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Conferencia de Cayo Lara en el Nueva Economía Fórum 12 de julio de 2012
Hace 15 meses que tomé la palabra en este foro. Estábamos, prácticamente, en la antesala de las Elecciones Generales y en el epicentro de las medidas de recorte del Gobierno de Rodríguez Zapatero. Un primer ‘tijeretazo’ de 15.000 millones de euros, una primera reforma laboral (que fue contestada con la Huelga General del 29 de septiembre) y la reforma del sistema de pensiones que asestó un durísimo golpe al sistema público y que, en plena aplicación, supondrá un recorte de 4 puntos del PIB. Hoy todo aquello parece lejano en el tiempo. Los siete meses de Gobierno del PP han representado varias vueltas de tuerca a las medidas de recorte pero, sobre todo, han creado un ambiente de regresión social e involución democrática. La nueva reforma laboral sitúa en la desprotección jurídica y sindical a los trabajadores, facilitando el poder casi sin límites del empresario en la relación laboral frente a la situación del trabajador en un contexto de crisis, de paro y, por tanto, de miedo. Los recortes para cumplir los objetivos de déficit superan las cantidades del Gobierno anterior, afectando elementos básicos del Estado del bienestar como la Educación, la Sanidad y la aplicación de la Ley de Dependencia, y han colocado a los empleados públicos como ‘cabeza de turco’ a los que resulta fácil desprestigiar, cuando los auténticos responsables son gestores enemigos confesos de lo público. No encuentro el adjetivo adecuado para calificar la segunda reforma financiera del Partido Popular: ilusoria, esperpéntica, infructuosa…. Se puede coger el calificativo que se prefiera. Lo importante es lo sustantivo y esto consiste en que los ciudadanos y ciudadanas españoles vamos a pagar de una forma o de otra los platos rotos por los responsables del sistema financiero español y por una política, común al bipartidismo, de estímulo culpable de la especulación inmobiliaria y de conformidad con un modelo productivo perverso, que es lo que nos ha llevado a que la crisis sea en España mucho más profunda que en el resto de los países de similares características. El Gobierno acumula una extraordinaria responsabilidad y no sólo por las medidas que está tomando: es incapaz, atenazado por su propia confusión, de explicar con verdad la realidad a la sociedad. No es cierto que hayamos logrado el rescate de nuestros bancos, es un rescate que se nos ha impuesto; no es cierto que ese rescate esté exento de condiciones económicas y fiscales para el conjunto de las Administraciones Públicas. De Guindos vendrá hoy con las recetas del EUROGRUPO Y DEL ECOFIN. Anoche ya se vertía por alguna agencia que el aplazamiento hasta 2014 del déficit del 3% que pide el Gobierno español tiene contrapartidas: Aumento del IVA, reducir la cobertura de desempleo, más ajuste en las CC.AA o adelantar la reforma de las pensiones, entre otras medidas. Ajustes y recortes que pueden llegar hasta 3 puntos más del PIB. Montoro ya habló ayer de aumentar el IVA y la jornada de los funcionarios. Una política de recortes que está poniendo en graves dificultades nuestro sistema constitucional. La Constitución de 1978 reconoce, junto a derechos formales, algunos derechos sociales como el derecho al trabajo, a una vivienda digna, a una pensión suficiente, a la salud, a la seguridad jurídica de los contratos, coloca la riqueza al servicio del interés general, etc. Muchos de esos derechos nunca pasaron del papel, pero ahora incluso ese papel está mojado.
