las comunidades locales (CIDSE, 2012), que deje a un lado el libre albedrío de las naciones para adoptar políticas esenciales en beneficio de la población vulnerable a la pobreza y desigualdad. Bibliografía Burch, Sally, “Lo que dejó Río+20”, en América Latina en Movimiento, 27 junio de 2012, Agencia Latinoamericana de Información, ‹http://alainet.org/active/56024›. Consulta: 23 de abril de 2013. CIDSE, “Recomendaciones para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible”, Bruselas, CIDSE, 2012, en Alianza Internacional de Organizaciones Católicas 12 RESISTENCIA Organización Caritas Internationalis, “Comunicado”, Roma, Caritas Internationalis, junio de 2012, en Pastoral Social Caritas Colombiana, ‹http://www.pastoralsocial.org/images/contenido/documentos/futurorio.pdf›. Consulta: 23 de abril de 2013. Sibaja, Marco, “Latinoamérica llega con cauta esperanza a Río+20”, en Noticias Terra, 2012, ‹http://noticias.terra.com/america-latina/latinoamerica-llega-con-cauta-esperanza-a-rio-20,e05ae02947be7310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html›. Consulta: 23 de abril de 2013. para el Desarrollo, ‹http://www.alboan.org/docs/articulos/ canales/alboan/Los_cambios_que_.pdf›. Fundación Tierra Vida, “Camino a Río+20”, en Fundación Tierra Viva, 2012, ‹http://caminoariomas20.org/›. Consulta: 23 de abril de 2013. Moro, Bruno, “Colombia: economía verde”, en Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia, 2012, ‹http:// www.pnud.org.co/sitio.shtml?x=66823›. Consulta: 23 de abril de 2013. 13 TEMA CENTRAL Influencia de la cooperación internacional Norte-Sur sobre la agenda ambiental en Colombia Mario Ediñho Burbano Galeano* Resumen: La política ambiental de Colombia se centra en mecanismos e instrumentos de protección ambiental y desarrollo sostenible sobre los cuales se sustenta el crecimiento económico del país; además, establece medidas para la adaptación del país al cambio climático. Tal política se articula en el desarrollo de la agenda internacional de cambio climático, en cuya sincronía –entre la política internacional y política doméstica– contribuye la cooperación internacional (Norte-Sur), ahora que ha existido un cambio sustancial en la arquitectura de su agenda. Lo anterior ha limitado el desarrollo de políticas ambientales pertinentes y efectivas para la coyuntura ambiental y climática de Colombia. 14 Palabras clave: Cooperación internacional, desarrollo sostenible, agenda ambiental internacional, ODM (objetivos de desarrollo del milenio). * Estudiante de la Maestría en Relaciones Internacionales, con mención en Cooperación Internacional para el Desarrollo de la UASB-E; Ingeniero Industrial por la Universidad Cooperativa de Colombia, Pasto. Contacto: ‹[email protected]›. RESISTENCIA L a cooperación internacional ha sufrido cambios importantes en la arquitectura de su agenda, en gran medida por las críticas que suscitó la eficacia de la ayuda (fatiga de la ayuda), la cual ha buscado, desde sus inicios, la convergencia económica entre países desarrollados (PD) y países en desarrollo (PND), que todavía sigue siendo objeto de análisis y discusión. Según Tezanos y Martínez, “los países latinoamericanos y caribeños apenas han variado, en términos comparativos, sus posiciones en el amplio espectro de rentas per cápita del mundo en desarrollo” (2010: 33). La nueva arquitectura responde a otra visión, que se articula con los objetivos de desarrollo del milenio (ODM) y a la adaptación de las condiciones políticas, económicas y sociales de los PND, amparada en los nuevos principios de la cooperación –apropiación, alineamiento, armonización y gestión orientada a resultados– implícitos en la declaración de París; esto redefine sin lugar a dudas el rol de los donantes de la cooperación. Quizás el primer cambio ha generado mayor impacto sobre América Latina y el Caribe (ALC), sobre todo cuando su cuota de participación en los últimos 60 años, ha menguado considerablemente. Según Tezanos y Martínez, “la región percibía, en promedio 12,7% de las ayudas mundiales en la década de los sesenta” entre tanto, durante “el siglo XXI se posicionó por debajo del 8%” (2010: 33). Estos cambios en la distribución tienen que ver precisamente con la reorientación de la ayuda oficial al desarrollo (AOD) hacia países de renta baja, quizás por el estancamiento que tienen sus indicadores con respecto a las metas de los ODM, sobre todo en materia de pobreza. Segundo, los nuevos principios de la cooperación y el retroceso que tienen los indicadores en materia de sostenibilidad ambiental y equidad en ALC abren un abanico de posibilidades para incrementar los flujos de cooperación. Apelando a los principios de la cooperación en la declaración de París, la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional en Colombia (APC) instó a los donantes a “redefinir la función de la ayuda oficial al desarrollo (AOD) en torno a los criterios de equidad y desarrollo humano –y no de ingreso per cápita únicamente– dimensiones que resultan de mayor interés para los países de renta media (PRM)” (Acción Social, 2007: 54). Agenda política ambiental en Colombia La cooperación internacional ha sido clave para sincronizar la débil agenda ambiental internacional. Su actividad programática ha sido cuestionada debido a la falta de voluntad política de los gobiernos, en cuyo 15 seno se han generado consensos poco efectivos. Las potencias hegemónicas han tenido mucho que ver con la dilación de la agenda, ya que sus intereses políticos y económicos abogan por no contrariar el modelo de desarrollo existente, cuya característica es el uso irracional y degradación de los recursos naturales. Durante la conferencia de Río+20 en el año 2012, lo anterior fue evidente; “no se logró acordar una agenda de objetivos de desarrollo sostenible para los próximos 20 años, aplicable tanto a los países en desarrollo como a los países desarrollados, pese al empeoramiento de muchos indicadores desde 1992” (Domínguez, 2013). La debilidad de la agenda ambiental internacional y sus avances poco efectivos en el cambio climático se reproducen en la política doméstica de los países; en sus constituciones y en la reglamentación ambiental que no consideran la coyuntura ambiental existente de cada país; en Colombia, adicionalmente, “el fracaso político de las leyes de protección al ambiente y los derechos que de este se desprenden se debe no solo a las ‘debilidades en los mecanismos de aplicación o insuficiente reglamentación’, sino, además, al equivocado ‘énfasis del Derecho Ambiental en los síntomas y no en las causas fundamentales de la contaminación’”(García Henao). La política ambiental colombiana establece dos líneas de acción: la primera, gestión integral de riesgo y restablecimiento sostenible de comunidades afectadas por desastres naturales; y la segunda, el medio ambiente y desarrollo sostenible. La primera línea de acción tiene el propósito de “formular políticas y estrategias encaminadas al conocimiento y reducción del riesgo, así como el manejo adecuado y sostenible de desastres generados por eventos de origen natural” (APC Colombia, 2011: 23, 24); lo anterior se volvió aun más justificable cuando sobrevino el desastre nacional provocado por el Fenómeno del Niño durante los años 2010 y 2011. Ahora bien, cuando se asocian los desastres por eventos naturales se deja de lado el impacto que tienen las actividades antrópicas en el desequilibrio del clima y los ecosistemas; “conocemos que los desastres son hechos sociales, no fenómenos físicos, entonces, intensificar y profundizar la búsqueda de respuestas en el análisis del comportamiento humano frente a sí mismo y a la naturaleza supone la búsqueda de soluciones factibles” (Fernández y Rodríguez, 1996: 7). No se plantean soluciones dentro de la línea de acción de la política ambiental y solamente se enfoca en estudiar la naturaleza de los desastres y a establecer mecanismos de prevención conjuntamente con las comunidades; pero no se analiza ni cuestiona el verdadero origen de los desastres, cuyas causas obligarían a replantear el modelo de desarrollo actual. Con respecto a la segunda línea de acción, el objetivo de la política colombiana “es garantizar la recu- TEMA CENTRAL peración y el mantenimiento del capital natural y de sus servicios ecosistémicos, como soporte del crecimiento económico y apoyo a las locomotoras de desarrollo para la prosperidad democrática” (APC La Contraloría General de la República deja entrever esta preocupación en su informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente considera que: “dada la realidad institucional [...] y aunado a la débil capacidad de manejo de las comunidades [...], se puede incentivar la mercantilización [...] de los recursos naturales, como de los conocimientos tradicionales” (CGR, 2013); es decir, la débil institucionalidad ambiental estará subordinada a las políticas de desarrollo del país. Pero en un futuro no muy lejano, la crisis ambiental no solo traerá consigo mayor incertidumbre ante los fenómenos climatológicos con sus correspondientes desastres naturales, sino que también abrirá la posibilidad para que dicha coyuntura sea aprovechada por las potencias extranjeras,“los líderes mundiales podrían utilizar las tensiones ocasionadas por el cambio climático para ganar poder o retener poder en las luchas internas, utilizando como chivo expiatorio los inmigrantes” (Giddens, 2010); y en ello también podría contribuir la cooperación internacional cuyo instrumento estaría al servicio de este poder hegemónico. Sin embargo, en el caso colombiano el chivo expiatorio estaría conformado por las diversas comunidades que hacen parte territorio y las fuerzas insurgentes que se contraponen al régimen colombiano actual, quienes son el talón de Aquiles para el actual patrón de acumulación. En fin, la cooperación internacional podría constituirse en un instrumento al desarrollo de una agenda paralela, al servicio de las grandes potencias, con el fin de hacerse del control de los recursos naturales mediante diferentes mecanismos de intervención política, social, cultural, económica, comercial e incluso militar. Colombia, 2011: 36). Partamos por entender el concepto de desarrollo sostenible; según Domínguez (2013), “la protección del medio ambiente no es un factor limitativo del crecimiento, sino que el crecimiento es la solución a los problemas ambientales”. Según esta consideración, la política ambiental colombiana considera el medio ambiente como base o soporte del crecimiento económico, el cual se sustenta en las locomotoras del crecimiento.1 Simplemente es un instrumento que contribuye a favorecer el actual patrón de acumulación de capital, a costa de la usurpación de grandes extensiones de territorio y la explotación intensiva de recursos naturales limitados, y trae consigo problemas de carácter ambiental y social cuyas externalidades son marginadas por el actual modelo de crecimiento económico. Según esa lógica, la problemática ambiental colombiana debe sus causas, no solo a los efectos de cambio climático, sino también a las contradicciones generadas entre las políticas de desarrollo y las políticas ambientales; quizá la coyuntura de la Amazonía brasileña plantea la misma problemática que lo que sucede en Colombia: las políticas de ocupación aumentan la oferta de tierras en áreas de floresta, que influyen en las decisiones privadas de inversión y deforestación, de manera mucho más intensa que las políticas ambientales puedan actuar para contener esos impactos” (Weissy Pinheiro, 2008: 271). Al articular sus políticas con la cooperación internacional, los objetivos del gobierno colombiano son: 1. la alineación de la cooperación internacional a los objetivos del plan de desarrollo y a las actividades transversales de sostenibilidad ambiental y la gestión del riesgo; 2. la ampliación del porcentaje de los recursos de cooperación canalizados por las entidades públicas, y 3. balancear la distribución de los proyectos de cooperación de regiones de mayor concentración de recursos (Región Pacífica, Andina) hacia otras (Orinoquia y Amazonía) que no los poseen (APC Colombia, 2011). Ahora, ¿qué rol podría tener la cooperación bajo esta coyuntura ambiental en Colombia? sin lugar a dudas, seguirá tratando de articular la política ambiental nacional a la ya trabada agenda internacional de cambio climático; sin embargo, podría seguir fortaleciendo el andamiaje institucional –aumento de canalización de flujos por estas vías– y contribuir, en el futuro, en el desarrollo de una oferta de bienes y servicios ambientales en Colombia, dadas las características especiales que ofrece el país. Bibliografía Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales, Universidad Externado de Colombia, “La cooperación internacional hacia los países de renta media: una aproximación al caso de América Latina y Colombia”, en Acción Social, Presidencia de la República de Colombia-Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, 2007 ‹http://www. accionsocial.gov.co/documentos/LA_COOPERACION_ INTERNACIONAL_HACIA_LOS_PAISES_DE_RENTA_ MEDIA_UNA_APROXIMACION_AL_CASO_DE_AMERICA_LATINA_Y_COLOMBIA.pdf›. Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional de Colombia, “Estrategia nacional de cooperación internacional 2012-2014”, en Agencia Presidencial de Cooperación, Presidencia de la República-Ministerio de Relaciones Exteriores- Departamento Nacional de Planeación, ‹http://www.apccolombia. gov.co/?idcategoria=116#&panel1-1›. Cardona A., Omar Darío, “Manejo ambiental y prevención de desastres: Dos temas asociados”, en María Augusta Fernández, 16 RESISTENCIA comp., Ciudades en riesgo: Degradación ambiental, riesgos urbanos y desastres, Quito, Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina, p. 59-78, 1996, ‹http://ns.bvs.hn/docum/lared/libros/CER_todo_ene-7-2003. pdf#page=59›. Consulta: 30 de marzo de 2013. Contraloría General de la República (CGR), “Informe del estado de los recursos naturales y del ambiente 2011-2012”, en Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, ‹http://www.andesco.org.co/site/assets/ media/camara/ambiental/CGR%20-%20Informe%20Edo%20 RRNN%20y%20del%20ambiente%202011-2012.pdf›. Domínguez, Rafael, “Mas allá de la ayuda: una nueva métrica de la ayuda oficial al desarrollo post-2015”, en Íconos: Revista de Ciencias Sociales, No. 47, marzo de 2013, p. 31-45. Quito, FLACSO. 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Así, China ejemplifica las contradicciones en las que ha caído la CSS: por un lado, las oportunidades de reconfiguración del sistema internacional, y por otro, los desafíos que deberá superar para convertirse en un verdadero modelo alternativo de cooperación y desarrollo en el mundo. 18 Palabras clave: Cooperación Sur-Sur (CSS), cooperación tradicional, donantes emergentes, China. * Estudiante de la Maestría en Relaciones Internacionales, con mención en Cooperación Internacional para el Desarrollo de la UASB-E; Licenciada en Estudios Internacionales por la Universidad del Azuay. Contacto: ‹[email protected]›. RESISTENCIA A nte el rápido crecimiento de las economías de los “donantes emergentes” del Sur y el progresivo debilitamiento de los “donantes tradicionales” del Norte, la CSS surge como una herramienta complementaria a la cooperación de los países del Comité de ayuda al desarrollo (CAD). Esta creciente presencia de países en desarrollo, con China a la cabeza, ha sido evidente y abrumadora en los últimos años (ALOP, 2010: 1). Las relaciones asistencialistas tradicionales parecen romperse ante esta nueva “solidaridad” entre los países “del Sur” y están generando un nuevo dinamismo en el marco de la cooperación internacional al desarrollo (CID). Cabe preguntarse, sin embargo, si la CSS responde eficazmente a su naturaleza solidaria e igualitaria, contraria a las prácticas neocoloniales, asistencialistas e intervencionistas de la cooperación tradicional. Este cuestionamiento surge en torno al caso particular de China, el gigante asiático, que emerge como potencia conductora –aunque bastante cuestionable– en el contexto de la CSS. El presente documento intentará responder a esta pregunta mediante el análisis de la cooperación china en el marco conceptual y político de la CSS. La primera parte del trabajo se centrará en un breve análisis de la CSS y sus principios conceptuales. La segunda, analizará la cooperación china, su papel como “donante emergente”, los principios y contradicciones de su ayuda. Finalmente, se analizarán los desafíos que surgen de la cooperación china en torno a la naturaleza de la CSS. La cooperación Sur-Sur como alternativa La noción del “Sur” surge con la independencia de los países de Asia y África después de la Segunda Guerra Mundial. Tal como lo explica Lechini, “El concepto ‘Sur’ surgió como complementario y/o distintivo de otra realidad diferente a la de los países del Norte, industrializados/desarrollados/centrales” (2009: 65). En este contexto, la CSS nace con fuertes bases ideológicas y políticas, cuando en la Conferencia de Bandung de 1955, se dio “lo que Zuluaga (2006) considera como el surgimiento del tercermundismo y del MNOA [Movimiento de Países no Alineados]” (citado en Nivia-Ruiz, 2010: 192). Sin embargo, la década de los setenta marca la aparición oficial de los países del “Sur” en el contexto de la CID. En 1978, la CSS se conceptualiza en la Conferencia de las Naciones Unidas celebrada en Buenos Aires como reflejo de la intención de los países en desarrollo de configurar un nuevo orden internacional que implique principios anticolonialistas y antiimperialistas. 19 Aunque para el siglo XXI la CSS mantiene sus tintes políticos, se ha expandido considerablemente en su alcance, práctica, actores e impacto (Brant, 2011, 4). Así pues, abarca importantes consideraciones económicas y juega un papel importante en la dinámica del sistema de ayuda internacional para el desarrollo. La CSS despega, ante las constantes críticas que los países en desarrollo hacen a los países desarrollados, en torno al uso de la CID como un instrumento neocolonial, que implica la imposición de condicionamientos políticos, económicos e, incluso, militares, lo que beneficia únicamente a los intereses del donante. Por el contrario, la CSS –más que en el mero asistencialismo– se basa en principios de solidaridad, presentada como una modalidad de cooperación diferente a la cooperación Norte-Sur tradicional, tanto en su forma, naturaleza y principios (6). Así pues, la Agenda de Acción de Accra de 2008 señala que “La [CSS] sobre desarrollo busca observar el principio de no interferencia en asuntos internos, igualdad entre socios en desarrollo y respeto por su independencia, soberanía nacional, diversidad cultural y contenidos locales y de identidad”. Posteriormente en 2009 estos principios se ven fortalecidos en la Conferencia de Nairobi, en la cual se definió a la CSS como “una manifestación de la solidaridad entre los pueblos y países del Sur…” (ALOP, 2010: 3). Más allá de la conceptualización teórica que se ha hecho sobre lo que es –o debería ser– la CSS, en la práctica parecería seguir siendo una noción de muchas contradicciones. Por un lado, supone ventajas como: mayor sentido de apropiación, fortalecimiento del poder negociador de los socios, horizontalidad, menores costos, baja condicionalidad, entre otros. Sin embargo, la CSS también ha evidenciado grandes problemas que reproducen las malas prácticas de la cooperación tradicional: ser una herramienta de política exterior que responde a consideraciones estratégicas de los donantes, relaciones asimétricas, problemas de fragmentación y fungibilidad de la ayuda, falta de información y estadísticas reales, ausencia de un marco normativo, o ayuda atada. Estos problemas se evidenciaron en el Taller Regional sobre Fondos e Instrumentos para la Financiación de Proyectos de CSS en ALC, celebrado en México en 2011, en donde se declaró que la CSS estaría empezando a reproducir la “evaporación política” de la cooperación tradicional del CAD, sin llegar a ser coherente con sus principios de igualdad, horizontalidad y solidaridad. La cooperación china y sus contradicciones La cooperación china ha tenido un gran impacto en las reglas del juego y en la dinámica de la CID. Como la segunda potencia económica mundial, sus principios, estrategias y prácticas son el reflejo mismo de TEMA CENTRAL las contradicciones –ventajas y limitaciones– en las que ha caído la CSS. Aunque el actuar de China en el marco de la CSS no es nuevo, a partir de mediados de los años noventa pasó de ser un receptor de AOD a un importante “donante emergente”. La política de cooperación china está basada en cinco principios de ayuda al exterior: el mutuo respeto por la soberanía y la integridad territorial, la no agresión, la no interferencia en asuntos internos, la igualdad y el mutuo beneficio, y la coexistencia pacífica (Santander, 2011: 113). En este sentido, China –en teoría– no concibe la cooperación internacional desde una orientación asistencialista –ayuda del país desarrollado al país “subdesarrollado”–, sino como una herramienta para promover el desarrollo, tanto de su propia economía como la de sus países socios. Ahora bien, más allá de los principios “solidarios” que supone la CCS, la realidad es que, como los donantes tradicionales, no deja de tener intereses estratégicos en sus políticas de cooperación internacional. En el caso de China, son evidentes dos objetivos: garantizarse seguridad económica, y aportar en el desarrollo del receptor. Indudablemente, el gobierno pone énfasis en su primer objetivo, pues “tanto el discurso oficial como las experiencias prácticas indican que el objetivo de beneficiar al país receptor está presente, pero siempre que sea funcional al objetivo del beneficio chino y esté subordinado a este” (117). Así, entonces, el aspecto económico se vuelve trascendental en la política exterior china, la cual pretende, a través de la cooperación, asegurar el acceso a recursos naturales y energéticos –petróleo, minerales, madera–, así como la apertura de nuevos mercados internacionales para sostener el sector industrial-manufacturero de exportación (Lancaster, 2007: 1). Para esto, según Woods, esta cooperación se compone de un paquete de donaciones, inversiones directas, créditos, asistencia técnica, condonación de deudas; todos combinados con acuerdos e inversiones comerciales (2008: 1). En este sentido, la ayuda china es concebida como un instrumento estrechamente relacionado con la inversión; por no decir, subordinada a ella. Según Kurlantzick (2007), el programa de ayuda china es el elemento central de su charm offensive –ofensiva encantadora– (citado en De Haan, 2009: 14). La interrelación entre ambas actividades, ayuda e inversión, es uno de los rasgos más característicos de la CSS de China. Por un lado, constituyen una misma agenda de relaciones entre China y los países receptores; es decir, la ayuda es una de las herramientas con las que cuenta el gobierno para llevar a cabo sus políticas comerciales. Por otro lado, desde una perspectiva operativa, los actores responsables de la ayuda e inversión son los mismos: el Ministerio de Comercio de la Repú- blica Popular de China, MOFCOM, responsable de la planificación y gestión de las donaciones y préstamos sin interés y el Banco –estatal– de Importaciones y Exportaciones, Eximbank, encargado de la aplicación de las prácticas y gestión de préstamos concesionales (Santander, 2011: 117). Es por esta razón que se vuelve muy difícil trazar una línea de diferenciación entre la ayuda al desarrollo y la promoción de las inversiones comerciales. Esta relación ayuda-inversión ha causado un gran problema en cuanto a la contabilidad de la ayuda. La cooperación internacional china está compuesta tanto por préstamos concesionales, como por inversiones en infraestructura y recursos naturales respaldadas o subsidiadas por el gobierno. Esto lleva a que exista un amplio abanico de definiciones de lo que es la ayuda (ALOP, 2010: 8). De hecho, la ayuda del gigante asiático no es comparable con la AOD, principalmente porque en el caso chino se contabilizan los préstamos no concesionales o con concesión menor al 25% (préstamos que en el CAD no se contabilizaría como AOD). En este sentido, según Severino y Ray, la ayuda de China ha sido objeto de gran debate, justamente por la dificultad que se encuentra al intentar compararla con la AOD tradicional (2009: 19). Además, las condiciones, así como las cantidades de su ayuda, son un secreto de Estado y no se suelen sacar a la luz pública. Los representantes chinos justifican esta falta de transparencia aludiendo que la información no puede ser divulgada ya que se someterían a una constante presión de los receptores menores (Lancaster, 2007: 2). Otro problema que se desprende de la interrelación de ayuda-inversión, tiene que ver con el uso que se les da a los préstamos concesionales, los cuales suelen otorgarse en la figura de “ayuda atada”. Los créditos de China cumplen un doble papel: financiar proyectos, principalmente de infraestructura, y permitir que sus empresas suministren servicios y bienes a los países receptores. Esto implica atar la ayuda a una serie de requisitos: que la empresa contratista sea china, o que –como mínimo– el 50% de los bienes (tecnología, electrónica, maquinaria, material, etc.) y servicios (mano de obra) sean proporcionados por China (Santander, 2001: 123). Lo que deja entrever, nuevamente, que el interés primordial de China es su seguridad comercial, recayendo en los mismos peligros de la cooperación tradicional en la cual los países del CAD o las organizaciones multinacionales imponen condicionamientos políticos y económicos. Un inconveniente adicional de los “donantes emergentes”, incluida China, según Woods, es la no observancia de los estándares globales y normas para proteger el medio ambiente, los pueblos indígenas, derechos humanos, y hábitats naturales (7). Estos temas sí son tomados en cuenta por los “donantes 20 RESISTENCIA tradicionales” pues son requisitos específicos del CAD, Banco Mundial y otras organizaciones internacionales. El impacto que puede tener la inobservancia de estas normas puede ser letal en los países receptores, que suelen ser Estados de gran riqueza medio ambiental, étnica y cultural como es el caso de los países africanos y América Latina. Desafíos y oportunidades Tomando el caso particular de China, y considerando que como cabeza de los donantes emergentes tiene un gran peso en la conducta y dinámica de la CID, se vislumbran varios desafíos que la CSS debe enfrentar, en pro de legitimar su naturaleza “solidaria”. La cooperación china, más allá de ser una cooperación que oficialmente ha manifestado intereses estratégicos, también ha declarado gran interés por promover el desarrollo de sus socios. Pero, cabe preguntarse, en qué medida se cumple el segundo objetivo y si realmente está motivada por los principios de beneficio mutuo e igualdad. Mucho se ha criticado la condicionalidad económica y política de la ayuda tradicional, la cual ha imposibilitado la apropiación de los países receptores. Aquí también, es necesario cuestionarnos el papel de la ayuda atada, que en el caso de China tiene importantes impactos económicos en los países receptores; pues implica, por ejemplo, compromisos de contratación de empresas, tecnología o personal chino. Por otro lado, la transparencia es otro desafío con el que se debe lidiar. El gobierno chino se muestra renuente a brindar información acerca de sus inversiones y cantidades de ayuda. Esto sucede con muchos donantes del Sur, que a falta de mecanismos de contabilización, cuantifican su ayuda bajo distintos conceptos y modalidades, lo que vuelve imposible el levantamiento de información estadística confiable. Esto se ve empeorado por la falta de coordinación y planeación dentro de los países socios y entre ellos; falta de agencias especializadas que manejen y hagan seguimiento de la ayuda. Todo esto es un problema latente y un gran desafío, cuando hablamos de CSS. Como se ha evidenciado, China ejemplifica muchas de las contradicciones en las que ha caído la CSS. Por un lado, podría estar reproduciendo las prácticas nocivas de la cooperación tradicional: relaciones asimétricas, ayuda atada, priorización de intereses del donante e inobservancia de normas ambientales. Por otro lado, se percibe que este tipo de ayuda implica también: menos intervencionismo político, menor asistencialismo, mayor transferencia tecnológica. Sobre todo, y lo más relevante, parecería apostar por cambiar las reglas y dinámicas de la CID hacia la reconfiguración de un nuevo orden internacional en donde los países “del Norte” pierdan protagonismo como fuentes de ayuda. 21 No hay duda entonces que la CSS, al margen de todos los desafíos que debe afrontar, tiene y seguirá teniendo un impacto significativo en el sistema internacional de cooperación. Tal como afirma Woods, “una revolución silenciosa está teniendo lugar en el régimen de ayuda al desarrollo”. Esta revolución es silenciosa porque los “donantes emergentes” no intentan revocar o reemplazar al sistema tradicional de ayuda, sino pretenden ofrecer alternativas de ayuda a los países receptores, las cuales, además, intentan presionar a los “donantes tradicionales” del Norte a ser más eficientes (16). Por lo tanto, el aporte más importante de la CSS es configurar un sistema internacional de ayuda al desarrollo multipolar que implique relaciones hacia y desde diferentes polos y regiones. Bibliografía Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo (ALOP), The Reality of Aid. Reporte especial sobre cooperación Sur-Sur. Cooperación Sur-Sur: ¿Un desafío al sistema de la ayuda?, Medellín, ALOP, 2010, en ‹http://www. anong.org.uy/uploads/docs/Foro/Cooperacion_Sur_Sur.pdf›. Brant, Philippa, “South-South Cooperation: A Concept Paper”, Working Paper No. 3, Beijing, International Poverty Reduction Center, en ‹http://www.iprcc.org/front/article/article. action?id=2369›, 2011. De Haan, Arjan, “Aid: the drama, the fiction, and does it work?”, Working Paper No. 448, International Institute of Social Studies, en ‹http://www.intra1.iss.nl/News/ISS-Working-Paper-488›, 2009. 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Severino, Jean-Michel, y Oliver Ray, “The End of ODA: Death and rebirth of a global public policy”, Working Paper No. 167, Center for Global Development, 2009, en ‹http://www.cgdev. org/content/publications/detail/1421419/›. Woods, Ngaire, “Whose aid? Whose influence? China, emerging donors and the silent revolution in development assistance”, en International Affairs, No. 84, 2008, ‹http://www.globaleconomicgovernance.org/wp-content/uploads/ChinaNew%20 donorsIA.pdf›. TEMA CENTRAL Eficacia de la ayuda al desarrollo el debate político sobre la cooperación internacional en Colombia Luis Fernando Vásquez Ruiz* Resumen: Si bien un importante referente sobre la agenda de la eficacia en el mundo de la cooperación lo constituye la Declaración de París (DP) y posteriormente la Agenda de Acción de Accra (AAA), en este ensayo se traerá a colación otro proceso en la búsqueda de eficacia de la cooperación internacional en Colombia; el proceso Londres, Cartagena, Bogotá (LCB). El objetivo de este ensayo consiste en poner en discusión los posibles avances y aportes al desarrollo en Colombia desde la agenda de eficacia de la ayuda. Así como también destacar las críticas que en dicho proceso de implementación se generan desde actores afectados o involucrados en el proceso como las organizaciones de la sociedad civil (OSC). 22 Palabras clave: Eficacia de la ayuda, Declaración de París, Agenda de Acción de Accra, cooperación internacional, desarrollo en Colombia. * Estudiante de la Maestría en Relaciones Internacionales, con mención en Cooperación Internacional de la UASB-E; Licenciado en Ciencias Sociales por la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, Bogotá. Contacto: ‹[email protected]›. RESISTENCIA Contextualización de la cooperación en Colombia: el proceso LCB y la DP E l proceso Londres, Cartagena, Bogotá (LCB), como experiencia previa a la Declaración de París (DP), constituyó una gestión de algunos países donantes, liderados por el Reino Unido, para direccionar estratégicamente la cooperación en Colombia. Es de resaltar en este proceso un interés por los fenómenos de la realidad colombiana como el conflicto armado, la crisis humanitaria, la desigualdad y la pobreza. Por la amplitud y la implicación de estos fenómenos, a este proceso se vincularon, a más de los sectores de la sociedad civil, sectores opositores y organizaciones no gubernamentales (ONG) que planteaban al Gobierno colombiano (GC) y a los donantes una agenda, que finalmente constituyó un espacio de debate político. (McGee y García, 2010: 13). El proceso LCB empezó formalmente con una reunión de donantes convocada por el GC, en Londres, en junio de 2003. A partir de esta fecha, empezó un ciclo de encuentros claves: Cartagena (2005) y Bogotá (2007). El proceso LCB se constituyó como un diálogo intensivo y constante en reuniones de diferente alcance, tamaño y enfoque desde 2003. Participaron tres grupos de actores: el G-24, agrupó a la comunidad internacional conformada por los países donantes liderados por el Reino Unido y los organismos intergubernamentales; este grupo no tenía poder de toma de decisiones pero logró influir en el establecimiento de prioridades y políticas por parte del gobierno. Los actores sociales constituyeron una organización heterogénea denominada “La Alianza” (OSC-organizaciones de la sociedad civil); inicialmente se agrupó como “La Alianza de organizaciones sociales y afines por una cooperación para la paz y la democracia en Colombia”, posteriormente constituyó una alianza estratégica con la Iglesia católica y asociaciones empresariales, las cuales, en conjunto, representaban a la sociedad civil en el proceso LCB (McGee y García, 2010: 14). Otro actor participante en el proceso fue el Gobierno en la forma de acción social (Agencia presidencial para la acción social y la cooperación internacional) y la Dirección de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE). Por otra parte, el GC, paralelamente, creó el Sistema Nacional de Cooperación Internacional (SNCI) en 2004 y, dentro de la oficina del Presidente, la Unidad de Gestión de la Cooperación Acción Social (AS); además, elaboró una estrategia de cooperación para 2003-2006 que fue discutida con actores sociales, en presencia del G-24. Esta estrategia implicaba compromisos de fortalecimiento del predominio de la ley y de los derechos humanos, la consolidación de la paz y un modelo de desarrollo sostenible mediante reformas 23 sociales y económicas. Sin embargo, esta estrategia fue alterada por la reformulación unilateral, por parte del gobierno, de una estrategia adicional de cooperación para 2007-2010. Esta reformulación puso como asuntos prioritarios los objetivos de desarrollo del milenio (ODM) y la guerra contra las drogas (McGee y García, 2010: 15). La adhesión de Colombia a la DP se inició formalmente mediante la Directiva Presidencial No. 1 de 2008. Para la comunidad internacional y el GC, la implementación de la DP se sustentó, inicialmente, en el principio de alineación.1 Algunos sectores afines a la administración del gobierno de Álvaro Uribe y de algunos sectores del grupo de donantes G-24 aseguraban que el país había avanzado en el principio de apropiación democrática. Sin embargo, sectores críticos de las OSC consideraban que el proceso de apropiación aún no estaba totalmente logrado. Luego de la vinculación a la DP, el GC pasó a desarrollar una estrategia para su participación activa en el Tercer Foro de Alto Nivel (FAN) que se celebraría en Accra, en septiembre de 2008. DP y aportes al desarrollo en Colombia En primer lugar, la DP se relaciona con una mayor preocupación por la gestión de la cooperación internacional en Colombia. Para el GC e instituciones derivadas –como AS y el MRE–, la DP ofrece una guía para sus políticas. La DP y la AAA permitieron actualizar el debate sobre la mejora de una ayuda más coordinada y pusieron sobre el tapete el tema de las responsabilidades del Estado, los donantes y las OSC sobre la Agenda de Eficacia de la Ayuda. Se han disipado las opiniones divergentes respecto a la no pertinencia de la DP en Colombia por su condición de país de renta media; contrariamente, se está recalcando la oportunidad y urgencia de la DP y AAA para permitir mayor sostenibilidad en el contexto de la cooperación internacional. Los principios sobre la eficacia de la cooperación se han venido incorporando a estrategias de trabajo en red, a las necesidades de adaptación institucional y a los enfoques de fortalecimiento de capacidades para la gestión de cooperación. La aplicación y los resultados de la DP y la AAA son vistos por actores locales –como las OSC, las entidades subnacionales y ONG nacionales– como principios sin realidad, en un marco de reformas insuficientes para generar cambios. A este respecto, Accra interpela la necesidad de avanzar en apropiación local y democrática, también en definir el papel de la sociedad civil en la Agenda de Eficacia de la cooperación y en las políticas de desarrollo; lo cual conduce a que los principios de la DP sean aplicados y contextualizados a nivel local (Schönrock y Buchelli, 2010: 40). TEMA CENTRAL La DP también ha sido importante para que la comunidad de cooperantes en el país realice mayores ejercicios de armonización; adicionalmente, permitió que las OSC definieran su aporte con respecto a la Agenda de Eficacia de la cooperación. La necesidad de hacer parte del diálogo político de la cooperación, especialmente, hizo que sus exigencias fueran parte importante en la AAA. Los principios de la DP han dado más prioridad a los principios de Apropiación, Alineación y Armonización que a los transversales de gestión orientada a resultados y Mutua Responsabilidad. Las estrategias de cooperación internacional de Colombia se caracterizan por ser estrategias políticamente negociadas que comprometen a la agenda internacional en la articulación con los planes de desarrollo nacional. En síntesis, la contribución de la DP vincula los siguientes aspectos: centralizadora de la política de cooperación internacional es, en buena parte, justificada por la misma DP.2 Otro efecto colateral de la centralización se refleja en que no todos los donantes están canalizando la ayuda a través del GC. Algunas organizaciones de la sociedad civil y algunos donantes creen que la mediación del Gobierno y acción social en la ayuda está viciada por intereses políticos. Ello revela desconfianza y percepción de corrupción y falta de transparencia en los procesos de ayuda impulsados desde el Gobierno (99). El GC vio la adopción de la DP como una vía para la búsqueda de sus propios intereses. Adicionalmente, los principios DP de apropiación, alineamiento y armonización pueden generar conflictos con la gestión de los donantes y la de la sociedad civil cuando interpelan al Gobierno sobre los derechos humanos y el conflicto (Wilks, 2010: 24). La alineación de los donantes con las políticas gubernamentales se centra en discusiones técnicas sobre apropiación, armonización y alineación de la ayuda, en desmedro de intercambiar miradas sobre el conflicto interno colombiano. El Gobierno incrementó su legitimidad y negó los señalamientos de enfocarse poco en la pobreza y restringir el diálogo democrático y la disidencia. Algunos grupos de la sociedad civil han sido marginados de las discusiones sobre la ejecución de la ayuda. Estos esperan que la legitimación de la participación civil en la creación de políticas sobre la ayuda, desde el Programa de Acción de Accra, permita la causa de la defensa de los derechos humanos (24). Una perspectiva propositiva de la DP y AAA asegura que constituyen una oportunidad política para los actores sociales en Colombia, siempre que empleen las herramientas que legitimen la participación de la sociedad civil en la cooperación y el diálogo sobre las políticas, en búsqueda de los principios de la DP. En la medida en que los actores sociales, de la mano de las ONG, exhorten desde sus exigencias políticas a una “mejor cooperación” que a “más cooperación”. Así como la oportunidad de promover desde la DP y el marco de legitimación de la participación civil en la creación de políticas sobre la ayuda, contemplada en el Programa de Acción de Accra, a ganar espacio político por la defensa y respeto de los derechos humanos. Las ONG cercanas a los actores sociales pueden apoyarlos en el dominio de los debates sobre DP, compartiéndoles sus experiencias políticas en la cooperación en otras regiones del mundo más dependientes de la cooperación. Los debates actuales sobre la cooperación internacional evidencian que, aunque prevalezca el enfoque de los ODM, los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, el conflicto y la paz, por lo contrario, tomarán más relevancia en los debates sobre la política de cooperación colombiana, (con a) algún aumento de capacidades en el sistema nacional y reconocimiento de necesidades de fortalecimiento en el ámbito territorial; b) mayor movilización relativa de las OSC en el debate sobre el desarrollo en el marco de la agenda de eficacia de la ayuda; c) cierto progreso en la implicación de los ODM en la planeación del desarrollo nacional y regional, también en el avance de las metas país, y d) condiciones para la discusión pública sobre la cooperación y participación e interpelación de actores públicos, privados y sociales involucrados (90). Elementos críticos de la DP y la eficacia de la ayuda en Colombia Una evaluación analítica de la cooperación en términos nacionales no evidencia su contribución al desarrollo del país. Dadas las notables diferencias de desarrollo entre regiones, se deduce que la cooperación en zonas pobres o en aspectos críticos de acción puede producir más efectos que si se asigna en el presupuesto nacional. Establecer esta diferencia permite distinguir y analizar la contribución de la cooperación y las áreas temáticas y geográficas en donde se debe implementar. Una gran contradicción en la aplicación de los principios de la DP evidencia mayor fortalecimiento de la institucionalidad, en relación a los sistemas nacionales, de acuerdo al principio de Alineación y su efecto con respecto al principio de Apropiación; como consecuencia, se deriva la centralización de los recursos y el debilitamiento del papel de la sociedad civil en su relación con la cooperación internacional (99). De tal modo, dicha tendencia 24 RESISTENCIA DP o sin ella, y más allá del proceso Londres, Cartagena, Bogotá y las luchas de activistas de derechos humanos y demandantes de rendición de cuentas colombianos). La adhesión del GC a la DP para reparar su imagen internacional constituye un avance, como consecuencia de la incidencia de la sociedad civil y la labor de los actores sociales colombianos, con el apoyo de miembros del G-24 y de ONGI. Es necesario que el GC reconozca que las cuestiones de fragilidad estatal, conflicto y consolidación de la paz han tomado relevancia en las agendas de los donantes en todo el mundo y, por tanto, estos temas son relevantes en las relaciones y prioridades de los donantes en Colombia (McGee y García, 2010: 38). Schönrock, Philipp, y Juan Fernando Buchelli, coord., Evaluación conjunta de la declaración de París, Fase 2, Bogotá, CEPEI, 2010. Wilks, Alex, Ayuda y efectividad del desarrollo: Hacia los derechos humanos, la justicia social y la democracia. La realidad de la ayuda 2010, versión abreviada, Filipinas, IBON Books, 2010. Notas 1. Bibliografía 2. McGee, Rosemary, e Irma García Heredia, París en Bogotá: Aplicación de la Agenda de la Eficacia de la Ayuda en Colombia, Sussex, Instituto de Estudios sobre el Desarrollo (IDS)-Universidad de Sussex, 2010. Sanahuja Perales, José Antonio, “¿Más y mejor ayuda?: la declaración de París y las tendencias en la Cooperación al desarrollo”, en Anuario CEIPAZ, No. 1, p. 71-102, 2007-2008, ‹http:// dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2787397›. 