Quiero referirme especialmente a dos aspectos de este problema: el primero es que el debilitamiento del Estado no es sólo una cuestión del balance de ingresos y gastos. El Estado moderno y democrático es el fundamento de la democracia: hace posible el ejercicio de las libertades y de la igualdad de oportunidades, permite que los derechos ciudadanos no sean mera retórica, compensa una parte de la desigualdad ilegitima entre las personas, forzada por su fortuna y su posición de clase. Han debilitado tanto a nuestro Estado que está dejando de cumplir esa parte de su papel. Por otra parte, las exigencias de recortes para limitar el déficit a las Comunidades Autónomas, exigencias que van a ser reforzadas, cuestionan severamente el modelo autonómico contenido en la Constitución. Se exigen, desproporcionadamente, más recortes en el gasto público autonómico que al Estado central. Se coloca entre la espada y la pared a comunidades que no tienen capacidad normativa suficiente sobre el ingreso público ni competencias efectivas para perseguir el fraude y la economía sumergida, por tanto, no disponen de recorrido para aplicar su co-responsabilidad fiscal. La cadena infernal es que Bruselas impone el déficit. El Gobierno de Mariano Rajoy elige las políticas de recortes para asegurarlo (a diferencia, por ejemplo, de Francia) y las CC.AA. sin otra posibilidad se ven obligadas a imponer los recortes en la práctica, afectando la vida cotidiana de los ciudadanos. Las inevitables y justas respuestas de movilización de la sociedad están siendo respondidas con represión. Quieren criminalizar la resistencia pasiva. Quieren criminalizar a Gandhi. Vamos a rechazar con todas nuestras fuerzas las reformas del Código Penal con cosas como la prisión preventiva o la nueva consideración del desacato, entre otras. Eso es la vuelta al pasado y tiene que ver poco con la democracia. Lo mismo se puede afirmar, aunque sea en otro nivel, con los anuncios de la reforma administrativa y los contenidos adelantados de la nueva Ley de Régimen Local.
El estado de la crisis Vamos a entrar en el quinto año de la crisis. En los países intervenidos, la situación sólo ha cambiado a peor (como en el caso griego). En los no intervenidos formalmente el aumento del paro, el estancamiento y la recesión son los elementos dominantes. En España el paro afectará a final de año a unos 6 millones de personas, la tercera parte de ellos sin prestaciones de ningún tipo. En el sector público ha habido una caída de la afiliación a la Seguridad Social de 60.000 personas en los últimos siete meses, a más de 170.000 cuidadores de dependientes les quitan la Seguridad Social. Las listas de espera quirúrgicas han aumentado en un 17%. Pero también los empresarios están siendo víctimas de esta política. Un 41% más de concursos de acreedores que en junio de 2011. En el primer semestre de 2012 han cerrado 21.000 empresas, el doble que en el mismo período de 2011. En junio de 2012 había 42.000 autónomos menos que en junio del 2011. No se trata solamente de que premios Nobel como Stiglitz o Krugman hayan hecho una severa crítica de las medidas de recortes y austeridad La cuestión es que no hay un solo ejemplo en la Historia económica que avale que de una crisis de esta naturaleza se pueda salir con medidas de austeridad, recorte del gasto y restricción de la demanda pública y privada.
Por eso la crisis es cada vez más profunda; la luz del túnel se aleja más y el sufrimiento se amplía cada vez a más personas. Se está cometiendo un delito contra el Estado. La derecha aplica medidas ideológicas usadas al estilo de los exorcismos medievales y la creencia de que todo lo que da dinero es positivo, aunque se llame Eurovegas. El Plan Nacional de Reformas (auténtico programa oculto del Partido Popular) es un buen repertorio de esas medidas. Incluso se llega a decir que si se rebaja el poder de negociación de los sindicatos se reduce la prima de riesgo en un número concreto de puntos básicos, como resultado de la aplicación de un modelo matemático de análisis. Pero, anécdotas aparte, lo importante de este Plan es que no hay ninguna previsión de crecimiento de empleo en el marco temporal de la legislatura. Se acepta con total tranquilidad que el paro no descienda por debajo del que había en 2011. Es necesario retroceder un poco en el tiempo para poder observar cómo el pensamiento neoconservador, cómo la ideología neoliberal comienza a echar raíces y a predominar en occidente, con más virulencia a partir de la década de los 80. El pensamiento “neocon”, el neoliberalismo en su faceta más desgarrada fue patrocinado y promovido por gobiernos anglosajones como los de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, y por pensadores como Milton Friedman o Hayek, cuya teoría sobre el ‘Estado mínimo’ explica perfectamente las políticas llevadas a cabo, también en nuestro país. Pidiendo prestado un concepto matemático ese modelo de Estado es un estado mínimo para lo común, para el interés general y colectivo, y un estado máximo para el beneficio de los poderosos. Nunca un Gobierno tomó en tan poco tiempo, y a golpe de decreto ley, tantas medidas que hacen daño a tanta gente. Con una concepción esencialmente ideológica se ha ido reduciendo la capacidad de intervención del Estado en las economías de los países, relegando la toma de decisión sobre asuntos de gran importancia para los ciudadanos a instituciones poco democráticas en cuanto a su elección y su funcionamiento. Se intenta reducir el Estado a una mera comparsa dentro del sistema capitalista, cada vez con menos atribuciones y menor poder de intervención en la política y en los destinos del país. El poder político está de rodillas ante el poder económico y en especial ante el capital financiero. Se jalea la idea de que el control por los representantes elegidos por la voluntad popular (los políticos) de lo público es, simplemente, incompetente y perjudicial. Esa idea sería calificada en cualquier país de nuestro entorno, con una democracia asentada, como fascismo. Que haya políticos corruptos e incompetentes no debe abrir el camino a poner en cuestión la democracia. En España hay múltiples elementos que nos permiten afirmar, sin temor a equivocarnos, que al Estado se le están quitando cada vez más atribuciones y competencias, entendiendo como Estado absolutamente todo el tejido institucional de nuestro país: Estado central, autonomías, ayuntamientos, etc. Uno de los hechos más significativos y que simboliza esa incapacitación del Estado español fue impulsado y firmado por los dos principales partidos, PP y PSOE, el pasado mes de agosto cuando modificaron la “intocable” Constitución Española. Así, el mes de agosto del año pasado, PP y PSOE se ponían de acuerdo en modificar el artículo 135 de nuestra Constitución poniendo un corsé de acero a las cuentas públicas. Con esa reforma constitucional, el bipartidismo priorizó el pago de la deuda y los intereses a los bancos antes que los servicios públicos esenciales. Es radicalmente incompatible blindar el pago de la deuda y pretender defender el blindaje de la sanidad, la educación o los servicios sociales.
El propio Estado se ataba las manos a sí mismo condenando el futuro de 46 millones de españoles a un escenario de incertidumbre, y lo que se vislumbra tampoco presagia nada bueno. La sacralización del déficit como tótem al que hay que adorar impide la planificación de nuestra economía adaptada a cada momento. No somos fanáticos del déficit, pero también sabemos que la solución pasa por otras vías alejadas de los recortes y el menoscabo de los derechos ciudadanos. Con los recortes sólo se ha conseguido que haya más paro, más precariedad y más incertidumbre. Todas las medidas de ajuste que comenzaron a tomarse en mayo de 2010 y que han continuado con el gobierno del Partido Popular sólo han servido para ahondar en el sufrimiento de los españoles. Las señales no solo no han conseguido calmar a los mercados, sino que la prima de riesgo está más alta que nunca. Los especuladores están para especular y no les importa el padecimiento de las sociedades. A países con más dificultades, más extorsión. Y ahora nos enfrentamos a proyectos que desafían toda imaginación. El Gobierno se apresta a un nuevo recorte por valor de 30.000 millones de euros y a un paquete de medidas de privatización por un importe equivalente. En España ya ha habido privatizaciones. ¿Cuál ha sido el beneficio para la economía nacional de esas privatizaciones? Sólo se han traducido en la creación de oligopolios al servicio de intereses privados. La calidad del servicio y la competencia dejan mucho que desear. Los precios de los carburantes pueden ser un buen ejemplo; el deterioro en la prestación de los servicios recoge la mayor parte de las denuncias en las organizaciones de consumidores y usuarios. Desde un punto de vista macroeconómico el Estado ha perdido instrumentos de intervención, que serían muy útiles en esta situación de crisis. No estamos de acuerdo con la subida del IVA porque es uno de los impuestos más injustos y, además, afectará de forma importante al consumo privado. Ciertamente el IVA español es más bajo que en la media de los países del euro, pero también son, en general, más bajos los salarios. Una subida del IVA exigiría, cuando menos, un aumento del salario mínimo y de las pensiones. Por otra parte, no es serio plantear como contrapartida la reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social. Se sigue jugando con las posiciones que, más que mágicas, son ilusorias por no decir directamente falsas. El problema que frena la contratación laboral no es el coste del factor trabajo, que se ha reducido en los últimos años mucho más que entre nuestros principales competidores, tanto los costes unitarios como su participación en la renta nacional. El problema es que no hay demanda y la política del Gobierno -esencialmente la pública pero también la privada- la reduce, mientras el sector exterior no puede en las actuales condiciones de estancamiento compensar esa reducción. El coste del factor trabajo representa, de media en España, un 13% del precio final del producto. Raro es el sector donde sobrepasa el 20%. Por tanto, tiene una repercusión muy moderada en los costes totales, próxima a la de los costes financieros, energéticos o de comercialización.