25 número 3 Los Principios de la Declaración de París se sintetizan en: apropiación –los países socios definen la agenda–; alineamiento –los donantes se alinean con la agenda de los socios–; armonización –establecer acuerdos comunes y simplificar procedimientos–; gestión por resultados –los donantes se basan en sistemas de los socios– y mutua responsabilidad –compartir información– (Sanahuja, 2007: 95). Sanahuja identifica cuatro aspectos de riesgos para la ayuda y cumplimiento de objetivos en el marco de los ODM, desde la Declaración de París: 1. centralidad del Estado y, por ende, menor espacio para la sociedad civil; 2. una visión tecnocrática y mal informada del Estado en los países en desarrollo; 3. tensión entre la condicionalidad y la mutua rendición de cuentas, y 4. coherencia de políticas como elemento ausente, quedando en duda si hay mejora de la ayuda o política de desarrollo (97101). TEMA CENTRAL Lo político del análisis de la cooperación internacional para el desarrollo Edgar Alberto Zamora Avilés* Resumen: A través de los elementos que posicionan las trasformaciones del sistema de ayuda se puede enriquecer el análisis de la Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID) restituyendo los elementos propiamente políticos de esta. Antes que inducir una valoración a priori de las transformaciones, el cambio de óptica permite proponer un marco de análisis en el cual la CID no sea vista solamente como un imperativo moral “despolitizado”, sobre el cual pareciera haber cada vez menos acuerdo, sino que se la sitúe en el contexto y dinámica del sistema internacional. 26 Palabras clave: Análisis político, cooperación internacional para el desarrollo, ayuda oficial al desarrollo, relaciones internacionales. * Ver datos en p. 6. RESISTENCIA C omo sostiene Cox (1994: 150), “[toda] teoría actúa en favor de alguien y en favor de un propósito específico”. Esto aplica para el caso de las tendencias de análisis de la cooperación internacional para el desarrollo (CID), las cuales podemos relacionar con trasformaciones del sistema de ayuda en el marco de los cambios del sistema internacional. Durante la Guerra Fría (1960-1989), la ayuda era analizada con un enfoque estratégico de relaciones Norte-Sur bajo el marco ideológico de la disputa capitalismo-comunismo. La caída del Muro de Berlín dio paso a los años compasivos (1989-2001), en los que la desideologización de las relaciones internacionales generó una crisis de identidad de la ayuda, y esta se enfocó en controlar los impactos negativos del ajuste estructural. En el siglo XXI el sistema de ayuda se ha enfocado en prevenir los riesgos de la prosperidad global derivados de la interdependencia entre países en desarrollo (PED) y países desarrollados (PD). Ante la crisis internacional, se ha señalado una nueva crisis de identidad de la ayuda (véanse Severino y Ray, 2009; Domínguez, 2011). Esta breve descripción de las transformaciones históricas de la CID, evidencia simultáneamente el carácter intencionado de la teorización dominante. Dicha teorización se ha centrado en preguntarse por la forma técnicamente apropiada de hacer que la CID funcione. Así, se ha desplazado el debate político sobre los contenidos del desarrollo. Se considera que a través de los elementos que posicionan las transformaciones del sistema de ayuda se puede enriquecer el análisis de la CID restituyendo los elementos propiamente políticos de esta. Antes que inducir una valoración a priori de las transformaciones, el cambio de óptica permite proponer un marco de análisis en el cual la CID no sea vista solamente como un imperativo moral, “despolitizado”, sino que se la sitúe en el contexto y dinámica del sistema internacional. En adelante, la discusión se desarrolla en tres apartados: en el primero se presentan críticamente algunas tendencias representativas del análisis dominante sobre la CID; luego se tratan las transformaciones del sistema de ayuda que mayor “ruido” generan para el análisis dominante, y en el tercer apartado se presentan unas consideraciones finales. Elementos críticos sobre el análisis dominante de la CID Existen dos enfoques de análisis de la CID: 1. uno que considera como objeto casi exclusivo de análisis la ayuda oficial al desarrollo (AOD), también llamada “industria de la ayuda” (De Hann, 2009), sus actores, organizaciones y prácticas, que deberían proveer desarrollo a sus beneficiarios, y 2. y otro que toma 27 como eje de análisis el sistema internacional y estudia la CID (incluida la ayuda) como parte de este, en cuanto “sistema de poder que se integra en la esfera más amplia de la política internacional” (David Sogge, 2002: 63, citado en Benzi y Lo Brutto). Se rastreará el carácter restringido del análisis dominante de la CID, que se centra en la industria de la ayuda y apela a una neutralidad valorativa, revisando las principales cuestiones tratadas en los trabajos de Severino y Ray (2009), De Hann (2009) y Sumner (2010, 2011). Severino y Ray sostienen que el régimen de ayuda internacional al desarrollo está sometido a una triple revolución: diversificación de objetivos, diversificación de agentes y renovación de los instrumentos ligada a innovaciones financieras. Esta triple revolución cuestiona ampliamente la AOD como concepto y como forma de medición, razón por la cual proponen un nuevo enfoque de medición bajo la idea de Global Policy Finance (GPF), capaz de incorporar las transformaciones actuales del régimen de la ayuda que se ha convertido en una emergente política pública global (PPG). Estos autores asumen como base de su análisis el sistema de ayuda, por lo cual no existe discusión frente a los contenidos del desarrollo, ni preocupación por situar su análisis en el contexto del sistema internacional del que hace parte la CID. Si bien el tema de debatir los cambiantes objetivos del desarrollo puede dar luces sobre su contenido, la forma en que lo asumen es de carácter unívoco y terminan presentando un panorama de aparente consenso sobre lo que denominan el manejo global de la interdependencia mundial (5), sin tener consideración sobre las relaciones de poder implicadas. En segundo lugar, su análisis crítico de la AOD (Severino y Ray: 17 y s.) les lleva a proponer nuevas formas de medición. Este interés en la renovación del arsenal técnico de medición es característico de la despolitización del debate, porque no discuten los cambios del sistema de ayuda ni los del sistema internacional. Desde otra visión, estos esfuerzos por mejorar las técnicas de medición pueden estar orientados por objetivos políticos, como relegitimar el sistema de ayuda cuando los PD tienden a perder capacidad de financiar la AOD, espacio que paralelamente van ganando las “economías emergentes”. Asi mismo, la extensión del abanico de agentes involucrados puede leerse como un movimiento político de relaciones de fuerza en el que agentes privados ganan poder político a nivel internacional a través de los flujos de ayuda. Movimiento en el que se intenta (re)asegurar la (re)definición de las reglas de juego del sistema de ayuda en favor de los poderes centrales del capitalismo, bajo la forma de alianza público-privada. TEMA CENTRAL A partir de considerar el sistema de ayuda como objeto de análisis, Sumner (2010) pretende mostrar evidencia sobre la nueva geografía de la pobreza, en la que la mayoría de la población pobre habita en países de renta media (PRM) y no en países de renta baja (PRB), debido a la expansión de la economía global experimentada. Por tanto, si la ayuda y el desarrollo tienen que ver con la reducción de la pobreza, es necesario reorientar las estrategias y su destino geográfico, ya no en función de la renta per cápita de los países sino de acuerdo a la ubicación de la mayor cantidad de pobres. Estos cambios implican que el problema de la pobreza y sus soluciones pierden carácter internacional para convertirse cada vez más en un asunto nacional, en el que las políticas impositivas y redistributivas podrían ser más importantes que la AOD. Sumner (2011: 16) señala que la AOD podría reorientarse en la dirección de contribuir a fortalecer capacidades institucionales de los PRM para implementar políticas nacionales que logren reducir los problemas de inequidad y acceso a servicios esenciales. Los agentes de la ayuda deberían reorientarse hacia esta nueva demanda. Estos trabajos de Sumner muestran la necesidad de los donantes tradicionales de construir discursos para justificar la existencia de la industria de la ayuda. Detrás de esta argumentación, resulta sintomático que los PRM con mayor número de pobres son potenciales mercados de gran tamaño (India, Paquistán, Indonesia, Malasia, Nigeria, entre otros) para la extensión de estrategias de negocios, en los que las alianzas público-privadas de ayuda pueden converger: de un lado, financiando políticas nacionales, en nombre de la equidad, que contribuyan a aumentar el poder adquisitivo de los pobres y; de otro lado, que esa nueva capacidad de compra sea aprovechada por las transnacionales de los PD para dinamizar la economía global. Este discurso también sirve a los donantes para conservar sus viejas clientelas en el sistema de ayuda: receptores que ahora son PRM donde históricamente han tenido influencia, ya sea por su pasado colonial o por intereses geopolíticos y geoeconómicos, al tiempo que los donantes conservan sus credenciales morales y de solidaridad en el escenario internacional. En otra versión del análisis, De Hann (2009) argumenta que el “drama del desarrollo” está constituido por la divergencia de interpretaciones, objetivos y formas de medición, muchas veces inducida por los intereses de quienes participan de la industria de la ayuda. En los extremos se ubican defensores y contradictores; en medio quienes analizan las formas en que la ayuda es dada, recibida y medida. Tales divergencias derivan de: a) cada institución define la ayuda por sus intereses; b) diferentes horizon- tes conceptuales de análisis (realismo, marxismo, liberalismo, constructivismo); c) no existe acuerdo sobre qué es desarrollo, y d) persisten diferencias ideológicas entre derechas e izquierdas, por ejemplo acerca del rol del Estado. Por tanto, concluye en tono desalentador, las divergencias seguirán existiendo porque la mayoría del debate no es sobre la ayuda, sino sobre creencias más profundas en cuanto a valores, ideas, y logros (De Hann: 18 y s.). Esta queja de De Hann sobre el desvió del análisis hacia temáticas más amplias (relaciones internacionales, conceptos de desarrollo, e incluso referentes simbólico-ideológicos), refleja muy bien que al sacar del análisis los elementos propiamente políticos que caracterizan la naturaleza de la CID, resulta irrelevante o por lo menos frustrante la discusión sobre las formas técnicamente adecuadas (medición, evaluación, rendición de cuentas, etc.) de hacer que la ayuda al desarrollo funcione. Ruidos que generan las transformaciones de la CID en el análisis dominante Discutiendo la crisis de identidad del sistema de ayuda, Domínguez (2011) aporta luces sobre el argumento aquí defendido. Sostiene que dicha crisis es resultado de tres procesos, acelerados por la crisis económica: el primero es “el problema constitutivo” (ver la ayuda como compromiso moral) y las “contradicciones recurrentes del sistema de ayuda” (dependencia, incumplimiento sin penalizaciones, distorsión por intereses políticos o comerciales, fragmentación, etcetera). El segundo proceso es la “proliferación de nuevos actores públicos y privados” que resta importancia a la AOD y a los donantes tradicionales. Y, finalmente, “la disolución de la metáfora jerárquica Norte-Sur ordenadora de las relaciones internacionales”. Por tanto, para Domínguez es imposible seguir justificando la ayuda en función del cierre de la doble brecha (de ahorro y divisas) de los PED porque: estos prestarán dinero a los PD en la crisis y, serán quienes impulsen el crecimiento económico global. El análisis de Domínguez sitúa los cambios del sistema de ayuda en el marco de la transformación del sistema internacional. Así, concluye el autor que, más allá de la retórica de los donantes tradicionales, existe una “agenda oculta” que socava la legitimidad del sistema de ayuda. Esta “agenda oculta” estaría compuesta por: el aumento de ayuda reembolsable, acompañada de la delegación de la AOD a organismos financieros multilaterales; una redefinición de la AOD para incluir gastos de defensa y diplomacia; el interés de incorporar más activamente agentes privados y; el fomento de la cooperación Sur-Sur (CSS), como argucia para aliviar la presión fiscal. Todo esto en 28 RESISTENCIA el contexto de pérdida de peso económico a nivel global de los PD que “es la clave última de la crisis de identidad del sistema de ayuda” (6). Análogamente, para Benzi y Lo Brutto la clave de análisis de la CID es la reestructuración en curso del sistema internacional: de las relaciones de poder geopolítico y geoeconómico. En discusión con Domínguez, los autores sostienen que es difícil prever la dirección en la que se orienta la reestructuración del sistema de ayuda. Primero, porque el sistema de ayuda ha jugado históricamente un papel importante en los momentos de crisis y transiciones geopolíticas; es más, afirman que la ayuda ha influido en el declive y ascenso de potencias emergentes. En segundo lugar, los autores no se muestran tan acongojados con el problema de la “crisis de identidad” del sistema de ayuda, porque éste ha demostrado amplias capacidades de adaptarse, mimetizarse y sobrevivir a la sombra de las dinámicas geopolíticas. En tercer lugar, respecto del “problema constitutivo y las contradicciones recurrentes”, señalan que esa parece ser la naturaleza misma del sistema de ayuda; una naturaleza que, bien podríamos decir en relación con nuestro argumento, es la naturaleza propiamente política de la ayuda y de la CID, en tanto partes constitutivas las relaciones internacionales. Así, Benzi y Lo Brutto coinciden con Domínguez en que el problema relevante es la pérdida de peso económico de los donantes tradicionales que desafía su control hegemónico sobre el sistema de ayuda. Condición que se intenta menguar a través de estrategias que incluyen: cesión parcial de poder hacia los países emergentes a cambio de disminuir los costos de la AOD y mantener el control sobre la estructuración de reglas de juego del sistema de ayuda, y la incorporación de agentes privados y sus prácticas, así como mediante nuevas “astucias contables” para medir los flujos de ayuda. Consideraciones finales Situar el análisis de la CID en el marco más amplio de las relaciones internacionales, intentando restituir el carácter propiamente político de esta, antes que inducirnos a asumir posturas infundadas permite orientar la discusión hacia la crítica de los críticos o, como señalan Benzi y Lo Brutto, nos permite ser menos indulgentes con el análisis de fenómenos (re) emergentes como la CSS. Por ejemplo, desde esta lectura política puede considerarse que ante las transformaciones del sistema internacional, y particularmente del sistema de ayuda, los “actores emergentes de peso” (los BRICS) tratan de evitar la cooptación e intentan alcanzar sus propios objetivos: escalar posiciones en la jerarquía económica y política del sistema internacional, para 29 lo cual se sirven de sus propios sistemas de ayuda, arropados bajo la semántica de la CSS. Por tanto, podemos reconocer que la CSS intenta promover nuevas relaciones caracterizadas por la horizontalidad y el consenso, que evidencia menores condicionalidades político-económicas, que tiene bajos costes relativos, que sus procesos pueden ser más eficaces en ciertos sectores. Pero esto no nos impide reconocer simultáneamente que en su re-emergencia la CSS ha terminado por reproducir y profundizar ciertos patrones negativos de cooperación Norte-Sur (CNS): el intercambio desigual, la dependencia económica, la profundización de modelos primario-exportadores, la desigualdad de beneficios en la promoción de modelos de integración regional, la condicionalidad implicada en la modalidad de ayuda atada, y hasta la reproducción de cierto paternalismo. Bibliografía Benzi, D., y Lo Brutto, G., “La cooperación Sur-Sur en América Latina a principios del siglo XXI (un enfoque menos indulgente)”, en L. Aceves y H. Sotomayor, coord., Volver al desarrollo o salir de él. Límites y potencialidades del cambio desde América Latina, Edic. EyC / BUAP / CLACSO, 2013. Cox, Robert, “Fuerzas sociales, estados y órdenes mundiales: más allá de la teoría de las relaciones internacionales”, en John A. 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Sumner, Andy, “Global Poverty and the New Bottom Billion: What if Three-quarters of the World’s Poor Live in Middle-income Countries?”, Working Paper No. 349, noviembre, Institute of Development Studies, 2010, en ‹http://www.ids.ac.uk/files/ dmfile/GlobalPovertyDataPaper1.pdf›. ------ “Poverty in Middle-Income Countries”, The Bellagio Initiative / IDS, noviembre de 2011, en ‹http://www.bellagioinitiative. org/2011/10/poverty-in-middle-income-countries-report-›. ENTREVISTA Gestión de la cooperación internacional desde el Gobierno central en Ecuador Entrevista a la economista Gabriela Rosero, Secretaría Técnica de Cooperación Internacional Estefanía Belén Calderón* * 30 Estudiante de Maestría en Relaciones Internacionales, con mención en Negociaciones Internacionales y Manejo de Conflictos en la UASB-E; Especialista en Género, Violencia y Justicia por la FLACSO, Ecuador, Quito; Psicóloga por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). RESISTENCIA ¿Cuáles han sido los principales logros de la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (SETECI) en estos primeros años de funcionamiento? Yo señalaría que en el Gobierno de la Revolución ciudadana se inicia un período en el cual el Estado comienza a recuperar sus funciones de planificación institucional y de políticas públicas. Esta planificación ha llevado a que la cooperación se alinee y se armonice con las orientaciones y necesidades reales del país. En el Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013 (PNBV) se establecen los objetivos de desarrollo del Ecuador, y la cooperación está llamada a complementar dichos objetivos. Para nosotros, este primer momento en el que nace la institución (inicialmente como Agencia Ecuatoriana de Cooperación Internacional, (AGECI), adscrita a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES) permite que la gestión de la cooperación aterrice en la lógica nacional; es decir, que se reinvente en lo público. Un primer logro tiene que ver con las negociaciones con los cooperantes. Se ha buscado que estas respondan a principios de complementariedad, de no duplicidad, y cada propuesta de cooperación debe tener sentido en su aporte al PNBV. En segundo lugar, fue importante apostar por un proceso de democratización de la información sobre la cooperación. Hoy parece sencillo mostrar los datos de identificación de los cooperantes, de los lugares en los que actúan y de las actividades que desarrollan; pero esto implicó un gran esfuerzo. Disponer de esta información ha favorecido a la ciudadanía en general, y es importante para el proceso de toma de decisiones tanto a nivel los gobiernos territoriales como a nivel de los ministerios. Un tercer logro se relaciona con la programación y planificación de la cooperación. Anteriormente la cooperación seguía la lógica de “proyectitis” heredada del contexto internacional: hacer un proyecto y luego buscarle financiamiento, sin tener en cuenta una lógica más integral. Ahora, las negociaciones y la programación de la cooperación tienen un marco referencial de país que se negocia con los cooperantes. Esto quiere decir que, más allá de los proyectos puntuales, existe una programación de la cooperación durante varios años, con los correspondientes presupuestos; esto garantiza que los proyectos cuenten con recursos adecuados. Esta programación incluye a las agencias oficiales de los países cooperantes, y también a sus ONG y a la cooperación multilateral; es decir, abarca los diferentes actores de la cooperación. Así, estos marcos de acción se constituyen en verdaderos instrumentos de programación de la cooperación, en una lógica global de las intervenciones. 