El Estado y la crisis No hay salida para la crisis sin un nuevo modelo productivo y eso sólo lo puede impulsar el Estado. Tras la crisis del sistema financiero español, el crédito sólo podrá
fluir con la presencia de una sólida Banca Pública, que nosotros creemos que se debe construir a partir de todas las entidades intervenidas y el ICO. Frente a la destrucción del Estado, defendemos un Estado social que debe preservar y avanzar en derechos para los ciudadanos. Precisamente la no intervención del Estado propició el crecimiento de la ‘burbuja inmobiliaria’ en España, lo que ha desembocado en un agujero financiero inacabable. Los bancos y cajas han ocasionado uno de los agujeros más grandes en la historia de nuestro país, un agujero que parece no tener fondo. Pese a estos hechos, que son tozudos y conocidos por todos, el PP continúa negándose a crear una comisión de investigación del sistema financiero en el Congreso de los Diputados, tal y como hemos pedido desde IU en sucesivas ocasiones. La negativa en aras de no minar la confianza de los mercados es obvio que ya no sirve como argumento. ¿Quienes se niegan a investigar la mayor estafa desarrollada desde la transición democrática a quienes pretenden encubrir? ¿Por qué? No vamos a parar hasta que se conozca toda la verdad, se depuren todas las responsabilidades y se restituya al máximo posible el daño causado. La desestructuración del Estado también ha venido alimentada por otro elemento que ha colaborado activamente en su incapacitación: la desfiscalización progresiva que ha sido desarrollada e impulsada por los gobiernos de Aznar y también de Rodríguez Zapatero. La reducción de ingresos ha venido motivada por las sucesivas bajadas de impuestos o con la eliminación de algunos de ellos, como el impuesto de patrimonio. Han ido despojando de recursos al Estado, adelgazándolo hasta dejarlo casi sin fuerzas ni herramientas. Si a ello le unimos, además, la total desidia de estos gobiernos en la lucha contra el fraude y la corrupción… tenemos un cóctel explosivo muy peligroso para el bienestar de nuestro país. Pero en España se hace todo lo contrario. Se implanta una amnistía fiscal que es totalmente injusta y moralmente reprobable, a aquellos que han estado defraudando miles de millones de euros que son de todos, porque son los impuestos que sufragan el estado del bienestar. ¿Con qué cara va a exigir el gobierno a los ciudadanos que paguen sus impuestos si exime de ellos a los grandes defraudadores? Es un motivo claro para la indignación y, espero que para la rebeldía. A través de nuestro Grupo Parlamentario vamos a presentar una Proposición de Ley para una reforma fiscal global que recupere los principios de suficiencia en los ingresos públicos y de progresividad en la contribución de la ciudanía. Para ello, se transformarán en definitivos los incrementos en el IRPF del PP, se considerarán en la misma base los ingresos de trabajo y del capital, se introducirá un criterio real de progresividad en el impuesto de Sociedades para favorecer a las pequeñas empresas mediante la limitación efectiva y drástica de los gastos fiscales. Al mismo tiempo se propondrán medidas en la legislación fiscal para limitar rigurosamente el fraude y la economía sumergida. Para nosotros el Estado tiene que tener un papel principal siempre, pero fundamental en momentos de crisis financieras como el actual. El Estado debe ser el motor de la recuperación, el protagonista. Tenemos que luchar contra el adelgazamiento institucional al que quieren someternos y huir de populismos y de discursos demagógicos de fácil consumo. Queremos más Estado, porque es el único que puede garantizar nuestro futuro. El Estado tiene que ser uno de los principales agentes en el impulso y la creación de empleo, su papel es primordial para asegurar la existencia de un estado del bienestar asentado en unos servicios públicos de calidad, con la educación y la sanidad como señas de identidad.