31 Otro tema importante tiene que ver con una apuesta por cambiar la mentalidad; la forma cómo vemos la cooperación, cómo replantear la cooperación vista como AOD; proceso en el que un país da y otro recibe. Intentamos replantear esa cooperación, entendiéndola ahora como un intercambio más justo, más ético. En este intercambio alguien otorga recursos financieros, humanos, tecnológicos, y hay otro país que también aporta a partir de lo que tiene. Esta ha sido una primera aproximación a la idea de un Ecuador que también puede ofrecer al mundo experiencias de cooperación. Es la denominada cooperación Sur-Sur (CSS), que no es algo que estemos inventando, sino que es un sentir de muchos países, sobre todo de América Latina y el Caribe, para mostrar y proyectar al mundo lo que tenemos para ofrecer. ¿Cuáles son los principales retos que tiene la SETECI de cara a la continuidad del gobierno de Rafael Correa? La mirada está puesta en los territorios. Creo que hemos avanzado mucho en cuanto a normativa y metodología para regular la gestión de la cooperación. Esta gestión hasta ahora ha tenido una mirada nacional. Pero si realmente queremos determinar los verdaderos impactos de la cooperación en sus beneficiarios, tenemos que verla desde los territorios. Por lo tanto, en estos próximos cuatro años la cooperación debe tener una mirada mucho más territorial. En esta dirección, hace año y medio la SETECI, junto con el Consejo Nacional de Competencias y SENPLADES, transfirió la competencia de “Gestión de la Cooperación” a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD). Algunos afirman que esa transferencia formal ya es suficiente; nosotros creemos que se necesita acompañamiento para que los GAD puedan gestionar, evaluar y concertar con los diferentes actores territoriales. En eso estamos trabajando, además de incluir un plan de fortalecimiento conjunto con los gremios. Todo esto implica que SETECI tenga mayor participación en los territorios como acompañante; apostando porque haya mayor transparencia y rendición de cuentas sobre la cooperación. Aunque mucha de la cooperación oficial se queda en lo nacional, tenemos que saber qué pasa con las ONG extranjeras, con las diversas fundaciones nacionales, con la responsabilidad social empresarial (RSE) y, en general, con todo este nuevo mundo de alianzas público-privadas que se complementan y se afianzan en los territorios. Por ello es importante que las comunidades y los GAD tengan conocimiento sobre la cooperación, puedan evaluar sus posibles beneficios y reorientar, incluso, la cooperación que no está siendo beneficiosa. ENTREVISTA Otro de nuestros retos es replantear la cooperación como una forma de vida; me refiero a que el ecuatoriano, por esencia, coopera; al ser funcionario, al ser gobierno. Significa que es necesario generar mecanismos y crear sinergias para hablar de una cooperación nacional, de una cooperación entre GAD. En estos momentos existe una reflexión interna muy profunda sobre el hecho de que la cooperación no es solo un tema internacional; también tiene que ver con nuestra identidad porque, si nosotros no podemos cooperar entre nosotros mismos, ¿qué podemos proyectar al mundo? Por eso debemos visibilizar el tema de buenas prácticas de cooperación, abrirnos hacia la sociedad civil para trabajar conjuntamente, generar campañas para valorar los que somos. Esta cooperación como forma de vida apuesta por el ser humano en su totalidad, considerándolo como talento humano. Para nosotros, eso es cooperación. internacional alianzas estratégicas. Incluso hay una propuesta en el marco de UNASUR para crear una red de agencias de cooperación. De hecho, algunos de los consejos de UNASUR ya tienen una agenda; como es el caso de salud. La idea es que los países puedan asignar recursos para esta agenda, pero también se busca negociar, como bloque, recursos provenientes de la cooperación. Adicionalmente, hay un fondo de UNASUR para financiar proyectos estratégicos, y recientemente se ha hecho una distribución por proyectos. Para nosotros, este año es claro el interés en los temas de CELAC y UNASUR. Otro espacio en el que participamos es el Iberoamericano. En las diferentes cumbres intentamos actuar en bloque, para definir una agenda de relaciones de América Latina frente a España. Es importante ver qué papel podemos jugar ahora nosotros como cooperantes Sur-Sur, cuando España no puede cumplir su anterior papel de principal financiador de la SEGIB (Secretaría General Iberoamericana). ¿Cómo plantea Ecuador su agenda local en relación con la agenda global de cooperación? Creo que es importante separar dos espacios; por un lado está la agenda global post Busán (2011) que no consiguió los consensos suficientes para que la voz latinoamericana fuera escuchada. Aunque en Busán se plantearon críticas al actual sistema de gobernanza de la cooperación, la propuesta final no refleja las voces de quienes han estado excluidos, sino la de los países que dan dinero. En ese momento, por países como China e India no se logró un verdadero consenso. La agenda post Busán también nos llevó a reflexionar, desde América Latina y el Caribe, acerca de las diferentes miradas que tenemos sobre la CSS. No tenemos la misma visión de India, por ejemplo, que considera la CSS como un asunto relacionado con mecanismos previos a procesos de inversión y de comercio exterior. Para nosotros, la CSS es una reivindicación política que tiene que ver con nuestra propia historia, con nuestros propios intercambios, con nuestro entendimiento del desarrollo y con nuestra propuesta de un sistema económico y financiero alternativo. En medio de estos debates, también tenemos la construcción de toda una agenda post –ODM (objetivos de desarrollo del milenio) que nos va a generar más reflexiones críticas sobre los pocos resultados obtenidos. Por otro lado, está el asunto de cómo vemos la cooperación dentro de los procesos de integración subregional latinoamericanos. En espacios como la CELAC, UNASUR y sus relaciones con la Unión Europea (UE) existe la posibilidad de construir agendas regionales sectoriales para plantear a la cooperación En el marco del resurgimiento de la CSS, ¿qué importancia adquiere el tema del regionalismo para el Estado ecuatoriano? La CSS ha existido siempre y ha sido un mecanismo para establecer lazos de hermandad y solidaridad. Ahora que estamos en un escenario en el cual existen muchos países latinoamericanos que tienen mayor grado de desarrollo y de experiencias generadas, que tienen claro cuáles son sus ofertas de cooperación, existe una apuesta por construir agendas comunes de CSS. Agendas que permitan dar un valor añadido, que no necesariamente se relacionan con la cantidad de dinero que se invierte en los proyectos. La pregunta es cómo podemos trabajar de la mano con países con los cuales no tenemos una afinidad política, pero que son importantes para conseguir consensos cuando estamos negociando; cómo la CSS puede convertirse en ese mecanismo que dinamice verdaderos procesos de consenso. Algunos sostienen que esta es una postura muy institucional, muy “gobiernista”, pero es lo que intentamos hacer. ¿Cuáles son los instrumentos y la agenda de CSS? Hace dos años publicamos un primer “Catálogo de oferta de asistencia técnica ecuatoriano”, y ahora estamos en un proceso de validación de una nueva versión. Por ejemplo, hemos incluido temas como la experiencia de la cancillería en refugiados; también incluimos la experiencia del Programa Manuela Espejo, por su importancia de buenas prácticas de inclusión social, que para mí es, claramente, un ejem- 32 RESISTENCIA plo de cómo se coopera en el país. Otro tema es el caso de protección de bosques, como el Programa Socio Bosque que hace parte de la política pública medioambiental. Es importante que Ecuador tenga claro en qué sectores puede tener la posibilidad de aportar a otros países, para incluirlos en las negociaciones bilaterales o regionales. Otro tema importante, liderado personalmente por el canciller, es la renegociación de la deuda. Este es un tema solicitado, ya no solamente por los países latinoamericanos, sino por Grecia y por España, como una cooperación Sur-Norte. Esta experiencia tiene que ver con la voluntad política de realizar dichos procesos. Es importante que, respecto de la CSS, pueda haber un proceso más aterrizado técnicamente, para poder compartir esas experiencias. Esto nos corresponde hacer en estos próximos años. Sobre el tema de las modalidades, existen experiencias como la chilena, la brasileña, la argentina, de haber generado un “fondo país”. Estos son fondos semilla del presupuesto de cada país para la cooperación. Este año, nosotros contamos con un primer fondo semilla para proyectos de CSS, que busca financiar la movilización de expertos ecuatorianos hacia otros países, y la de expertos de otros países hacia acá. Esto es importante porque algunas negociaciones con otros países incluso fracasan, no solo porque falten proyectos o una hoja de ruta, sino simplemente porque no se cuenta con recursos suficientes. Estos fondos son importantes también en el replanteamiento que estamos haciendo para acercarnos hacia Centroamérica y el Caribe en el marco de la CSS. Algunas organizaciones de la sociedad civil, y concretamente las ONG, aducen que han sido desplazadas por el Estado ecuatoriano del espacio de gestión de la cooperación; señalan que es un espacio que también les pertenece. Más allá de la pertinencia que podemos reconocer al Estado ecuatoriano en la formulación de una política central de cooperación, también debemos reconocer que las distintas organizaciones tienen grandes acumulados de experiencias, e incluso han sido relevantes en diversos procesos de construcción de espacios públicos participativos. ¿Cuáles son las formas de articulación que propone SETECI con las diversas organizaciones de la sociedad civil en los procesos de gestión de la cooperación internacional? Reconocemos que durante muchos años, por ausencia del Estado, las diversas organizaciones de la socie- 33 dad civil fueron centros importantes de generación de pensamiento, de reflexiones y de propuestas de política pública; aún ahora hay algunas fundaciones que hacen esto. Como SETECI, nosotros somos una entidad coordinadora y articuladora de lo que se conoce como el Sistema ecuatoriano de cooperación internacional (SECI). Dentro del SECI, no solamente están los cooperantes oficiales (multilaterales, ministerios, GAD), también están la sociedad civil y las ONG extranjeras. Justamente, hace poco iniciamos un proceso de diálogo con la sociedad civil ecuatoriana, con representantes de quince fundaciones nacionales y de ONG extranjeras, que trabajan en diversas áreas temáticas. Lo que estamos planteando es la posibilidad de crear sinergias de trabajo, a partir de lo que hemos avanzado como SETECI, como gobierno, y explorando cómo avanzar conjuntamente. Muchas de estas fundaciones han desarrollado buenos procesos de veeduría ciudadana. Actualmente, además del Observatorio de la Cooperación, no existen veedurías territoriales a la cooperación para saber qué es lo que está sucediendo. Esta sería una primera apuesta de trabajo conjunto. Otra apuesta es la formación conjunta de redes que permitan tener mayor información sobre buenas prácticas. En tercer lugar, la mayoría de las ONG se encuentran en los diferentes territorios y trabajan de la mano con las comunidades; esos conocimientos son muy importantes. Pero, ¿cómo fortalecer sus procesos de concertación y los nuestros en los territorios? Aquí se involucra lo que tiene que ver con la planificación territorial, la cooperación y los ministerios desconcentrados. En cuarto lugar, muchas de estas organizaciones nacionales han generado interesantes procesos y metodologías de evaluación y seguimiento. Para nosotros, es importante aprender de ellos también, y proponemos abrir estos procesos y desarrollarlos conjuntamente de manera transparente. Por otro lado, a las organizaciones les interesa poder formar parte de las negociaciones de la cooperación, porque hay líneas de algunos cooperantes que apuestan a la participación democrática, gobernabilidad y buen gobierno; líneas que permitan a la sociedad civil fortalecer procesos de exigibilidad de derechos. Siendo esto un tema sensible, lo que queremos construir son mecanismos de concertación. Tendremos próximamente la tercera Mesa Global, que por primera vez va a incluir miembros de la sociedad civil y de las ONG. Como Gobierno central, tenemos claro que hay una cooperación que debe ser oficial, apostando por políticas públicas, por ministerios, por instituciones. Sin embargo, hay otra cooperación más privada, que tiene que ver con la cooperación entre sociedad civil, en la que podemos indicar cuáles son ENTREVISTA nuestras prioridades, pero la sociedad civil tiene un grado de autonomía. Con todo esto quiero señalar que el tema está dentro de nuestra agenda porque, si cooperar significa formar redes y pasar a ser más complementarios, es importante incluir la visión que tienen las organizaciones de cómo está funcionando la cooperación. peración europea tiene que ver con gobernabilidad, derechos humanos y temas comerciales. Pero los asiáticos se centran en infraestructura y promoción de comercio. Son grandes proyectos de infraestructura que implican contrataciones, que venga gente de allá, empresas de allá, y, por otro lado, si son donaciones, esperan que puedan contribuir a dinamizar su industria y su comercio. Un mito sería precisamente el tipo de cooperación que es. No podríamos considerarla, necesariamente, cooperación para el desarrollo porque no vincula términos de solidaridad o promoción desinteresada del desarrollo de otros países o, por lo menos, podríamos decir que, desde otros cooperantes hay mayor compromiso o mayor transparencia, como en el caso de la Unión Europea. En la cooperación asiática las cosas están claras. En la medida en que esa cooperación se convierta en un vínculo que permita invertir más o generar condiciones favorables de inversión en otro país, financian estudios de prefactibilidad. Eso nos pasó con la cooperación japonesa durante muchos años que, por ejemplo, financiaban estudios de prefactibilidad con cooperación no reembolsable, pero luego los proyectos se realizaban con créditos. Por eso un mito lo constituye el tipo de cooperación, ¿es cooperación para el desarrollo?, ¿qué intereses están detrás? Ahora, es válida esa cooperación en la medida en que afianza las relaciones entre ambos países, en la medida en que podemos cubrir déficit comercial, en la medida en que podemos tener más inversiones. Si esa cooperación es beneficiosa para Ecuador podemos aceptar o no. Pero esta no es una característica solamente de China, esto también pasa con muchos países. Como latinoamericanos, debemos tener claro qué queremos. Esta es una oportunidad histórica para plantear nuestros asuntos, para creer que es posible negociar de otra forma, y no solo en el tema de cooperación. ¿Este escenario que propone va más allá de que las organizaciones sean simples contratistas de SETECI? ¿Vincula sus perspectivas sobre el desarrollo y sus discusiones sobre las políticas del Estado? Claro. La política pública también se tiene que retroalimentar de las diferentes perspectivas. Por ejemplo, en el caso de preparación hacia Busán, nosotros recibimos insumos a través del Observatorio de la Cooperación. A través de la participación en la Mesa Global, en donde presentamos las orientaciones, las prioridades y líneas de trabajo, buscamos que no solamente se presente la posición oficial sino que se cuente con otras perspectivas desde la sociedad civil y de las mismas ONG. ¿Podría señalar algunos logros, mitos y Pretos o desafíos sobre la cooperación de China con Ecuador? Debemos partir de diferenciar la cooperación reembolsable y la no reembolsable. Hasta ahora solamente hemos tenido cooperación reembolsable; es decir, créditos. En materia de cooperación no reembolsable, que es lo que a mí me corresponde, yo no he visto mucho. Creo que hubo un primer momento de una fuerte apuesta de los dos países por financiar el desarrollo ecuatoriano, financiar proyectos de envergadura; es decir, inversiones, mejorar exportaciones; pero eso ha sido cooperación reembolsable en términos blandos. La cooperación no reembolsable vendría a ser un segundo momento en el que recién estamos empezando a trabajar. Este cambio sería uno de los logros. China nos ha pedido formular proyectos para los próximos cinco años, que podrían ser financiados con cooperación no reembolsable. Hasta ahora, no se han definido sectores porque hemos promovido que sean los GAD los que formulen las propuestas para que ellos se beneficien de ese financiamiento. Hasta el momento la cooperación con China ha sido cooperación económica, de financiamiento para el desarrollo. La cooperación China o la asiática es diferente, porque no se entiende como la tradicional AOD. Por ejemplo, la cooperación estadounidense se limita a temas hemisféricos y de seguridad; la coo- 34 OTROS TEMAS Acusación y defensa de la literatura indigenista Mateo Guayasamín* Resumen: La literatura indigenista de los años 30 ha pasado por una lectura crítica que desmereció sus proporciones artísticas. La representación y puesta en primer plano de la condición del indígena durante la Conquista y después de ella, aparentemente, incurrió en la hiperbolación y en el excesivo artificio. Sin embargo, este modelo literario, que consistió en la inclusión del universo indígena y denunció su marginación, requiere de una nueva revisión crítica que tome en cuenta el valor de su intencionalidad y la presencia de los sujetos subalternos en el mundo literario. 35 Palabras clave: Indigenismo, crítica, Mariátegui, nación, cultura. * Estudiante de la Maestría en Estudios de la Cultura, con mención en Literatura Hispanoamericana de la UASB-E; Licenciado en Comunicación y Literatura por la PUCE. Contacto: ‹[email protected]›. OTROS TEMAS El arte tiene necesidad de alimentarse de la savia de una tradición, de una historia, de un pueblo. Más tarde, Antonio Cornejo Polar le brinda a las ideas de Mariátegui otro matiz: el indigenismo como equivalente de una expresión descolonizadora, y añade: José Carlos Mariátegui No hay que olvidar que para Mariátegui el indigenismo, como inicio del periodo nacional de nuestra literatura, niega y cancela la etapa colonialista, como es claro, niega y cancela la etapa cosmopolita (223). J osé Carlos Mariátegui fue quizás el primero en abrir una defensa de la literatura indigenista que se estaba produciendo en América Latina en el siglo XX. Esta entraría en debate luego de algunos epítetos que empezaron a considerarla exagerada, artificiosa (Mariátegui, 1995: 218), de estar elaborada netamente por escritores mestizos. La crítica central se basaba en que la literatura indigenista se desprende del sentido estético y se acerca más al discurso político. Sin embargo, la literatura indigenista, encontró su sentido en la “reivindicación de lo autóctono” (221). Lo que quiere decir que la finalidad de ésta fue retratar la situación problemática del indio y poner en el debate público nuestra dualidad de raza. A esto habría que añadir el interés de este tipo de literatura por representar temas nacionales y locales, ya que anteriormente a ella –dice Mariátegui– la literatura se preocupaba por una “devoción imitativa de lo extranjero”.1 Los escritores hispanoamericanos, antes “europeizados”, ponen sus ojos en la realidad nacional y empiezan a darse cuenta del drama de los nativos. Con sus letras cuestionan el rezago de la Conquista que todavía penetraba, en forma de dependencia y subordinación económica y política, en pleno siglo XX. Así, la escritura y el desarrollo de la literatura indigenista nació como una nueva orientación en el arte que problematizaría con los factores sociales contemporáneos, y se identificaba con las ideologías políticas de la revolución socialista. Vale la pena, en este punto, señalar que la característica principal de la novela indigenista es la representación del indígena envuelto en una realidad económica y social donde solo existe para ellos pobreza y explotación. Pero más allá de esto, como señala Mariátegui, los objetivos principales fueron poner un grito de protesta “de millones de hombres”, revertir la situación del indio y darle cabida dentro del imaginario nacional. Así, fue la literatura la que puso en discusión la problemática indígena abogando por la diversidad cultural de Hispanoamérica. Sin embargo, para Mariátegui, la verdadera literatura indígena vendrá a su tiempo “cuando los propios indios estén en grado de producirla” (223), lo que nos confirma que se trata de una corriente literaria elaborada bajo una mirada mestiza y que aún se espera una literatura indígena producida por los propios protagonistas. Con este otro pensador peruano, la revalorización de la literatura indigenista pasa también por el tema de la “heterogeneidad esencial”, lo que significa que los escritores indigenistas apuntaron hacia un reconocimiento de la multiplicidad de todos los componentes étnicos de la sociedad hispanoamericana; es decir, se trataría de un discurso que reconocía nuestra diversidad étnica y apelaba a transformar la realidad del indio, situada entre la discriminación y la inferioridad. La literatura indigenista, entonces, se presentó en su época como alternativa frente a la literatura erudita o de tradición romántica elaborada por la burguesía, que expulsó, como afirma Cornejo Polar, a las literaturas orales de los pueblos nativos. Habría que añadir a esta idea, que el romanticismo trató el referente indígena desde una visión exótica e idealizada, y más bien el indigenismo reflejó la confrontación que subsiste a la hora de plantear una cultura y una identidad nacional. Por eso, es mérito importante de los escritores indigenistas como Icaza, Arguedas, Ciro Alegría, Rómulo Gallegos, etc., no solamente la recopilación del pensamiento mítico y la imaginación popular que sobrevivió de los pueblos indígenas, sino también denunciar la servidumbre y la explotación a la que fueron confinados, con imágenes que afectan al lector y que apelan a su sensibilidad. La intención sería, entonces, conocer y transformar los procesos históricos del pueblo indio-mestizo. Veamos un ejemplo de la novela Huasipungo: “Gritar para qué, ¿Para que le quiten el huasipungo? ¿Para que comprueben las patronas su carishinería? ¿Para qué? No, era mejor quedarse en silencio, no sentir nada, nada, frenar la amargura que se le hinchaba en el pecho y las lágrimas que se le escurrían por la nariz”. Esta escena pertenece a una violación ejecutada por parte del patrón de hacienda al personaje femenino llamado Cunshi. Es fácil observar en este episodio la representación de un sujeto marginal estropeado por el poder de quien ostenta el capital. Así que también resulta evidente que la literatura indigenista sintonizó plenamente con el ideario socialista del siglo XX, identificado con la lucha de clases y la reivindicación popular. 36 RESISTENCIA Al contrario, los críticos e impugnadores de esta corriente literaria consideraron que la posición política del autor no debe nunca reflejarse en su obra, ya que corre el riesgo de convertirse en “panfleto”. Otro argumento frecuentemente utilizado es que el “lugar de enunciación” sigue siendo la del sujeto blanco-mestizo, como si no fuera legítimo asumir el papel del Otro y expresar en un lenguaje universal el dolor de los subalternos. A esto habría que decir que la llegada de la literatura indigenista es la aplicación de una mirada distinta hacia los pueblos originarios; ya no es la visión romántica ni nostálgica del pasado, se trata ahora de no silenciar lo que significó el proceso de Conquista, exteriorizar el dolor de muchas generaciones, visibilizar al sujeto que durante siglos estuvo oprimido, como se mencionó anteriormente, incorporar al indígena dentro de la construcción de Nación y discutir sobre la identidad y nuestra cultura mestiza. Y cuando el gran tema de esta literatura fue “la opresión injusta y arbitraria del indio” (Corrales Pascual, 1974: 21), la crítica de la corriente indigenista se dedicó, por su lado, a juzgar la cuestión lingüística de las obras literarias, el contenido estético y las técnicas retóricas empleadas para la construcción de dichas obras narrativas; como si los escritores del indigenismo hubieran descuidado aquellos elementos. Lo que la crítica encontró fue representaciones exageradas, insinuaciones políticas dentro de una obra artística-ficcional, “excesivos elementos de artificio” (Mariátegui, 1995: 223), y lo que ya se dijo también, que se trataba de una mirada blanco-mestiza del indígena, etcétera. Estas críticas sin duda hacen eco de uno de los primeros corifeos del pensamiento hispanista, el peruano intelectual José de Riva Agüero, quien por sus ideas conservadoras y civilizatorias “expulsó de la nación y de la literatura nacional a todo componente que no fuera hispánico en su raíz” (Mariátegui, 1995: 223), justificando que el aborigen se encuentra en una esfera de barbarie. Los críticos contemporáneos, por su lado, encontraron este otro matiz: “Personajes y acontecimientos atomizados, inertes [...]. Entre los episodios, hay algunos bastante sencillos en su contenido y estructura (Corrales Pascual, 1974: 25). “Situaciones feudales típicas” (Cueva, 1993: 128). Pero estas críticas, que bien parecen reminiscencias del hispanismo, no dan cuenta o pretenden deslegitimar al movimiento literario “de más larga historia y de más sólida coherencia [...]” (Cornejo Polar, 1996: 29) que existió antes del boom en las letras hispanoamericanas. Podría definirse este movimiento como un proceso por el cual se abre paso al, hasta ese entonces, menospreciado mundo indígena y, como señala Cornejo Polar, puso en tensión universos diferenciados 37 y contradictorios “no solo quechua/español, sino también oralidad/escritura” (29). Y de esta manera, la crítica en torno al indigenismo literario no dio cuenta de lo que significa el indio como símbolo de resistencia, víctima de la Colonia y del sistema capitalista. Hablar desde esta perspectiva significa una valorización por lo americano y la incorporación al discurso estético-literario de “la visión de los vencidos”. Así, esta expresión literaria de los años 20 plantea una expresión propia de nuestros problemas y de nuestras peculiaridades (reivindicación de lo autóctono), lo que en suma implica un pleno reconocimiento del signo cultural de América Latina: el mestizaje. En conclusión, la crítica, como proceso de producción y recepción que cambia y se transforma históricamente, en el caso del indigenismo podría replantearse algunas de sus interpretaciones. Entre ellas está la reconsideración de esta corriente literaria que sin duda no ha perdido vigencia y, como bien lo señala Agustín Cueva, es esta una “interiorización de nuestro ser nacional” que contribuyó a conformar una visión propia de comunidad. Bibliografía Cueva, Agustín, Literatura y Sociedad en el Ecuador, Quito, Planeta, 1993 Elzbieta Sklodowska, “Entrevista a Roberto Fernández Retamar” en Roberto Fernández Retamar y los estudios latinoamericanos, USA, Pittsburgh, 2000. Mamour Diop, Papa “Recorrido de la literatura indigenista del siglo XX en Latinoamérica: análisis de una muestra de novelas”, Ogigia. Revista electrónica de estudios hispánicos, No. 1, enero 2007, p. 31-40, en ‹http://www.ogigia.es›. León, Chirstian, Reinventando al otro. El documental indigenista en el Ecuador, Quito, Caracola, 2010, p. 29. Corrales Pascual, Manuel, Jorge Icaza: frontera del relato indigenista, Quito, Centro de Publicaciones, 1974. Cornejo Polar, Antonio, El problema nacional en la Literatura peruana, Caracas, Ayacucho, 1996, Mariátegui, José Carlos, Siete ensayos de la interpretación de la realidad peruana, Caracas, Ayacucho, 1995. Nota 1 Anteriormente al aparecimiento de los movimientos realistas e indigenistas, se distingue al romanticismo como modelo literario. Este último apareció en Europa en el siglo XVII y, según Mariátegui, hasta antes de los años 30, los escritores mantenían una mirada colonialista en la literatura. OTROS TEMAS Las industrias culturales para el desarrollo en Ecuador Lupita Vernimmen Aguirre* Resumen: El siguiente trabajo pretende reflexionar acerca de las políticas públicas culturales que establece el Gobierno mediante el Plan Nacional de Desarrollo, Sumak Kawsay (Buen Vivir), en función de las Industrias Culturales. Vale aclarar que, más allá de que la instrumentalización del Plan pueda anidar riesgos de uniformar y subordinar lo cultural a un proyecto ideológico-político específico del Gobierno de la Revolución ciudadana, es indispensable hacer una crítica al respecto. 38 Palabras clave: Indigenismo, crítica, Mariátegui, nación, cultura. * Estudios de Maestría en Estudios de la Cultura, con mención en Políticas Culturales, por la UASB-E; Licenciada en Comunicación, con mención en Redacción Creativa Publicitaria, y Técnica en Publicidad por la Universidad Casa Grande, Guayaquil. Contacto: ‹[email protected]›. RESISTENCIA L as dinámicas de resistencia y hegemonía cultural que encara América Latina frente a los países desarrollados han inquietado, sobretodo, a los gestores culturales y al sector público. En este sentido, es importante ampliar la discusión acerca de las industrias culturales (IC). En la actualidad, el debate al respecto se convierte en un tema pertinente para sociedades como la nuestra. Consecuentemente, a fin de fortalecer la visión de las políticas públicas para el desarrollo del País, colocaré en discusión el rol de las industrias creativas y culturales con la finalidad de dar cuenta de ellas desde una mirada integradora. Así también, es necesario entender el porvenir de los tiempos de la globalización, bajo el concepto de desarrollo, implantado como meta del quehacer mundial, después de la Segunda Guerra Mundial; concepto que divide a los países entre desarrollados y subdesarrollados. Políticas públicas y desarrollo De acuerdo con Lahera, “toda sociedad tiene un debate sobre sí misma. La riqueza de una sociedad se mide por su discusión pública, así como por su capacidad de transformarse a partir de ella. De allí que la democracia debe educar a sus ciudadanos en su habilidad de plantearse públicamente”. (2004: 13). En este sentido, debemos considerar que los sistemas políticos no siempre estarán de acuerdo con las medidas de los programas, sin embargo, vale la pena trazar políticas públicas sólidas en función de crear una esfera social propicia y moderna. Es importante destacar que Ecuador considera cuatro ejes programáticos para las políticas públicas culturales: descolonización, derechos culturales, emprendimientos culturales y nueva identidad ecuatoriana contemporánea. Lo anterior supone nuevas formas de reconocimiento y permanencia de las prácticas y saberes ancestrales, en el marco de un paradigma más atento a la circularidad y sincronicidad; así como también la promoción de la diversidad de las expresiones culturales; la incentivación de la creación artística, y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios culturales. En cuanto al desarrollo, vale la pena destacar que el fin principal que busca el Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV), desarrollado por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), es la formación del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa que tiene la intención de construir un Estado plurinacional e intercultural (SENPLADES, 2009). El PNBV toma en cuenta tres aspectos: el conceptual que tiene que ver con las directrices para lograr un cambio, considerando el análisis de los procesos económicos, sociales y políticos; el de políticas públicas que corresponde a los 39 lineamientos de agendas políticas y la presentación de metas del Gobierno, y la parte instrumental que responde a una herramienta flexible que reúne los resultados con la intención de generar políticas complementarias al PNBV. Para ello, el Plan Nacional del Buen Vivir promueve la participación ciudadana y el respeto a los derechos individuales y colectivos por el bienestar común; así también, pretende el diálogo y la concentración con actores sociales e institucionales a fin de crear políticas de desarrollo inclusivo (SENPLADES, 2009). El valor de las industrias culturales Para iniciar, es preciso comprender las nociones de las IC, con la finalidad de entender los valores de la cultura, del desarrollo económico y del valor creativo que configuran los productos y servicios culturales. De acuerdo con la concepción que trabajó Edgar Morin en L’Esprit du temps, se entendería a la industria cultural como el “conjunto de dispositivos de intercambio cotidiano entre lo real y lo imaginario.” (1962: 104). Así también, se habla de un orden o sistema que produce y regula la cultura, acercándola a los sujetos (masa) por medio de nuevos sistemas de reproducción, logrando que éstos le otorguen un sentido social (Barbero, 1987). De ahí que en las sociedades modernas, el arte, la música, la estética y moda, el cine, la literatura y la televisión sean producto de la industrialización de la cultura. La realidad social se retrata en estos productos y viceversa; los sujetos toman y proporcionan material para que sean fabricados. En suma, algunos espacios de las IC son: la industria editorial (periódicos, revistas, libros impresos y libros digitales), fonográfica (música, radio), audiovisual y cinematográfica (cine, televisión y videos en general) y artística (pinturas, performances). Por otra parte, según Diana Rey “los gobiernos nacionales de América Latina que a la fecha carecen de acciones a favor de las Industrias Culturales, [...] tienen la gran tarea de iniciar la formulación de políticas que exploren sus potenciales culturales y, asimismo, garanticen la salvaguardia del principio de Identidad” (2009: 23). En ese sentido, es necesario valorar las IC como promotoras de las identidades sociales y culturales que tienen como objetivo construir ciudadanía a partir de bienes que contienen múltiples significados simbólicos y culturales. Así pues, convendría revisar los aportes de los bienes y servicios culturales que, como he mencionado, benefician a las sociedades en varios aspectos. Por último, y siguiendo a la misma autora, vale señalar que las industrias creativas y culturales “al ser portadoras de identidad, de valores y sentido no deben ser consideradas mercancías o bienes de consumo como los demás” (2009: 67). OTROS TEMAS Consecuentemente, es menester destacar la importancia de revisar y hacer crítica de los productos de la industria creativa y cultural que se generan en Ecuador; es decir, de las producciones de bienes y servicios culturales que desde la subalternidad se producen y no logran competir en el mercado. En todo caso, parece haber una disputa entre producir cultura y, al mismo tiempo, alejarnos de la industrialización como legado neoliberal: “El enorme desafío que enfrentamos actualmente es el de reconstituir el tejido social, fortalecer las organizaciones autónomas de la sociedad civil potenciando lo comunitario-social, frente a la devastadora lógica individualista del mercado” (SENPLADES, 2012: 17). No obstante, es pertinente fortalecer los valores culturales desde las industrias creativas; al mismo tiempo, es necesario tomar conciencia de que con una mirada multicultural no se puede alcanzar las metas que establece el Sumak Kawsay. Por ello, la interculturalidad es una apuesta, así como un asunto pendiente, de las políticas públicas ecuatorianas. De este modo, las IC no deben ser descartadas o reconocidas tan somera ni tan discursivamente. bitante y sería posible crear una forma dinámica y moderna de masificar lo tradicional y lo popular para integrarlos en una suerte de hibridación cultural para el desarrollo del País. Bibliografía Figueroa Díaz, María Elena, “Políticas culturales para el desarrollo en un contexto mundializado”, en Política y Cultura, No. 26, México, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, otoño, p. 157-183, 2006, ‹http://www.redalyc. org/articulo.oa?id=26702608›. Consulta: 4 de febrero de 2013. García Bermejo, Carmen, “Política económica e industrias culturales en América Latina: hacia una estrategia multinacional”, en Derecho y Cultura, No. 9, marzo-agosto, p. 93-100, 2003, ‹http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derycul/ cont/9/ref/ref5.pdf›. Consulta: 4 de febrero de 2013. Lahera, Eugenio, Política y políticas públicas, Santiago, División de Desarrollo Social Naciones Unidas / CEPAL, 2004, en ‹http:// www.eclac.cl/publicaciones/xml/5/19485/sps95_lcl2176p. pdf›. Consulta: 3 de febrero de 2013. Larrea Maldonado, Ana María, Modo de desarrollo, organización territorial y cambio constituyente en el Ecuador, Quito, SENPLADES, 2012. Nivón Bolán, Eduardo, La política cultural. Temas, problemas y oportunidades, México, Conaculta, 2006. República del Ecuador, Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013. Construyendo un Estado plurinacional e intercultural, Quito, SENPLADES, 2009. Rey Vásquez, Diana, “El debate de las industrias culturales en América Latina y la Unión Europea”, en Estudios sobre las Culturas Contemporáneas, No. 30, México, Universidad de Colima, 2009, ‹http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=31612027004›. Consulta: 20 de diciembre de 2012. Roth, André, “Análisis de las políticas públicas: de la pertinencia de una perspectiva basada en el anarquismo epistemológico”, en Ciencia Política, No. 3, Perspectivas teóricas, Bogotá, 2007, ‹http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/cienciapol/article/ viewFile/17522/18379›. Consulta: 15 de febrero de 2013. Sánchez Ruiz, Enrique E., Industrias culturales, diversidad y pluralismo en América Latina, Guadalajara, Cuadernos de Información y Comunicación, 2006, en ‹http://www.redalyc. org›. Consulta: 13 de febrero de 2013. Conclusiones Comprender la cultura en tiempos de la globalización es todo un reto, explica Eduardo Nivón Bolán. Existe un fuerte miedo en torno a la homogenización cultural, y Estados Unidos sería, básicamente, la principal competencia. En esta situación, es pertinente –según Nivón– aceptar que los Estados latinoamericanos presentan dificultades para atender las necesidades de una sociedad y de una cultura para sostener una visión de desarrollo. Dicho de otra manera, el problema no radica únicamente en comprender la dinámica cultural que promueven las industrias latinoamericanas, sino también en aprender a “desarrollarla, redistribuirla, fomentar su expresión y creatividad en todos los sectores sociales” (2006: 57). Al mismo tiempo, es fundamental realizar un replanteamiento acerca de lo tradicional y lo popular; este ámbito tiene una suerte de voz apenas susurrante y resultaría pertinente adaptar los bienes de la cultura popular a las nuevas y múltiples plataformas, especialmente la tecnológica. De la misma manera, las diferentes expresiones culturales contemporáneas deberían ocupar un lugar privilegiado para que con el tiempo se visibilicen o al menos nos apropiemos de ellas de una forma distinta. Por último, no hay que descartar la cultura virtual. Al respecto, internet es una herramienta que podría fortalecer los valores culturales populares (en línea con el discurso gobiernista); más aún, si la Revolución Ciudadana apelara a un estrategia publicitaria comunicacional, se podría evitar la americanización exor- 40 RESISTENCIA Explorando nuevos horizontes una aproximación a las políticas públicas culturales Maico E. Pitalua Fruto* Resumen: El artículo es una exploración sobre los fundamentos del diseño y posterior aplicación de una política pública cultural de integración. Se proponen los procesos de interculturalidad y algunos aspectos de la investigación crítica como elementos necesarios para la formulación de una política pública cultural que promueva la integración de nuestras nacionalidades. Se analiza el papel de la cultura en los procesos de integración, así como, de los actores llamados a intervenir en el diseño de las políticas culturales. Finalmente, se sugieren los principios que consideramos determinantes a la hora de diseñar una política pública cultural de integración. 