Izquierda Unida ha propuesto un plan concreto de creación de empleo que, entre otras medidas, considera un yacimiento importante de puestos de trabajo la reforestación de nuestro país. He estado recientemente en Valencia y en Hellín, viendo o conociendo los terribles resultados de los incendios forestales y he rememorado nuestra propuesta al oír a los vecinos que decían ‘los fuegos del verano se apagan en invierno’. Esto se hace cuidando el monte con más medios materiales y humanos, haciendo un trabajo respetuoso con el medio ambiente y una explotación racional de los recursos forestales. No podemos consentir un Estado que sólo se encargue de mantener el actual orden de las cosas, garante de un sistema manifiestamente injusto. ¿Por qué tienen que pagar los ciudadanos una crisis que ellos no han provocado? Inoperancia, incompetencia, connivencia, complicidad? En cualquier caso, hay que devolver al Estado su credibilidad recuperando políticas al servicio de la mayoría social y no de las élites dominantes que solo utilizan al Estado para incrementar sus escandalosos beneficios. Estamos convencidos de que el Estado es la llave que abre la puerta para salir de esta situación de crisis. Necesitamos un Estado que promueva el empleo a través de la inversión pública, creando puestos de trabajo en sectores públicos de máxima importancia como la sanidad, la educación o la dependencia. Hacen falta más médicos, enfermeras, profesores, cuidadores, trabajadores sociales, etc. Porque esta también es una manera de distribuir mejor y más justamente la riqueza de nuestro país. Necesitamos un Estado que impulse la creación de una Banca Pública, de una banca que facilite el crédito a las familias y a las pequeñas y medianas empresas, que son las que crean la mayor parte del empleo de nuestro país. Queremos un Estado fuerte con los defraudadores, porque detraen dinero de las arcas públicas que es de todos. Nos roban a todos el dinero del bienestar social o de proyectos de inversión para el nuevo modelo productivo. Y es también obligado que el propio Estado luche contra corrupción y el despilfarro. Queremos un Estado comprometido con la ciudadanía, pero en tiempos de crisis más que nunca, necesitamos un Estado de trabajadores de toda clase y para los trabajadores. Un Estado que responda a los intereses de la mayoría social de nuestro país. Es menester un cambio en el modelo actual de Estado.
Europa La crisis que estamos viviendo no es una mera crisis financiera. El ex gobernador del Banco Central Europeo Jean Paul Trichet afirmó al despedirse de su cargo que estábamos ante una crisis del sistema. Una crisis tan grave o más que la de 1929. Una crisis que ha puesto en cuestión, al menos, el modelo de globalización neoliberal y financiarización de la economía, con el que el sistema pretendió resolver sus dificultades a partir de los años 70. La crisis es también una crisis del euro, que no ha sido nunca una moneda única sino un medio de pago común. La arquitectura europea; su modelo de construcción neoliberal no puede resistir la crisis de la moneda única. Por eso, todas las medidas que aparentemente se toman tras arduas discusiones en las instituciones europeas no dejan de ser espejismos; medidas para ganar tiempo. En España no hemos gastado más de lo que teníamos. Si el Gobierno afirma eso, debe decir cuándo, en qué, con qué finalidad y quiénes son los beneficiarios.