41 Palabras clave: políticas culturales, integración cultural, investigación crítica, interculturalidad. * Estudiante de la Maestría en Estudios de la Cultura, con mención en Políticas Culturales de la UASB-E; Historiador egresado de la Universidad de Cartagena. Docente de la Institución Educativa Distrital Jorge Robledo Ortiz, Barranquilla. Contacto: ‹[email protected]›. OTROS TEMAS Del lugar de la cultura y los actores necesarios para el diseño de políticas culturales E n sus inicios, el término cultura hacía alusión a “las formas en las cuales unos grupos se distinguen de todos los demás. Representaba lo que es común dentro del grupo, y supuestamente al mismo tiempo lo que no es común (o por lo menos no del todo) fuera de él” (Wallerstein, 1999: 164). Era una forma de trasmisión y conservación de la historia de los pueblos ya que encerraba las diferenciadas maneras de ver, comprender y estar en el mundo. Hoy en día, la cultura es uno de los conceptos más utilizados en las ciencias sociales; es una noción que evoluciona en medio de los cambios que experimenta la humanidad. Ahora “representa un tipo de pedagogía ética que nos prepara para la ciudadanía política mediante el desarrollo libre de un ideal o yo colectivo que todos llevamos dentro, un yo que encuentra su expresión suprema en la esfera del Estado” (Eagleton, 2001: 19). Por ello, en nuestro tiempo, la cultura es la manifestación de la total integración que impulsa tanto la globalización como la mundialización del mundo. Estos procesos que, según María Elena Figueroa (2006), se refieren a los aspectos económico y tecnológico de integración y conformación supranacional de los Estados, y a la configuración de las identidades y su inserción en los espacios de lo global, nacional y local. Visto así, la cultura como elemento integrador –en palabras de Manuel Antonio Garretón (2008)– haría posible la constitución del espacio común latinoamericano, siempre que, por medio de esta integración, se propicie la creación de un bloque de países de nuestro continente. Pero para esta constitución, la clave está en formar públicos culturales y usuarios de las nuevas tecnologías comunicacionales que coloquen el aprendizaje desde la interculturalidad, la innovación y el pensamiento crítico. Para ello, debemos insistir en lo que plantea Víctor Vich: en la necesidad de “dejar entender la cultura como una ´representación’ y más bien pasar a experimentarla como una práctica cotidiana asociada a una visión de desarrollo” ( 46). Pero, ¿es posible pensar que la cultura por sí sola propicia el desarrollo y la integración? En consonancia con lo planteado por García Canclini (2005), y tal como se verá más adelante, el aspecto cultural debe organizarse en tanto política pública, para desde ahí promover un diálogo intercultural que con visión crítica establezca, no solo las bases del encuentro cultural, sino que propicie el desarrollo sustentable del que nos habla este autor. La creación de sitios multidireccionales, diversificados y de comunicación abierta promovida y gestionada desde focos heterogéneos de la vida social es, quizás, la salida más próxima que se tiene para repensar la estratégica, pero conflictiva relación de la cultura y el desarrollo. Esa relación que se vincula a los modos de formar ciudadanos (García, 2005: 11) en la medida en que se relacionan los derechos económicos con los culturales o colectivos. La misma que al “actuar en el campo de la cultura reclama de nuevas concepciones teóricas en torno a las políticas culturales, así como de nuevas estrategias de gestión que recuperen la capacidad de acción local de muchos de los promotores culturales, pero siempre alimentados desde una perspectiva internacional” (Nivón, 2006: 14). Así pues, es clave preguntarse ahora por los actores que ocuparían el lugar de gestores de esas nuevas formas de concebir la cultura para la promoción de procesos integradores en nuestras sociedades. Ya que, “no se puede hablar de políticas culturales como estrategias elaboradas y ejecutadas ‘desde arriba’ pues sabemos que todo el trabajo de la cultura supone permanentemente la participación de la población” (Cortés y Vich, 2006: 12). Por consiguiente, estamos hablando de una política pública cultural que debe “surgir al interior de un proyecto participativo que se reafirme en la articulación positiva tanto de la heterogeneidad simbólica como de los distintos actores sociales” (12). El Estado es una agente central en la planificación, promoción y ejecución de una política pública cultural. Es un actor que aun promoviendo iniciativas que respalden entre otros aspectos la creación cultural, la investigación especializada y la inversión para el desarrollo de las prácticas culturales debe –según Víctor Vich– “producir una narrativa inclusiva donde la reflexión sobre la historia, las identidades, los antagonismos sociales sea el principio que acompañe a todo el conjunto de decisiones políticas” (53). Por su parte, a la empresa privada se le otorga el papel de articular los intereses del mercado con los del Estado y con los de la sociedad civil, ya que, en el marco del desarrollo de proyectos empresariales, sobre todo en el campo de las Industrias Culturales, constituye un aliado estratégico en la inversión, promoción e implementación de las inciativas de emprendimientos creativos. La sociedad civil debe ser un agente motor de todos los proyectos de políticas culturales. Su poca o nula participación permitiría que las iniciativas públicas o privadas en materia cultural sean instancias enmarcadas desde arriba con predominancia económica o política. Tal como lo propone Vich, “como actor privilegiado, la sociedad civil debe situarse ante el reto de promover nuevas prácticas que busquen neutralizar los poderes existentes y que vaya construyendo nuevos vínculos ciudadanos. Se trataría de leer la ciudadanía en clave cultural identificando las maneras como los 42 RESISTENCIA sujetos negocian las diferentes relaciones de poder y van conquistando espacios políticos a través de sus marcas identitarias” (57). Así las cosas, la participación de la sociedad civil permitiría la construcción de una narrativa colectiva que, sin duda, promovería cierta renovación democrática. Se trata de una “autoridad” alternativa capaz de producir una mayor capacidad retórica sobre las identidades. La sociedad civil, en este caso, estaría representada por las organizaciones de base (llámense ONG, creadores individuales, centros culturales o universidades). Las políticas públicas culturales para los procesos de integración Las políticas culturales se relacionan con el ámbito de las acciones y flujos de la información y con las múltiples formas de interpretación y de acción representativa de los sectores público y privado; pero también de la sociedad civil. Por ello, las políticas culturales y, en ellas, los emprendimientos de la cultura considerados en su dimensión sociológica constituyen un instrumento relevante para entender las dinámicas del desarrollo. Por ello se le asigna a la cultura un profundo sentido dinámico que atacaría los problemas del desarrollo. Podemos encontrar las claves de este proceso en la medida en que se intente revitalizar, proteger y divulgar las expresiones culturales locales; pero también cuando ese intento de divulgación siente sus bases en el impulso económico. El rol de la investigación para generar estructuras de sostenibilidad en materia de desarrollo humano debe ir más allá de meros indicadores económicos que den cuenta de los beneficios de cual o tal proceso cultural. La investigación crítica debe establecer puentes políticos y múltiples estrategias que permitan la conexión con la ciudadanía para que, de esta manera, los proyectos de política cultural sean un espacio de verdadera inclusión. De este modo, como eje de sostenibilidad social, la investigación crítica no debe responder a un tipo de organización tradicional, sino a nuevos modelos de gestión que permitan identificar soluciones creativas. Siguiendo a Lázaro Rodríguez (Pitalua, 2012), la investigación crítica, debe explorar las expectativas y necesidades en torno a categorías como las identidades culturales. Nuevos campos para identificar que otras tendencias de gestión cultural y de políticas públicas culturales se desarrollan a la hora de construir en medio de una política sistemática las iniciativas de integración. Así que, la investigación crítica, desde la perspectiva de cooperación cultural; favorece los desplazamientos conceptuales a la hora de ubicar los conceptos propios de la política. 43 El impacto de la investigación crítica la situamos en el plano de los usos de los discursos y prácticas de las políticas culturales ya que “supone una actividad a partir del reconocimiento de la propia posición de poder, busca identificar y actuar frente a las formas de dominación y procesos de hegemonización presentes en las sociedades actuales”. (Balasch, Bonet, Callén y otros, 2005: 133). La investigación crítica, finalmente, es el puente que permite sobrepasar la linea del multiculturalismo para situarnos en el de la interculturalidad. El último fundamento que permitirá diseñar un proyecto de política cultural para la integración en nuestra región. El multiculturalismo y la interculturalidad en su esencia giran en torno a los problemas de la integración política de la pluralidad cultural (Moneta, 1999: 23). Tal como lo plantea Moneta, “mientras que el multiculturalismo se focaliza en la gestión interna de la diversidad cultural, el interculturalismo examina los procesos de intercambio entre las culturas singulares. Considera no solo los temas relativos a la ‘diplomacia cultural’ como vía de inserción, influencia y presencia en el campo internacional, sino también los problemas a ellos vinculados, tanto desde el punto de vista simbólico como material (24). En fin, el interculturalismo como principio y fundamento del entendimiento étnico-cultural, más allá de la constatación de la existencia de culturas diversas, finalidad última del multiculturalismo, se presenta como el principal enfoque académico y político de un nuevo proyecto de sociedad. Un nuevo proyecto que acogiendo varias posturas posibilita la relación y el diálogo de los múltiples grupos que integran el conglomerado social. Un proyecto en el que se cree posible una relación cultural e interactiva, que superando la noción descriptiva y totalizante del multiculturalismo pueda asumir la inter-relación de las culturas como una realidad histórica, flexible, contextual y situacional (Walsh, 2010). Sin embargo, este principio, tal como lo plantea Fidel Tubino, debe ser amplio e imaginarse “como un enfoque intersectorial que debe atravesar los programas de salud pública comunitaria y de administración de justicia y empezar a concebirlo como el gran eje transversal de las políticas del Estado” (Tubino, 2002: 75). De esta manera, el problema de integración que parte del ámbito de lo cultural, al proveer las bases simbólicas en las que se dinamizan las interacciones políticas, sociales y económicas en la sociedad, está llamado a incorporar nuevos elementos y mecanismos que, apelando a las identidades territoriales, permitan el diálogo sobre la base inter-social. Esto es, el proceso de interacción horizontal que favorezca la convivencia, el respeto a la diversidad y el enriquecimiento mutuo. Este proceso representa, en términos generales, lo intercultural. OTROS TEMAS Moneta, Carlos, “Identidades y políticas culturales en procesos de globalización e integración regional”, en Néstor García Canclini y Carlos Moneta, coord., Las industrias culturales en la integración latinoamericana, Buenos Aires, Convenio Andrés Bello, 1999. Nivón, Eduardo, La política cultural. Temas, problemas y oportunidades, México, Consejo Nacional para las Culturas y las Artes / Fondo Regional para la Cultura y las Artes de la Zona Centro, 2006. Rodríguez Oliva, Lázaro Israel, “Investigación crítica y políticas culturales en el proceso de integración centroamericano”, conferencia presentada en el VIII Campus Euroamericano de Cooperación Cultural, Cuenca, Alcaldía de Cuenca, Organización de Estados Iberoamericanos y Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo-Inter arts, del28 al 30 de noviembre de 2012. Tubino, Fidel, “Entre el multiculturalismo y la interculturalidad: más allá de la discrimincación positiva”, en Norma Fuller, edit., Interculturalidad y política: desafíos y posibilidades, Lima, Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú, 2002. Vich, Víctor, “Gestionar riesgos: agencia y maniobra en la política cultural”, en Guillermo Cortés y Víctor Vich, edit., Políticas culturales: Ensayos críticos, Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 2006. Wallerstein, Immanuel, “La cultura como campo de batalla ideológico del sistema-mundo moderno”, en Santiago Castro-Gómez, Óscar Guardiola Rivera y Carmen Millán de Benavides, edit., Pensar (en) los interticios: teoría y práctica de la crítica poscolonial, Bogotá, Pontificia Universidad Javariana, 1999. Walsh, Catherine, “Interculturalidad crítica y educación intercultural”, en Luis Tapias y Jorge Viaña, edit., Construyendo interculturalidad crítica, La Paz, Instituto Internacional de Integración del Convenio Andrés Bello, 2010. Desde esta perspectiva, el objetivo de las políticas culturales fundamentadas en la investigación crítica y en el diálogo intercultural, no solo debe estar relacionado con el interés por rescatar, defender y preservar la identidad del grupo hegemónico, sino que deben ir más allá, procurando la difusión y promoción de todas las expresiones culturales. En este punto, la integración se daría en la medida en que se exploran y articulan múltiples canales comunicacionales en los que circularían conocimientos, valores y variadas formas de hacer cultura. Ese intercambio respetuoso, y no por ello menos conflictivo, en el que personas, bienes y capitales (simbólicos y materiales) se encuentran, sin duda alguna, permitiría la concreción de un espacio común que, inmerso en las dinámicas de la globalización y mundialización, promovería el avance y el desarrollo de manera sostenible de nuestras sociedades. Retomando lo planteado por Manuel Garretón, es viable un espacio cultural común en nuestro continente; un espacio que tras los procesos de integración permita, luego de la construcción institucional y supranacional, superar la problemática de la identidad y las relaciones de la sociedad con el Estado. Esa constitución en bloque permitiría una mejor participación en los procesos de integración mundial. Para alcanzar este objetivo, es necesario el diseño de una política pública cultural inspirada en el proyecto de constitución de una sociedad inclusiva; una política que, de manera contundente, incida en la cotidianidad y que no solo articule los diferentes actores en su gestión, ejecución y evaluación; sino las diferentes narrativas que sobre la sociedad, el Estado y la cultura tienen los mismos. Estamos, pues, frente a un proceso en el que el diálogo intercultural y los aspectos críticos de la investigación deben trascender para poder constituir un mundo mejor. Bibliografía Balasch, Marcel, et al., “Investigación crítica: desafíos y posibilidades”, en Athenea Digital, No. 8, otoño, p. 129-144, 2005. Eagleton, Terry, “Modelos de cultura”, en La idea de cultura. Una mirada política sobre los conflictos culturales, Barcelona, Paidós, 2001. Figueroa, María, “Políticas culturales para el desarrollo en un contexto mundializado”, en Política y Cultura, No. 26, México, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, 2006. García, Nestor, “Todos tienen cultura: ¿quienes pueden desarrollarla?”, conferencia para el Seminario de Cultura y Desarrollo, Washington, Banco Interamericano de Desarrollo, 24 de febrero de 2005, en ‹http://www.aulaintercultural.org/IMG/ pdf/0202405canclini.pdf›. Garretón, Manuel, “El espacio cultural latinoamericano revisitado”, en Linda Rubim y Miranda Nadja, org., Transversalidades da la cultura, Salvador, Edufba, 2008. 44 RESISTENCIA Cadenas transnacionales de cuidado la incursión del amor en el mercado internacional Diana Marcela Agudelo Ortiz* Resumen: Este trabajo reflexiona a propósito de la mercantilización del cuidado de personas en la sociedad del capitalismo globalizado. Se argumenta que, desde este marco, las prácticas alrededor del cuidado modifican las relaciones de género y generación de las familias del sujeto migrante y develan las desigualdades sociales que impregnan las dinámicas de relación interpersonal, en un espacio en el que convergen las relaciones coloniales de dominación en clave de género, clase social y etnicidad. 45 Palabras clave: Cadenas transnacionales de cuidado, mercantilización del cuidado, feminización de los flujos migratorios, cuidado y género. * Psicóloga por la Universidad Externado de Colombia, 2010; estudiante de la Maestría en Estudios de la Cultura, con mención en Políticas Culturales, UASB-E. Docente-investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Externado de Colombia, Grupo salud, conocimiento médico y sociedad del Centro de Investigaciones sobre Dinámica Social (CIDS). Contacto: ‹[email protected]›. OTROS TEMAS P ensar en el cuidado y el amor como recursos frente a los retos y desafíos que impone el capitalismo globalizado permite ver las desigualdades que se tejen alrededor de las prácticas de cuidado que se materializan en nuestras relaciones interpersonales. Se habla aquí de cuidado en relación con la atención de niños, ancianos, personas enfermas o con alguna discapacidad y con el servicio doméstico en general. Hoy se está frente a una situación donde miles de mujeres tienen que dejar a sus hijos en busca de un mejor horizonte económico, a miles de kilómetros de distancia de sus propios hogares, para ir a realizar las mismas labores de cuidado que realizan en sus casas, donde no reciben remuneración o reconocimiento alguno –en tanto que se asume que es una labor “natural” de la mujer; sea esta madre, hermana o hija–. Sin embargo, la remuneración económica que reciben en las comunidades de destino por estas labores no es necesariamente justa, ni se ha insertado de una forma afortunada en el mercado laboral; especialmente en el caso de las trabajadoras en condición de inmigrantes. Se habla entonces de cadenas transnacionales de cuidado, en donde estas mujeres recorren largas distancias para ocuparse de tareas de cuidado de personas adultas y niños que no hacen parte de su familia, por lo que se ven también en la necesidad de recurrir a otros en su comunidad de origen –muy seguramente mujeres– para que hagan lo propio con los suyos, en una cadena que se reproduce y que suele dirigirse hacia abajo en la escala social; en vez de hacerlo horizontalmente con la aparición del rol masculino en las labores de cuidado.1 Dichas cadenas transnacionales de cuidado han ocasionado gran impacto en las estadísticas demográficas. Esto ha dado lugar a que se hable de una feminización de los flujos migratorios, en los cuales las mujeres son ahora el primer eslabón de esta cadena. Además, esto ha conducido también a una revisión de la manera en la que se organiza la red de cuidados familiares y los cambios en las pautas de crianza de los hijos e hijas, en tanto que se percibe un reacomodamiento de las relaciones de género y generacionales en el ámbito de las familias migrantes. Esto ha sido particularmente importante en los estudios acerca del fenómeno migratorio, especialmente desde el llamado enfoque transnacional. Los estudios antropológicos guiados por Nina Glick Schiller, Cristina Blanc-Szanton y Linda Basch abrieron la puerta a lo que se conoce hoy como el enfoque “transnacional” (Glick-Schiller, Basch y Blanc-Szanton, 1992). De acuerdo a la definición realizada por las autoras, este se centra en el análisis del tipo de relaciones que los migrantes construyen, tanto con las comunidades de acogida como con sus comunidades de origen, a partir de las relaciones sociales y culturales, políticas y económicas, que suelen “tener lugar” en espacios que desbordan las fronteras de los Estados-nación. De acuerdo con Ludger Pries, la transmigración permite entender una nueva relación entre espacios sociales y espacios geográficos (Pries, 2002). En nuestra región, los casos de inmigrantes en EUA y España son buen ejemplo de estos procesos de construcción de campos sociales transnacionales. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística, basados en la revisión del padrón de 2007 que aparecen en Sandra Gil Araujo (s.f.), cerca de dos millones de personas nacidas en Sur y Centroamérica residen en España; de las cuales el 54% son mujeres cuyos principales países de origen son, entre otros, Ecuador y Colombia (Gil Araujo, s.f.). Es importante señalar que tanto en España como en Francia e Inglaterra, el pasado colonial está presente de manera evidente en su panorama migratorio, pues la mayoría de los inmigrantes provienen de alguna de sus antiguas colonias: Marruecos, América Latina, Guinea Ecuatorial y Filipinas. Esto muestra que el fenómeno migratorio actual no se da en el vacío, sino que responde a unas dinámicas particulares, determinadas sociopolíticamente. En tanto las condiciones de la población migrante no están desvinculadas de las condiciones del capitalismo globalizado. Claudia Pedone afirma que los estudios transnacionales han permitido poner en evidencia las relaciones entre el sistema económico global y la “nueva división internacional y sexual del mercado de trabajo, que genera una demanda de mano de obra femenina que ha acelerado los movimientos Norte-Sur” (Pedone, 2011). Es así que se habla de una “globalización de los cuidados”, en donde mujeres provenientes de África y Suramérica, en su mayoría, encuentran una forma de inserción laboral que implica estar al cuidado de los más vulnerables del mal llamado primer mundo (bebés, niños y ancianos). El análisis aquí propuesto tiene que ver con las tensiones entre las expectativas sociales en cuanto a las relaciones de género y generacionales, especialmente en relación con el cuidado y las negociaciones de poder. Esta migración está marcada por la comparación del promedio salarial realizada por las mujeres entre su oficio en los países de origen y de acogida, lo que suele derivar en una prolongada estadía en relación a la productividad. Usualmente, las migrantes recurren a conseguir varios empleos al mismo tiempo para poder cumplir con el envío de remesas a sus hogares y a sus comunidades de origen, lo que las mantiene sometidas a unos horarios bastante duros. Esta situación conduce a un cierto aumento de su autonomía, respecto al 46 RESISTENCIA uso tanto del dinero como de su tiempo libre. Solo se ha de anotar aquí que esta situación muchas veces termina en la base de los conflictos matrimoniales y familiares de la mujer que retorna, en la medida en que sus parejas y familiares intentan restablecer el modelo de familia con el que se funcionaba antes del movimiento migratorio, en el que la mujer suele ser subordinada precisamente en relación a la administración del dinero y de su propio tiempo. Estas mujeres migrantes terminan desafiando las nociones de maternidad aquí y allá. En el primer caso, se las acusa de “malas madres” por “abandonar” sus hijos, mientras que en el segundo, se las mira como “portadoras de valores retrógrados”, en relación a la dedicación casi exclusiva de la mujer a la crianza de los niños y de la casa. Si se tiene en cuenta que la noción de maternidad no está predeterminada biológicamente, sino que es una construcción histórica, social y cultural, se entiende que son tales construcciones las que generan una estigmatización de las mujeres migrantes como malas madres culpándolas de la desintegración del hogar, dado que ellas como eslabón inicial de la migración son tomadas por causantes de la fragmentación inicial del núcleo familiar. La mujer como proveedora del hogar entra a cuestionar los estereotipos femeninos y masculinos que suelen imponerse en América Latina. La pregunta de fondo tiene que ver con el cuidado. ¿Qué es o qué significa el cuidado? ¿El cuidado paterno corresponde únicamente a garantizar un bienestar económico para su familia? ¿Por qué no se habla de un abandono paterno en el caso de los hombres migrantes, sino de hombres buenos y trabajadores? En cuanto a la segunda situación, resulta muy interesante atender a dos perspectivas diferentes planteadas por Arlie Russell, las cuales exploran posibles explicaciones a la preferencia de algunos padres acerca del cuidado de sus hijos por parte de mujeres inmigrantes: por un lado, la cuestión de los valores de crianza y modelos de familia asociados a los latinoamericanos, que a pesar de ser considerados muchas veces como portadores de una cultura afincada en el pasado, valores como la dedicación y la figura de la madre que lo entrega todo por sus hijos, son tremendamente deseables en estos oficios;2 y por otro lado, y de acuerdo a un argumento menos sonado y discutido, que plantea que los lazos materno filiales que establecen las cuidadores inmigrantes con los niños que cuidan son alimentados por la soledad y añoranza de los propios hijos. Es decir, se expropia amor en un lugar para depositarlo en otro, en lo que sería una cadena de adquisición y apropiación de amor y cuidado como recursos, develando una situación en la que las relaciones de dominación colonial en relación al género, a la clase social y a la etnicidad se ven implicadas simultáneamente (Russell H., 2008). 47 Ahora bien, las dinámicas de productividad del sujeto migrante entran a determinar nuevas formas de organización familiar, influyendo notablemente sobre las relaciones generacionales. La red social de apoyo tiene un rol muy importante de soporte aquí, ya que su reordenamiento permite asumir las funciones que normalmente el migrante haría; además, es fundamental tener en cuenta que dicha red suele tomar forma alrededor de las remesas que llegan desde el extranjero. Es así que abuelas, hermanas, vecinas, sobrinas y primas construyen un entramado de relaciones que giran en torno al cuidado de unos y otros. Esto afecta de manera importante las nociones de autoridad y lealtad dentro del grupo familiar. En este reordenamiento, la figura masculina, normalmente, brilla por su ausencia. Finalmente, cabe anotar que estas mujeres migrantes no solo deben lidiar con la estigmatización como malas madres, sino que además en su condición como cuidadoras se ven constantemente sometidas a la lógica de exclusión característica de las dinámicas del capital. Esto tiene que ver con lo que señala Vicente Rodríguez respecto de las mujeres inmigrantes que se ven casi obligadas a integrarse a las redes de labores de cuidado, muchas veces para legalizar su situación irregular, pero además para comenzar a ganar algún dinero, teniendo en cuenta la precariedad de la situación en la que suelen llegar desde sus países de origen (Rodríguez, et al., 2010). Esto implica un sometimiento a las dinámicas del empleo informal, en donde la condición de irregularidad se impone en la relación con sus empleadores, lo que se traduce en condiciones laborales paupérrimas y degradantes. Así pues, ni siquiera el cuidado y el amor escapan a la lógica del capital, y en su condición como mercancías tampoco escapan a las dinámicas de exclusión características de este capitalismo globalizado. Tenemos, entonces, que sobre las mujeres migrantes recaen diferentes esquemas de dominación. En la medida en que se las considera responsables principales y protagonistas de la crianza de los hijos, cuando migran y se ven forzadas a distanciarse de ellos, se efectúa un movimiento que las convierte tanto en villanas como en heroínas; malas madres y proveedoras, simultáneamente. A esto hay que agregar el hecho de que en las comunidades de llegada se las somete muchas veces a condiciones miserables de trabajo, donde –paradójicamente– sus valores culturales respecto a la familia son percibidos también de manera ambigua, como clavados en el pasado y, sin embargo, deseables. OTROS TEMAS Bibliografía Gil Araujo, Sandra, “Políticas migratorias y relaciones bilaterales España-América Latina”, en Gemma Punjol, y Anna Ayuzo, coord., Inmigración latinoamericana en España: el estado de la investigación, Barcelona, CIDOB, p. 1-27, s.f. Glick-Schiller, Nina, Linda Basch y Cristina Blanc-Szanton, edit., “Transnationalism: a new analytic framework for understanding migration. Towards a transnational perspective on migration: race, class, ethnicity and nationalism reconsidered”, en Annals of the New York Academy of Sciences, No. 645, p. 1-25, 1992, ‹http://www.academia. edu/457018/Transnationalism_A_New_Analytic_Framework_for_Understanding_Migration_and_A_Global_Perspective_on_Transnational_Migration_Theorizing_Migration_Without_Methodological_Nationalism›. Consulta: 26 de septiembre de 2011. Pedone, Claudia, “Familias en movimiento. El abordaje teórico-metodológico del transnacionalismo familiar latinoamericano en el debate académico español”, en Revista Latinoamericana de Estudios de Familia, vol. 3, p. 223244, 2011. Pries, Ludger, “Migración transnacional y la perforación de los contenedores de Estados-nación”, en Estudios Demográficos y Urbanos, No. 51, p. 571-597, 2002, ‹http://www.redalyc. org/articulo.oa?id=31205105›. Consulta: 4 de noviembre de 2011. Rodríguez, Vicente, et al., “Inmigración y cuidados de mayores en los hogares de la Comunidad de Madrid”, en Informes Portal Mayores, No. 102, Madrid, Portal Mayores, 2010, ‹http://digital.csic.es/bitstream/10261/24009/1/Informe_Portal_Mayores_102.pdf›. Consulta: 18 de noviembre de 2011. Russell H., Arlie. La mercantilización de la vida íntima. Apuntes de la casa y el trabajo, Buenos Aires, Katz, 2008. Notas 1. 2. 48 La lucha por la ampliación de las licencias de paternidad en los países de América Latina es casi nula. Se ha avanzado bastante en el reconocimiento de las licencias remuneradas de maternidad, sin embargo, el rol preponderante masculino en la crianza sigue estando anclado a la garantía económica. Esto debe ser discutido más ampliamente, pues argumentos culturalistas como este han sido promovidos en España, afirmando una cercanía cultural entre latinoamericanos y españoles –en relación a la lengua y la religión, por ejemplo–, incluso llegando a nombrar a los inmigrantes de estos orígenes como los favoritos del siglo XXI. Este argumento, lejos de ser inocente, esconde argumentos de discriminación y operaciones de exclusión a otros inmigrantes; en tanto la promoción de unos es la discriminación de otros, como en el caso del rechazo a los migrantes de origen musulmán. RESISTENCIA División de poderes en la actual Constitución del Ecuador Jorge Luis Chuquimarca Ch.* Resumen: El presente trabajo realiza un acercamiento a la visión actual brindada dentro del Ecuador a los poderes subramificados en el Estado; analizamos este neoexperimento concebido por la vigente Constitución al clásico principio de división de poderes. Palabras clave: División de poderes, constitución, neoconstitucionalismo, ejecutivo, legislativo, judicial, electoral, participación ciudadana y control social. * Estudiante de la Maestría en Derecho, con mención en Derecho Tributario de la UASB-E; Abogado por la Universidad Nacional de Loja. Contacto: ‹[email protected]›. 49 OTROS TEMAS La voluntad del poder se presenta en los más fuertes,más pletóricos, más independientes, más valientes [...] […] como voluntad de supremacía. res para buscar igualdad; es decir, la suma de jefes ejerciendo el poder (Aristóteles, 2007: 207); pero un efecto negativo es la existencia de un poder preponderante, incluso entre las autoridades (Carré de Malberg, 2001: 794). Este principio de trascendencia histórica divide el poder desde tres formas (ejecutivo, legislativo y judicial); esto nos permite diferenciar entre el buen y mal gobierno (Bobbio, 2003: 238). Es bueno o positivo cuando disloca de forma equitativa el poder que posee; mientras que sería malo o negativo cuando acapare el poder general, sin brindar autonomía plena a cada micropoder. Es muy importante esta separación del poder desde estas tres vías porque solamente el “poder frena el poder” (Montesquieu, 1972: 142) porque brindar plenos poderes a uno solo puede causar condición cegadora por la efervescencia que el poder global produce en todo aquello que toca. Creemos necesario la activación sistemática de elementos causantes de frenos y contrapesos, para evitar que el despotismo de cualquiera de ellos cree un solo príncipe. En la Constitución se garantiza la división de poderes; el más sublime postulado de la teoría y práctica constitucional (Loewenstein 1982: 62). ¿Qué es una Constitución? La concebimos como un sistema de normas jurídicas, un documento normativo, un conjunto sistemático cuyo aspecto fundamental es el “formal”; o sea, un específico régimen jurídico (Guastini, 2004: 23-24) cuya fisonomía actual brindada por el neoconstitucionalismo la enmarca como principalista; es decir, un principio es norma fundamental (2010: 74). Además, se requiere reconocimiento de derechos (Atienza, 2010: 452); de lo contrario, se producirían verdaderos choques al violentarlos. Una buena Constitución sería la que mejor se adapte a una realidad social, debido a que este espacio representa el termómetro propicio para buscar la armonía entre la teoría y las circunstancias fácticas, ecualizando siempre el balance de la Constitución entre estas dos esferas; buscando lo que en doctrina se conoce como balanced constitution (Vile, 2007: 58). La división del poder se viabiliza cuando cada subsistema es independiente, y ello permite que se fiscalicen unos a otros; brindando seguridad de que cada uno o en conjunto frenen posibles abusos (Jackisch, 1994: 7); esto conducirá a una “práctica política, razonable y de sentido común” (Pereira, 1978: 126). La Constitución otorga funciones específicas: el Poder Legislativo posesiona al Presidente, participa en la reforma constitucional; expide, deroga, modifica leyes; controla otros poderes –el Judicial no entra en fiscalización–; aprueba el presupuesto general del Estado (Constitución del Ecuador 2008, art. 120), entre otras; pero debe establecérsele ciertas limitaciones para no ir en contra de la nación y objetivizar Friedrich Nietzsche E lactual marco constitucional ecuatoriano podría examinarse como uno de los más vanguardistas de la región por todas las acciones de reestructuración institucional en la colectividad (Gargarella, 2008: 13). En la Constitución de la República del Ecuador figura una segmentación de poderes públicos derivados en: ejecutivo, legislativo, judicial, electoral, y transparencia y control social; generando así una novedosa configuración de división de poderes, que clásicamente era ejecutivo, legislativo y judicial. Esta división tradicional surgió en contraposición “de la indivisibilidad del poder del Estado. Un poder dividido supone el desmenuzamiento del Estado en una variedad de formaciones políticas” (Jellinek, 1978: 373). Doctrina divisional fundamental porque sostiene la teoría de un Estado constitucional (373), ya que, aparte de conocer cada atribución, establece un límite al poder cedido (Foucault, 2004: 93); demarcación necesaria por la estabilidad social y para ella. La clásica división de poderes “ha hecho escuela en los últimos 250 años” (Hoffmann-Riem, 2007: 211); descubrir el tratamiento jurídico dentro del país representa nuestro objetivo, así como plantear sus posibles deficiencias; es decir, un estudio analítico al puzzle (rompecabezas, en ingles) planteado. El Estado, este Leviatán, es el artífice que organiza la segmentación de poderes en la sociedad, por cuanto desde su nacimiento ya se gestó un conglomerado social organizado que le brinda poder necesario para ser gobernados y controlados; se ha pensado que actúa como vigía y garantista del sistema (Acosta, 1998: 38), nosotros derivamos que su praxis es actuar como actor principal y no como mero vigía. Más bien, “puede utilizar la fortaleza y medios de todos [...] para asegurar la paz y la defensa común” (Hobbes, 2007: 104); poseer fuerza solvente –hablando en términos de acción– para regular sus propios miembros, permitiendo que no se atrofien; más bien se armonicen y cumplan a cabalidad cada atribución concedida. El poder estatal equivale a una máquina diversa en acción; esta aglomeración unificante ha desatado mecanismos de ejercicios diversos, tendientes a su auto sobrevivencia, buscando siempre su adaptabilidad a una forma de gobierno. Es allí donde surge una Constitución que origina la vida de todo Estado teniendo como fundamento la distribución de pode- 50 RESISTENCIA la defensa nacional (Hamilton, 2010: 104), por cuanto su acción une a poderes en discordia” (Palmer, 2003: 190); su participación es vista como necesaria en la colectividad. El Ejecutivo es otro poder clásico, personificado por la Presidenta o Presidente de la República; gran detentador y artífice del Estado por intermedio de la administración pública (Constitución del Ecuador 2008, art. 141); actúa de dos formas para ganar adeptos: o se hace querer por los ciudadanos por su gestión o se hace temer instaurando el miedo (Maquiavelo, 2010: 93) a sus críticos. Este mando se enfoca en abstraer necesidades sociales, hacerlas tangibles por medio de todas las instituciones que constituyen su puntal: veinte ministerios del Estado ecuatoriano, diez Secretarías Nacionales, ocho Ministerios coordinadores (Presidencia de la República del Ecuador) y otras instituciones adscritas a este ramo. El Ejecutivo ha crecido significativamente en su fuerza planificadora estatal; hoy es casi imposible que no tenga supremacía sobre los otros poderes. El Judicial administra justicia (Constitución del Ecuador 2008, art. 168) por intermedio de todas las instituciones que lo conforman: Corte Nacional de Justicia, cortes provinciales de justicia, tribunales, entre otras (Constitución del Ecuador 2008, art. 178). Micropoder que es vigía social por cuanto en todo acontecimiento, es casi imposible que no se cite la autoridad del juez. Segmento que posee características, como ser: “árbitro [...], pronunciarse sobre casos particulares y no generales, actuar solo cuando se lo llame [...]” (Tocqueville, 1985: 66-67). Un nuevo poder es el de la función de transparencia y control social, creado con la actual Constitución; fiscaliza el poder público y es ejercido por el pueblo mediante el derecho de participación. Está formado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y las superintendencias (Constitución del Ecuador 2008, art. 204). Sus funciones son designar las primeras autoridades de: la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Fiscalía General del Estado y Contraloría General del Estado; a los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral y Consejo de la Judicatura (Constitución del Ecuador 2008, art. 208). Esta función debe controlar a los otros poderes; pero hasta el momento sus falencias son notorias ya sea porque es nuevo en la palestra pública o por la simple pantalla que representa en el Estado. El quinto nuevo poder es la Función Electoral cuya ocupación principal es hacer viable el sufragio de las y los ecuatorianos; también le corresponde la organización política (Constitución del Ecuador 2008, art. 217) dentro del territorio. Se encarga de apuntalar todo el sistema para que se realice la elección de los nuevos gobernantes. El pueblo por intermedio del sufragio ejerce democracia directa; pero solo es invocado en época de elecciones; el resto del año inverna largamente. ¿Por qué se ha concebido esta nueva división de poderes? Todo apuntala a las emergidas expresiones que se han dado en Latinoamérica con el llamado neoconstitucionalismo; esta nueva forma de leer el constitucionalismo determina algunas características importantes en su espectro de aplicación; entre ellas: sus vigilantes son los jueces, proclama en superioridad principios, tiene plenos poderes, consta la ponderación, reclama la argumentación de decisiones públicas (Bernal, 2006: 11-13); es decir, todo mecanismo estructural parte desde la Constitución. Ecuador es estado constitucional de derechos y de justicia” (Constitución del Ecuador 2008, art. 1); juego de palabras que muestra un nuevo rostro a la sociedad y al mundo. La categorización de Estado constitucional de derechos representa una característica constitucional que no ha existido previamente en la región; en tanto que el complemento de justicia lo encontramos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Ávila, 2008: 20). En Ecuador se formuló un nuevo pacto social donde los poderes del Estado deben o deberían encaminarse a que todos los ecuatorianos pongan en “común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general y nosotros recibimos corporativamente a cada miembro como parte indivisible del todo” (Rousseau, 2010: 39). Pero cada quien entiende a su manera el poder; a veces se mira como alejado de la voluntad popular, excluyente y selectivo; otras veces, privilegio de cierto grupo; haciendo inviable que se conciba esa dirección general como garantía o verdadera realización del beneficio común, por el interés particular de aglutinar poder que deriva en un proceso más complejo que lo querido por la teoría (Ferrajoli, 2011: 90). ¿Cuál es el freno que la función de transparencia y control social y la función electoral podrían oponer a los otros poderes clásicos? Si se parte de la concepción de equilibrio y contrapeso, sus acciones serían evitar la supremacía. La primera Función ha sido enfocada como simple pantalla de inacción; su ejemplo es que “las veedurías gener[an] división en el consejo porque un grupo que participó como veedores enfrenta ahora un juicio y eso pone en riesgo el ejercicio de los veedores” (CPCCS); su participación puede ser tomada como intromisión. La función electoral ha tenido, igualmente, síntomas negativos. Un ejemplo desastroso representó la denuncia de la falsificación o suplantación de identidades, antes de los comicios de 2013. El sistema informático fue manipulado por alguien, debido a la debilidad del sistema del ente institucional. Tienen 51 OTROS TEMAS grandes cortapisas debido a que ni siquiera poseen cruce de información con el Registro Civil, por lo que el trámite es más engorroso; cuenta con un freno de actuación del 60%, su discrecionalidad (Rojas y Zamora) no permite una verdadera actuación o la libertad de su efectivo desarrollo en lo público. nal deben ir de la mano. Este objetivo se logrará cuando los llamados a defender esta seguridad (administradores públicos y, en primer término, el pueblo) cumplan otro rol, cuando su actuación deje de seguir limando los colmillos a los amos y desciendan al propio pueblo, podríamos estar hablando, entonces, de una verdadera separación del poder. Conclusiones La actual división de poderes representa un artilugio doctrinario y jurídico porque “el partido mayoritario dispone del poder legislativo, dispone, además del poder que se llama, de manera hipócrita, ejecutivo” (Castoriadis, 2005: 159); de su lectura nos trasluce la existencia de un solo gamonal en el Estado el cual detenta el poder global, siendo los otros micropoderes simples conductores de esos fines, para repartir los beneficios a los verdaderos dueños y seguir adormeciendo a la gran mayoría, representada en el pueblo. La Constitución de la República del Ecuador distribuye el poder, pero no garantiza el correcto desempeño de cada función. Esto se sustenta en las falencias de las dos nuevas funciones que al final de la línea de acción representan otro engranaje inactivo, y solo un poder termina siendo supremo jefe, el cual engulle sin temor a los restantes. La Constitución es puro instrumento fugaz, siempre derivado al mejor postor; sus leyes, más que normas rectoras, se acoplan a la fragua que las forje; por eso, siempre se habla de enmienda, reforma o refundación; llamando al soberano a consulta popular, referéndum, constituyente o cualquier pantomima coyuntural. El neoconstitucionalismo no ha justificado esta nueva teoría de división del poder, siendo cómplice o espectador pasajero que interviene cuando le conviene: si se trastoca sus impulsos serviles, ayuda a solventar la tesis; si no, se esconde en sus fachadas doctrinales Hablar de división de poderes, con el neoconstitucionalismo o sin él, es una verdadera farsa; demostrado está que en la práctica social no hay independencia absoluta; siempre se responde a un metapoder que maniobra los desmembramientos en el Estado y ordena cómo se manipulen los demás peones. Los dos nuevos poderes: la Función Electoral y la Función de Transparencia y Control Social siendo un lastre para las restantes funciones. Su acción es inacción por las mordazas legales, instrumentales y operativas que tienen. Poseen un celofán débil de gestión y no un ropaje jurídico fuerte que límite el quiebre de sus propias aspiraciones. Se necesita una justa legal práctica para que la lucha sin cuartel del poder total sea frenada objetivamente, porque el tan nombrado principio de separación de poderes se encuentra garantizado como norma de rango constitucional; es decir, tanto la teoría como la práctica constitucio- Bibliografía Aristóteles, Política, Madrid, Espasa Calpe, 2007. Atienza, Manuel, “Constitución y argumentación”, en Jorge Zavala, coord., Derecho Constitucional, neoconstitucionalismo y argumentación jurídica, Guayaquil, Edilex, 2010. 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Presentaremos algunos de los modelos más frecuentes de gerencia moderna y los contrastaremos con el pensamiento de Horkheimer y Adorno quienes aseguran que persiste el debate entre el mito (que quería ser derrotado) y la Ilustración que ha creado sus propios mitos. 53 Palabras clave: Modernidad, teoría crítica, organización, gerencia, management * Estudiante del Doctorado en Administración de la UASB-E; Ingeniera Química por la Escuela Politécnica Nacional. Contacto: ‹marcela [email protected]›. OTROS TEMAS L amodernidad no ha terminado. A esta conclusión llega Tenorio (2009) cuando hace referencia a la separación –o no- entre modernidad y posmodernidad. En efecto, el autor manifiesta que si se reconoce que la modernidad está conformada por los acontecimientos que tienen lugar durante el tiempo en que somos sus protagonistas, tendremos que admitir que somos modernos. Las implicaciones que la época moderna ha tenido para la gerencia tienen relación con la manera en que nos aproximamos a los conceptos, las dimensiones y las variables de la misma. Según Tenorio, “No caso dos estudos organizacionais, a modernidade através do seu substantivo modernização, promove a racionalização do processo produtivo, pela incorporação da ciência e da técnica.” (473) “En el caso de los estudios organizacionales, la modernidad a través de su sustantivo modernización, promueve la racionalización del proceso productivo, por la incorporación de la ciencia y de la técnica”. (Traducción libre de la autora). En este sentido, el interés de este artículo es revisar algunos de los modelos de la gerencia moderna, mirarlos a través de la teoría crítica, especialmente de la obra de Horkheimer y Adorno, Dialéctica de la Ilustración. Fragmentos filosóficos (1998), para descubrir que la modernidad, de acuerdo al significado presentado por Tenorio, sigue presente en los estudios organizacionales, pero creando sus propios mitos, oponiéndose al pensamiento ilustrado que creía haber derrotado. En efecto, el mito se ha configurado en la mente humana como una protección contra lo desconocido, pero ha servido también para ejercer dominio sobre aquellos que se han dejado atrapar por el ancestral miedo a lo oculto, a lo inasible. Horkheimer y Adorno ya advertían que la repetición obtusa de pensamientos solo conduce a un encierro. “Lo que existe de hecho es justificado, el conocimiento se limita a su repetición, el pensamiento se reduce a mera tautología. Cuanto más domina el aparato teórico todo cuanto existe, tanto más ciegamente se limita a repetirlo. De este modo, la Ilustración recae en la mitología, de la que nunca supo escapar” (80). Cuando se ha dejado que el miedo domine a la razón, la humanidad ha caído en oscurantismos, que no han sido privativos de una época, sino más bien recurrentes en la historia. El oscurantismo prima cuando el sujeto ha caído víctima de su propio miedo a la libertad, siendo presa fácil del dominio de los poseedores de verdades y fatalistas agoreros del fin del mundo. Y es aquí cuando resurge el mito. «En el camino de la ciencia moderna los hombres renuncian al sentido» (60). Es así como, la ciencia moderna busca la extirpación de consideraciones teológicas o demoníacas, mediante la observación de los fenómenos, buscando la univocidad, la ausencia de contradicciones (Weyl, citado en Horkheimer, 1972). El progreso se ha conseguido gracias a la racionalidad con que se han tratado los temas económicos, productivos y sociales, lo que ha conllevado a un silencio obcecado del sujeto. En efecto, la modernidad ha buscado el dominio sobre la naturaleza, con eficiencia, eficacia y productividad, haciendo que los dominados sean los individuos, bajo la prevalencia del poder económico. La caída del hombre actual bajo el dominio de la naturaleza es inseparable del progreso social. El aumento de la productividad económica, que por un lado crea las condiciones para un mundo más justo, procura, por otro, al aparato técnico y a los grupos sociales que disponen de él una inmensa superioridad sobre el resto de la población. El individuo es anulado por completo frente a los poderes económicos. Al mismo tiempo, estos elevan el dominio de la sociedad sobre la naturaleza a un nivel hasta ahora insospechado. Mientras el individuo desaparece frente al aparato al que sirve, este le provee mejor que nunca (Horkeimer y Adorno, 1998: 54). Con ello, se muestra que el progreso económico ha sustituido al mito demoníaco, haciendo que los detentadores del poder consigan su éxito, a través, ya no de enmarañados sortilegios, sino de tareas organizativas y administrativas que son ejecutadas por los inferiores, que no son dueños del propio resultado de su oficio. “La impotencia de los trabajadores no es solo una artimaña de los patrones, sino la consecuencia lógica de la sociedad industrial, en la que se ha transformado finalmente el antiguo destino bajo el esfuerzo por sustraerse a él” (61). Ciertamente, los científicos tradicionales han confiado en los resultados verificables de su labor, de tal forma que, la teoría producida de esta manera se integre en órdenes conceptuales que puedan ser utilizados para “dominar un ámbito de objetos lo más amplio posible” (Horkeimer, 2000: 31). La separación entre objeto percibido y sujeto percipiente ha sido una constante contradicción en la ciencia tradicional; los científicos tradicionales se han acostumbrado a ella, considerándola como natural. Esta misma separación ha tenido lugar en el objeto de estudio de la gerencia. La división del trabajo, cuyo origen fue la mejora de la eficiencia de los trabajadores, a partir de los trabajos de Elton Mayo, comprobó ser adecuada para el trabajo de los científicos, que se sienten confortables asumiendo esta supuesta imparcialidad; “el industrialismo reifica las almas” (Horkeimer y Adorno, 1998: 81). La separación de estos dos ámbitos deja a ambos dañados. En la limitación del pensamiento a tareas organizativas y administrativas practicada por los superiores, desde el astuto Odiseo hasta los ingenuos 54 RESISTENCIA directores generales, se halla implícita la limitación que invade a los grandes en cuanto no se trata de la manipulación de los pequeños. El espíritu se convierte de hecho en el aparato de dominio y autodominio con el que lo confundió siempre la filosofía burguesa (89-90). Sin embargo, advierte Horkheimer, la vida en sociedad no está sujeta a la división del trabajo, sino que es “el resultado del trabajo conjunto de las distintas ramas de la producción” (2000: 32). Pero, mientras más se inserta el investigador en su campo de estudio, más se aleja de la verdadera razón del mismo. Se intenta justificar esta necesidad del investigador de alejarse del sujeto de estudio a través de su aparente urgencia de imparcialidad. “Las leyes de la ciencia moderna son un tipo de causa formal que privilegia el cómo funciona de las cosas en detrimento de cuál es el agente o cuál es el fin de las cosas” (Santos, 2009: 25). Así, la ciencia, cuyo fin debería ser la clarificación del sentido de la vida (la ilusión de la Ilustración), se ve envuelta en el oscuro deseo de clasificación y unificación “que es a lo único en lo que todo se funda y a lo que apunta todo esfuerzo humano” (Horkeimer, 2000: 33). En los estudios organizacionales no es diferente. Los pioneros de los estudios científicos de la administración, Taylor y Mayo, estuvieron de acuerdo en la necesidad de mejorar la productividad a través de un mejor ambiente laboral, en el que los trabajadores pudieran rendir más y mejor, proporcionándoles métodos y técnicas que les evitaran el cansancio. Se muestra así que el interés no se encontraba en el bienestar del trabajador, sino en cómo obtener su mayor rendimiento. Si rendimiento y bienestar eran directamente proporcionales, no cabía duda de que la comodidad de los trabajadores debía ser tomada en cuenta. El utilitarismo con el que se manejaba la preocupación por los trabajadores es una constante en el desarrollo de los métodos de gerencia. En un recorrido por la historia del management, la revista Harvard Business Review (Kiechel, 2012) presenta un recuento de los avatares que han sufrido los cientistas de la gerencia al pretender que la mejora de la producción se relacionase, directamente, con la mejora de las condiciones de trabajo de los obreros. En efecto, Taylor preconizaba que la única forma de aumentar la productividad de las empresas era a través de un trabajo metódicamente definido a través de reglas, principios y leyes que debían conducir a la máxima prosperidad del empleador. Sin embargo Taylor consideraba que esta prosperidad no debía desacoplarse de la máxima prosperidad del empleado, la cual se conseguiría mediante una mejor distribución del trabajo entre obreros y directivos, que debía ser elaborada por las gerencias (Kiechel, 2012). Su lucha por mejorar la situación 55 de los trabajadores se vio enfrentada duramente con el pragmatismo con que fueron adoptadas sus recomendaciones. La sistematización del método de medición de tiempos y movimientos ha sido uno de los mayores logros de la ciencia administrativa, y uno de los más duros fracasos del incipiente “humanismo” de su creador. Con los experimentos realizados por Elton Mayo en la fábrica Hawthorne, se iniciaron cientos de ensayos que buscaban mejorar la productividad del lugar de trabajo, mediante el cambio de condiciones ambientales. Los estudios de Mayo diagnosticaron que la mejora dependía no solamente de las condiciones ambientales, sino del trabajo en grupo; los trabajadores fueron señalados como uno de los más importantes recursos dentro de la economía empresarial: los recursos humanos (ibid.). Hasta aquí, nos encontramos en la mitad del siglo XX. La gerencia o management continuaba siendo considerada con la tradicional visión burguesa: la división del trabajo correspondía a la división de clases. Los estudios gerenciales comprendían que los cambios debían ser promovidos por la clase dirigente, que era la única capaz de motivar una empresa eficiente. Por otro lado, los pensadores críticos, en uno y otro lado del Atlántico, ponían a las ciencias sociales a mirar al sujeto, no como una herramienta de producción, sino como objetos “en tanto productores de sus formas históricas de vida” (Horkeimer, 2000: 79). Denunciaban así, tanto a los científicos como a los gerentes, por ser los causantes del aniquilamiento de los valores humanos y prácticos. Los teóricos de la Escuela de Frankfurt, destapaban la verdadera intencionalidad de la ciencia tradicional: el mantenimiento del concepto burgués de la sociedad, el incremento del capitalismo en desmedro del bienestar y de la libertad del ser humano. “Tal como lo ha demostrado el curso de crisis anteriores, el equilibrio económico se restaura únicamente sobre la base de un vasto aniquilamiento de valores humanos y de valores prácticos” (Horkeimer, 2000: 16). A pesar de la fuerza de su pensamiento, la teoría crítica no repercutió en los estudios de gerencia, sobre todo en aquellos que provenían del Norte. El quehacer académico en las universidades estadounidenses se concentraba solamente en la producción de fuentes más eficaces para lograr el éxito empresarial. Sin embargo, las corrientes de los estudios de relaciones humanas en la organización, venían a traer un aire fresco al, siempre oscuro habitante de la empresa. Peter Drucker, considerado por muchos el padre del management moderno, logró una inmensa notoriedad al proponer que la empresa debía ser un ganar-ganar (Kiechel, 2012). Si el interés de Drucker estaba fundamentado en el bienestar del trabajador, OTROS TEMAS no era menos cierto que sus estudios estaban encaminados a la organización racional de la actividad de los trabajadores, liderados, como no, por los managers. En la más pura tradición tayloriana, Drucker concibió a la organización como un perfecto campo de batalla, creado para lograr resultados. En la carrera por el primer lugar, ni los científicos, ni los gerentes, ni los empleados pueden dudar que es más fácil seguir corriendo que detenerse a pensar. Horkheimer percibe contradictoria esta carrera: es más bien, dice, pereza intelectual esta forma de comportarse de los científicos. No involucrarse con el objeto causar muchas menos dificultades, pero el resultado es una farsa. Esta situación causa mayor debilitamiento y ceguera del sujeto. “El único resultado previsible de esta situación es el incremento del poder, las relaciones sociales dentro del espacio organizacional son inadecuadas para el presente” (Horkeimer, 2000: 48). Sin embargo, la situación de estos managers no es la mejor. Se encuentran sometidos a grandes niveles de estrés y trabajan más horas del día de las que probablemente deberían, dada la racionalidad de su pensamiento, con el fin de alcanzar los resultados que según el hilo conductor no deberían estar tan lejos de conseguirse. El pensamiento racional tiene un límite que está dado por la propia naturaleza de su concepción: la administración no es racional. Gran parte del desencanto de los altos ejecutivos ante el resultado de sus esfuerzos para lograr cambios se debe a que ven a sus empresas como instrumentos diseñados para conseguir propósitos específicos, de modo que cuando tratan de cambiar su diseño esperan cambios predecibles y cuantificables en toda la estructura. Sin embargo, la estructura diseñada se entrecruza siempre con los individuos y las comunidades vivas de la organización, para los cuales el cambio no puede ser diseñado (Capra, 2003: 136). Por lo contrario, el pensamiento crítico busca en la racionalidad de la producción humana, no solo el resultado concreto de su producción, sino al hombre con todas sus posibilidades (Horkeimer, 2000). De este modo, la teoría crítica preserva el legado, no ya del idealismo alemán, sino de la filosofía en general. No es una hipótesis de investigación que demuestre su utilidad en la industria dominante, sino un momento indispensable del esfuerzo histórico por construir un mundo que satisfaga las necesidades y corresponda a las fuerzas de los hombres. En toda interacción entre la teoría crítica y las ciencias especializadas, de cuyo progreso ha de recibir orientación permanente y sobre las cuales ejerce desde hace décadas una influencia liberadora y estimulante, la teoría crítica no apunta en modo alguno simplemente a la ampliación del saber en cuanto tal, sino a emancipar a los hombres de las relaciones que los esclavizan (81). Entonces, ¿por qué la gestión moderna de las organizaciones se empeña en seguir el curso de la racionalidad? Porque el anhelo de acumulación de poder y de beneficio solo para los poderosos no escucha otro llamado más que el de la existencia feliz de los grupos dominantes. Si se buscase la felicidad de todos los hombres y la superación de las condiciones sociales adversas, las organizaciones deberían ser las primeras en ofrecer las posibilidades para la recuperación de este sentido primordial, que está en su origen. A pesar de lo que asegura Horkheimer: “está inscrito en cada hombre el objetivo de una sociedad racional” (87), el aturdimiento en el que nos hemos autoencerrado, que proviene de la sobreexplotación de los recursos para garantizar la disponibilidad de artefactos suntuarios, nos ha limitado nuestra propia capacidad para hacernos dueños de nuestra vida. Esta carrera alocada en la que el que gana pierde, nos ha convertido en dueños y señores de cascarones vacíos, en los que hemos convertido nuestras organizaciones. Usándolas como herramientas de dominación, lo único que hemos conseguido es nuestra propia perdición, pues los cantos de sirena que atormentaron a Odiseo nos han conducido a odiar aquello que deberíamos amar, que es nuestra propia creación. El creador odia su creación porque mira en ella sus propios errores, su propia fealdad. ¿Seremos capaces de superar el mito? Bibliografía Capra, Fritjof, Las conexiones ocultas, Barcelona, Anagrama, 2003. Horkeimer, Max, Teoría tradicional y teoría crítica, Barcelona, Paidós Ibérica, 2000. Horkeimer, Max, y Theodor W. Adorno, Dialéctica de la ilustración. Fragmentos filosóficos, Madrid, Trotta, 3a. ed., 1998. Kiechel, Walter, “The Management Century”, en Harvard Business Review SpotLight No. 11, Boston, Harvard Business Publishing, 2012. Santos, Boaventura de Sousa, Una epistemología del Sur: la reinvención del conocimiento y la emancipacion social, México DF, CLACSO, 2009. Tenório, Fernando Guilherme, “A Modernidade e a Pós-modernidade Servidas Em Dois Jantares The Modernity and the Postmodernity Served in Two Dinners”, en Cadernos EBAPE, vol. 7, No. 3, Río de Janeiro, Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getulio Vargas, 2009. 56 REVISTA DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR número 3 diciembre de 2013 RESISTENCIA / número 3 REVISTA DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR ISSN: 1390-5759. CONTACTO: Toledo N22-80 Apartado postal: 17-12-569 Quito, Ecuador Teléfonos: (593 2) 322 8085 / 299 3600 Fax: (593 2) 322 8426 [email protected] www.uasb.edu.ec Cooperación Internacional para el Desarrollo