En 2007 la deuda pública española era un 37% del PIB, mucho menos del límite fijado por los tratados europeos y había un superávit de 19.000 millones de euros. Por tanto, ni nuestro Estado del medio estar era caro, ni el conjunto de nuestro gasto público era excesivo. ¿Qué ha pasado entre 2007 y 2011? Pues ha ocurrido una gigantesca caída del ingreso, mucho mayor que la caída del PIB, lo que indica que ha habido desfiscalización (principalmente, bajo la forma de regalos fiscales a los más ricos), y un importante aumento del fraude fiscal. Las medidas adoptadas con la excusa de paliar la crisis sólo tuvieron como objetivo directo o indirecto, paliar la crisis de los Bancos y las Cajas. La crisis es una realidad (ahí están 5,5 millones de parados para confirmarlo), pero las medidas adoptadas para su solución han sido una estafa. Como es una estafa el rescate financiero que, en el mejor de los casos, incluye nuevas condiciones muy severas, como hemos visto y, en el peor, un auténtico trasvase de deuda privada hacia la deuda pública. ¿Podemos endeudarnos en 10 puntos más para salvar a los Bancos y no para crear empleo y mejorar los servicios públicos? ¿Podemos reducir los compromisos ya establecidos con las comarcas mineras en un 63% y, al mismo tiempo, asegurarles a los concesionarios de autopistas 230 millones de euros para compensar sus errores de diseño del plan empresarial? España no puede cumplir al mismo tiempo el objetivo de déficit y sus compromisos con la deuda. Menos aún puede impulsar la economía tras el parto de los montes que ha significado, por el momento, del Plan Europeo de Estímulo, puesto que lo más claro que ha aparecido es que por el momento los 120.000 millones de euros previstos, se limitan a 5.000 millones para infraestructuras. Las medidas que parece aprobará hoy el ECOFIN, permitiendo el aplazamiento del ajuste del déficit al 3% hasta el año 2014 son insuficientes. Es necesario un período más dilatado en el tiempo. Las exigencias más rigurosas que acompañan esa tolerancia van a agravar más la recesión de la economía española y el nuevo ataque a los empleados públicos es inadmisible. En cuanto al aumento del IVA, ya me he referido a él anteriormente. Izquierda Unida sólo está de acuerdo en la eliminación de las ayudas fiscales a la compra de pisos porque, en la práctica sólo benefician a los vendedores, dificultando que las viviendas tomen su precio real de mercado y retrasando así el ajuste que es necesario en este sector. En relación a la vivienda, no podemos aceptar que las instituciones financieras intervenidas y que van a sobrevivir y a ser capitalizadas con el dinero de los contribuyentes continúen desahuciando a familias. Finalmente, si este aplazamiento se confirma debe trasladarse también de forma inmediata a los compromisos exigidos a las CC.AA. La emisión de ‘hispabonos’ que parece prepara el Gobierno no puede transformarse en más rigor sobre las CC.AA. Ese chantaje sería intolerable desde el punto de vista democrático. La legitimidad de una parte de la deuda española es muy discutible, en la medida en que el Estado se ha endeudado no para cumplir sus fines sino también para salvaguardar la deuda de terceros. Más aún cuando esos terceros, las instituciones financieras, son quienes han adquirido las emisiones de deuda en una especie de trampa circular.
Es preciso encarar esta situación desde el interés del Estado y encontrar las medidas inmediatas que pueden resolver la situación. Cada noche duermen en el BCE del orden de 800.000 a 900.000 millones de euros, ahora a interés cero. Dinero hay. El BCE debe comprar directamente los títulos de la deuda soberana de los países de la zona euro. Modificar para ello su papel y democratizar su funcionamiento es solo cuestión de voluntad política. Mientras tanto el BCE actúa como el auténtico lobby de los bancos. Pero esto no es suficiente. Es necesario aplazar el cumplimiento de los objetivos de déficit pero no con la condicionalidad intolerable que se anuncia. No se deben aceptar nuevas imposiciones de recortes que nos llevan al abismo. Es necesario encontrar un mecanismo para facilitar a países como España el pago de su deuda soberana legítima. Debería estudiarse si una moratoria en su pago no sería una solución aceptable. Sólo una moratoria de un año representaría un aplazamiento de más de 8 puntos de PIB (5,3 de principal y 2,8 de intereses), lo que liberaría recursos para impulsar la economía y el consumo, condición sin la que será imposible hacer frente a los compromisos y recuperar los márgenes para la financiación de la economía española. Finalmente, es necesario y urgente poner en marcha el Plan Europeo de estímulo, por el importe mínimo de 120.000 millones de euros, que debe distribuirse en función del paro existente y complementariamente de la tasa de empleo juvenil.